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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00108-01

Fecha
4 de abril de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00108-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 21 de febrero de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección primera) declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el Movimiento Cristiano Independiente Fuente de Justicia, por las razones expuestas en la motivación. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2022-00108-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

4 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela
Expediente : 25000-23-15-000-2022-00108-011
Actor : Movimiento Cristiano Independiente Fuente de Justicia
Demandados : Magistrados del Consejo Nacional Electoral
Tema : Derechos constitucionales fundamentales a la igualdad,
debido proceso y a elegir y ser elegido

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el demandante contra
la sentencia de 21 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección primera), que
declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. El Movimiento Cristiano Independiente
Fuente de Justicia, por conducto de su representante legal, presenta acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales a la igualdad, debido proceso y a elegir y ser elegido,
presuntamente quebrantados por los señores magistrados del Consejo
Nacional Electoral.

Como consecuencia de lo anterior, pide que se ordene a las autoridades
accionadas emitir un acto administrativo en el que le reconozcan personería
jurídica, con el propósito de que pueda participar como partido político en las
contiendas electorales.

1.2 Hechos. Relata el accionante que es un grupo significativo de
ciudadanos y el 27 de agosto de 2021 deprecó del Consejo Nacional Electoral
el reconocimiento de personería jurídica, con la finalidad de que adquiriera la
condición de partido político, lo que le fue negado, por medio de Resolución
7766 de 21 de octubre de esa anualidad, con el argumento de que no alcanzó
el 3% de los votos válidos en las «elecciones anteriores a la cámara y
senado», decisión que se le notificó el 25 de noviembre siguiente, esto es,
«85» días después de presentarse la petición, lapso que desconoce la Ley 130

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.

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Actor: Movimiento Cristiano Independiente Fuente de Justicia

de 1994, la cual estipula que debe atenderse en 30 días.

Que, por otra parte, el 14 de septiembre de 2021 pidió de las autoridades
accionadas registrar su «logo-símbolo», con el objeto de que el electorado
identificara a sus candidatos en los comicios, a lo que accedieron, mediante
Resolución 7413 de 13 de octubre de ese año, comunicada el 4 de noviembre
siguiente, fecha en la que ya había vencido el plazo previsto en el
ordenamiento jurídico para tal efecto2.

Dice que la tardanza de los señores magistrados demandados en expedir los
precitados actos administrativos, redujo el tiempo del que disponía para
recolectar firmas orientadas a «alcanzar el aval» y le impidió obtener las
requeridas para ello, situación que comporta trasgresión de los derechos
constitucionales fundamentales invocados en el escrito de tutela. Asimismo,
desestimó la personería jurídica con fundamento en el artículo 108 de la
Constitución Política, esto es, al no alcanzar el 3% de los votos válidos en las
«elecciones pasadas», sin tener en cuenta que no «presentó» aspirantes a
cargos de elección popular.

Que los señores magistrados demandados no advirtieron que en los acuerdos
de paz suscritos con los entonces grupos guerrilleros M-19 y FARC, se
estipuló que se debe «facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes a
los tradicionales», premisa que no solo aplica para excombatientes, sino
también para todos los grupos políticos del país, y en virtud de la cual debió
accederse a lo suplicado.

1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 El señor Registrador Nacional del Estado Civil3, por conducto del jefe
de la oficina jurídica del organismo que regenta, asevera que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que el Consejo Nacional
Electoral es el encargado de concederles personería jurídica a las
organizaciones políticas. Además, para que el actor pueda inscribir candidatos
a las elecciones de congresistas convocadas para marzo de 2022, era
necesario que obtuviera previamente el «número de apoyos» (firmas)
consagrado en el artículo 7º de la Ley 996 de 2005, lo que no aconteció.

2
No establece cuál era el término para contestar la solicitud.
3
Vinculado en primera instancia, mediante auto de 8 de febrero de 2022, al presente asunto constitucional,
en condición de tercero interesado.
2

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Actor: Movimiento Cristiano Independiente Fuente de Justicia

Que el demandante no acreditó que se le haya vulnerado derecho fundamental
alguno, omisión que impone declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia, por incumplimiento de la carga probatoria que exige el marco
normativo en este tipo de trámites constitucionales.

1.3.2 Los señores magistrados del Consejo Nacional Electoral guardaron
silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

1.4 Providencia impugnada. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección B de la sección primera), mediante sentencia de 21 de febrero de
2022, declaró improcedente la acción de tutela, al estimar que no colma la
exigencia de procedibilidad de subsidiariedad, habida cuenta de que los
señores magistrados del Consejo Nacional Electoral decidieron sobre el logo
del actor y le negaron la personería jurídica, con Resoluciones 7413 de 13 de
octubre de 2021 y 7766 del día 21 de los mismos mes y año, respectivamente,
las cuales son pasibles de enjuiciamiento a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).

1.5 Impugnación. Inconforme con la anterior decisión, el tutelante la
impugnó, con fundamento en las mismas afirmaciones consignadas en el
escrito inicial, a las que agrega que existe un precedente del Consejo de
Estado4, en el que se indicó que es dable controvertir a través de la tutela el
acto administrativo que niega el reconocimiento de personería jurídica a una
organización política.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 325 del Decreto ley 2591 de
19916 y 257 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20198 expedido por la sala

4
Sección quinta, sentencia de 12 de diciembre de 2019, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente
11001-03-28-000-2019-00028-00.
5
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
6
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
7
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el
reparto.
[…]».
8
«Reglamento interno del Consejo de Estado».
3

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plena del Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer de
la presente impugnación.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Cuestión preliminar. En el escrito inicial el demandante pide que se
amparen sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, debido
proceso y a elegir y ser elegido y se ordene a las autoridades accionadas
concederle personería jurídica, en los términos de la Ley 130 de 1994.
Asimismo, en los hechos planteados afirma que las Resoluciones 7413 de 13
de octubre de 2021 y 7766 del día 21 de los mismos mes y año se emitieron
por fuera del plazo señalado en el sistema normativo, en afectación de sus
garantías superiores.

En ese orden de ideas, se observa que si bien es cierto que el accionante no
depreca de manera expresa que se dejen sin efectos los precitados actos
administrativos, también lo es que de los argumentos formulados en la tutela
se infiere que los controvierte en esta instancia constitucional, por cuanto, a
su juicio, son la presunta fuente de vulneración de prerrogativas
constitucionales, situación por la que la Sala, en virtud del principio de
oficiosidad9, colige que lo pretendido es su anulación.

2.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que puedan comportar las Resoluciones 7413 de 13 de octubre
9
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del
juez de tutela, esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su
función de garante de los derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de
otros operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción
así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras
jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca
de la demanda».
4

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de 2021 y 7766 del día 21 de los mismos mes y año, por cuyo conducto el
Consejo Nacional Electoral registró el «logo-símbolo» del actor y le negó el
reconocimiento de personería jurídica, en su orden; y, en caso afirmativo, si
se han vulnerado las garantías superiores a la igualdad, debido proceso y a
elegir y ser elegido invocadas en la solicitud de amparo.

2.5 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela. El carácter
subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo10 procede cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no
debe perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y
sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho
sustancial, economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente
residual y subsidiario, es decir, que únicamente procede en aquellos eventos
en que no exista un instrumento constitucional o legal diferente que permita
solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que se pretenda
evitar la causación de un perjuicio irremediable.

De acuerdo con la sentencia T-480 de 2011 de la Corte Constitucional11 y
ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es
menester que quien depreca el amparo de un derecho constitucional
fundamental haya agotado todos los mecanismos de defensa que el
ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición de la
acción.

De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela no solo es
improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de
defensa, sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante
las autoridades que presuntamente han quebrantado sus derechos
constitucionales fundamentales a efectos de solicitar de ellas una respuesta
favorable o la satisfacción de sus intereses.

De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia
de la acción constitucional frente al caso particular12.

10
De acuerdo con la Ortografía de la Lengua Española, de la Real Academia Española, edición 2010, primera
edición (Colombia: abril de 2011), «La palabra solo, tanto cuando es adverbio [Solo trabaja de lunes a
viernes] como cuando es adjetivo [Está solo en casa todo el día…] son voces que no deben llevar tilde según
las reglas generales de acentuación […]».
11
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
5

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La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta
procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la
protección de los derechos, sin embargo, si el sistema normativo dispone de
otras herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser
suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, pues de lo contrario la acción de tutela procede de manera
transitoria.

En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos
ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el
juez de tutela debe adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas
de vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer
cesar una violación a prerrogativas inalienables.

Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que si bien deben ser valoradas en cada caso
concreto, deben hallarse presentes:

1) Que se produzca de manera cierta y evidente una amenaza sobre un
derecho fundamental.
2) Que de presentarse no exista forma de reparar el daño producido a ese
derecho.
3) Que su ocurrencia sea inminente.
4) Que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la
condición de amenaza en la que se encuentra.
5) Que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que haga evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales13.

En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los supuestos anteriores
se hará necesaria la intervención del juez constitucional para el
restablecimiento de los derechos involucrados a través de medidas inmediatas
de protección, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo
transitorio mientras el juez competente decide de fondo la acción
correspondiente14.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional15 ha precisado que el perjuicio

13
Corte Constitucional, sentencia T-458 de 1994, M. P. Jorge Arango Mejía.
14
Consejo de Estado, sección segunda, sentencias AC-2010-00032 de 18 de marzo de 2010, y AC-2010-
01795-01 de 9 de diciembre de 2010.
15
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.
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irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues si bien no es
dable exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos
donde se discute la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe
demostrar al menos someramente los posibles perjuicios que se llegaren a
originar en los hechos que motivaron la presentación de la solicitud de
amparo, por cuanto al juez constitucional no le concierne probar las
circunstancias fácticas en que se fundamenta la acción de tutela, salvo que sea
evidente la inminencia del perjuicio.

2.6 Caso concreto. En el sub lite la Sala evidencia, en atención a lo expuesto
en el escrito inicial y a las pruebas adosadas al presente trámite constitucional,
que el 27 de agosto de 2021 el demandante pidió del Consejo Nacional
Electoral (i) el «registro» de su «logo-símbolo», con el fin de que sus
candidatos fueran identificados en las contiendas electorales, a lo que accedió
el organismo, con Resolución 7413 de 13 de octubre siguiente; y (ii) el
reconocimiento de personería jurídica, con el propósito de adquirir la
condición de partido político, lo que le fue negado, por medio de Resolución
7766 de 21 de octubre de ese año, habida cuenta de que no alcanzó el 3% de
los votos emitidos en todo el territorio nacional en las últimas elecciones de
congresistas.

Al respecto, el accionante indica que los mencionados actos administrativos
se expidieron por fuera del lapso señalado en el ordenamiento jurídico, lo que
comporta trasgresión de sus derechos constitucionales fundamentales a la
igualdad, debido proceso y a elegir y ser elegido.

Con base en lo anterior, se observa que la acción de tutela de la referencia,
como se determinó en primera instancia, no colma la exigencia de
subsidiariedad, comoquiera que la controversia aquí planteada debe (o debió)
decidirse a través de los medios de control de nulidad o de nulidad y
restablecimiento del derecho, de que tratan los artículos 13716 y 13817 del

16
«Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación
y registro.
[…]».
17
«Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
7

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CPACA, en su orden, asuntos dentro de los que, al momento de incoar la
respectiva demanda, resulta factible solicitar las medidas cautelares que se
consideren pertinentes, conforme a los artículos 22918 y siguientes del
CPACA, con el fin de «[…] proteger y garantizar, provisionalmente, el
objeto del proceso y la efectividad de la sentencia […]»19.

Así las cosas, ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de
tutela, es indispensable que quien depreca el amparo de un derecho
constitucional fundamental haya agotado todos los mecanismos de defensa
judicial que el sistema normativo pone a su disposición, previa la
interposición de la acción.

En este punto la Sala destaca que el ejercicio de la acción de tutela no habilita
al juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni
interferir en ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable, o una

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
18
«Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten
ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del
proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el
presente capítulo
[…]
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto
administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones
invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del
análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del
estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del
derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los
mismos
[…]
Artículo 233. Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. La medida cautelar podrá ser
solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.
El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la
solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del
término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda.
Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será objeto de
recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra parte al día siguiente
de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil.
El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al
vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este mismo auto el
Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir
de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada.
Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra parte
para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magistrado Ponente podrá ser decretada
en la misma audiencia.
Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos
sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto
que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso».
19
Artículo 229 del CPACA.
8

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evidente vulneración al debido proceso, lo que no fue acreditado en este
asunto, situación que impide asumir que los medios ordinarios de defensa
resultan (o resultaron) ineficaces para proteger las prerrogativas del
demandante y evitar un daño inminente.

En ese orden de ideas, la solicitud de amparo no satisface el requisito de
subsidiariedad, por cuanto la controversia expuesta por el accionante debe (o
debió) ser debatida a través de los instrumentos señalados en el ordenamiento
jurídico, y la tutela no se instituyó como un trámite alternativo para atender
problemas jurídicos que han de ser decididos al interior de otros mecanismos
judiciales.

Resulta oportuno advertir que la negativa frente al reconocimiento de
personería jurídica al actor no involucra per se la imposibilidad de que
inscriba candidatos en las contiendas electorales, porque si bien no lo puede
hacer como un partido político, sí como grupo significativo de ciudadanos
(condición que tiene en la actualidad), en atención a los artículos 108 (inciso
4º20) de la Constitución Política, 9º (incisos 3º y 4º21) de la Ley 130 de 199422
y 28 (inciso 3º23) de la Ley 1475 de 201124.

Por último, el accionante asevera que el Consejo de Estado25 ha sostenido que

20
«[…]
Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.
[…]».
21
«[…]
Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su Asamblea General resuelvan constituirse en
movimientos u organismos sociales, y los grupos de ciudadanos equivalentes al menos al veinte por ciento
del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer,
también podrán postular candidatos. En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir
la inscripción de un candidato.
Los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar al momento de la
inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral,
la cual no podrá exceder el equivalente al uno por ciento del fondo que se constituya para financiar a los
partidos y movimientos en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva si el candidato o la lista de
candidatos no obtiene al menos la votación requerida para tener derecho a la reposición de los gastos de la
campaña de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Estos candidatos deberán presentar
para su inscripción el número de firmas al que se refiere el inciso anterior.
[…]».
22
«Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su
financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones».
23
«Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un comité integrado por
tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral cuando menos un
(1) mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la
recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del Comité, así como
la de los candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo».
24
«Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos,
de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones».
25
Sección quinta, sentencia de 12 de diciembre de 2019, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente
11001-03-28-000-2019-00028-00.
9

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son pasibles de enjuiciamiento los actos administrativos mediante los cuales
el Consejo Nacional Electoral niega la personería jurídica a una organización
política, no obstante, la Sala precisa que si bien esta Corporación efectuó tal
afirmación en el citado pronunciamiento, lo hizo en una demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, motivo por el cual no es dable concluir, como
el actor, que las determinaciones administrativas de esa naturaleza se
controviertan por conducto de la tutela.

Por consiguiente, el a quo no desatendió la referida postura, por el contrario,
la acató al indicar que la controversia debía decidirse a través de otro
instrumento judicial.

A guisa de corolario, en este asunto el ejercicio de la tutela resulta
improcedente, porque dicho amparo se encuentra gobernado por el principio
de subsidiariedad, según el cual esta no tiene cabida «Cuando existan otros
recursos o medios de defensa […]»26. Es decir, si los medios ordinarios
pueden (o pudieron) ser utilizados de manera eficaz, como acontece en el sub
lite, la acción instaurada no es pertinente, pues, se insiste, la legalidad de las
Resoluciones enjuiciadas debe (o debió) examinarse en procesos de nulidad o
de nulidad y restablecimiento del derecho.

En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa judicial), es
aplicable la preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991, norma que guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución
Política, en virtud de los cuales la acción de tutela «[…] solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial […]»27.

A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala concluye que las
circunstancias propias del asunto no colman los presupuestos legales ni
jurisprudenciales para la procedencia del amparo constitucional, razón por la
cual se impone confirmar la sentencia impugnada, con la que se declaró
improcedente la presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

26
Numeral 1 del artículo 6.º del Decreto ley 2591 de 1991.
27
Artículo 86 de la Carta Política.
10

Acción de tutela 25000-23-15-000-2022-00108-01
Actor: Movimiento Cristiano Independiente Fuente de Justicia

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 21 de febrero de 2022, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección
primera) declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el
Movimiento Cristiano Independiente Fuente de Justicia, por las razones
expuestas en la motivación.

2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Comuníquese el presente fallo a la subsección B de la sección primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y remítasele copia.

4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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