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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2021-01421-01

Fecha
20 de enero de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2021-01421-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia del 12 de noviembre de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió al amparo solicitado por la señora Fabiola Andrea Rojas Linares mediante la presente acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO.- LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO.- REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2021-01421-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

20 de enero de 2022

Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
Accionante: FABIOLA ANDREA ROJAS LINARES
Accionado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
CUNDINAMARCA Y OTROS
Tema: Vulneración derechos al debido proceso, trabajo y
acceso a cargos públicos / procedencia tutela
concurso de méritos / nombramiento lista de
elegibles

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el Juzgado 3 de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha, y la señora
Neyda Elizabeth Villamizar Portilla en contra de la sentencia del 12 de
noviembre de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la
cual accedió al amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, trabajo y acceso a cargos públicos y del principio de
confianza legítima tiene sustento en los siguientes:

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Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

1. HECHOS

La señora Fabiola Andrea Rojas Linares concursó para el cargo de
citadora de juzgado municipal grado 3 en el proceso de selección
convocado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
a través de Acuerdo No. CSJNS17-1225 del 6 de octubre de 2017.

Luego de superar las etapas del concurso, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, mediante Resolución No. CSJCUR21-82
del 20 de mayo de 2021, conformó la lista de elegibles dentro de la
cual ocupó el puesto número 32.

En consecuencia, presentó el formato para opción de sede que
fundamentó el Acuerdo No. CSJCUA21-81 del 24 de agosto de 2021
expedido por la entidad accionada «por medio de la cual se formula
ante el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiples
de Soacha, lista de elegibles para proveer por el sistema de concurso
el cargo de “citador de juzgado municipal-grado 03”» cuya única
aspirante era ella.

El referido acuerdo fue retirado de la página web de la entidad
accionada sin que le fuera notificada esa decisión, después se le
informó, mediante oficio CSJCUO21-1991 del 2 de septiembre de
2021, que la vacante para la cual aspiró se encontraba ocupada por
la señora Neyda Elizabeth Villamizar Portilla quien goza de estabilidad
laboral reforzada en su condición de prepensionada, por consiguiente,
se ordenó no darle trámite a dicho acto administrativo para no
afectar su situación.

En ese sentido, el Consejo Seccional la invitó a que optara por otra
sede los primeros días hábiles de cada mes e indicó que para
septiembre estarían publicadas dos vacantes de citador de juzgado
municipal grado 3 de Chía (Cundinamarca).

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Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

El 21 de octubre de 2021, fue declarada insubsistente del cargo de
citadora del Juzgado Promiscuo de Silvania (Cundinamarca) debido al
nombramiento en propiedad de la señora Ana Milena Silva Cortés.

Se encuentra en una situación económica difícil, porque su esposo se
quedó sin trabajo y debe asumir los gastos de su hogar del que hacen
parte sus dos hijos.

2. PRETENSIONES

La parte accionante pidió lo siguiente:

«PRIMERA. Se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, cumplir con el ACUERDO No. CSJCUA21-81 24
de agosto de 2021 “Por medio del cual se formula ante el
Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples
de Soacha, Cundinamarca, Lista de Elegibles para proveer por
el Sistema de Concurso el cargo de “Citador de Juzgado
Municipal– Grado 03”.

SEGUNDA. Que se ordene al JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE
DE SOACHA, continuar con el trámite que, para efectos del
nombramiento y posesión derivados de la Lista de Elegibles, se
debe cumplir. (Los términos señalados en la Ley 270 de 1996 -
Estatutaria de la Administración de Justicia)

TERCERA. Que se vincule a las personas que tengan injerencia
en la presente acción de tutela».

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante aseguró que la actuación de la entidad accionada
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y
acceso a cargos públicos, así como el principio de confianza legitima,
toda vez que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional se le debe garantizar el nombramiento en el cargo al

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Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

que aspiró y en relación con el cual superó todas las etapas del
proceso de selección.

En ese orden de ideas, aseguró que el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca incurrió en una evidente actuación
irregular «pues en el caso en que hubieran puesto la anotación de la
estabilidad laboral reforzada reconocida respecto de la persona que
ocupa la vacante, en el hipotético caso que se hubiera dejado la
anotación, me hubiera brindado más información para tomar otra
decisión, aunque ya no es posible, porque son menos las
posibilidades que tengo, ya que no quedan cargos, mi puntaje es
bajo, y hay otras personas que se encuentran mejor ubicados (sic) en
las listas y van acceder a los cargos que quedan, si es que queda
alguno».

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 29 de octubre de 2021, la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió
la acción de la referencia y ordenó notificar al Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, como accionado, y al Juzgado 3 de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha y a la señora
Neyda Elizabeth Villamizar Portilla, como terceros interesados, para
que en el término de dos (2) días siguientes a la respectiva
notificación de dicha providencia, se pronunciaran sobre los hechos
que originaron la solicitud constitucional.

5. INTERVENCIONES

5.1. El juez tercero de pequeñas causas y competencia
múltiple de Soacha afirmó que no ha vulnerado derecho alguno de
la accionante, porque cumplió con el deber de informar al Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca la condición de

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Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

prepensionada de la señora Neyda Elizabeth Villamizar Portilla que le
fue reconocida por esa misma entidad mediante respuesta CSJUO21-
1756 del 19 de agosto de 2021.

5.2. La señora Neyda Elizabeth Villamizar Portilla argumentó que
puso en conocimiento del Consejo Seccional de la Judicatura su
condición de prepensionada a través de circular CSJCUO21-145, la
cual le fue otorgada por medio de respuesta CSJUO21-1756 del 19 de
agosto de 2021, en los siguientes términos: «En conclusión, de
conformidad con el material probatorio arrimado – reporte de
semanas simultáneos cotizados en pensión de Colpensiones del 29 de
julio de 2021 se extrae, que fácilmente cuenta con 1283 semanas y
que tiene 56 años, lo que a todas luces se puede inferir fácilmente
que se encuentra dentro del límite exigido por la Corte Constitucional
(sentencia SU-003 de 2018), para dar lugar al reconocimiento de
fuero de estabilidad laboral, es decir, se encuentra dentro del rango
de semanas para acceder al mismo estado ad portas (17 semanas)
de cumplir con el número mínimo de semanas de cotización (1300
semanas), por lo que esta Corporación procederá a suspender la
publicación de la referida vacante, en la página web de la Rama
Judicial, de manera pro tempore hasta el 31 de diciembre, fecha en la
cual ha cumplido el mínimo de semanas cotizadas para obtener el
beneficio pensional».

5.3. El vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca advirtió que la tutela es improcedente, por cuanto la
accionante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable y
porque ocupa el puesto 32 en el registro de elegibles para el cargo al
que aspiró de tal manera que debe esperar que quienes ostentan una
mejor posición ejerzan su derecho. Además, resaltó que el acuerdo
cuyo cumplimiento se requiere ya no está vigente, de tal manera que
las pretensiones elevadas no están llamadas a prosperar.

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Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

Congruente con lo expuesto, aseguró que la actuación reprochada por
la accionante obedeció al cumplimiento de las directrices jurídicas
fijadas por la Corte Constitucional en sentencia SU-003 de 2018
según la cual se debe respetar la estabilidad laboral de la empleada
nombrada en provisionalidad que tiene la condición de
prepensionada, la señora Neyda Elizabeth Villamizar Portilla.

En ese sentido, precisó que una vez conocida la situación especial de
la persona que ocupa el cargo al que optó la señora Fabiola Andrea
Rojas Linares, se resolvió suspender la publicación de la vacante
hasta tanto la empleada prepensionada cumpliera con el número
mínimo de semanas cotizadas, lo cual ocurriría en diciembre de 2021,
momento en el que se ofertaría nuevamente la plaza.

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de sentencia del 12 de noviembre de 2021,
accedió al amparo solicitado1, pues consideró que la tutela es

1 «PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a cargos
públicos de los que es titular la señora Fabiola Andrea Rojas Linares.
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el Acuerdo No. CSJCUA21-172 del 2 de
septiembre de 2021, “Por medio del cual se deja sin efectos el Acuerdo CSJCUA21-81 de 24
de agosto de 2021, mediante el cual se formuló para ante el Juzgado Tercero de Peque as
Causas y Competencia Múltiple de Soacha, Lista de Elegibles para proveer por el sistema de
concurso el cargo de Citador de Juzgado Municipal Grado 03”, expedido por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
TERCERO: ORDENAR al señor Jesús Antonio Sánchez Sossa, en calidad de Presidente del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, y al señor Ramón Ariosto González
Domínguez, como titular del Juzgado 3 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Soacha, que respeten el derecho de la señora Fabiola Andrea Rojas Linares consolidado en el
Acuerdo No. CSJCUA21-81 del 24 de agosto de 2021, “por medio del cual se formula ante el
Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Soacha, Cundinamarca,
Lista de Elegibles para proveer por el Sistema de Concurso el cargo de “Citador de Juzgado
Municipal– Grado 03”.
En consecuencia, deberá garantizarse el nombramiento de la accionante con efectos fiscales
a más tardar el 1 de enero de 2022, o antes, cuando la señora Neyda Elizabeth Villamizar
Portilla reúna los requisitos para acceder a una pensión de vejez; por lo tanto, hasta
entonces, se mantendrá a la empleada señalada desempeñándose en el cargo en el que lo ha
venido haciendo hasta la fecha.
PARÁGRAFO. En caso tal que, al 31 de diciembre de 2021, la señora Neyda Elizabeth
Villamizar Portilla no hubiese logrado reunir los requisitos necesarios para acceder a una
pensión de vejez, se ORDENA al señor Jesús Antonio Sánchez Sossa, en calidad de
Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que ofrezca a la
empleada una vacante en un cargo que se encuentre disponible dentro de la planta del

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Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

procedente para dejar sin efectos el Acuerdo No. CSJCUA21-172 del 2
de septiembre de 2021, toda vez que su expedición fue abiertamente
contraria al ordenamiento jurídico de tal forma que constituye una
carga desproporcionada para la accionante someterla a un proceso
ante la jurisdicción para conseguir su anulación cuando ella actuó de
acuerdo con las reglas del concurso de méritos al que se presentó.

Igualmente, sostuvo que la acción constitucional procede para lograr
el nombramiento de la accionante al cargo al que aspiró, porque no
solo es titular del derecho adquirido creado al proferir la lista de
elegibles, sino que se encuentra acreditado su estado de
vulnerabilidad, puesto que fue desvinculada del cargo que ocupaba en
provisionalidad y provee los ingresos mínimos para la manutención
de su grupo familiar.

En esa línea de ideas, resaltó que «efectivamente el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca lesionó el derecho
fundamental al debido proceso de la señora Fabiola Andrea Rojas
Linares, en la medida en que transgredió el principio de confianza
legítima en el trámite de escogencia de opciones surtido en el
concurso de méritos al cual aspiró la accionante. Adicionalmente,

Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, con funciones similares o equivalentes
a aquel en el que la señora Villamizar Portilla se ha venido desempeñando.
Ahora, de no llegar a existir tales vacantes, se ORDENA continuar el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones y salud) hasta el momento en que la señora
Villamizar Portilla cumpla con el requisito mínimo de semanas para acceder a una pensión de
vejez, es decir, 1300 semanas. Una vez cumpla con el requisito de semanas, se
mantendrá el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud hasta que la
señora Villamizar Portilla sea efectivamente incluida en nómina de pensionados.
CUARTO: ORDENAR al señor Jesús Antonio Sánchez Sossa, en calidad de Presidente del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, y al señor Ramón Ariosto González
Domínguez, como titular del Juzgado 3 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Soacha, que remitan informe de cumplimiento al Despacho del Magistrado ponente dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al acatamiento de las órdenes anteriormente
impartidas.
QUINTO: NOTIFICAR este fallo a todos los interesados, por el medio más ágil y eficaz
disponible, y si no fuere impugnado, rem tase oportunamente el expediente ante la Corte
Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del art culo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991. Una vez se surta el correspondiente trámite, proceder con el archivo del
proceso».

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procedió a revocar su lista de elegibles mediante el Acuerdo No.
CSJCUA21-172 del 2 de septiembre de 2021, a pesar de no contar
con el consentimiento expreso de la tutelante para ello, con lo cual en
la producción del acto administrativo se incurrió en un defecto
procedimental absoluto».

Asimismo, determinó que «el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca vulneró el derecho fundamental al acceso a cargos
públicos de la accionante, en la medida en que omitió tramitar su
lista de elegibles a pesar de haberse creado un derecho adquirido en
ella a ser nombrada en el cargo para el cual aspiró. Ahora, si bien es
cierto que dicha vacante se encuentra ocupada por una servidora
nombrada en provisionalidad y que es beneficiaria de un fuero de
estabilidad laboral reforzada por ser prepensionada, ello no implica el
desconocimiento de los derechos de carrera de la tutelante, sino que
debe ponderarse cada situación para dar una respuesta adecuada a
los derechos fundamentales que entran en tensión, de tal forma que
satisfaga tanto a quien ocupa el cargo en provisionalidad y está
protegida por la estabilidad reforzada de prepensionada y quien tiene
el derecho a ser nombrada por ocupar el primer puesto en la lista».

7. IMPUGNACIÓN

7.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
impugnó la decisión de primera instancia, pues insistió en que la
tutela es improcedente por incumplir con el requisito de
subsidiariedad toda vez que la accionante no interpuso los recursos
en sede administrativa contra el acto administrativo reprochado, no
manifestó las razones por las cuales se abstuvo de presentarlos y de
aportar las pruebas que demostraran los requisitos exigidos por la
jurisprudencia para que la acción procediera.

Por otra parte, señaló que la opción de sede a la que se inscribió la

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Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

accionante solo estuvo publicada unas horas y no por cinco días como
lo exige la norma, por consiguiente, no se puede derivar un derecho
de un procedimiento incompleto de conformación de la lista de
elegibles.

Finalmente, resaltó que se debió vincular a todos los integrantes de la
lista de elegibles del cargo al que aspiró la accionante a efectos que
expusiera sus opiniones sobre el tema debatido y que les afecta
directamente.

7.2. El juez tercero de pequeñas causas y competencia
múltiple de Soacha presentó impugnación contra la sentencia del a
quo, por cuanto consideró que no transgredió ninguna de las
garantías constitucionales de la accionante, puesto que no fue
notificado del Acuerdo CJSCUA21-81 del 24 de agosto de 2021 que
formuló la lista elegibles en la que ella era la única aspirante para
proveer el cargo de citadora del juzgado, solo fue informado de
otorgar la estabilidad reforzada a la señora Neyda Elizabeth Villamizar
Portilla como prepensionada.

7.3. La señora Neyda Elizabeth Villamizar Portilla manifestó su
inconformidad con la sentencia impugnada, pues advirtió que se
desconoció el principio de subsidiariedad de la tutela en el entendido
que la accionante cuenta con otro medio de defensa judicial y no
probó la existencia de un perjuicio irremediable.

Reiteró que comunicó al Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca en el momento oportuno su condición de
prepensionada la cual le fue reconocida mediante oficio CSJCUO21-
1756 del 19 de agosto de 2021.

Destacó que no se tuvo en cuenta que es una mujer de 56 años,
separada, cuyo único ingreso para subsistir es el salario que percibe

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Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

con su trabajo, en consecuencia, el fallo del Tribunal afecta sus
derechos al mínimo vital, trabajo y a una estabilidad laboral reforzada
en su condición de prepensionada.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a desatar la presente
controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20192,
en cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

De conformidad con los antecedentes expuestos, la Sala de
Subsección previo a analizar el fondo del asunto, debe resolver si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedencia?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, se deberá
determinar lo siguiente:

2 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

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Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

 ¿El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca vulneró
los derechos fundamentales invocados en protección por la
señora Fabiola Andrea Rojas Linares, al dejar sin efectos, sin su
consentimiento, el Acuerdo No. CSJCUA21-81 del 24 de agosto
de 2021 a través del cual se conformó la lista de elegibles ante
el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias
Múltiples de Soacha para proveer por el sistema de concursos el
cargo de citador de juzgado municipal grado 03?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela como mecanismo excepcional en el
desarrollo de concursos de méritos, ii) de los concursos de méritos en
la Rama Judicial y iii) el caso concreto.

3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO

3.1. LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO EXCEPCIONAL
EN EL DESARROLLO DE CONCURSOS DE MÉRITOS

A partir de lo dispuesto en el artículo 86 de la carta política, se tiene
que la acción de tutela ostenta un carácter residual, en tanto que su
procedencia está supeditada a que el afectado carezca de otro
mecanismo judicial que permita la protección de sus derechos
fundamentales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable3.

3 Reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece que "Toda

persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto", sin embargo de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 6° ibídem, ésta acción no procede
cuando existen otros medios de defensa judiciales, salvo que se interponga como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En esto consiste su condición de medio
judicial subsidiario. Ese mecanismo alterno, según reiterada jurisprudencia constitucional,
debe ser eficaz, pues de no serlo, la tutela no procede como medio judicial de protección de
los derechos fundamentales.

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Ahora bien, es necesario advertir, que no basta con la existencia de
otro mecanismo de defensa judicial, sino que éste deberá ser eficaz
en cuanto al fin pretendido por el ciudadano, apreciación que implica
la realización de un estudio minucioso del mecanismo judicial previsto
por el ordenamiento jurídico, y establecer, además, la idoneidad de
este para lograr el propósito perseguido, es decir, el cese de la
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales. Igualmente,
el juez de tutela deberá realizar un estudio de las circunstancias del
caso concreto en que se encuentra el solicitante.

En materia de concursos públicos, la Corte Constitucional ha
considerado que si bien, en principio, podría sostenerse que los
afectados por una presunta vulneración de sus derechos
fundamentales podrían controvertir las decisiones tomadas por la
administración -las cuales están contenidas en actos administrativos
de carácter general o de carácter particular- mediante las acciones
señaladas en el Código Contencioso Administrativo, hoy CPACA, se ha
estimado que éstas vías judiciales no son idóneas y eficaces para
restaurar los derechos fundamentales conculcados.4

En ese sentido, frente a decisiones de trámite que se dictan en el
desarrollo de un concurso de méritos para la provisión de empleos,
contra estos no proceden los recursos de la vía gubernativa ni los
medios de control que regula la Ley 1437 de 2011 –CPACA-. Por lo
tanto, en el evento de que se presente en desarrollo del concurso la
flagrante violación de un derecho fundamental, la acción de tutela
para el afectado resulta procedente ante la carencia de medios de
defensa judiciales para lograr la continuidad en el concurso.

4 Corte Constitucional, sentencia T-532 de 2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

Así lo aceptó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado5 y lo ha reiterado la Sección Cuarta6 en anteriores
ocasiones.

Sin embargo, en lo que se refiere a los actos definitivos, se ha
señalado que estos son pasibles de los medios ordinarios de control
judicial contemplados en el CPACA, en los cuales se puede solicitar,
como medida cautelar la suspensión del acto7. Sin embargo, contra
los mismos, procederá de manera excepcional la acción de tutela,
conforme a las siguientes reglas establecidas por la Corte
Constitucional8 en las cuales el carácter subsidiario de la acción de
tutela no impide su utilización a pesar de existir mecanismos alternos
de defensa judicial, es decir:

i. Cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable inminente, que requiera
medidas urgentes, sea grave e impostergable y,
ii. Cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica es
ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección
se invoca y que en caso de no ser garantizado, se traduce en
un claro perjuicio para el accionante9, caso en el que
corresponde al juez de tutela evaluar si el medio alternativo
presenta la eficacia necesaria para la defensa del derecho
fundamental presuntamente conculcado.

5 Sentencia AC-00698 (2007) del 28 de agosto de 2007, M. P. Martha Sofía Sanz Tobón.
6 Sentencia AC-00068 del 28 de mayo de 2008, reiterada a su vez en las sentencias AC-
00009 del 3 de abril de 2008, AC-00044 y AC-00046 del 10 de abril de 2008 y AC-00043 del
8 de mayo de 2008, todas con Ponencia de Ligia López Díaz.
7 Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-368 de 2008 (MP Manuel José Cepeda

Espinosa), T-244 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-800A de 2011 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva).
8 Sentencia T- 090-13. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva
9 La Corte ha aplicado ésta última subregla cuando los accionantes han ocupado el primer

lugar en la lista de elegibles y no fueron nombrados en el cargo público para el cual
concursaron, circunstancia ésta en la que ha concluido que el medio idóneo carece de la
eficacia necesaria para proveer un remedio pronto e integral y, por ende, ha concedido la
protección definitiva por vía tutelar

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Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

Ahora, para la primera regla en mención, la tutela procederá
excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, en tratándose de la provisión de cargos
públicos mediante el sistema de concurso de méritos, cuando el
perjuicio reúne las siguientes condiciones:

«(i) se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iii) su ocurrencia es inminente; (iv) resulta urgente la
medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y, (v) la gravedad de los hechos, es
de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela
como mecanismo necesario para la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales»10.

De lo anterior se colige que si el perjuicio que se alega no se enmarca
en las anteriores condiciones, el amparo solicitado es improcedente y
deberá acudirse a los medios de control establecidos, dentro de los
cuales se puede solicitar la suspensión del acto administrativo que le
afecta, para evitar la consumación de un posible daño.

En relación con la segunda regla de procedencia, en sentencia SU-
913 de 2009, la Corte Constitucional concluyó que si bien, pueden
existir otros mecanismos judiciales, estos deben ser eficaces y
conducentes para tener la entidad de excluir al mecanismo de tutela
en la protección de derechos en materia de concurso de méritos. De
lo contrario, esto es, acudir a un proceso ordinario o contencioso
administrativo, se estaría obligando a soportar la vulneración de
derechos que requieren atención inmediata. Se consideró en esa
oportunidad:

«[…] en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de
carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni
oportuna acudiendo a un proceso ordinario o contencioso, en la medida
que su trámite llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada

10Sentencia de la Corte Constitucional T-132 de 2006, con ponencia del Dr. Humberto
Antonio Sierra Porto, reiterada en las sentencias T-244 de 2010 y T-800A de 2011.

14

Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

la vulneración de derechos fundamentales que requieren de protección
inmediata. Esta Corte ha expresado, que para excluir a la tutela en
estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se
trata nada menos que de la defensa y realización de derechos
fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo
de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el
ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la Constitución
en el caso particular».

En ese mismo sentido, en cuanto a la eficacia de la solicitud de
medidas cautelares en el curso de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en sentencia T-059 de 2019, resaltó:

«[…]

24. Por último, es importante poner de presente que, pese a que se
podría sostener que la pretensión de la acción de tutela, se podría
satisfacer mediante la solicitud de medidas cautelares, lo cierto es que
en el fondo se plantea una tensión que involucra el principio de mérito
como garantía de acceso a la función pública y ello, a todas luces,
trasciende de un ámbito administrativo y se convierte en un asunto de
carácter constitucional, que torna necesaria una decisión pronta, eficaz
y que garantice la protección de los derechos fundamentales.

25. Lo anterior, en la medida en que tal y como se estableció en las
sentencias C-645 de 2017, C-588 de 2009, C-553 de 2010, C-249 de
2012 y SU-539 de 2012, el mérito es un principio fundante del Estado
colombiano y del actual modelo democrático, en la medida en que tiene
un triple fundamento histórico, conceptual y teleológico. En efecto, el
principio del mérito se estableció en el ordenamiento jurídico con la
finalidad de proscribir las prácticas clientelistas, para garantizar un
medio objetivo de acceso, permanencia y retiro del servicio público y,
por último, para hacer efectivos otros derechos que encuentran garantía
plena a través de éste, al tiempo que se materializan los principios de la
función administrativa, previstos en el artículo 209 de la Constitución.

[…]»

De todo lo anterior, se advierte con claridad que según la
jurisprudencia constitucional la acción de tutela es procedente contra
los actos administrativos definitivos proferidos en el trámite de un
concurso de méritos, teniendo en cuenta que es un instrumento

15

Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

judicial eficaz e idóneo con el que cuenta una persona a quien se le
ha vulnerado o amenazado su derecho al merito, por ejemplo, por la
exclusión del concurso luego de haber superado las pruebas de
conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades.

3.2. DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS EN LA RAMA JUDICIAL

La carrera administrativa cuyo origen constitucional se encuentra en
el artículo 12511 de la Constitución Política, es un sistema técnico de
administración de personal que tiene por objeto garantizar la
eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad
de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público12. En
este sentido, la carrera administrativa funge, entonces, como un
principio y una garantía constitucional13.

Al efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha manifestado
que «La Constitución de 1991, con las salvedades que ella misma
indica, ha hecho del sistema de carrera el general y obligatorio para la
provisión de cargos al servicio del Estado, en todas sus ramas y
órganos, para el ascenso dentro de la jerarquía de cada uno de ellos,
para la permanencia de los empleados y para el retiro del servicio
público»14.

En este sentido, esa corporación ha expresado reiteradamente que
los funcionarios deberán ser nombrados por concurso público cuando

11 «ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento
de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación
del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para
un empleo de carrera, su ascenso o remoción.»
12 Corte Constitucional, sentencia C – 049 de 2006.
13 Corte Constitucional, sentencia C-588 de 2009.
14 Corte Constitucional sentencia SU-133 de 1998.

16

Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

el sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley15, esto es, cuando se trate de cargos de elección
popular, de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley.

Así pues, el concurso de méritos está dirigido a garantizar la selección
objetiva del aspirante, según la evaluación y determinación de su
capacidad e idoneidad para asumir las funciones a desempeñar, de
manera que se impida la subjetividad o arbitrariedad del nominador o
criterios contrarios a los principios y valores constitucionales.

En lo que se refiere a la carrera judicial, la Ley 270 de 199616,
reformada por la Ley 1258 de 200917, establece que ésta se funda en
el carácter profesional de los servidores, la eficacia de su gestión, la
garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función
pública y en la consideración del mérito como fundamento principal
para el ingreso, la permanencia y promoción en el servicio.

En efecto, el artículo 160 ibídem señala los requisitos exigidos para
ocupar cargos en la carrera judicial, entre ellos el concurso:

«Para el ejercicio de cargos de carrera en la Rama Judicial se requiere,
además de los requisitos exigidos en disposiciones generales, haber
superado satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las
evaluaciones previstas por la ley y realizadas de conformidad con los
reglamentos que para tal efecto expida la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.

El acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera
requerirá de la previa aprobación del curso de formación judicial en los
términos que señala la presente ley.

15 Corte Constitucional, sentencias: T-410 de 1992, C-479 de 1992, T-515 de 1993, C-126 de

1996, C-063 de 1997, C-522 de 1995, C-753 de 2008 y de forma más reciente C-333 de
2012 y C-532 de 2013.
16 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
17 “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de

Justicia”.

17

Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

PARÁGRAFO. Los funcionarios de carrera que acrediten haber realizado
el curso de formación judicial, no están obligados a repetirlo para
obtener eventuales ascensos y, en este caso, se tomarán las respectivas
calificaciones de servicio como factor sustitutivo de evaluación.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Con arreglo a la presente ley y dentro
del año siguiente a su entrada en vigencia, la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura adoptará todas las medidas que sean
necesarias para que el curso de formación judicial sea exigible, con los
alcances que esta ley indica, a partir del 1o. de enero de 1997.» Negrilla
del texto.

Así, el proceso de selección contenido en el artículo 16218 comprende
las siguientes etapas: concurso de méritos, conformación del registro
nacional de elegibles, elaboración de listas de candidatos,
nombramiento y confirmación.

En este sentido, las personas que superen el concurso de méritos19
entran a formar parte del registro de elegibles para los cargos por los

18 “ARTÍCULO 162. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. El sistema de ingreso a los cargos

de Carrera Judicial comprende las siguientes etapas:
Para funcionarios, concursos de méritos, conformación del Registro Nacional de Elegibles,
elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación.
Para empleados, concurso de méritos, conformación del Registro Seccional de Elegibles,
remisión de listas de elegibles y nombramiento.
PARÁGRAFO. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a lo
dispuesto en la presente ley, reglamentará la forma, clase, contenido, alcances y los demás
aspectos de cada una de las etapas. Los reglamentos respectivos deberán garantizar la
publicidad y contradicción de las decisiones.”
19 “ARTÍCULO 164. CONCURSO DE MÉRITOS. El concurso de méritos es el proceso mediante

el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad
moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial,
se determina su inclusión en el Registro de Elegibles y se fijará su ubicación en el mismo.
Los concursos de mérito en la carrera judicial se regirán por las siguientes normas básicas:
1. Podrán participar en el concurso los ciudadanos colombianos que de acuerdo con la
categoría del cargo por proveer, reúnan los requisitos correspondientes, así como también los
funcionarios y empleados que encontrándose vinculados al servicio y reuniendo esos mismos
requisitos, aspiren a acceder o a ocupar cargos de distinta especialidad a la que pertenecen.
2. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de selección mediante
concurso de méritos. Cada dos años se efectuará de manera ordinaria por la Sala
Administrativa de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, y extraordinariamente
cada vez que, según las circunstancias, el Registro de Elegibles resulte insuficiente.
3. Las solicitudes de los aspirantes que no reúnan las calidades señaladas en la convocatoria
o que no acrediten el cumplimiento de todos los requisitos en ella exigidos, se rechazarán
mediante resolución motivada contra la cual no habrá recurso en la vía gubernativa.
4. Todo concurso de méritos comprenderá dos etapas sucesivas de selección y de
clasificación.
La etapa de selección tiene por objeto la escogencia de los aspirantes que harán parte del
correspondiente Registro de Elegibles y estará integrada por el conjunto de pruebas que, con
sentido eliminatorio, señale y reglamente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.

18

Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

que optaron y concursaron, en orden descendente por los puntajes
obtenidos en los procesos de selección, la especialidad y las sedes
territoriales para las que aplicaron.

Las valoraciones de estos factores se deben realizar por medios
técnicos, que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad,
con parámetros previamente determinados.

Las etapas siguientes son la conformación del registro de elegibles, el
nombramiento, la comunicación, la aceptación, la confirmación y la
posesión, las cuales se encuentran reguladas específicamente en los
artículos 133, 165 y s.s. de la Ley 270 de 1996. Sin embargo, para el
caso de los empleados se omite la etapa de confirmación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 162 ibídem. Veamos el procedimiento
que para estas etapas señala la norma:

«ARTÍCULO 165. REGISTRO DE ELEGIBLES. La Sala Administrativa
de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura conformará con
quienes hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente
Registro de Elegibles para cargos de funcionarios y empleados de
carrera de la Rama Judicial, teniendo en cuenta las diferentes categorías
de empleos y los siguientes principios.

La inscripción en el registro se hará en orden descendente, de
conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso de
selección determine el reglamento.

La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro
años. Durante los meses de enero y febrero de cada año, cualquier
interesado podrá actualizar su inscripción con los datos que estime
necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiere lugar.

La etapa de clasificación tiene por objetivo establecer el orden de registro según el mérito de
cada concursante elegible, asignándosele a cada uno un lugar dentro del Registro para cada
clase de cargo y de especialidad.
PARÁGRAFO 1o. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará
de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas, y señalará
los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera.
PARÁGRAFO 2o. Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera
judicial, así como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de
aquéllas, tienen carácter reservado”.

19

Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

Cuando se trate de cargos de funcionarios, o de empleados de las
corporaciones judiciales nacionales el concurso y la incorporación al
registro se hará por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura; en los demás casos dicha función corresponde a las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

PARÁGRAFO. En cada caso de conformidad con el reglamento, los
aspirantes, en cualquier momento podrán manifestar las sedes
territoriales de su interés.

[…]

ARTÍCULO 167. NOMBRAMIENTO. Cada vez que se presente una
vacante en cargo de funcionario, la entidad nominadora comunicará la
novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la
correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de
la Judicatura, según el caso. Recibida la lista de candidatos, procederá
al nombramiento dentro de los diez días siguientes.

Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más tardar
dentro de los tres días siguientes, solicitará a la Sala Administrativa del
Consejo Superior o Seccional que corresponda, el envío de la lista de
elegibles que se integrará con quienes ocupen los primeros cinco
lugares en el correspondiente registro de elegibles, previa verificación
de su disponibilidad. La Sala remitirá la lista dentro de los tres (3) días
siguientes y el nombramiento se hará a más tardar dentro de los diez
(10) días siguientes».

En cuanto al término perentorio para efectuar la posesión en los
cargos, el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 señala que el elegido
dispondrá de 15 días para tomar posesión del cargo:

«ARTÍCULO 133. TÉRMINO PARA LA ACEPTACIÓN,
CONFIRMACIÓN Y POSESIÓN EN EL CARGO. El nombramiento
deberá ser comunicado al interesado dentro de los ocho días siguientes
y éste deberá aceptarlo o rehusarlo dentro de un término igual.

Quien sea designado como titular en un empleo para cuyo ejercicio se
exijan requisitos y calidades, deberá obtener su confirmación de la
autoridad nominadora, mediante la presentación de las pruebas que
acrediten la vigencia de su cumplimiento. Al efecto, el interesado
dispondrá de veinte (20) días contados desde la comunicación si reside
en el país o de dos meses si se halla en el exterior.

20

Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

La autoridad competente para hacer la confirmación sólo podrá negarla
cuando no se alleguen oportunamente las pruebas mencionadas o se
establezca que el nombrado se encuentra inhabilitado o impedido moral
o legalmente para el ejercicio del cargo.

Confirmado en el cargo, el elegido dispondrá de quince (15) días para
tomar posesión del mismo.

PARÁGRAFO. El término para la posesión en el cargo podrá ser
prorrogado por el nominador por una sola vez, siempre que considere
justa la causa invocada y que la solicitud se formule antes del
vencimiento».

Conforme a las anteriores disposiciones, la Sala de Decisión debe
analizar la eficacia del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en el caso en concreto.

4. CASO CONCRETO

De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de
Subsección resolverá los cuestionamientos formulados.

4.1. ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedencia?

En relación con este cuestionamiento la Sala de Decisión determinará
a continuación si la acción de tutela de la referencia cumplió con los
requisitos generales de procedencia: legitimación en la causa por
activa del accionante y por pasiva de las accionadas, inmediatez y
subsidiariedad.

(i) Legitimación en la causa por activa: de acuerdo con el artículo
86 de la Constitución Política cualquier persona que considere que sus
derechos han sido transgredidos o amenazados, podrá interponer la
acción de tutela.

21

Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

A propósito, en el caso sub examine, la señora Fabiola Andrea Rojas
Linares, en nombre propio, presentó la acción de tutela al considerar
vulnerados sus derechos al debido proceso, trabajo y acceso a cargos
y funciones públicas con motivo del Acuerdo No. CSJCUA21-172 del 2
de septiembre de 202120 proferido por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca que revocó, sin su consentimiento, el
Acuerdo No. CSJCUA21-81 del 24 de agosto de 2021 «Por medio del
cual se formula ante el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Soacha, Cundinamarca, Lista de Elegibles
para proveer por el Sistema de Concurso el cargo de “Citador de
Juzgado Municipal– Grado 03» en el que figuraba como única
aspirante, en consecuencia, este requisito se encuentra cumplido.

(ii) Legitimación por pasiva: según el artículo 5 del Decreto 2591
de 1991 «La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de
las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar
cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley».

En ese sentido, tratándose del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca como la entidad que profirió el acto administrativo
(Acuerdo No. CSJCUA21-172 del 2 de septiembre de 2021) respecto
del cual se depreca la vulneración de las garantías fundamentales de
la accionante, la Sala de Decisión considera que a esta entidad le
asiste legitimación en la causa por pasiva.

De igual manera le asiste legitimación al juez tercero de pequeñas
causas y competencia múltiple de Soacha, por ser el nominador en el
cargo para el cual la aspirante era la única en la lista de elegibles.

20 «Por medio del cual se deja sin efectos el Acuerdo CSJCUA21-81 de 24 de agosto de 2021,

mediante el cual se formul para ante el Juzgado Tercero de Peque as Causas y Competencia
Múltiple de Soacha, Lista de Elegibles para proveer por el sistema de concurso el cargo de
Citador de Juzgado Municipal Grado 03»

22

Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

(iii) Inmediatez: teniendo en cuenta que el acto administrativo que
dejó sin efectos el Acuerdo No. CSJCUA21-81 del 24 de agosto de
2021 fue proferido el 2 de septiembre de 2021, y la tutela se
interpuso el 29 de octubre de 202121, considera la Sala de Subsección
que este requisito también se cumplió, puesto que el término que
transcurrió entre la última actuación de la administración y la
presentación del amparo fue razonable y proporcionado.

(iv) Subsidiariedad: en relación con esta exigencia, se advierte que
tanto el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, como la
señora Neyda Elizabeth Villamizar Portilla en la impugnación que
presentaron, manifestaron que la tutela no cumplió con el principio de
subsidiariedad, porque se disponían de otros medios de defensa
judicial y no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

A propósito, tratándose del requisito de subsidiariedad en el sub
judice, contrario a lo sostenido por la entidad accionada y la tercera
interesada, y de acuerdo con los argumentos señalados en el numeral
3.1. de esta providencia, esta Sala de Decisión considera que la
acción de tutela sí es procedente contra el Acuerdo No. CSJCUA21-
172 del 2 de septiembre de 202122 proferido por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca que revocó el Acuerdo No.
CSJCUA21-81 del 24 de agosto de 2021 «Por medio del cual se
formula ante el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias
Múltiples de Soacha, Cundinamarca, Lista de Elegibles para proveer
por el Sistema de Concurso el cargo de “Citador de Juzgado
Municipal– Grado 03» en el que figuraba como única aspirante,
puesto que, a pesar de existir el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso

21 Según el acta de reparto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
22 «Por medio del cual se deja sin efectos el Acuerdo CSJCUA21-81 de 24 de agosto de 2021,

mediante el cual se formul para ante el Juzgado Tercero de Peque as Causas y Competencia
Múltiple de Soacha, Lista de Elegibles para proveer por el sistema de concurso el cargo de
Citador de Juzgado Municipal Grado 03»

23

Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

administrativa, lo cierto es que resulta ineficaz para amparar los
derechos fundamentales cuya protección se invoca y que de no ser
garantizados se configuraría un perjuicio irremediable para la señora
Fabiola Andrea Rojas Linares.

Lo mismo sucede con los recursos que eventualmente procedían
contra la decisión reprochada (en ese acto administrativo no se
indicaron cuáles), puesto que, como dijo la accionante, no fue
notificada de esa determinación administrativa, por consiguiente no
se le dio la oportunidad de interponerlos y en efecto encuentra la Sala
que no se acreditó su puesta en conocimiento.

Lo anterior teniendo en cuenta que la accionante superó el concurso
de méritos en virtud de lo cual se le otorgó el derecho a optar por
una sede para ejercer el cargo de citadora de juzgado municipal y
posteriormente fue incluida como única aspirante para proveer ese
cargo en el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple de Soacha, sin embargo, sin su consentimiento se dejó sin
efectos dicho acto administrativo, circunstancia que la afecta
irremediablemente en la medida que se encuentra demostrado en el
proceso que después de interponer la presente tutela fue declarada
insubsistente del cargo de citadora que ejercía en libre nombramiento
y remoción en el Juzgado Promiscuo Municipal de Silvania23 con
motivo de la posesión de la persona en carrera y porque, aseguró que
es el único soporte económico de su familia conformada por sus dos
hijos y su esposo que actualmente no tiene trabajo, afirmación que
no fue desvirtuada.

De igual manera, exigirle a la señora Fabiola Andrea Rojas Linares
que agote el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho podría generar que pierda el derecho de optar al cargo,

23 Mediante Resolución No. 004 de 2021 expedida por el juez de ese despacho judicial.

24

Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

puesto que hay otras personas que se encuentra en una mejor
posición dentro del registro de elegibles.

En ese sentido, se evidencia la existencia del perjuicio irremediable,
por cuanto el concurso de méritos se encuentra en la fase de
nombramientos para el cargo al cual aspiró la accionante quien fue
desvinculada del cargo que ocupaba y debe proveer económicamente
a su familia (inminencia) y el asunto reviste relevancia, en los
términos de la Corte Constitucional, porque «plantea una tensión que
involucra el principio de mérito como garantía de acceso a la función
pública y ello, a todas luces, trasciende de un ámbito administrativo
y se convierte en un asunto de carácter constitucional, que torna
necesaria una decisión pronta, eficaz y que garantice la protección de
los derechos fundamentales»24 (gravedad).

De acuerdo con lo expuesto, la acción de la referencia cumple con
todos los requisitos generales de procedencia, por consiguiente a
continuación se resolverá el segundo problema jurídico propuesto.

4.2. ¿El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo
y acceso a cargos y funciones públicas de la señora Fabiola
Andrea Rojas Linares, al dejar sin efectos sin su
consentimiento el Acuerdo No. CSJCUA21-81 del 24 de agosto
de 2021 a través del cual se conformó la lista de elegibles ante
el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias
Múltiples de Soacha para proveer por el sistema de concursos
el cargo de citador de juzgado municipal grado 03?

En relación con el caso concreto, la Sala de Decisión encuentra
probado lo siguiente:

24 Corte Constitucional. Sentencia T-059 de 2019.

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Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

a) El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca profirió el Acuerdo No. CSJCUA21-81 del 24 de
agosto de 2021 «Por medio del cual se formula ante el Juzgado
Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Soacha,
Cundinamarca, Lista de Elegibles para proveer por el Sistema de
Concurso el cargo de “Citador de Juzgado Municipal – Grado 03”» en
el que resolvió formular como única aspirante a ese cargo a la señora
Fabiola Andrea Rojas Linares, en los términos que se transcriben a
continuación:

b) Posteriormente, el presidente del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca profirió el Acuerdo No. CSJCUA21-172
del 2 de septiembre de 2021 «Por medio del cual se deja sin
efectos el Acuerdo CSJCUA21-81 de 24 de agosto de 2021, mediante
el cual se formuló para ante el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas
y Competencia Múltiple de Soacha, Lista de Elegibles para proveer por
el sistema de concurso el cargo de Citador de Juzgado Municipal
Grado 03”». El fundamento de este acto administrativo se concretó en
que «se pudo determinar que la persona que ocupa la vacante para el
cargo que generó la mencionada lista de elegibles, está amparada por
estabilidad laboral reforzada en situación de prepensionada».

c) El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura a través de
oficio CSJCUO21-1756 del 19 de agosto de 2021, le informó a la

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Radicado: 25000-23-15-000-2021-01421-01
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señora Neyda Elizabeth Villamizar que en efecto tenía la condición de
prepensionada, pero solo hasta el 31 de diciembre de 2021, momento
en el que cumpliría el mínimo de semanas cotizadas para obtener el
beneficio prestacional lo cual debería poner en conocimiento de su
nominador con el propósito de publicar nuevamente la vacante
ofertada. Así lo dijo:

«En conclusión, de conformidad con el material probatorio arrimado-
reporte de semanas simultáneos cotizados en pensión de Colpensiones
del 29 de julio de 2021 se extrae, que Ud., cuenta con 1283 semanas y
que tiene 56 años, lo que a toda luces se puede inferir fácilmente que se
encuentra dentro del límite de tiempo exigido por la Corte Constitucional
(sentencia SU-003 de 2018), para dar lugar al reconocimiento de fuero
de estabilidad laboral, es decir, se encuentra dentro del rango de
semanas para acceder al mismo estando ad portas (17 semanas) de
cumplir con el número mínimo de semanas de cotización (1300
semanas), por lo que esta Corporación procederá a suspender la
publicación de la referida vacante, en la página web de la Rama Judicial,
de manera pro tempore, hasta el 31 de diciembre, fecha para la cual ha
cumplido el mínimo de semanas a cotizar para obtener el beneficio
pensional.

Una vez superado lo anterior, debe informalo de manera inmediata a su
nominador quien a su vez informará a esta Seccional, a efectos de
publicar nuevamente la vacante definitiva en el formato de opción de
sedes en la página Web de la Rama Judicial, sin perjuicio del
seguimiento que esta Corporación efectuará de la situación».

d) Mediante Resolución No. 004 del 13 de septiembre de 2021
el juez promiscuo municipal de Silvania (Cundinamarca), la declaró
insubsistente del cargo de citadora que ejercía en libre nombramiento
y remoción con motivo de la posesión de la persona en carrera.

Frente a lo expuesto, la Sala de Subsección advierte en primer lugar
que según el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, «cuando un acto administrativo,
bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación
jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de
igual categoría no podrá ser revocado sin el consentimiento previo,
expreso y escrito del respectivo titular».

27

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Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

Ahora bien el Acuerdo No. CSJCUA21-81 del 24 de agosto de
2021 «Por medio del cual se formula ante el Juzgado Tercero de
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Soacha,
Cundinamarca, Lista de Elegibles para proveer por el Sistema de
Concurso el cargo de “Citador de Juzgado Municipal – Grado 03”» en
el que resolvió formular como única aspirante a ese cargo a la señora
Fabiola Andrea Rojas Linares, creó una situación jurídica de carácter
particular para la accionante.

Es decir, si el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
quería revocar dicho acto administrativo debía contar con el
consentimiento de la señora Fabiola Andrea Rojas Linares, sin
embargo, no consta en el expediente que ello ocurriera, por el
contrario quedó demostrado que expidió el Acuerdo No. CSJCUA21-
172 del 2 de septiembre de 2021, sin su consentimiento.

En ese sentido la actuación de la administración incurrió en una
violación del debido proceso, defensa y el principio de confianza
legitima de la accionante como lo ha reconocido la Corte
Constitucional25 en casos como el sub examine, así:

«La falta de anuencia por parte del titular del derecho no puede
tomarse como un simple requisito de forma. Por el contrario, es un
requisito sustancial que garantiza principios y derechos que están
en cabeza de éste, tales como el de la buena fe, la seguridad
jurídica, la confianza legítima, la participación del particular en las
decisiones que lo afectan, así como los derechos al debido proceso
y defensa. Derechos y principios que requieren de protección
oportuna y eficaz, a través de medios tan expeditos como la acción
de tutela, a efectos de equilibrar la relación existente entre el
titular de esos derechos y la institución obligada a su
reconocimiento».

En ese sentido la sentencia de primera instancia que amparó los
derechos de la accionante será confirmada, porque quedó acreditado
25 Sentencia T-748 de 1998.

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Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

que el Consejo Seccional de la Judicatura los transgredió al dejar sin
efectos el acto administrativo de carácter particular y concreto a
través del cual se conformó la lista de elegibles para el cargo al que
aspiró, sin contar previamente con su consentimiento.

Adicionalmente, quedó demostrado que la señora Fabiola Andrea
Rojas Linares fue desvinculada del cargo que ocupaba en la Rama
Judicial como citadora del Juzgado Promiscuo Municipal de Silvania,
precisamente por el nombramiento de la persona en propiedad que
como ella superó las etapas del concurso de méritos, es decir, se
encuentra actualmente sin trabajo y de acuerdo con su dicho, ella es
el sustento de su familia, en consecuencia de no proteger sus
garantías constitucionales se configuraría un perjuicio irremediable.

En ese orden de ideas, la Sala de Subsección destaca que el fallo
impugnado no violó ni amenazó los derechos de la señora Neyda
Elizabeth Villamizar Portilla, por cuanto la orden resuelta fue clara en
precisar que debería «garantizarse el nombramiento de la accionante
con efectos fiscales a más tardar el 1 de enero de 2022, o antes,
cuando la señora Neyda Elizabeth Villamizar Portilla reúna los
requisitos para acceder a una pensión de vejez; por lo tanto,
hasta entonces, se mantendrá a la empleada señalada
desempeñándose en el cargo en el que lo ha venido haciendo
hasta la fecha» y además agregó que:

«En caso tal que, al 31 de diciembre de 2021, la señora Neyda
Elizabeth Villamizar Portilla no hubiese logrado reunir los requisitos
necesarios para acceder a una pensión de vejez, se ORDENA al señor
Jesús Antonio Sánchez Sossa, en calidad de Presidente del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que ofrezca a la
empleada una vacante en un cargo que se encuentre disponible
dentro de la planta del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, con funciones similares o equivalentes a aquel en el
que la señora Villamizar Portilla se ha venido desempeñando.

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Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

Ahora, de no llegar a existir tales vacantes, se ORDENA continuar el
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones y
salud) hasta el momento en que la señora Villamizar Portilla cumpla
con el requisito mínimo de semanas para acceder a una pensión de
vejez, es decir, 1300 semanas. Una vez cumpla con el requisito de
semanas, se mantendrá el pago de aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud hasta que la señora Villamizar Portilla sea
efectivamente incluida en nómina de pensionados».

Decisión que es congruente con los hechos acreditados en el trámite
de la acción: (i) que la señora Neyda Elizabeth Villamizar Portilla tiene
la calidad de prepensionada y (ii) que el 31 de diciembre de 2021
cumplía con las semanas requeridas. En ese sentido la orden protegió
los intereses de la tercera vinculada a este proceso.

Por último, en cuanto a la solicitud de vinculación de los demás
participantes del concurso, la Sala estima que no es procedente, toda
vez que el objeto de la tutela es un acto administrativo particular y
concreto respecto del cual se vincularon a este trámite a todos los
interesados, las señoras Fabiola Andrea Rojas Linares y Neyda
Elizabeth Villamizar Portilla, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Soacha.

Así las cosas, con fundamento en los argumentos precedentes, la Sala
reitera que la sentencia de primera instancia será confirmada, puesto
que quedó demostrada la vulneración de los derechos fundamentales
de la señora Fabiola Andrea Rojas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

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Accionante: Fabiola Andrea Rojas Linares

IV. FALLA

PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia del 12 de noviembre de
2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que accedió al amparo solicitado por
la señora Fabiola Andrea Rojas Linares mediante la presente acción
de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.

SEGUNDO.- LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO.- REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.

G ABRIEL V ALBUEN A HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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