Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2024-00082-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2024-00082-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 23001-23-33-000-2024-00082-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 230012333000202400082-01
Solicitante: Gustavo Alberto Ayala Muñoz
Concejal: Fray Domingo Monterrosa Jaramillo
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por Gustavo Alberto
Ayala Muñoz –en adelante el Solicitante–, contra la sentencia de 29 de mayo de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, en primera instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Gustavo Alberto Ayala Muñoz -en adelante el Solicitante-, en ejercicio del
respectivo medio de control, pidió que se decrete la pérdida de investidura del señor
Fray Domingo Monterrosa Jaramillo, Concejal del Municipio de San Carlos -
Córdoba, para el período 2024 – 20271.
Pretensiones
1
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2. Las pretensiones que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura son las
siguientes:
“[…] PRETENSIONES:
PRIMERO: Declárese la pérdida de investidura del señor Fray Domingo Monterrosa
Jaramillo […] en su condición de Concejal del Municipio de San Carlos – Córdoba
para el periodo constitucional 2020-2023, para la época de los hechos, por hallarse
incurso en la causal de violación al régimen de incompatibilidades o conflicto de
intereses, señalada en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, numeral
1 del artículo 48 de la Ley 617 del 2000 y la Ley 1437 de 2011.
SEGUNDO: En consecuencia, una vez declarada la pérdida de investidura del
Concejal Fray Domingo Monterrosa Jaramillo […] désele cumplimiento a las
consecuencia legales y jurídicas, es decir, los efectos que produce dicha
declaración presentes en el Articulo 37 Numeral 1 de la Ley 617 del 2000, teniendo
en cuenta que el señor Monterrosa Jaramillo ocupa actualmente el cargo de Alcalde
del Municipio de San Carlos – Córdoba 2024-2027. […]”.2
Presupuestos fácticos
3. El Solicitante indicó, en síntesis, los siguientes para fundamentar sus
pretensiones:
3.1. Fray Domingo Monterrosa Jaramillo fue Concejal del Municipio de San
Carlos, Córdoba, período 2020-2023, con fundamento en el Estatuto de la
Oposición3, de manera que ocupó el cargo desde el 1.° de enero de 2020 hasta
el 23 de junio de 2022, fecha en la cual le fue aceptada la renuncia al cargo.
3.2. El Concejal, durante dicho lapso, discutió y aprobó dos proyectos que
culminaron con la expedición del Acuerdo núm. 011 de 10 de diciembre de 2020,
“[…] Por medio del cual se modifica el Estatuto de Rentas del Municipio de San
Carlos […]”, y del Acuerdo núm. 010 de 10 de diciembre de 2021, “[…] Por medio
del cual se adopta el Estatuto Tributario del Municipio de San Carlos […]”.
3.3. Afirmó que en el Acuerdo núm. 010 se otorgaron beneficios tributarios para
los propietarios de establecimientos de comercio que desarrollan las actividades
2
Cfr. Índice 00002 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 3_EXPEDIENTE_DESCARGADO_ONEDRIVE. 01Demanda.pdf
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Ley 1909 de 9 de julio de 2018, “[…] Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos
derechos a las organizaciones políticas independientes […]”.
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previstas en el artículo 53 ibidem, toda vez que dichas actividades fueron exentas
del Impuesto de Industria y Comercio -en adelante ICA-; y para las restantes
actividades, en el artículo 69 ibidem se disminuyeron las tarifas de dicho impuesto.
3.4. Indicó que el Concejal tiene parentescos en primer grado de afinidad y en
segundo de consanguinidad con propietarios de establecimientos de comercio
que fueron beneficiados con la exención del impuesto ICA y con la disminución de
sus tarifas.
3.5. Concretamente, dijo que el señor Pedro Luis Valverde Cruz es pariente del
Concejal en primer grado de afinidad y propietario de dos establecimientos de
comercio4; y que la señora Amanda Dominga Monterrosa Jaramillo lo es en
segundo grado de consanguinidad y también es propietaria de otros dos
establecimientos de comercio5.
3.6. Con fundamento en lo anterior, manifestó que el Concejal debió declararse
impedido para participar de la discusión y votación del Acuerdo núm. 010, por
razón del conflicto de intereses que tenía, pero que no lo hizo; en consecuencia,
dedujo que incurrió en causal de pérdida de la investidura por violación del
régimen del conflicto de interés.
Causal de pérdida de investidura alegada
4. El Solicitante citó la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.°
del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19946, “[…] Por violación del régimen
de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”; así como la
prevista en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20007,
según la cual: “[…] Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros
de juntas administradoras locales perderán su investidura: 1. Por violación del
régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto
4
Billares Madrid, y, Kiosko Andy.
5
Agroinsumos San Carlos SAS, y, Centro Recreacional Cero Estrés.
6
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.
7
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y
se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
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de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o
diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general […]”,
Argumentos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura
5. Señaló que, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 136, “[…] Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera,
o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse
impedido de participar en los debates o votaciones respectivas […]”.
6. Indicó que, en consecuencia, el Concejal estaba obligado a declararse impedido
para participar en los debates y votaciones que dieron lugar a la expedición del
Acuerdo núm. 010, porque lo previsto en el artículo 53 ibidem, sobre actividades
no gravadas con el ICA, beneficiaba indirectamente al establecimiento de
comercio AGROINSUMOS SAN CARLOS S.A.S, cuya propietaria es pariente del
Concejal en segundo grado de consanguinidad; esto, en la medida en que el
objeto social de dicho establecimiento, declarado en Registro Mercantil8, está
dentro de las actividades que fueron excluidas del mencionado impuesto.
7. De igual manera, afirmó que el hecho de que el artículo 69 del Acuerdo 010
hubiera reducido las tarifas del ICA para algunas actividades que estaban
gravadas con una mayor tarifa en el Acuerdo 011, Estatuto Tributario Municipal
anterior, permite concluir que los establecimientos de comercio que son de
propiedad de los parientes del Concejal se “[…] vieron enormemente beneficiados
[…]”.
Contestación de la solicitud de pérdida de investidura
8
Cfr. “[…] a). Producción primaria agrícola, ganadera y avícola. b). Fábrica de productos alimenticios […]”.
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8. El Concejal, a través de apoderado, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, pidió negar las pretensiones de la solicitud, con fundamento en los
siguientes argumentos9:
8.1. No es cierto que hubiera participado activamente en la aprobación de los
Acuerdos 011 y 010; respecto de la primero, aseveró que cumplió su deber jurídico
de declarar el impedimento para votar el acuerdo, según lo prueba el
correspondiente video de la sesión; sobre el segundo, advirtió que también se
declaró impedido.
8.2. Aseguró que el hecho de que estuviera presente en el recinto no era prueba
de que participara de las discusiones y de las votaciones de los mencionados
Acuerdos; insistió en que no participó de las aprobaciones; señaló que no existe
en el Reglamento del Concejo Municipal de San Carlos alguna norma que impida
estar presente en el recinto a quienes han manifestado impedimento.
8.3. Manifestó que el video de la sesión en que se aprobó el Acuerdo 011 demuestra
que no debatió ni votó la aprobación de dicho acto; aseguró que, aun cuando la
grabación de la sesión de aprobación del Acuerdo 010 se averió, lo cierto es que su
conducta fue la misma que adoptó respecto a la aprobación del Acuerdo
8.4. Afirmó que el Solicitante no probó los vínculos de parentesco que se aducen
entre Concejal y los propietarios de los establecimientos de comercio; indicó que
el señor Pedro Luis Valverde Cruz no tiene parentesco alguno con el Concejal, en
la medida en que este divorció de la madre de dicho señor en el mes de noviembre
de 2021.
La audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881
9. La audiencia pública tuvo lugar el 29 de mayo de 202410 con la asistencia y
participación del Solicitante; el apoderado del Concejal; y el Agente del Ministerio
Público.
9
Cfr. Índice 00002 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 3_EXPEDIENTE_DESCARGADO_ONEDRIVE. 11Demanda.pdf
10
Cfr. Índice 00002 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 3_EXPEDIENTE_DESCARGADO_ONEDRIVE.
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La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia
10. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia proferida el 29 de
mayo de 202411, resolvió “[…] Negar las pretensiones de la demanda de Pérdida
Investidura contra el concejal Fray Domingo Monterrosa Jaramillo, periodo 2020-
2023, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”.
Consideraciones del Tribunal
11. Como fundamento de su decisión, consideró, en síntesis, lo siguiente:
11.1. El problema jurídico que se debía resolver estaba orientado a determinar
“[…] si se encuentra configurada la causal de pérdida de investidura del concejal
Fray Domingo Monterrosa Jaramillo, según lo previsto en el numeral primero del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000 que contempla la causal invocada en la
demanda de «violación del régimen de conflicto de intereses». […]”.
11.2. La configuración de la causal de pérdida de la investidura por violación del
régimen del conflicto de interés prevista en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley
617, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, necesita demostrar
los siguientes elementos: “[…] i) la condición de Concejal; ii) la existencia de un
interés directo, particular y actual del Concejal, ya sea de orden moral o
económico, en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del
Concejo; lo cual descarta que la discusión o decisión del asunto le afecte en
igualdad de condiciones a la ciudadanía en general; y iii) que a pesar de ello, el
Concejal participe efectivamente del respectivo trámite, sin haber manifestado su
impedimento para actuar o que hubiere sido recusado para los efectos […]”.
11.3. Si bien el Solicitante manifestó que el Concejal había incurrido en la violación
del régimen del conflicto de interés por haber participado en la discusión y
aprobación del Acuerdo 011, en los argumentos que expuso solo se refirió a dicho
acto para evidenciar que las tarifas del ICA fueron reducidas por el Acuerdo 010;
en consecuencia, circunscribió el objeto del pronunciamiento al estudio de la
11
Cfr. Índice 00002 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 3_EXPEDIENTE_DESCARGADO_ONEDRIVE.25Sentencia
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causal de pérdida de investidura en relación con la participación del Concejal en
el debate y votación del Acuerdo 010.
11.4. Atendiendo las pruebas documentales del expediente, en relación con el
Concejal y sus vínculos de parentesco, encontró probado que:
i) Fray Domingo Monterrosa Jaramillo fue Concejal del Municipio de San
Carlos para el periodo 2020-2023, curul que le fue asignada por derecho
personal12.
ii) Es pariente en segundo grado de consanguinidad de la señora Amanda
Dominga Monterrosa Jaramillo, según se puede inferir de los datos que
sobre la madre constan en el Certificado de Registro Civil Digital del Concejal
y en el Registro Civil de Nacimiento de la señora Monterrosa Jaramillo13.
iii) Estuvo casado con la señora Yadith Antonia Cruz Hoyos desde el 4 de
agosto de 2010 hasta el 25 de noviembre de 2021, cuando cesó el vínculo
civil del matrimonio y se liquidó la sociedad conyugal por Escritura Pública;
inscrita en el Registro por anotación realizada en diciembre de 2021, en el
que no es legible el día14.
iv) La señora Yadith Antonia Cruz Hoyos es pariente en primer grado de
consanguinidad del señor Pedro Luis Valverde Cruz15.
11.5. En cuanto a la propiedad de los establecimientos de comercio, verificó que
el titular de los establecimientos Billares Madrid P y Kiosko Andy, es el señor
Pedro Luis Valverde Cruz16, los cuales se dedican, principalmente, al expendio de
12
Cfr. Índice 00002 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 3_EXPEDIENTE_DESCARGADO_ONEDRIVE.02Pruebas
(Formulario E-26 CON; Acta de Escrutinio de 27 de octubre de 2019, de la Comisión Escrutadora Municipal de San Carlos,
Córdoba)
13
Cfr. Índice 00002 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 3_EXPEDIENTE_DESCARGADO_ONEDRIVE.02Pruebas
(Certificado del Estado Civil Digital de Fray Domingo Monterrosa Jaramillo); y 18Memorial (Registro Civil de Nacimiento de
Amanda Dominga Monterrosa Jaramillo).
14
Cfr. Índice 00002 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 3_EXPEDIENTE_DESCARGADO_ONEDRIVE.11Contestacion
(Escritura Pública núm. 392 de 25 de noviembre de 2021, otorgada en la Notaría Única del Círculo de San Carlos, Córdoba
y Registro Civil de Matrimonio con las inscripciones de la Cesación de los efectos civil del matrimonio y de la Liquidación
de la sociedad conyugal; se leen en la parte correspondiente a Providencias).
15
Cfr. Índice 00002 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 3_EXPEDIENTE_DESCARGADO_ONEDRIVE.02Pruebas
(Registro Civil de Nacimiento de Pedro Luis Valverde Cruz).
16
Cfr. Índice 00002 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 3_EXPEDIENTE_DESCARGADO_ONEDRIVE.02Pruebas
(Certificados de Matrícula Mercantil de Establecimiento de Comercio de la Cámara de Comercio de Montería, expedidos
el 24 de enero de 2024).
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bebidas alcohólicas dentro del establecimiento; y la señora Amanda Dominga
Monterrosa Jaramillo es dueña del establecimiento CERO ES 3, dedicado al
expendio de alimentos preparados para consumo en el lugar; además, es la
representante Legal de la sociedad AGROINSUMOS SAN CARLOS S.A.S, titular
del establecimiento de comercio Agroinsumos San Carlos17.
11.6. Respecto de la aprobación del Acuerdo 010, con el Acta de Sesión núm. 094
de 10 de diciembre de 2021, corroboró que el Proyecto de Acuerdo, por medio del
cual se adopta el Estatuto Tributario para el Municipio de San Carlos, fue aprobado
en segundo debate por unanimidad de los miembros asistentes del Concejo
Municipal, dentro de los que se encontraba el señor Fray Domingo Monterrosa
Jaramillo, sin que se hubiera dejado constancia de que se hubiera manifestado o
tramitado algún impedimento18.
11.7. En atención a los hechos probados, consideró que la discusión y aprobación
del artículo 53 del Acuerdo 010 no le representaba ningún conflicto de interés al
Concejal, puesto que la actividad de producción primaria agrícola, ganadera y
avícola no fue gravada con el ICA por imposición del legislador, y no por la
voluntad política del Cabildo Municipal; explicó que, por el contrario, dicho
mandato de exclusión está previsto en el numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14
de 6 de julio de 198319, mediante el cual se limitó la potestad tributaria de los
departamentos y municipios en los siguientes términos:
[…] No obstante lo dispuesto en el artículo anterior continuarán vigentes: […] 2. Las
prohibiciones que consagra la Ley 26 de 1904; además, subsisten para los
Departamentos y Municipales las siguientes prohibiciones: a. La de imponer
gravámenes de ninguna clase o denominación a la producción primaria, agrícola,
ganadera y avícola, sin que se incluyan en esta prohibición las fábricas de productos
alimenticios o toda industria donde haya un proceso de transformación por
elemental que ésta sea; […] e. La de gravar la primera etapa de transformación
realizada en predios rurales cuando se trate de actividades de producción
agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya una transformación por
elemental que ésta sea; […]”.
17
Cfr. Índice 00002 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 3_EXPEDIENTE_DESCARGADO_ONEDRIVE.02Pruebas
(Certificados de Existencia y Representación legal de la Comercio de la Cámara de Comercio de Montería, expedido el 29
de diciembre de 2023).
18
Cfr. Índice 00002 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 3_EXPEDIENTE_DESCARGADO_ONEDRIVE.02Pruebas (Acta
núm. 094 de la sesión del Concejo Municipal de 10 de diciembre de 2021).
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“[…] Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones […]”.
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11.8. Concluyó que la orden de no gravar las mencionadas actividades es de
obligatorio cumplimiento para los concejos municipales y cobija o beneficia a todo
aquel que desarrolle tales actividades; bajo estas razones, consideró que el hecho
de que la sociedad que representa legalmente la pariente del Concejal pudiera
eventualmente beneficiarse de la desgravación, no da lugar al conflicto de interés
que deduce el Solicitante.
11.9. De igual manera, consideró que no existía un conflicto de interés del
Concejal para discutir y votar el artículo 69 del Acuerdo 010, al que el Solicitante
le argumenta la disminución de las tarifas del ICA en comparación con las que
preveía el Acuerdo 011, “[…] por la potísima razón de que no es cierto que se
hubieran disminuido las tarifas del ICA consolidado, con el acuerdo de 2021. […]”.
11.10. Al respecto, indicó que del cotejo de los Acuerdos 010 y 011 se evidencia
lo siguiente:
i) El Acuerdo 011 adicionó un capítulo nuevo al Estatuto Tributario Municipal,
mediante el cual se introdujo el régimen de tributación simple y su
correspondiente impuesto unificado, en cumplimiento de lo previsto en la
Ley 2010 de 27 de diciembre de 201920, reglamentada por el Decreto 1091
de 3 de agosto de 202021.
ii) Según las normas señaladas, el Impuesto unificado sustituyó el Impuesto
sobre la Renta, integrando en uno único el Impuesto Nacional al Consumo,
el Impuesto de Industria y Comercio Consolidado, y los aportes del
empleador a pensiones.
iii) Este modelo de tributación es opcional y de determinación integral, de
declaración anual y anticipo bimestral.
20
“[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN NORMAS PARA LA PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO,
EL EMPLEO, LA INVERSIÓN, EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA PROGRESIVIDAD,
EQUIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA TRIBUTARIO, DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS QUE SOBRE LA MATERIA
IMPULSARON LA LEY 1943 DE 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES […]”.
21
“[…] por el cual se modifica el Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, se sustituye el
capítulo 6 del título 4 de la parte 3 del libro 2 del Decreto número 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda
y Crédito Público y se reglamentan los artículos 555-2 y 903 al 916 del Estatuto Tributario […]”.
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iv) El ICA consolidado, como lo dispuso la misma ley, está integrado por el
Impuesto de Industria y Comercio, el Impuesto Complementario de Avisos
y Tableros y la Sobretasa bomberil que se encuentran autorizadas a los
municipios.
v) El legislador dotó al Impuesto Unificado de Renta, de sus elementos
esenciales: hecho generador, base gravable, tarifa y sujetos pasivos.
vi) Dado que dentro el Impuesto Unificado incorpora tributos nacionales y
territoriales, como lo son el ICA y los complementarios, cuyo sujeto activo
no es la Nación sino los municipios y distritos, “[…] el legislador les atribuyó
a los Concejos Municipales la carga de integrar en una sola tarifa los
referidos impuestos, para no despojarlos de su autonomía fiscal y a cambio
conceder una eficiencia en el recaudo que reportara un beneficio en la
obtención eficiente de sus rentas endógenas […]”.
11.11. De acuerdo con lo anterior, consideró que con la expedición del Acuerdo
010 no se redujeron las tarifas del ICA respecto del Acuerdo 011, pues este último
no se ocupó de regular las tarifas del ICA, sino de crear la tarifa correspondiente
al Impuesto de Industria y Comercio Consolidado, a efecto de que el Municipio de
San Carlos diera aplicación al Régimen Simple de Tributación y al recaudo del
Impuesto Unificado de Renta previsto por la ley.
11.12. No obstante, consideró que, en todo caso, como la finalidad del Acuerdo
010 fue adoptar el Estatuto Tributario del Municipio de San Carlos, potestad que
habilita al Concejo para fijar las tarifas diferenciales del ICA dentro de los límites
previstos en el artículo 33 de la Ley 14 de 1988, la afectación, positiva o negativa,
que dicha norma tributaria le pudiera traer a la pariente en segundo grado de
consanguinidad del Concejal, ocurre en las mismas condiciones para todos los
contribuyentes que realicen las actividades gravadas, dada la naturaleza abstracta
de la imposición tributaria analizada.
11.13. Concluyó indicando que en el asunto bajo examen, “[…] no se configuró el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura invocada por la parte
actora, en la medida en que el concejal Fray Domingo Monterrosa no se
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encontraba inmerso en un conflicto de intereses al aprobar el Acuerdo 010 de
2021, con lo cual, resulta innecesario continuar con la verificación de los
supuestos objetivos de la causal y, en mayor medida, el análisis subjetivo de la
conducta del concejal, de modo que se impone negar las pretensiones de la
demanda […]”.
Recurso de apelación presentado por el Solicitante
12. El señor Gustavo Alberto Ayala Muñoz interpuso recurso de apelación en el
que solicitó revocar la sentencia proferida el 29 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, fundamentalmente, expuso los siguientes
argumentos22:
13. Señaló que no comparte el argumento del Tribunal Administrativo de Córdoba,
en el sentido de señalar que existen dos impuestos de industria y comercio; ni la
conclusión a la que llegó, referida a que la Solicitud confunde el régimen de
tributación simple con el ICA previsto en el artículo 69 del Acuerdo 010.
14. Dijo que la causal de pérdida de la investidura no se enerva por el hecho de
que el Concejal hubiera manifestado el impedimento para participar de la votación
del Acuerdo 011, pues aun cuando el Concejo Municipal no se lo hubiera resuelto,
el Concejal tenía que separarse de esa actuación, porque sus parientes se
beneficiaban de lo que allí se disponía.
15. Afirmó que el artículo 53 del Acuerdo 010 si introduce una exclusión tributaria
que beneficia exclusivamente a la señora Amanda Dominga Monterrosa Jaramillo,
“[…] hermana del Concejal […]”, porque se probó que el establecimiento de su
propiedad, Agroinsumos San Carlos S.A.S, es el único en la jurisdicción del
municipio que cuenta con la actividad de los numerales 3 y 4 del artículo 53,
excluida del ICA; en consecuencia, argumentó que esa exclusión no beneficia a
todos por igual, y, por tanto, el Concejal tenía un conflicto de interés, porque su
pariente se beneficiaba.
22
Cfr. Índice 00002 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 3_EXPEDIENTE_DESCARGADO_ONEDRIVE.28Recurso
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16. Aseveró que no se puede tomar el artículo 69 del Acuerdo 010 de manera
aislada, sino que debe hacerse una interpretación integral y sistemática de los
artículos 53 ibidem (actividades no sujetas al ICA) y 69 ibidem (tarifas del ICA).
17. Aseguró que está configurado el elemento objetivo de la causal pues, a su
juicio, se probaron todos los hechos alegados y con ellos se configuró el conflicto
de interés del Concejal, porque aprobó el Acuerdo 010 que benefició directamente
a su pariente con la exclusión de su actividad económica del ICA; con lo cual, es
claro que conocía que su parientes se beneficiarían de esas normas; sin embargo
optó por no separarse de la actuación y votar el proyecto para su aprobación, y
en esa medida también se configura su responsabilidad subjetiva.
Admisión y traslado del recurso de apelación
18. El Magistrado Ponente admitió el recurso por auto de 22 de mayo de 202423,
negó el decreto y práctica de las pruebas solicitadas en segunda instancia, por no
subsumirse en las hipótesis previstas en el artículo 212 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 201124; y ordenó correr el traslado de ley; surtido este, el Agente del
Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
19. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el marco
normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de investidura
por violación al conflicto de intereses; vi) el análisis del caso concreto; y viii) las
conclusiones.
Competencia de la Sala
20. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
23
Cfr. Índice 00004 de Samai, expediente principal.
24
“[…] por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
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juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial su artículo 22, sobre la
aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de
concejales y diputados; iii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201925;
y iv) el artículo 150 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia: la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto.
21. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de
que trata este asunto sin que se observe vicios que puedan invalidar lo actuado,
se procede a decidir el caso sub lite.
22. Vistos los artículos 328 y 320 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201226, la Sala
procederá a pronunciarse únicamente en relación con los argumentos o reparos
formulados por el apelante.
Problema jurídico
23. Corresponde a la Sala determinar si el Concejal incurrió o no en la causal de
pérdida de investidura prevista en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, por
violación del régimen del conflicto de intereses, por haber participado en la
aprobación del Acuerdo 010 de 2021 del Concejo Municipal de San Carlos,
Córdoba y, en ese orden, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de 29 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, en
primera instancia.
La calificación habilitante
24. Visto el literal “b” del artículo 5 de la Ley 188127, la Sala encuentra probado
que Fray Domingo Monterrosa Jaramillo fue Concejal del Municipio de San Carlos,
Córdoba, según consta en el formulario E-26 de 29 de octubre de 2023 expedido
por la Comisión Escrutadora Municipal28, por medio del cual se le asignó la curul
25
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
26
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
27
“[…] Cuando la solicitud [de pérdida de investidura] sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta
deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la
Organización Electoral Nacional […]”.
28
Cfr. Índice 00002 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 5_EXPEDIENTE_DESCARGADO_ONEDRIVE.
Nro.Actuación2.Documento02PoderYPruebas.pdf.
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que por derecho personal le correspondía según lo previsto en el artículo 2529 de
la Ley 1909.
25. En ese orden de ideas, la investidura del Concejal se tiene por cierta en la
medida en que el documento anteriormente indicado constituye prueba de dicha
calidad, lo cual lo hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de
investidura.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
Marco normativo
26. Vistos los artículos 184 de la Constitución Política; 14330 de la Ley 1437 y las
leyes 136, y 617, 1881 y 2003, en especial, el artículo 1.° de la Ley 1881.
27. Vistos el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, en armonía con los
numerales 1.° del artículo 48 de la Ley 617, los concejales perderán su investidura,
por violación del régimen del conflicto de interés.
Desarrollos jurisprudenciales
28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a
29
“ […] ARTÍCULO 25. Curules en las corporaciones públicas de elección popular de las entidades territoriales. Los
candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las
Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de estas
corporaciones. Con la organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 7
de esta ley y harán parte de la misma organización política. // Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de
Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal y previo a la de las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y
Municipales respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en votación, deberán manifestar por escrito
ante la comisión escrutadora competente, su decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas Departamentales y
Concejos Distritales y Municipales. // Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales,
la autoridad electoral les expedirá, previa aceptación, las credenciales como diputados y concejales distritales y municipales
a los que ocuparon los segundos puestos en la votación para los mismos cargos y aplicará la regla general prevista en el
artículo 263 de la Constitución para la distribución de las curules restantes de Asambleas Departamentales y Concejos
Distritales y Municipales. // Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la
Constitución política para la distribución de todas las curules de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y
Municipales por población. […]”
30
Ley 1437. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de
cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar la pérdida de investidura de
congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta administradora local,
así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles.
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un proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio31 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la
protección y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el
ejercicio del cargo que confiere el voto popular.
29. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del
cargo público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos
sobre sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen
servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que
comportan la defraudación del principio de representación.
30. La Sala Plena32 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de
la pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i)
constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción
de carácter jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que
los miembros de las corporaciones públicas de elección popular deben observar
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una
sanción de carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es
atribuida exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la
sanción más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en
una corporación pública de elección popular porque implica la separación
inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa
corporación y, por expresa disposición de la propia Constitución Política, la
inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de
pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos fundamentales
previstos en la Constitución como el de ser elegido.
31. En esa misma orientación, la Corte Constitucional33 consideró que la pérdida
de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
31
Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15000- 2014-
03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017, Expediente:
110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
33
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado,
expedientes T-3.331.156 y T-4.524.335.
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Núm. Único de radicación: 230012333000202400082-01
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
32. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201021. En ese
orden, las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice
el juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura,
lo cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.
33. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en
particular, en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro
homine, in dubio pro reo, y de legalidad.
34. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en
el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna
manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con
la jurisprudencia de las altas cortes34, una vez verificada la configuración del
elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo35.
35. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
34
Ibidem.
35
En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y
analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción
u omisión […]”.
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Núm. Único de radicación: 230012333000202400082-01
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución […]”36.
36. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que
el juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento
en ello, determinar si la conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma
que establece como consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se
configura o no el elemento subjetivo37.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses
37. Visto el numeral 2. º del artículo 55 de la Ley 136, “[…] [l]os concejales
perderán su investidura por: […] 2. Por violación del régimen de […] conflicto de
intereses. […]”.
38. Visto el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, “[…] [l]os concejales
municipales […] perderán su investidura por: 1. Por violación del régimen de
incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en
igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. […]”.
39. Visto el artículo 70 de la Ley 136, sobre el conflicto de interés, que señala “[…]
cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte
de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a
alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o, de hecho, deberá
declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. […]”.
36
Normativa aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de conformidad con el artículo
22 de la Ley 1881, según el cual “[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible,
a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.
37
La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso sancionatorio
debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia
que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar
la culpa.
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18
Núm. Único de radicación: 230012333000202400082-01
40. La Sala Plena ha definido el conflicto de intereses32 “[…] como aquella
conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la
que, movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin
declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus
funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de
la función pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses
propios de la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse
impedido, pues es la manera honesta de reconocer la existencia de esa
motivación y el deseo de cumplir con las funciones del cargo de manera
transparente e imparcial […]”.
41. Esta Sección38 tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y señaló que esta
“[…] solo se configura con un interés directo, particular y concreto, […] en el asunto
objeto de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en razón de sus funciones
[…]”; y agregó que “[…] la Sala Plena39 ha sido enfática en sostener que si el
interés se confunde con el que asiste a todas las personas o a la comunidad en
general, en igualdad de condiciones, no existe conflicto, pues en tal caso estaría
actuando en interés de la colectividad y no en el suyo propio […]”.
42. De conformidad con lo anterior, el conflicto de interés se configura cuando el
miembro de la corporación pública de elección popular, en ejercicio de sus
funciones constitucionales, legales y reglamentarias, participa en la discusión o
votación de un asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.
43. Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal que la participación
tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión o en la etapa de votación
en la medida en que la sola participación en cualquiera de esas etapas estructura
el conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de pérdida de investidura.
44. En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 14 de marzo de 2007,
C.P. Camilo Arciniegas Andrade, identificada con núm. único de radicación 68001-23-15000-2006-00003-01.
39
Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y Concepto de 27 de
mayo de 1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.
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19
Núm. Único de radicación: 230012333000202400082-01
los siguientes supuestos: i) la calidad de concejal; ii) la existencia de un interés
directo, particular y actual en cabeza del concejal o de su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, en un asunto
que el concejal conozca en razón de sus funciones constitucionales y legales; y
iii) que el concejal participe en el debate o votación del asunto, sin manifestar
impedimento frente al asunto que configura el interés.
Acuerdo 011 de 10 de diciembre de 2020, mediante el cual se modifica el
Estatuto de Rentas del Municipio de San Carlos
45. El Concejo Municipal de San Carlos expidió el citado Acuerdo con base en los
artículos 287 numeral 4.°, 313 y 338 de la Constitución Política, así como en las
leyes 14 y 2010, y en el Decreto 1091, con la finalidad de adicionar el Capítulo IV,
referido al Régimen Simple de Tributación, al Título XIII del Acuerdo 019 de 2013,
por medio del cual se actualiza el Estatuto de Rentas del Municipio de San Carlos.
46. De conformidad con lo considerado por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado40, las mencionadas normas constitucionales facultan a los municipios el
ejercicio de la potestad tributaria como manifestación de la autonomía que tienen
para el manejo de sus asuntos y la administración de sus recursos, cuyo ejercicio
se encuentra limitado en los términos de la Constitución y la ley.
47. A su turno, la Ley 2010 que sirvió de fundamento a la expedición del Acuerdo
011, en su artículo 903 creó el Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de
Tributación41, estableciéndolo como un modelo de tributación opcional, de
determinación integral, declaración anual y anticipo bimestral, que sustituye el
40
Ver entre otras, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 23 de mayo
de 2013. MP. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente 08001-23-31-000-2002-01264-01(19371); Sentencia de 25
de marzo de 2010. MP. Martha Teresa Briceño de Valencia (E), expediente 16428; Sentencia de 11 de marzo de 2010,
Expediente 17239, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; Sentencia del 7 de abril de 2011. MP. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, expediente 16949; Sentencias de 9 de agosto de 2002. MP. Juan Ángel Palacio Hincapié, expediente 12739;
Sentencia del 25 de septiembre de 2006. MP. Héctor J. Romero Díaz, expediente 14170.
41
“[…] Créese a partir del 1° de enero de 2020 el impuesto unificado que se pagará bajo el Régimen Simple de Tributación
• Simple, con el fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad y, en general, simplificar y facilitar
el cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes que voluntariamente se acojan al régimen previsto en el
presente Libro. // El impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación - Simple es un modelo de tributación opcional
de determinación integral, de declaración anual y anticipo bimestral, que sustituye el impuesto sobre la renta, e integra el
impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado, a cargo de los contribuyentes que opten
voluntariamente por acogerse al mismo. El impuesto de industria y comercio consolidado comprende el impuesto
complementario de avisos y tableros y las sobretasas bomberil que se encuentran autorizadas a los municipios. // Este
sistema también integra los aportes del empleador a pensiones, mediante el mecanismo del crédito tributario. […]”.
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20
Núm. Único de radicación: 230012333000202400082-01
impuesto sobre la renta, e integra el impuesto nacional al consumo y el impuesto
de industria y comercio consolidado, a cargo de los contribuyentes que opten
voluntariamente por acogerse al mismo; sobre el impuesto de industria y comercio
consolidado, el artículo 903 lo previó comprehensivo del impuesto complementario
de avisos y tableros y las sobretasas bomberiles que se encuentran autorizadas
a los municipios.
48. Por su parte, el artículo 904 siguiente previó que, el hecho generador del
Impuesto Unificado del Régimen Simple de Tributación es la obtención de
ingresos susceptibles de producir un incremento en el patrimonio, la base gravable
está integrada por la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios,
percibidos en el respectivo periodo gravable; y para el caso del impuesto de
industria y comercio consolidado, mantuvo la autonomía de los entes territoriales
para la definición de los elementos del hecho generador, base gravable, tarifa y
sujetos pasivos, de conformidad con las leyes vigentes.
49. De igual manera, el parágrafo transitorio del artículo 907 ibidem previó que,
“[…] Antes del 31 de diciembre de 2020, los concejos municipales y distritales
deberán proferir acuerdos con el propósito de establecer las tarifas únicas del
impuesto de industria y comercio consolidado, aplicables bajo el régimen simple
de tributación – SIMPLE […]”; y, “[…] Los acuerdos que profieran los concejos
municipales y distritales deben establecer una única tarifa consolidada para cada
grupo de actividades descritas en los numerales del artículo 908[42] de este
Estatuto, que integren el impuesto de industria y comercio, complementarios y
sobretasas, de conformidad con las leyes vigentes, respetando la autonomía de
los entes territoriales y dentro de los límites dispuestos en las leyes vigentes [..]”.
50. A su vez, el Decreto 1091, reglamentario de la Ley 2010, entre otros aspectos
necesarios para la implementación y ejecución del Régimen Simple de Tributación
y el recaudo del Impuesto Unificado, desarrolló las condiciones que deben cumplir
42
Las actividades que se señalan en dicha norma son las siguientes: 1. Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados
y peluquerías; 2. Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el
factor material sobre el intelectual, los electricistas, los albañiles, los servicios de construcción y los talleres mecánicos de
vehículos y electrodomésticos; actividades industriales, incluidas las de agro-industria, mini-industria y micro-industria;
actividades de telecomunicaciones y las demás actividades no incluidas en los siguientes numerales; 3. Servicios
profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios
de profesiones liberales; 4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte:
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Núm. Único de radicación: 230012333000202400082-01
los contribuyentes para optar por dicho régimen, y los requisitos exigidos para tal
efecto; especialmente, el parágrafo 1.° del numeral 3.° del artículo 2.1.1.20 previó
que, en el evento en el que un distrito o municipio no adopte o no le informe a la
DIAN la tarifa del impuesto de industria y comercio consolidada, el contribuyente
informará en su correspondiente declaración la que corresponda al impuesto de
industria y comercio del respectivo distrito o municipio.
51. En suma, mediante la Ley 2010 el legislador, concretamente en el artículo 74,
sustituyó el Libro Octavo del Estatuto Tributario, y en tal sentido, creó un nuevo
impuesto del orden nacional denominado Impuesto Unificado, que sustituye el
Impuesto sobre la Renta, e integra el Impuesto Nacional al consumo, el Impuesto
de Industria y Comercio Consolidado, y los aportes del empleador a pensiones,
con la finalidad de “[..] reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la
formalidad y, en general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación
tributaria de los contribuyentes que voluntariamente se acojan al régimen previsto
en el presente Libro [..]”; en otras palabras, la ley creó un nuevo modelo de
tributación, aditivo al existente, el cual es de carácter opcional, de determinación
integral, declaración anual y anticipo bimestral.
52. Bajo este marco legal y en ejercicio de la autonomía que le confiere la
Constitución a las municipios, el Concejo Municipal de San Carlos expidió el
Acuerdo 011; mediante el cual dio cumplimiento a lo previsto en la Ley 2010, a
efecto de introducir las modificaciones necesarias para adecuarlo al nuevo
Régimen Simple de Tributación (artículo 580 del Estatuto Tributario adicionado
por el Acuerdo 011), y, por ende, adoptó el ICA Consolidado y fijó las tarifas
correspondientes, atendiendo a lo previsto en la ley, esto es, comprendiendo el
Impuesto de Industria y Comercio, su complementario de Avisos y Tableros y la
Sobretasa Bomberil (artículo 579 del Estatuto Tributario adicionado por el Acuerdo
011).
53. Para tal efecto, el Concejo Municipal siguió lo instruido por el legislador en el
sentido de agrupar las actividades gravadas: industriales, comerciales y de
servicios, y le fijó una tarifa única tarifa a cada una de ellas que correspondió a
7x1000, 10x1000 y 10x1000, respectivamente (artículo 588 del Estatuto Tributario
adicionado por el Acuerdo 011).
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22
Núm. Único de radicación: 230012333000202400082-01
54. Asimismo, que: i) dichas tarifas serían aplicables a los contribuyentes que
cumplieran las condiciones y requisitos se acogieran o fueran incluidos de oficio
por la DIAN al Régimen Simple; quedando así dispensados de declarar y pagar
por separado, ante la Secretaria Municipal de Hacienda, el ICA, el Impuesto
Complementarios de Avisos y Tableros y la Sobretasa Bomberil, porque quedaron
comprendidos en el recaudo que la DIAN efectúa del impuesto unificado según lo
previsto en la Ley 2010; ii) las tarifas del impuesto ICA Consolidado fijadas en el
Acuerdo 011 se mantuvieron intactas en el artículo 115 del Acuerdo 010, sin
aumento o disminución; de igual manera, esa norma no modificó las actividades
gravadas, o las agrupaciones; en consecuencia, es claro que el Acuerdo 010 no
redujo las tarifas del ICA Consolidado respecto de lo previsto para ellas en el
Acuerdo 011; y iii) estas tarifas fueron establecidas para el ICA Consolidado, como
elemento integrante del nuevo Impuesto Unificado de Renta, de manera que no
pueden entenderse o interpretarse en forma aislada o separada de este.
Acuerdo 010 de 10 de diciembre de 2021, por medio del cual se adopta el
Estatuto Tributario del Municipio de San Carlos
55. El Concejo Municipal de San Carlos expidió el mencionado Acuerdo con
fundamento en el artículo 313 de la Constitución Política, así como en la Leyes 14
y 2010, entre otras; según su artículo 1.°, fue expedido con el objeto establecer y
adoptar los impuestos, tasas, contribuciones y demás cargas impositivas vigentes
en esa jurisdicción territorial, además de las normas para su administración,
recaudo, fiscalización, determinación, discusión, control, devolución y cobro, al
igual que la regulación del régimen sancionatorio; y contiene las normas que
regulan las competencias, términos, condiciones y demás aspectos aplicables a
la administración de los tributos en el Municipio de San Carlos.
56. En lo que interesa al caso sub examine, el ICA fue creado por el legislador en
el artículo 3243 de la Ley 14; dicha ley en el artículo 38 ibidem previó, “[…] Los
municipios sólo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo
limitado, que en ningún caso excederá de diez años, todo de conformidad con los
43
“[…] El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades
comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o
indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente
u ocasional, en inmuebles determinados, como establecimientos de comercio o sin ellos […]”.
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planes de desarrollo municipal […]”, y según el numeral 2.° del artículo 3944
siguiente, sin perjuicio de las facultades de los municipios de conceder
exenciones, según lo previsto en el artículo 38 ibidem, continúan vigentes las
prohibiciones contenidas en la Ley 26 de 1904, y además subsisten para los
Departamentos y Municipios, entre otras, las previstas en dicho artículo en los
literal a) y e), así:
“[…] a. La de imponer gravámenes de ninguna clase o denominación a la
producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en esta
prohibición las fábricas de productos alimenticios o toda industria donde haya un
proceso de transformación por elemental que ésta sea.
[…]
e. La de gravar la primera etapa de transformación realizada en predios rurales
cuando se trate de actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda
industria donde haya una transformación por elemental que ésta sea […]”.
57. En consonancia con lo anterior, el artículo 53 del Acuerdo 010 previó las
actividades no sujetas, o no gravadas, con el ICA; entre ellas, conforme a lo
previsto en su numeral 2.°, se encuentra “[…] La producción primaria agrícola,
ganadera y avícola, sin que se incluyan en esta prohibición las fábricas de
productos alimenticios o toda industria donde haya un proceso de transformación
por elemental que este sea […]”; y de acuerdo con el numeral 4.°, “[…] La primera
etapa de transformación realizada en predios rurales cuando se trate de
actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde
haya una transformación por elemental que ésta sea […]”.
58. Por su parte, el artículo 69 fijó las tarifas del ICA, manteniendo la misma
clasificación de actividades: industriales, comerciales, y de servicios que preveían
el Estatuto Tributario Municipal anterior (Acuerdo 019 adicionado por el Acuerdo
011), y a todas las actividades industriales les confirió una tarifa de 6x1000; las
44
“[…] No obstante lo dispuesto en el artículo anterior continuarán vigentes: […] 2. Las prohibiciones que consagra la Ley
26 de 1904; además, subsisten para los Departamentos y Municipales las siguientes prohibiciones: […] a) La de imponer
gravámenes de ninguna clase o denominación a la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan
en esta prohibición las fábricas de productos alimenticios o toda la industria donde haya un proceso de transformación por
elemental que ésta sea; […] e) La de gravar la primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando se
trate de actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya una transformación por
elemental que ésta sea […].
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comerciales se fijaron entre el 6x1000 y el 9.5x1000 (algunas se fijaron en 8 x
1000, especialmente, las de comercio al por mayor de bebidas y tabaco y de
materiales para la construcción); y las de servicios se fijaron entre el 5 y 9.5x1000,
según las actividades específicas (para el caso del expendio a la mesa de comidas
preparadas se fijó en el 7x1000, mientras que el expendio de bebidas alcohólicas
para el consumo dentro del establecimiento, la tarifa es del 9.5x1000).
59. En las tarifas del ICA que preveía el artículo 104 del del Acuerdo 019 las
actividades industriales estaban gravadas a una tarifa del 6x1000, salvo de la de
transformación de materias primas, gravada con el 7x1000; las actividades
comerciales con una tarifa del 7x1000, excepto la venta de combustibles en
estaciones de servicio, la venta de gas propano y derivados del petróleo, gravadas
al 9x1000, y la venta al por mayor de productos con precios regulados y
declarados independientemente (cemento, gaseosas, licores, cerveza, etc.),
gravadas a una tarifa del 8x1000; las actividades de servicios estaban gravadas
con una tarifa de 5x1000 a 9.5x1000, particularmente, con esta última tarifa se
gravaba los de restaurante, salsamentarias, reposterías, salones de té,
charcuterías, cafeterías (sin venta de licor) y los servicios de diversión y
esparcimiento con venta de licor; con el 1.0x1000 los servicios de restaurante con
venta de bebidas alcohólicas, tabernas, estaderos, cantinas, heladerías y tiendas
mixtas, griles, bares y discotecas; y los servicios financieros tenían la tarifa,
4x1000.
Análisis del caso concreto
60. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales
expuestos en la parte considerativa de esta sentencia: la Sala procede a apreciar
y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda para, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
La improcedencia del estudio de argumentos que no fueron planteados por
el apelante en la oportunidad procesal correspondiente
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Núm. Único de radicación: 230012333000202400082-01
61. La Sala deberá determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no el
estudio del argumento planteado por el Solicitante en el recurso de apelación para
sustentar la causal de pérdida de investidura por violación al régimen del conflicto
de intereses, según el cual, Agroinsumos San Carlos S.A.S, de propiedad de la
pariente en segundo grado de consanguinidad del Concejal, es el único
establecimiento en la jurisdicción del Municipio dedicado a las actividades
agropecuarias que no fueron gravadas con el ICA, según el artículo 52 del
Acuerdo 010.
62. De conformidad con el artículo 281 de la Ley 1564, sobre congruencia, “[…]
[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley […]”; asimismo, la norma establece que “[…] [n]o podrá condenarse
al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta […]”.
63. Esta Sección en diversas oportunidades45 ha puesto de presente que “[…] el
juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para
pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que
no fueron objeto de impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede
abordar materias o cuestiones que se plantean en la apelación, pero que no
hacen parte del concepto de violación del libelo, ni que la sentencia de
primera instancia estudió […]”, porque ello constituiría vulneración del principio
de congruencia y, en consecuencia, de los derechos del debido proceso,
contradicción y de defensa de la parte que resulte afectada (Destacado de la
Sala).
64. Lo anterior cobra relevancia en esta clase de procesos, en la medida en que,
por tratarse de un trámite sancionatorio, es imperiosa la necesidad de velar por la
protección de los derechos fundamentales del sujeto pasivo de la solicitud de
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo: Sentencia de 7 de mayo de 2015, Expediente: 2005-00270 y
Sentencia de 8 de junio de 2016, Expediente 2006-00234, C.P. Dra. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO 23 Núm. Único de
radicación: 680012333000202400242-01.
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pérdida de investidura46 y es que, como lo explicó esta Sección en sentencia de
13 de octubre de 201647 , “[…] la institución de la pérdida de investidura tiene un
evidente carácter sancionatorio y entraña sanciones de mucha gravedad. De una
parte, se le priva al demandado de la calidad que tenía y es separado de las
funciones que ejercía y, de otra parte, acarrea una inhabilidad permanente
consistente en que el afectado no puede volver a ejercer cargos de elección
popular […]”.
65. En el caso sub examine, se observa que el señor Gustavo Alberto Ayala
Muñoz presentó solicitud, en ejercicio del medio de control de pérdida de
investidura contra el Concejal, argumentando que incurrió en la causal prevista en
el numeral 2.° del artículo 55 y en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, en
cuanto establece que los concejales perderán su investidura por violación del
régimen del conflicto de interés, toda vez que votó la aprobación del Acuerdo 010,
cuyos artículos 53 y 69, al compararlos con el Acuerdo 011, otorgaron beneficios
tributarios referidos al ICA, especialmente, a sus parientes en segundo grado de
consanguinidad y afinidad, propietarios de establecimientos que funcionan en el
Municipio de San Carlos, dedicados a las actividades que resultaron no gravadas
conforme con los numerales 3 y 4 del artículo 53 ibidem, así como a las
actividades que se benefician por la reducción de las tarifas, según lo previsto en
el artículo 69 ibidem.
66. Ahora, la Sala observa que el argumento planteado por el Solicitante en el
recurso de apelación, indicado en el numeral 61 supra, se aduce por primera vez
en el proceso; es decir, en sede del recurso de apelación; en consecuencia, se
trata de un planteamiento que, como se dijo, debió ser expuesto en la Solicitud de
pérdida de investidura con el objeto de garantizar el derecho del debido proceso,
de contradicción y de defensa del Concejal.
46
Corte Constitucional, sentencia C-237 de 2012.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 13 de octubre de 2016;
proceso identificado con el número único de radicación 810012339000201600014-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato
Valdés
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Sobre la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de la
investidura
67. La Sala procede, en el caso sub examine y atendiendo a los cargos de la
apelación, al estudio de los supuestos necesarios para la configuración de la
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la
Ley 136, y en numeral 1.º del artículo 48 de la Ley 617, por violación del régimen
del conflicto de interés, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136.
Que ostente la calidad de Concejal
68. La Sala encuentra probado que el señor Fray Domingo Monterrosa Jaramillo
fue Concejal del Municipio de San Carlos, Córdoba, periodo 2020-2023, según se
explicó en el acápite “[…] La calificación habilitante […]” de esta providencia. En
consecuencia, el primer supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura se encuentra probado.
Que exista un interés directo, particular y actual del concejal o alguna de las
personas señaladas en la ley, de orden moral o económico, en la
deliberación o decisión de un tema específico a cargo de la respectiva
corporación pública
69. El apelante señala haberse acreditado un interés directo, particular y actual
del Concejal en la aprobación de los artículos 53 y 69 del Acuerdo 010, derivado
del parentesco en segundo grado de consanguinidad con la dueña de los
establecimientos que se benefician, probado en el proceso.
70. En el proceso está probado que la señora Amanda Dominga Monterrosa
Jaramillo es pariente en segundo grado de consanguinidad (hermana) del
Concejal, porque el Registro Civil de Nacimiento de la primera y el Certificado del
Estado Civil del segundo, les acreditan un progenitor en común (el señor Arcelio
José) y dos apellidos comunes (Monterrosa Jaramillo), lo cual permite inferir
razonablemente la existencia de dicho vínculo, sumado al hecho de que los
mencionados documentos no fueron desconocidos o tachados por el Concejal.
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71. Contrario sensu, no se acreditó el parentesco en primer grado de afinidad del
Concejal con el señor Pedro Luis Valverde Cruz, pues se probó que el matrimonio
del Concejal con la madre del señor Valverde Cruz, cesó en sus efectos y quedó
liquidada la correspondiente sociedad conyugal mediante Escritura Pública
otorgada e inscrita el 25 de noviembre de 2021 en la Notaría Única del Círculo de
San Carlos, y registrada en la correspondiente Oficina de Instrumentos Públicos
en el mes de diciembre (sin fecha legible); en consecuencia, teniendo en cuenta
que el divorcio ante Notario tiene los mismos efectos que el surtido ante el juez,
según el inciso segundo del artículo 3448 de la Ley 962 de 8 de julio de 200549; y
atendiendo el artículo 16050 del Código Civil, el vínculo matrimonial entre el
Concejal y la madre del señor Valverde Cruz quedó disuelto el 25 de noviembre
de 2021, esto es, antes de la aprobación del Acuerdo 010, la cual ocurrió el 10 de
diciembre de 2021.
72. Se acreditó con el Acta 094 de 10 de diciembre de 2021 que el Concejal
participó de la sesión realizada en esa fecha y que en ella se aprobó el Acuerdo
010 por unanimidad de los asistentes, sin que se hubiera presentado alguna
manifestación de impedimento o recusación en el curso de la sesión; por su parte,
en lo que tiene que ver con la discusión previa del proyecto de Acuerdo en el
Concejo Municipal, no obra prueba que acredite las circunstancias de tiempo,
modo y lugar de esas deliberaciones, y, por ende, tampoco de la participación del
Concejal en esas discusiones.
73. De igual manera, se probó con los correspondientes Certificados de Matrícula
Mercantil y de Existencia y Representación Legal expedidos el 29 de noviembre
de 2021 por la Cámara de Comercio de Montería, que la señora Amanda Dominga
Monterrosa Jaramillo es propietaria del establecimiento CERO ES 3, dedicado al
expendio de alimentos preparados para consumo en el lugar, con domicilio en el
Municipio de San Carlos; además, que es la representante Legal de la sociedad
AGROINSUMOS SAN CARLOS S.A.S, en cuyo objeto social se lee, entre otros y
en lo que interesa a este caso, el relativo “[…] a la producción, comercialización,
48
“[…] El divorcio y la cesación de los efectos civiles ante notario, producirán los mismos efectos que el decretado
judicialmente. […]”.
49
“[…] por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos […]”.
50
“[…] Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos
civiles del matrimonio religioso así mismo, se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las
partes respecto de los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí. […]”
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transformación, importación, exportación, distribución, adquisición, enajenación
de toda clase de productos, materias primas e insumos agropecuarios “[…], y que
dicha empresa es titular del establecimiento de comercio Agroinsumos San
Carlos51, con domicilio en dicho municipio.
74. En el caso sub examine, el interés que se le atribuye al Concejal en la
aprobación de los artículos 53 y 69 del Acuerdo 010, por razón del parentesco que
tiene con la propietaria del establecimiento CERO ES 3 y de la representación
legal que dicha señora ostenta de la empresa Agroinsumos San Carlos S.A.S,
propietaria del establecimiento de comercio AGROINSUMOS SAN CARLOS, no
tiene la condición de directo, particular y actual, de orden económico o moral,
fundamentalmente, por las siguientes razones:
74.1. Las actividades agropecuarias que fueron determinadas en los numerales 2
y 4 del artículo 53 como no sujetas al ICA, obtuvieron dicha condición por virtud
de los previsto en el numeral 2.° del artículo 39 de la Ley 14, en sus literales a) y
e); es decir, fue el legislador el que prohibió a los municipios imponer cualquier
tipo de gravamen a dichas actividades; consecuentemente, la voluntad del
Concejo Municipal, conformada por la de sus miembros, se dirigió a cumplir la
prohibición general impuesta por el legislador que les impide gravar de cualquier
forma dichas actividades, y no a la creación autónoma de un beneficio para las
actividades agropecuarias; por esta razón, no es posible calificar de directo y
particular el interés que se le endilga al Concejal.
74.2. El interés endilgado es hipotético y no actual; esto, en la medida en que del
hecho de que el objeto social de la empresa Agroinsumos San Carlos S.A.S
cuente entre otras actividades, con algunas que puedan relacionarse con las
previstas en los numeral 2 y 4 del artículo 53, no se deduce que esa empresa, y
el establecimiento de comercio del que es titular, se dediquen exclusivamente a
esas actividades no sujetas al ICA.
74.2.1. Además, porque el objeto social de la empresa incluye otras actividades
no relacionadas con las del artículo 53, se deduce que debe cumplir con el
51
Cfr. Índice 00002 de Samai en EXPEDIENTE DIGITAL. 3_EXPEDIENTE_DESCARGADO_ONEDRIVE.02Pruebas
(Certificados de Existencia y Representación legal de la Comercio de la Cámara de Comercio de Montería, expedidos el
29 de diciembre de 2023).
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Registro de Información Tributaria ante la Secretaría de Hacienda Municipal de
San Carlos, previsto en el artículo 70 del Acuerdo 010; con lo cual, dicha empresa,
en todo caso, no accedería a la exclusión del ICA automáticamente, pues será
dicha autoridad la que conforme al registro y la información que la empresa debe
suministrar para ello, la que determine si alguna de las actividades que realiza es
de las previstas en el artículo 53 del Acuerdo 010; circunstancia que impide tener
tal exclusión del gravamen como un beneficio actual, y no hipotético.
74.3. En lo que respecta al interés directo, particular y actual que el Solicitante
deduce de la reducción de las tarifas del ICA, respecto de las previstas en el
Acuerdo 011; se considera que el Acuerdo 011 no se ocupó de la tarifas del ICA,
sino de las tarifas del ICA Consolidado que integra el Impuesto Unificado de
Renta, y el Acuerdo 010 no introdujo ninguna modificación a dichas tarifas del ICA
Consolidado, resulta inexistente el interés que se reclama al Concejal, por la
aprobación del artículo 69 del Acuerdo 010, que según el Solicitante, disminuyó
las tarifas del impuesto.
74.4. La Sala considera que el Acuerdo 010 fue un acto general, impersonal y
abstracto, mediante el cual, en ejercicio de su autonomía, el Concejo Municipal de
San Carlos ejerció la potestad tributaria que le confiere la Constitución, y adoptó
el Estatuto Tributario aplicable en su jurisdicción territorial; al confrontar el artículo
69 ibidem con el artículo 104 del Acuerdo 019, la primera de las normas no
solamente amplió el espectro de las actividades gravadas dentro de las
industriales, comerciales y de servicios, sino que también cambió las
denominaciones de actividades, y disminuyó las tarifa de algunas, aumentó las de
otras, y creó nuevas.
74.5. En esa medida, si bien es cierto que la actividad que desarrolla el
establecimiento de comercio CERO ES 3, de propiedad de la pariente del
Concejal, es el expendio de alimentos preparados para consumo en el lugar, cuya
tarifa de ICA fue disminuida del 9,5x1000 al 7x1000; también lo es que todas las
actividades de servicio relacionadas con el expendio de alimentos preparados
tuvieron el mismo, sin distinción alguna; de esta manera, la afectación positiva o
beneficio que pudiera derivar la pariente del Concejal por la reducción de la tarifa,
se presenta en igualdad de condiciones que para el resto de la ciudadanía; esta
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circunstancia descarta que en el interés endilgado concurran el carácter de directo
y particular, necesarios para la configuración del conflicto de interés como causal
de pérdida de la investidura, así se puede observar:
74.6. Así las cosas, en atención a las consideraciones realizadas, la Sala concluye
que en este proceso no se acreditó en el Concejal un interés directo, personal y
actual en la votación de los artículos 53 y 69 del Acuerdo 010 del Concejo
Municipal de San Carlos.
Que el concejal participe efectivamente del respectivo trámite, sin haber
manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido recusado para los
efectos
75. Comoquiera que en ese asunto no se acreditó que al Concejal le asistiera un
interés directo, personal y actual en la aprobación del Acuerdo 010 expedido por
el Concejo Municipal de San Carlos, la Sala considera que no había lugar a que
se declarara impedido en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley 136;
de manera que este requisito exigido para la configuración objetiva de la causal
tampoco se cumple.
Que la materia conforme al ordenamiento sea de competencia del Concejo
Municipal
76. En el caso sub iudice este elemento se cumple, pues le compete a los
Concejos Municipales, de acuerdo con lo previsto en los artículos 313 numeral 4
de la Constitución Política Nacional, “[…] Votar de conformidad con la Constitución
y la Ley, los tributos y los gastos locales […]”, y según el artículo 32 de la Ley 136
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“[…] Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y
sobretasas, de conformidad con la Ley […]”.
Sobre el estudio del elemento subjetivo
77. Atendiendo a que en este asunto no se encontró configurado el elemento
objetivo de la causal de pérdida de la investidura, por la violación del régimen del
conflicto de intereses prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, y en
el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, en concordancia con el artículo 70 de
la Ley 136, la Sala se releva de efectuar el estudio del elemento subjetivo.
Conclusión
78. Al no encontrarse acreditado el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura, por violación del régimen del conflicto de intereses prevista en el
numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1.° del artículo 48 de la
Ley 617, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136, se confirmará la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, en primera
instancia, mediante la cual se negó la pérdida de investidura del Concejal del
Municipio de San Carlos, Fray Domingo Monterrosa Jaramillo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de mayo de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se negó la pérdida de
investidura del Concejal del Municipio de San Carlos, Fray Domingo Monterrosa
Jaramillo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salvamento de voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley
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