Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00229-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00229-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2026-00229-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
21 de mayo de 2026
Demandante: Importadora Icoltex SAS
Demandados: Juzgado Cuarenta Administrativo de Bogotá y otro
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00229-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintiuno [21] de mayo de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00229-01
Demandante: IMPORTADORA ICOLTEX SAS
Demandados: JUZGADO CUARENTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Ausencia del requisito de
Subsidiariedad. Confirma improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la Importadora Icoltex SAS contra la
sentencia de 10 de abril de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente la solicitud
de amparo de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito radicado el 25 de marzo de 2026, la Importadora Icoltex SAS [en adelante
Icoltex], por conducto de apoderado, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Cuarenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales [en adelante DIAN], con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, y los principios de confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial.
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de
la providencia de 27 de noviembre de 2025, mediante la cual el Juzgado Cuarenta
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la DIAN, asunto que se identificó con el radicado
11001-33-37-040-2025-00220-00.
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Demandante: Importadora Icoltex SAS
Demandados: Juzgado Cuarenta Administrativo de Bogotá y otro
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00229-01
1.2. Pretensiones
Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de IMPORTADORA ICOLTEX S.A.S.
2. DEJAR SIN EFECTOS la providencia de fecha 29 de noviembre de 2025 proferida por
el Juzgado Cuarenta Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C.
3. ORDENAR al despacho accionado que, dentro del término perentorio que se fije,
proceda a admitir la demanda o, en su defecto, emita una nueva decisión respetando los
derechos fundamentales invocados.
4. Como medida provisional, si se considera pertinente, suspender los efectos de la
decisión de rechazo1.
1.3. Hechos
Del expediente de tutela se encuentran los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
La Importadora Icoltex SAS ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la DIAN, con el fin de que se declarara la nulidad de: (i) la resolución
000474 del 20 de febrero de 2024, «por medio de la cual la jefa del GIT de
determinación y liquidaciones oficiales aduaneras de la dirección seccional de aduanas
de Bogotá, negó la solicitud de liquidación oficial de corrección que disminuye el valor
de tributos aduaneros, sanciones y/o rescate a la declaración de importación parcial
de mercancía textil por la suma de $27.212.000 pesos»; y (ii) la resolución 002430 de
29 de julio de 2024 que resolvió el recurso de reconsideración y confirmó la primera
decisión2.
El asunto le fue asignado inicialmente a la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
autoridad que mediante auto de 9 de abril de 2025 declaró su falta de competencia
dado el carácter particular de los actos administrativos y la cuantía determinada por la
demandante. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, hizo lo propio en providencia de 21 de mayo de 2025, por razón
de la cuantía y remitió el expediente a los juzgados administrativos del circuito de
Bogotá.
1 Transcripción del texto original con posibles errores.
2 A título de restablecimiento del derecho solicitó que: (i) se decrete el levantamiento de la medida
cautelar sobre la mercancía inmovilizada en zona franca de occidente; (ii) se otorgue la libre disposición
y comercialización de la mercancía al resto del territorio aduanero nacional; (iii) se determine el importe
relacionado con las modificaciones solicitadas; (iv) se repare integralmente el daño causado; y (v) se
condene en costas y en agencias en derecho a la parte demandada.
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El 18 de junio de 2025, la oficina de apoyo a los juzgados asignó el proceso al Juzgado
Cuarenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, judicatura que, en auto de 29
de julio de 2025 inadmitió la demanda y requirió al extremo actor para que la corrigiera
en el sentido de: (i) expresar con claridad las pretensiones conforme a la naturaleza
de los actos administrativos censurados; (ii) ajustar el restablecimiento del derecho a
la naturaleza del proceso; (iii) determinar, clasificar y numerar los fundamentos de
derecho y el concepto de la violación, como consecuencia de la modificación de las
pretensiones en la demanda; (iv) allegar el poder especial actualizado, en el que se
identificaran los actos acusados; y (v) aportar las pruebas que pretendía hacer valer,
que fueran pertinentes.
Con auto de 27 de noviembre de 2025, el Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá rechazó la demanda ordinaria al considerar que el demandante no
la subsanó según lo requerido por el despacho, puesto que, «básicamente lo que hizo
fue reformar toda la demanda apartándose [de] las pretensiones iniciales y planteando
nuevos argumentos». Lo anterior, por cuanto: (i) modificó los actos administrativos
demandados y mantuvo un restablecimiento del derecho que había sido requerido
ajustar; (ii) eliminó uno de los actos inicialmente acusados, sustituyéndolo por la
[r]esolución 2340 del 29 de julio de 2021, y adicionalmente incluyó por primera vez el
Auto 10589 del 25 de noviembre de 20243; y (iii) no ajustó el concepto de la violación
y los fundamentos de derecho porque se insistió en una indebida acumulación de
pretensiones4.
Inconforme, ejerció el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, con sustento
en que: (i) precisó los actos administrativos objeto de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, es decir, aquellos que agotaron la vía gubernativa
expedidos por la DIAN y frente a los cuales no procedían recursos, razón por la cual
los actos de trámite fueron excluidos de la demanda inicial; (ii) no es admisible que se
rechazara la demanda por acatar lo requerido en el proveído inadmisorio; (iii) la causa
de la demanda es el conjunto de irregularidades en las que, a su juicio, incurrió la DIAN
y que culminó con la incautación de la mercancía del actor por «un error consistente
en haber indicado que se trataba de metros cuadrados y no de metros lineales»; (iv)
el restablecimiento del derecho «no podía ser otro que el de la liberación de la
mercancía» y la devolución de lo pagado en exceso por concepto de impuesto de
3 Por el cual se dispuso el archivo del expediente «LOC (DV) 2023 204 646» por haberse agotado la
actuación en sede administrativa de la solicitud de liquidación oficial de corrección para efectos de
devolución.
4 «Pide la legalidad de actos administrativos determinación y restablecimiento el levantamiento de la
medida cautelar, la libre comercialización de mercancía retenida en zona franca y la declaración de
perjuicios indemnizables con ocasión a la retención de mercancía, todas ellas incompatibles con la
naturaleza de los actos inicialmente demandados, esto es, la Resolución No. 474 del 20 de febrero de
2024, que negó la solicitud de liquidación oficial de corrección y la Resolución No. 2430 del 29 de julio
de 2024, que resolvió el recurso de reconsideración, ambas proferidas en sede de determinación». [Cita
extraída del proveído de 27 de noviembre de 2025, con posibles errores].
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importación; y (v) el poder se encuentra ajustado «a los actos administrativos» que se
demandan.
En auto de 18 de marzo de 2026, el Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá rechazó el recurso de reposición por extemporáneo, en atención a
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 del CGP, el mecanismo y el
sustento de este debe ser interpuesto dentro de los 3 días siguientes cuando la
decisión es proferida por fuera de audiencia. De otro lado, no concedió la alzada al
señalar que el artículo 244 de la Ley 1437 de 2011 dispuso que deberá ejercerse
directamente o en subsidio de la reposición; además, precisó que, si la notificación se
efectúa por estado, se debe interponer y argumentar por escrito dentro de los 3 días
siguientes.
Aclarado lo anterior, afirmó que la providencia de 27 de noviembre de 2025 se notificó
por estado de 4 de diciembre de la misma anualidad, razón por la cual la reposición
debió efectuarse a más tardar el 9 de diciembre siguiente, no obstante, ello sucedió
hasta el 11 de diciembre de 2025, es decir, después de transcurridos 5 días hábiles
computados desde el enteramiento. En consecuencia, indicó que no concedería la
apelación que se formuló en subsidio del anterior.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Icoltex consideró vulnerados sus derechos fundamentales invocados con ocasión de
la expedición de la providencia de 27 de noviembre de 20255 dictada por el Juzgado
Cuarenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante la cual rechazó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con fundamento en el «supuesto
incumplimiento de determinados requisitos formales».
Manifestó que los requerimientos realizados por la autoridad judicial no impedían que
se emitiera un pronunciamiento de fondo por cuanto, a su juicio, no constituían
«obstáculos reales para el ejercicio del control judicial de los actos administrativos
cuestionados», máxime, porque cumplió con el deber impuesto al «subsanar de
manera oportuna, detallada y punto por punto los aspectos señalados en el auto
inadmisorio». Y, pese a ello, fue rechazada la demanda por presuntas inconsistencias
derivadas de los ajustes realizados.
Agregó que se incurrió en una irregularidad en el trámite de la demanda, debido al
traslado sucesivo de esta entre distintas autoridades y dependencias de la jurisdicción,
lo cual conllevó que el objeto del litigio fuera considerado de naturaleza tributaria, pese
5 Notificada por estado del 4 de diciembre de 2025.
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a que es un asunto aduanero, y a que venciera el término para presentar de nuevo el
referido medio de control.
Indicó que se configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, «en
la medida en que la autoridad judicial desconoció el alcance y finalidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto como un mecanismo judicial
destinado a garantizar la protección de los derechos de los administrados frente a
actuaciones ilegales de la administración». Ello, por cuanto el juzgado adoptó una
interpretación excesivamente formalista de los requisitos procesales y con ello le
impidió acceder al servicio de administración de justicia al darle prevalencia a la forma
sobre lo sustancial.
Además, aseguró que con la decisión reprochada se le causa un perjuicio grave, actual
y continuo, ya que impide que se lleve a cabo:
• el control jurisdiccional de actos administrativos presuntamente ilegales;
• la recuperación de mercancías inmovilizadas en las bodegas de la sociedad
accionante;
• el restablecimiento económico de la sociedad afectada.
Finalmente, aseguró que la providencia de 27 de noviembre de 2025 afectó sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
así como los principios de celeridad, eficacia y economía procesal «al impedir que se
realizara un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de los actos administrativos
expedidos por la administración».
1.5. Trámite de la acción en primera instancia
Mediante auto de 26 de marzo de 2026, el magistrado ponente de primer grado admitió
la acción de tutela de la referencia; ordenó notificar en calidad de demandados al
Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la DIAN; y negó
la medida provisional elevada.
1.6. Contestaciones
1.6.1. El Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
manifestó que el mecanismo de la referencia no supera el requisito general de
subsidiariedad comoquiera que Icoltex no ejerció los recursos de reposición y de
apelación que procedían contra la decisión de rechazo de la demanda, puesto que los
interpuso de manera extemporánea, y tampoco agotó la queja por no haberse
accedido a la alzada.
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En cuanto al fondo, indicó que no se configuraron los yerros endilgados a la
providencia de 27 de noviembre de 2025, en atención a que la autoridad requirió a la
sociedad demandante para que corrigiera la demanda en términos claros y concretos,
sin embargo, en el escrito de subsanación se introdujo un nuevo acto administrativo y
se modificaron sustancialmente las pretensiones, lo cual derivó en una extralimitación
de la corrección y configuró una nueva demanda. Además, iteró que las pretensiones
de levantamiento de medidas sobre la mercancía son incompatibles con la naturaleza
tributaria de los actos demandados.
1.6.2. La DIAN solicitó que se declare la improcedencia de este mecanismo tutelar
ante el incumplimiento de la configuración de los requisitos generales y especiales de
procedencia, o, en su defecto, que se deniegue el amparo respecto de esta entidad
ante la inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora,
habida cuenta que las pretensiones de la tutela están dirigidas contra la providencia
de 27 de noviembre de 2025 dictada por el Juzgado Cuarenta Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá.
1.7. Fallo impugnado6
Mediante providencia de 10 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo de la referencia luego de concluir que la acción de tutela no supera
el análisis de la subsidiariedad debido a que la sociedad actora no ejerció todos los
recursos ordinarios y «extraordinarios» que tenía a su alcance para controvertir la
decisión contenida en la providencia de 27 noviembre de 2025, ello, puesto que no se
ejerció la queja de conformidad con lo establecido en los artículos 245 del CPAC, 352
y 353 del CGP, con el fin de que el superior resolviera sobre la procedencia de la
concesión del recurso de apelación.
De otro lado, aseguró que tampoco se satisfizo el requisito de relevancia
constitucional, en tanto el debate propuesto gira en torno a un asunto de índole legal
relacionado con la procedencia de recursos ordinarios, cuya solución se circunscribe
a la interpretación y aplicación del marco jurídico aplicable al caso concreto, dejando
en evidencia que la discusión no trasciende a un problema de raigambre constitucional,
frente a lo cual, además, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
derivado de la actuación judicial.
6 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 15 de abril de 2026.
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1.8. Impugnación
Con escrito radicado oportunamente el 22 de abril de 2026 la parte accionante solicitó
que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se conceda el amparo
de sus derechos fundamentales.
Como sustento de lo anterior, indicó que el juez constitucional de primera instancia
erró al señalar que la sociedad demandante tenía a su alcance el mecanismo de queja,
puesto que está previsto exclusivamente para aquellos casos en los que la autoridad
judicial niega la concesión de la apelación, «más no cuando este es rechazado por
extemporáneo», en ese sentido, aseguró que no contaba con otro medio de defensa
judicial idóneo para ejercer.
Resaltó que, en gracia de discusión, la demanda atravesó varias remisiones entre
diferentes autoridades por razón de la competencia, lo cual generó una dilación ajena
al accionante. En ese orden, adujo que «el rechazo de la demanda ocurrió en un
contexto en el que los términos para ejercer el medio de control se encontraban
materialmente comprometidos. En estas condiciones, los mecanismos ordinarios
carecían de idoneidad y eficacia real, lo cual habilita la procedencia excepcional de la
acción de tutela».
Iteró que se configuró un defecto procedimental en la medida en que la autoridad: (i)
desconoció la finalidad de la subsanación de la demanda; (ii) impuso una carga
excesiva al accionante; y (iii) generó la pérdida del acceso al control judicial
Finalmente, indicó que el rechazo de la demanda implica la consolidación de los actos
administrativos de la DIAN, lo cual constituye un perjuicio irremediable.
1.9. Actuaciones en segunda instancia
Mediante providencia de 30 de abril de 2026 se requirió al abogado Fernando Montoya
Mateus con el fin de que aportara el poder especial que lo facultara para ejercer esta
acción constitucional en representación de la Importadora Icoltex SAS, so pena de
declarar la falta de legitimación en la causa por activa. Lo anterior fue atendido en
memorial allegado el 6 de mayo de 2026, contenido en el índice 8. ° del expediente
digital dentro del aplicativo de gestión judicial Samai.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
Importadora Icoltex SAS contra la providencia de 10 de abril de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de
conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 20217, así como el Acuerdo 080 de 20198 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de 10 de abril de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, a través de la cual
declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse superados; (iii)
el análisis del caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.
7 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.
8 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 12, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. En cuanto al agotamiento de los medios de defensa judicial, en consonancia
con la postura de la Sala13, se advierte que esta exigencia no se cumple en el asunto
de la referencia frente a las inconformidades de la sociedad Icoltex respecto a la
providencia de 27 de noviembre de 2025, mediante la cual el Juzgado Cuarenta
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la DIAN, asunto que se identificó con el radicado
11001-33-37-040-2025-00220-00.
Tal afirmación deviene de la postura de este cuerpo colegiado en relación con la
naturaleza subsidiaria de la acción de tutela.
Al respecto, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras, ver: la sentencia de 27 de junio de 20249, expediente 11001-03-15-000-2024-02680-00,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a
las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia14.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben
buscar la defensa de aquellos.
Es por ello que, al iterar el criterio de esta Sala, se advierte que la solicitud de amparo
de la referencia es improcedente debido a que la empresa Icoltex, por un lado, contó
con la oportunidad para ejercer los recursos ordinarios de reposición y de apelación
previstos en los artículos 242 y 243 del CPACA, contra la providencia de 27 de
noviembre de 2025 dictada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho 11001-33-37-040-2025-00220-00, no obstante, estos mecanismos se
ejercieron de manera extemporánea y fueron rechazados en auto de 18 de marzo de
2026.
A su vez, frente a esa última decisión, el extremo actor también tuvo a su disposición
el recurso de queja previsto en el artículo 245 ejusdem, norma que dispone que este
medio ordinario «[…] se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se
rechace o se declare desierta la apelación […]», de manera que, contrario a lo alegado
por la parte actora en su escrito de impugnación, este mecanismo sí procede en el
evento de rechazo de la alzada, razón por la cual era el instrumento judicial idóneo y
eficaz para ejercer la defensa de sus derechos ante el juez ordinario.
En ese orden de ideas, se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente
para suplir mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, así como
tampoco resulta procedente cuando se están reclamando derechos de carácter
económico, pues una interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada
como un instrumento para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo
desnaturalizaría este mecanismo que es eminentemente protector de derechos
fundamentales.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha precisado que:
14 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y
la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones».
10
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Demandante: Importadora Icoltex SAS
Demandados: Juzgado Cuarenta Administrativo de Bogotá y otro
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00229-01
[…] conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el
medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello
están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese
escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los
derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción
contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable […]15.
En ese sentido, es preciso resaltar que este caso no se trata de un ejercicio preventivo
o transitorio de la acción de tutela, habida cuenta de que, ante la falta de diligencia de
Icoltex, no se agotaron los mecanismos judiciales ordinarios que procedían contra las
decisiones de 27 de noviembre de 2025 y 18 de marzo de 2026, para efectos de
procurar su defensa contra la decisión que rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho de interés de la parte actora, lo cual, deja al descubierto
que la medida adoptada por la autoridad judicial censurada no constituye una
arbitrariedad.
Así las cosas, se concluye que no se está en presencia de un perjuicio irremediable
que dé lugar a la flexibilización del requisito de subsidiariedad y a la procedencia de
este mecanismo para que el juez de tutela se pronuncie sobre la admisibilidad del
medio de control ordinario, por lo tanto, no se justifica en ninguna medida la
intervención de esta Sala de decisión.
2.5. Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 10 de abril de
2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 10 de abril de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-030 del 26.01.2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Énfasis
propio.
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TERCERO: dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.
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