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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2023-00077-01

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2023-00077-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Revocar la sentencia de 1.º de agosto de 2023 de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba. En su lugar, se declara improcedente la acción de cumplimiento. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 23001-23-33-000-2023-00077-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

14 de septiembre de 2023

Demandante: Zunilda Esther Zabaleta Ricardo
Demandada: Superintendencia Nacional de Salud
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00077-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00077-01
Demandante: ZUNILDA ESTHER ZABALETA RICARDO
Demandada: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Tema: Revoca negativa. En su lugar, declara improcedencia funciones
jurisdiccionales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia de
1.º de agosto de 2023. En la providencia mencionada, la Sala Segunda de Decisión
del Tribunal Administrativo de Córdoba negó las pretensiones de la demanda de
cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997 y a través de
apoderado judicial, la señora Zunilda Esther Zabaleta Ricardo demandó a la
Superintendencia Nacional de Salud –Supersalud–, con el fin de exigir el
cumplimiento del numeral 3.º del artículo 11 de la Ley 1966 de 20191. Las
pretensiones formuladas fueron las siguientes:

1. Se acojan las tesis aquí expuestas

2. Se ordene y garantice el cumplimiento del artículo 1° de la Constitución Política en
tanto se ordene el cumplimiento efectivo del numeral 3. del artículo 11 de la ley 1966
de 2019.

3. Que en consideración a su negativa, se ordene a la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD que, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, disponga
lo concerniente al auditaje y aclaración de pasivo a cargo de la E.S.E. HOSPITAL
SAN JUAN DE SAHAGÚN y en beneficio de mi mandante, señora ZUNILDA ESTHER
ZABALETA RICARDO, para que, de ser procedente, sea incluido en el inventario de
las obligaciones a pagar por esta entidad en la ejecución de su plan o programa de
saneamiento fiscal y financiero avalado por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público[2].

1
«Por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011,
y se dictan otras disposiciones».
2
Se transcribe tal cual incluso con posibles errores de la accionante.
1
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Demandante: Zunilda Esther Zabaleta Ricardo
Demandada: Superintendencia Nacional de Salud
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2. Hechos

Del expediente digital contenido en el aplicativo SAMAI3. La Sala resume los
supuestos fácticos de la demanda a continuación:

El Juzgado Quinto Administrativo de Montería condenó a la ESE Hospital San Juan
de Sahagún al pago de 100 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, por los
perjuicios morales causados a la accionante con ocasión de la muerte de su hija.
Dicha decisión quedó contenida en la sentencia de 31 de marzo de 2017, radicado
23-001-33-31-005-2011-00151-00.

La actora indicó que fue citada por la ESE para transar el pago de la obligación,
según la Resolución 790 de 22 de abril de 2019, y que el 8 de mayo de ese año
acordaron el pago de la condena por cuotas. Sin embargo, sostuvo que la entidad
no le cumplió, pese a que a otros acreedores sí se les pagan todo tipo de pasivos4.

El 22 de septiembre de 2022, la accionante pidió a la Supersalud el cumplimiento
de lo dispuesto en el numeral 3.º del artículo 11 de la Ley 1966 de 2019, para que
interviniera en cuanto al pago acordado respecto de la obligación a su favor. A su
turno la entidad no accedió a lo solicitado el 25 de octubre de 2022, pues señaló
que sus funciones jurisdiccionales se circunscriben a los asuntos establecidos en el
artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 6.º de la Ley 1949 de
20195, esto es:

1. Cobertura de servicios incluidos del Plan de Beneficios en Salud – PBS.
2. Reconocimiento económico de gastos en salud
3. Conflictos por multiafiliación dentro del Sistema General de Seguridad Social en
Salud-SGSSS.
4. Conflictos por libre elección y movilidad.
5. Conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas, reclamaciones y
recobros de servicios NO PBS
6. Prestaciones excluidas del Plan de Beneficios en Salud-PBS

En consecuencia, como la respuesta no fue favorable a los intereses de la
demandante y, a su juicio, agotó todos los mecanismos judiciales y administrativos
para obtener el pago los valores adeudados, acudió a la acción de cumplimiento.

3. Admisión de la demanda

En providencia de 27 de junio de 2023, la magistrada ponente de la Sala Segunda
de decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la solicitud de

3
Índice 2.
4
En la demanda se indicó que el 4 de marzo de 2021 la actora pidió información al Hospital acerca
de la inclusión o no inclusión de la obligación a su favor en la programación para el pago de pasivos
que debe desarrollarse en la ejecución del plan de saneamiento fiscal
5
«Por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011,
y se dictan otras disposiciones».
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cumplimiento6. En consecuencia, ordenó notificar al superintendente nacional de
Salud para que se hiciera parte en el proceso y allegara pruebas o solicitara su
práctica, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de ese auto.
Asimismo, la admisión del asunto se puso en conocimiento del Ministerio Público.

4. Supersalud

La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda. Explicó que el artículo 11
de la Ley 1966 de 2019 trata sobre el saneamiento de pasivos a cargo de las IPS y
proveedores de tecnologías en salud, pero su objeto no es el pago de acreencias
con personas naturales. Asimismo, sostuvo que la disposición se refiere al ejercicio
de su función jurisdiccional, cuya interpretación debe realizarse de manera acorde
con las previsiones del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado y adicionado
por los artículos 126 y 127 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 6.º de la Ley 1949
de 2019, dado que, dicho marco normativo, definió el ámbito de sus competencias.

A su vez, alegó que la parte accionante no acreditó que existe solicitud de cuentas
o un procedimiento de auditoría a su cargo contra el Hospital San Juan de Sahagún.
Asimismo, señaló que no es dable desde su función jurisdiccional desplegar
actuaciones tendientes a la supervisión, vigilancia y control de un proceso judicial
adelantado por otra autoridad judicial y menos de oficio.

En lo que atañe a la constitución en renuencia dijo que si bien se presentó una
reclamación, aquella fue resuelta en el Oficio con radicado 20224100301485061 de
25 de noviembre del 2022, sin embargo, ello no implica que incumplió la disposición
legal invocada. Finalmente, manifestó que la actora cuenta con otros medios de
defensa a los que puede acudir, máxime que transó el pago de la obligación que se
derivaba de la condena contenida en la sentencia judicial de 31 de marzo de 2017,
por tanto, la acción instaurada se torna en improcedente.

5. Sentencia de primera instancia

Por medio de fallo de 1.º de agosto de 2023, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba negó las pretensiones de la demanda de
cumplimiento. En ese sentido, explicó que el saneamiento de pasivos previsto en el
numeral 3.º del artículo 11 de la Ley 1966 de 2019, cuyo obedecimiento se pidió,
involucra el resultado de un procedimiento de auditoría, aclaración y conciliación de
cuentas con el cual se elabora un inventario de deudas y responsables del pago,
luego de ello, las cuentas que no puedan ser conciliadas serán resueltas por la
Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de su función jurisdiccional.

6
Previo a la admisión, el asunto fue remitido por competencia funcional, en auto de 24 de mayo de
2023, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Montería.
3
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Atendiendo lo anterior y de acuerdo con lo probado en el asunto, la autoridad judicial
indicó que no quedó acreditado que existiera el citado procedimiento de cuentas
entre los responsables de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, las IPS
y demás proveedores de tecnologías en Salud, de manera que, la Supersalud no
podía intervenir en ese caso en los términos de la norma invocada como incumplida.

Además, el Tribunal indicó que la actora en el escrito de renuencia requirió a la
demandada para que oficiara a la ESE en cuanto al envío del expediente con los
soportes documentales de la solicitud de pago de la obligación reclamada, y que
una vez recibido, «tome la decisión que en derecho corresponde, ordenando la
aclaración, conciliación y pago de esta obligación». Por tanto, era claro que no
existe el citado procedimiento de auditoría, aclaración y conciliación de cuentas.

Finalmente, el a quo explicó que lo perseguido por la demandante era el pago de
una acreencia, objetivo que puede alcanzarse a través de otros medios ordinarios
idóneos previstos en la ley, aunado a que la acción de cumplimiento se torna
improcedente cuando implica gastos.

6. Impugnación

El apoderado de la demandante impugnó la decisión de primera instancia, solicitó
que fuera revocada y discrepó de lo concluido. Al respecto, alegó que «el punto
neurálgico de debate se centra en la interpretación de la norma cuyo cumplimiento
se depreca», dado que la Supersalud no afirmó que ésta no sea una de sus
funciones jurisdiccionales o que el cobro judicial sea procedente mediante una
acción ejecutiva, ni que solo los pasivos en beneficio de entidades públicas puedan
ser pasibles de ser exigidos. Por tanto, a su juicio, debe ordenarse el cumplimiento
de la norma invocada

Seguidamente, en la impugnación se sostuvo que «[e]n el caso sometido a análisis
resulta prevalente el establecimiento de un sistema interpretativo acorde con la
redacción de la norma, bajo la luz de la hermenéutica y acudiendo a la teleología,
para escudriñar su espíritu, la intención del legislador y, por supuesto, su
aplicabilidad». En ese sentido, explicó la interpretación sistemática7 de la
disposición –que a su juicio es la correcta y no la literal que aplicó la primera
instancia–, y señaló lo siguiente:

La entidad deudora se niega a aclarar este pasivo luego del incumplimiento de su
pago, lo cual amerita una reliquidación del mismo; se solicita que se reagende su
pago solicitando su inclusión en la fecha de corte que determine el gobierno nacional,
o procedimiento alternativo complementario, y el gerente de dicha entidad responde
con un rotundo “NO”, es decir, ni se reliquida ni se paga…….¿no es esta una situación
que legitima el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de la
Superintendencia?.........En sana aplicación de la lógica jurídica si lo es [8].

7
En el escrito se citaron apartes de la sentencia C-569 del 2000.
8
Se transcribe tal cual incluso con posibles errores.
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Finalmente, se reiteró que debía ordenarse el cumplimiento del numeral 3.º del
artículo 11 de la Ley 1966 de 2019 y se resaltó que:

No pasemos por alto que el ejercicio de una función jurisdiccional implica delegación
de soberanía y que esta implica facultad para utilizar el poder coercitivo del estado.
Es decir, en ejercicio de esta función la superintendencia podrá suplir la voluntad de
las partes y determinar el derecho. Al fin y al cabo la palabra jurisdicción significa
“Autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes”. Esta palabra viene del latín
JURIS DICTIO, que traduce “Acto de decir el derecho”.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 1.º
de agosto de 2023 de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997,
125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm.
080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
establece la competencia de la Sección Quinta de esta corporación para conocer
de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se
dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 1.º
de agosto de 2023. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del numeral 3.º del artículo 11 de la Ley 1966
de 2019, invocado en la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º
de la Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción de
cumplimiento?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción y (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia.

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3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo9 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de
1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en
esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza
material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo10.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

9
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-
01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01
(ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-
048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio
de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
10
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
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(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]11.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política12.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad

11
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce,
providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
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de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción
constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»13.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado14.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,15 a menos que estén apropiados;16 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior17.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este18 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-
31-000-2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-
31-000-2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
15
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-
000-2000-4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
16
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-
41-000-2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
17
Sentencia antes citada.
18
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir
en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones
públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo,
para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por
ende, exigible».
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Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»19. Igualmente, esta Sección20 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[21] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

19
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-
01063 (ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
20
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-
31-000-2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
21
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004,
exp. ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
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Demandante: Zunilda Esther Zabaleta Ricardo
Demandada: Superintendencia Nacional de Salud
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00077-01

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, «resulte contraria al querer del
ciudadano»22.

Para este caso, la accionante acompañó copia de la petición de 22 de septiembre
de 2022 en la que pidió a la Supersalud el cumplimiento de lo dispuesto en el
numeral 3.º del artículo 11 de la Ley 1966 de 2019, para que interviniera en cuanto
al pago acordado respecto de la obligación a su favor y a cargo de la ESE Hospital
San Juan de Sahagún. A su turno, el 25 de octubre de 2022, la entidad no accedió
a lo solicitado, en ese sentido, señaló que lo reclamado no correspondía a sus
funciones jurisdiccionales, pues aquellas se circunscriben a los asuntos
establecidos en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 6.º
de la Ley 1949 de 2019.

De acuerdo con lo anterior, el requisito de que trata el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997, para la Sala se encuentra acreditado, respecto del numeral 3.º del artículo 11
de la Ley 1966de 2019. En atención a que la respuesta de la entidad resulta
contraria al querer del accionante.

3.4. Procedencia de la acción

En primer lugar, la Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectivo el
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de un acto administrativo que
impone determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad, es decir, su
objeto es la observancia del ordenamiento jurídico vigente. En el asunto bajo estudio
se exigió a la accionada el obedecimiento del numeral 3.º del artículo 11 de la Ley
1466 de 2019 que previó lo siguiente:

LEY 1966 DE 2019
(julio 11)
Por medio de la cual se adoptan medidas para la gestión y transparencia en el
Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones

[…]
Artículo 11. Saneamiento de Pasivos. En la fecha de corte que determine el Gobierno
nacional, se realizará un proceso de aclaración de los pasivos entre todos los
responsables de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, las IPS y demás
proveedores de tecnologías en Salud.

22
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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Radicación: 23001-23-33-000-2023-00077-01

Para este fin se tendrá en cuenta como mínimo lo siguiente:

[…]

3. Con el resultado del procedimiento de auditoría, aclaración y conciliación de
cuentas, se elaborará un inventario de deudas y responsables del pago. Las cuentas
que no puedan ser conciliadas se resolverán por la Superintendencia Nacional de
Salud, en ejercicio de su función jurisdiccional, dentro de los términos que defina
el reglamento.
[…] (negrilla de la Sala).

En ese sentido, el primer requisito para la procedencia de la acción, esto es, que se
busque el cumplimiento de normas vigentes, se satisface en este caso, dado que
la transcrita no ha sido derogada, suspendida o declarada su nulidad por parte de
la jurisdicción.

Sin embargo, la Sala advierte que la parte demandante pretende el cumplimiento
de una disposición legal que prevé una función jurisdiccional a cargo de la
demandada. En ese sentido, no resulta posible ordenar el acatamiento de la norma
invocada, pese a que de esa manera se insista en la impugnación, puesto que la
eventual prosperidad de las pretensiones, si llegare a ser así, llevaría a que esta
corporación interfiriera directamente en las competencias que le fueron reconocidas
a la Supersalud por parte del legislador en la Ley 1466 de 2019.

Desde este punto de vista, la solicitud hecha por la señora Zunilda Esther Zabaleta
Ricardo, tanto en sede administrativa como judicial, es ajena al ámbito de
competencia del juez constitucional, dado que la jurisprudencia reiterada de la
Sección Quinta tiene reconocido que la acción de cumplimiento no es viable frente
a las autoridades judiciales y con motivo de las actividades de la misma naturaleza,
toda vez que «conllevaría a invadir las competencias del juez natural y desconocería
que las partes cuentan con los mecanismos legalmente establecidos para
propender por su defensa y ejercer en debida forma su derecho a la
contradicción»23. En efecto, este mecanismo procede respecto del ejercicio de
función administrativa, pero no de la que se pretendió por parte de la actora.

En suma, la acción es improcedente en la medida en que su ejercicio persigue la
intervención frente a funciones jurisdiccionales, lo cual no es posible a través de
este mecanismo porque escapa a su objeto, como es la eficacia de las normas con
fuerza de ley y de los actos administrativos en ejercicio de función administrativa24.

23
Al respecto puede verse, entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia de agosto 10 de 2017, expediente 08001-23-33-000-2017-
00638-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
24
En similar sentido puede consultarse: Consejo de Estado Sala de lo contencioso Administrativo
Sección Quinta, sentencia de 2 de diciembre de 2021, MP. Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio,
radicado 11001-33-42-046-2021-00096-01.
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Radicación: 23001-23-33-000-2023-00077-01

Por consiguiente, la decisión adoptada por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba, que negó las pretensiones de la demanda, será
revocada y se declarará improcedente la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO. Revocar la sentencia de 1.º de agosto de 2023 de la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba. En su lugar, se declara
improcedente la acción de cumplimiento.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
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