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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00078-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00078-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia de tutela del 19 de febrero de 2026, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-15-000-2026-00078-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN C UARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 25000-23-15-000-2026-00078-01
Demandante MAURICIO MARÍN MONROY
Demandado CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y REGISTRADURÍA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL
Temas Derecho fundamental a la participación política. Revocatoria de la
inscripción de la candidatura a la Cámara de Representantes por la
circunscripción del Meta. Legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Mauricio Marín Monroy contra el fallo
de tutela del 19 de febrero de 2026, proferido por la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la parte
actora, por falta de legitimación en la causa por activa, según lo señalado en la parte
considerativa de esta decisión.»

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de febrero de 20261, el señor Mauricio Marín Monroy interpuso acción de tutela
contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado
Civil (RNEC), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
participación política («voto efectivo» y «confianza legítima»), al debido proceso y a la
igualdad, por la revocatoria de la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval
Garzón, como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción del
departamento del Meta para las elecciones que se realizarían el 8 de marzo de
2026.

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
«Ordenar a quién corresponda, ya sea al CNE o a la Registraduría Nacional del Estado Civil;
tomar las medidas necesarias para restablecer de manera inmediata la inscripción del señor
JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN como candidato a la Cámara de Representantes por
el departamento del Meta, avalado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS.»

Adicional a lo anterior, solicitó que se decrete medida provisional en los siguientes
términos:
«(…) solicito respetuosamente la adopción de una medida provisional consistente en la
suspensión temporal de los efectos del acto administrativo que excluyó al candidato José
Manuel Sandoval Garzón del proceso electoral, mientras se decide de fondo la presente
acción de tutela. La medida solicitada resulta constitucionalmente procedente, necesaria y
proporcionada, en atención a la naturaleza de los derechos fundamentales comprometidos y
a la inmediatez del proceso electoral en curso.»

1
Samai para tribunales administrativos. Proceso 25000-23-15-000-2026-00078-00, índices 1 y 3.

1

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00078-01
Demandante: Mauricio Marín Monroy

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Según el actor, el señor José Manuel Sandoval Garzón se inscribió como
candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Meta,
dentro del plazo establecido en el calendario electoral, en cumplimiento de los
requisitos dispuestos en la normativa aplicable.

2.2. Indicó que la inscripción, al ser inicialmente aceptada por las autoridades
electorales, generó una expectativa legítima sobre la participación del
candidato en los electores del departamento del Meta. Sin embargo, el
Consejo Nacional Electoral expidió acto administrativo en el que revocó la
inscripción del señor Sandoval Garzón y lo excluyó de la contienda electoral,
a través de la Resolución 0844 de 2026.

3. Fundamentos de la acción

El accionante advirtió su calidad de elector en el departamento del Meta y acusó la
vulneración de su expectativa legítima de ejercer su derecho al voto a favor del
señor José Manuel Sandoval Garzón en las elecciones del 8 de marzo de 2026.

Agregó que conoce personalmente al candidato excluido y su trayectoria pública
debido a su gestión como diputado del Meta, por lo que se ha podido formar un
criterio propio de sus calidades personales y profesionales. De manera que
consideraba al señor Sandoval Garzón como su opción electoral y en consecuencia
su exclusión «afect[ó] de manera directa [su] libertad de elección política y derecho a
participar en un proceso electoral plural».

De acuerdo con lo anterior, estima que la decisión del CNE no solo afecta al
candidato excluido, sino que incide en los derechos fundamentales de sus electores
porque limita injustificadamente la oferta política disponible. En consecuencia,
expuso que: «la exclusión administrativa del candidato genera una afectación directa, actual
y concreta de mi derecho fundamental a la participación política, al voto efectivo y al pluralismo
democrático, al impedirme elegir dentro de condiciones reales de igualdad.»

Además, advirtió que la exclusión del candidato del proceso electoral configura un
perjuicio irremediable debido a que afecta de manera directa, actual y grave su
derecho a la participación política. Explicó que el perjuicio es inminente dado que
ocurre en el marco de un proceso electoral en curso que está sometido a un
calendario estricto e improrrogable; grave, porque compromete el núcleo esencial
del derecho a la participación política; y urgente porque los tiempos del proceso
electoral no permiten una efectiva protección a través de otros mecanismos de
defensa.

En el escrito de adición a la acción de tutela, el actor amplió los hechos para informar
que luego de la radicación de la tutela, el CNE expidió la Resolución de Sala Plena
0893 de 2026, mediante la cual modificó la motivación de la Resolución 0844 de
2026, por lo que, a su juicio, hubo una alteración sustancial a lo inicialmente
decidido.

También manifestó que en la sesión de Sala Plena de la CNE quedaron registradas
las discrepancias de algunos consejeros frente a la oportunidad de la inscripción del
señor Sandoval Garzón, así como de la existencia de inhabilidades y la validez del
aval otorgado por MAIS. Dijo que estas divergencias generan incertidumbre
respecto de la fundamentación de la exclusión. Además, señaló que el Ministerio
Público recurrió en reposición la Resolución 0893 y, en subsidio, solicitó su nulidad,
pero la CNE confirmó la decisión y rechazó por improcedente la solicitud de nulidad.

2

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00078-01
Demandante: Mauricio Marín Monroy

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 12 de febrero de 2026, el magistrado sustanciador de primera
instancia admitió la acción de tutela presentada por el señor Mauricio Marín
Monroy contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del
Estado Civil.

Además, negó la medida provisional porque no se cumplieron los requisitos
para su decreto comoquiera que consideró, prima facie, que el señor Marín
Monroy no acreditó legitimación en la causa por activa para incoar la tutela.

Finalmente, dispuso la notificación a las autoridades accionadas y requirió al
presidente del CNE para que remita la copia íntegra de los expedientes
administrativos de revocatoria identificados con los radicados CNE-E-DG-2025-
029934 y CNE-E-ED-2026-001012, por medio de los cuales se decidieron las
solicitudes de revocatoria de la inscripción de la lista de candidatos a la
Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento del Meta.

4.2. El Consejo Nacional Electoral, mediante abogado de la Oficina Asesora
Jurídica, pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela debido a
que la entidad actuó en el marco de la legalidad y porque, en todo caso, el
objeto de la demanda debe ser atendido por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por lo que no cumple con el requisito de subsidiariedad.

Adicional a lo anterior, indicó que al accionante no se le vulneró el derecho a
elegir y ser elegido, pues se encuentra inscrito y habilitado para votar en
Villavicencio.

Respecto de la revocatoria de inscripción de la candidatura del señor Sandoval
Garzón, indicó que la decisión no deriva del capricho de esa autoridad, sino
de la configuración objetiva de la causal prevista en el artículo 7 de la Ley 1475
de 2011 relacionada con el desconocimiento del carácter obligatorio de los
resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025. Como el
candidato no participó en la consulta, no era posible que se le incluyera como
candidato en el tarjetón, pues ello afectaría la confianza pública en los
mecanismos democráticos internos de los partidos.

Manifestó que permitir la inscripción del mencionado candidato hubiera
implicado una vulneración a los derechos de la señora Martha Cecilia Garzón,
quien participó en el mecanismo de consulta, y se desconocería la protección
reforzada de la que es titular por su condición de mujer en el escenario político.

Agregó que el demandante no está legitimado en la causa para discutir el acto
administrativo que revocó la inscripción del señor Sandoval Garzón, como
candidato a la Cámara de Representantes, por lo que se debe mantener
incólume la resolución.

Finalmente, advirtió la configuración de la temeridad debido a que se han
presentado numerosas acciones de tutela incoadas por diferentes ciudadanos
con similares hechos y pretensiones. Relacionó los siguientes procesos: (i)
Tribunal Administrativo del Meta, radicados 5000123300020260004900,
20260005700, 20260006800 y 20260007000; (ii) Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Penal, radicado 11001221500020260004400; (iii)
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, radicado 11001220300020260040700 y;
(iv) Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001031500020260089900
(remitido por competencia a tribunales administrativos).

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Demandante: Mauricio Marín Monroy

4.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil, por conducto del jefe de la
Oficina Asesora Jurídica, indicó que la decisión de revocar la inscripción de la
lista presentada por la coalición Pacto Histórico- Frente Amplio a la Cámara de
Representantes del Meta está en cabeza del CNE.

De otra parte, manifestó que la tutela no satisface el requisito de subsidiariedad
dado que el acto administrativo acusado debe ser discutido en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.

En todo caso, manifestó que ante una eventual orden de amparo se vería ante
la imposibilidad material de realizar modificaciones al material electoral porque
el diseño ya se había realizado previo sorteo de la posición de los candidatos.

4.4. El accionante radicó réplica a la contestación del CNE. Aclaró que la entidad
no desvirtuó las vulneraciones constitucionales derivadas de la expedición de
las Resoluciones 0844 y 0862 de 2026 y omitió abordar los vicios
procedimentales y sustanciales que afectaron al Partido MAIS y a la coalición
Pacto Histórico Frente Amplio.

Advirtió los siguientes errores en la expedición de las resoluciones: (i)
incongruencia entre lo debatido en audiencia y lo decidido en el acto final; (ii)
indebida valoración del término de firmeza de la Resolución 0844; y (iii)
violación al principio de determinación del acto administrativo.

En cuanto al error sustancial, indicó que el CNE confundió la revocatoria
personal con la alteración de la coalición y que la decisión implicó una
afectación directa al partido MAIS, que no participo en la consulta. Por lo que
estimó que la decisión desconoce la autonomía del partido al imponer los
resultados de una consulta en la que no participó y se traduce en que la
coalición sigue viva pero materialmente está paralizada.

Finalmente, reprochó que la resolución está viciada por desviación del poder
porque ordena indirectamente la inclusión de un candidato de determinado
sector sin revocar la coalición, de manera que el CNE utiliza su competencia
para alterar la estructura política interna. En suma, acusó que las resoluciones
de la CNE mencionadas incurrieron en vicios procedimentales, falsa
motivación, indebida aplicación normativa y desconocimiento de la autonomía
partidista.

5. Providencia impugnada

5.1. En sentencia del 19 de febrero de 2026, la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la
improcedencia de la acción de tutela por considerar que el señor Mauricio
Marín Monroy carecía de legitimación en la causa por activa para promoverla.

Como fundamento de su decisión, indicó que lo pretendido con la tutela es que
se protejan los derechos políticos de un tercero, el señor José Manuel
Sandoval Garzón, y no de los que es titular el aquí accionante. Recordó que,
frente a esa pretensión, la Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que
la legitimación en la causa la tiene el ciudadano que es candidato o el
representante legal del partido al que pertenece, pero no, cualquier otra
persona, como sería el caso concreto donde se promueve la acción de tutela
por una persona que aduce ser simpatizante del candidato.

Advirtió que al no acreditarse ese requisito procesal no había lugar a proceder
con el análisis de los cargos de la demanda ni con el de la nueva medida
cautelar solicitada.

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Demandante: Mauricio Marín Monroy

5.2. El fallo registró salvamento parcial de voto de la magistrada Alba Lucía Becerra
Avella quien consideró que el asunto exigía pronunciarse frente a dos
problemas jurídicos. El primero, sobre la legitimación en la causa del señor
Marín Monroy para defender los derechos políticos de un tercero. El segundo
sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los que es
titular el accionante a la participación política, voto efectivo y confianza
legítima.

Advirtió que en la tutela el actor indicó que se afectó su expectativa legítima
de ejercer su derecho al voto a favor del citado candidato en las elecciones del
8 de marzo de 2026. En esa medida, considera que quedó este segundo
problema sin resolver.

6. Impugnación

La parte accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia.

Argumentó que el tribunal a quo incurrió en error en la delimitación del problema
jurídico porque redujo el litigio a la defensa de los derechos políticos de un tercero,
el candidato excluido, pero dejó de lado los demás cargos de la demanda que fueron
desarrollados en el memorial de adición de la tutela. En esa medida, precisó que
estructuró la controversia en una doble dimensión constitucional: (i) si el accionante
podía actuar en defensa de los derechos políticos del candidato excluido y (ii) si la
revocatoria de la inscripción del candidato afectaba de manera directa y actual sus
derechos como elector, en específico, el voto efectivo y la confianza legítima.

Destacó que el segundo planteamiento refería a la titularidad sobre derechos
fundamentales propios, cuya eventual vulneración no dependía de la representación
del candidato sino del impacto objetivo de la decisión en la esfera jurídica del elector.
Este cargo fue omitido por la sala mayoritaria de decisión (incongruencia por omisión
y vulneración al principio de exhaustividad). En esa medida, recordó que en ejercicio de
los derechos de los que es titular, en la tutela sostuvo que: la exclusión del candidato
afectó la oferta electoral disponible; se modificaron las condiciones materiales de su
derecho a elegir; y se frustró la expectativa legítima sobre una inscripción
inicialmente válida. Se transcribe el siguiente aparte del escrito de tutela:
«Mi pretensión no consistía en actuar como representante del candidato ni en sustituir su defensa.
Lo que alegué fue que la decisión administrativa produjo una afectación directa en mi esfera jurídica
como elector y simpatizante político. La tutela no se orientó a proteger el derecho a ser elegido, sino
el derecho a elegir en condiciones constitucionalmente válidas.»

De otro lado, expuso que el derecho fundamental a elegir y ser elegido tiene una
doble dimensión. La dimensión activa que refiere al derecho a participar en la
reelección de representantes mediante el voto y, la pasiva, que corresponde al
derecho a ser elegido. Así, advirtió que la revocatoria de la inscripción de un
candidato no es un hecho neutro frente al electorado, pues su efecto estructural
incide en la configuración del escenario electoral y por tanto sobre la libertad de
elección del ciudadano.

Agregó que el derecho al voto no es meramente formal, pues no se agota en la
posibilidad de introducir un tarjetón en una urna. Por ello, el voto ejercido en un
escenario reducido arbitrariamente no equivale a un voto ejercido en condiciones
democráticas.

Finalmente, indicó que la acción de tutela es procedente, aunque existan medios
ordinarios de defensa, dado que no son idóneos ni eficaces para proteger de
manera inmediata los derechos fundamentales invocados. Esto, considerando
especial, ente la naturaleza perentoria del calendario electoral.

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Demandante: Mauricio Marín Monroy

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De conformidad con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar
si le asistió razón al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D al declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Mauricio Marín Monroy por falta de legitimación en la causa por activa.

3. De la legitimación en la causa por activa para promover la acción de
tutela

3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción
de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier
persona para pedir la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando resulten vulnerados o amenazados como consecuencia de acciones u
omisiones de autoridades o de particulares, en los eventos establecidos por la
Constitución y la Ley.

El mencionado artículo constitucional fue regulado, entre otros, por el Decreto
2581 de 1991 que en su artículo 103 señala que la acción de tutela puede
ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por intermedio de
un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos
y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder
judicial o mandato expreso), o (iv) a través de agente oficioso, cuando el titular del
derecho no está en condiciones de promover su propia defensa. Asimismo,
dicha norma señala que (v) tanto el defensor del Pueblo como los personeros
municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.

Cuando la acción de tutela es interpuesta mediante agente oficioso, la Corte
Constitucional ha señalado que deben cumplirse los siguientes
elementos4: (i) el agente oficioso debe manifestar que está actuando en esa
calidad; (ii) del escrito de tutela se debe inferir que el titular del derecho está
imposibilitado para ejercer directamente la acción de tutela, por circunstancias
que necesariamente deberán denotar fuerza mayor o caso fortuito; (iii) la
agencia oficiosa es informal, puesto que esta no implica que deba existir una
relación formal entre el agente y el agenciado, y (iv) la ratificación de lo actuado
dentro del proceso.

2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
3
"ARTÍCULO 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-004 de 2013.

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Demandante: Mauricio Marín Monroy

En la sentencia T-461 de 2021, la Corte Constitucional advirtió que la
legitimación en la causa por activa es un presupuesto esencial de procedencia
de la acción de tutela y por ello corresponde al juez constitucional verificar
quién es el titular del derecho fundamental que se invoca desconocido y cuál
es el medio a través del cual acude a la acción de amparo. Destacó que este
análisis es relevante porque constituye una garantía a la dignidad humana,
considerando que «no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si
pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la
persona capaz para hacerlo».

3.2. Ahora bien, se tiene que en el escrito de impugnación el actor enfatizó en que
planteó cargos que conllevaban a estructurar dos problemas jurídicos a
resolver por el juez de tutela. De una parte, los relativos al derecho a ser
elegido del candidato excluido, que conducían a resolver si el accionante podía
agenciar la defensa de los derechos políticos ajenos, asunto que se resolvió
en el fallo impugnado. Y, de otra parte, los cargos que tenían relación con la
afectación de los derechos de los que es titular el señor Mauricio Marín
Monroy, escenario que llevaba a resolver «Si la revocatoria de la inscripción del
candidato generaba una afectación directa, actual y concreta a [sus] propios derechos
fundamentales como elector, particularmente a la participación política, al voto efectivo y a la
confianza legítima»5.

Reiteró que la exclusión del candidato José Manuel Sandoval Garzón como
candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción del
departamento del Meta para las elecciones que se realizarían el 8 de marzo
de 2026, no solo afectó al excandidato, sino que cambió la oferta electoral
disponible restringiendo indebidamente su derecho al voto en un escenario de
igualdad y pluralidad.

3.3. Frente al primer problema jurídico, esta Sala está de acuerdo con la
determinación del a quo relativa a la falta de legitimación en la causa por activa
del señor Marín Monroy para discutir la alegada ilegalidad de la revocatoria de
la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón, como candidato a
la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento del
Meta. Es cierto que quién tiene la titularidad para discutir esa determinación
en sede judicial es el candidato excluido o incluso el representante legal del
partido al que pertenece, tal y como lo estableció la Corte Constitucional en la
sentencia T-300 de 20246, no así los eventuales electores.

En esa línea, también es pertinente recordar el alcance que dio la Corte
Constitucional, en la sentencia T-232 de 2014, al derecho político invocado por
el actor. En la parte considerativa de la providencia se lee que «el derecho a elegir
y ser elegido es (…) un derecho de doble vía, en el entendido de que se permite al ciudadano
concurrir activamente a ejercer su derecho al voto o, también, a postular su nombre para que
sea elegido a través de este mecanismo».

Es posible concluir entonces que el ejercicio de ese derecho fundamental
exige tanto al elector como al candidato atender las reglas para acudir a las
votaciones y participar en ellas. Respecto del candidato, el derecho político en
su dimensión pasiva comprendería la posibilidad de inscribirse como
candidato, participar en la contienda y ejercer el cargo si resulta elegido.

5
Página 1 del escrito de impugnación.
6
Al respecto en la mencionada sentencia, se lee: «En vista de las anteriores circunstancias, la Sala advierte que, en el
presente caso, si lo que se pretende es cuestionar la negativa a inscribir al ciudadano Jorge Luis Agudelo Apreza como
candidato, la legitimidad por activa para hacerlo corresponde a él mismo, o incluso al representante legal del partido
político Fuerza Ciudadana, pero no a cualquier otra persona, que simplemente manifiesta ser simpatizante de dicho
partido, como lo indicaron los accionantes en este caso.»

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Así las cosas, la titularidad y defensa del derecho a ser elegido corresponde
al excandidato, José Manuel Sandoval, y, por lo tanto, se reitera que la
discusión en vía judicial respecto de la decisión de exclusión está bajo su
potestad o, eventualmente, la del representante legal del partido, no así la de
sus simpatizantes, como el aquí accionante. Se trataría en ese caso de la
defensa de derechos ajenos, evento para el cual no se encuentran cumplidos
los requisitos para agenciarlos y por tanto no tiene el actor legitimación en la
causa por activa.

3.4. De otra parte, esta Sección tampoco evidencia que el acto administrativo
mediante el cual el CNE decidió excluir al señor José Manuel Sandoval de los
comicios del 8 de marzo haya impactado de manera personal, directa y
concreta el derecho fundamental a elegir del señor Mauricio Marín Monroy. En
el escrito de tutela y en el de impugnación, el actor se limitó a exponer una
repercusión apenas indirecta relativa a la oferta electoral.

Recuérdese que, según la Corte Constitucional, el alcance de este derecho no
se agota en la existencia de determinadas opciones electorales, sino que
comprende «la libertad individual para “acceder a los medios logísticos necesarios e
informativos para participar efectivamente en la elección de los gobernantes, en una doble
dimensión de derecho-función”»7.

Desde esta perspectiva, la Sala advierte que no se acreditó la vulneración del
derecho a elegir del accionante en ninguna de estas facetas, pues el actor
conservó en todo momento la posibilidad real y efectiva de ejercer el sufragio.
Así lo aseveró en el informe de respuesta a esta acción de tutela el CNE al
afirmar que el accionante se encontraba debidamente inscrito y habilitado para
ejercer su derecho al voto en Villavicencio, sin que la decisión de la autoridad
electoral cuestionada hubiera afectado dicha facultad.

Adicionalmente, no puede sostenerse que la exclusión del candidato Sandoval
Garzón implique por sí misma, la vulneración del derecho fundamental
invocado, toda vez que se trata de una determinación contenida en un acto
administrativo que goza de presunción de legalidad, por lo que la eventual
controversia sobre su contenido corresponde al candidato excluido o al
representante legal del partido al que pertenece y no a sus eventuales
votantes. Esto, claro está, en ejercicio de los mecanismos ordinarios de control
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el cual constituye el
escenario idóneo para debatir la legalidad de los actos administrativos de
contenido electoral.

4. Conclusión

De acuerdo con los argumentos expuestos, esta Sección confirmará el fallo de tutela
del 19 de febrero de 2026, proferido por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que el señor Mauricio
Marín Monroy no tiene legitimación en la causa por activa para perseguir las
pretensiones propuestas en la acción de tutela8.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

7
Corte Constitucional, sentencia T-232 de 2014.
8
En similar sentido se pronunció esta Sección en un caso previo con similitud fáctica: sentencia del 9 de abril de 2025,
proceso 68001-23-33-000-2026-00097-01, M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.

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Demandante: Mauricio Marín Monroy

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia de tutela del 19 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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