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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2023-00156-01

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2023-00156-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 23001-23-33-000-2023-00156-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de enero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 230012333000-2023-00156-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ANTONIO ELÍAS RIVERO DÍAZ

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO POR CARECER DEL
REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD. ACTOS ADMINISTRATIVOS
MEDIANTE LOS CUALES SE DENEGÓ TRASLADO DE PERSONAL.
REITERACIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD Y A
LA FAMILIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la

sentencia de 17 de noviembre de 2023, mediante la cual el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA 1 declaró

improcedente la solicitud de amparo constitucional de la

referencia.

1
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 230012333000-2023-00156-01
Actor: ANTONIO ELÍAS RIVERO DÍAZ

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

El señor ANTONIO ELÍAS RIVERO DÍAZ, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la familia, los

cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el JUZGADO

PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE SAHAGÚN,

CÓRDOBA2 al expedir la Resolución núm. 010 de 11 de agosto de

2023, por medio de la cual se le negó la solicitud de traslado como

Secretario a ese despacho judicial.

I.2 Hechos

Indicó que el 19 de diciembre de 2022 se creó el JUZGADO

mediante Acuerdo PCSJA22-12028 de esa misma fecha,

compuesto por los cargos de juez, secretario, oficial mayor y

asistente judicial.

2
En adelante el JUZGADO.

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Actor: ANTONIO ELÍAS RIVERO DÍAZ

Afirmó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba

publicó la vacante de Secretario Nominado en ese despacho

dentro de los primeros 5 días hábiles de marzo de 2023, para lo

cual se presentaron 4 aspirantes, esto es, 2 de traslado (entre los

que se encuentra el mismo) y 2 por concurso.

Relató que el Consejo Superior de la Judicatura emitió concepto

favorable de su traslado al JUZGADO y, el 27 de julio de la

presente anualidad, el Consejo Seccional de la Judicatura de

Córdoba envió la lista de elegibles y traslado de aspirantes, con el

fin de que el titular de ese despacho proveyera el cargo de

Secretario Nominado.

Sostuvo que mediante Resolución núm. 010 de 11 de agosto de

2023, fue nombrado en propiedad en el cargo de secretario

Nominado del JUZGADO al señor MARIO NAYIB VERGARA

ORTEGA, en calidad de elegible del concurso, por lo que se

denegó su solicitud de traslado como servidor de carrera.

Señaló que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

reposición, el cual fue desatado a través de la Resolución núm.

011 de 4 de septiembre de 2023 que, no repuso la decisión.

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Actor: ANTONIO ELÍAS RIVERO DÍAZ

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, el JUZGADO vulneró sus derechos

fundamentales invocados e incurrió en una falsa motivación al

expedir el mencionado acto administrativo sin tener en cuenta los

precedentes jurisprudenciales que regulan la materia y exigen una

ponderación de las calidades de los aspirantes de manera objetiva.

Adujo que, si bien el objeto del concepto discrecional del

nominador es privilegiar el mérito del empleado que procura

ascender de un nivel de servicios a otro superior, no es menos

cierto que esa deducción objetiva se aparta de la realidad.

Manifestó que su núcleo familiar se encuentra en el Municipio de

Sahagún, el cual está conformado por su esposa, su hijo menor

de edad y sus padres de la tercera edad. Además, que su hijo

padece de “síndrome nefrótico”, lo que hace indispensable estar

lo más cerca posible de él.

Aseveró que es la persona más idónea para ocupar el cargo de

secretario del JUZGADO, en la medida en que cuenta con trece

años de experiencia en el cargo de Secretario Nominado en

juzgados laborales, con excelentes calificaciones.

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I.4. Pretensiones

El actor solicitó en el escrito de tutela el amparo de sus derechos

fundamentales invocados ut supra y, además:

“[…] Se deje sin efectos el acto administrativo contenido en la
Resolución número 010 del 11 de agosto de 2023, proferido por
el Juez 1 laboral del Circuito de Sahagún-Córdoba, y se emita un
nuevo acto administrativo donde se acceda al traslado del
tutelante, atendiendo los criterios objetivos señalados
jurisprudencialmente. A fin de que mi sede de trabajo concuerde
con la de mi núcleo familiar, teniendo en cuenta que mi menor
hijo necesita de mi socorro en caso de emergencia por la
enfermedad que padece […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO pese a ser notificado en debida forma del

presente trámite constitucional, guardó silencio.

I.5.2.- El señor MARIO NAYIB VERGARA ORTEGA, vinculado

como tercero con interés directo en las resultas del proceso, alegó

que de ninguna manera se le ha vulnerado el derecho al debido

proceso del actor, comoquiera que no se le ha impedido ni evitado

que realice la solicitud de traslado.

Afirmó que el concepto favorable de traslado no se puede tornar

como una garantía infalible e inmutable para que prospere el

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nombramiento al cargo que aspira, máxime cuando existen otros

aspirantes, los cuales no tienen menor o más derecho que el

accionante.

Resaltó que el hecho de negarle al actor su traslado como

secretario al JUZGADO, no significa una vulneración de sus

garantías constitucionales, pues es evidente que se han respetado

cada una de las etapas de la Ley 270 de 1996 en este tipo de

trámites, así como la jurisprudencia vigente al respecto.

Por último, manifestó que, contrario a lo advertido por el actor, la

decisión cuestionada es objetiva, fundamentada y motivada en la

ley y los acuerdos relacionados para proveer cargos de la Rama

Judicial.

I.5.3.- El CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE

CÓRDOBA puso de presente que el traslado es un derecho de los

servidores de carrera judicial que se encuentra supeditado al

cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 134 de la

Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 771 de 2002 y

reglamentado en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, modificado

parcialmente por el Acuerdo PCSJA22-11956 de 17 de junio de

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2022 de obligatorio acatamiento tanto para la administración

como para todos los servidores judiciales que solicitan traslado.

Afirmó que el concepto favorable de traslado no obliga al

nominador a aceptar dicha solicitud, pues la determinación de la

escogencia la hace aquel motivada en razones objetivas, luego de

evaluar el mérito y las cualidades profesionales tanto en el ingreso

a la carrera como en el desempeño de las funciones asignadas de

todos los aspirantes.

Destacó que sus funciones están señaladas de manera expresa en

el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, por lo que no tiene

competencia para resolver el asunto ni interés particular en el

nombramiento de participantes o empleados de la Rama Judicial.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 17 de noviembre de 2023, el TRIBUNAL

declaró improcedente la solicitud de amparo por considerar que el

actor cuenta con otro medio de defensa para resolver la presente

controversia.

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Adujo que los actos administrativos que negaron el traslado son

pasibles de ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso

administrativo, a través del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, el cual resulta ser el idóneo para el

asunto.

Aseguró que, revisada la hoja de vida y demás pruebas aportadas,

se lograba concluir que no existía ni siquiera separación transitoria

del accionante y su núcleo familiar, ya que la distancia que separa

su lugar de trabajo actual a su residencia en el Municipio de

Sahagún le permite poder trasladarse diariamente de un lugar a

otro.

Así las cosas, resaltó que no se dan los presupuestos para que

proceda el amparo de tutela, toda vez que, por un lado, no existe

ruptura del núcleo familiar y, por el otro, la negativa del traslado

no supone un riesgo o afectación a la vida o salud del actor o de

algún miembro de su núcleo familiar.

Finalmente, relató que escapa del ámbito del juez de tutela

analizar la ponderación de hojas de vida que realizó el nominador

del JUZGADO, como lo pretende el actor, comoquiera que dicho

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análisis corresponde realizarlo al juez natural, que en este caso es

el juez de lo Contencioso Administrativo.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor, impugnó la sentencia proferida en primera instancia, no

obstante, no expuso ningún argumento tendiente a controvertirla.

Para el efecto señaló lo siguiente:

“[…] Por medio del presente me permito impugnar en su
totalidad, el fallo de tutela de la referencia […]”

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción

de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,

en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo

de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de negocios entre las Secciones.

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Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 3. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,

con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Antes de entrar a plantear el problema jurídico a resolver, se

considera necesario realizar algunas precisiones en cuanto a las

subreglas establecidas en relación con la carga argumentativa

exigida en la impugnación dentro del marco de la acción de tutela.

Subreglas en relación con la carga argumentativa exigida

en la impugnación dentro del marco de la acción de tutela

En cuanto al principio de informalidad que enmarca la acción de

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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política".

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tutela, esta Sala4 ha dispuesto que no se considera absoluto, en

la medida en que es imperioso satisfacer ciertos presupuestos

básicos que le permitan al juez constitucional conocer con claridad

aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho

que se considera vulnerado o amenazado y, de ser posible, el

nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza

o de la vulneración, así como el señalamiento de las razones

jurídicas de índole constitucional que permitan demostrar, en el

caso de la impugnación, que la sentencia proferida en primera

instancia no está ajustada a derecho, lo que implica cumplir con

una carga argumentativa mínima.

En cuanto a la carga argumentativa exigida en la impugnación,

esta Sala mediante sentencia de 28 de febrero de 20195,

estableció algunas subreglas sobre el particular, de la siguiente

manera:

“[…] 40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne
la sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no
habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación, donde
basta que el impugnante lo presente dentro del término legal
correspondiente en los términos del artículo 31 del Decreto
2591, con el fin de que se efectúe el respectivo trámite del
mismo, teniendo el ad quem, el deber constitucional de
resolver el fondo del asunto; i) analizando los argumentos

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación número 11001-03-15-000-2018-
03163-01.
5
Ibidem.

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jurídicos expuestos por el juez constitucional de primera
instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el expediente.

40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra providencias judiciales, la parte que impugne
la sentencia de tutela proferida en primera instancia precisando
que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de apoderado
especial, debe cumplir con una carga argumentativa
mínima6,en donde exponga las razones jurídicas por las cuales
una autoridad judicial, incurrió en los defectos: í) orgánico; ii)
procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo; v) error inducido; vi)
decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y
viii) violación directa de la Constitución, en los términos de la
sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
postura jurisprudencial, que fue acogida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia
de 31 de julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de
especial protección constitucional, a quien no se le
exigirá dicha carga argumentativa, toda vez que el Estado
tiene que adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales, especialmente, el
acceso a la administración de justicia […]” (Destacado fuera
de texto).

6 Frente al tema ha dicho la Sección Quinta del Consejo de Estado:

"[…] Esta Sección ha reiterado en varias ocasiones que el recurrente tiene una carga
argumentativa para delimitar los motivos que sustenten la impugnación del fallo de
tutela, especialmente cuando se trata de providencias judiciales contra Altas Corte, las
cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces constitucionales un estudio
más riguroso y una procedencia excepcional. Es menester recordar que, frente a tutelas
contra providencias judiciales, el juez constitucional no se encuentra facultado para
inmiscuirse de manera oficiosa o mecánica en la órbita de los asuntos dirimidos y
desarrollados por el juez natural, por lo que su estudio se debe centrar en los
argumentos expuestos por el actor en las instancias correspondientes. Realizar un
análisis extensivo sobre puntos adicionales resultaría en un estudio oficioso de la
providencia judicial ya ejecutoriada, convirtiéndose en una nueva instancia, contrariando
la finalidad del amparo constitucional. Es por ello que resulta indispensable una
argumentación mínima que soporte la impugnación. De este modo el ad quem podrá
determinar los supuestos bajo los cuales debe analizarse lo propuesto por el interesado
y así establecer si la decisión adoptada en primera instancia debe revocarse, modificarse
o confirmarse Adicional a lo anterior, resulta indispensable cumplir de forma diligente
con los términos previstos y con los lineamientos establecidos por la ley. Para el caso
particular, la parte actora en su escrito inicial de impugnación, presentado el treinta (30)
de octubre de 2018, no expuso, ni siquiera de forma sucinta, las razones de desacuerdo
respecto del fallo de primera instancia, por lo que resulta claro para la Sala que no
cumplió con la carga mínima argumentativa que le correspondía, y por tal razón, no es
posible entrar a realizar un estudio oficioso de la presente acción de tutela, así como
tampoco de la decisión del a quo que impugnó […]".(Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de diciembre de 2018, C.P
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación número: 11001-03-15-000-2018-
02777-01)

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De lo expuesto en precedencia, se extrae que cuando la solicitud

de amparo está dirigida a controvertir la decisión proferida en una

providencia judicial, la parte impugnante tiene el deber de cumplir

con una carga argumentativa mínima, en la cual señale las

razones por las cuales se incurrió en los defectos dispuestos en la

sentencia C-590 de 2005, dictada por la Corte Constitucional o si

la decisión cuestionada está ajustada a derecho, según sea el

caso, salvo cuando se trate de un sujeto de especial protección

constitucional, caso en el cual no se le exigirá dicha carga

argumentativa.

Ahora, distinto ocurre cuando la acción de tutela se dirige contra

autoridades públicas, pues en este caso no habrá necesidad de

sustentar la impugnación y solo bastará que esta se presente

dentro de los términos previstos para el efecto, caso en el que el

juez de segunda instancia deberá resolver de fondo el asunto, con

el fin de analizar lo expuesto por el a quo y los elementos

probatorios dispuestos en el expediente.

Aclarado lo anterior, la Sala advierte que en el presente caso, el

actor instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de

sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a

la familia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el

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JUZGADO al expedir la Resolución núm. 010 de 11 de agosto de

2023, por medio de la cual se le negó la solicitud de traslado como

Secretario Nominado a ese despacho judicial.

Aseguró que el JUZGADO vulneró sus derechos fundamentales

invocados e incurrió en una falsa motivación al expedir el

mencionado acto administrativo sin tener en cuenta los

precedentes jurisprudenciales que regulan la materia y exigen una

ponderación de las calidades de los aspirantes de manera objetiva.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por

el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 17 de noviembre de

2023, declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir el

requisito de la subsidiariedad, pues consideró que el actor cuenta

con otro medio de control idóneo para la protección de sus

derechos, por lo que la controversia debe ser resuelta por el juez

de lo Contencioso Administrativo.

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia, sin

aducir motivos de inconformidad con la misma, así: “[…] Por

medio del presente me permito impugnar en su totalidad, el fallo

de tutela de la referencia. […]”.

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De lo expuesto hasta este punto, la Sala considera necesario poner

de presente que pese a que en la impugnación la parte actora no

argumentó de forma alguna las desavenencias que se pudieron

presentar contra la sentencia dictada en primera instancia, no se

hace exigible una carga argumentativa mínima al ser una acción

de tutela contra una autoridad pública, razón por la que el

problema jurídico que debe resolver consiste en: i) determinar si

en el presente caso carece del requisito de subsidiariedad, tal

como lo consideró el a quo, o si, por el contrario, la accionada

vulneró los derechos fundamentales invocados.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de la subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por

el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo

86 de la Constitución Política», prevé como causal de

improcedencia que «existan otros recursos o medios de

defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio

irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en

concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en

que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del

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texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que,

existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma

transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata

de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de

los derechos fundamentales no sería examinada por su juez

natural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo

con las competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia

de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

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conocer del fondo del asunto.»7 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Con todo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional8 en

reiteradas oportunidades ha reconocido que cuando se

controviertan actos administrativos referentes al traslado de

servidores judiciales, el juez constitucional de manera excepcional

podrá analizar el asunto de fondo, siempre que tal

pronunciamiento resulta ostensiblemente arbitrario, que fuera

adoptado de forma intempestiva o que se vean afectados

directamente los derechos fundamentales invocados. En efecto, el

Alto Tribunal Constitucional ha discurrido sobre el particular de la

siguiente manera:

“[…] La Corte Constitucional ha sostenido que, en principio,
la acción procedente para controvertir actos relacionados
con el traslado, es la acción ordinaria respectiva, no
obstante, de manera excepcional ha señalado que podrá
hacerlo el juez de tutela cuando el traslado: «[…] (i) sea
ostensiblemente arbitrario, es decir, carezca de
fundamento alguno en su expedición, (ii) fuere adoptado
en forma intempestiva y, (iii) afecte en forma clara, grave
y directa los derechos fundamentales del actor o de su
núcleo familiar […] »9.

Esto último sucede cuando la decisión de la administración
amenace de manera grave la situación del trabajador o de
su núcleo familiar, porque «[…] (i) el traslado tenga como
consecuencia necesaria la afectación de la salud del

7 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.
8
Sentencias T-060 de 13 de febrero de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-302 de 10 de
julio de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
9
Corte Constitucional, sentencia T-109 de 2007.

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servidor público o de alguno de los miembros de su núcleo
familiar, especialmente porque en la localidad de destino
no existan condiciones adecuadas para brindarle el cuidado
médico requerido; (ii) cuando la decisión de trasladar al
trabajador es intempestiva y arbitraria y tiene como
consecuencia necesaria la ruptura del núcleo familiar,
siempre que no suponga simplemente una separación
transitoria u originada en factores distintos al traslado o a
circunstancias superables; (iii) cuando quede demostrado
que el traslado pone en serio peligro la vida o la integridad
personal del servidor púbico o de su familia. En los
anteriores eventos, la Corte ha enfatizado que no toda
implicación de orden familiar y económico del trabajador
causada por el traslado, tiene relevancia constitucional y
amerita la procedencia del amparo transitorio. Las
circunstancias completas deben revestir particular
gravedad, de manera tal que sea necesario el concurso del
juez constitucional para conjurar un perjuicio irremediable
[…]”10

En el presente asunto la Sala advierte que, en efecto, la presente

acción de tutela es improcedente por carecer del requisito de la

subsidiariedad comoquiera que la Resolución núm. 010 de 11 de

agosto de 2023 por medio de la cual fue nombrado en propiedad

en el cargo de Secretario Nominado del JUZGADO al señor

MARIO NAYIB VERGARA ORTEGA y se le negó la solicitud de

traslado al actor, así como la Resolución núm. 011 de 4 de

septiembre de 2023 que confirmó la anterior decisión, son actos

administrativos susceptibles de ser controvertidos a través del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

mecanismo en el cual puede solicitar la adopción de medidas

10
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2005.

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cautelares incluso de urgencia conforme con los artículos 229 y

subsiguientes del CPACA.

Al respecto cabe anotar que, en relación con la improcedencia

de la acción de tutela para controvertir actos

administrativos relativos a traslados de personal, en

sentencia de 7 de julio de 202311, en la que se reiteró la posición

sobre el tema, está Sala señaló:

“[…] 34. Descendiendo al caso de la referencia, se advierte
que la parte actora aduce que las autoridades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales con ocasión de la
expedición del Oficio núm. 110 de 22 de noviembre de 2022,
elaborado por la funcionaria Claudia María Granados
Rodríguez, proferido por Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca, y de la Resolución CJR23-0087 1° de
marzo de 2023, proferida por Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial.
Mediante los actos administrativos citados con antelación, las
accionadas emitieron concepto desfavorable a la solicitud de
traslado elevada por la señora Cardona Vega.

35. En los actos administrativos aquí enjuiciados, se puso de
presente que no era posible emitir concepto favorable de la
solicitud de traslado elevada teniendo en cuenta que el ahora
accionante no allegó la última calificación de servicios del
cargo y despacho del que solicita el traslado, tal como lo exige
el artículo 13 del Acuerdo PCSJA17- 10754 de 2017.

36. Precisado lo anterior, y tal como se explicó en el acápite
VIII.3. de esta providencia, la acción de tutela, por regla
general, resulta improcedente cuando pretenda controvertir
la legalidad de los actos administrativos de contenido
particular, en razón a que los asociados cuentan con un medio
de defensa ordinario como lo es el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, el cual es el

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
junio de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 1001-03-15-000-
2023-01317-01.

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mecanismo idóneo para solicitar la anulación y la suspensión
de los actos de la administración que lesionan el
ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos
fundamentales.

37. Cabe mencionar que en este mismo sentido ya se
ha pronunciado esta Sala de Decisión, tal y como
ocurrió en recientes decisiones de fecha 12 de mayo de
2022, del 21 de octubre de 2022 y del 20 de enero de
2023; en donde se planteó que los actos
administrativos de carácter particular que emiten
concepto desfavorable a la solicitud de traslado son
susceptibles de demandarse y/o cuestionarse ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, vía
medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

38. Significa lo anterior que la aquí accionante cuenta con un
medio de defensa judicial, como lo es el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual
puede discutir la legalidad de los actos administrativos en
cuestión, en el que, además, podrá solicitar medidas
cautelares.

39. Siguiendo esa misma línea argumentativa, debe
resaltarse que la jurisprudencia tanto de esta Corporación
como de la Corte Constitucional han sido enfáticas en
sostener que las medidas cautelares previstas en los artículos
229 y s.s. de la Ley 1437 de 2011 resultan ser un medio de
defensa idóneo y eficaz para obtener la suspensión
provisional de los actos administrativos que se cuestionen
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo
que ya no es de recibo el argumento según el cual los medios
de control no son eficaces ni oportunos para la salvaguarda
de las garantías fundamentales.

40. Adicionalmente, debe resaltarse que en el presente
caso no se observa la vulneración de los derechos
fundamentales del extremo actor, porque el concepto
desfavorable de la solicitud de traslado estuvo
fundamentado en que no se aportó el formato de
calificación. A ello se agrega que dicha exigencia se
encuentra prevista en el artículo 13 del Acuerdo
PCSJA17-10754 de 2017, disposición que se encuentra
vigente y goza de presunción de legalidad, porque no
ha sido declarada nula ni suspendida provisionalmente
por esta jurisdicción.

41. De allí que la decisión de la entidad accionada no
se aprecia arbitraria ni caprichosa y, por tanto, no se

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evidencia por parte del juez constitucional la
afectación de las garantías que se aducen
transgredidas […] “(Destacado fuera de texto).

En la providencia en cita, esta Sala estudió un caso en el que una

servidora alegaba que la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL había exigido requisitos no previstos en la

normatividad para emitir un concepto desfavorable de traslado,

además que tampoco había tenido en cuenta su situación familiar

especial.

En la referida oportunidad, el concepto favorable de traslado fue

denegado porque la actora no acreditó la última calificación de

servicios respecto del cargo del cual solicitaba el traslado,

conforme con el artículo 1312 del Acuerdo PCSJA17- 10754 de

201713, disposición que se encuentra vigente y goza de presunción

de legalidad.

En ese sentido, la Sala itera que “[…] la decisión de la entidad

accionada no se aprecia arbitraria ni caprichosa y, por tanto, no

se evidencia por parte del juez constitucional la afectación de las

garantías que se aducen transgredidas […]”.

12
“[…]ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Evaluación y concepto. Presentada la solicitud, la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, o el Consejo Seccional de la Judicatura, según sea la
competencia, efectuará la evaluación sobre la situación del solicitante, teniendo en cuenta entre
otros criterios la última evaluación de servicios en firme respecto del cargo y despacho desde el
cual solicita el traslado […]”.
13
“Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras
disposiciones en la materia”.

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Ahora bien, con el fin de analizar si en el presente caso se

configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala

se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional14:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación
ha precisado que éste debe reunir las siguientes
características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes
elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en
cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha de
ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material),
pero que sea susceptible de determinación jurídica. (…)
deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y
como respuesta que armonice con las particularidades del
caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un
daño antijurídico irreparable.”15

En el presente asunto la Sala no advierte la existencia de un

perjuicio irremediable, dado que si bien el actor afirma que su

núcleo familiar conformado por su esposa, su hijo menor de edad

• el cual padece de “síndrome nefrótico” que hace indispensable

estar lo más cerca posible de él- y sus padres de la tercera edad,

se encuentra en el Municipio de Sahagún, lo cierto es que no existe

ni siquiera una separación transitoria del señor RIVERO DÍAZ y

14
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

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su núcleo familiar, tal como lo consideró el a quo.

En efecto, revisadas las pruebas obrantes en el expediente, se

observa que el actor en la actualidad se encuentra ocupando en

propiedad el cargo de Secretario del Juzgado Tercero Laboral del

Circuito de Sincelejo, el cual se encuentra a una distancia de 1

hora de recorrido en automóvil al Municipio de Sahagún, lo que

permite presumir que le es posible trasladarse diariamente de un

lugar a otro.

Además, el actor podrá continuar solicitando su traslado, cuando

se presenten vacantes que le convengan y cumpla con los

requisitos previstos para tal efecto.

En consecuencia, comoquiera que la presente acción de tutela es

improcedente por carecer del requisito de la subsidiariedad, sin

que se advierta la existencia de un perjuicio irremediable que la

haga procedente como mecanismo transitorio, la Sala confirmará

el fallo impugnado como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

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administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito

y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de enero

de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los

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integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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