Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2024-00113-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2024-00113-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 23001-23-33-000-2024-00113-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
14 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 230012333000202400113-01
Solicitante: Neil Darío Pacheco Noble
Concejal: Fray Domingo Monterrosa Jaramillo
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Solicitante
contra la sentencia de 13 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, en primera instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Neil Darío Pacheco Noble -en adelante el Solicitante- pidió, en ejercicio del
respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de investidura de Fray
Domingo Monterrosa Jaramillo -en adelante el Concejal-, porque, a su juicio, incurrió
en la causal prevista en el numeral 2. ° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio
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de 19941 y en el numeral 1. ° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20002,
por violación al régimen de conflicto de intereses.
Pretensiones
2. Las pretensiones que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura son las
siguientes:
“[…] PRETENSIONES:
PRIMERO: Declárese la pérdida de investidura del Concejal Fray Domingo
Monterrosa Jaramillo, periodo constitucional 2020-2023, del Municipio de San Carlos
– Córdoba, por hallarse incurso en la causal de “violación al régimen de
incompatibilidades o conflicto de intereses”, señalada en el numeral 2 del artículo 55
de la Ley 136 de 1994, numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 del 2000 y la Ley 1437
de 2011.
SEGUNDO: En consecuencia, una vez declarada la pérdida de investidura del
Concejal Fray Domingo Monterrosa Jaramillo […] solicitó se le dé cumplimiento a lo
dispuesto por el numeral 1 del artículo 95, inhabilidades para ser alcalde, de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 […]”3.
Presupuestos fácticos
3. El Solicitante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus
pretensiones:
3.1. Fray Domingo Monterrosa Jaramillo fue Concejal del Municipio de San
Carlos, Córdoba, para el periodo 2020-2023, con fundamento en el Estatuto de la
Oposición4, de manera que ocupó el cargo desde el 1.° de enero de 2020 hasta el
23 de junio de 2022, fecha en la cual le fue aceptada la renuncia al cargo.
3.2. El Concejal, en las sesiones plenarias núms. 92 de 6 de diciembre y 94 de
10 de diciembre de 2021, participó de forma directa, particular y concreta en el
debate, discusión y aprobación del proyecto que culminó con la expedición del
1 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
2 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona
la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
3 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Archivo “3_Expediente”, “01Demanda”, pág. 18.
4 Ley 1909 de 9 de julio de 2018, “Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos
derechos a las organizaciones políticas independientes”.
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Acuerdo núm. 010 de 10 de diciembre de 2021, “Por medio del cual se adopta el
Estatuto Tributario del Municipio de San Carlos”.
3.3. En el Acuerdo núm. 010 de 2021 se otorgó beneficios tributarios a los
propietarios de algunos establecimientos de comercio, en la medida que, respecto
al impuesto de Industria y Comercio -en adelante ICA-, establece “[…] unas
particulares actividades comerciales que están […] exentas de impuesto (artículo
52) y […] actividades no sujetas (artículo 53) […]”.
3.4. Los numerales 3.° y 4.° del artículo 52 ibidem prevén que están exentas del
impuesto de Industria y Comercio -en adelante ICA- algunas actividades, en
particular, “[…] los ingresos provenientes de exportaciones de bienes […] [y] los
ingresos por recuperaciones e ingresos recibidos por indemnización de seguros
por daño emergente […]” (Destacado incluido en el texto).
3.5. Los numerales 3.° y 4.° del artículo 53 ibidem prevén que no están gravadas
por el ICA, entre otras, las actividades relacionadas con la producción agrícola y
agropecuaria.
3.6. El Concejal tiene parentesco en segundo grado de consanguinidad con
Amanda Dominga Monterrosa Jaramillo, propietaria del establecimiento de
comercio “Agroinsumos San Carlos S.A.S.”, el cual fue beneficiado con las
exenciones del ICA.
3.7. Las actividades comerciales contenidas en el objeto social del
establecimiento de comercio son “[…] Producción, Comercialización,
Transformación, Importación, Exportación, Distribución, Adquisición y
Enajenación de toda clase de productos, materias primas e insumos
agropecuarios. […] Representación Comercial, Agenciamiento Comercial y
Celebración de toda clase de contratos de colaboración empresarial, y otras
[…] que nos muestran lo particular que son su realización y […] de paso nos revelan
ser realizadas por el único establecimiento comercial que existe dentro de la
jurisdicción del Municipio de San Carlos Córdoba […]” (Destacado incluido en el
texto).
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3.8. El señor Monterrosa Jaramillo funge como “señor” y “dueño” de
“Agroinsumos San Carlos S.A.S.”.
3.9. El señor Monterrosa Jaramillo es Ingeniero Agropecuario y participó de
manera directa y en representación del referido establecimiento comercial, en
reuniones de gremios del sector agropecuario, en particular, con la Confederación
Colombiana del Algodón – Conalgodón y la Federación Nacional de Cultivadores de
Cereales, Leguminosas y Soya – Fenalce, entre el 2018 y el 2023.
3.10. Con fundamento en lo anterior, el Concejal debió declararse impedido para
“[…] participar en aprobar que algunas actividades comerciales señaladas en el
Estatuto Tributario estén EXENTAS y NO SUJETAS de obligaciones tributarias,
toda vez que esas exenciones están expresamente dirigidas en beneficiar el
establecimiento comercial “Agroinsumos San Carlos S.A.S.”, de propiedad de
Amanda Dominga Monterrosa Jaramillo [...]".
Causal de pérdida de investidura alegada
4. El Solicitante citó la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del
artículo 55 de la Ley 136, “[…] Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”; así como la prevista en el numeral
1.° del artículo 48 de la Ley 617, según la cual: “[…] Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su
investidura: 1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos
que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía
en general […]”.
Argumentos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura
5. El artículo 70 de la Ley 136 prevé que “[…] cuando para los concejales exista
interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios
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de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas […]”.
6. El Concejal estaba obligado a declararse impedido para participar en el debate,
discusión y aprobación que dieron lugar a la expedición del Acuerdo núm. 010,
porque lo previsto en el artículo 52 ibidem, sobre actividades exentas del ICA, y en
el artículo 53 ibidem, sobre actividades no sujetas al ICA, beneficiaban de manera
directa a “Agroinsumos San Carlos S.A.S.”.
7. Lo anterior, por cuanto la propietaria del establecimiento de comercio es
pariente en segundo grado de consanguinidad del Concejal y el objeto social del
establecimiento de comercio, declarado en el Registro Mercantil, contiene
actividades que fueron excluidas del mencionado impuesto.
8. El Acuerdo núm. 010 de 2021 es un acto general, pero en sus artículos 52 y 53
individualiza unas exenciones tributarias que benefician de manera directa a
“Agroinsumos San Carlos S.A.S.” y no afecta, exime o beneficia tributariamente, en
igualdad de condiciones, a los demás establecimientos de comercio del Municipio
de San Carlos.
Contestación de la solicitud de pérdida de investidura
9. El Concejal, a través de apoderado, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, se refirió a la solicitud de pérdida de investidura y pidió negar las
pretensiones de la solicitud, con fundamento en lo siguiente5:
9.1. No es cierto que los artículos 52 y 53 del Acuerdo núm. 010 de 2021 establezcan
exenciones tributarias que beneficien de manera directa al establecimiento comercial
“Agroinsumos San Carlos S.A.S.”.
9.2. Las actividades exentas y no sujetas al impuesto ICA fueron indicadas de
conformidad con lo previsto por el legislador y el estatuto tributario que tenía el
municipio y, en ese sentido, no se podría señalar que tenían como propósito beneficiar
a uno de los contribuyentes en particular.
5 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Archivo “32ContestaciónDemandado”, “32ContestaciónDemandado2”.
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9.3. El artículo 38 de la Ley 14 de 6 de julio de 19836 prevé que los municipios solo
podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo limitado, de
conformidad con los planes de desarrollo municipal, y el numeral 2.° del artículo 39
ibidem indica que subsisten para los municipios las prohibiciones de imponer algunos
gravámenes a la producción agrícola y a la primera etapa de transformación realizada
en predios rurales cuando se trate de actividades de producción agropecuaria, entre
otros.
9.4. El artículo 91 del Acuerdo núm. 19 de 2013, por medio del cual se adoptó el
anterior Estatuto Tributario del Municipio de San Carlos, estuvo vigente hasta el 2021
y definió las actividades no sujetas al impuesto ICA en los mismos términos que el
Acuerdo núm. 10 de 2021.
9.5. “[…] El Concejo Municipal de San Carlos no ha destinado beneficios a ciertas
personas o reglones en este supuesto, más que reproducir en sus estatutos aquellas
actividades no sujetas que la ley establece y que, valga la aclaración, cobijan a buena
parte de los productores del Municipio que se dedican principalmente a tales
actividades […]”.
9.6. No se probó que “Agroinsumos San Carlos S.A.S.” fuera el único establecimiento
comercial que realiza las actividades comerciales objeto de exenciones tributarias en
el Municipio de San Carlos.
9.7. Respecto al grado de parentesco, afirmó que “[…] el supuesto hecho no
fundamenta a que quiere llegar el demandante, pues es de conocimiento público
que Fray Domingo Monterrosa Jaramillo y con Amanda Dominga Monterrosa
Jaramillo son hermanos […]”.
9.8. La propietaria del establecimiento de comercio es Amanda Dominga Monterrosa
Jaramillo, desde el 2011, y no el Concejal.
9.9. Las intervenciones en actividades intergremiales que realizó el señor Monterrosa
Jaramillo como Ingeniero Agrónomo no configuran la causal de pérdida de
6 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.
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investidura y su participación en dichas actividades como Concejal no intervinieron
en el ejercicio de su cargo.
9.10. “[…] El sigue siendo Ingeniero Agrónomo y sigue siendo hermano de la
propietaria del establecimiento comercial que le solicita que la represente, dados
sus conocimientos en el tema y porque considera que le es más fácil intercambiar
opiniones con las personas que asisten a estas actividades […]”.
9.11. En las sesiones plenarias núms. 92 de 6 de diciembre de 2021 y 94 de 10 de
diciembre de 2021 se debatió el Estatuto Tributario del Municipio de San Carlos, sin
incluir beneficios en favor de alguno de los contribuyentes que desarrollaban las
actividades exentas y no sujetas al impuesto ICA.
9.12. No se demostró que el Concejal hubiera participado de manera directa, particular
y concreta en el debate, votación y aprobación del proyecto de Acuerdo Municipal.
9.13. No se acreditó, en las actas de las sesiones plenarias núms. 92 y 94, que el
Concejal hubiera participado de forma directa o intervenido en el debate de ninguno
de los puntos del Estatuto Tributario aprobado en la última de las sesiones del Concejo
Municipal, en la vigencia 2021.
9.14. “[…] El voto del Concejal Monterrosa no fue el que incidió para la aprobación, ya
que, de no haber estado presente, los 11 concejales restantes (dado que una no
respondió) hubiesen aprobado el Acuerdo de todas maneras […]”.
La audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881
10. La audiencia pública tuvo lugar el 27 de agosto de 2024 7 con la asistencia y
participación del Solicitante; el Concejal y su apoderado; y el Agente del Ministerio
Público, quien informó que el Tribunal, mediante sentencia de 29 de mayo de 2024,
resolvió, en primera instancia, una solicitud de pérdida de investidura contra el
Concejal por las mismas circunstancias en el proceso identificado con el número único
de radicación 23001233300020240008200, la cual había sido objeto de recurso de
apelación ante el Consejo de Estado.
7 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Archivo “47ActaAudiencia”, “47-1”.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia
11. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia proferida el 13 de
septiembre de 20248, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR de oficio probada la excepción de pleito pendiente
parcial, respecto del cargo de violación del régimen de conflicto de intereses, con
relación a la aprobación por parte del demandado del artículo 53 del Acuerdo
Municipal núm. 10 de 2021, y estese a lo que se resuelva en el proceso radicado
N°23001233300020240008200.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, frente al cargo de violación del
régimen de conflicto de intereses, por aprobación del artículo 52 del Acuerdo
Municipal núm. 10 de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia. […]”.
Consideraciones del Tribunal
12. Como fundamento de su decisión, consideró, en síntesis, lo siguiente:
12.1. El problema jurídico que se debía resolver estaba orientado a determinar “[…]
En primer lugar si se encuentra configurada la excepción de pleito pendiente, al
haberse presentado otra demanda de pérdida de investidura contra el concejal
demandado, por violación al régimen de conflicto de intereses […]” y “[…] En
segundo lugar, en caso de no encontrarse configura la excepción, analizar si ¿se
configura la causal de pérdida de investidura por parte del concejal del Municipio de
San Carlos, Córdoba, periodo 2020-2023, señor Fray Domingo Monterrosa
Jaramillo, por violación del régimen de conflicto de intereses […]”.
Respecto a la excepción de Pleito Pendiente Parcial – artículo 53 del Acuerdo núm.
10 de 2021
12.2. La excepción de pleito pendiente prevista en el numeral 8.° del artículo 100 de
la Ley 1564 de 12 de julio de 20129 tiene como objeto garantizar el principio de
seguridad jurídica, con el fin de evitar que de forma simultánea se tramiten dos o
más procesos con idénticas pretensiones, causa petendi y partes e impedir que se
profieran decisiones eventualmente contradictorias.
8 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Archivo “55Sentencia”.
9 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
12.3. La excepción de pleito pendiente se configura, conforme a la jurisprudencia
del Consejo de Estado10, por el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
exista otro proceso en curso; ii) que las pretensiones sean idénticas; iii) que las
partes sean las mismas; y iv) que los procesos estén fundamentados en los mismos
hechos.
12.4. En el caso sub examine, se configuró la excepción de pleito pendiente parcial,
únicamente frente al cargo referente a que el Concejal votó y aprobó el artículo 53
del Acuerdo núm. 10 de 2021 que prevé las actividades “no sujetas” al impuesto
ICA en el Municipio de San Carlos.
12.5. Existe otro proceso similar en curso identificado con el número único de
radicación 23001233300020240008200, en el cual se profirió sentencia, en primera
instancia, la cual fue objeto del recurso de apelación y estaba siendo tramitada por
el Consejo de Estado; asimismo, las pretensiones de los dos procesos son
idénticas.
12.6. La solicitud fue presentada contra el mismo Concejal y el medio de control de
pérdida de investidura es de naturaleza pública, por lo que puede ser presentado
por cualquier ciudadano y, en consecuencia, no es necesario que cumpla con el
requisito de identidad de partes en cuanto al Solicitante.
12.7. Los procesos se fundamentan en los mismos hechos, respecto a la discusión
y aprobación del artículo 53 del Acuerdo núm. 10 de 2021.
12.8. “[…] Se declarará de oficio probada la excepción de pleito pendiente parcial,
conforme el artículo 187 del CPACA – aplicable por remisión de la Ley 1881 de
2018, artículo 21 – respecto del análisis del cargo de violación del régimen de
conflicto de intereses, en relación a la aprobación por parte del demandado del
Acuerdo núm. 10 de 2021, artículo 53, y se estará a lo que resuelva en el proceso
radicado 23001233300020240008200 […]” (Destacado incluido en el texto).
10 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”. Auto de
22 de febrero de 2017. Rad. núm. 25000-23-36-000-2015-00502-01(56810). CP. Stella Conto Díaz del Castillo
[…]”.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
12.9. No se configura la excepción de pleito pendiente respecto al cargo de violación
al régimen de conflicto de intereses en relación con la aprobación por parte del
Concejal del artículo 52 del Acuerdo núm. 10 de 2021, porque esa situación no fue
debatida en el proceso identificado con el número único de radicación
23001233300020240008200, cuyo análisis versa sobre la aprobación de los
artículos 53 y 69.
Respecto al análisis de la causal – artículo 52 del Acuerdo núm. 10 de 2021
12.10. La configuración de la causal de pérdida de la investidura por violación del
régimen del conflicto de interés prevista en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley
617, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado11, necesita demostrar
los siguientes elementos: “[…] (i) la calidad de Congresista […], (ii) la concurrencia
de un interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza de quien es
congresista o su círculo cercano, (iii) su no manifestación de impedimento o no
haber sido separado del conocimiento del asunto por recusación, (iv) haber
conformado el quorum o participado el congresista en el debate o votación del
asunto y (v) que esa participación tenga lugar en un asunto de conocimiento
funcional del congresista […]”.
12.11. En el caso sub examine, el Concejal votó de forma positiva la aprobación del
Acuerdo núm. 10 de 2021, “[…] conforme Acta núm. 94 de 10 de diciembre de 2021
[…]”, pero no se acreditó la concurrencia de un interés directo, particular y actual o
inmediato de quien es el Concejal o su círculo cercano, debido a los entes
territoriales son autónomos para gestionar sus intereses, dentro de los cuales se
encuentra la administración de sus recursos y la facultad para establecer tributos, y
los Concejos Municipales tienen la potestad de votar y desarrollar sus propios
tributos, dentro de los límites constitucionales y legales, de conformidad con lo
previsto en los artículo 287, 323 y 338 de la Constitución Política.
11 “[…] Ver entre otras: 1). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión
16. Expediente 11001-03-15-000- 2016-02279-00(PI). Providencia del 6 de junio de 2017. M.P. Dr. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa. 2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de
Decisión 6. Magistrado Ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 16 de julio 2019. Referencia:
Pérdida de Investidura. Radicación: 11001-03-15-000- 2019-02830-00. Demandante: Andrés Zalamea.
Demandado: Álvaro Uribe Vélez. […]”.
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12.12. El numeral 3.° del artículo 52 del Acuerdo núm. 10 de 2021 reiteró lo previsto
en el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, según el cual los ingresos provenientes de
exportaciones no entran en la base de liquidación del ICA , y, en consecuencia, el
Concejo Municipal de San Carlos no podía apartarse de lo previsto por el legislador
y le correspondía desarrollar en su ordenamiento local la referida exclusión, según
la competencia constitucional en materia tributaria.
12.13. Aun cuando en el objeto social de “Agroinsumos San Carlos S.A.S.” se
incluye la exportación de productos e insumos agropecuarios, la exención no cobija
de forma particular y concreta a ese establecimiento de comercio, sino que aplica
en igualdad de condiciones a los demás establecimientos del Municipio que “[…]
sea cual sea su actividad económica, realice materialmente la actividad de
exportaciones […]”.
12.14. El numeral 4.° del artículo 52 del Acuerdo núm. 10 de 2021 no fue
desarrollado en la solicitud de pérdida de investidura, en la medida que no se
explicaron las razones por las cuales el Concejal incurrió en conflicto de intereses
al aprobar este numeral.
12.15. Asimismo, aun cuando el artículo indica que las actividades allí previstas
están exentas del ICA , dichos ingresos no hacen parte de su hecho generador,
porque ni las recuperaciones de costos y los gastos, “[…] concepto netamente
contable, dirigido a la recuperación o el retorno de costos y gastos del ente
económico […]”, ni las indemnizaciones de seguros por daño emergente
corresponden a un ingreso proveniente de las actividades gravadas con este
impuesto (comercial, industrial y de servicios), razón por la cual no podría
entenderse como un beneficio fiscal sino como una acotación propia del aspecto
material del hecho imponible del tributo, cuyo desarrollo corresponde realizar al
Concejo Municipal.
12.16. Las actividades que regula el artículo 52 del Acuerdo aplican en igualdad de
condiciones a todos los establecimientos de comercio del Municipio de San Carlos
y solo se configuran cuando se concrete un riesgo y se haga efectiva la póliza que
lo ampare, por lo que constituiría un interés hipotético y aleatorio, pues el beneficio
tributario en el pago del impuesto predial no deviene de manera automática.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
12.17. “[…] No se acreditó el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, por ende, no se
verificará el análisis subjetivo de la conducta endilgada al concejal demandado, de
modo que se impone negar las pretensiones de la demanda. […]”.
Recurso de apelación presentado por el Solicitante
13. El Solicitante interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar la
sentencia proferida el 13 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, con fundamento en los siguientes argumentos12:
Respecto a la excepción de Pleito Pendiente Parcial – artículo 53 del Acuerdo núm.
10 de 2021
13.1. El Tribunal Administrativo de Córdoba no decidió otro proceso con las “mismas
circunstancias” que el presente proceso, por cuanto “las causales y/o hechos” por las
que se presentaron las demandas son distintas, en ese sentido, el cotejo del contenido
de las demandas permite identificar que no son idénticas:
“[…] Demanda: Radicado No 23001233300020240008200.
(i). Demanda de perdida de investidura.
(ii). Artículo 53, Artículo 69 Acuerdo municipal No 011 de 2020.
(iii). Artículo 53, Artículo 69 Acuerdo municipal No 010 de 2021.
(iv). Pedro Luis Valverde Cruz - Hijastro Fray Monterrosa Jaramillo.
(v). Yadith Joaquina Cruz Hoyos - Esposa matrimonio civil Fray Monterrosa Jaramillo.
(vi). Amanda Dominga Monterrosa Jaramillo - Hermana Fray Monterrosa Jaramillo
(vii). Establecimiento comercial: Billares Madrid - Propietario: Pedro Luis Valverde Cruz
(viii). Establecimiento comercial: Kiosko Andy - Propietario: Pedro Luis Valverde Cruz
(ix). Establecimiento comercial: Agroinsumos San Carlos S.A.S. – Propietario:
Amanda Monterrosa Jaramillo
(x). Establecimiento comercial: Centro Recreacional Cero es 3. – Propietario: Amanda
Monterrosa Jaramillo
(xi). Declarar la perdida de investidura.
Demanda Radicado No 23001233300020240011300
(i). Demanda perdida de investidura - Fray Monterrosa Jaramillo.
(ii). Artículo 52, Artículo 53 Acuerdo municipal No 010 de 2021.
(iii). Establecimiento comercial: Agroinsumos San Carlos S.A.S.
(iv)). Amanda Dominga Monterrosa Jaramillo - Hermana Fray Monterrosa Jaramillo
(v). Declarar la perdida de investidura. […]”.
12 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Archivo “59Recurso”.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
13.2. “[…] Identificadas las anteriores causales de las respectivas demandas, nos
muestran que esas no son idénticas, hasta el punto que, la demanda: Radicado No
23001233300020240008200, destacan once (11) causales, mientras que la
demanda Radicado No 23001233300020240011300, identifican cinco (5) causales,
así las cosas, entre ambas demandas solo existen como elementos comunes: (i).
El nombre del demandado. (ii). La pretensión de la demanda. (iii). El Acuerdo
municipal No 010 de 2021, lo que equivale decir que, la luz del derecho y
pronunciamiento del Consejo de Estado, esas demandas no son idénticas. […]”.
Respecto al análisis de la causal – artículo 52 del Acuerdo núm. 10 de 2021
13.3. Las actas de las sesiones plenarias núms. 92 de 6 de diciembre de 2021 y 94
de 10 de diciembre de 2021 son “pruebas irrefutables” de la participación del Concejal
en el debate y la aprobación del Acuerdo núm. 10 de 2021.
13.4. El Concejal debió declararse impedido para participar de la discusión y
votación del Acuerdo núm. 10 de 2021, por razón del conflicto de intereses que
tenía, pero que no lo hizo; en consecuencia, incurrió en causal de pérdida de la
investidura por violación del régimen del conflicto de interés.
13.5. El Acuerdo núm. 10 de 2021 introduce una exclusión tributaria que beneficia
exclusivamente a la señora Amanda Dominga Monterrosa Jaramillo, “[…] hermana
del Concejal […]”, porque se probó que el establecimiento de su propiedad,
Agroinsumos San Carlos S.A.S, es el único en la jurisdicción del municipio que
realiza las actividades que fueron excluidas del ICA ; en consecuencia, esa
exclusión no beneficia a todos por igual, y, por tanto, el Concejal tenía un conflicto
de interés, porque su pariente se beneficiaba.
13.6. Las “[…] obligaciones dispuestas por el artículo 38 de la Ley 14 de 1983, primero,
no se cumplen por parte del Estatuto Tributario del Municipio de San Carlos Córdoba,
ya que […] disponen de unas exenciones tributarias que en sus efectos legales no
tiene límites en el tiempo y, segundo, las exenciones tributarias se expiden sin contar
con la conformidad del Plan de Desarrollo […] violación que no fue advertida por
Honorables Magistrados, y el Agente del Ministerio público […]”.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
13.7. Se configuró el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por
violación al régimen de conflicto de intereses, porque el Concejal aprobó el Acuerdo
núm. 10 de 2021 que benefició directamente a su pariente con la exclusión de su
actividad económica del ICA; sin embargo, optó por no separarse de la actuación y
votar el proyecto para su aprobación.
Admisión y traslado del recurso de apelación
14. El Despacho Sustanciador admitió el recurso por auto de 21 de octubre de
202413 y, surtido el traslado del recurso de apelación14, el Solicitante, el Concejal y
el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
15. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el marco
normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de investidura por
violación al conflicto de intereses; vi) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales de las excepciones de pleito pendiente y cosa juzgada en los
procesos de pérdida de investidura; vii) el análisis del caso concreto; y viii) las
conclusiones.
Competencia de la Sala
16. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial su artículo 22, sobre la
aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de concejales
y diputados; iii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201915; y iv) el
artículo 150 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado en segunda
instancia: la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto.
13 Cfr. Índice núm. 4 de SAMAI.
14 Cfr. Índice núm. 7 de SAMAI.
15 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
17. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de que
trata este asunto sin que se observe vicios que puedan invalidar lo actuado, se
procede a decidir el caso sub lite.
18. Vistos los artículos 328 y 320 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201216, la Sala
procederá a pronunciarse únicamente en relación con los argumentos o reparos
formulados por el apelante.
Problema jurídico
19. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de apelación,
si procede, de oficio, la declaratoria de la excepción de pleito pendiente parcial,
respecto a la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1.° del artículo
48 de la Ley 617, por violación del régimen del conflicto de intereses, por la
participación del Concejal en la aprobación del artículo 53 del Acuerdo núm. 10 de
2021 del Concejo Municipal de San Carlos, Córdoba, de conformidad con lo
indicado en la solicitud de pérdida de investidura, así como en la identificada con el
número único de radicación 2300123330002024000820117.
20. Asimismo, si se incurrió o no en la causal de pérdida de investidura prevista en
el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, por violación del régimen del conflicto
de intereses, por la participación del Concejal en la aprobación del artículo 52 del
Acuerdo núm. 10 de 2021 del Concejo Municipal de San Carlos, Córdoba, y, en ese
orden, sí se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 13 de septiembre
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, en primera instancia.
La calificación habilitante
21. Visto el literal “b” del artículo 5 de la Ley 188118, la Sala encuentra probado que
Fray Domingo Monterrosa Jaramillo fue Concejal del Municipio de San Carlos,
16 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
17 El expediente del proceso de pérdida de investidura se encuentra disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
18 “[…] Cuando la solicitud [de pérdida de investidura] sea presentada ante el Consejo de Estado por un
ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su
acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional […]”.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
Córdoba, según consta en el formulario E-26 de 29 de octubre de 2023 expedido
por la Comisión Escrutadora Municipal19, por medio del cual se le asignó la curul
que por derecho personal le correspondía según lo previsto en el artículo 2520 de la
Ley 1909.
22. En ese orden de ideas, la investidura del Concejal se tiene por cierta en la
medida en que el documento anteriormente indicado constituye prueba de dicha
calidad, lo cual lo hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de investidura.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
Marco normativo
23. Vistos los artículos 184 de la Constitución Política; 14321 de la Ley 1437 y las
leyes 136, y 617, 1881 y 2003, en especial, el artículo 1.° de la Ley 1881.
24. Vistos el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, en armonía con los numerales
1.° del artículo 48 de la Ley 617, los concejales perderán su investidura, por
violación del régimen del conflicto de interés.
19 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Archivo “5Pruebas”.
20 “ […] ARTÍCULO 25. Curules en las corporaciones públicas de elección popular de las entidades
territoriales. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos
de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en
su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales
respectivos, durante el periodo de estas corporaciones. Con la organización política a que pertenezcan, podrán
intervenir en las opciones previstas en el artículo 7 de esta ley y harán parte de la misma organización política.
// Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal y previo a la
de las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales respectivamente, los candidatos que
ocuparon el segundo puesto en votación, deberán manifestar por escrito ante la comisión escrutadora
competente, su decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y
Municipales. // Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, la autoridad
electoral les expedirá, previa aceptación, las credenciales como diputados y concejales distritales y municipales
a los que ocuparon los segundos puestos en la votación para los mismos cargos y aplicará la regla general
prevista en el artículo 263 de la Constitución para la distribución de las curules restantes de Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales. // Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla
general prevista en el artículo 263 de la Constitución política para la distribución de todas las curules de
Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales por población. […]”
21 Ley 1437. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente
o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar la pérdida de
investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
Desarrollos jurisprudenciales
25. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a un
proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio 22 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la protección
y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el ejercicio del
cargo que confiere el voto popular.
26. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del cargo
público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos sobre
sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio,
al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que comportan
la defraudación del principio de representación.
27. La Sala Plena23 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de la
pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i) constituye
un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción de carácter
jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que los miembros
de las corporaciones públicas de elección popular deben observar atendiendo la
naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una sanción de
carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es atribuida
exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la sanción
más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en una
corporación pública de elección popular porque implica la separación inmediata de
las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa corporación y, por
expresa disposición de la propia Constitución Política, la inhabilidad permanente
para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de pérdida de investidura limitan
o reducen algunos derechos fundamentales previstos en la Constitución como el de
ser elegido.
22 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-
15000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,
Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
28. En esa misma orientación, la Corte Constitucional24 consideró que la pérdida de
investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
29. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201021. En ese orden,
las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice el
juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura, lo
cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.
30. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en particular,
en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro homine, in
dubio pro reo, y de legalidad.
31. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en el
marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera
como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con la
jurisprudencia de las altas cortes25, una vez verificada la configuración del elemento
objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo26.
32. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio de
24 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado,
expedientes T-3.331.156 y T-4.524.335.
25 Ibidem.
26 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se
enderezó a esa acción u omisión […]”.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución […]”27.
33. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que el
juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento en
ello, determinar si la conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma que
establece como consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se configura
o no el elemento subjetivo28.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses
34. Visto el numeral 2. º del artículo 55 de la Ley 136, “[…] [l]os concejales perderán
su investidura por: […] 2. Por violación del régimen de […] conflicto de intereses.
[…]”.
35. Visto el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, “[…] [l]os concejales
municipales […] perderán su investidura por: 1. Por violación del régimen de
incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en
igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. […]”.
36. Visto el artículo 70 de la Ley 136, sobre el conflicto de interés, que señala “[…]
cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte de
alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
27 Normativa aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de conformidad con
el artículo 22 de la Ley 1881, según el cual “[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en
lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.
28 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso
sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada,
existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena
fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general
exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
o primero civil, o a su socio o socios de derecho o, de hecho, deberá declararse
impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. […]”.
37. La Sala Plena ha definido el conflicto de intereses32 “[…] como aquella conducta
en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que, movido
por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin declararse
impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o
cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función
pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de
la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es
la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial […]”.
38. Esta Sección29 tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y señaló que esta
“[…] solo se configura con un interés directo, particular y concreto, […] en el asunto
objeto de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en razón de sus funciones
[…]”; y agregó que “[…] la Sala Plena30 ha sido enfática en sostener que si el interés
se confunde con el que asiste a todas las personas o a la comunidad en general, en
igualdad de condiciones, no existe conflicto, pues en tal caso estaría actuando en
interés de la colectividad y no en el suyo propio […]”.
39. De conformidad con lo anterior, el conflicto de interés se configura cuando el
miembro de la corporación pública de elección popular, en ejercicio de sus funciones
constitucionales, legales y reglamentarias, participa en la discusión o votación de
un asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.
40. Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal que la participación
tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión o en la etapa de votación en
la medida en que la sola participación en cualquiera de esas etapas estructura el
conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de pérdida de investidura.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 14 de
marzo de 2007, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, identificada con núm. único de radicación 68001-23-15000-
2006-00003-01.
30 Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y Concepto
de 27 de mayo de 1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.
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21
Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
41. En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar los
siguientes supuestos: i) la calidad de concejal; ii) la existencia de un interés directo,
particular y actual en cabeza del concejal o de su cónyuge, compañero permanente
o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, en un asunto que el
concejal conozca en razón de sus funciones constitucionales y legales; y iii) que el
concejal participe en el debate o votación del asunto, sin manifestar impedimento
frente al asunto que configura el interés.
Acuerdo núm. 10 de 10 de diciembre de 2021, por medio del cual se adopta el
Estatuto Tributario del Municipio de San Carlos
42. El Concejo Municipal de San Carlos expidió el mencionado Acuerdo con
fundamento en el artículo 313 de la Constitución Política, así como en la Leyes 14
y 2010, entre otras; según su artículo 1.°, fue expedido con el objeto establecer y
adoptar los impuestos, tasas, contribuciones y demás cargas impositivas vigentes
en esa jurisdicción territorial, además de las normas para su administración,
recaudo, fiscalización, determinación, discusión, control, devolución y cobro, al igual
que la regulación del régimen sancionatorio; y contiene las normas que regulan las
competencias, términos, condiciones y demás aspectos aplicables a la
administración de los tributos en el Municipio de San Carlos.
43. En lo que interesa al caso sub examine, el ICA fue creado por el legislador en
el artículo 3231 de la Ley 14; dicha ley en el artículo 38 ibidem previó, “[…] Los
municipios sólo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo
limitado, que en ningún caso excederá de diez años, todo de conformidad con los
planes de desarrollo municipal […]”, y según el numeral 2.° del artículo 39 32
31 “[…] El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades
comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales,
directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan
en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, como establecimientos de comercio o sin ellos
[…]”.
32 “[…] No obstante lo dispuesto en el artículo anterior continuarán vigentes: […] 2. Las prohibiciones que
consagra la Ley 26 de 1904; además, subsisten para los Departamentos y Municipales las siguientes
prohibiciones: […] a) La de imponer gravámenes de ninguna clase o denominación a la producción primaria,
agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en esta prohibición las fábricas de productos alimenticios o
toda la industria donde haya un proceso de transformación por elemental que ésta sea; […] e) La de gravar la
primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando se trate de actividades de producción
agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya una transformación por elemental que ésta sea […].
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
siguiente, sin perjuicio de las facultades de los municipios de conceder exenciones,
según lo previsto en el artículo 38 ibidem, continúan vigentes las prohibiciones
contenidas en la Ley 26 de 1904, y además subsisten para los Departamentos y
Municipios, entre otras, las previstas en el artículo 33 ibidem, así:
“[…] ARTÍCULO 33.- El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el
promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados
en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas
en el artículo anterior, con exclusión de: Devoluciones ingresos provenientes de
venta de activos fijos y de exportaciones […]” (Destacado fuera del texto).
44. En consonancia con lo anterior, el artículo 52 del Acuerdo núm. 10 de 2021
prevé como actividades exentas del ICA, entre otras, las siguientes:
“[…] Artículo 52. ACTIVIDADES EXENTAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO. Las siguientes:
[…]
3. Los ingresos provenientes de exportaciones de bienes o servicios y su
correspondiente diferencia en cambio.
4. Los ingresos por recuperaciones e ingresos recibidos por indemnización de
seguros por daño emergente. […]”
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de las excepciones de pleito
pendiente y cosa juzgada en los procesos de pérdida de investidura
45. Visto el artículo 100 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201233, en especial, el
numeral 8.°, sobre “[…] pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el
mismo asunto […]” (Destacado fuera del texto).
46. Vista la Ley 188134, en especial, los artículos 1 y 17 que establecen, por un lado,
que: i) el proceso de pérdida de investidura garantizará el non bis in idem; y ii) “[…]
[c]uando una misma conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una
pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa
juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación
con la culpabilidad del Congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida
de investidura […]”; y, “[…] [e]n todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura
hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a
la configuración objetiva de la causal […]”.
33 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
34 Aplicables al proceso de pérdida de investidura de concejales y diputados de conformidad con el artículo 22
de la Ley 1881.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
47. Y, por el otro, que “[…] [n]o se podrá admitir solicitud de pérdida de la
Investidura de un Congresista [entiéndase en este caso Concejal] en el evento de
alegarse los mismos hechos que sirvieron de fundamento a las causales
sobre las cuales ya se haya pronunciado el Consejo de Estado. Todas las
sentencias en estos procesos producen efectos de cosa juzgada […]”
(Destacado fuera de texto).
48. Vistos los artículos 302 y 303 de la Ley 1564, sobre ejecutoria y cosa juzgada.
49. En relación con el pleito pendiente, la Sección Primera, mediante sentencia de
19 de noviembre de 202135, consideró que la excepción de pleito pendiente no
resulta aplicable cuando no hay identidad de partes, en los siguientes términos:
“[…] el artículo 100, numeral 8, del CGP, prevé como excepción previa el pleito
pendiente, la cual se configura entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, con
el fin de evitar la existencia de dos o más procesos judiciales con identidad de partes,
de causa y de pretensiones, y posibles fallos contradictorios respecto de ese mismo
litigio.
Sin embargo, en este caso no resulta aplicable la excepción previa de pleito
pendiente porque esa figura, en especial, exige necesariamente la identidad de
las partes tanto en uno como en otro proceso; de lo contrario, las partes no
tendrían en ciernes pleito alguno. Esta figura está concebida con el ánimo de evitar
que las mismas partes tramiten más de un proceso con el mismo objeto, pretensiones,
fundamentos de hecho y derecho, cuyas decisiones, incluso, pueden llegar a ser
contradictorias, lo que no ocurre en el caso concreto en el que los actores, […] no
tienen pleito pendiente de pérdida de investidura contra el concejal demandado […],
pues no son actores en el citado proceso de pérdida de investidura […].
Adicionalmente, no debe perderse de vista que, como lo ha explicado la Sala36, al ser
la pérdida de investidura una acción pública de tipo punitivo, están en juego los
intereses de la comunidad en general que no los fines o el interés particular de quien
promueve la demanda, pues como bien lo indicó la Sala Cuarta Especial de Decisión
de Pérdida de Investidura en auto de 23 de enero de 202037, el propósito de dicho
medio de control es el de “[…] examinar los hechos que dan lugar a la configuración
de las causales taxativamente señaladas en el artículo 183 de la Constitución Política,
no como un bien de la postulación individual de quien lo reclama, sino como un asunto
de interés público […]”.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre
de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, proceso identificado con el número único de radicación
70001233300020200032101.
36 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 3 de junio de 2021,
número único de radicación 44001-23-40-000-2020-00341-01, consejero ponente Roberto Augusto Serrato
Valdés […]”.
37 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, auto de
23 de enero de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-01602-00 (principal) 11001-03-15-
000-2019-03745-00 (acumulado), Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez […]”.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
Por lo mismo, cabe resaltar que el pleito pendiente, siendo una de las excepciones
previas ordenadas en el artículo 100, numeral 8º, del Código General del Proceso, -
las cuales “[…] buscan asegurar que se adelante el proceso sin vicios que lo afecten,
que de no corregirse oportunamente podrían entrañar la nulidad de la actuación
[…]” 38 -, deviene aplicable a procesos adversariales más no a las acciones
constitucionales como la que ocupa la atención de la Sala39[…].
De acuerdo con lo anterior, la Sala considera, como primer aspecto, que como bien
lo advirtió el Tribunal, no se configura la excepción de cosa juzgada pese a existir
identidad de objeto y causa respecto de las pretensiones jurídicas analizadas y los
hechos en que se fundan dichas pretensiones, así como el sustento normativo, toda
vez que la sentencia proferida […], no se encuentra en firme aún ante el trámite del
recurso de apelación que se surte en esta Corporación. […]” (Destacado fuera del
texto).
50. En relación con la cosa juzgada, la Sección Primera, en sentencia de 2 de
diciembre de 202140, precisó lo siguiente:
“[…] Cabe señalar que, si bien es cierto que el artículo 17 de la Ley 1881 le otorga el
carácter de cosa juzgada únicamente a las sentencias de pérdida de investidura de
congresistas, […] también lo es que es un proceso que se surte, enteramente, en
esta Corporación, tanto la primera como la segunda instancia. De ahí que dicha norma
resulte aplicable a los procesos de pérdida de investidura surtidos contra miembros
de corporaciones públicas territoriales, de ser entendida e interpretada, de forma
integral, y en consonancia, con lo determinado en los artículos 302 y 303, del CGP, -
normas procesales de orden público y de obligatorio acatamiento por las autoridades
judiciales- […]”, y agregó que “[…] Desde esta perspectiva, en los procesos de pérdida
de investidura territoriales, la cosa juzgada es un efecto que se produce por la firmeza
que adquiere una decisión judicial que le pone fin y resuelve el fondo del asunto
planteado, al constatarse la ocurrencia de cualquiera de los eventos previstos por la
codificación procesal, […] sin que haya lugar a exigir, como en el caso de los
congresistas, que necesariamente exista un pronunciamiento de esta Corporación
para declarar dicho fenómeno, precisamente, por el singular procedimiento previsto
en la ley para este tipo de procesos en los que median censuras contra miembros de
corporaciones públicas territoriales41 […]”.
Análisis del caso concreto
51. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales
expuestos en la parte considerativa de esta sentencia: la Sala procede a apreciar y
38 “[…] LÓPEZ BLANCO, Héctor Fabio, Código General del Proceso, Dupre Editores 2016, página 949 […]”.
39 “[…] Cit. auto de 3 de junio de 2021, número único de radicación 44001-23-40-000-2020-00341-01, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés […]”.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; proceso identificado con el
número único de radicación 500012333000202000709-01. C.P. doctora Nubia Margoth Peña Garzón.
41 “[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales (…) Parágrafo 2o. La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de acuerdo con la ley,
con plena observancia del debido proceso y en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea
departamental o del concejo municipal o por cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá ante la
sala o sección del Consejo de Estado que determine la ley en un término no mayor de quince (15) días […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda para, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Sobre la excepción de pleito pendiente y análisis de la cosa juzgada parcial –
artículo 53 del Acuerdo núm. 10 de 2021
52. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales
indicados supra, en el caso sub examine, no resulta aplicable la excepción previa
de pleito pendiente parcial, porque no se cumple con el supuesto de identidad de
partes, debido a que el Solicitante del expediente del proceso de la referencia no
tiene un pleito pendiente de pérdida de investidura con el Concejal, pues no son las
mismas partes del proceso identificado con el número único de radicación
230012333000202400082-01.
53. Asimismo, la Sala considera que, a diferencia del pleito pendiente, la excepción
de cosa juzgada resulta aplicable al medio de control de pérdida de investidura, de
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1881, razón por la cual
procederá a analizarla, en aplicación de los principios de celeridad, eficacia y
economía procesal.
54. Una vez revisada la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI, se
observa que esta Sección profirió sentencia, en segunda instancia, el 29 de agosto
de 2024, en el proceso identificado con el número único de radicación
230012333000202400082-01, en el sentido de confirmar la sentencia proferida, en
primera instancia, el 29 de mayo de 2024, por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
que negó la pretensión de pérdida de investidura del Concejal.
Los procesos de pérdida de investidura identificados con los números únicos
de radicación 230012333000202400082-01 y 230012333000202400113-01
55. La Sala observa que los solicitantes, el miembro de la corporación pública de
elección popular, las pretensiones y causal de pérdida de investidura alegada en los
procesos 230012333000202400082-01 y 230012333000202400113-01, guardan
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
identidad, respecto al artículo 53 del Acuerdo núm. 10 de 2021, como se expone a
continuación:
Proceso de pérdida de 230012333000202400082-01 230012333000202400113-01 (actual)
investidura
Solicitante de la Gustavo Alberto Ayala Muñoz Neil Darío Pacheco Noble
pérdida de investidura
Miembro de la Fray Domingo Monterrosa Fray Domingo Monterrosa
corporación pública Jaramillo, Concejal del Municipio de Jaramillo, Concejal del Municipio de
de elección popular San Carlos, Córdoba, para el San Carlos, Córdoba, para el
objeto de solicitud de periodo constitucional 2020-2023 periodo constitucional 2020-2023
pérdida de investidura
“[…] PRETENSIONES “[…] DE LAS PRETENSIONES
PRIMERO: Declárese la perdida DE LA DEMANDA
de investidura del señor Fray PRIMERA. Declárese la PERDIDA
Pretensiones Domingo Monterrosa Jaramillo DE INVESTIDURA del Concejal:
identificado con la cedula de FRAY DOMINGO MONTERROSA
ciudadanía No. 11.155.655 en su JATRAMILLO, periodo
condición de Concejal del constitucional 2020-2023, del
Municipio de San Carlos – Municipio de San Carlos Córdoba,
Córdoba para el periodo por hallarse incurso en la causal
constitucional 2020-2023, para la de “violación al régimen de
época de los hechos, por hallarse incompatibilidades o conflicto de
incurso en la causal de violación al intereses”, señalada en el Numeral
régimen de incompatibilidades o 2 del Artículo 55 de la Ley 136 de
conflicto de intereses, señalada en 1994, Numeral 1 del Artículo 48 de
el numeral 2 del artículo 55 de la la Ley 617 del 2000, Artículo 70
Ley 136 de 1994, numeral 1 del Ley 136 de 1994, y Ley 1437 de
artículo 48 de la Ley 617 del 2000 2011.
y la Ley 1437 de 2011. SEGUNDA. En consecuencia, una
SEGUNDO: En consecuencia, vez declarada la “PERDIDA DE
una vez declarada la perdida de INVESTIDURA” del Concejal:
investidura del Concejal Fray FRAY DOMINGO MONTERROSA
Domingo Monterrosa Jaramillo JARAMILLO, identificado con la
identificado con la cedula de c.c. No 11.155.655, con el debido
ciudadanía No. 11.155.655 désele respeto, solicito se le dé
cumplimiento a las consecuencia cumplimiento a lo dispuestos por el
legales y jurídicas, es decir, los Numeral 1 Artículo 95.
efectos que produce dicha Inhabilidades para ser alcalde Ley
declaración presentes en el 136 de 1994, modificado Artículo
Articulo 37 Numeral 1 de la Ley 37 Ley 617 de 2000, de tener en
617 del 2000, teniendo en cuenta cuenta que el ciudadano:
que el señor Monterrosa Jaramillo MONTERROSA JARAMILLO,
ocupa actualmente el cargo de actualmente ocupa el cargo de
Alcalde del Municipio de San Alcalde del Municipio de San
Carlos – Córdoba 2024-2027 […]”. Carlos Córdoba, periodo: 2024-
2027. […]”.
La causal prevista en el numeral 2. La causal prevista en el numeral 2. °
° del artículo 55 de la Ley 136 y en del artículo 55 de la Ley 136 y en el
Causal de pérdida de el numeral 1. ° del artículo 48 de la numeral 1. ° del artículo 48 de la Ley
investidura invocada Ley 617, por violación al régimen de 617, por violación al régimen de
conflicto de intereses. conflicto de intereses.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
56. Los presupuestos fácticos que fundamentan las solicitudes de pérdida de
investidura son, en síntesis, los siguientes:
Presupuestos fácticos en el proceso Presupuestos fácticos en el proceso
230012333000202400082-01 230012333000202400113-01
“[…] HECHOS “[…] DE LOS HECHOS
PRIMERO: El señor Fray Domingo Monterrosa HECHO PRIMERO. Año de 2019. El Ingeniero
Jaramillo fue candidato a la Alcaldía del Municipio agrónomo: FRAY MONTERROSA JARAMILLO,
de San Carlos – Córdoba durante las Elecciones identificado con la c. c. No […], en las Elecciones
Regionales 2019, con aval del Partido Político autoridades territoriales Año 2019, aspiró a la
Centro Democrático. Al ocupar la segunda mayor Alcaldía del Municipio de San Carlos Córdoba,
votación en dicha contienda electoral, al señor avalado por el Partido político: CENTRO
Fray Domingo Monterrosa Jaramillo aceptó una DEMOCRATICO. Elecciones en las que el
Curul en el Concejo Municipal de San Carlos, ciudadano: MONTERROSA JARAMILLO, logra la
conforme dicta el artículo 25 de la Ley 1909 de SEGUNDA mayor votación, por lo tanto, es sujeto
2018 “Estatuto de la Oposición”, la cual fue de lo dispuesto por el Artículo 25 Ley 1909 de
aceptada por el señor Monterrosa Jaramillo. 2028, siendo así, decide, acepta y ocupa una
CURUL en el Concejo municipal de San Carlos
SEGUNDO: El señor Fray Domingo Monterrosa Córdoba. Jaramillo ocupó el cargo de Concejal del
Municipio de San Carlos – Córdoba, desde el 01 HECHO SEGUNDO. Año de 2020. El Ingeniero
de enero de 2020 hasta el día 23 de junio de agrónomo: FRAY MONTERROSA JARAMILLO,
2022, fecha en la cual presentó su renuncia ante con ocasión de aceptar la curul en el Concejo
la Alcaldesa de San Carlos por no encontrarse el municipal de San Carlos Córdoba, funge como
Concejo de San Carlos en periodo de sesiones. CONCEJAL de esa Corporación desde fecha: ENERO 01 DE 2020 hasta fecha: JUNIO 23 DE
TERCERO: Durante el tiempo que el señor Fray 2022, fecha esta última en la que renuncia de
Domingo Monterrosa Jaramillo ocupo una curul manera irrevocable de su condición de Concejal
en el Concejo de San Carlos, se debatieron dos del Municipio de San Carlos Córdoba, lo hace
proyectos de acuerdo que se convirtieron en ante la Alcaldesa municipal por encontrarse el
Acuerdos Municipales que cobran especial Concejo municipal, en receso dispuesto por la ley.
importancia para el asunto de marras, los cuales Y dentro de ese periodo en el que el Ingeniero
fueron el Acuerdo Municipal Nro. 011 de 10 de agrónomo: MONTERROSA JARAMILLO, funge
diciembre de 2020 “Por medio del cual se como como Concejal del Municipio de San Carlos
modifica el Estatuto de Rentas del Municipio de córdoba, en fecha: enero 04 de 2020 […]. San Carlos” y el Acuerdo Municipal Nro. 010 de
10 de diciembre de 2021. “Por medio del cual se HECHO TERCERO. Año de 2021. El Ingeniero
adopta el Estatuto Tributario del Municipio de San agrónomo: FRAY MONTERROSA JARAMILLO,
Carlos”. en su condición de Concejal del Municipal de San
Carlos Córdoba, participa de manera directa,
CUARTO: Cabe resaltar que actuando como particular y concreta en el DEBATE, DISCUSION
Concejal del Municipio de San Carlos, el señor y APROBACION del Proyecto de acuerdo
Monterrosa Jaramillo participó activamente en el municipal, por medio del cual se solicita se adopte
debate, discusión y aprobación de los acuerdos el nuevo régimen tributario municipal, razones por
enunciados en el hecho anterior, conforme la cual el Concejo municipal expide el Acuerdo
prueban las Actas de Sesiones Plenarias que municipal No 010 de fecha: diciembre 10 de 2021,
reposan en la Secretaría General del Concejo de que su preámbulo señala: “POR MEDIO DEL
San Carlos. CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS”. QUINTO: El Acuerdo Municipal Nro. 010 de 10 de
diciembre de 2021. “Por medio del cual se adopta HECHO CUARTO. Año de 2021.
El «ESTATUTO
el Estatuto Tributario del Municipio de San Carlos” TRIBUTARIO», expedido por medio del Acuerdo
estableció un nuevo régimen tributario para los municipal No 010 de diciembre 10 de 2021, en su
establecimientos de comercio en el Municipio de Artículo 52, y Artículo 53 del Capítulo II
San Carlos, así el mismo realizó modificaciones IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
en cuanto a muchos tributos, entre los cuales se dispone y establece que unas específicas
encuentra el Impuesto de Industria y Comercio. actividades comerciales, estén: 1. EXENTAS DE
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
En primera medida, el Acuerdo Nro. 010 de 10 de IMPUESTO. 2. ACTIVIDADES NO SUJETAS,
diciembre de 2021 “Por medio del cual se adopta exenciones tributarias que terminan beneficiando
el Estatuto Tributario del Municipio de San Carlos” de manera directa al Establecimiento comercial:
estableció en su artículo 53 “Actividades no “AGROINSUMOS SAN CARLOS S.A.S.”.
sujetas al Impuesto de Industria o Comercio” es
decir, actividades comerciales las cuales se HECHO QUINTO. Año de 2011. En fecha: mayo
encuentra exentas del pago de dicho impuesto: 11 de 2011, la ciudadana: AMANDA
Artículo 53. Actividades no sujetas. […]. MONTERROSA JARAMILLO, identificada con la
c.c. No […], registra bajo su nombre en la Cámara
De otro lado, dicho acuerdo rebajó la tarifa de de Comercio de Montería, el Establecimiento
cobro por concepto de Impuesto de Industria y comercial: “AGROINSUMOS SAN CARLOS
Comercio con respecto al Estatuto de Rentas S.A.S.”, localizado en el Municipio de San Carlos
pasado (aprobado mediante Acuerdo Municipal Córdoba, y en donde el Objeto social del mismo
Nro. 011 de 10 de diciembre de 2020 “Por medio establecimiento señala nos señala que, sus
del cual se modifica el Estatuto de Rentas del actividades comerciales, entre otras, son: […]
Municipio de San Carlos”) de 7x1000 a 6x1000, igual de particulares, actividades comerciales
conforme enunció el artículo 69, ocasionando un esas que nos muestran lo particular que son su
beneficio claro a todos los contribuyentes del realización, y de paso esas actividades nos
Impuesto de Industria y Comercio, es decir, a sus revelan ser realizadas por el UNICO
propietarios así: […]. ESTABLECIMIENTO COMERCIAL que existe
dentro de la jurisdicción del Municipio de San
SEXTO: Honorable Magistrado, paralelamente a Carlos Córdoba.
lo expuesto anteriormente, es válido manifestar
que el señor Pedro Luis Valverde Cruz, hijastro HECHO SEXTO. El Concejal: FRAY
del señor Fray Domingo Monterrosa Jaramillo (Es MONTERROSA JARAMILLO, y AMANDA
decir, relación en primer grado de afinidad entre MONTERROSA JARAMILLO, son HERMANOS
padrastro e hijastro), es propietario de dos de padre y madre, luego por disposición de la ley,
establecimientos comerciales en el Municipio de guardan entre si un parentesco en SEGUNDO
San Carlos, conforme se prueba Certificados de GRADO de consanguinidad, siendo así, forman
Existencia y Representación Legal proferidos por parte de una unidad familiar […].
la Cámara de Comercio de Montería: […].
Información respecto: AMANDA MONTERROSA
SEPTIMO: Honorable Magistrado, es válido JARAMILLO, debidamente corroborada en
manifestar que señora Amanda Dominga atención al registro de nacimiento […]”.
Monterrosa Jaramillo, hermana del señor Fray
Domingo Monterrosa Jaramillo (Es decir, relación
en segundo grado de consanguinidad entre
hermanos), es propietaria de dos
establecimientos comerciales en el Municipio de
San Carlos, conforme se prueba con los
Certificados de Existencia y Representación
Legal proferidos por la Cámara de Comercio de
Montería:
• Agroinsumos San Carlos S.A.S. […].
OCTAVO: Honorable Magistrado, es evidente que
en la presente situación se configuró una situación
de conflicto de intereses, las cuales son aquellas
situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo
relacionado a un interés primario para él o ella, y
la integridad de sus acciones, tienden a estar
indebidamente influenciadas por un interés
secundario, el cual frecuentemente es de tipo
económico o personal. […]”.
57. La Sala considera además que los fundamentos jurídicos de las solicitudes de
pérdida de investidura son los mismos, según se indica a continuación:
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Fundamentos jurídicos de la solicitud de Fundamentos jurídicos de la solicitud de
pérdida de investidura en el proceso pérdida de investidura en el proceso
230012333000202400082-01 230012333000202400113-01
“[…] Respecto a la causal contenida en el “[…] Señores Magistrados: Los HECHOS
numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 antes expuestos en la presente Demanda de
y numeral 1 del artículo 48 de la Ley 610 del “PERDIDA DE INVESTIDURA” contra el
2000, en especial con el conflicto de intereses, Concejal: FRAY MONTERROSA
estas se definen como aquellas situaciones en JARAMILLO, concurren en las CAUSALES
las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado antes señaladas, y que en resumen muestran
a un interés primario para él o ella, y la su conducta antijurídica y fuera de ley. Y en
integridad de sus acciones, tienden a estar donde el Ingeniero agrónomo, y Concejal:
indebidamente influenciadas por un interés MONTERROSA JARAMILLO, no obstante:
secundario, el cual frecuentemente es de tipo
económico o personal. […]. (i). Conocer de la existencia legal del
Establecimiento comercial: “AGROINSUMO
Los HECHOS antes enunciados, resultan ser SAN CARLOS S.A.S.”, y de las particulares
ilustrativos para explicar la causal por la cual actividades comerciales que realiza
elevo Demanda de perdida de investidura contenidas en el Objeto social del mismo.
contra el Concejal Fray Monterrosa Jaramillo
periodo año 2020-2023, con ocasión de la (ii). Conocer que la propietaria del
violación del "régimen de incompatibilidades, o Establecimiento comercial: “AGROINSUMO
del conflicto de intereses", que se revelan con SAN CARLOS S.A.S.”, es su hermana:
la participación: directa, particular y concreta de AMANDA MONTERROSA JARAMILLO.
ese servidor público frente el debate, votación y
aprobación del Proyecto de acuerdo municipal (iii). Conocer que, entre: FRAY
[…]. MONTERROSA JARAMILLO y AMANDA
MONTERROSA JARAMILLO, existe un
Y si bien es de considerarse que el Estatuto parentesco que, por disposición de la ley, se
Tributario es un Acto administrativo de carácter encuentra en CUARTO GRADO de
general, que tiene como objeto el "establecer y consanguinidad.
adoptar los impuestos”, y en particular, los de
Industria y comercio en la jurisdicción del DECIDE: Municipio de San Carlos Córdoba, no es menos
cierto que, ese Estatuto tributario en el Primero. Participar de manera directa,
Capítulo II Impuesto de Industria Y particular y concreta en el DEBATE,
Comercio, en su Artículo 53. Actividades No DISCUSION, y APROBACION del Acuerdo
Sujetas, dispone que unas actividades municipal No 010 de 2021, que adopta el
comerciales NO estarán gravadas con el «ESTATUTO TRIBUTARIO» del Municipio de
Impuesto de industria y comercio, luego lo San Carlos Córdoba, como dan fe, el Acta de
así dispuesto por ese artículo, indica que, de sesión plenaria No 092, de fecha: diciembre
alguna u otra manera, se beneficia 06 de 2021, y el Acta de sesión plenaria No
indirectamente al Establecimiento: 094 de fecha: diciembre 10 de 2021, del
"AGROINSUMOS SAN CARLOS S.A.S.", Concejo municipal de San Carlos Córdoba.
dado su Objeto social declarado en Registro
mercantil: a). Producción primaria agrícola, Segundo. Participar en aprobar las
ganadera y avícola. b). Fábrica de productos exenciones tributarias de particulares
alimenticios. actividades comerciales, contenidas en el
Artículo 52, y Artículo 53 del «ESTATUTO
Y en ese orden, el Estatuto Tributario en su TRIBUTARIO», esas estén: (i). EXCENTAS
Artículo 69. Tarifas Del Impuesto Industria Y DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
Comercio, establece la relación de unas COMERCIO (Artículo 52), y otras (ii).
actividades comerciales que resultan grabadas ACTIVIDADES NO SUJETAS (Artículo 53),
con unas particulares Tarifas tributarias, las que exenciones tributarias que benefician de
resultan ser MENORES a las Tarifas tributaria manera directa y expresa al Establecimiento
dispuestas en el Estatuto de Rentas, expedido comercial: “AGROINSUMOS SAN CARLOS
por el Acuerdo municipal 010 de 2020, siendo S.A.S.”, por ser este el ÚNICO
así, no es difícil concluir que el Artículo 53. ESTABLECIMIENTO COMERCIAL en el
ACTIVIDADES NO SUJETAS, y el Artículo 69.
Municipio de San Carlos Córdoba. TARIFAS IMPUESTO INDUSTRIA Y
COMERCIO del ESTATUTO TRIBUTARIO, Tercero. Participar en la aprobación de unas
particulares exenciones tributarias, las cuales
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antes en cita, de una u otra forma, beneficia a NO afectan, NO eximen, NO benefician
particulares Establecimientos comerciales. tributariamente, en IGUALDAD DE
CONDICIONES, al resto de los
Ahora bien, adentrándonos en el proceso del establecimientos comerciales del Municipio
Concejo municipal, frente la expedición del de San Carlos Córdoba.
Estatuto Tributario, no hay lugar a dudas
para considerar que el Concejal Monterrosa Cuarto. Desatiende la obligación contenida
Jaramillo, no obstante, tener el funcional en el Artículo 70. Conflicto de intereses Ley
conocimiento de su impedimento legal 136 de 1994, de declararse IMPEDIDO ante
como Concejal frente la aprobación de ese el Concejo municipal, para participar directa,
Estatuto tributario, desconoce los dispuesto particular, y concreta en el DEBATE,
por el Artículo 70 Ley 136 de 1994, y participa DISCUSION, y APROBACION, del Acuerdo
en la aprobación de ese documento, municipal No 010 de 2021, que aprueba el
primando en su conducta el interés de “ESTATUTO TRIBUTARIO” para el Municipio
beneficiar tributariamente y de manera de San Carlos Córdoba.
indirecta a los Establecimientos
comerciales: (i). "BILLARES MADRID", y Quinto. Participa de manera directa, entre el
"KIOSKO ANDY", de propiedad del señor: Año de 2018, y el Año de 2023, en
Pedro Luis Valverde Cruz, hijastro del Concejal representar al Establecimiento comercial:
Monterrosa Jaramillo, y (ii). "AGROINSUMOS “AGROINSUMOS SAN CARLOS S.A.S.” ante
SAN CARLOS S.A.S." y "CENTRO reuniones de gremios del sector
RECREACIONAL CERO ES 3", de propiedad agropecuarios, como lo es CONALGODN y es
de Amanda Monterrosa Jaramillo, hermana del elegido miembro Directivo de FENALCE, a la
Concejal Monterrosa Jaramillo, siendo así, es vez dentro de esos mismos años funge como
de mayor gravedad la conducta de ese servidor Concejal del Municipio de San Carlos
público, dado que cuando participa: directa, Córdoba.
particular y concreta, en la aprobación de
Estatuto tributario, lo hace conociendo quienes Señor Magistrado. Conclusiones esas que,
son los propietarios de esos Establecimientos, son más que suficiente, para endilgarle al
y el parentesco que guarda entre sí con esos Concejal: MONTERROSA JARAMILLO, la
propietarios, por lo que infiero manifestar que “violación del régimen de inhabilidad,
estamos frente la materialización de una incompatibilidad o conflicto de intereses”,
conducta violatoria del "régimen de que lo hacen ser sujeto de “PERDIDA DE
incompatibilidades, o del conflicto de intereses", INVESTIDURA” como Concejal del
luego, como consecuencia, ese proceder lo Municipio de San Carlos Córdoba, periodo
hace ser sujeto de la PERDIDA DE Año 2020-2023, de conformidad con lo
INVESTIDURA de su condición de Concejal del dispuesto por el Numeral 2° del Artículo
Municipio de San Carlos Córdoba periodo Año 55. Perdida de investidura de Concejal de
2020-2023. […]”. la Ley 136 de 1994, el Numeral 1° del
Artículo 48. Perdida de investidura de
concejal Ley 617 de 2000, en concordancia
con el Artículo 70. Conflicto de interés Ley
136 1994. […]”.
La sentencia proferida el 29 de agosto de 2024 en el proceso
230012333000202400082-01
58. La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia, en segunda
instancia, el 29 de agosto de 2024, en el proceso identificado con el número único
de radicación 230012333000202400082-01, en la cual señaló que el Solicitante
pidió la pérdida de investidura del Concejal, para el periodo constitucional 2020-
2023, invocando “[…] la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.°
del artículo 55 de la Ley 136 […] así como la prevista en el numeral 1.° del artículo
48 de la Ley 617. […]”.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
59. En la sentencia se explicó que para que se estructure el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de interés se
deben acreditar: i) la calidad de concejal; ii) la existencia de un interés directo,
particular y actual en cabeza del concejal o de su cónyuge, compañero permanente
o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, en un asunto que el
concejal conozca en razón de sus funciones constitucionales y legales; y iii) que el
concejal participe en el debate o votación del asunto, sin manifestar impedimento
frente al asunto que configura el interés.
60. La Sala encontró probado el primer supuesto del elemento objetivo de la causal
de pérdida de investidura, esto es, la condición de Concejal de Fray Domingo
Monterrosa Jaramillo, del Municipio de San Carlos, Córdoba, en el periodo 2020-
2023.
61. La Sala consideró que no se configuraba el segundo supuesto referido supra,
relativo a que exista un interés directo, particular y actual del concejal o alguna de
las personas señaladas en la ley, de orden moral o económico, en la deliberación o
decisión de un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública y, para
el efecto, respecto al artículo 53 del Acuerdo núm. 10 de 2021, explicó lo siguiente:
“[…] Sin perjuicio de las facultades de los municipios de conceder exenciones, según
lo previsto en el artículo 38 ibidem, continúan vigentes las prohibiciones contenidas
en la Ley 26 de 1904, y además subsisten para los Departamentos y Municipios, entre
otras, las previstas en dicho artículo en los literal a) y e), así:
“[…] a. La de imponer gravámenes de ninguna clase o denominación a la producción
primaria, agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en esta prohibición las
fábricas de productos alimenticios o toda industria donde haya un proceso de
transformación por elemental que ésta sea.
[…]
e. La de gravar la primera etapa de transformación realizada en predios rurales
cuando se trate de actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda
industria donde haya una transformación por elemental que ésta sea […]”.
57. En consonancia con lo anterior, el artículo 53 del Acuerdo 010 previó las
actividades no sujetas, o no gravadas, con el ICA; entre ellas, conforme a lo previsto
en su numeral 2.°, se encuentra “[…] La producción primaria agrícola, ganadera y
avícola, sin que se incluyan en esta prohibición las fábricas de productos alimenticios
o toda industria donde haya un proceso de transformación por elemental que este sea
[…]”; y de acuerdo con el numeral 4.°, “[…] La primera etapa de transformación
realizada en predios rurales cuando se trate de actividades de producción
agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya una transformación por
elemental que ésta sea […]”.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
69. El apelante señala haberse acreditado un interés directo, particular y actual del
Concejal en la aprobación de los artículos 53 y 69 del Acuerdo 010, derivado del
parentesco en segundo grado de consanguinidad con la dueña de los
establecimientos que se benefician, probado en el proceso.
70. En el proceso está probado que la señora Amanda Dominga Monterrosa Jaramillo
es pariente en segundo grado de consanguinidad (hermana) del Concejal, porque el
Registro Civil de Nacimiento de la primera y el Certificado del Estado Civil del
segundo, les acreditan un progenitor en común (el señor Arcelio José) y dos apellidos
comunes (Monterrosa Jaramillo), lo cual permite inferir razonablemente la existencia
de dicho vínculo, sumado al hecho de que los mencionados documentos no fueron
desconocidos o tachados por el Concejal. […].
74. En el caso sub examine, el interés que se le atribuye al Concejal en la aprobación
de los artículos 53 y 69 del Acuerdo 010, por razón del parentesco que tiene con la
propietaria del establecimiento CERO ES 3 y de la representación legal que dicha
señora ostenta de la empresa Agroinsumos San Carlos S.A.S, propietaria del
establecimiento de comercio AGROINSUMOS SAN CARLOS, no tiene la condición
de directo, particular y actual, de orden económico o moral, fundamentalmente, por
las siguientes razones:
74.1. Las actividades agropecuarias que fueron determinadas en los numerales 2 y 4
del artículo 53 como no sujetas al ICA, obtuvieron dicha condición por virtud de los
previsto en el numeral 2.° del artículo 39 de la Ley 14, en sus literales a) y e); es decir,
fue el legislador el que prohibió a los municipios imponer cualquier tipo de gravamen
a dichas actividades; consecuentemente, la voluntad del Concejo Municipal,
conformada por la de sus miembros, se dirigió a cumplir la prohibición general
impuesta por el legislador que les impide gravar de cualquier forma dichas
actividades, y no a la creación autónoma de un beneficio para las actividades
agropecuarias; por esta razón, no es posible calificar de directo y particular el interés
que se le endilga al Concejal. […].
74.2.1. Además, porque el objeto social de la empresa incluye otras actividades no
relacionadas con las del artículo 53, se deduce que debe cumplir con el Registro de
Información Tributaria ante la Secretaría de Hacienda Municipal de San Carlos,
previsto en el artículo 70 del Acuerdo 010; con lo cual, dicha empresa, en todo caso,
no accedería a la exclusión del ICA automáticamente, pues será dicha autoridad la
que conforme al registro y la información que la empresa debe suministrar para ello,
la que determine si alguna de las actividades que realiza es de las previstas en el
artículo 53 del Acuerdo 010; circunstancia que impide tener tal exclusión del
gravamen como un beneficio actual, y no hipotético. […].
74.6. Así las cosas, en atención a las consideraciones realizadas, la Sala concluye
que en este proceso no se acreditó en el Concejal un interés directo, personal y actual
en la votación de los artículos 53 y 69 del Acuerdo 010 del Concejo Municipal de San
Carlos. […]”.
62. Con fundamento en lo anterior, la Sección Primera dispuso “[…] CONFIRMAR
la sentencia de 29 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, mediante la cual se negó la pérdida de investidura del Concejal del
Municipio de San Carlos, Fray Domingo Monterrosa Jaramillo […]”.
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Núm. único de radicación: 230012333000202400113-01
63. Por último, la sentencia proferida, en segunda instancia, el 29 de agosto de
2024, en el proceso 230012333000202400082-01, se encuentra ejecutoriada, como
consta en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI.
La excepción de cosa juzgada en el caso concreto
64. La Sala considera que, en el caso sub examine, los procesos identificados con
el número único de radicación 230012333000202400082-01 y
230012333000202400113-01 guardan identidad de sujeto pasivo, objeto y causa,
en lo relativo al artículo 53 del Acuerdo núm. 10 de 2021, en la medida en que en
ambos se pretende la pérdida de la investidura del mismo Concejal del Municipio de
San Carlos, para el periodo 2020-2023, con fundamento en la misma causal y en
los mismos presupuestos fácticos y jurídicos.
65. Asimismo, para la Sala no son de recibo los argumentos planteados por el
apelante en relación a que “las causales y/o hechos” por las que se presentaron las
demandas son distintas, en la medida que la solicitud del proceso identificado con el
número único de radicación 230012333000202400082-01 tiene más presupuestos
fácticos que la solicitud del proceso de la referencia, porque, en cuanto al artículo
53 del Acuerdo núm. 10 de 2021 guardan identidad de objeto y causa, en ese
sentido, la Sala declarará probada de oficio la excepción de cosa juzgada parcial
únicamente respecto a lo relacionado con el artículo 53 del referido Acuerdo.
66. Lo anterior, atendiendo a que se profirió sentencia, en segunda instancia, el 29
de agosto de 2024, en el proceso 230012333000202400082-01, la cual está se
ejecutoriada, como consta en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI.
Sobre la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de la
investidura - artículo 52 del Acuerdo núm. 10 de 2021
67. La Sala procede, en el caso sub examine y atendiendo a los cargos de la
apelación, al estudio de los supuestos necesarios para la configuración de la causal
de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, y
en numeral 1.º del artículo 48 de la Ley 617, por violación del régimen del conflicto
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de interés, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136, en lo relacionado con
la aprobación por parte del Concejal del artículo 52 del Acuerdo núm. 10 de 2021.
Que ostente la calidad de Concejal
68. La Sala encuentra probado que el señor Fray Domingo Monterrosa Jaramillo fue
Concejal del Municipio de San Carlos, Córdoba, periodo 2020-2023, según se
explicó en el acápite “[…] La calificación habilitante […]” de esta providencia. En
consecuencia, el primer supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura se encuentra probado.
Que exista un interés directo, particular y actual del concejal o alguna de las
personas señaladas en la ley, de orden moral o económico, en la deliberación
o decisión de un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública
69. El apelante señala haberse acreditado un interés directo, particular y actual del
Concejal en la aprobación de los artículos 52 del Acuerdo núm. 10 de 2021, derivado
del parentesco en segundo grado de consanguinidad con la propietaria de
“Agroinsumos San Carlos S.A.S.”, el cual fue beneficiado con las actividades
exentas del ICA previstas en dicha normativa.
70. En el proceso está probado que la señora Amanda Dominga Monterrosa
Jaramillo es pariente en segundo grado de consanguinidad (hermana) del Concejal,
porque el Registro Civil de Nacimiento de la primera y el Certificado del Estado Civil
del segundo, les acreditan un progenitor en común (el señor Arcelio José) y dos
apellidos comunes (Monterrosa Jaramillo), lo cual permite inferir razonablemente la
existencia de dicho vínculo, sumado al hecho de que los mencionados documentos
no fueron desconocidos o tachados por el Concejal.
71. Se acreditó con el Acta 094 de 10 de diciembre de 2021 que el Concejal participó
de la sesión realizada en esa fecha y que en ella se aprobó el Acuerdo 010 por
unanimidad, sin que se hubiera presentado alguna manifestación de impedimento
o recusación en el curso de la sesión; por su parte, en lo que tiene que ver con la
discusión previa del proyecto de Acuerdo en el Concejo Municipal, no obra prueba
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que acredite las circunstancias de tiempo, modo y lugar de esas deliberaciones, y,
por ende, tampoco de la participación del Concejal en esas discusiones.
72. De igual manera, se probó con los correspondientes Certificados de Matrícula
Mercantil y de Existencia y Representación Legal expedidos el 29 de noviembre de
2021 por la Cámara de Comercio de Montería, que la señora Amanda Dominga
Monterrosa Jaramillo es la representante Legal de la sociedad “Agroinsumos San
Carlos S.A.S.”, y que dicha empresa es titular del establecimiento de comercio
Agroinsumos San Carlos42, con domicilio en dicho municipio.
73. En el caso sub examine, el interés que se le atribuye al Concejal en la
aprobación del artículo 52 del Acuerdo núm. 10 de 2021, por razón del parentesco
que tiene con la representante legal de la empresa Agroinsumos San Carlos S.A.S,
propietaria del establecimiento de comercio, no tiene la condición de directo,
particular y actual, de orden económico o moral, fundamentalmente, por las
siguientes razones:
73.1. Las actividades agropecuarias exentas del ICA que fueron determinadas en
los numerales 3 del artículo 52 del Acuerdo núm. 10 de 2021, obtuvieron dicha
condición por virtud de los previsto en el artículo 33 de la Ley 14; es decir, fue el
legislador el que determinó que el ICA se liquidaría con exclusión de los ingresos
provenientes sobre las exportaciones; consecuentemente, la voluntad del Concejo
Municipal, se dirigió a cumplir lo previsto por el legislador y no a la creación
autónoma de un beneficio para las actividades agropecuarias; por esta razón, no es
posible calificar de directo y particular el interés que se le endilga al Concejal.
73.2. El interés es hipotético y no actual; esto, en la medida en que del hecho de
que el objeto social de la empresa Agroinsumos San Carlos S.A.S cuente entre otras
actividades, con algunas que puedan relacionarse con las previstas en los
numerales 3 y 4 del artículo 52, no se deduce que esa empresa, y el establecimiento
de comercio del que es titular, sea el único en la jurisdicción ni que se dediquen
exclusivamente a actividades exentas deI ICA.
42 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI.
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74. Así las cosas, en atención a las consideraciones realizadas, la Sala concluye
que en este proceso no se acreditó en el Concejal un interés directo, personal y
actual en la votación del artículo 52 del Acuerdo núm. 10 de 2021 del Concejo
Municipal de San Carlos.
75. Comoquiera que en ese asunto no se acreditó que al Concejal le asistiera un
interés directo, personal y actual en la aprobación del artículo 52 del Acuerdo núm.
10 de 2021 expedido por el Concejo Municipal de San Carlos, la Sala considera que
no había lugar a que se declarara impedido en los términos previstos en el artículo
70 de la Ley 136; de manera que este requisito exigido para la configuración objetiva
de la causal tampoco se cumple.
76. Por último, respecto al argumento de que el Acuerdo núm. 10 de 2021
desconoce lo previsto por el artículo 38 de la Ley 14, la Sala considera que los actos
administrativos tienen presunción de legalidad, por lo que no corresponde al juicio
de pérdida de investidura analizar lo estimado por el apelante en este sentido.
Sobre el estudio del elemento subjetivo
77. Atendiendo a que en este asunto no se encontró configurado el elemento
objetivo de la causal de pérdida de la investidura, por la violación del régimen del
conflicto de intereses prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, y en
el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, en concordancia con el artículo 70 de
la Ley 136, la Sala se releva de efectuar el estudio del elemento subjetivo.
Conclusiones
78. La Sala considera que, en el caso, sub examine, se configuró una cosa juzgada
parcial, en lo relacionado con el artículo 53 del Acuerdo núm. 10 de 2021, y no se
encontró acreditado el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura, por
violación del régimen del conflicto de intereses prevista en el numeral 2.° del artículo
55 de la Ley 136 y en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, en concordancia
con el artículo 70 de la Ley 136, en lo relacionado con el artículo 52 del referido
Acuerdo.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de
13 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar probada de oficio la excepción de COSA JUZGADA
PARCIAL en lo concerniente al análisis del elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura. En consecuencia, ESTARSE A LO RESUELTO en la
sentencia de 29 de agosto de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado dentro del proceso identificado con el número único de radicación
230012333000202400082-01, en lo relacionado al artículo 53 del Acuerdo núm. 10
de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 13 de septiembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Aclara Voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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