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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00580-01

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00580-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia de 26 de septiembre de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar disponer lo siguiente: 1. DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, respecto de la solicitud de nulidad del acto administrativo que resolvió las excepciones y del que liquidó el crédito en el proceso de cobro coactivo N° 001 de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad accionante, vulnerado con ocasión del embargo y retención de los recursos contenidos en la cuenta corriente maestra de pagos del régimen contributivo N° 031-821231-84, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3. ORDENAR a la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad que, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, reintegre la suma de $12.775.318.225, que fueron embargados en el marco del proceso de cobro coactivo N° 001 de 2022, a la cuenta maestra de pagos del régimen contributivo N° 031-821231-84, cuya titular es la Nueva EPS S.A. SEGUNDO: LEVANTAR los efectos de la medida provisional decretada por esta Sección mediante auto de 11 de octubre de 2022. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. 29 Radicado: 25000-23-15-000-2022-00580-01 Demandante: Nueva EPS S.A. Demandado: E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2022-00580-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 25000-23-15-000-2022-00580-01
Accionante: NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - NUEVA EPS
S.A.
Accionado: E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se confirma parcialmente el fallo impugnado
– la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la
subsidiariedad respecto de las pretensiones tendientes a que se
deje sin efectos el acto administrativo que resolvió las excepciones
y el que liquidó el crédito. SE AMPARA EL DERECHO AL DEBIDO
PROCESO. Las medidas cautelares decretadas en el proceso de
cobro coactivo recayeron sobre recursos de naturaleza
inembargables

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia de 26 de septiembre de 2022, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y a través de
la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. – Nueva EPS S.A.
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, cuya vulneración le atribuyó a la
E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, con
ocasión de las supuestas irregularidades en que incurrió en el interior del proceso
coactivo con radicado número 001 de 2022, y del embargo y retención de
$12.775.318.225, provenientes de la cuenta maestra de pagos del régimen
contributivo de la entidad.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que el 4 de mayo de 2016 celebró con la E.S.E. Hospital Materno
Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, el contrato N° 02- 02-05-001-2016

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 25000-23-15-000-2022-00580-01
Demandante: Nueva EPS S.A.
Demandado: E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad

de prestación de servicios de salud para afiliados al régimen subsidiado, bajo la
modalidad de pago por capitación, por un valor anual de dos mil trescientos
cincuenta y siete millones quinientos veintiséis mil pesos [$2.357.526.000].

2.2. Refirió que en la cláusula sexta del contrato se pactó una prórroga automática y
que en la vigésima se precisó que «[…] [t]oda controversia o diferencia relacionada
con este contrato se resolverá inicialmente de manera directa […]», y que «[…] en
los archivos de la NUEVA EPS S.A. no se evidencia documento alguno en donde
las partes hubiesen expresado o manifestado diferencias sobre las tarifas a pagar y
en particular, reclamaciones sobre los ajustes a las tarifas en los términos de lo
previsto en el Decreto 1464 de 2012 […]».

2.3. Manifestó que, desde la fecha de celebración del contrato, se han realizado 11
reuniones técnicas sobre el estado de cuenta y recobros y resaltó que, en ninguna
de ellas, la E.S.E. accionada planteó discusión sobre diferencias en la tarifa a pagar.

2.4. Indicó que, mediante la Resolución N° 328 de 21 de diciembre de 2021, la E.S.E.
Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad liquidó las
obligaciones originadas en el contrato N° 02-02-05-001-2016 de 4 de mayo de 2016,
por los servicios prestados en las vigencias de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y
2021 y, como consecuencia de ello, la declaró deudora de la suma de doce mil
setecientos setenta y cinco millones trescientos dieciocho mil doscientos
veinticinco pesos ($12.775.318.225).

2.5. Señaló que, en contra del acto administrativo anterior, interpuso recurso de
reposición y agregó que, mediante la Resolución N° 50 de 11 de febrero de 2022,
la accionada revocó la Resolución N° 328 de 21 de diciembre de 2021.

2.6. Sostuvo que, no obstante lo anterior, la E.S.E. Hospital Materno Infantil
Ciudadela Metropolitana de Soledad expidió la Resolución N° 052 de 14 de
febrero de 2022, a través de la cual, nuevamente, la declaró deudora de la suma de
doce mil setecientos setenta y cinco millones trescientos dieciocho mil
doscientos pesos ($12.775.318.225).

2.7. Indicó que en contra de la Resolución N° 052 de 14 de febrero de 2022 presentó
solicitud de desembargo a efectos de: i) «[…] garantizar el principio de
inembargabilidad de los recursos (…) administrad[os] por la NUEVA EPS SA […]»;
ii) «[…] garantizar que los recursos se destinen para (…) la atención en salud […]»;
y iii) prevenir a las entidades bancarias que la medida de embargo no podía afectar
recursos pertenecientes al SGSSS. Sin embargo, la entidad accionada a través de
la Resolución N° 107 del 3 de marzo de 2022 se abstuvo de tramitar la solicitud de
desembargo.

2.8. Anotó
que, mediante la Resolución N° 108 de marzo 3 de 2022, se libró
mandamiento de pago en su contra por la suma de doce mil setecientos setenta

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Radicado: 25000-23-15-000-2022-00580-01
Demandante: Nueva EPS S.A.
Demandado: E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad

y cinco millones trescientos dieciocho mil doscientos veinticinco pesos
($12.775.318.225), y se ordenó el embargo y secuestro de «[…] los bienes (muebles
e inmuebles), salarios, acreencias u otros derechos, saldos bancarios, depósitos de
ahorro, títulos de contenido crediticio y los demás valores de que sea titular o
beneficiaria la ejecutada […]», de «[…] los dineros depositados en cuentas
corrientes y/o de ahorro y a cualquier título, CDT, en bancos corporaciones de
ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial […]» y de «[…] las
acreencias u otros derechos que tenga a cargo en calidad de deudor la […]»
ADRES.

2.9. Manifestó que el 3 de marzo de 2022 radicó otra solicitud de desembargo, pero
anotó que la entidad accionada «[…] no ha resuelto dicha solicitud [y] por el contrario
ha reiterado su solicitud de que sea ejecutada la medida cautelar, comprometido
[sic] de manera grave los recursos del sistema de Seguridad Social en Salud y lo
que ello implica en la ejecución del servicios público y esencial de la salud de sus
afiliados […]».

2.10. Señaló que también presentó excepciones contra el mandamiento de pago y
precisó que, mediante la Resolución N° 135 del 6 de abril de 2022, la accionada las
declaró no probadas, por lo que ordenó seguir adelante con la ejecución dentro del
proceso coactivo.

2.11. Indicó que, en contra de la decisión anterior, interpuso recurso de reposición, el
cual también le fue negado a través de la Resolución N° 174 de 9 de mayo de 2022.

2.12. Sostuvo que, mediante la Resolución N° 175 de 9 de mayo de 2022, la E.S.E.
Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad corrió traslado de
la liquidación del crédito y que, mediante escrito de 12 de mayo de 2022, objetaron
la liquidación.

2.13. Afirmó que, mediante la Resolución N° 186 de 16 de mayo de 2022, se resolvió
la objeción a la liquidación del crédito en forma negativa.

2.14. Con base en lo anterior, sostuvo que la accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso y a la defensa porque «[…] de manera arbitraria
inició el cobro coactivo el 3 de marzo de 2022 y tan solo en dos meses y 17 días,
notifico [sic] a la demandada, no tuvo en cuenta excepciones, dictó sentencia,
elaboro [sic] liquidación y negó las objeciones a la liquidación, sin escuchar ni tener
en cuenta las consideraciones presentadas […]».

2.15. Adujo que la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de
Soledad carecía de la facultad de cobro coactivo para exigir el cumplimiento del
contrato de prestación de servicios N° 02-02-05-001-2016 de 4 de mayo de 2016
porque el régimen jurídico de dicho contrato es de derecho privado, y el parágrafo
1° del artículo 5° de la Ley 1066 de 2006 explícitamente excluye de la facultad de
cobro coactivo las obligaciones de naturaleza civil y comercial.

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Radicado: 25000-23-15-000-2022-00580-01
Demandante: Nueva EPS S.A.
Demandado: E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad

2.16. Expresó que la medida cautelar decretada es ilegal porque los recursos del
sistema general de seguridad social son inembargables.

2.17. Manifestó
que se configura un perjuicio irremediable, ya que la entidad
accionada pretende apropiarse de $12.775.318.225, con lo que se «[…] generaría
un detrimento patrimonial irremediable en NUEVA E.P.S […]». Igualmente, adujo
que las medidas en esta ocasión son de carácter urgente e impostergable.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 1. PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al
principio de legalidad, al principio de equidad, de igualdad, de derecho de
defensa, contradicción, juez natural, y aquellos que se encuentren en conexidad
de la acción de tutela.

2. SEGUNDO: Que se ordene que todas las actuaciones surtidas dentro del
procedimiento de cobro coactivo, las cuales iniciaron con la resolución 052 del
año 2022, fueron emitidas violando el debido proceso por carecer de
competencia.

3. TERCERO: SUBSIDIARIAMENTE en caso de no declararse la segunda
petición, solicito se ordene la suspensión de la medida cautelar mientras la
justicia de lo contencioso administrativo resuelve la nulidad y restablecimiento
del derecho, para evitar el perjuicio irremediable de perder la suma de TRECE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y UN
CVS ($13.779.222.690,81) que se encuentran actualmente embargados y que
una vez en firme la liquidación del crédito pasarían a ser de las arcas de la ESE
en perjuicio del patrimonio de LA NUEVA EPS S.A. […]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Elmagistrado de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca a cargo de la sustanciación del proceso, mediante
auto de 15 de septiembre de 2022, admitió la acción de tutela de la referencia en
contra de la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de
Soledad.

5. Mediante auto de 11 de octubre de 2022, el consejero sustanciador del proceso
decretó la medida provisional, consistente en «[…] ORDENAR a la E.S.E. Hospital
Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, como medida provisional de
oficio, que se abstenga de utilizar los recursos embargados en el proceso de cobro
coactivo N° 001 de 2022, hasta tanto se dicte fallo de segunda instancia […]».

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Radicado: 25000-23-15-000-2022-00580-01
Demandante: Nueva EPS S.A.
Demandado: E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad

V. INTERVENCIÓN

6. La E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, a
través del gerente, rindió informe en los siguientes términos:

6.1. Señaló que sí tiene la facultad de iniciar un cobro coactivo, a la luz de lo previsto
en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, en el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006 y en
el artículo 169 de la Ley 1421 de 1993.

6.2. Aseguró que en el proceso de cobro coactivo se respetó el derecho al debido
proceso de la sociedad accionante y se garantizó el ejercicio al derecho a la
defensa.

6.3. Advirtió que la acción de tutela era improcedente porque la sociedad accionante
cuenta con otro medio de defensa judicial, como es el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

6.4. Adicionalmente, señaló lo siguiente: «[…] [e]l estado actual del proceso coactivo
N° 001 -2022, seguido en contra de la NUEVA EPS, está activo, pendiente de que
se cancele un saldo de la liquidación del crédito por valor de $1.003.904.465,81, y
los $ 12.775.318.224,66 que fueron embargados inicialmente y colocados a
disposición del proceso se adicionaron al presupuesto de rentas y gastos de
nuestra entidad, vigencia 2022, una vez quedo [sic] en firme la liquidación del
crédito, esto por disposición de la Junta Directiva lo cual ocurrió a través del
Acuerdo N° 004 de junio 29 del 2022, siendo utilizados para pagar pasivos de la
institución, esta información se brinda a efectos de que el Juez constitucional de
tutela tenga en cuenta tal situación al momento de resolver […]».

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante sentencia de tutela de 26 de septiembre de 2022, la Subsección A de
la Segunda del Tribunal de Cundinamarca resolvió declarar improcedente el
amparo deprecado por el tutelante por las siguientes razones:

7.1. El juez de primera instancia consideró que no se cumplía con el requisito de la
subsidiariedad, en la medida en que «[…] la accionante tiene a su disposición un
instrumento idóneo y eficaz para controvertir las decisiones adoptadas dentro del
proceso de cobro coactivo que se adelanta en su contra […]».

7.2. Adicionalmente, señaló lo siguiente: «[…] en el presente asunto la accionante
no allegó al plenario prueba siquiera sumaria que permita inferir una seria afectación
a los derechos fundamentales que invoca, o que existe vulneración de los mismos
al no acceder la accionada a sus pedimentos dentro del expediente No. 001-2022
concerniente al procedimiento administrativo de cobro coactivo, iniciado con
ocasión a una supuesta obligación por valor de $ 12.775.318.224,66, por la
prestación de los servicios de la salud prestados a los afiliados y beneficiarios de la

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Radicado: 25000-23-15-000-2022-00580-01
Demandante: Nueva EPS S.A.
Demandado: E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad

Nueva Empresa Promotora de Salud S.A., del régimen subsidiario bajo la modalidad
de pago capitado, lo cual constituye un aspecto determinante para concluir que la
acción impetrada resulta improcedente, en la medida que existe otro mecanismo de
defensa por medio del cual se puede ventilar la controversia aquí planteada […]».

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. El tutelante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, con fundamento
en los siguientes argumentos:

8.1. Expuso que la presente acción de tutela contenía una pretensión subsidiaria
consistente en la suspensión de las medidas cautelares «[…] mientras la justicia de
lo contencioso administrativo resuelve la nulidad y restablecimiento del derecho,
para evitar el perjuicio irremediable […]»; y anotó que el fallo de primera instancia
se abstuvo de analizar «[…] las actuaciones realizadas por la accionada ESE dentro
del proceso de agotamiento de la vía gubernativa resultan claramente ilegales y que
merecen de la revisión del juez de tutela ya que a pesar de existir una vía judicial
para presentar la demanda contra las resoluciones emitidas en la vía gubernativa,
si se acoge dicha vía eso significa que la ESE podrá ejecutar la suma de TRECE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS
MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y UN CVS
($13.779.222.690,81), generando un daño grave al sistema de salud y a las arcas
de la NUEVA EPS que perjudicara directamente a usuarios de la salud. Ese es el
perjurio irremediable que se pretende sea tutelado, mientras la justicia ordinaria
decide […]».

9. Igualmente, expuso que la presente acción constitucional cumple con los
requisitos generales y específicos de procedibilidad, previstos en la sentencia C –
590 de 2005.

10. En desarrollo de lo anterior, señaló que el presente caso tenía relevancia
constitucional porque «[...] durante todo el procedimiento de cobro coactivo se
evidencio un tramite [sic] irregular, en las diferentes resoluciones proferidas por la
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE
SOLEDAD [...]».

11. Adicionalmente, precisó que los recursos de la entidad objeto la medida de
embargo son inembargables, en tanto que hacen parte del sistema general de
seguridad social en salud. Para tal efecto, puso de relieve el contenido del artículo
63 constitucional, 19 del Decreto 111 de 1996, 91 de la Ley 715 de 2001, 21 del
Decreto Ley 28 de 2008 y 2.6.1.2.7 del Decreto 780 de 2016.

12. También señaló que el embargo decretado por la entidad recayó sobre las
cuentas maestras de la EPS, lo que habría ocasionado una afectación en la
prestación del servicio de salud.

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Radicado: 25000-23-15-000-2022-00580-01
Demandante: Nueva EPS S.A.
Demandado: E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad

13. En lo concerniente al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, el impugnante
sostuvo que, en esta oportunidad, se encuentra satisfecho porque «[...] ha agotado
la vía administrativa por la misma posición radical de la ESE, con el fin de “subsanar
un error de las administraciones anteriores” y se acudido [sic] a todos los
mecanismos procesales y judiciales tendientes ha revocar todas y cada una de las
actuaciones realizadas dentro del proceso de cobro coactivo [...]».

14. Enlo correspondiente a la inmediatez, señaló que la acción de amparo fue
provida dentro de un término razonable.

15. Porúltimo señaló que la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela
Metropolitana de Soledad incurrió en una irregularidad procesal, en un defecto
orgánico, en un defecto fáctico, en un defecto sustantivo y en un defecto
procedimental absoluto en el trámite del proceso de cobro coactivo.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

16. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.

VIII.2. Problemas jurídicos

17. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado4, la Sala debe establecer lo siguiente:

A) Si la presente acción de tutela cumple con el requisito general de
procedibilidad atinente a la subsidiariedad.

B) Si ello es así, se procederá a determinar si la accionada vulneró los derechos
fundamentales de la sociedad actora, con ocasión de las actuaciones
adelantadas en el marco del proceso de cobro coactivo N° 001 de 2022 y del
embargo efectuado sobre recursos del sistema general de seguridad social
en salud.

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Radicado: 25000-23-15-000-2022-00580-01
Demandante: Nueva EPS S.A.
Demandado: E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos

18. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiaridad de la acción de
tutela, por regla general, ésta no procede para controvertir actos
administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el legislador
previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, en su defecto, la acción
de nulidad.

19. En ese sentido, la jurisprudencia5 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa en
expresar que:

[…] En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados
o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos de
contenido particular y concreto, ya que para controvertir estos actos el
juez natural es la jurisdicción contenciosa administrativa, instancia en la
cual los afectados pueden hacer uso de dos mecanismos de defensa.

De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo,
se puede interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y,
según el artículo 152, numeral 2° del mismo código, en caso de que sea
manifiesta la infracción de una de las disposiciones invocadas, también se
puede solicitar la suspensión provisional del acto administrativo demandado.

De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo dispone que
toda persona podrá solicitar que se declare la nulidad de los actos
administrativos cuando quebranten las normas en que deberían fundarse,
hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del
funcionario o corporación que los profirió […].

20. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que
se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una vulneración
de derechos fundamentales, y ii) que, como consecuencia de lo anterior,
exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que el
amparo procedería como mecanismo transitorio.

21. En ese sentido, en sentencia T-514 de 2003, la Corte Constitucional determinó:

[…] La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros
mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que
procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las

5 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.

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Radicado: 25000-23-15-000-2022-00580-01
Demandante: Nueva EPS S.A.
Demandado: E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad

actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración
de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de
tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del
Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del
Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo […]. (se destaca)

22. Asílas cosas, en principio la acción de tutela resulta improcedente para
controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos de que esté en juego la
vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera
transitoria.

VIII.4. Antecedentes

23. La sociedad Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. – “Nueva EPS”
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, cuya vulneración le atribuyó a la
E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, con
ocasión de las supuestas irregularidades en que incurrió en el interior del proceso
coactivo con radicado número 001 de 2022, y del embargo y retención de
$12.775.318.225, provenientes de la cuenta maestra de pagos del régimen
contributivo de la entidad..

24. En el caso objeto del presente estudio, la sociedad accionante aduce que la
entidad accionada incurrió en la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la defensa por las siguientes razones:

25. En primer lugar, señaló que la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela
Metropolitana de Soledad inició arbitrariamente el proceso de cobro coactivo con
ocasión del contrato N° 02- 02-05-001-2016 de prestación de servicios de salud, a
pesar de que carece de dicha facultad, ya que el parágrafo del artículo 5° de la Ley
1066 de 2006 expresamente excluye de la facultad de cobro coactivo «[…] las
deudas generadas en contratos de mutuo o aquellas derivadas de obligaciones
civiles o comerciales en las que las entidades indicadas en este artículo desarrollan
una actividad de cobranza similar o igual a los particulares, en desarrollo del
régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios […]».

25.1. En segundo lugar, indicó que, con ocasión de la medida cautelar ordenada en
el proceso de cobro coactivo, la accionada embargó recursos públicos que, al ser
parte del sistema general de seguridad social en salud, tienen destinación específica
y son inembargables.

26. En ese orden de ideas, y como quiera que la presente acción de tutela tiene dos
motivaciones, la Sección estudiará en forma separada si en relación con cada una
de ella se cumple con los requisitos generales de procedencia.

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VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción de
tutela para controvertir el acto administrativo que resolvió las excepciones y
el que liquidó el crédito en el proceso de cobro coactivo N° 001 de 2022

27. En cuanto a este punto de la controversia el accionante indica que se violaron
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa porque la accionada:
(i) carecía de competencia para iniciar el proceso de cobro coactivo, y (ii) el proceso
de cobro coactivo fue decidido en el término de dos meses y 17 días, sin tener en
cuenta las excepciones presentadas y la objeción a la liquidación del crédito.

28. En relación con las irregularidades enunciadas, la sociedad accionante solicita
que se declare que las decisiones proferidas en el marco del proceso de cobro
coactivo «[…] fueron emitidas violando el debido proceso por carecer de
competencia […]» la accionada.

29. ElTribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección A, mediante fallo de 26 de septiembre de 2022, declaró improcedente
la acción de tutela porque no cumplía el requisito de subsidiariedad, ya que la
sociedad Nueva E.P.S. S.A. contaba con otro medio de defensa judicial, como es
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

30. En este contexto, sea lo primero en indicar que el ejercicio de la facultad de cobro
coactivo es un procedimiento administrativo que se encuentra reglado en los
artículos 98, 99, 100 y 101 del CPACA, en los artículos 823 y s.s. del Estatuto
Tributario, y en la Ley 1066 de 2006.

31. Conforme con las normas en cuestión, se tiene que la administración, a través
del funcionario competente: «[…] producirá el mandamiento de pago ordenando la
cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos […]».
Este acto administrativo debe ser notificado al deudor, quien dentro de los quince
(15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago podrá pagar la
obligación o proponer excepciones, tal como lo señala el artículo 830 del Estatuto
Tributario:

[…] Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento
de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos
intereses. Dentro del mismo término, podrán proponerse mediante escrito las
excepciones contempladas en el artículo siguiente […].

32. Aunado a lo anterior, el artículo 101 del CPACA dispone que: «[…] serán
demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (…) los actos
administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que
ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito […]».

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33. Todo lo anterior le permite a la Sala concluir que, tal como lo señaló el juez de
primera instancia, la sociedad accionante sí dispone de otro medio de defensa
idóneo y eficaz, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a
través de la cual puede solicitar el control de legalidad del acto administrativo que
decidió las excepciones y el que liquidó el crédito.

34. Adicionalmente, en el marco de dicho medio de control la parte accionante puede
solicitar el decreto de medidas cautelares consistente en la suspensión provisional
de los actos administrativos referidos con anterioridad, en caso de considerar que
se cumplen los presupuestos previstos en el artículo 231 del CPACA.

35. Porúltimo, la Sección tampoco advierte la configuración de un perjuicio
irremediable en el sub examine.

36. En ese orden de ideas, esta Sala de Sección coincide con el juzgador de primera
instancia cuando afirma que la sociedad actora cuenta con otro medio de defensa
judicial -medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho-, el cual resulta
idóneo y eficaz para solicitar la protección de los derechos que resultan
amenazados con ocasión de las supuestas irregularidades que se presentaron
en el marco del proceso de cobro coactivo. Por tanto, se confirmará este aspecto
de la decisión de primera instancia.

VIII.4.2. De la procedencia de la acción de tutela para controvertir la
materialización de la medida de embargo sobre recursos pertenecientes al
sistema de seguridad social en salud

37. Elsegundo fundamento de la presente acción de amparo consiste en la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la accionada con ocasión
de la materialización de la medida de embargo, que afectó la suma de doce mil
setecientos setenta y cinco millones trecientos dieciocho mil doscientos veinticinco
pesos ($12.775.318.225); recursos que, al ser parte del sistema general de
seguridad social en salud, tienen destinación específica y son inembargables.

38. En relación con este punto de la controversia, la sociedad actora solicitó, de
manera subsidiaria, que se ordene la suspensión de la medida cautelar de embargo,
debido a que esta recayó sobre recursos de naturaleza inembargable.

39. Sobre el particular, la Sala advierte que el juez de primera instancia no emitió un
pronunciamiento expreso, por lo que se procederá con su estudio en esta instancia,
a la luz de lo previsto en el inciso 2° del artículo 287 del CGP, que establece: «[…]
[e]l juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre
que la parte perjudicada con la omisión haya apelado [...]».

40. A juicio de la Sección, respecto de este segundo aspecto de la controversia, la
sociedad actora carece de los medios judiciales que le permitan solicitar la
protección de su derecho fundamental, el cual presuntamente resultó afectado

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ya no por las presuntas irregularidades en el procedimiento de cobro coactivo, sino
por la materialización de una orden de embargo que afectó recursos que son
de naturaleza inembargables.

41. La distinción anterior resulta pertinente ya que, como se explicó con antelación,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho únicamente procede
contra determinados actos administrativos dictados en el proceso de cobro coactivo
(el acto que declara deudor, el que resuelve las excepciones y el que liquida el
crédito) y, debido a ello, no es posible emplear dicho medio de control para
solicitar la nulidad o la suspensión del acto administrativo que decretó una
medida cautelar.

42. Aunado a lo anterior, el procedimiento contencioso administrativo colombiano no
prevé una acción judicial a través de la cual la sociedad accionante pueda solicitar
el desembargo de los bienes que sean de naturaleza inembargable.

43. De esta manera es claro que la sociedad actora no tiene ningún medio de
control judicial a su disposición para solicitar la nulidad del acto administrativo que
decretó una medida cautelar y/o para solicitar el desembargo de bienes que fueron
embargados en el proceso de cobro coactivo y que, en su criterio, son de naturaleza
inembargable.

44. En conclusión, esta Sección considera que el argumento relativo a que la E.S.E.
Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad vulneró el
derecho fundamental debido proceso de la sociedad Nueva Empresa Promotora
de Salud S.A. – “Nueva EPS” porque en cumplimiento de la orden de embargo
decretada en el proceso de cobro coactivo N° 001 de 2022 presuntamente afectó
recursos que, al ser parte del sistema general de seguridad social en salud, son
inembargables y tienen destinación específica, cumple con el requisito de
subsidiariedad.

45. Asimismo, la Sala estima que este motivo de inconformidad también cumple con
los requisitos de legitimación en la causa y de inmediatez, por lo que se procederá
a estudiar de fondo este aspecto de la acción de tutela.

VIII.4.3. Análisis del caso concreto

46. Procede la Sala analizar si en esta oportunidad se afectó el derecho fundamental
al debido proceso de la accionante, con ocasión de la materialización de la medida
cautelar de embargo sobre recursos pertenecientes al sistema general de seguridad
social en salud.

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VIII.4.3.1. La inembargabilidad de los recursos del sistema general de
seguridad social en salud

47. La Constitución Política de Colombia establece en el artículo 63 que «[…] [l]os
bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos
étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los
demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables […]».

48. Como se puede apreciar del tenor literal de la norma, el constituyente le otorgó al
legislador la facultad de ampliar el listado de los bienes inalienables,
imprescriptibles e inembargables. Sin embargo, esta potestad se encuentra
sometida a límites, como lo determinó esta Corporación:

«[…] [E]l artículo 63 de la Constitución enlista algunos bienes inembargables,
pero también le otorga la facultad al legislador de dar, según su criterio, la
calidad de inembargables a ciertos bienes, siempre y cuando ello no
comporte una transgresión a otros derechos o principios
constitucionales. En consecuencia, fue en atención a dicho precepto que el
legislador en las disposiciones demandadas determinó qué bienes tienen la
calidad de inembargables […]»6.

49. En desarrollo del artículo 63 constitucional, nuestro sistema jurídico ha previsto
que también son de carácter de inembargable los siguientes bienes y rentas: (i) los
recursos pertenecientes al sistema general de regalías7; (ii) los bienes, rentas y
recursos incorporados al presupuesto general de la Nación y de las entidades
territoriales8; (iii) los depósitos de ahorro por el monto señalado por la autoridad
competente [Superintendencia Financiera]9; (iv) los bienes destinados a un servicio
público «[…] cuando este se preste directamente por una entidad descentralizada
de cualquier orden, o por medio de concesionario de estas […]»; (v) los recursos
municipales originados en las transferencias de la Nación; (vi) los anticipos que
deban realizarse o se hayan realizado para la construcción de obras públicas; (vii)
los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes
respectiva; (viii) las condecoraciones y pergaminos recibidos por actos meritorios;
(ix) los bienes destinados al culto religioso; y (x) los recursos del sistema general
de seguridad social en salud, entre otros.

6 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 15 de diciembre de 2017, Radicación número: 05001-23-

33-000-2017-01532-01(AC). En el mismo sentido también puede consultarse la sentencia C – 354 de 1997 de
la Corte Constitucional, providencia que dice: «[…] corresponde en consecuencia a la ley determinar cuales son
"los demás bienes" que son inembargables, es decir, aquéllos que no constituyen prenda de garantía general
de los acreedores y que por lo tanto no pueden ser sometidos a medidas ejecutivas de embargo y secuestro
cuando se adelante proceso de ejecución contra el Estado. Pero el legislador, si bien posee la libertad para
configurar la norma jurídica y tiene, por consiguiente, una potestad discrecional, no por ello puede actuar de
modo arbitrario, porque tiene como límites los preceptos de la Constitución, que reconocen principios, valores
y derechos […]».
7 Art° 133 de la Ley 2056 de 2020, que dispone: «[…] Los recursos del Sistema General de Regalías son

inembargables, así como las rentas incorporadas en el presupuesto del Sistema […]».
8 Numera 1° del Art° 594 del CGP: «[…]
9 Numeral 2° del Art° 594 del CGP: «[…]

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50. A pesar del carácter inembargable del que revistió el legislador algunos bienes y
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rentas, la Corte Constitucional ha precisado en su jurisprudencia que el principio
de inembargabilidad no es absoluto y que, en circunstancias específicas, el
mismo debe conciliarse con otros principios de trascendencia constitucional. Al
respecto ha señalado la Corte:

[…] [E]l principio de inembargabilidad no es absoluto, sino que por el
contrario debe conciliarse con los demás valores, principios y derechos
reconocidos en la Carta Política. En esa medida, la facultad del Legislador
también debe ejercerse dentro de los límites trazados desde la propia
Constitución, como el reconocimiento de la dignidad humana, el principio
de efectividad de los derechos, el principio de seguridad jurídica, el
derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y la necesidad de asegurar
la vigencia de un orden justo, entre otros […]11 (negrillas lo resalta la Sala)

51. En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido tres excepciones
a la regla general de inembargabilidad de los recursos públicos, a saber: i) ante la
necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a
efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas12; ii) cuando se
requiera el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el
respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias 13, y iii) cuando se
persigue el pago de títulos emanados del Estado que reconocen una obligación
clara, expresa y exigible14.

52. Adicionalmente, y lo concerniente a los recursos provenientes del sistema general
de participaciones, la Corte precisó que estos tenían una protección
constitucional reforzada, dada la «[…] destinación social específica derivada
directamente de la Carta Política […]», como lo es financiar la salud, la educación,
agua potable y saneamiento básico, por lo que se entiende que las tres excepciones
resultaban aplicables «[…] siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran
como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados los recursos
del SGP […]».

53. Descendiendo al sistema general de seguridad social en salud, sea lo primero
señalar que acuerdo con los artículos 203, 204 y 214 de la Ley 100 de 1993, las
fuentes de financiación del sistema [régimen contributivo y subsidiado] son las
siguientes: (i) el aporte y/o cotizaciones efectuadas por los empleados, los
trabajadores independientes y los pensionados; (ii) los recursos de las entidades
territoriales, correspondiente al sistema general de participaciones; (iii) los recursos

10 Sentencias C – 546 de 1992, C – 013 de 1993, C – 017 de 1993, C – 337 de 1993, C – 555 de 1993, C – 103

de 1994, C – 263 de 1994, C - 354 de 1997, C – 407 de 1997, T – 531 de 1999, T-539 de 2002, C – 793 de
2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008, C-539 de 2010, entre otras.
11 Sentencia C – 1154 de 2008. MP, de 26 de noviembre de 2008) Clara Inés Vargas Hernández.
12 Sobre los alcances de esta excepción se ha referido la Corte Constitucional en las sentencias C-013 de 1993,

C-017 de 1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025 de 1995, T.262 de 1997, C-354 de 1997,
C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y T-1195 de
2004.
13 Ha sido estudiada por la Corte Constitucional en las siguientes sentencias C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-

539 de 2002, C-793 de 2002 y C-192 de 2005, entre otras.
14 Corte Constitucional, sentencia C – 103 de 1994, MP. Jorge Arango Mejía.

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«[…] obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar; y los
recursos transferidos por ETESA a las entidades territoriales […]»; (iv) los recursos
propios destinados por las entidades territoriales; (v) los recursos de las regalías
transferidos por la Nación; (vi) los recursos previstos en el artículo 217 de la Ley
100 de 1993; (vii) los rendimientos financieros producidos por las fuentes de
financiación del régimen subsidiado; (viii) los recursos provenientes del recaudo del
IVA previstos en la Ley 1393 de 2010; y (ix) los recursos provenientes de la
contribución parafiscal de las Cajas de Compensación Familiar.

54. Teniendo en cuenta las distintas fuentes de financiamiento del SGSSS, en el
ordenamiento jurídico nacional encontramos la prohibición de embargo de los
recursos que financian este sistema en las siguientes normas: (i) en el artículo 25
de la Ley Estatutaria N° 1753 de 201515, (ii) en el parágrafo 2° del artículo 275 de
la Ley 1450 de 201116, (iii) en el artículo 21 del Decreto 028 de 200817, (iv) en el
artículo 4° del Decreto 4962 de 201118, (v) en el artículo 2.6.4.1.4 del Decreto 2265
de 201719, (vi) el artículo 8° del Decreto 50 de 2003, etc.

55. Así las cosas, y con ocasión de las distintas fuentes de financiación del SGSSS,
se tiene que el alcance y aplicación del principio de inembargabilidad debe
analizarse de acuerdo con cada fuente de financiación y a partir de allí determinar
si resultan aplicables, y en qué medida, las excepciones al principio de
inembargabilidad de los recursos públicos.

56. En este punto, vale la pena destacar que la Corte Constitucional ha sostenido,
refiriéndose a los recursos provenientes de los aportes y/o cotización al
SGSSS, que el principio de inembargabilidad no tiene el mismo alcance y la misma
trascendencia constitucional respecto de aquellos recursos que provienen, por

15 La norma en cuestión prevé: «[…] Los recursos públicos que financian la salud son inembargables, tienen
destinación específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente
[…]».
16 La norma en cuestión prevé: «[…] Los recursos que la Nación y las Entidades Territoriales destinen para

financiar el régimen subsidiado en salud, son inembargables. En consecuencia de conformidad con el
artículo 48 de la Constitución Política, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado “EPS-s” con
cargo a dichos recursos cancelarán en forma prioritaria los valores adeudados por la prestación del servicio a
las IPS Públicas y Privadas. Los cobros que realicen las IPS a las EPS-s requerirán estar soportadas en títulos
valores o documentos asimilables, de acuerdo con las normas especiales que reglamenten la prestación del
servicio en salud […]».
17 La norma en cuestión prevé: «[…] Los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables.

Para evitar situaciones derivadas de decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y calidad de los
servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopten las autoridades judiciales
relacionadas con obligaciones laborales, se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la
respectiva entidad territorial. Para cumplir con la decisión judicial, la entidad territorial presupuestará el monto
del recurso a comprometer y cancelará el respectivo crédito judicial en el transcurso de la vigencia o vigencias
fiscales subsiguientes.
Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no producirán
efecto alguno, y darán lugar a causal de destitución del cargo conforme a las normas legales correspondientes
[…]».
18 La norma en cuestión prevé: «[…] De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 275 de

la Ley 1450 de 2011, los recursos a que refiere el presente decreto por tratarse de recursos de la Nación y de
las entidades territoriales para la financiación del Régimen Subsidiado, son inembargables […]».
19 La norma en cuestión prevé «[…] Los recursos que administra la ADRES, incluidos los de las cuentas

maestras de recaudo del régimen contributivo, así como los destinados al cumplimiento de su objeto son
inembargables conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1751 de 2015 […]».

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ejemplo, del sistema general de participaciones o de los esfuerzos propios
destinados por las entidades territoriales.

57. En relación con lo anterior ha dicho la Corte que, aunque en ambos casos
[recursos provenientes de las cotizaciones y recursos provenientes del SGP]
estamos en presencia de recursos de naturaleza pública, destinados a la
financiación del sistema de salud e inembargables, lo cierto es que las
excepciones al principio de inembargabilidad deben ser analizadas
atendiendo las particularidades de cada caso y conforme a las normas que
reglamentan el funcionamiento de cada una de las fuentes de financiación.

58. En este punto, la Sala debe destacar que los recursos provenientes de las
cotizaciones previstas en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, corresponden a
los aportes que realizan los empleadores, los empleados, los trabajadores
independientes y los pensionados al sistema general de salud. Estos recursos,
conforme al artículo 2.6.4.2.1.2. del Decreto N° 780 de 201620, modificado por el
artículo 1° del Decreto 1437 de 2021, son recaudados por las Empresas Promotoras
de Salud – EPS y las Empresas Obligadas a Compensar – EOC, a través de las
cuentas maestras de recaudo.

59. Los recursos recaudados a través de las cuentas maestras son del sistema
general de seguridad social y no hacen parte del patrimonio de las EPS.
Adicionalmente, estos recursos son sometidos a un «[…] proceso integral de
compensación […]», a través del cual la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES «[…] determina y reconoce
la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los recursos para el pago de las
incapacidades originadas por enfermedad general de los afiliados cotizantes y los
recursos para financiarlas actividades de promoción de la salud y de prevención de
la enfermedad, de los afiliados al Régimen Contributivo (…) por cada período al que
pertenece el pago de la cotización recaudada y conciliada entre el mecanismo de
recaudo y la base de datos de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en
Salud […]»21.

60. Finalizado
lo anterior, la ADRES autorizará la transferencia de los recursos
determinados en el proceso integral de compensación a las cuentas maestras de

20 La norma en cuestión prevé: «[…] Las Entidades Promotoras de Salud recaudarán las cotizaciones al Sistema

General de Seguridad Social en Salud en las cuentas bancarias abiertas por la ADRES en entidades bancarias
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. La ADRES será la titular de estas cuentas, que deben
ser utilizadas exclusivamente para el recaudo de cotizaciones del Régimen Contributivo del Sistema General
de Seguridad Social en Salud e independientes a las demás cuentas bancarias de recaudo que administre la
ADRES.
La cuenta de recaudo de los recursos de aportes patronales del Sistema General de Participaciones -SGP- se
mantendrá hasta la culminación de la compensación de los recaudos respectivos o hasta la culminación del
proceso de saneamiento de aportes patronales que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social.
PARÁGRAFO . No se podrán recaudar o depositar cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Salud en cuentas bancarias diferentes a las establecidas por la ADRES. El recaudo de las cotizaciones o aportes
se efectuará a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA […]».
21 Ver artículo 2.6.4.3.1.1.1 del Decreto 780 de 2016, modificado por el Decreto N° 1437 de 2021.

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pago administradas por cada EPS y EOC22. A través de estas cuentas maestras las
entidades promotoras de salud realizarán los pagos «[…] con cargo a los recursos
que reconoce la ADRES […]», con ocasión del proceso de compensación.

61. Dadas las particularidades de los recursos provenientes del recaudo de las
cotizaciones al SGSSS, la Corte Constitucional, en la sentencia T - 053 de 2022,
precisó que sobre estos no aplica ninguna de las tres excepciones al principio
de inembargabilidad, desarrolladas por la misma Corporación en las sentencias C
– 546 de 1992, C – 013 de 1993, C – 017 de 1993, C – 337 de 1993, C – 193 de
1994, C – 263 de 1994, C – 577 de 1995, C 179 de 1997, C – 354 de 1997, C – 402
de 1997, C – 136 de 1999, C – 1489 de 2000, C – 363 de 2001, C – 828 de 2001,
C – 1040 de 2003, C – 363 de 2001, C – 1158 de 2008, C – 539 de 2010, entre
otras. Al respecto se señala en la providencia aludida:

[…] Habida cuenta de que, conforme a lo probado en el proceso, la cuenta maestra de
recaudo afectada con el embargo fue la número 165004813, destinada a los aportes
del régimen contributivo, y subrayando que, consecuentemente, es respecto de la
misma que debe pronunciarse la Corte, esta Sala de Revisión advierte de entrada que,
a la luz de los criterios descritos en el acápite anterior, la reclamación sobre la que
se funda la acción de tutela está llamada a prosperar, toda vez que del precedente
reiterado en prolíficos pronunciamientos de esta Corte Constitucional se
desprende de manera diáfana y contundente que los recursos del SGSSS que
tienen como fuente las cotizaciones de los afiliados al sistema son públicos,
tienen destinación específica y ostentan la calidad de inembargables, sin que
respecto de ellos resulten predicables las excepciones a la inembargabilidad
reconocidas por la jurisprudencia, como enseguida pasa a exponerse.
(…)
Tal como quedó ampliamente planteado en las consideraciones generales de esta
providencia, los recursos del SGSSS tienen una protección constitucional aún
más reforzada, inclusive, que otros recursos de naturaleza pública, y por lo tanto
sólo en circunstancias extraordinarias que la jurisprudencia constitucional ha
determinado pueden llegar a embargarse y a utilizarse en un objeto distinto a la
destinación específica que la norma fundamental les ha asignado, a saber: la
financiación de la prestación del servicio de salud a la población.

Precisamente por ese blindaje especial que ostentan estos recursos, es imperativo para
todo operador jurídico acatar con rigor y a pie juntillas los términos en que esta Corte
se ha pronunciado sobre los eventos excepcionales en los cuales es posible
comprometer los recursos del SGSSS, lo que, de suyo, implica observar
cuidadosamente a qué fuente de financiación se ha referido al admitir tales
excepciones, pues, como es sabido, el sistema de salud se nutre de dineros
procedentes de diferente origen, entre los que se cuentan las cotizaciones de los
afiliados al SGSSS recaudados por las EPS, de un lado, y los recursos del
Sistema General de Participaciones en Salud –SGP–, de otro.

22 Al respecto señala el artículo 2.6.4.3.1.1.9 del Decreto 780 de 2016, modificado por el artículo 2° del Decreto

2265 de 2017 «[…] Cuenta maestra de pagos de las EPS y EOC. Los pagos que realicen las EPS y EOC con
cargo a los recursos que reconoce la ADRES deberán ser reportados a la ADRES por parte de las entidades
financieras antes del día diez (10) hábil del mes siguiente. Para el efecto, las EPS y EOC tendrán una (1) cuenta
maestra de pagos que genere la información en la estructura de datos definida por la ADRES. Estas
transacciones deberán realizarse través de mecanismos electrónicos. De igual manera las EPS que operen
el Régimen Subsidiado de salud deberán contar con la cuenta maestra de pagos según lo dispuesto en
este artículo.
Las EPS y las EOC continuarán con las cuentas maestras registradas ante el FOSYGA, a las cuales la
ADRES autorizará las transferencias, resultado del proceso integral de compensación y las demás a que
hace referencia el presente decreto.
La ADRES remitirá mensualmente al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional
de Salud, el reporte presentado por las entidades financieras para lo de su competencia […]».

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Podría decirse, entonces, que dentro del género que constituyen los recursos del
SGSSS, los dineros que reciben las EPS en virtud de las cotizaciones son una
especie, distinta a su vez de aquella conformada por los rubros transferidos por
la Nación en virtud del SGP. Ahora bien: aunque unos y otros gozan de especial
protección constitucional en tanto recursos del sistema de salud, la distinción hecha
resulta relevante justamente en razón al tratamiento dispensado por la jurisprudencia
constitucional en lo que atañe a la aplicación del principio de inembargabilidad y sus
excepciones.

En efecto, tratándose de los recursos destinados al sector salud del SGP la Corte
Constitucional ha reafirmado su destinación específica y carácter en general
inembargable, no obstante lo cual ha reconocido que dicha inembargabilidad
puede llegar a ser exceptuada para dar prevalencia a la efectividad de ciertos
derechos fundamentales.
(…)
En ese sentido, no cabe duda de que el precedente constitucional vigente ha delimitado
las condiciones para exceptuar el principio general de inembargabilidad de los recursos
de la salud correspondientes al SGP en los siguientes términos: (i) que se trate de
obligaciones de índole laboral, (ii) que estén reconocidas mediante sentencia, (iii) que
se constate que para satisfacer dichas acreencias son insuficientes las medidas
cautelares impuestas sobre los recursos de libre destinación de la entidad territorial
deudora.

En cambio, respecto de los recursos provenientes de las cotizaciones al SGSSS
recaudados por las EPS, la jurisprudencia constitucional no ha introducido
excepción alguna a su inembargabilidad.

Antes bien, acerca de esta tipología de recursos que son los aportes que reciben las
entidades promotoras de salud por parte de sus afiliados con capacidad económica, ha
sostenido la Corte que (i) son parafiscales, de modo que no ingresan al
presupuesto general de la Nación ni se mezclan con otros recursos del erario; (ii)
tienen una destinación específica, cual es la financiación de la prestación de los
servicios de salud a los usuarios del sistema, previa su conversión a UPC
mediante el proceso de compensación; (iii) pertenecen al SGSSS y no al
patrimonio de las EPS, por lo que deben manejarse en cuentas separadas de los
dineros propios de dichas entidades –las cuales solo obran como delegatarias
del Estado en lo que a su recaudo concierne–; (iv) están exentos de ser gravados
con impuestos y otros tributos, pues ello desnaturalizaría su destinación
específica; (v) deben ser excluidos de la masa a liquidar de los entes financieros
que, siendo sus depositarios, entren en proceso de liquidación; (vi) no pueden
ser utilizados para la adquisición de activos fijos e infraestructura por parte de
las EPS; (vii) no pueden ser objeto de acuerdos de pagos con acreedores que
conduzcan a que tales recursos no lleguen al destino ordenado en la Carta; y,
(viii) el Legislador tiene prohibido modificar su destinación específica.

De modo que, acogiendo íntegra y fielmente el precedente sentado por la Sala Plena
de esta Corporación, de ninguna parte se extrae que los dineros producto del
recaudo que adelantan las EPS en relación con los aportes al SGSSS hayan sido
calificados como susceptibles de embargos, como equivocadamente lo asumió
el juez accionado en el presente trámite.
(…)
Desde tal perspectiva, y habiendo sido enterado oportunamente el Juez 15 Civil
del Circuito de Barranquilla sobre la singular naturaleza de los recursos que
reposaban en la cuenta maestra de recaudo número 165004813 –como en efecto
se le advirtió en virtud del oficio que sobre el particular le remitió en Banco AV Villas
como destinatario de la orden, en acatamiento a lo previsto en el parágrafo del artículo
594 del C.G.P., y en consonancia con lo certificado por la ADRES, la tesorería de
Coomeva y más tarde la Superintendencia de Salud–, a lo que estaba llamado el juez
por ley era a proceder a su inmediato desembargo de conformidad con el artículo
597 del C.G.P., en vez de dar apertura a incidentes de desacato y responsabilidad
solidaria contra la entidad bancaria y la ADRES e insistir obstinadamente en

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gravar aquellos recursos que, ya se sabía, correspondían a cotizaciones
efectuadas por los afiliados a Coomeva EPS, apelando al simple argumento de
que la cautela se justificaba en la medida en que lo que se buscaba era cancelar
obligaciones derivadas de la atención médica brindada por las IPS ejecutantes a
los pacientes.

Con semejante postura, el funcionario judicial accionado soslayó que la
destinación de los recursos del SGSSS no se contrae de forma exclusiva a los
actos médicos propiamente dichos, sino que, como lo ha decantado la
jurisprudencia constitucional, dichos recursos también financian los gastos de
operatividad de las EPS –que incluyen aspectos de infraestructura, tecnologías
y personal administrativo–, así como los programas de prevención y promoción,
algunas prestaciones económicas que se reconocen a favor de los usuarios del
sistema y, como resulta apenas obvio, la posibilidad misma de continuar
garantizando en tiempo presente y a futuro la adecuada y oportuna atención en
salud a la población de afiliados y beneficiarios, en concordancia con lo previsto
en el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015 y de conformidad con las reglas que
gobiernan el proceso de compensación a cargo de la ADRES y con las medidas
especiales adoptadas en virtud de la intervención estatal sobre la EPS para
asegurar el giro de la UPC a los prestadores […]23. (Negrillas por fuera del texto
original)

62. En resumen, se tiene que la Corte Constitucional ha admitido la posibilidad de
que excepcionalmente se embarguen recursos del SGSSS, específicamente los
provenientes del sistema general de participaciones y los recursos de esfuerzo
propio destinados por las entidades territoriales, siempre y cuando concurran los
requisitos enunciados con anterioridad. Sin embargo, respecto de los recursos
provenientes de los aportes y/o cotizaciones realizadas por los empleados, los
empleadores, los trabajadores independientes, los pensionados, entre otros, la
posición del máximo Tribunal de lo Constitucional ha sido enfática al señalar que
prevalece la regla de inembargabilidad y que en dicho evento no se admite ninguna
de las excepciones a la regla de inembargabilidad de los recursos públicos.

VIII.4.3.2 Solución al caso concreto

63. Descendiendo al caso de autos, y teniendo en cuenta los medios de convicción
aportados a la presente acción constitucional, la Sala tiene por probados los
siguientes hechos:

63.1. La sociedad Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. – Nueva EPS S.A. y
la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad
celebraron el contrato de prestación de servicios N° 02- 02-05-001-2016 de 4 de
mayo de 2016 en la modalidad de pago por capitación, cuyo objeto es la prestación
de «[…] SERVICIOS DE SALUD PARA EL RÉGIMEN SUBSIDIADO (…)
contenidos en el Plan Obligatorio de Salud -POS-S vigente al momento de la
prestación de los servicios de salud a los afiliados válidos en la BDUA; por el plazo
de doce (12) meses con prórroga automática y por un valor anual de DOS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL
PESOS ($2.357.526.000) […]».

23 Corte Constitucional. Sentencia T – 053 de 2022. M.P.: Alberto Rojas Ríos.

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63.2. La accionada inició el proceso de cobro coactivo N° 001 de 2022 en contra de
la accionante, y en el marco del referido proceso se profirió la Resolución N° 108 de
3 de marzo de 2022, a través de la cual se libró mandamiento de pago y se
decretaron las siguientes medidas cautelares:

i) El embargo y secuestro de «[…] los bienes (muebles e inmuebles), salarios,
acreencias u otros derechos, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de
contenido crediticio y los demás valores de que sea titular o beneficiaria la
ejecutada LA NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS
S.A., depositados en establecimientos bancarios, crediticios. [sic] financieros o
similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en el país, por la suma de
DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA Y
SEIS CENTAVOS ($12.775.318.224,66) M/CTE […]».

ii) El «[…] embargo y secuestro de los dineros depositados en cuentas corrientes
y/o de ahorro y a cualquier título, CDT, en bancos corporaciones de ahorro y
vivienda y compañías de financiamiento comercial en todo el país, por la suma
de DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($12.775.318.224,66) M/CTE […]».

iii) El «[…] embargo y secuestro de las acreencias u otros derechos que tenga a
cargo en calidad de deudor la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL ADRES a favor de la ejecutada,
por la suma de DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($12.775.318.224,66) M/CTE […]».

63.3. La E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad,
mediante los oficios de 3 y 25 de marzo de 2022, le informó a la sociedad
Bancolombia S.A. sobre las medidas cautelares decretadas en contra de la
sociedad Nueva EPS S.A.

63.4. Con ocasión de lo anterior le ordenó a la entidad bancaria «[…] acatar y
materializar sin objeción alguna [la medida de embargo], pues la misma
corresponde a la facultad de cobro coactivo que radica en cabeza de la
administración a través de esta E.S.E; y a la aplicación estricta de LA EXCEPCIÓN
AL PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS PUBLICOS […]».
Igualmente, dispuso que los recursos embargados debían «[…] ser consignados o
transferidos a la cuenta judicial N° 087589196010 del Banco Agrario de Colombia
[…]».

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63.5. La sociedad ejecutada, mediante escrito de 8 de marzo de 2022, solicitó el
levantamiento de las medidas cautelares dado el carácter inembargable de los
recursos. Sin embargo, la accionada se abstuvo de resolver dicha solicitud.

63.6. La sociedad Bancolombia S.A., mediante el oficio de 24 de mayo de 2022, le
informó a la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de
Soledad que los recursos depositados en las cuentas bancarias, cuyo titular era la
sociedad Nueva EPS S.A., estaban marcados como inembargables, por ser
recursos pertenecientes al sistema general de seguridad social en salud.

63.7. Mediante el oficio de 26 de mayo de 2022, la E.S.E. Hospital Materno Infantil
Ciudadela Metropolitana de Soledad ratificó la orden de embargo y reiteró que la
medida cautelar decretada era procedente por encontrarse inmersa dentro de unas
de las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos.

63.8. La sociedad Bancolombia S.A., mediante el oficio de 8 de junio de 2022, le
informó a la entidad accionada que aplicaba la orden de embargo a la cuenta
corriente maestra de pagos del régimen contributivo N° 031-821231-84, por la suma
de doce mil setecientos setenta y cinco millones trescientos dieciocho mil doscientos
veinticinco pesos ($12.775.318.225) y puso a disposición de la accionada los
recursos en cuestión. Al respecto se señaló lo siguiente24:

[…] Bancolombia le informa que procedió con la atención de una medida de
embargo, consignando los recursos bajo los siguientes términos:

Oficio: 918
Proceso: 102499202
Nombre Ente Legal: HOSPITAL DE SOLEDAD
Valor Bloqueado: $ 12,775,318,225
Cuenta Afectada: 3182123184
Tipo de cuenta: CORRIENTE
Nombre de cuenta: NUEVA E.P.S. S.A.
Estado de cuenta: ACTIVA
Cód Servicio: 002 Maestra contributivo […].

63.9. Igualmente se tiene que, en el índice N° 13 de expediente digital, obra el
certificado suscrito por el vicepresidente financiero y por el gerente contable de la
sociedad Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. – Nueva EPS S.A.,
documento el que se indica lo siguiente:

[…] El embargo adelantado por la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela
de Metropolitana de Soledad (…) fue aplicado a la Cuenta Corriente Maestra
de Pagos del Régimen Contributivo No. 031-821231-84 de Bancolombia por el
valor de $12.775.318.225.

Esta cuenta bancaria está destinada a la administración de los recursos que
reconoce el Sistema General de Seguridad Social en Salud para financiar el
Régimen Contributivo derivado de los procesos de compensación que realiza
la EPS ante la ADRES […].
24 Visible a índice 14 del aplicativo SAMAI.

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63.10. La accionada, mediante el Acuerdo N° 004 de 29 de junio de 2022, adicionó al
presupuesto de rentas y de gastos de la entidad, la suma de doce mil setecientos
setenta y cinco millones trescientos dieciocho mil doscientos veinticinco pesos
($12.775.318.225), valor que corresponde a los recursos objeto de embargo en el
proceso de cobro coactivo N° 001 de 2022.

63.11. Mediante el certificado de 12 de octubre de 2022, el director financiero de la
E.S.E. le informó a esta Corporación que «[…] los recursos que fueron objeto de
recaudo dentro del proceso de jurisdicción coactiva 001-2022, seguido en contra de
la NUEVA EPS, por valor de $12.775.318.224,66, fueron incorporados al
presupuesto de la entidad ejecutante ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela
Metropolitana de Soledad, a través del acuerdo No. 004 de fecha jun10 29 del 2022,
emanado por la Junta Directiva de esta Institución, los cuales fueron utilizados para
el pago de pasivos de la ESE […]»25.

63.12. Asimismo, a través de la Resolución N° 236 de 29 de junio de 2022, el gerente
de la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad
dispuso lo siguiente:

[…] ARTICULO SEGUNDO: Incorporar al presupuesto de gastos de la
presente vigencia la suma de doce mil setecientos setenta y cinco millones
trescientos dieciocho mil doscientos veinticinco pesos M/L $12.775.318.225
distribuido de la siguiente manera:

EJECUCION DE GASTO
HONORARIOS 3.192.552.024
PROGRAMAS DE RESTRUCTURACION DE 9.582.766.201
PASIVOS
TOTAL 12.775.318.225
[…]26.

64. Con fundamento en los hechos probados en el caso en concreto, la Sala advierte
que efectivamente las medidas cautelares decretadas en el marco del proceso de
cobro coactivo N° 001 de 2022 recayeron sobre recursos públicos que gozan de
destinación específica y que, adicionalmente, son inembargables, ya que se
afectaron los dineros contenidos en la cuenta corriente N° 031-821231-84, que
corresponde a la cuenta maestra de pagos del régimen contributivo de la Nueva
EPS S.A.

65. En ese orden de ideas, a juicio de esta Sección, en esta oportunidad la medida
de embargo decretada por la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela
Metropolitana de Soledad en el proceso de cobro coactivo efectivamente vulneró
el derecho fundamental al debido proceso de la accionante por las razones que
pasan a exponerse:

25 Visible a índice 17 y 19 del aplicativo SAMAI.
26 Visible a índice 17 y 19 del aplicativo SAMAI.

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65.1. En primera medida, y conforme se explicó en el acápite VIII.4.3.1 de esta
providencia, la Corte Constitucional en la sentencia T – 053 de 2022 precisó que las
excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos no
operaban respecto de los recursos provenientes de los aportes y/o
cotizaciones hechas por afiliados al régimen contributivo. Ello, en razón a que,
siguiendo la línea trazada por la Corte Constitucional en la referida providencia, los
recursos recaudados con ocasión de los aportes que hacen los empleados, los
empleadores, los trabajadores independientes y los pensionados no hacen parte
del patrimonio de las empresas promotoras de salud ni de las demás
entidades obligadas a compensar.

65.2. Estos dineros, de conformidad con lo expuesto en líneas anteriores, pertenecen
al sistema de salud y, de hecho, la titularidad de las cuentas maestras de recaudo
por disposición del artículo 2.6.4.2.1.2 del Decreto 780 de 2016, modificado por el
artículo 1° del Decreto 1437 de 2021, está en cabeza de la ADRES, lo que
claramente denota que los recursos no son de las empresas promotoras de salud
encargadas del recaudo.

65.3. Dado que la medida cautelar afectó los dineros depositados en la cuenta
maestra de pago de la EPS, la Sala no puede pasar inadvertido que esta cuenta
también tiene el carácter inembargable y que los recursos contenidos en ella
provienen, una vez efectuado el proceso integral de compensación27, de los aportes
y/o cotizaciones realizadas por los afiliados al sistema de salud en el régimen
contributivo.

66. En segundo lugar, la Sala estima pertinente señalar que tampoco es aplicable la
excepción al principio de inembargabilidad alegada en el proceso de cobro coactivo.
Esto es así porque la accionada adujo en los oficios de 3 de marzo, de 24 de marzo
y 26 de mayo de 2022, que la obligación ejecutada se encontraba inmersa en la
excepción tercera al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, en tanto
que las obligaciones ejecutadas en el proceso de cobro coactivo derivaban de
un título emanado por el Estado que contenía una obligación clara expresa y
exigible.

67. Laanterior aseveración, a juicio de la Sala, contiene dos imprecisiones. La
primera está asociada a que la accionada está confundiendo el alcance de esta
excepción, la cual, según la sentencia C – 1154 de 2008, se encuentra prevista
exclusivamente para aquellos casos en los que el Estado reconoce la
existencia de una obligación a su cargo en forma clara, expresa y exigible. La
segunda imprecisión de la accionada consiste en considerar que la aplicación de

27 Ver inciso 2° del artículo 2.6.4.3.1.1.9 del Decreto 780 de 2016, modificado por el artículo 2° del Decreto 2265

de 2017 «[…] Cuenta maestra de pagos de las EPS y EOC. (…) Las EPS y las EOC continuarán con las
cuentas maestras registradas ante el FOSYGA, a las cuales la ADRES autorizará las transferencias,
resultado del proceso integral de compensación y las demás a que hace referencia el presente decreto
[…]».

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esta excepción al principio de inembargabilidad se puede hacer efectiva en el marco
de un proceso administrativo de cobro coactivo.

68. En relación con las imprecisiones señaladas, la Sala estima relevante traer a
colación lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C - 1154 de 2008:

[…] 4.3.3.- Finalmente, la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad
del Presupuesto General de la Nación, se origina en los títulos emanados del
Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible. En la
Sentencia C-103 de 1994 la Corte declaró la constitucionalidad condicionada
de varias normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la ejecución
contra entidades de derecho público y la inembargabilidad del
Presupuesto General de la Nación (…).
(…)
En la Sentencia C-354 de 1997, la Corte aclaró que esta circunstancia se
explica en atención a criterios de igualdad frente a las obligaciones emanadas
de un fallo judicial. Dijo entonces:

“Podría pensarse, que sólo los créditos cuyo título es una sentencia pueden ser
pagados como lo indica la norma acusada, no así los demás títulos que constan
en actos administrativos o que se originan en las operaciones contractuales de
la administración. Sin embargo ello no es así, porque no existe una justificación
objetiva y razonable para que únicamente se puedan satisfacer los títulos que
constan en una sentencia y no los demás que provienen del Estado deudor y
que configuran una obligación clara, expresa y actualmente exigible.
Tanto valor tiene el crédito que se reconoce en una sentencia como el que crea
el propio Estado a través de los modos o formas de actuación administrativa
que regula la ley.

Por lo tanto, es ineludible concluir que el procedimiento que debe seguirse
para el pago de los créditos que constan en sentencias judiciales, es el
mismo que debe adoptarse para el pago de los demás créditos a cargo
del Estado, pues si ello no fuera así, se llegaría al absurdo de que para
poder hacer efectivo un crédito que consta en un título válido emanado
del propio Estado es necesario tramitar un proceso de conocimiento para
que a través de una sentencia se declare la existencia de un crédito que,
evidentemente, ya existe, con el pernicioso efecto del recargo innecesario
de trabajo en la administración de justicia.

En conclusión, la Corte estima que los créditos a cargo del Estado, bien sean
que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben
ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y
que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es
posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -
en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando
se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos
respectivos […].

69. Como se puede apreciar de la cita anterior, la excepción tercera al principio de
inembargabilidad de los recursos públicos solo se predica en aquellos eventos en
los que el Estado reconoce la existencia de una obligación clara expresa y exigible
a su cargo. La Corte Constitucional, al explicar el alcance de esta excepción, se
remitió a las sentencias C – 103 de 1994 y C – 354 de 1997, y en dicho análisis se

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puede advertir que esta excepción tiene cabida únicamente en aquellos casos en
los que el Estado reconoce que es deudor de una obligación.

70. Asimismo, tampoco puede pasar inadvertido el hecho consistente en que en la
sentencia de constitucionalidad citada se hace referencia específica al trámite del
pago de las sentencias judiciales en contra de entidades públicas, regulado en
aquella época en el artículo 177 del CCA, y la posibilidad de que los títulos
emanados por el Estado en los que reconoce una obligación clara, expresa y
exigible a su cargo, puedan ser ejecutados ante la jurisdicción ordinaria en el
término de dieciocho meses.

71. Así las cosas, resulta relevante aclarar que la excepción tercera al principio de
inembargabilidad, según lo definido por la Corte Constitucional en la sentencia C –
1154 de 2008, solo puede ser aplicada en el interior de un proceso ejecutivo
en el que se ejecuta al Estado con base en un título emanado por este que
reconoce a su cargo una obligación clara, expresa y exigible a su cargo.

72. En ese orden de ideas, la Sala considera que la interpretación y aplicación que
efectuó la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad
sobre la excepción tercera al principio de inembargabilidad de los recursos públicos,
además de ser improcedente respecto de los dineros provenientes del recaudo de
la cotización del régimen contributivo, es equivocada porque: (i) dicha excepción se
encuentra prevista únicamente en aquellos eventos en los que el Estado reconoce
una obligación clara expresa y exigible a su cargo, lo cual no ocurre en el proceso
de cobro coactivo, y debido a que (ii) la aplicación de esta excepción al principio de
inembargabilidad únicamente es admisible en el marco de un proceso judicial, lo
que significa que, dentro de un proceso administrativo de cobro coactivo, la
administración no se encuentra facultada para embargar recursos de naturaleza
inembargables, con base en dicha excepción.

73. En tercer lugar, el embargo decretado por la E.S.E. Hospital Materno Infantil
Ciudadela Metropolitana de Soledad recayó sobre la cuenta maestra de pagos
del régimen contributivo de la EPS accionante y con ello afectó indiscriminadamente
recursos con destinación específica del régimen contributivo, poniendo en peligro el
pago de las distintas obligaciones que se deben satisfacer con cargo a esta cuenta,
como lo son: (i) el pago de incapacidades; (ii) el pago de los servicios de salud
prestados a los afiliados del régimen contributivo; (iii) el pago de licencias de
maternidad, entre otras prestaciones.

74. En cuarto lugar, la Sala debe destacar que las obligaciones que presuntamente
adeuda la sociedad Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. – Nueva EPS S.A.
tienen como fuente obligacional la ejecución del contrato N° 02- 02-05-001-2016 de
4 de mayo de 2016, cuyo objeto es la prestación de los servicios de salud a la
población afiliada al régimen subsidiado. A pesar de lo anterior los recursos que
resultaron embargados en el proceso de cobro coactivo pertenecen al régimen

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contributivo, desconociendo con ello el principio de destinación específica. Esto es
así porque si bien la fuente obligacional es la ejecución de un contrato de prestación
del servicio de salud, no se puede ignorar que dicho contrato tiene por objeto
garantizar el acceso a los servicios de salud de los afiliados al régimen
subsidiado.

75. Como se explicó con antelación, el régimen subsidiado de salud tiene fuentes de
financiación diferentes a las del régimen contributivo; de allí que el sistema exija a
las empresas promotoras de salud administrar en cuentas maestras separadas los
recursos de cada régimen y, además, prohíba cancelar las obligaciones un régimen
con los recursos del otro.

76. Así las cosas, la medida de embargo, además de haber sido indiscriminada y
poner en peligro el pago de las distintas obligaciones con cargo a la cuenta maestra
de pago del régimen contributivo [incapacidades, licencias de maternidad, etc.],
recayó sobre recursos que no están destinados al financiamiento del régimen
subsidiado, desconociendo así el principio de destinación específica de estos.

77. Con fundamento en los anteriores razonamientos, la Sala amparará el derecho
fundamental al debido proceso de la sociedad accionante, el cual resultó vulnerado
con ocasión del embargo y retención de los dineros depositados en la cuenta
corriente maestra de pagos del régimen contributivo N° 031-821231-84.

78. En cuanto a la medida de restablecimiento del derecho fundamental vulnerado,
la Sala advierte que la parte accionante en la pretensión tercera del escrito de
amparo solicitó que se «[…] se ordene la suspensión de la medida cautelar
mientras la justicia de lo contencioso administrativo resuelve la nulidad y
restablecimiento del derecho (…) [a efectos de] evitar el perjuicio irremediable de
perder la suma de TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON
OCHENTA Y UN CVS ($13.779.222.690,81) […]».

79. Sin embargo, y teniendo en cuenta lo señalado en el acápite VIII.4.2. de esta
providencia, dicha medida no es pertinente ni adecuada para restablecer el derecho
fundamental vulnerado porque, en primer lugar, en esta ocasión la afectación no
deviene de la expedición del acto administrativo que decretó la medida cautelar,
sino de la materialización de dicha medida sobre recursos de naturaleza
inembargables.

80. Significa lo anterior que la expedición del acto administrativo en sí mismo no
causó la afectación a la garantía constitucional al debido proceso de la sociedad
accionante, sino que dicha lesión derivó, exclusivamente, de la materialización
de la medida cautelar sobre los recursos depositados en la cuenta maestra de
pago de la EPS accionante.

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81. En segundo lugar, y tal como se extrae de las certificaciones expedidas por
Bancolombia S.A. 28, y por el vicepresidente financiero y por el gerente contable de
la Nueva EPS S.A.29, los recursos que fueron objeto de embargo en el proceso de
cobro coactivo N° 001 de 2022 ascienden a $12.775.318.225. Significa lo anterior
que aunque la medida cautelar fue decretada por la suma de $13.779.222.690,81,
lo cierto es que las pruebas obrantes en el plenario permiten evidenciar que se
embargó un monto menor.

82. En tercer lugar, dichos recursos embargados fueron puestos a disposición de la
accionada y esta, mediante el Acuerdo N° 004 de 29 de junio de 2022, los
incorporó a su presupuesto.

83. Eneste estado de cosas, y comoquiera que los recursos embargados se
encuentran en poder de la accionada, la Sala estima que la medida idónea para
reestablecer el derecho fundamental vulnerado en esta oportunidad consistirá en
ordenar a la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de
Soledad que reintegre la suma de $12.775.318.225 a la cuenta maestra de pagos
del régimen contributivo desde la cual se efectuó el débito de los dineros
embargados.

84. En este contexto, la Saladebe aclarar que lo manifestado por la accionada,
mediante escrito de 13 de octubre de 202230, relacionado con que los recursos
embargados en el proceso de cobro coactivo habían sido utilizados para pagar
honorarios [$3.192.552.024] y para financiar un programa de reestructuración de
pasivos [$9.582.766.201], no tiene la entidad para variar la decisión que aquí se
adopta, teniendo en cuenta que el dinero es un bien fungible, y debido a esto la Sala
puede disponer medidas para retrotraer las cosas a su estado inicial.

85. En conclusión, la Sección dispondrá modificar el ordinal primero de la sentencia
de primera instancia para, en su lugar, disponer lo siguiente: (i) confirmar el fallo
impugnado que declaró improcedente la presente acción de tutela respecto de los
motivos de inconformidad asociados con los actos administrativos por medio de los
cuales se resolvió las excepciones y se liquidó el crédito en el marco del proceso de
cobro coactivo N° 001 de 2022; (ii) amparar el derecho fundamental al debido
proceso de la sociedad accionante, que resultó afectado por el embargo y retención
de los recursos contenidos en la cuenta corriente maestra de pagos del régimen
contributivo N° 031-821231-84; y (iii) ordenar a la E.S.E. Hospital Materno Infantil
Ciudadela Metropolitana de Soledad que, en el plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, reintegre la suma de $12.775.318.225, que fueron embargados en el marco
del proceso de cobro coactivo N° 001 de 2022, a la cuenta maestra de pagos del
régimen contributivo N° 031-821231-84, cuya titular es la Nueva EPS S.A.

28 Visible a índice 14 del aplicativo SAMAI.
29 Visible a índice 13 del aplicativo SAMAI.
30 Visible a índice 17 y 19 del aplicativo SAMAI.

28

Radicado: 25000-23-15-000-2022-00580-01
Demandante: Nueva EPS S.A.
Demandado: E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia de 26 de septiembre de
2022, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. En su lugar disponer lo siguiente:

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, respecto de la
solicitud de nulidad del acto administrativo que resolvió las excepciones y del
que liquidó el crédito en el proceso de cobro coactivo N° 001 de 2022, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad
accionante, vulnerado con ocasión del embargo y retención de los recursos
contenidos en la cuenta corriente maestra de pagos del régimen contributivo
N° 031-821231-84, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

3. ORDENAR a la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana
de Soledad que, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, reintegre la suma
de $12.775.318.225, que fueron embargados en el marco del proceso de
cobro coactivo N° 001 de 2022, a la cuenta maestra de pagos del régimen
contributivo N° 031-821231-84, cuya titular es la Nueva EPS S.A.

SEGUNDO: LEVANTAR los efectos de la medida provisional decretada por esta
Sección mediante auto de 11 de octubre de 2022.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

29

Radicado: 25000-23-15-000-2022-00580-01
Demandante: Nueva EPS S.A.
Demandado: E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Ausente en comisión

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. P(15)

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