Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2025-00276-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2025-00276-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-15-000-2025-00276-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00276-01
Demandante: SANTANDER GUERRERO CANTERO
Demandado: JUZGADO 58 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ
Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma
improcedencia de la acción de tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 12 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Santander Guerrero Cantero, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra del Juzgado 58 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá D.C., Sección Tercera. Con la solicitud de amparo pretende
que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de Justicia y «oportuno a la administración de justicia».
2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas con ocasión del auto
del 18 de diciembre de 2024 proferida por la autoridad judicial accionada.
Mediante el cual se «negó» el recurso de apelación formulado por la parte
demandante, contra el fallo de primera instancia por extemporáneo. Ello al
interior del medio de control de reparación directa identificado con radicado
11001-33-43-058-2022-00252-00.
1
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Demandante: Santander Guerrero Cantero
Demandado: Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1.2.1.1. Que sean amparados los derechos fundamentales y
constitucionales al DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO A LA OPORTUNA
Y EFECTIVA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
1.2.1.2. Que como consecuencia de dicho amparo se le ordene a la
accionada para que tomo las medidas que el asunto a merite y proceda a
darle tramite a los recursos interpuestos contra la sentencia proferida el 13
de junio de 2024.1
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Santander Guerrero Cantero2, inició un proceso de reparación
directa en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el fin de que le fueran reconocidos los perjuicios
ocasionados por la negligencia de los auxiliares de la justicia que fungieron como
secuestres del bien inmueble «objeto de la medida cautelar dentro del proceso
ejecutivo 1999-304 del Juzgado Tercero Civil de Ejecución de Sentencias, por
no permitirle hacer parte del proceso como tercero interesado».
5. Del proceso conoció el Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C., Sección Tercera, con el radicado 11001-33-43-058-2022-00252-
00, quien profirió sentencia anticipada el 13 de junio de 2024, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se acreditó la
existencia de un daño antijurídico imputable a la entidad demandada.
6. El juzgado concluyó que las actuaciones cuestionadas por el actor fueron
realizadas por los secuestres del bien entre los años 1999 y 2018, mientras que
este adquirió los derechos herenciales sobre la sucesión del señor Luis Eduardo
Neira hasta el año 2020, lo cual impedía atribuirle una afectación patrimonial
directa y actual. Asimismo, sostuvo que, aunque al actor le fue negada su
1
Transcripción literal de la acción de tutela.
2
Actuando en nombre propio, en su calidad de abogado y como representante legal del
patrimonio autónomo de la herencia yacente del causante Luis Eduardo Neira Ramírez.
2
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vinculación como tercero interesado en el proceso ejecutivo, ello ocurrió después
de haberse decretado la terminación de este por desistimiento tácito, razón por
la cual no se configuraba una lesión resarcible.
7. Inconforme con lo dispuesto por la autoridad accionada, el 2 de julio de
2024 el accionante interpuso recurso de apelación mediante memorial enviado
al Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.,
Sección Tercera, a través del correo electrónico
3
jadmin58bt@cendoj.ramajudicial.gov.co . A esta misma dirección, remitió, el 13
de noviembre de 2024, un memorial de impulso procesal solicitando que se diera
trámite al recurso de apelación radicado el 2 de julio de 2024.
8. Posteriormente, el 5 de agosto de 2024, el tutelante radicó en Samai el
memorial correspondiente al escrito de apelación4.
9. Acto seguido, el Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
D.C., Sección Tercera, mediante providencia del 18 de diciembre de 2024,
rechazó el recurso de apelación por extemporáneo.
10. Para fundamentar su decisión, la autoridad accionada señaló que la
sentencia del medio de control de referencia fue proferida el 13 de junio de 2024
y notificada a las partes por correo electrónico el día 20 del mismo mes y año.
En aplicación del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, el término de 10 días para
presentar el recurso se computaba a partir del 21 de junio de 2024, por lo que
finalizaba el 5 de julio siguiente. No obstante, la parte demandante formuló la
alzada hasta el 5 de agosto de 2024, lo que llevó al despacho a concluir que este
fue radicado fuera del plazo legal.
11. En dicha providencia, el juzgado precisó que el único medio válido para
radicar escritos en el proceso era el aplicativo Samai, a través de la opción de
ventanilla virtual. Advirtió expresamente a las partes que los documentos
enviados por otros canales no serían incorporados al expediente ni tendrían valor
procesal dentro del trámite.
12. El 14 de enero de 2025, la tutelante envío un correo a la dirección
electrónica sigobius@cendoj.ramajudicial.gov.co en el cual presentó recurso de
3 Esta misma dirección fue utilizada por el actor los días 3 y 8 de julio de 2024, para remitir
correos electrónicos en los que solicitó confirmación de recibido del recurso interpuesto.
4
Ello dentro del medio de control con radicado 11001-33-43-058-2022-00252-00. Índice Samai
30.
3
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reposición y en subsidio queja contra el auto del 18 de diciembre de 2024 que
rechazó el recurso de apelación.
13. En consecuencia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 27
de marzo de 2025, remitió el memorial a la autoridad accionada, quien, mediante
correo electrónico enviado el 28 de marzo de 2025, le indicó al accionante que
«para radicar correspondencia lo debe gestionar a través de SAMAI. No si
antes precisarle, que el aplicativo SAMAI (ventanilla virtual) es el único
mecanismo habilitado para incorporar correspondencia. Razón por la cual no
debe radicar correspondencia en canal distinto a SAMAI».
14. Finalmente, el tutelante sostuvo que, el Juzgado 58 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá D.C., Sección Tercera, no ha ingresado el escrito
mediante el cual interpuso recurso de reposición y en subsidio queja al
despacho, pese haber recibido confirmación de recibido por parte del sistema de
gestión de correspondencia y archivo de documentos oficiales (SigoBius).
1.4. Sustento de la vulneración
15. La parte actora señaló que fue equivocado por parte del juzgado
accionado afirmar que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
del 13 de junio de 2024 había sido presentado de forma extemporánea.
16. Indicó que dicha conclusión desconoció que el escrito fue remitido
oportunamente el 2 de julio de 2024, dentro del término de ejecutoria previsto en
la ley, al correo electrónico del despacho judicial. Reiteró que solicitó la
confirmación de recibido en varias oportunidades, específicamente los días 3 y
8 de julio, así como el 13 de noviembre de 2024, sin que el juzgado emitiera
respuesta alguna.
17. Refirió que, aunque la autoridad accionada rechazó el recurso por
supuesta extemporaneidad, existen pruebas del envío oportuno, incluyendo el
propio auto que resolvió el rechazo, donde se reconoce su recepción.
1.5. Trámite de primera instancia
18. Por auto del 2 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, admitió la solicitud de amparo.
En consecuencia, ordenó la notificación del Juzgado 58 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá D.C., Sección Tercera
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1.6. Intervenciones
19. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes contestaciones:
1.6.1. Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.,
Sección Tercera
20. El ponente de la decisión cuestionada sostuvo que la acción de tutela es
improcedente, al considerar que no existe vulneración alguna de derechos
fundamentales.
21. Afirmó que la sentencia del 13 de junio de 2024 fue debidamente
notificada el 20 de junio del mismo año, en la cual se indicó que el aplicativo
Samai, a través de su ventanilla virtual, constituía el único medio autorizado para
la radicación de memoriales.
22. Refirió que el recurso de apelación fue presentado por el actor el 5 de
agosto de 2024 mediante dicha plataforma, es decir, por fuera del término legal.
23. Señaló, además, que aunque el accionante manifestó haber remitido el
recurso el 2 de julio de 2024 al correo institucional del juzgado, dicho canal no
se encontraba habilitado para recibir actuaciones procesales, razón por la cual
concluyó que no se configuró la afectación alegada.
1.7. Sentencia de primera instancia
24. La Sección Segunda, Subsección E del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 12 de mayo de 2025 declaró la improcedencia
mecanismo constitucional de la referencia por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.
25. La decisión anterior se fundamentó en que el actor contaba con otros
mecanismos judiciales ordinarios para controvertir lo decidido, como lo es
requerir al operador jurídico dentro del mismo proceso para el cumplimiento de
los términos procesales.
26. Asimismo, indicó que, conforme lo señaló el Consejo de Estado en
sentencia del 29 de marzo de 2023, cuando un memorial es enviado a un buzón
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electrónico distinto al que ha sido expresamente habilitado e informado a las
partes para su radicación, debe tenerse por no presentado. Sostuvo que, en
estos casos, el desconocimiento del canal indicado no exime a la parte del
cumplimiento de su carga procesal5.
27. En ese sentido, se concluyó que la tutela no podía utilizarse como una vía
paralela para dirigir o impulsar actuaciones propias del juez natural del caso.
1.8. Impugnación
28. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
29. Sin embargo, también expuso nuevos elementos para sustentar la
supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, al señalar que el rechazo
del recurso de apelación configuró un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.
30. Adicionalmente, invocó el artículo 109 del Código General del Proceso,
según el cual los memoriales pueden presentarse por cualquier medio idóneo, y
citó jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la validez de los envíos
realizados a canales electrónicos distintos cuando han sido efectivamente
recibidos.
31. También resaltó que la omisión de respuesta por parte del despacho
accionado debía generar efectos procesales a su favor, conforme a los artículos
19 y 20 del Decreto 2591 de 1991.
1.9. Trámite en segunda instancia
32. Mediante auto del 24 de junio de 2025, el despacho sustanciador ordenó
vincular a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, por conformar el extremo pasivo del medio control de reparación directa
con radicado 11001-33-43-058-2022-00252-00.
33. El 1 de julio de 2025, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
rindió informe en que le señaló que la acción de tutela promovida por el actor es
improcedente, toda vez que cuenta con el recurso extraordinario de revisión.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de marzo de 2023. Rad. No. 11001-
03-15-000-2023-01252-00. M.P. . Fredy Ibarra Martínez.
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34. Asimismo, solicitó declarar la falta de legitimación por pasiva, o en su
defecto, que se concluyera que la entidad no ha vulnerado derecho fundamental
alguno del accionante.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
35. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 12 de mayo de
2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799
de 2025, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.
2.2. Cuestiones previas
36. En primer lugar, esta Sección advierte que con la impugnación se trajo a
colación un nuevo yerro que no fue puesto de presente en el escrito inicial de
tutela, por lo cual, esta colegiatura se abstendrá de pronunciarse al respecto, con
el fin de garantizar el derecho de defensa y de contradicción de la parte pasiva.
Esto, comoquiera que la parte accionada no tuvo la oportunidad de ejercer su
derecho de contradicción frente al particular y, del mismo modo, el a quo
tampoco pudo pronunciarse sobre su contenido y alcance.
37. En segundo lugar, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
solicitó su desvinculación del trámite de referencia. Al respecto, la Sala negará
lo pedido, en atención a que dicha entidad fue vinculada al presente trámite en
calidad de tercero con interés, por cuanto fue demandada dentro del medio de
control en el cual se dictó la providencia reprochada en el presente mecanismo
constitucional.
2.3. Legitimación en la causa
38. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
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39. La Sala advierte que el señor Santander Guerrero Cantero está legitimado
en la causa por activa, porque conformó la parte demandante del proceso de
reparación directa identificado con el número de radicado 11001-33-43-058-
2022-00252-00, en el que se dictó las providencia que se cuestiona en la
presente acción constitucional.
40. Por otro lado, la Sala evidencia que el Juzgado 58 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá D.C., Sección Tercera, se encuentra legitimado en la
causa por pasiva al ser la autoridad que profirió la decisión reprochada en esta
oportunidad.
2.4. Problema jurídico
41. Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la
sentencia del 12 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, para lo cual deberá resolver
los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?
42. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el
siguiente problema:
• ¿El Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.,
Sección Tercera vulneró los derechos fundamentales invocados por el
accionante, con ocasión del auto proferido el 18 de diciembre de 20246
dentro del medio de control con radicado 11001-33-43-058-2022-00252-
00?
43. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.
6
En dicha providencia el Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C., Sección Tercera, «negó» el recurso de apelación formulado por el actor contra el
fallo de primera instancia por ser extemporáneo.
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2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales9.
45. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena
de esta corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial11.
46. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
47. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial.
2.6. Relevancia constitucional
48. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional12.
49. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
50. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó
que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando
se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión
judicial «el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
51. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».
52. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
2.7. Caso concreto
53. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, dictada el 12 de
mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, en la cual se declaró improcedente la acción de tutela,
pero por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
54. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte
actora cuestiona: i) la providencia del 18 de diciembre de 2024 proferida por el
Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., Sección Tercera,
que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación presentado contra la
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Demandado: Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
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sentencia anticipada del 13 de junio de 2024 dentro del medio de control de
reparación directa con radicado11001-33-43-058-2022-00252-00; y, (ii) la
presunta omisión de tramitar el recurso de reposición, en subsidio de queja,
contra la decisión del 18 de diciembre de 2024.
55. A juicio del accionante, se vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, por cuanto la
autoridad accionada rechazó el recurso de apelación que interpuso contra la
providencia del 13 de junio de 2024, pese a que dicho escrito fue remitido dentro
del término de ejecutoria, específicamente el 2 de julio de 2024, a través del
correo institucional del despacho (jadmin58bt@cendoj.ramajudicial.gov.co).
56. Sostuvo que dicha decisión se fundamentó equívocamente en una
supuesta extemporaneidad, desconociendo que el recurso fue enviado
oportunamente.
57. Afirmó que dicha circunstancia se acreditaba no solo con los mensajes
de envío aportados junto con el escrito de tutela, sino también con el contenido
del auto mediante el cual se rechazó el recurso, en el que el juzgado reconoció
su recepción.
58. De lo expuesto anteriormente, esta Sección considera que la solicitud de
amparo no acredita el requisito de relevancia constitucional, pues lo que
realmente pretende el accionante es que se realice un nuevo estudio del caso
concreto para que se ordene emitir una nueva providencia en la cual se conceda
el recurso de apelación contra la sentencia anticipada del medio de control de
referencia.
59. Lo anterior, debido a que el Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá D.C., Sección Tercera, mediante auto del 18 de diciembre de 2024,
consideró que el recurso de apelación fue presentado por fuera del término legal,
pues la sentencia fue proferida el 13 de junio de 2024 y notificada por mensaje
de datos el 20 de junio de la misma anualidad, por lo que el plazo de 10 días
hábiles para presentar la alzada transcurrió del 21 de junio al 5 de julio de 2024.
No obstante, la parte actora radicó el recurso el 5 de agosto de 2024.
60. Ahora bien, el tutelante afirmó en el escrito de tutela que presentó el
mecanismo judicial mencionado oportunamente. Sin embargo, esta colegiatura
advierte que el memorial fue enviado a direcciones electrónicas que no están
dispuestas para ello a pesar de que se había indicado previamente el canal
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autorizado. Adicionalmente, se constató que el señor Guerrero Cantero radicó el
escrito a través del aplicativo Samai el 5 de agosto de 2024.
61. En este sentido, resulta pertinente pone de presente que los recursos en
el marco de un proceso ordinario deben interponerse por los sujetos procesales
de la litis, en la oportunidad correspondiente, esto es, dentro del término
establecido y ante los canales virtuales determinados, por las autoridades
judiciales, para tal fin13.
62. Así pues, cabe resaltar que la autoridad accionada dentro de la sentencia
anticipada dictada el 13 de junio de 2024 dentro del proceso de reparación
directa con radicado11001-33-43-058-2022-00252-00, indicó que «Samai
(opción de ventanilla virtual) es el único mecanismo habilitado para incorporar
correspondencia a este medio de control. Los documentos que se envíen por
cualquier otro medio no serán tenidos en cuenta dentro del proceso.»
63. Y que, a su vez, por medio del correo electrónico mediante el cual se
notificó dicha providencia, el juzgado accionado advirtió a los sujetos procesales
que «para radicar la correspondencia lo deberá gestionar a través de SAMAI».
64. Asimismo, se observa que el recurso de reposición, y en subsidio el de
queja, presentado por el actor contra el auto del 18 de diciembre de 2024, fue
radicado a través del correo electrónico sigobius@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Dicha comunicación fue remitida a la autoridad accionada, la cual, mediante
correo electrónico, informó al actor que el único mecanismo habilitado para la
incorporación de correspondencia era a través del sistema Samai14.
65. En este sentido, debe recordarse que el Consejo Superior de la
Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA23-12068 de 2023 y la Circular
PCSJC24-1 de 2024, ordenó el uso obligatorio del aplicativo SAMAI para la
gestión de todos los procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, a partir del 22 de enero de 2024. En este contexto, esta Sección
ha reiterado que el uso adecuado de los canales electrónicos oficiales constituye
13 Aunado a los requisitos especiales que establezca la norma para cada uno de los recursos.
14
El correo que contenía el recurso de reposición, y queja, fue remitido por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá a la autoridad accionada el 27 de marzo de 2025. Está, el 28 de
marzo del mismo año, informó al accionante, mediante correo electrónico, que todos los
memoriales que pretendiera radicar debían ser enviados exclusivamente a través del sistema
SAMAI, por ser el único medio habilitado para tal fin.
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una carga procesal para las partes, so pena de que los memoriales presentados
por medios distintos puedan ser considerados como no presentados15.
66. Así las cosas, se advierte que lo perseguido por la parte actora con este
instrumento judicial es insistir en una controversia que ya fue resuelta por el juez
natural de la causa. Esto, ante la evidente manifestación de inconformidad con
el criterio adoptado por la autoridad accionada.
67. Lo anterior evidencia que el verdadero propósito del accionante al
interponer esta acción constitucional no es la protección de derechos
fundamentales, sino cuestionar los fundamentos de una decisión judicial que
resultó adversa a sus intereses. Cuestionamientos que giran en torno aspectos
de interpretación legal y reglamentaria, buscando obtener una decisión favorable
a sus pretensiones, sin plantear un debate con relevancia constitucional que
justifique la intervención del juez de tutela.
68. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia
proferida el 12 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que declaró la improcedencia
del amparo constitucional, pero por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de mayo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que.
que declaró la improcedencia de la acción constitucional, pero por las razones
indicadas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
15 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 20 de marzo de 2025. Rad. No. 13001-23-
33-000-2025-00028-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de
1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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