Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2023-00026-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2023-00026-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2023-00026-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
11 de abril de 2024
Demandante: Katty Lorena Turizo Moreno
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Radicación: 20001-23-33-000-2023-00026-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2023-00026-01
Demandante: KATTY LORENA TURIZO MORENO
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTRO
Tema: Revoca parcialmente la sentencia impugnada
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 7 de marzo de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Cesar declaró la improcedencia parcial de la acción de cumplimiento y negó
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Katty
Lorena Turizo Moreno demandó a la Comisión Nacional del Servicio Civil – en
adelante CNSC – y al Servicio Nacional de Aprendizaje – en adelante SENA –,
por el presunto incumplimiento del numeral 4.º del artículo 31 de la Ley 906 de
20041 [modificado por el artículo 6.º de la Ley 1960 de 20192], la Circular Conjunta
074 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y unas decisiones judiciales
dictadas en procesos de tutela3. En el escrito, se formularon las siguientes
pretensiones:
Declarar que el SENA y la CNSC han incumplido, las siguientes normas:
1
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones.
2
Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones.
3
Sentencia de 20 de octubre de 2020, proferida en el proceso 11001-33-35-014-2020-00338-00 por el
Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bogotá, sentencia de 5 de marzo de 2021, dictada por el Juzgado
Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá dentro del proceso 11001-33-42-049-2021-00042-00 y la
sentencia T- 340 del 2020, emitida por la Corte Constitucional.
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Demandante: Katty Lorena Turizo Moreno
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
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PRIMERO: lo señalado en La LEY 1960 DE 2019 ARTÍCULO 6°. Respecto al
numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, el cual quedo así: "Artículo 31. El
Proceso de Selección comprende:
4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la
entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito
la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y
las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con
posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad. (Línea y negrilla
fuera de texto).
Entendiéndose como empleos equivalentes lo siguiente:
Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.11.2.3 Empleos equivalentes. Se entiende
que un cargo es equivalente a otro cuando tienen asignadas funciones iguales o
similares, para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y
competencias laborales iguales o similares y tengan una asignación básica mensual
igual o superior, sin que en ningún caso la diferencia salarial supere los dos grados
siguientes de la respectiva escala cuando se trata de empleos que se rijan por la
misma nomenclatura, o el 10% de la asignación básica cuando a los empleos se les
aplique nomenclatura diferente. (Decreto 1227 de 2005, art. 89 modificado por el
art. 1 del Decreto 1746 de 2006)
SEGUNDO: La sentencia T340 de 2020, que dispuso la aplicación retrospectiva de
la ley 1960 del 2019
TERCERO: La Circular Conjunta 074 De 2009.Comision Nacional Del Servicio Civil.
Procuraduría General De La Nación por la cual no podía EL SENA modificar los
manuales de funciones, cambiarle los perfiles a los empleos ni convocar a nuevo
concurso ya que existían listas de elegibles vigentes.
CUARTO: Declarar que la CNSC y el SENA, han incumplido el fallo de tutela No
1001-33-35-014- 2020-00338-00 del JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTÁ -SECCION SEGUNDA, quien resuelve: TUTELAR los
derechos fundamentales invocados por la señora Katty Lorena Turizo Moreno por lo
expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: ORDENAR al
Subdirector del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial del Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA Roberto Prieto Ladillo - que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este fallo, si aún no lo ha hecho, nombre a
la persona que ocupó el segundo lugar en la lista de elegibles No.
201821201907735 del 24/10/2018, convocatoria 436 de 2017 –SENA. TERCERO:
ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y al Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA que, dentro de los diez cinco (5) días siguientes a la
notificación del presente fallo, de manera conjunta, efectúen el estudio de
equivalencia de los empleos vacantes no convocados, en el territorio nacional,
respecto de los empleos relacionados en la OPEC 60973, para la cual concursó la
accionante. CUARTO: Cumplido lo anterior y, de ser procedente, en el término de
cinco (5) días siguientes, la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y al
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA deberán efectuar la consolidación de una
lista de elegibles para ocupar los empleos vacantes no convocados que tengan
equivalencia a los empleos relacionados con la OPEC 60973. QUINTO: Vencido el
término anterior y previo estudio del cumplimiento de los requisitos mínimos, dentro
de los cinco (5) días siguientes la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y al
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA deberán efectuar el nombramiento, en
período de prueba, de quienes tienen el mejor derecho en los cargos vacantes no
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Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
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convocados al cual optaron, respetando, en todo caso, el orden de elegibilidad de la
lista que se conforme para tal efecto. SEXTO. - En el evento que a la accionante le
asista derecho preferencial a ser nombrada en periodo de prueba en la OPEC
60973 o en el empleo de su equivalencia de acuerdo con el estudio adelantado
para tal fin, se ORDENA suspender los efectos de la prescripción de las listas de
elegibles relacionadas, hasta el cumplimiento a cabalidad de la presente
orden.(línea y negrilla fuera de texto)
QUINTO: Declarar que la CNSC, ha incumplido el Fallo de Tutela No
11001334204920210004200 del 05 de marzo de 2021 por emitido por el JUZGADO
DOCE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ SECCIÓN
SEGUNDA. Que ordeno EXHORTAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil –
CNSC para que acate el fallo constitucional T – 340 del 2020, que dispuso la
aplicación retrospectiva de la ley 1960 del 2019, conforme se argumenta en esta
providencia donde las consideraciones para esta orden fueron las siguientes:
“A su vez, dispondrá compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para
que se investigue a los responsables de no dar cumplimiento a la ley 1960 de
manera retrospectiva, conforme lo interpreta la Corte Constitucional, por
cuanto con el desconocimiento de este precepto se están lesionado los
derechos de carrera y acceso a cargo público de quienes participaron en los
diferentes concursos y perdieron la posibilidad de ser nombrados por
decisión arbitraria de la CNSC” (negrilla y línea fuera de texto)
Y se ordene a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y AL SENA, hacer
USO de lista de elegibles en estricto orden de mérito para cubrir las vacantes con la
denominación de instructor, código 3010, grado 1, área temática gestión de
mercados, para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de
cargos equivalentes no convocados, que surgieron con posterioridad a la
convocatoria No. 436 de 2017 entidad SENA, inaplicando Los criterios unificados
respecto Al criterio unificado de Mismo empleo al ser inconstitucionales y realizando
el nombramiento de la concursante KATTY LORENA TURIZO MORENO […] [4]
2. Hechos
2.1. La CNSC expidió el Acuerdo 20171000000116 del 24 de julio de 2017
(convocatoria 436 de 2017). Dicho acto administrativo llamó al concurso de
méritos para proveer cargos de carrera administrativa en el SENA.
2.2. La demandante se inscribió en el empleo con código «OPEC No 60549»5, y
quedó clasificada en la posición «1»6 de la lista de elegibles, para el cargo de
instructor, código 3010, grado 1, según indicó, como da cuenta la «Resolución
CNSC – 20192120005335 de 30 de enero de 2019»7, «con firmeza a partir del 14
de febrero de 2019».
2.3. El 27 de junio de 2019, el Congreso de la República expidió la Ley 1960 de
2019. En el artículo 6.°, se dispuso que la CNSC elaboraría en estricto orden de
4
Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción de la accionante.
5
Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción de la accionante.
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Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción de la accionante.
7
Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción de la accionante.
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mérito la lista de elegibles con el fin de proveer las vacantes para las cuales se
efectúo el concurso y las plazas definitivas equivalentes no convocadas que
surgieran después de la convocatoria.
2.4. La CNSC emitió el «CRITERIO UNIFICADO “USO DE LISTAS DE ELEGIBLES EN
EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 27 DE JUNIO DE 2019 », en donde informó sobre
la obligatoriedad de usar la lista de elegibles con los cargos no ofertados
posteriores a la entrada en vigencia de la citada norma.
2.5. La demandante indicó que las accionadas no usaron la lista de elegibles
contenida en la «Resolución 20192120005335 de 30 de enero de 2019», conforme
la Ley 1960 de 2019 y, que existen vacantes similares a las plazas de instructor,
código 3010, grado 1, del área temática de gestión de mercados.
2.6. La demandante señaló que promovió acción de tutela, la cual fue resuelta por
el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bogotá, en sentencia de 20 de octubre
de 2020, que accedió a la protección de los derechos fundamentales de la actora y
ordenó al SENA nombrarla en el cargo para el cual concursó, así como analizar en
forma conjunta con la CNSC la aplicación de las equivalencias de los empleos
vacantes no convocados en el territorio nacional, respecto de los puestos
relacionados en la OPEC 60973, y de ser procedente estructurar una lista de
elegibles aplicable para la provisión de los cargos8.
2.7. Seguidamente, la accionante, sostuvo que fue emitida la lista de elegibles
«recompuesta 0097 DE 2021 15-01-2021», pero solamente para un cargo
identificado con la OPEC 145546, a pesar de existir más vacantes del área
temática de gestión de mercados, y donde indicó que ocupó el sexto lugar.
A su vez, la actora explicó que el Juzgado Doce Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá, en una acción de tutela promovida por otros participantes de la
mencionada convocatoria, dispuso: «EXHORTAR a la Comisión Nacional del
Servicio Civil CNSC para que acate el fallo constitucional T- 340 del 2020, que
dispuso la aplicación retrospectiva de la [L]ey 1960 del 2019, conforme se
argumenta en esta providencia»9.
2.8. La CNSC emitió la Circular Externa núm. 008 de 2021 en la que dio
instrucciones para el reporte de información sobre la provisión de las vacantes
definitivas de los empleos de carrera administrativa y el trámite de solicitud de
listas de elegibles en cumplimiento de la Ley 1960 de 2019. Asimismo, se indicó
que la Procuraduría General de la Nación, a través de la Directiva 015 de 2022,
exhortó a las entidades relacionadas con los procesos de selección y a las
encargadas de la aplicación de las normas de carrera, a cumplir la normativa
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Radicado 11001-33-35-014-2020-00338-00.
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Radicado 11001-33-42-049-2021-00042-00.
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vigente donde la meritocracia y el correcto ejercicio de la función pública se den
según lo previsto en la Constitución y demás normas vigentes.
2.9. La accionante indicó que la CNSC y el SENA promovieron un nuevo
concurso con cargos que existían antes del vencimiento de la lista de elegibles,
obviando el cumplimiento de la Ley 1960 de 2019, y la CNSC, en virtud de la
convocatoria 436 de 2017, autorizó al SENA para el uso de la lista en el que la
accionante se presentó oportunamente, para proveer definitivamente 4973
vacantes, sin embargo, no fue nombrada y, a su juicio, no se podía hacer un
nuevo concurso, como lo dejó claro la Procuraduría General de la Nación y la
CNSC en la Circular Conjunta 074 de 2009.
2.10. En septiembre de 2022, la demandante requirió a las demandadas el
obedecimiento de las disposiciones legales, actos administrativos y decisiones
judiciales que se indicaron previo a la transcripción de las pretensiones de la
demanda de cumplimiento con el fin de que la nombraran en el cargo de
instructor, código 3010, grado 1, del área temática gestión de mercados.
2.11. El 6 de octubre de 2022, la CNSC indicó que en el resultado del estudio
técnico realizado se agruparon en estricto orden de mérito a los elegibles que
integran listas de empleos considerados como equivalentes a aquellos que
surgieron con posterioridad a la convocatoria 436 de 2017, inclusión que, en todo
caso, surgió de determinar, si para el momento de existencia de la vacante en la
planta de personal del SENA la lista individual de elegibles se encontraba o no
vigente, de ahí que no podía predicarse respecto de las listas consolidadas un
nuevo término de vigencia de 2 años. A su turno, el día 19 de ese mes y año, el
SENA respondió que «la competencia para dar la autorización de uso de listas es
de la CNSC y no del SENA». Explicó que la «lista de elegibles de la OPEC 60973
se encontraba vigente cuando se generó la vacante de la IDP 4192» no obstante,
actualmente, no estaba vigente y que estaban «a la espera de que la CNSC nos
envíe respuesta autorizando uso de lista de elegibles».
3. Admisión de la demanda
En auto de 8 de febrero de 202310, la ponente del Tribunal Administrativo del
Cesar rechazó la solicitud de medida provisional promovida por la parte actora,
admitió la demanda, tuvo como pruebas los documentos aportados y solicitados
por la demandante, y ordenó la notificación de lo decidido a la demandante, a la
CNSC al SENA y al Ministerio Público.
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Previa remisión por competencia que realizó el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar en auto de
26 de enero de 2023.
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4. Informes
4.1. El SENA solicitó que se declarara la improcedencia por cuanto esta acción no
fue prevista para exigir el obedecimiento de decisiones judiciales. En lo que
respecta al numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1960 de 2020, explicó que no lo
incumplió porque surtió el trámite correspondiente para la conformación de la lista
general de elegibles con las vacantes reportadas en la entidad, la cual, indicó que
venció el 14 de enero de 2021.
Manifestó que, mediante la Resolución CNSC-20182120190735 del 24 de
diciembre de 2018, confirmó como elegibles dos vacantes de empleos de carrera
administrativa identificado con el código OPEC 60973, denominado gestión de
mercados con lista de elegibles de siete ciudadanos, encontrándose entre ellos la
accionante en el puesto tres, con un puntaje de 78.20. Las dos vacantes ofertadas
del código OPEC 60973, fueron provistas por los elegibles Wilson Cantor y
Argemiro Celis, quienes ocuparon la mejor posición meritoria de la lista, en la cual
la accionante participó, pero no es oferente del primer puesto porque no alcanzó la
posición meritoria para ser vinculada a la entidad.
No obstante, explicó que en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el
Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bogotá, se expidió la Resolución 0097 del
15 de enero de 2021, por medio de la cual se consolidó la lista general de
elegibles para proveer la vacante reportada por el SENA, correspondiente al perfil
del área temática gestión de mercados, donde la actora ocupó la sexta posición y
nuevamente no alcanzó un lugar meritorio para ser nombrada, toda vez que en
atención del orden de elegibles establecido en la lista, el señor Ricardo Adolfo
Hernández Acosta ostentó el derecho e ingresó en periodo de prueba.
4.2. La CNSC se opuso a la prosperidad de la demanda. Recapituló el
procedimiento administrativo que culminó con la lista de elegibles e indicó que el
acto administrativo que la contiene no se encuentra vigente. La entidad refirió que,
posteriormente, y en cumplimiento de órdenes judiciales de tutela, conformó una
nueva la lista consolidada de elegibles a través de la Resolución 0097 de 15 de
enero de 2021, para proveer vacantes del empleo denominado Instructor, Código
3010 Grado 1, con posterioridad al desarrollo de la convocatoria 436 de 2017-
SENA, en donde se incluyó a la demandante. Sin embargo, sostuvo que el
proceso de selección identificó cada empleo con un número de OPEC, pero que la
actora no ocupó un lugar meritorio. En consecuencia, solicitó decidir
desfavorablemente la acción de cumplimiento.
5. Sentencia de primera instancia
En decisión de 7 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió
lo siguiente:
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PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA PARCIAL respecto a la solicitud de
cumplimiento de los fallos de tutela de 20 de octubre de 2020 proferido en el
proceso N° 100133350142020033800 por el JUZGADO CATORCE
ADMINISTRATIVO ORAL DE BOGOTÁ -SECCIÓN SEGUNDA-, y de 5 de marzo de
2021, dentro del proceso N° 11001334204920210004200 por el JUZGADO DOCE
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ SECCIÓN
SEGUNDA, por las razones expuestas en la parte considerativas.
SEGUNDO: NEGAR la acción de cumplimiento promovida por la señora KATTY
LORENA TURIZO MORENO, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
El a quo explicó que esta acción no tiene por objeto el cumplimiento de decisiones
judiciales, por tanto, resultaban improcedentes las pretensiones de la demandante
en cuanto al acatamiento de las sentencias de tutela que señaló en sus
pretensiones. Por su parte, en cuanto a la disposición legal invocada por la actora,
la primera instancia indicó que no se observa el incumplimiento alegado, en tanto
las demandadas se ciñeron a la normatividad que rige la convocatoria 436 de
2017, «pues según se documenta la lista se conformó mediante No.
20182120192825 de 24 de diciembre de 2018 en estricto orden de meritocracia,
dando nombramiento a quienes ocuparon las dos primera[s] posici[ones] dentro de
los dos (2) años de su vigencia, proveyéndose sólo una vacante adicional
equivalente, previo al vencimiento de la lista de elegibles».
6. Impugnación
La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, señaló que
sentencia no se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la acción de
cumplimiento ni las normas invocadas, asimismo porque el Tribunal no tuvo en
cuenta los cargos no ofertados que tiene el SENA con el deber legal de nombrar a
los elegibles en aplicación de la Ley 1960 de 2019. Sostuvo que «persiste la
existencia de vulneración de mis derechos, toda vez que, si existe un perjuicio
irremediable, comoquiera que: Los cargos siempre han existido y prueba de ello,
son los 190 cargos que la Procuraduría General de la Nación, ordenó proveer, con
el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Doce Administrativo de
Oralidad del Circuito de Bogotá – Sección Segunda».
Explicó que solo hasta octubre y noviembre de 2022 las entidades dan
«cumplimiento […] usando criterios inconstitucionales que no respetan el estricto
orden de mérito, publicando, además, actos administrativos (listas de elegibles) las
cuales son inmodificables, sin dar el derecho de defensa y contradicción que
ostentan los elegibles». Insistió en que el artículo 6.º de la Ley 1960 de 2019
impone el uso de lista de elegibles para cubrir cargos equivalentes y no con
mismos empleos como lo está haciendo la CNSC y el SENA.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 7
de marzo de 2023 del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA,
así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de
2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta corporación para conocer de «las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 7
de marzo de 2023. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del cumplimiento del numeral 4.º del artículo
31 de la Ley 909 de 2004 y la Circular Conjunta 074 de 2009 de la Procuraduría
General de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley
393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
De ser superados los anteriores interrogantes, ¿debe revocarse la sentencia de
primera instancia y ordenar el cumplimiento de la disposición legal y acto
administrativo invocados por la parte actora?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto; y (iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo11 para que toda persona pueda «acudir ante la
11
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
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autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo12.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
12
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
9
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(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]13.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política14.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»15.
13
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
15
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
10
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Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado16.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,17 a menos que estén apropiados;18 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior19.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este20 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»21. Igualmente, esta Sección22 ha dicho que:
16
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
17
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
18
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
19
Sentencia antes citada.
20
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
21
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
22
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
11
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Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[23] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
23
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
12
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porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»24.
En el caso concreto, la accionante acompañó con la demanda copia del escrito de
septiembre de 2022, en el que solicitó a las demandadas el obedecimiento de lo
siguiente:
• La LEY 1960 DE 2019. ARTÍCULO 6°.
• [L]a sentencia T340 de 2020 que dispuso la aplicación retrospectiva de la ley 1960
del 2020.
• Fallo de Tutela No 11001334204920210004200 del 05 de marzo de 2021 por
emitido por el JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA.
• Fallo de Tutela No 11001 31 07006 2020 00054 01 por emitido por el TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D. C. SALA DE DECISIÓN
PENAL
Como se observa, la única disposición legal que se pidió acatar, previo a la
presentación de la acción de cumplimiento, fue el artículo 6.º de la Ley 1960 de
2019. Por tanto, la demanda debe ser rechazada en cuanto al obedecimiento de la
Circular Conjunta 074 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación
[pretensión tercera de la demanda], pues no fue exigido su obedecimiento antes
de que la demandante acudiera a la jurisdicción a través de esta acción
constitucional.
Por tanto, lo anterior, resulta suficiente para que la Sala entienda agotado el
requisito de constitución en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997, solo respecto del artículo 6.º de la Ley 1960 de 2019, toda vez que las
respuestas de la CNSC y del SENA de 6 y 19 de octubre de 2022 resultan
contrarias al querer de la ciudadana.
3.4. Norma que se pide cumplir y procedencia de la acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, la parte actora,
con el ejercicio de la presente acción, en sus pretensiones 2, 4 y 5 solicitó que se
le ordene a las accionadas el cumplimiento de diversas decisiones judiciales
dictadas en sede de la acción de tutela, lo cual resulta improcedente pedir por este
medio judicial, por cuanto para esa finalidad no fue previsto, pues conforme con
las previsiones del artículo 87 de la Constitución Política de 1991 y 1.º de la Ley
24
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
13
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393 de 1997, esta acción tiene por objeto «el cumplimiento de normas aplicables
con fuerza material de Ley o Actos Administrativos». Por tanto, esta Sala
confirmará lo decidido por el Tribunal en el numeral primero de la decisión de 7 de
marzo de 2023.
Ahora bien, la demandante invocó como disposición legal incumplida el artículo 6.º
de Ley 1960 de 2019 que dispone:
LEY 1960 DE 2019
(junio 27)
Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto-ley 1567 de 1998 y se dictan
otras disposiciones.
[…]
Artículo 6°. El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará así:
“Artículo 31. El Proceso de Selección comprende:
(...)
4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la
entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito
la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y
las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con
posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad. […].
De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pide el obedecimiento de una norma,
cuya vigencia no se advierte afectada por otra disposición normativa o decisión
judicial y, por tanto, el primer requisito para la procedencia de la acción se
encontraría satisfecho. No obstante, más allá del obedecimiento del mencionado
artículo, el debate propuesto por el actor implica necesariamente que se ordene a
las demandadas que hagan uso de la lista de elegibles en estricto orden de mérito
para cubrir las vacantes con la denominación de instructor, código 3010, grado 1,
y para las definitivas en cargos equivalentes no convocados, que surgieron con
posterioridad a la convocatoria 436 de 2017.
Al respecto, como se aceptó e informó en este proceso, la lista de elegibles en la
que la accionante ocupó, en su sentir, una posición meritoria, perdió vigencia en
2021. Por tanto, el análisis de procedencia no se limita exclusivamente al artículo
invocado, porque el objeto de discusión en este asunto parte de la utilización de la
lista de elegibles a partir de la cual la actora pretende que se aplique para acceder
al cargo al que se postuló y que solicita por este medio sea nombrada.
En ese orden, no es suficiente que el precepto legal que se dice desatendido por
las accionadas supere el juicio de procedibilidad para que esta corporación analice
de fondo sus pedimentos. Por el contrario, es necesario establecer si la lista de
14
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Radicación: 20001-23-33-000-2023-00026-01
elegibles resulta ser un acto que puede ser discutido en el curso de la presente
acción constitucional.
Así las cosas, esta Sección en este tipo de casos ha determinado la
improcedencia25 dado que, el debate propuesto está ligado con el cumplimiento de
la lista de elegibles y al no encontrarse vigente, no es posible el estudio de fondo
de la demanda.
En este orden de ideas, para la Sala es clara la causal de improcedencia que
impiden abordar el análisis de fondo de la pretensión primera de la demandante.
Esto es, el obedecimiento del artículo 6.º de la Ley 1960 de 2019, por cuanto
implica directamente un asunto relacionado con la vigencia de la lista de elegibles.
En consecuencia, conlleva a que la Sala revoque la negativa del numeral segundo
de la sentencia impugnada y, en su lugar, se declare la improcedencia de la
acción por las razones que en esta providencia se exponen.
Finalmente, en el escrito de impugnación, se señaló que existe un perjuicio
irremediable ante la vulneración de derechos de la actora porque no se tuvo en
cuenta los cargos vacantes en el SENA y al no accederse a las pretensiones
formuladas. No obstante, la Sala debe precisar que tales manifestaciones no
permiten tener por configurado una afectación de tal entidad y que se llegue a una
conclusión diferente a la que esta Sección adopta y ha tomado en casos similares,
pues la participación de una persona en un proceso de selección de personal y
estar en la lista de elegibles no asegura necesariamente la obtención de un
empleo, de suerte que allí lo único existente es una expectativa que no implica que
se superen los requisitos de procedencia de esta acción constitucional.
En suma, la Sala revocará parcialmente la sentencia de 7 de marzo de 2023, para:
(i) rechazar la demanda por falta de agotamiento del requisito de la renuencia
respecto de la Circular Conjunta 074 de 2009 de la Procuraduría General de la
Nación, (ii) confirmar la declaratoria de improcedencia porque este medio no fue
previsto para el acatamiento de decisiones judiciales y (iii) revocar la negativa de
la pretensión en cuanto al obedecimiento del artículo 6.º de la Ley 1960 de 2019
por cuanto su estudio está sujeto a la vigencia de la lista de elegibles, y al no
encontrarse vigente, deviene en la improcedencia de la acción de cumplimiento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
25
Puede consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación n.º 05001-23-33-000-2021-00522-01, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación n.º 17001-23-33-000-2021-00078-01,
sentencia de 23 de septiembre de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate radicación n.º 13001-23-33-000-2021-
00391-01, sentencia de 21 de diciembre de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio radicación n.º 68001-23-
33-000-2021-00745-01 y sentencia de 23 de marzo de 2023, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, radicación n.º
73001-23-33-000-2022-00467-01.
15
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III. FALLA:
PRIMERO. Revocar parcialmente la sentencia de 7 de marzo de 2023 del
Tribunal Administrativo del Cesar, en su lugar:
1. Rechazar la demanda de cumplimeinto por falta de agotamiento del
requisito de la renuencia respecto de la Circular Conjunta 074 de 2009 de la
Procuraduría General de la Nación.
2. Confirmar la improcedencia de la acción de cumplimiento respecto del
acatamiento de los fallos de tutela de 20 de octubre de 2020, proferido por
el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bogotá, en el proceso con
radicado 11001-33-35-014-2020-0338-00, la decisión del 5 de marzo de
2021, dictada por el Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá
dentro del proceso con radicado 11001-33-42-049-2021-00042-00 y la
sentencia T- 340 del 2020 emitida por la Corte Constitucional.
3. Revocar la negativa en cuanto al obedecimiento del artículo 6.º de la Ley
1960 de 2019 por cuanto su estudio está sujeto a la vigencia de la lista de
elegibles, y al no encontrarse vigente en el caso de la actora, deviene en la
improcedencia de la acción de cumplimiento, conforme al artículo 1.º de la
Ley 393 de 1997.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
16
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