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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00097-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00097-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 4 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2026-00097-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00097-01
Accionante: RUBÉN FERNANDO MORALES REY
Accionado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Acto administrativo por medio
del cual se revocó la inscripción de un ciudadano para participar en la
consulta interpartidista, prevista para el 8 de marzo de 2026. Falta de
legitimación en la causa por activa

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 4 de marzo 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, en la que
resolvió declarar improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 23 de febrero de 2026, el señor Rubén Fernando Morales Rey, quien actúa en
nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la participación democrática, a elegir y ser elegido, a la igualdad y
al debido proceso.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO. TUTELAR mis derechos fundamentales a VOTAR EN CONDICIONES
DEMOCRÁTICAS, A ELEGIR Y SER ELEGIDO, A LA IGUALDAD Y A LA NO
DISCRIMINACIÓN, A LA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA, AL DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO Y AL DERECHO DE DEFENSA; vulnerados por el CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL y la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

SEGUNDO. ORDENAR en el término de las 48 horas siguientes, a las entidades
accionadas, la inscripción y registro del Candidato IVÁN CEPEDA CASTRO en la
consulta a realizarse el próximo 8 de marzo denominada «Frente por la vida».

TERCERO. ORDENAR al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del
Estado Civil como órganos de control de los partidos políticos, ejercer la vigilancia y
tomar las medidas administrativas correspondientes para garantizar MIS DERECHOS
CÓMO CIUDADANO en estricto cumplimiento DE LA LEY CONSTITUCIÓN Y NORMAS
INTERNACIONALES realice el respectivo acompañamiento para que se me respeten
mis derechos fundamentales EN EL TERMINO DE LA DISTANCIA.

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00097-01
Demandante: Rubén Fernando Morales Rey

CUARTO. SE ORDENEN las demás ordenes, que el despacho considere pertinentes
como COMPULSAR COPIAS ante la comisión de acusaciones contra todos los
magistrados responsables por las terribles delitos y abusos del CNE y la registraduría en
este proceso”.

2. Hechos

El accionante manifestó que reside en Bucaramanga y es ciudadano colombiano, a
lo que agregó que el Consejo Nacional Electoral por medio de la Resolución n.°
09673 de 2025 resolvió excluir al Pacto Histórico como partido político para concurrir
a las consultas de 26 de octubre de 2025 para la selección de candidatos a la
Presidencia de la República.

Expuso que, por lo anterior, los señores Carolina Corcho y Gustavo Bolívar
interpusieron acción de tutela con el fin de que se le permitiera al Pacto Histórico
concurrir en calidad de partido político a la consulta general para la selección de
candidatos -octubre de 2025-.

Indicó que la acción de tutela fue admitida y que en la misma se decretó como
medida cautelar la suspensión provisional de la Resolución n.° 09673 de 2025, lo
que permitió que la Registraduría Nacional del Estado Civil recibiera las
inscripciones de los candidatos, a través del Partido Polo Democrático Alternativo.

Señaló que se realizó la consulta y que la misma dio como resultado en primer lugar
a Iván Cepeda, en segundo a Carolina Corcho y, en un tercer renglón a Daniel
Quintero.

Refirió que, con posterioridad, la Sala Octava de Decisión del Tribunal Superior de
Distrito Judicial revocó la suspensión provisional de la Resolución n.° 09673 de 2025
y declaró improcedente la acción de tutela. Dicha decisión fue impugnada y
confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

Por último, mencionó que por medio de Resolución n.º 799 del 4 de febrero de 2026,
el Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción del candidato Iván Cepeda a la
consulta del 8 de marzo de 2026, por considerar que el mismo participó en la
consulta que se llevó a cabo en octubre de 2025 y, por tanto, se encontraba
inhabilitado sin valorar que su participación se dio en principio por una medida
cautelar que fue revocada con posterioridad.

3. Fundamentos de la acción

El actor sostuvo que el Consejo Nacional Electoral vulnera sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso administrativo y a la participación
política -incluidos los derechos a elegir y ser elegido- consagrados en los artículos
13, 29 y 40 de la Constitución Política, al desconocer los efectos jurídicos de
providencias judiciales ejecutoriadas que declararon improcedente, en primera y
segunda instancia, la acción de tutela que pretendía amparar provisionalmente la
consulta política realizada el 26 de octubre de 2025.

Indicó que conforme a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, la
declaratoria de improcedencia de la tutela retira dicho trámite de la vida jurídica,
provoca el decaimiento automático de las medidas provisionales adoptadas, lo que
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00097-01
Demandante: Rubén Fernando Morales Rey

implica que la consulta realizada en octubre de 2025 careció de existencia jurídica
y no podía constituir antecedente inhabilitante alguno para participar en la consulta
fijada para el 8 de marzo de 2026.

Mencionó que la aplicación del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 por parte del
Consejo Nacional Electoral resulta improcedente, por cuanto dicho precepto exige
la existencia de consultas válidas y jurídicamente reconocibles, presupuesto que no
se configura en el caso concreto, por lo que “no puede producir efectos inhabilitantes ni
servir de fundamento para excluir a Iván Cepeda de la consulta de marzo de 2026. La
Resolución del CNE incurre en una contradicción directa con providencias judiciales en
firme, al atribuir efectos jurídicos a un hecho inexistente y aplicar una norma que no resulta
procedente en un escenario singular”.

Finalmente, respecto de la legitimación en la causa por activa manifestó que supera
la misma debido a que la actuación administrativa cuestionada incide de manera
directa, actual y concreta en el ejercicio de sus derechos fundamentales como lo es
votar en condiciones democráticas, a la participación política y a la igualdad. A lo
que agregó que la jurisprudencia ha reconocido que “la legitimación en la causa por
activa no se limita a quienes ostentan la calidad de candidatos, sino que se extiende a los
ciudadanos cuando las decisiones de las autoridades electorales impactan de manera
directa el ejercicio efectivo de los derechos políticos, en tanto el derecho a elegir no se
agota en el acto formal del voto, sino que comprende la posibilidad real de hacerlo en un
contexto plural, competitivo y conforme al orden constitucional”.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Consejo Nacional Electoral

El profesional adscrito a la Oficina de Asesoría Jurídica y de Defensa Judicial de la
entidad solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que el actor
carece de legitimación en la causa por activa, puesto que no es titular ni
representante de los derechos fundamentales invocados ni actúa en calidad de
agente oficioso.

Asimismo, indicó que no se cumple el requisito de subsidiariedad, dado que existen
otros medios de defensa judicial que no fueron agotados. Adicionalmente, sostuvo
que se configura una carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida
en que el movimiento político que avalaba a Iván Cepeda desistió voluntariamente
de participar en la consulta, decisión que fue aceptada por la Registraduría Nacional
del Estado Civil, y que el acto administrativo que revocó la inscripción quedó en
firme al no haber sido recurrido.

4.2. Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil

El jefe de la Oficina Jurídica expuso los hechos que dieron origen a la controversia,
destacando el desarrollo de las consultas realizadas en octubre de 2025, las
decisiones judiciales que declararon improcedente la acción de tutela que
inicialmente permitió la participación del Movimiento Político Pacto Histórico y la
posterior expedición de la Resolución n.° 799 de 2026, mediante la cual el Consejo
Nacional Electoral revocó la inscripción de Iván Cepeda Castro para la consulta de
marzo de 2026. Asimismo, detalló las actuaciones administrativas adelantadas por
la entidad en cumplimiento del calendario electoral y de las decisiones adoptadas
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00097-01
Demandante: Rubén Fernando Morales Rey

por el Consejo Nacional Electoral, incluida la aceptación del desistimiento del
Movimiento Político Pacto Histórico de participar en la consulta.

Señaló que la Registraduría Nacional del Estado Civil carece de competencia para
revocar o mantener la inscripción de candidaturas, función que corresponde de
manera exclusiva al Consejo Nacional Electoral, y precisó que su actuación se limitó
al cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de carácter operativo y
logístico en la organización del proceso electoral, así como al acatamiento de los
actos administrativos expedidos por dicha autoridad.

Indicó que la acción de tutela resulta improcedente, en tanto el accionante dispone
de otros medios de defensa judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa
para controvertir la legalidad de las resoluciones cuestionadas, incluso con la
posibilidad de solicitar medidas cautelares. Agregó que no se configura un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio,
puesto que la exclusión de Iván Cepeda Castro de la consulta no impide su eventual
inscripción como candidato presidencial en la primera vuelta electoral, dentro del
término legal vigente.

Para terminar, sostuvo que se presenta carencia actual de objeto por hecho
sobreviniente, dado el desistimiento expreso del candidato y del movimiento político
de participar en la consulta, lo cual torna inocua cualquier orden judicial que pudiera
proferirse.

4.3. Intervención de Iván Cepeda Castro

Iván Cepeda Castro, en calidad de candidato presidencial y tercero con interés,
solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que con esta se
pretende reabrir actuaciones administrativas ya consolidadas, lo que podría generar
incertidumbre institucional y ocasionar perjuicios más graves a los derechos de
participación política.

Al respecto, expuso el contexto fáctico y administrativo del proceso electoral,
detallando su elección previa en la consulta del Polo Democrático Alternativo, la
posterior fusión de dicho partido en el Movimiento Político Pacto Histórico, su
inscripción para la consulta interpartidista “Frente por la Vida” y las actuaciones
adelantadas por el Consejo Nacional Electoral que culminaron con la revocatoria de
esa inscripción mediante la Resolución n.° 799 de 2026, la cual quedó en firme.

Indicó que, como consecuencia de dicha decisión, tanto él como el movimiento
político desistieron voluntariamente de participar en la consulta, solicitud que fue
aceptada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, optando por la inscripción
directa de su candidatura para la primera vuelta presidencial. Asimismo, sostuvo
que, dadas las circunstancias actuales del proceso electoral, acceder a las
pretensiones del accionante podría afectar de manera significativa la seguridad
jurídica, el ejercicio del derecho al voto y la integridad del proceso electoral.

5. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 4 de marzo de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00097-01
Demandante: Rubén Fernando Morales Rey

activa. Lo anterior, al considerar que el actor fundamentó la supuesta vulneración
de sus derechos fundamentales en lo resuelto mediante la Resolución n.º 799 de
2026, por la cual el Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción del ciudadano
Iván Cepeda Castro para participar en la consulta interpartidista “Frente por la Vida”,
prevista para el 8 de marzo de 2026. En tal sentido, concluyó que el accionante no
es el destinatario directo de la medida cuestionada.

Adicionalmente, el Tribunal señaló que la consulta interpartidista constituye un
mecanismo facultativo de participación política, propio de la esfera interna de los
partidos y movimientos políticos para la escogencia de sus candidatos, y que no
hace parte del proceso electoral definitivo correspondiente a las elecciones
presidenciales, en las cuales el candidato ha manifestado su intención de participar
por vía directa.

Finalmente, precisó que, en todo caso, el medio judicial idóneo para controvertir la
legalidad del acto administrativo del cual se deriva la afectación alegada no es la
acción de tutela, sino el respectivo medio de control ante la jurisdicción contencioso
administrativa.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revoque y, en
consecuencia, se acceda al amparo.

Sostuvo que la decisión incurrió en un error al declarar improcedente la acción de
tutela por falta de legitimación y subsidiariedad, ya que proteger derechos
fundamentales propios, en especial su derecho a participar políticamente y a elegir
en condiciones democráticas. Refirió que la exclusión de Iván Cepeda de la consulta
interpartidista “Frente por la Vida” no solo afectó al precandidato, sino que alteró
directamente el escenario democrático y la oferta electoral disponible para los
ciudadanos, restringiendo su derecho al voto en un proceso plural e igualitario.

Asimismo, señaló que la acción de tutela era procedente debido a la urgencia del
calendario electoral, pues los medios contenciosos ordinarios no ofrecían una
protección eficaz para evitar un perjuicio irremediable.

Por último, afirmó que la decisión del Consejo Nacional Electoral se basó en una
inhabilidad inexistente, al atribuir efectos jurídicos a una consulta previa realizada
bajo una tutela que posteriormente fue declarada improcedente, configurándose así
una restricción inconstitucional del derecho de participación política que ameritaba
un pronunciamiento de fondo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
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Demandante: Rubén Fernando Morales Rey

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia de 4 de marzo de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en la que declaró
improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa y
del presupuesto de la subsidiariedad.

3. De la legitimación en la causa por activa en la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, faculta
a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente
y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean
vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de
los particulares en los casos en que así se autoriza.

Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales la
informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los
sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo
constitucional.

No obstante, se hace exigible como requisito indispensable la legitimación e interés
del actor de acuerdo con lo estipulado en el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991,
de la siguiente manera:

“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

En términos generales, la legitimación en la causa determina quiénes pueden
obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda.

La Corte Constitucional ha establecido unos presupuestos con respecto a la
legitimación en la causa por activa, señalándolos así:

“La legitimación en la causa por activa en los procesos de acción de tutela se predica
siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados,
sin embargo, la Sala encuentra que a partir de las normas de la Constitución y del
decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro
posibilidades para la promoción de la acción de tutela: (i) la del ejercicio directo de
la acción. (ii) La de su ejercicio por medio de representantes legales (caso de los
menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas).
(iii) La de su ejercicio por medio de apoderado judicial (caso en el cual el apoderado
debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar
el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo). Y (iv) la
del ejercicio por medio de agente oficioso”1.

1
Sentencia T-531 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
6

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Demandante: Rubén Fernando Morales Rey

Si se actúa por medio de apoderado judicial, debe aportarse el poder especial que
lo faculta para actuar2, pues, de lo contrario, se configurará un auténtico caso de
carencia de poder. Y si se actúa en calidad de representante legal de una empresa,
debe aportarse el respectivo certificado de existencia y representación.

La Corte Constitucional en sentencia SU-173 de 20153, indicó que la relevancia
constitucional de la legitimación por activa, no puede considerarse una exigencia
intrascendente sino que, por el contrario, necesaria en la protección y garantía
adecuada de los derechos fundamentales, al indicarse que obedece al verdadero
significado que la Constitución Política le ha dado al reconocimiento de la dignidad
humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien
decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses,
es solo la persona capaz para hacerlo.

Así las cosas, están legitimados para interponer la acción de tutela: i) el interesado
directamente, ii) el representante legal o judicial y iii) el agente oficioso, siempre que
se demuestre la imposibilidad de que el interesado ejerza su propia defensa.

Ahora, así como en las demás acciones judiciales, en la acción de tutela el juez
cuenta con la facultad de revisar, en cualquier momento del proceso, si la persona
que ejerció la acción está legitimada para obtener una decisión de fondo. Si el juez
de tutela comprueba que quien ejerció la solicitud de amparo está legitimado
continuará con el análisis de los presupuestos de procedencia con el fin de realizar
estudio de fondo. No así, si comprueba la falta de legitimación en la causa por activa,
caso en el cual deberá declararla.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Rubén Fernando Morales Rey, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del
Estado Civil, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
participación democrática, a elegir y ser elegido, a la igualdad y al debido proceso,
con ocasión de la expedición de la Resolución n.° 799 del 4 de febrero de 2026,
mediante la cual se revocó la inscripción del candidato Iván Cepeda Castro a la
consulta interpartidista prevista para el 8 de marzo de 2026.

Expuso que, si bien el candidato presidencial participó en la consulta realizada el 26
de octubre de 2025, ello se dio en virtud de una medida cautelar decretada dentro
de una acción de tutela, la cual fue revocada con posterioridad. En consecuencia,
solicitó ordenar la inscripción y el registro del candidato Iván Cepeda Castro en la
consulta denominada “Frente por la Vida”.

2
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T 531 de 2002, precisó que el acto por el
que se confiere poder tiene las siguientes características: “(i) es un acto jurídico formal que debe
realizarse por escrito; (ii) se presume auténtico; (iii) debe ser especial con el fin de interponer una
acción de tutela; (iv) es para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado
proceso, por lo que no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los
hechos que le den fundamento tengan origen en un proceso ordinario; y (v) el destinatario del acto
de apoderamiento solo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional”.
3
M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 4 de marzo de 2026,
decidió declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que el accionante
carece de legitimación en la causa por activa para controvertir la actuación
contenida en la Resolución n.° 799 del 4 de febrero de 2026. Sumado a que la
legalidad de dicho acto administrativo puede ser ventilada a través de otros medios
de defensa judicial, razón por la cual se desconoce el carácter subsidiario del
mecanismo constitucional.
La parte accionante presentó escrito de impugnación en el que sostuvo que la
decisión fue errónea al declarar improcedente la acción de tutela por falta de
legitimación y subsidiariedad. Al respecto, expuso que con el mecanismo buscaba
la protección de derechos fundamentales propios, en especial su derecho a la
participación política y a elegir en condiciones democráticas.
Afirmó que la exclusión del candidato Iván Cepeda de la consulta interpartidista
“Frente por la Vida” no solo afectó al precandidato, sino que alteró de manera directa
el escenario democrático y la oferta electoral disponible para la ciudadanía,
restringiendo su derecho al voto en un proceso plural e igualitario. Además, señaló
que la tutela era procedente ante la urgencia del calendario electoral, dado que los
medios ordinarios no resultaban eficaces para evitar un perjuicio irremediable.
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente de tutela, se advierte
que mediante la Resolución n.° 799 del 4 de febrero de 2026, el Consejo Nacional
Electoral resolvió favorablemente las solicitudes de revocatoria de la inscripción del
ciudadano Iván Cepeda Castro para participar en la consulta denominada “Frente
por la Vida”, programada para el 8 de marzo de 2026, dentro de los radicados CNE-
E-DG-2026-002657 y CNE-E-DG-2026-002705.
En consecuencia, mediante oficio del 4 de febrero de 2026 dirigido a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, los
representantes legales del Movimiento Político Pacto Histórico, en atención a la
revocatoria de la citada inscripción, manifestaron su retiro de la referida consulta e
informaron que procederían a inscribir directamente a Iván Cepeda Castro como
candidato a la Presidencia de la República para las elecciones a celebrarse el
próximo 31 de mayo de 2026.
En virtud de lo anterior, la Sala estima acertada la conclusión del a quo en cuanto a
la falta de legitimación en la causa por activa del señor Rubén Fernando Morales
Rey. Ello, por cuanto la decisión administrativa que dispuso la revocatoria de la
inscripción de Iván Cepeda Castro para participar en la consulta interpartidista
“Frente por la Vida”, programada para el 8 de marzo de 2026, produjo efectos
jurídicos directos respecto del candidato afectado y de la colectividad política que lo
postuló, quienes son los verdaderos titulares de los derechos eventualmente
afectados.
Por su parte, el accionante no acreditó una afectación personal, directa y concreta
derivada del acto cuestionado, limitándose a alegar una repercusión indirecta sobre
el escenario electoral, circunstancia que, por sí sola, resulta insuficiente para
habilitarlo como sujeto legitimado para promover el mecanismo constitucional con
la pretensión de ordenar la inscripción del señor Iván Cepeda Castro a la consulta
interpartidista del 8 de marzo de 2026.

A lo anterior se suma que la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral
fue avalada por los representantes legales del Movimiento Político Pacto Histórico,
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quienes, en ejercicio de su autonomía política, manifestaron su desistimiento de
participar en la consulta interpartidista y optaron por inscribir directamente a su
candidato en el proceso electoral presidencial previsto para el próximo 31 de mayo
de 2026. Lo que permite establecer que la configuración jurídica derivada del acto
administrativo fue aceptada, lo cual refuerza la inexistencia de un interés sustancial
del accionante para controvertir dicha decisión a través de la acción de tutela.
Adicionalmente, la Sala advierte que la Resolución n.° 799 del 4 de febrero de 2026
es susceptible de ser cuestionada mediante los mecanismos ordinarios de control
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los cuales constituyen el
escenario natural para debatir la legalidad de los actos administrativos electorales,
incluso con la posibilidad de solicitar medidas cautelares. En consecuencia, como
lo señaló el juez de primera instancia, la acción de tutela no resulta procedente para
sustituir tales medios de defensa judicial, so pena de desconocer su carácter
subsidiario y residual.
Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 4
de marzo de 2026, por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones
expuestas.

III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 4 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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