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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00229-00

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00229-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa del señor Jhon Jairo Preciado Mesa, acorde con lo expuesto en la parte considerativa. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00229-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

29 de febrero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00229-00
Demandante: Jhon Jairo Preciado Mesa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00229-00
Demandante: JHON JAIRO PRECIADO MESA
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Debido proceso - contra constitución terna fiscal. Falta de
legitimación en la causa.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Jhon Jairo Preciado Mesa
contra la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía
General de la Nación, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto
333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Jhon Jairo Preciado Mesa, en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra las citadas autoridades, por estimar vulnerados los derechos fundamentales
al «debido proceso, derecho al juez y acusador justo e imparcial, derecho al respeto, derecho
a una justicia pronta, eficaz, dentro de un Estado Social y Democrático de derecho, principio de
confianza legítima, principio de transparencia y eficacia en las decisiones de la administración
pública y de justicia, principio de objetividad». En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«1. Se solicite copia de la acusación del ciudadano: Nicolás Petro Burgos a la Fiscalía
General de la Nación o al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado para tomar
la decisión de fondo dentro de este trámite constitucional.

2. Se amparen constitucionalmente los derechos fundamentales vulnerados al debido
proceso, justicia pronta y eficaz, objetividad, transparencia e imparcialidad en las
actuaciones públicas del Presidente de la República de Colombia. Por consiguiente, se
advierta a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se ABSTENGA de decidir en
la elección de Fiscal General de la Nación, y se devuelva la terna al presidente para que
éste manifiesta su impedimento o conflicto de intereses con la elección de Fiscal
General de la Nación Vs. La acusación formal y directa que penalmente se presentó
sobre su Hijo Legítimo: NICOLÁS PETRO BURGOS.

3. Se conmine al Congreso de la República, para que en situaciones futuras se legisle
sobre la materia, esto es, el conflicto de intereses en materia de elección de Fiscal
General de la Nación.

4. Se notifiquen a las partes del proceso constitucional de tutela.»

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00229-00
Demandante: Jhon Jairo Preciado Mesa

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El presidente de la República, en uso de las facultades Constitucionales y legales
conferidas, designó la terna para la elección de Fiscal General de la Nación.

En el mes de julio de 2023, la Fiscalía General de la Nación encausó penalmente al
hijo del Presidente de la República, quien, actualmente, se encuentra acusado
dentro de un proceso penal por el delito de concierto para delinquir y otros, ante el
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.

El actor afirma que, en atención al interés que le puede asistir al presidente de la
República dentro del proceso penal que cursa en contra de su hijo, la terna enviada
a la Corte Suprema de Justicia debe ser devuelta al jefe de Estado, para que se
declare impedido para su selección.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio del tutelante, existe vulneración al principio de imparcialidad y objetividad
en la constitución de la terna para la elección del fiscal general de la Nación, porque,
el presidente de la República fue quien seleccionó a las candidatas y, a su vez, está
implicado en los testimonios y entrevistas rendidas por su hijo, ante la Fiscalía de
Barranquilla donde se adelanta el proceso penal en su contra.

Que, el presidente de la República debió declararse impedido para cumplir con su
deber de postular la terna de candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General de la
Nación, en consideración a la existencia de un proceso penal adelantado por el ente
acusador en contra de su hijo.

Invocó las causales 1 y 5 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, referidas a los
impedimentos de los funcionarios judiciales, bajo el entendido de que existe una
supuesta enemistad grave entre el Presidente de la República y el Fiscal General
saliente, seguidamente alegó la violación de los principios rectores de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia que obstruye su independencia,
circunstancia que “contamina la elección” del fiscal general.

Finalmente, dijo que es deber de la Corte Suprema de Justicia devolver la terna
actualmente bajo estudio y definir quién debe integrar una nueva terna.

4. Trámite Previo

En auto del 22 de enero de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a las partes y publicar en la página web del Consejo de
Estado el auto para el conocimiento de los terceros interesados. Además, negó la
solicitud de medida provisional solicitada por el actor.

5. Oposición

La Presidencia de la República se opuso a las pretensiones de la acción de tutela,
al considerar que no ha transgredido algún derecho fundamental al actor. Además,
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Demandante: Jhon Jairo Preciado Mesa

señaló que, no se evidencia un interés jurídico legítimo del tutelante dentro del
proceso administrativo y, por ende, carece de legitimación en la causa por activa
para promover el presente recurso de amparo.

Indicó que, en el presente caso no resultan aplicables las causales de impedimento
previstas en el Código de Procedimiento Penal, pues, la conformación de la terna
por parte del presidente de la República no se enmarca dentro de la actividad
judicial.

Precisó que, el presidente de la República no es sujeto procesal en los casos
referidos y en el proceso de elección del nuevo fiscal general, se ha limitado a
cumplir lo previsto en el artículo 249 de la Constitución Política, pero, en esta
actuación no se evidencia alguna violación de los derechos fundamentales del señor
Preciado Mesa ni de algún otro ciudadano.

La Corte Suprema de Justicia solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela, en lo que respecta a la pretensión del numeral 2, relacionada con
la devolución de la terna presentada por el Presidente de la República para la
elección de Fiscal General de la Nación.

Relató que, producto del ejercicio de deliberación por parte de los magistrados de
esa Corporación, en sesión de Sala Plena de 14 de septiembre de 2023,
concluyeron que «estudiado el asunto la Plenaria determinó por mayoría que no existía en el
ordenamiento constitucional y legal motivo para devolver la terna que formuló el doctor Gustavo
Francisco Petro Urrego, Presidente de la República, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 249 de la Constitución Política, para elegir Fiscal General de la Nación».

Indicó que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para controvertir las
decisiones de la Corte Suprema en ejercicio de sus funciones constitucionales,
pues, para ello están previstas las acciones en el ordenamiento jurídico, a fin de que
sea el juez natural quien determine su legalidad por parte de quienes se consideren
perjudicados o aleguen su interés.

Sostuvo que no vulneró algún derecho fundamental al actor, porque, ante las
circunstancias presentadas, procedió conforme con la Constitución Política y la ley.

La Fiscalía General de la Nación pidió que no se accediera a las pretensiones de
la acción de tutela por ser abiertamente improcedente.

En cuanto a la solicitud de copia de la acusación formulada al ciudadano Nicolás
Petro Burgos, informó que el escrito de acusación se radicó ante el centro de
servicios judiciales y correspondió por reparto al Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de Barranquilla.

Señaló que, el actor no demostró estar legitimado en la causa por activa, pues no
acreditó la condición de parte o interviniente dentro del proceso referido y, en esa
medida, afirmó que no es posible acceder a la pretensión, pues, el escrito de
acusación «hace parte de un acto de reserva legal que contiene los hechos jurídicamente
relevantes que conducen a unos cargos penales que van a formularse al acusado, una
individualización concreta del mismo y una relación de elementos materiales probatorios,
evidencia física e información legalmente obtenida, por cuanto, estos representan un interés
particular para las partes que ostenten la calidad de intervinientes y no para suplir un interés de
carácter general».
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

La Sala debe determinar si, en el presente caso, se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela o si se configura la existencia de un perjuicio
irremediable. En caso afirmativo, se analizarán de fondo los argumentos propuestos
por el señor Jhon Jairo Preciado Mesa en el escrito de tutela. Sin embargo, de
manera previa, deberá referirse a la legitimación en la causa por activa del actor.

Legitimación en la causa por activa

Los artículos 86 de la Constitución Política1 y 10 del Decreto 2591 de 19912
establecen que la acción de tutela puede ejercerla la persona que considere que se
le han vulnerado o amenazado derechos fundamentales, sin perjuicio de la
representación legal o judicial o de la agencia oficiosa, que permiten acudir ante el
juez de tutela para representar o agenciar derechos ajenos. Por supuesto que en
esos casos debe acreditarse la calidad en la que se actúa.

Frente a la falta de legitimación en la causa por activa en acciones de tutela, la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente3:
“Esta Corporación ha señalado que, no obstante, la informalidad que se predica de la acción de tutela, la
misma debe cumplir con unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de ellos se encuentra el de
legitimación por activa o titularidad para promoverla.

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla general, solamente el titular de
un derecho fundamental se encuentra habilitado para solicitar el amparo constitucional del mismo,
bien sea que lo haga en forma directa o por intermedio de su representante o apoderado.

1 Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
2 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por

cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales.
3 T-552 de 2006.

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Demandante: Jhon Jairo Preciado Mesa

Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser promovida por
cualquiera persona cuando sus derechos constitucionales fundamentales resulten vulnerados o amenazados,
ya sea por sí misma o por medio de un tercero quien actúe en su nombre. En el mismo sentido, según las
prescripciones del artículo 10 del decreto 2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen sus
derechos fundamentales puede ejercer la acción de tutela por sí misma o por medio de representante. En
esta disposición también se contempló́ la posibilidad de la agencia de derechos ajenos, de tal forma que, en
aquellos eventos en que el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa, podrá́
un tercero presentar acción de tutela en su nombre.

La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la causa por activa
en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades, a partir de las
normas de la Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro
posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los
elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la legitimación
en la causa, por activa, en los procesos de tutela (resalta la Sala).

En resumen, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela puede ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial
(abogado titulado con poder judicial o mandato expreso) o (iv) a través de agente
oficioso (cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover su propia
defensa). Asimismo, dicha norma señala que tanto el Defensor del Pueblo como los
personeros municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.

En reciente providencia, esta Sala indicó que la legitimación en la causa por activa
constituye un presupuesto esencial de procedencia de la acción de tutela, en los
siguientes términos:

«(…) la legitimación en la causa por activa es un presupuesto esencial de procedencia
de la acción de tutela que permite establecer en primera medida quién es el titular del
derecho fundamental que está siendo vulnerado y la forma o el medio como acude al
amparo constitucional, de manera que, al no estar acreditado el señor (…) como parte
dentro del proceso ordinario respectivo, ni como apoderado para presentar acción de
tutela a nombre de los directos afectados con la decisión, así como tampoco actuar
como agente oficioso, la Sala se releva de estudiar los demás argumentos presentados
contra la decisión de primer grado.»4

Legitimación en la causa por activa del accionante

En un caso con presupuestos fácticos semejantes al que es objeto de estudio, esta
Sección - sentencia del 18 de enero de 2024, Exp. número 11001-03-15-000-2023-06196-
01 y 11001-03-15-000-2023-06338-01 (acumulados)5, - se pronunció respecto de la
legitimación en la causa por activa en la acción de tutela, en los siguientes términos:

«2.1. En la acción de tutela promovida por el señor (…) adujo que es colombiano de
nacimiento y que se identifica con el género masculino, a lo que agregó que la terna
presentada por el Presidente de la República para la elección del próximo Fiscal
General de la Nación se encuentra integrada solo por mujeres, lo cual impide, a su
juicio, la posibilidad de que un hombre llegue a ser elegido para ejercer ese cargo.

De lo anterior, la Sala encuentra que el actor no expresó cuál es el interés legítimo para
cuestionar la citada terna, esto es, de qué forma la actuación administrativa demandada
constituye una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados de

4 Consejo de Estado. Sala de lo Cotencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia del 25 de enero de

2024, exp. nro. 25000-23-15-000-2023-00835-01 (AC), C.P. Dra. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
5 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Cotencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia del 18 de enero

de 2024, exp. nro. 11001-03-15-000-2023-06196-01 y 11001-03-15-000-2023-06338-01 (acumulados) (AC),
C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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manera particular y concreta. En efecto, no se acreditó algún interés en ejercer ese
cargo, que cumpla los requisitos para ello y que hubiese sido uno de los posibles
candidatos para integrar la terna.

(…)
En definitiva, en la acción de tutela el juez cuenta con la facultad de revisar, en cualquier
momento del proceso, si la persona que ejerció la acción está legitimada para obtener
una decisión de fondo. Si el juez de tutela comprueba que quien ejerció la solicitud de
amparo está legitimado, continuará con el análisis de los presupuestos de procedencia
con el fin de realizar estudio de fondo. No así, si comprueba la falta de legitimación en
la causa por activa, caso en el cual deberá declararla.

Entonces, la procedencia de la acción de tutela exige que el accionante esté frente a
una situación específica de afectación de derechos fundamentales que se traduzca en
una lesión o en una amenaza actual, producto de la acción o la omisión de las
autoridades públicas o, en ciertos casos, de los particulares.

2.3. En el caso que nos ocupa, el señor (…) controvierte la terna presentada por el
Presidente de la República porque la misma no incluye hombres, género con el cual se
identifica. Sin embargo, la Sala encuentra que ese argumento no es suficiente para
acreditar un interés legítimo y directo que lo habilite para presentar la acción de tutela,
en tanto no se evidencia una amenaza o afectación particular y concreta de sus
derechos fundamentales, por lo que así se declarará.»

En el escrito de tutela la accionante pide proteger sus derechos fundamentales al
«debido proceso, derecho al juez y acusador justo e imparcial, derecho al respeto, derecho a
una justicia pronta, eficaz, dentro de un Estado Social y Democrático de derecho, principio de
confianza legítima, principio de transparencia y eficacia en las decisiones de la administración
pública y de justicia, principio de objetividad», que consideró transgredidos por el
Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la
Nación dentro del trámite de la conformación de la terna para elección del Fiscal
General de la Nación.

Sin embargo, en el escrito de tutela el actor no indicó de forma expresa cuál es el
interés legítimo que le asiste para cuestionar la referida terna, ni refirió de qué forma
la actuación administrativa está vulnerando o amenazando sus derechos
fundamentales de manera particular y concreta.

Tampoco acreditó ser parte o tercero con interés dentro del proceso penal que cursa
en contra del señor Nicolás Petro Burgos, en el cual sustenta el presunto
impedimento del presidente de la República para proponer la terna para la elección
del fiscal general de la Nación, o que sea un aforado constitucional que pudiera
verse afectado por la elección del nuevo fiscal general de la Nación.

En todo caso, debe precisarse que cualquier desacuerdo que eventualmente pueda
existir en este proceso penal, es ajeno a discusiones en sede de tutela de terceros
sin interés jurídico alguno en tales juicios.

Acorde con lo anterior, se debe precisar que, la acción de tutela se debe hacer un
estudio de los derechos constitucionales frente a una situación particular y concreta,
para de esta forma verificar la posible afectación de derechos fundamentales
respecto de una persona o personas determinadas que se consideran afectadas de
manera directa, para así adoptar las medidas de protección necesarias en forma
concreta y no abstracta.

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En el caso concreto, no se evidencia de qué manera se amenazarían o afectarían
los derechos fundamentales del actor, con la terna conformada para la elección del
Fiscal General de la Nación, pues el actor en el escrito de tutela se limitó a hacer
una serie de críticas de un proceso penal en el que está vinculado el hijo del jefe de
Estado y a realizar apreciaciones personales sobre el proceso de elección, sin
concretar de manera cierta en qué consiste la vulneración de sus derechos.

En cuanto a la pretensión referente a que se ordene expedir copia de la acusación
que cursa en contra del hijo del presidente de la República, en el expediente no se
evidencia que el actor haya solicitado copia de dichos documentos ante el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, autoridad judicial que
tiene el conocimiento del referido proceso, como tampoco demostró que fuera parte
o tuviera interés directo en el mismo, de modo que, no le asiste legitimación en la
causa para reclamar esa información mediante el ejercicio de la presente acción de
tutela.

En ese orden de ideas, es necesario para el juez constitucional evidenciar la
transgresión de un derecho fundamental de manera concreta en una persona o
personas plenamente identificadas, escenario en el que cuente con elementos
fácticos concretos y no abstractos para analizar la situación en particular, situación
que no se presenta en el caso bajo estudio y, en esa medida, la Sala considera que
no se satisface la legitimación en la causa por activa del señor Jhon Jairo Preciado
Mesa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la
causa por activa del señor Jhon Jairo Preciado Mesa, acorde con lo expuesto
en la parte considerativa.

2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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