RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2023-00835-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2023-00835-01

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2023-00835-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el del 30 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, pero por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-15-000-2023-00835-01 Demandante: Oscar Eduardo Ramírez Puerta 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-15-000-2023-00835-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

25 de enero de 2024

Radicado: 25000-23-15-000-2023-00835-01
Demandante: Oscar Eduardo Ramírez Puerta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 25000-23-15-000-2023-00835-01
Demandante OSCAR EDUARDO RAMÍREZ PUERTA
Demandado JUZGADO CINCUENTA Y OCHO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. La
legitimación en la causa por activa. Medio de control de reparación
directa. Muerte recluso. Rechazo de la demanda por caducidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Oscar Eduardo Ramírez Puerta,
contra la sentencia del 30 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor ÓSCAR
EDUARDO RAMÍREZ PUERTA contra el JUZGADO CINCUENTA Y OCHO (58)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de octubre de 20231, el señor Oscar Eduardo Ramírez Puerta interpuso acción
de tutela contra el Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo de Bogotá, por
considerar vulnerado su derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Que se declare la existencia de una vía de hecho con ocasión de la decisión proferida
por el accionado.
2. Que se tutelen los derechos fundamentales de Acceso a la Justicia, y a la Verdad,
Justicia y Reparación Integral”.

2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Jesús Gómez Rojas, quien estaba recluido en la cárcel La Modelo en
Bogotá, fue encontrado sin vida luego de una protesta en el establecimiento
carcelario en el mes de marzo de 2020, en la que los reclusos exigían al
Gobierno Nacional la implementación de medidas sanitarias de prevención y
protección contra la pandemia ocasionada por Covid-19.

1 Fecha de radicación al correo de tutelas en línea.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-15-000-2023-00835-01
Demandante: Oscar Eduardo Ramírez Puerta

2.2. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de reparación directa, los
familiares del recluso fallecido demandaron a la Nación, Ministerio de Justicia,
Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, para que se les declarara
administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios causados con
ocasión del deceso del señor Gómez Rojas.

2.3. Del asunto conoció en primera instancia al Juzgado Cincuenta y Ocho
Administrativo de Bogotá (radicación Nro. 11001-33-43-058-2022-00275-00) que,
en providencia del 11 de abril de 2023 <<notificada por estado el 12 de abril de
2022>>, rechazó la demanda por caducidad del medio de control.

Como fundamento de esta decisión, afirmó que el hecho dañoso se materializó
con el fallecimiento del señor Jesús Gómez Rojas el 20 de marzo de 2020, de
manera que el término de caducidad debía contabilizarse a partir del día
siguiente, esto es, el 21 de marzo de 2020, por lo que la parte demandante
tenía hasta el 21 de marzo de 2022 para presentar la demanda.

Se refirió a la suspensión de términos con ocasión de la pandemia por Cóvid-
19 y precisó entonces que los términos habían sido suspendidos desde el 16
de marzo y se habían reanudado el 1º de julio de 2020, por lo que a partir de
esa fecha se iniciaba el conteo respectivo, de manera que el plazo máximo
para presentar la demanda había sido hasta el 1º de julio de 2022.

En ese orden y de cara a lo probado en el proceso, advirtió que la conciliación
prejudicial se presentó el 24 de junio de 2022 y que fue declarada fallida el 7
de septiembre de 2022, que el término de caducidad se vio suspendido por 2
meses y 14 días, siendo hasta el 14 de septiembre de 2022 el término para
presentar la demanda pero que se había presentado el 16 de septiembre de
2022, por lo que operaba la caducidad.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora consideró que la providencia por la que se rechazó la demanda por
caducidad del medio de control, desconocía decisiones emanadas de órganos
internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del mismo
Consejo de Estado, en las que se reclaman reparaciones por hechos constitutivos
de graves violaciones a los derechos humanos a través de acciones presentadas
por fuera del término de caducidad establecido expresamente en el artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En ese
sentido, afirmó que no podía la autoridad judicial accionada apartarse del
precedente convencional ni desconocer el estándar mínimo de efectividad del
artículo 25.1 de la convención fijado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile.

En suma, dijo que, de acuerdo con la Corte Interamericana, resultaba contrario a la
Convención Americana de Derechos Humanos que los Estados, a través de las
autoridades judiciales y de su legislación, restringieran el acceso a la administración
de justicia y el derecho a recibir una indemnización a quienes han sido víctimas de
graves violaciones a los Derechos Humanos, todo lo cual en su criterio, conllevaba
a su vez a que aun existiendo la posibilidad de hacer uso del recurso de apelación,
este resultaría ineficaz.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-15-000-2023-00835-01
Demandante: Oscar Eduardo Ramírez Puerta

4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 13 de octubre de 2023 el juez de tutela de primera instancia
admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes accionante y
accionada.

4.2. El Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo de Bogotá, rindió informe en
el que manifestó que la decisión no fue objeto de recurso de apelación y que
lo pretendido por la parte actora era buscar que por vía de tutela se revisara
una decisión contra la que no se habían interpuesto los recursos procedentes.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 30 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, declaró improcedente la presente
acción por el incumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, concretamente los de inmediatez, subsidiariedad y
por falta de legitimación en la causa por activa.

Relativo a la legitimación en la causa por activa, encontró que el señor Oscar
Eduardo Ramírez Puerta se limitó a aportar el poder que le había sido conferido
para presentar el medio de control de reparación directa, pese haber sido requerido
para que acreditara la calidad en la que actuaba en la presente acción de tutela y
que, tampoco alegó acudir como agente oficioso de los titulares de derechos
fundamentales ni explicó las razones por las que ellos no habían acudido
directamente.

En relación con el requisito de la subsidiariedad, aseguró que no se habían agotado
los mecanismos ordinarios de defensa al no haberse interpuesto recurso de
apelación que era procedente contra la decisión de rechazo de la demanda y que
tampoco se había justificado o alegado alguna situación para no haber impugnado
la decisión.

Finalmente, frente al requisito de la inmediatez, manifestó que “la decisión data del 11
de abril de 2023 y se notificó de forma exitosa el día 14 de abril de 2023, sin que el accionante
alegara nada distinto, pese a lo cual tardo casi 6 meses desde la ejecutoria de la decisión y más
de 6 meses desde su expedición”.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión. Se refirió a dos de los aspectos de la sentencia
de primer grado.

Expuso que, en relación con el término de inmediatez, este se cumplía en la medida
que la decisión acusada había sido notificada el 14 de abril de 2023 y que la acción
de tutela se había presentado el 12 de octubre de 2023, esto es dentro del término
considerado como razonable.

En relación con el requisito de subsidiariedad, reiteró los argumentos presentados
en el escrito de tutela, en relación con la ineficacia del recurso de apelación ante la
existencia de tesis relacionadas con la inaplicación del término de caducidad en
casos en que se tratara de hechos constitutivos de graves violaciones a derechos
humanos.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-15-000-2023-00835-01
Demandante: Oscar Eduardo Ramírez Puerta

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico.

3.1. De manera preliminar, le corresponde a la Sala establecer si le asistió razón
al juez de tutela de primera instancia, en declarar que en el presente asunto
no se cumple con el presupuesto de la legitimación en la causa por activa por
parte del accionante Oscar Eduardo Ramírez Puerta.

2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-15-000-2023-00835-01
Demandante: Oscar Eduardo Ramírez Puerta

A continuación, corresponderá a la Sala determinar si asistió razón al a quo en
declarar improcedente la presente acción por no cumplirse con los requisitos
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
concretamente los de inmediatez y subsidiariedad.

3.2. En el evento de superar el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se analizará
si la decisión del 11 de abril de 2023 emitida por el Juzgado Cincuenta y Ocho
Administrativo de Bogotá en el proceso con la radicación 11001-33-43-058-
2022-00275-00, incurrió en los defectos que le endilga el actor.

4. De la legitimación en la causa del señor Oscar Eduardo Ramírez Puerta
para cuestionar, vía tutela, la providencia del 11 de abril de 2023

4.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción
de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier
persona para pedir la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
cuando resulten vulnerados o amenazados como consecuencia de acciones u
omisiones de autoridades o de particulares, en los eventos delineados por la
Constitución y la Ley.

El artículo 10 del Decreto 2591 de 19916 señala que la acción de tutela puede
ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por intermedio de
un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos,
interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado
titulado con poder judicial o mandato expreso), o (iv) a través de agente
oficioso7 (cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover su
propia defensa). Asimismo, dicha norma señala que (v) tanto el Defensor del
Pueblo como los personeros municipales estarán legitimados para ejercer la
acción de tutela.

La Corte Constitucional ha considerado como requisito para que se configure
la legitimación en la causa en la acciones de tutela, la identidad entre el titular
del derecho fundamental vulnerado y quien ejerce la acción de tutela; de tal
forma que el único que, en principio, está legitimado para interponer la tutela
del derecho fundamental amenazado, es el titular del mismo, ya sea
directamente o por intermedio de apoderado judicial debidamente constituido,
o a través de agente oficioso, en aquellos eventos en que se reúnan los
requisitos para la procedencia de esta última figura.

Sobre la importancia de la legitimación en la causa por activa en el trámite de
la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se trata
6 "ARTÍCULO 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
7 Cuando la acción de tutela se interpone por intermedio de agente oficioso, la Corte Constitucional (sentencia
T-004 de 2013) ha exigido que se cumpla con los siguientes elementos: (i) el agente oficioso debe manifestar
que está actuando en esa calidad; (ii) del escrito de tutela se debe inferir que el titular del derecho está
imposibilitado para ejercer directamente la acción de tutela, por circunstancias que necesariamente deberán
denotar fuerza mayor o caso fortuito; (iii) la agencia oficiosa es informal, puesto que esta no implica que
deba existir una relación formal entre el agente y el agenciado, y (iv) la ratificación de lo actuado dentro del
proceso.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-15-000-2023-00835-01
Demandante: Oscar Eduardo Ramírez Puerta

de un requisito o exigencia mínima, sino necesaria, en la medida que garantiza
la protección de los derechos fundamentales. Así, en Sentencia T–403 de
1995, precisó:
"…como quien pidió la tutela evidentemente no tenía la titularidad de todos los derechos
fundamentales reclamados, la jurisdicción constitucional no podría, sin perjuicio del debido
proceso, proferir sentencia favorable a sus pretensiones, porque el interés subjetivo y
específico en la resolución de la supuesta violación de los derechos constitucionales
fundamentales reseñados en la demanda, corresponde a persona distinta que no intervino en
el proceso. Por lo tanto, por este aspecto, la Sala cree que el actor incurrió en un error
insubsanable cuando pretendió, mediante tutela, defender varios derechos ajenos como si
fueran suyos…"8.

En lo que respecta a la legitimación en causa para interponer la acción de
tutela contra una providencia judicial, la Corte Constitucional, desde la
sentencia T-240 de 20049 precisó que cuando se alega que el juez natural de
la causa incurrió en una vía de hecho, tal señalamiento involucra, por regla
general el derecho al debido proceso de quieres tienen la calidad de sujetos
procesales. Se extracta el siguiente aparte relevante de la providencia:
«Las autoridades judiciales, cuando incurren en vía de hecho, vulneran el derecho
fundamental al debido proceso que asiste a quienes intervienen en el respectivo proceso
judicial. Por el contrario, quienes pudiendo intervenir en un proceso y no participan en él,
carecen de legitimidad para cuestionar, en sede de tutela, una actuación judicial. En tales
circunstancias mal puede una persona alegar que se conculcaron sus derechos al debido
proceso, por cuanto la violación de éstos necesariamente presupone que se ha intervenido en
un proceso y que es allí donde ha ocurrido la vulneración, por causa o con motivo de la
actuación judicial, arbitraria e irregular.»

En esta misma línea, en la sentencia T-1191 de 200410 se indicó que la
finalidad del requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por activa
es el de evidenciar el interés directo del accionante en relación con las
pretensiones planteadas en la demanda de tutela. Asimismo, debe el juez
constitucional asegurar que “el derecho para cuya protección se interpone la acción
sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.”

En la Sentencia T–697 de 2006, se explicó que “... la exigencia de la legitimidad
activa en la acción de tutela no corresponde a un simple capricho del legislador, sino que
obedece al verdadero significado que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de
la dignidad humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros,
quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es
sólo la persona capaz para hacerlo.” Y, en la Sentencia T–878 de 200711 la Corte
Constitucional fue enfática en señalar que, pese a la informalidad de la acción
de tutela, “…la legitimación para presentar la solicitud de amparo, así como para actuar
dentro del proceso, debe encontrarse plenamente acreditada”12.

8 Corte Constitucional. Sentencia del 11 de Septiembre de 1995. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía. Referencia:
proceso T-67510. Actor: Pedro Antonio Turbay Salcedo.
9 Sala Cuarta de Revisión. Ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño.
10 Sala Sexta de Revisión. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
11 Corte Constitucional. Sentencia del 23 de Octubre de 2007. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. Referencia:

expediente T-1641980.
12 En este sentido, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-978 de 2006, T-912 de 2006, T-542 de 2006,

T-451 de 2006, T-451 de 2006, T-356 de 2006 y T-809 de 2003.
En la sentencia T-899 de 2001 esta Corporación afirmó que: “La exigencia de la legitimidad activa en la
acción de tutela, no corresponde a un simple capricho del legislador, sino que obedece al verdadero
significado que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido
de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos
para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo”.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-15-000-2023-00835-01
Demandante: Oscar Eduardo Ramírez Puerta

4.2. Ahora bien, estudiados el escrito de la demanda y el de impugnación, así como
los medios de convicción aportados al proceso de tutela, observa la Sala que,
en efecto, el señor Oscar Eduardo Ramírez Puerta no ostenta legitimación en
causa por activa para ejercer la acción de tutela. Lo anterior, habida cuenta de
que no es el titular de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia que acusa vulnerados con ocasión a la
providencia del 11 de abril de 2023 proferida por el Juzgado Cincuenta y Ocho
Administrativo de Bogotá, ni hizo parte de la relación procesal que se conformó
con ocasión del proceso de reparación directa Nro. 11001-33-43-058-2022-
00275-00, cuyos demandantes fueron la señora Leidy Marcela Rodríguez a
nombre propio y en representación del menor CMGR. Tampoco evidencia esta
Sala que se encuentren acreditados los requisitos para tenerlo como agente
oficioso de derechos ajenos.

Por el contrario, se advierte que el escrito de tutela fue presentado por el señor
Oscar Eduardo Ramírez Puerta quien manifestó ser abogado quien actuó en
nombre propio. Por tal motivo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, en auto del 13 de octubre de 2023, admitió
la presente acción de tutela y requirió al accionante en el siguiente sentido:
“se ordena al accionante que acredite la calidad en la que actúa a efectos de determinar
su legitimación.
Lo anterior teniendo en cuenta que en el auto proferido por la autoridad accionada,
mediante el cual se rechazó la demanda en el proceso No. 11001-33-43-058-2022-
00275-00, aportado con el escrito de tutela, aparece como demandante la señora Leidy
Marcela Rodríguez a nombre propio y como representante legal del menor (...), sin que
en parte alguna se mencione a quien hoy se presenta como accionante y tampoco
acude como apoderado de estos. Término: 1 día”.

Mediante escrito del 19 de octubre de 2023, el señor Ramírez Puerta allegó
poder especial que lo facultaba para actuar dentro del proceso de reparación
directa respectivo, pero no para actuar en la acción de tutela de la referencia.

Posteriormente, al decidir el asunto en primera instancia, el a quo declaró la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia, entre otras cosas, por
considerar que al señor Oscar Eduardo Ramírez Puerta no le asistía
legitimación por activa en el presente trámite constitucional, toda vez que no
fue parte demandante o demandada en el medio de control de reparación
directa en el que se profirió la providencia judicial que cuestiona en sede de
tutela, de manera que no le asiste legitimación en la causa por activa para
ejercer la acción de tutela en procura de que se deje sin efectos el auto
acusado por el que se rechazó la demanda por caducidad del medio de control.

De manera que, los yerros cometidos por las autoridades judiciales en el curso
de un proceso, en principio, afectan, entre otros, los derechos de quienes
intervienen en él de manera que no es posible que, quien no es parte procesal
pretenda que se protejan derechos fundamentales que no le han sido
conculcados, pues de acuerdo con el poder que le fue conferido por los
demandantes del medio de control, fue designado como apoderado y le
fueron dadas expresas facultades para representarlos en el proceso ordinario
y no, para presentar acciones constitucionales a su nombre. Y no es dable
concluir que el poder concedido para el proceso ordinario sea extensible por
regla general a la interposición de la acción de tutela, al amparo del artículo 77
del Código General del Proceso. Si bien en esa disposición se indica que el
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-15-000-2023-00835-01
Demandante: Oscar Eduardo Ramírez Puerta

poder para litigar se entiende conferido, entre otros, para realizar «las
actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el
mismo expediente», la que se interpone se trata de un proceso independiente a
la sentencia y que se surte en un expediente autónomo. Luego, se insiste, la
mencionada disposición normativa no acredita la legitimación del actor para
representar a los demandantes en el proceso de reparación directa objeto de
estudio.

Y se reitera, el accionante tampoco se presentó como agente oficioso ni
acreditó que se cumplieran específicas circunstancias que impidieran que la
parte demandante en el proceso de reparación directa estuviera imposibilitada
para acudir al mecanismo de la tutela y, eventualmente actuar en tal calidad.

4.3. Ahora bien, también conviene precisar que si bien los argumentos que
presentó la parte actora en el escrito de impugnación se dirigen a cuestionar
la decisión de tutela de primera instancia en cuanto también declaró
improcedente la acción por no cumplirse con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela de subsidiariedad e inmediatez, lo cierto es
que la legitimación en la causa por activa es un presupuesto esencial de
procedencia de la acción de tutela que permite establecer en primera medida
quién es el titular del derecho fundamental que está siendo vulnerado y la
forma o el medio como acude al amparo constitucional, de manera que, al no
estar acreditado el señor Oscar Eduardo Ramírez Puerta como parte dentro
del proceso ordinario respectivo, ni como apoderado para presentar acción de
tutela a nombre de los directos afectados con la decisión, así como tampoco
actuar como agente oficioso, la Sala se releva de estudiar los demás
argumentos presentados contra la decisión de primer grado.

5. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, pero por las razones aquí expuestas, esto es, por no encontrar
acreditado el presupuesto de la legitimación en la causa por activa del señor Oscar
Eduardo Ramírez Puerta, para cuestionar el auto del 11 de abril de 2023, por el cual
el Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo de Bogotá rechazó por caducidad, la
demanda de reparación directa Nro. 11001-33-43-058-2022-00275-00, promovida por
la señora Leidy Marcela Rodríguez a nombre propio y en representación del menor
CMGR; lo que impide efectuar algún otro análisis.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el del 30 de octubre de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
pero por las razones expuestas en la presente providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-15-000-2023-00835-01
Demandante: Oscar Eduardo Ramírez Puerta

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.