Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00755-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00755-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2024-00755-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
31 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00755-01
Accionante: FABIO LEONARDO OTERO AVILEZ
Accionado: VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Tema: TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
3 de octubre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Fabio Leonardo Otero Avilez solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa en
conexidad con el principio de non reformatio in pejus, cuya vulneración le atribuyó
al Auto de 11 de septiembre de 2024, expedido por Viceprocurador General de la
Nación1, dentro de la investigación disciplinaria IUS E-2019-372192 IUC D-2019-
1333489.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que la Procuraduría General de la Nación inició en contra suya2 y del
señor Willington Ortiz Naranjo3, el proceso disciplinario núm. IUS E-2019-372192 y
IUC D-2019-1333489, por el homicidio de la señora María del Pilar Hurtado.
1
Con funciones de Procurador General de la Nación.
2
En su condición de Alcalde del Municipio de Tierralta.
3
En su condición de Secretario de Gobierno del Municipio de Tierralta.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
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Accionante: Fabio Leonardo Otero Avilez
2.2. Precisó que el 27 de abril de 2023 el Procurador Delegado con Funciones Mixtas
1 para la Defensa de los Derechos Humanos profirió pliego de cargos en su contra,
con base en las siguientes faltas disciplinarias:
“[…] a. Desatención elemental de las obligaciones y funciones puesto que el
procurador consideró que se incurrió en una omisión debido a que no habría
llevado a cabo lo necesario para garantizar la vida y seguridad de personas que
habían sido amenazadas a través de un panfleto que circulaba, entre los que
según el pliego de cargos se encontraba MARIA DEL PILAR HURTADO.
b. Actuar a pesar de la existencia de un conflicto de intereses puesto que
considera el procurador que FABIO LEONARDO se debía declarar impedido
para tomar acciones frente a las invasiones dado que una de estas se
presentaba en la finca El Lucero, propiedad de su padre FABIO LEOMAR […]”.
[Negrilla original del texto].
2.3. Indicó que el 8 de agosto de 2023 la Procuraduría Delegada de Juzgamiento 3
avocó conocimiento del asunto, fijó el juzgamiento y corrió traslado para presentar
descargos.
2.4. Señaló que el 22 de agosto de 2024 la Procuraduría mencionada profirió el Auto
núm. 450-24, en el que ordenó la terminación y archivo de la actuación disciplinaria
con radicado núm. IUS E-2019-372192 IUC D-2019-1333489.
2.5. Expresó que el Viceprocurador General de la Nación4 revocó, mediante Auto de
11 de septiembre de 2024, el Auto núm. 450-24 de 22 de agosto de 2024.
2.6. Sostuvo que la revocatoria directa del auto de archivo no era procedente porque
de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 2094 de 29 de junio de 20215, la revocatoria
directa del auto de archivo procede cuando “[…] se trate de faltas que constituyan
infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario […]”, y los hechos por los cuales es investigado no
encajan dentro de los supuestos mencionados.
2.7. Agregó que en la decisión de revocatoria no se explicó “[…] la razón y la forma
de categorizar que las actuaciones del señor FABIO OTERO corresponden a una
grave infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues solo se
amparan en decir que es así dado que MARIA DEL PILAR era lideresa social, sin
ninguna prueba o evidencia que lo acredite, reabriendo un caso que ya había sido
archivado por decisión de un funcionario de juzgamiento, quien sí se tomó el tiempo
necesario para estudiar el caso y tomar una decisión justa basada en los hechos y
en las pruebas recolectadas […]”. [Negrilla, subrayado y mayúscula original del
texto].
2.8. Señaló que conforme con el Auto núm. 450-24 de 2024: “[…] de las pruebas
recaudadas se evidencia que HURTADO MONTAÑO no era la persona
amenazada, y de igual forma, no era una líder social. Por otor lado, no existe dentro
4
Con funciones de Procurador General de la Nación.
5
“Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”.
3
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Accionante: Fabio Leonardo Otero Avilez
del proceso una sola prueba que permita acreditar que en este caso se está frente
a una grave infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos […]”.
[Negrilla y mayúscula original del texto].
2.9. Manifestó que ninguna de las pruebas obrantes en el expediente corrobora que
la señora María del Pilar Hurtado Montaña era una líder social y, además, se
constató “[…] que [el] móvil del atentado en su contra fue que esta había cobrado
plata a invasores a nombre del Clan del Golfo […]”.
2.10. Refirió que en la decisión de revocatoria directa no se hizo “[…] referencia a los
derechos fundamentales vulnerados con el auto de archivo y a las normas legales
o constitucionales transgredidas a través de este, incumpliendo con los otros
requisitos de procedibilidad de la revocatoria directa, los cuales son requisitos
indispensables para que se aplique de forma excepcional la figura de revocatoria
directa por parte del Viceprocurador General de la Nación […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental al debido proceso, a la defensa
y al “non reformatio in pejus”.
SEGUNDO: Revocar la decisión adoptada de oficio por la Viceprocuraduría
General de la Nación con funciones de Procurador General de la Nación del 11
de septiembre de 2024 frente al proceso disciplinario IUS E-2019-372192 IUC
D-2019-1333489, por incumplimiento de los requisitos legales necesarios para
la aplicación de la figura de la revocatoria directa de las decisiones
disciplinarias.
TERCERO: Cualquier otra que considere el juez de tutela procedente, con la
finalidad de amparar los derechos fundamentales de FABIO LEONARDO
OTERO AVILEZ […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 23 de septiembre de 2024, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso de la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de tutela. Seguidamente, a
través de auto de 27 de septiembre de 2024, se vinculó en calidad de tercero con
interés directo en el resultado del proceso al señor Willington Ortiz Naranjo.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y al vinculado, se
allegó el siguiente informe:
5.1. El Viceprocurador General de la Nación señaló, a través del jefe de la oficina
jurídica de la Procuraduría General de la Nación, que la decisión de revocatoria
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Accionante: Fabio Leonardo Otero Avilez
directa se profirió con base en la potestad que tiene la entidad para revocar “[…] el
fallo absolutorio o el archivo de la actuación cuando se trata de faltas que
constituyan infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario […]”.
5.2. Aseguró que en este caso es evidente que “[…] se estaba ante la posible grave
violación de los derechos humanos de María del Pilar Hurtado Montaño y de
su núcleo familiar, en consecuencia, debía valorarse la posibilidad de reconocer
como sujeto procesal a la familia como víctima del asesinato, vinculación que no se
realizó en el plenario […]”. [Negrilla y subrayado original del texto].
5.3. Por lo anterior, aseguró que lo que hizo el acto de revocatoria directa no fue
calificar la presunta vulneración de los derechos humanos de la señora Hurtado
Montaña, ni hacer alusión a una responsabilidad subjetiva, sino que le dio a los
hechos un enfoque de posible violación a los derechos humanos, pero con lo cual
aún no se le ha otorgado responsabilidad a los investigados.
5.4. Aclaró frente al principio de “non reformation in pejus”, que en este caso no se
presenta su desconocimiento o violación porque “[…] al disciplinable (hoy
accionante) no se le ha impuesto sanción, por lo tanto, no se ha dado trámite a
recurso alguno […]”, y que “[…] el hecho de estar incurso en una investigación
disciplinaria no constituye una situación más gravosa para el accionante; por tanto,
no se le ha vulnerado el principio fundamental de la reformatio in pejus […]”, que
por el contrario el accionante cuenta con la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa dentro de las diligencias disciplinarias lo que hace improcedente la
presente acción de tutela.
5.5. Finalmente, informó que ante el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de
Bogotá se está tramitando una tutela por los mismos hechos y pretensiones de la
presente, que tiene el número de radicado 1001333503020240033300.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 3 de octubre de 2024, la Subsección A de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente el
mecanismo de amparo al concluir que no se cumplió con el requisito de
procedibilidad de subsidiariedad, en razón a que “[…] el accionante tendrá las
oportunidades procesales correspondientes para discutir o defenderse de cualquier
decisión que se llegare a adoptar en el trámite […]”.
7. Agregó que “[…] con la decisión cuestionada no se está concluyendo por parte de
la accionada que el actor sí hubiere incurrido en las faltas disciplinarias que se le
imputaron, como erróneamente se sustenta en la acción de tutela; tampoco se
advierte que en esta decisión se le esté asignado algún tipo de responsabilidad
disciplinaria, ni se está concluyendo que frente a él se acrediten faltas disciplinarias
o cargos no imputados […]”.
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Accionante: Fabio Leonardo Otero Avilez
8. Indicó que “[…] el “desgaste” que puede implicar el hecho que se continue la
actuación, para esta Sala son insuficientes e inadecuados para concluir con certeza
que se esté incurriendo en una amenaza o en una afectación real de derechos, en
términos de la Corte Constitucional […]”, por lo que no es procedente “[…] analizar
a través de esta acción de tutela la responsabilidad disciplinaria del actor, que en
últimas es lo que pretende con su ejercicio al insistir en los hechos, pruebas y
valoraciones hechas en la decisión de archivo que, a su juicio, desvirtuaban su
responsabilidad en los hechos investigados […]”.
9. Igualmente, precisó frente a la acción de tutela con radicado núm. 11001-33-35-
030-2024-00333-00 conocida por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de
Bogotá, que “[…] por un error involuntario la Secretaría General no advirtió que la
acción de tutela […] ya se le había dado el trámite de reparto correspondiente,
situación que condujo a que la misma acción que había sido remitida por el Juzgado
30 Administrativo de Bogotá se repartiera a dos despachos judiciales […]”.
10. Por lo anterior negó la solicitud de acumulación y ordenó comunicar esa decisión
a las partes y al Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
11. El accionante impugnó el fallo de primera instancia, argumentando lo siguiente:
“[…] [P]or medio de la acción de tutela no se ha buscado debatir sobre asuntos
de fondo propios del proceso disciplinario, sino que se buscó poner de presente
cuestiones procesales y legales que se han visto inobservadas a través del auto
de revocatoria de archivo, las cuales (i) vulneraron de manera directa el
derecho al debido proceso de mi prohijado; (ii) implican su permanente
vulneración; y (iii) no se cuenta con la oportunidad de reprochar dentro del
proceso disciplinario, contrario a lo ha mencionado el tribunal.
[…]
[C]ontrario a lo considerado por el tribunal, el espacio para hacer referencia a
la naturaleza de la falta NO es únicamente al interior del juzgamiento que ahora
se desarrollará, ya que LA NATURALEZA DE LA FALTA ES UN REQUISITO
ESENCIAL PARA LA REVOCATORIA DIRECTA DE OFICIO DEL AUTO DE
ARCHIVO Y DEL CUAL DEPENDE SU PROCEDENCIA.
En ese orden de ideas, hablando de manera meramente procesal y objetiva, se
tiene que la naturaleza de las dos faltas endilgadas en el pliego de cargos y por
las cuales se adelantaba el proceso disciplinario, NO CORRESPONDÍAN A
GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS, debido a que, expresa y
taxativamente, el Código General Disciplinario señala cuales corresponden a
estas dentro del artículo 52 -como fue ya señalado en la acción de tutela-, sin
embargo, las faltas relacionadas con vulneraciones a derechos humanos ni
siquiera se asemejan con las endilgadas a FABIO OTERO.
Si bien, evidentemente en el desarrollo del juzgamiento se debatirá la falta
atribuida, el tribunal no puede dejar de lado y soslayar que el juzgamiento entró
a reactivarse y desarrollarse nuevamente por un acto administrativo ilegal que
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Accionante: Fabio Leonardo Otero Avilez
no cumplía con los requisitos, dada la naturaleza de las faltas, y que por lo tanto
NO ERA PROCEDENTE, escudándose en que dentro del proceso se tendrá la
oportunidad de debatir tal cuestión.
No es dable entonces decir, que el PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN, o en este caso, el VICEPROCURADOR, supone que en el caso se
presenta una grave violación a derechos humanos y que debe retrotraerse el
proceso para investigar y argumentar una falta encaminada en esa dirección,
pues evidentemente esto es contrario a cualquier lógica y a lo establecido por
el legislador.
Es decir, al haberse proferido el pliego de cargos y encontrarse archivado el
proceso en etapa de juzgamiento, para que el PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN pueda directamente de oficio revocar el auto de archivo, debe
haberse, con anterioridad, atribuido en el pliego de cargos una falta grave
contra derechos humanos.
No puede, primero, revocar el auto de archivo proferido por la procuraduría de
juzgamiento, suponiendo que en el caso, mucho antes de dicha etapa, es decir
en la indagación e investigación, se omitió investigar la aparente vulneración
de derechos humanos, con el fin de que la nueva calificación valide su decisión,
pues la conducta ya había sido definida en dos faltas y ninguna de estas se
enmarcaba en el contexto de una vulneración a derechos humanos.
Dicho en otras palabras, no es procedente que el PROCURADOR GENERAL
DE LA NACIÓN cumpla con el requisito impuesto de manera POSTERIOR a
haber proferido el acto administrativo, sino que debe haberse cumplido este
con anterioridad a la decisión […]”. [Negrilla, subrayado y mayúscula original
del texto].
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19916, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20157, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20218, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20199.
VIII.2. Problemas jurídicos
13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado10, la Sala debe establecer:
6
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
8
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionante: Fabio Leonardo Otero Avilez
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar:
b) Si se vulneraron los derechos del accionante con ocasión del Auto de 11 de
septiembre de 2024, a través del cual se dispuso la revocatoria directa del
Auto núm. 450-24 de 2024, mediante el cual se archivó la actuación
disciplinaria con radicado núm. IUS E-2019-372192 IUC D-2019-1333489.
14. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela; (ii) los presupuestos
para que proceda la acción de tutela contra actos administrativos; para
posteriormente; y (ii) resolver el caso concreto.
VIII.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
15. De acuerdo con el artículo 5°del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
“[…] contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.
16. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
17. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
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Accionante: Fabio Leonardo Otero Avilez
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.
Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de
tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiaridad.
VIII.4. Presupuestos para que proceda la acción de tutela contra actos
administrativos en el marco de un proceso disciplinario
18. La Corte Constitucional ha precisado los eventos en los que procede la acción
de tutela cuando se alega la violación del derecho al debido proceso dentro de un
procedimiento administrativo disciplinario. En este sentido, ha indicado que es
fundamental determinar si, en dicho proceso: i) existe un acto administrativo
definitivo que pueda implicar la vulneración de derechos fundamentales, o ii) si,
aunque aún no se haya dictado un acto administrativo definitivo, se han emitido
actos de trámite que afectan las garantías constitucionales11.
19. La Corte ha señalado que excepcionalmente procede la acción de tutela contra
actos administrativos de trámite, cuando se advierte que dicho acto tiene la
capacidad de influir de forma determinante en una situación relevante dentro del
proceso, impactará en la decisión final y ha sido emitido vulnerando las garantías
constitucionales.
20. De acuerdo con lo anterior, se deben identificar los actos de trámite de los
definitivos, en la sentencia SU-201 de 199412 para referirse a estos se hicieron las
siguientes aclaraciones:
“[…] Los actos de trámite o preparatorios, a diferencia de los actos definitivos,
no expresan en concreto la voluntad de la administración, simplemente
constituyen el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la
formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo.
Según el inciso final del artículo 50 del C.C.A., "son actos definitivos que ponen
fin a la actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el
fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando
hagan imposible continuarla." En tal virtud, según lo ha entendido la doctrina y
la jurisprudencia, los actos de trámite y preparatorios, como su nombre lo
indica, dan impulso a la actuación preliminar de la administración, o disponen
u organizan los elementos de juicio que se requieren para que ésta pueda
adoptar, a través del acto principal o definitivo, la decisión sobre el fondo del
asunto. Es obvio, como lo advierte el aparte final de la norma citada, que un
acto de trámite puede tornarse definitivo, cuando de alguna manera, decida
sobre la cuestión de fondo, o ponga fin a la actuación administrativa, de suerte
que se haga imposible la continuación de ésta.
Los únicos actos susceptibles de acción contenciosa administrativa son los
actos definitivos, no los de trámite o preparatorios; estos últimos se controlan
jurisdiccionalmente al tiempo con el acto definitivo que pone fin a la actuación
administrativa.
11
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Expediente núm. T-1221346, M.P. Álvaro Tafur Galvis; 15 de febrero de
2007.
12
Corte Constitucional. Sala Plena. Expediente núm. T- 19567, M.P. Antonio Barrera Carbonell; 21 de abril de 1994.
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Partiendo del supuesto de que el acto de trámite o preparatorio no contiene
propiamente una decisión en la cual se expresa en concreto la voluntad
administrativa y que su control jurisdiccional se realiza conjuntamente con el
acto definitivo, podría pensarse que la acción de tutela sólo es de recibo en
relación con este último, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (arts. 86 inciso 3o. de la C.P. y 8o. del decreto 2591/91).
No obstante, a juicio de esta Corte, aunque en principio no procede la tutela
contra los actos de trámite o preparatorios, que simplemente se limitan a
ordenar que se adelante una actuación administrativa dispuesta por la ley, de
manera oficiosa por la administración, en ejercicio del derecho de petición de
un particular o cuando éste actúa en cumplimiento de un deber legal (art. 4o.
C.C.A.), excepcionalmente, algunos actos de trámite o preparatorios, pueden
conculcar o amenazar los derechos fundamentales de una persona, en cuyo
caso, sería procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo.
Advierte la Corte, que de ninguna manera se trata de extender la tutela a los
actos de trámite o preparatorios, hasta el extremo que se haga un uso abusivo
de ella, con el propósito de impedir que la administración cumpla con la
obligación legal que tiene de adelantar los trámites y actuaciones
administrativas que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la ejecución de
los diferentes cometidos que le han sido asignados.
Corresponde al juez de tutela examinar en cada caso concreto y según
las especiales circunstancias que lo rodeen, si un determinado acto de
trámite o preparatorio tiene la virtud de definir una situación especial y
sustancial dentro de la actuación administrativa, que de alguna manera
se proyecte en la decisión principal y, por consiguiente, sea susceptible
de ocasionar la vulneración o amenaza de violación de un derecho
constitucional fundamental, en cuyo caso, la tutela es procedente como
mecanismo definitivo destinado a proteger un derecho fundamental
vulnerado o amenazado por la acción de la administración. La tutela en
este evento, además de lograr la protección de los derechos constitucionales
conculcados o amenazados, tiene la misión de impedir que la administración
concluya la actuación administrativa con desconocimiento de dichos derechos;
se convierte de esta manera la tutela, en una medida preventiva encaminada a
que la autoridad encauce su actuación conforme a los preceptos
constitucionales que amparan los derechos fundamentales, y a que el
desarrollo de su actividad sea regular desde el punto de vista constitucional y,
consecuencialmente, el acto definitivo que expida sea legítimo, es decir,
ajustado al principio de legalidad […]”. [Subrayado y negrilla fuera del texto].
21. Enese sentido, pasaremos al caso concreto para analizar si el acto
administrativo cuestionado en la presente acción de tutela es de trámite o definitivo.
VIII.5. El caso concreto
22. El señor Fabio Leonardo Otero Avilez solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa en
conexidad con el principio de non reformatio in pejus, cuya vulneración le atribuyó
al Auto de 11 de septiembre de 2024, expedido por Viceprocurador General de la
Nación, dentro de la investigación disciplinaria IUS E-2019-372192 IUC D-2019-
1333489.
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23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, el requisito de subsidiariedad.
VIII.5.1. Del incumplimiento del requisito de procedencia de subsidiariedad
24. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
25. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
26. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza13], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
27. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
13
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
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Accionante: Fabio Leonardo Otero Avilez
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”14.
28. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”15.
29. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
30. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
31. Descendiendo al caso concreto, se observa que el accionante alega que la
autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales citados supra con
ocasión del Auto de 11 de septiembre de 2024, a través del cual se revocó el Auto
de 450 de 2024, que había ordenado el archivo de la investigación núm. IUS E-
2019-372192 IUC D-2019-1333489.
32. Como fundamento de su solicitud de amparo el accionante indicó que “[…] dentro
de la decisión de revocatoria nunca se explica cuál es la razón y la forma de
categorizar que las actuaciones del señor FABIO OTERO corresponden a una
grave infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues solo se
amparan en decir que es así dado que MARIA DEL PILAR era lideresa social, sin
ninguna prueba o evidencia que lo acredite, reabriendo un caso que ya había sido
archivado por decisión de un funcionario de juzgamiento, quien sí se tomó el tiempo
necesario para estudiar el caso y tomar una decisión justa basada en los hechos y
en las pruebas recolectadas […]”. [Negrilla, mayúscula y subrayado original del
texto].
14
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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33. Por lo anterior el accionante considera que “[…] la revocatoria del auto de archivo
vulnera directamente los derechos de FABIO LEONARDO OTERO debido a que
se da en un caso en donde la actuación del servidor público no es constitutiva de
una grave infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos ya que
MARIA DEL PILAR HURTADO no era una líderesa social, pues no hay prueba que
lo acredite y tampoco es aportada por la Viceprocuraduría en su decisión […]”.
[Negrilla y mayúscula original del texto].
34. En ese orden de ideas, la Sala considera que la presente acción de tutela no
cumple con el requisito de subsidiariedad porque actualmente existe un proceso
disciplinario en trámite, mediante el cual se busca esclarecer los hechos y
determinar si la falta por la cual se investiga al accionante es constitutiva de
infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario, y dentro de dicho procedimiento el accionante podrá
cuestionar lo señalado en su escrito de tutela.
35. En otras palabras, para la Sala conforme con las normas y jurisprudencia citada
supra, el acto materia de controversia es de trámite porque: i) no está resolviendo
en forma definitiva la situación jurídica del accionante, sino que el proceso
disciplinario debe seguir su curso, y dentro de dicho proceso el tutelante podrá
ejercer su defensa; y ii) el artículo 43 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201116
señaló que los actos definitivos son aquellos que deciden de fondo el asunto y no
permiten continuar con la actuación, lo cual no sucede en este caso17.
36. En efecto, se observa que el accionado no ha emitido una decisión definitiva
frente al proceso disciplinario aludido y contra la decisión definitiva que se adopte
en el marco de dicho proceso el aquí accionante cuenta con las herramientas
judiciales para controvertir esa decisión.
37. Frente a la procedencia de la acción de tutela contra actos que no son definitivos
la jurisprudencia constitucional ha señalado:
“[…] 93. En virtud de lo anterior, esta corporación ha manifestado que la acción
de tutela no es, en principio, el medio adecuado para reclamar la protección de
los derechos fundamentales cuando estos resultan infringidos por la expedición
de un acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una línea
jurisprudencial pacífica y reiterada18. Su fundamento se encuentra en el hecho
de que el legislador ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el control judicial de los actos
administrativos19.
94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se surte ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es el escenario natural para la
reivindicación de los derechos fundamentales conculcados en este contexto.
16
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Sentencia de 18 de julio de 2024, Radicado
núm. 17001-23-33-000-2024-00021-01. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
18
Entre otras, sentencias T-505 de 2017, T-178 de 2017, T-271 de 2012, T-146 de 2019, T-467 de 2006, T-1256 de 2008, T-
1059 de 2005, T-270 de 2012, T-041 de 2013, T-253 de 2020, SU-077 de 2018.
19
Sentencias T-505 de 2017, T-146 de 2019, T-270 de 2012.
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Allí, los interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los derechos
fundamentales que hayan sido vulnerados. Las medidas cautelares que ofrece
la Ley 1437 de 2011, las cuales permitirían prevenir la consumación de un daño
definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran la idoneidad de los
aludidos medios de control en este campo.
[…]”20.
38. En ese sentido, para la Sala es claro que al existir un procedimiento
administrativo en trámite en el que la administración no ha adoptado una decisión
definitiva, la acción de tutela no puede erigirse como un escenario paralelo, para
debatir los asuntos que tienen que ser estudiados, inicialmente, por la
administración dentro del procedimiento administrativo.
39. Además, en el presente caso no se encuentra acreditado un perjuicio
irremediable.
40. Por lo expuesto, se considera que la acción de tutela no cumple con el requisito
de subsidiariedad, en razón a que: (i) el procedimiento administrativo se encuentra
en trámite, (ii) se cuestiona un acto de trámite; y (iii) el accionante cuenta con otras
acciones judiciales para controvertir la decisión definitiva que se adopte dentro de
la investigación disciplinaria.
41. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado, por
las razones expuestas en esta providencia, como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de octubre de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
20
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-067 de 24 de febrero de 2022. M.P.: Paola Andrea Meneses Mosquera.
14
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Accionante: Fabio Leonardo Otero Avilez
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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