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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00562-01

Fecha
14 de julio de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00562-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de abril de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 10010315000-2021-11380-01 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021- 01090-01. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Número único de radicación: 250002315000 2022 00562 01 Actora: MARÍA EUGENIA ARCILA ZULUAGA SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2022-00562-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

14 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 250002315000 2022 00562 01
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARÍA EUGENIA ARCILA ZULUAGA

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. EN EL PRESENTE
CASO LA ACTORA NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA
MÍNIMA PARA IMPUGNAR LA DECISIÓN PROFERIDA EN PRIMERA
INSTANCIA, ASÍ COMO TAMPOCO SE ADVIRTIÓ NINGUNA
JUSTIFICANTE PARA SU OMISIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
DEFENSA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la

sentencia de 9 de junio de 2022, mediante la cual la SECCIÓN

PRIMERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 denegó el amparo

solicitado en la acción de tutela de la referencia.

1
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 250002315000 2022 00562 01
Actora: MARÍA EUGENIA ARCILA ZULUAGA

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora MARÍA EUGENIA ARCILA ZULUAGA, actuando a través

de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a los

principios de favorabilidad y prevalencia de la ley sustancial, los

cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la PROCURADURÍA 82

JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, al proferir los

autos de 13 de enero y 2 de febrero de 2022, dentro del trámite de

conciliación extrajudicial núm. E-2022-012269.

I.2.- Hechos

Señaló que el 10 de enero de 2022, a través de un correo electrónico

enviado a la dirección conciliaciónadtvabogota@procuraduria.gov.co,

radicó ante la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN2 una

solicitud de conciliación extrajudicial, previo a promover un medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la AGENCIA

2
En adelante la PROCURADURÍA.

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Actora: MARÍA EUGENIA ARCILA ZULUAGA

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI3.

Comentó que en los días posteriores se comunicó vía telefónica varias

veces con la entidad para obtener información sobre su trámite,

frente a lo cual le fue informado que este había sido asignado a la

PROCURADURÍA 82 JUDICIAL I.

Indicó que envió varios correos y efectuó repetidas llamadas a la

dirección electrónica y teléfono oficial de la procuradora que estaba

tramitando su solicitud, no obstante, no obtuvo respuesta.

Manifestó que el 10 de mayo de 2022, su abogado tuvo una cita en

la oficina de la procuradora que estaba tramitando la conciliación

extrajudicial, diligencia en la que le manifestaron que, a través de

auto de 13 de enero de 2022, se le había concedido el término de 5

días para subsanar algunos aspectos de su petición y mediante

providencia de 2 de febrero siguiente, se tuvo por desistida su

solicitud.

Agregó que las referidas decisiones nunca le fueron notificadas pese

a que, en la solicitud respectiva, para tal efecto, se habían señalado

el correo electrónico, la dirección física y el teléfono de su apoderado.

3
En adelante la ANI.

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4

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Expuso que el 13 de mayo de 2022, solicitó a la PROCURADURÍA

82 JUDICIAL I la revocatoria directa de las decisiones

administrativas aludidas, no obstante, dicha petición fue denegada a

través de auto de 18 de mayo siguiente.

Apuntó que la autoridad aludida indicó que sí había notificado las

decisiones cuestionadas, para lo cual allegó copia de unas imágenes

obtenidas a través de capturas de pantalla de un computador

ilegibles, sin que en todo caso se hubiesen aportado los respectivos

“acuses de recibido”, conforme con el artículo 291 del Código General

del Proceso -CGP4.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Arguyó que el hecho de que no se le hayan notificado las decisiones

administrativas cuestionadas vulnera los derechos deprecados,

además, porque, en su criterio, de acuerdo con el artículo 291 del

CGP se presume que el destinatario de una notificación ha recibido

la comunicación cuando el iniciador reciba el acuse respectivo, de lo

cual debe dejarse constancia en el expediente.

4
En adelante CGP.

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I.4.- Pretensiones

Pese a que en el escrito introductorio no se precisaron pretensiones

consecuenciales al amparo solicitado para los derechos

fundamentales deprecados, del sustento fáctico y jurídico descrito en

precedencia, la Sala advierte que la actora pretende que se dejen sin

efecto los actos administrativos de 13 de enero y 2 de febrero de

2022, expedidos por la PROCURADURÍA 82 JUDICIAL I PARA

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, dentro den trámite de conciliación

extrajudicial núm. E-2022-012269.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La PROCURADURÍA señaló que la presente acción de tutela

es improcedente, en razón a que para discutir las decisiones

administrativas cuestionadas, la actora tiene a su disposición el

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que

no demuestra un perjuicio irremediable.

Anotó que, en todo caso, conforme con el seguimiento efectuado por

su Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, se

advertía que los actos administrativos cuestionados sí fueron

debidamente notificados “[…] por medios electrónicos a través del

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buzón de correo aportado por el convocante:

eduardinitautivini@yahoo.com, mismo al que se allegaron las demás

comunicaciones producidas dentro del trámite administrativo como

por ejemplo las respuestas de las peticiones con fechas 2 y 24 de

marzo y 26 de abril de 2022 […]”.

I.5.2.- La ANI, vinculada en calidad de tercera con interés directo

en las resultas del proceso, indicó que la presente acción de tutela

es improcedente, en razón a que las decisiones cuestionadas son

actos administrativos, susceptibles de ser cuestionados a través del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sostuvo que, en todo caso, la vulneración a los derechos

fundamentales de la actora es inexistente en razón a que la autoridad

accionada notificó a su apoderado las decisiones cuestionadas,

además, porque estos actos administrativos están fundamentados en

derecho conforme a la situación fáctica que dio lugar a su expedición.

Por otro lado, solicitó que se le desvinculara del presente trámite

dado que no ha vulnerado ningún derecho de los deprecados, además

porque no es la entidad llamada a responder y la acción de tutela no

cumple con los requisitos mínimos para su procedencia.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 9 de junio de 2022, el TRIBUNAL denegó el

amparo pretendido, al encontrar que conforme con los resultados de

la revisión efectuada por la Oficina de Tecnología, Innovación y

Transformación digital de la entidad demandada, estaba comprobado

que las decisiones cuestionadas sí fueron notificadas al apoderado de

la actora a través de la dirección electrónica que indicó en la solicitud

inicial, esto es, que no solo se constató el envío sino también que

dichas decisiones fueron recibidas efectivamente en la bandeja del

correo respectivo.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora, a través de su apoderado, impugnó la sentencia proferida

en primera instancia, no obstante, no expuso ningún argumento

tendiente a controvertirla.

Para el efecto señaló lo siguiente:

“[…] actuando en mi condición de apoderado de la Accionante
Señora MARIA EUGENIA ARCILA ZULUAGA, con mi
acostumbrado respeto y por medio del presente escrito
INMPUGNO el fallo de tutela proferido dentro del
diligenciamiento referenciado, con fecha nueve (9) de junio de
dos mil veintidós (2022), el cual se me notificó el dieciséis (16)
de junio de 2022, por medio del cual se NEGÓ la acción de tutela

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ejercida por la señora María Eugenia Arcila Zuluaga […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

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2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como

el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la ANI solicitó que se le desvincule del presente

caso, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

5
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, independiente de la prosperidad o no de las

pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que la ANI era

la entidad convocada en la solicitud de conciliación extrajudicial

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origen de la controversia, es claro que debía ser notificada de la

existencia del presente trámite, en razón al interés directo que le

asiste en las resultas de este y, en consecuencia, se denegará su

desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de la presente providencia.

Análisis del caso concreto

En el presente caso la actora pretende que se deje sin efecto los

autos de 13 de enero y 2 de febrero de 2022, proferidos por la

PROCURADURÍA 82 JUDICIAL I PARA ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS, mediante los cuales fue rechazada la solicitud

de conciliación extrajudicial núm. E-2022-012269.

Como fundamentos de la solicitud de amparo, la actora aseguró que

las referidas actuaciones no le fueron notificadas, razón por la cual

estima vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a

la defensa y los principios de favorabilidad y prevalencia de la ley

sustancial.

En el curso de la primera instancia, el TRIBUNAL encontró

demostrado que, con base en los soportes allegados por la entidad

demandada, contrario a lo afirmado por la actora, sí le fueron

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notificadas las decisiones que cuestiona, razón por la cual denegó el

amparo pretendido.

La actora, a través de su apoderado, impugnó la sentencia proferida

en primera instancia, sin aducir motivos de inconformidad con la

misma.

Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,

esta Sala6, ha precisado lo siguiente:

“[…]40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir
en las impugnaciones dentro del marco de la acción de
tutela:

40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la
sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no
habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación,
donde basta que el impugnante lo presente dentro del término
legal correspondiente en los términos del artículo 31 del
Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo
trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber
constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando
los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional
de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el
expediente.

40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra providencias judiciales, la parte que
impugne la sentencia de tutela proferida en primera
instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.

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medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de
julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de
justicia[…]”. (Destacado fuera del texto).

En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20207, con
ponencia del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, esta Sala
señaló:

“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.

Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los
derechos fundamentales que la parte actora manifiesta
vulnerados, con los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela
como una tercera instancia judicial y no como un mecanismo
residual y subsidiario.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-
04314-01.

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Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia
(artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los
derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem),
dicha situación no exonera al recurrente de explicar las
razones que motivan su disentimiento con la decisión
judicial recurrida.

En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32
del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.

Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía
de los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.

Así las cosas, comoquiera que la actora no argumentó los motivos de

su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia,

en la que fue denegada la solicitud de amparo, la Sala encuentra que

no resulta procedente efectuar un estudio del fondo del asunto,

habida consideración que, por un lado, en su escrito de impugnación

no cumplió con la carga argumentativa mínima que diera cuenta de

los reparos respecto de la decisión adoptada; y, por el otro, no se

advirtió ninguna razón válida que justifique tal desatención, razón

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por la que no se encuentran los elementos necesarios para revisar si

la providencia objeto de controversia en el caso sub examine está

ajustada a derecho.

Por último, es pertinente señalar que esta Sala en sentencias de 28

de abril de 20228 y 30 de septiembre de 20219, se pronunció en el

mismo sentido.

Consecuente con lo anterior, esta Sala confirmará el fallo impugnado,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por

la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de abril
de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 10010315000-2021-11380-01
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septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
01090-01.

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Actora: MARÍA EUGENIA ARCILA ZULUAGA

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de julio de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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