Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02680-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02680-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02680-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02680-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
27 de junio de 2024
Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02680-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02680-00
Demandante: ASTRID JHOANA MALUA TORO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y OTRO
Temas: Tutela contra acto administrativo – declara la
improcedencia de la acción de tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la sala la acción de tutela formulada por la señora Astrid Jhoana Malua Toro
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial y otro, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Astrid Jhoana Malua Toro, en nombre propio, presentó acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial y el Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Popayán, con el fin de que
se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de carrera,
así como los principios a la confianza legítima y buena fe.
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la
expedición del oficio CJO23-7398 de 11 de diciembre de 2023 y la resolución CJR24-
0160 de 21 de mayo de 2024, por medio de las cuales se conceptuó negativamente su
solicitud de traslado y se resolvió el recurso de reposición que interpuso contra esa
decisión.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02680-00
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda fueron las siguientes:
PRIMERA: AMPARAR mis derechos fundamentales a la, IGUALDAD, CONFIANZA
LEGÍTIMA, DEBIDO PROCESO, BUENA FE y de CARRERA.
SEGUNDA: DEJAR sin efectos los actos administrativos por medio de los cuales se me
denegó el concepto favorable de traslado.
TERCERA: ORDENAR al UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, emitir un nuevo acto administrativo en el
que se me brinde concepto favorable de traslado en razón a la afinidad de mi experiencia
profesional con la especialidad del Despacho Judicial al que solicité traslado.
Las peticiones subsidiarias las planteó, así:
De no acogerse las pretensiones principales, solicito se amparen mis derechos
fundamentales y como consecuencia de ello, se deje sin efectos los actos administrativos
por medio de los cuales se me denegó el concepto favorable de traslado, para en su
lugar, ORDENAR UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, que en el término de cinco (5) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita un nuevo concepto,
en el que tenga en cuenta y haga un análisis del mi perfil profesional y experiencia, sin
que la especialidad del Juzgado en el que me encuentro posesionada en propiedad, sea
un motivo suficiente y definitivo para la negativa del mismo. Advirtiendo que, mientras se
surte la aludida actuación, queda suspendido el trámite de la provisión en propiedad del
cargo del OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR del JUZGADO PRIMERO LABORAL
DEL CIRCUITO DE POPAYÁN.
Como medida provisional, solicitó:
Como medida provisional solicito se ORDENE a la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
LA CARRERA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, que de manera
inmediata y coordinada, tanto con el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL
CAUCA, y, el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PÓPAÝAN, se sirvan
SUSPENDER el trámite de la provisión en propiedad del cargo del OFICIAL MAYOR O
SUSTANCIADOR del JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN,
solicitud que fundamento en que, de continuarse con el trámite aludido, se me generaría
un perjuicio irremediable, pues para a la fecha en que se profiera sentencia de tutela, otra
persona podría haber tomado posesión del cargo al que aspiro trasladarme, haciendo con
ello nugatorios los derechos que invoco en la presente acción de amparo e impidiéndome
de plano no solo la posibilidad de traslado, sino la posibilidad de esperar a que esta
autoridad judicial emita un pronunciamiento definitivo previo a que se provea la vacante 1.
1.3. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
1 Transcrito del texto original con posibles errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02680-00
El extremo actor indicó que desde el 30 de junio de 2022 ocupa en propiedad el cargo
de oficial mayor o sustanciador del Circuito en el Juzgado Segundo de Familia del
Circuito Judicial de Pasto.
Adujo que, como en el mes de noviembre de 2023 se publicó la vacante para el
mencionado cargo en el Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Popayán,
dentro de los 5 días hábiles siguientes, solicitó el traslado.
Refirió que, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la
Carrera Judicial expidió el oficio CJO23-7398 de 11 de diciembre de 2023, documento a
través del cual se le informó a la accionante que «no es posible emitir concepto
favorable de traslado en un evento como el planteado en la petición de la referencia […]
considerando que el juzgado del cargo donde solicita el traslado solo conoce de la
especialidad familia y no de asuntos Laborales».
Precisó que, contra la anterior decisión ejerció recurso de reposición y en subsidio el de
apelación, lo cual se resolvió con la resolución CJR24-0160 de 21 de mayo de 2024, en
el sentido de no reponer el concepto desfavorable2.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora reprochó que la decisión administrativa consistiera en un concepto
desfavorable respecto a la solicitud de traslado para el mismo cargo que ocupa en un
juzgado de familia, a un despacho de la especialidad laboral.
Lo anterior, porque con ello se desconoció el precedente de la Sección Primera del
Consejo de Estado, contenido en la sentencia de tutela de 30 de octubre de 2019
dictada dentro del expediente 11001-03-15-000-2019-02714-00, concerniente a una
decisión de amparo en un caso similar al que ocupa la atención de la Sala, del cual citó
extensos apartes.
Agregó que, de los 7 años de experiencia en la especialidad laboral, solo se ha
desempeñado en su cargo en propiedad en el juzgado de familia por el término de 1
mes (desde el 30 de junio de 2022, hasta el 31 de julio del mismo año), por lo que su
experticia «como profesional en derecho se ha gestado en el área laboral y de la
seguridad social, a la que pretendo se emita concepto favorable de traslado».
En ese sentido, precisó que debe tenerse en cuenta su experiencia para efectos de
analizar el caso, sin que la especialidad del juzgado en el que se encuentra
2
Solo se resolvió el recurso de reposición por ser el único procedente, de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02680-00
posesionada en propiedad sea un motivo suficiente y definitivo para denegar su
petición.
Finalmente, resaltó que este mecanismo de amparo es procedente pese a que cuenta
con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del cual puede
solicitar el decreto de medidas cautelares, por cuanto considera que no es el medio
eficaz para evitar que las autoridades demandadas dispongan sobre el cargo al cual
pretende su traslado.
1.5. Trámite de la acción
1.5.1. Mediante providencia de 4 de junio de 2024 se admitió la acción de tutela y se
dispuso tener como autoridades judiciales accionadas al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y el Juzgado Primero Laboral
del Circuito Judicial de Popayán.
De otro lado, se ordenó a la Oficina de Sistemas de la corporación realizar una
publicación de la información relativa a esta acción de tutela, en la página web del
Consejo de Estado.
1.5.2. La medida cautelar concerniente a que se ordene la suspensión del trámite para
la provisión en propiedad del cargo al cual aspira su traslado, fue resuelta mediante
auto de 13 de junio de 2024 en el sentido de negarla en atención a que lo requerido no
satisfizo los requisitos de urgencia y necesidad que exige el ordenamiento jurídico para
que se tornara imperioso concederla en ese momento procesal.
1.6. Contestaciones
Librados los oficios correspondientes, se presentaron los siguientes memoriales:
1.6.1. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura presentó un informe a través del cual solicitó que se denieguen las
pretensiones de la demanda debido a que considera que no ha vulnerado ningún
derecho fundamental de la parte accionante.
Lo anterior, con sustento en que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 134 de
la Ley 270 de 1996 y los artículos 1. ° y 12 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 20173 y, en
consonancia con los principios y criterios señalados por la Corte Constitucional en la
sentencia C-295 de 2002, el traslado se efectúa «cuando se provee un cargo con un
funcionario o empleado de carrera que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de
3 Modificado por el Acuerdo PCSJA22-11956 de 17 de junio de 2022.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02680-00
la misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos». Para tal efecto,
incluyó la siguiente ilustración:
Así, adujo que el requisito de afinidad no desborda la ley estatutaria ni las facultades
reglamentarias del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que, en ese sentido, se
expidió la decisión contentiva de un concepto desfavorable respecto al traslado.
Finalmente, resaltó que el asunto de la referencia no satisface el análisis del requisito
de subsidiariedad, en atención a que la parte actora pretende que se dejen sin efectos
los actos administrativos contenidos en el oficio CJO23-7398 de 2023 y en la resolución
CJR24-0160 de 2024, para lo cual la acción de tutela no es el medio idóneo, puesto que
ello le corresponde a la órbita de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Además, precisó que en este caso no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que permita superar la improcedencia de este mecanismo constitucional.
1.6.2. Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Popayán
A través de mensaje de datos de 18 de junio, la secretaría de ese despacho judicial
manifestó lo siguiente:
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02680-00
«Comedidamente y de manera muy respetuosa, me permito informar que, la vacancia
del cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de este Juzgado, fue comunicada al Consejo
Seccional de la Judicatura del Cauca en su debida oportunidad, que hasta el momento
no se nos ha comunicado lista de elegibles ni otra decisión al respecto».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la señora
Astrid Jhoana Malua Toro contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial y el Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial
de Popayán, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la vulneración de
los derechos fundamentales de la señora Astrid Jhoana Malua Toro con ocasión de la
expedición del oficio CJO23-7398 de 2023 y de la resolución CJR24-0160 de 2024, a
través de las cuales la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura profirió y confirmó el concepto desfavorable respecto a la
solicitud de traslado efectuada por la accionante.
Para el efecto se estudiarán los siguientes aspectos: (i) las generalidades de la acción
de tutela; (ii) la naturaleza subsidiaria de la solicitud de amparo y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos y; (iii) el caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como un
mecanismo constitucional, cuyo objeto es obtener la protección inmediata de derechos
fundamentales, vulnerados por acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos previstos por el Decreto 2591 de 1991 , «Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
El ejercicio de dicha acción está supeditado a la inexistencia de otros mecanismos de
defensa judicial, salvo que se acredite un perjuicio irremediable, exigencia que se
mantuvo ampliamente en el artículo 6º del decreto antes señalado, bajo los siguientes
términos:
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02680-00
«ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de hábeas corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás
mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el
titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que
comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio
irremediable
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo
cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto».4
2.4. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos.
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial»,
precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a
la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico,
ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que
conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia5.
4
Destacado por la Sala.
5 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y la
ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento
de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada
de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las
mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las
jurisdicciones».
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02680-00
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben
buscar la defensa de aquellos.
Por tanto, debe haber claridad en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es
la que tiene la competencia para conocer de las controversias que puedan suscitar de
un acto administrativo, frente al cual se pueden pedir medidas cautelares en los
términos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). No obstante, a pesar de ser este el juez
natural en dichos asuntos, es claro que, en determinadas oportunidades el enfoque a
partir del cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, pues se puede dar el caso en que la transgresión sea el producto de
una decisión administrativa que a la luz del ordenamiento contencioso se encuentre
revestida de legalidad. En esos casos, la tutela se torna procedente para precaver la
eventual conculcación de estas garantías de orden superior.
2.5. Caso concreto
En este asunto, la Sala pone de presente que la accionante dirigió sus reparos contra
los actos CJO23-7398 de 2023 y CJR24-0160 de 20246, a través de los cuales la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
profirió y confirmó el concepto desfavorable respecto a la solicitud de traslado efectuada
por la accionante.
Acogiendo el criterio de esta Sala expuesto en líneas precedentes, se advierte que la
solicitud de amparo de la referencia es improcedente, debido a que la actora cuenta con
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir los actos
que considera vulneradores de sus garantías constitucionales; marco en el cual, a
efectos de evitar la consumación o agravación del daño que alega, puede solicitar que
se decreten medidas cautelares, las cuales se encuentran reguladas en los artículos
229 a 241 CPACA.
En efecto, ante la posible afectación de otros derechos o la urgencia de la protección
deprecada, actualmente cuenta, en nuestra legislación, con la existencia de medidas
preliminares en el curso de la acción ordinaria, lo cual deja en evidencia que dicho
medio es eficaz e idóneo para lograr una tutela judicial efectiva, tornando innecesaria la
intervención del juez constitucional para la protección transitoria de los derechos
fundamentales, cuando se trata de asuntos que se deben debatir ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.
6 Los cuales se encuentran en firme porque no existen otros recursos o instancias a la espera de ser
resueltos. Ello de conformidad con lo dispuesto con el artículo vigésimo quinto del Acuerdo PCSJA17-
10754 de 2017 y la Resolución CJR24-0160 de 21 de mayo reprochada.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02680-00
Así las cosas, le corresponde al juez natural de la causa, a la hora de decidir sobre las
medidas cautelares que eventualmente solicite la actora dentro del trámite de un
proceso ordinario, garantizar los principios que rigen a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, tales como: los derechos de las personas -sean estos de carácter
fundamental o legal- y la preservación del orden jurídico, como lo estipula el artículo 103
de la Ley 1437 de 2011.
Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos
idóneos de defensa y/o para revivir términos, así como tampoco resulta procedente
cuando se están reclamando derechos de carácter económico, pues una interpretación
contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento para desplazar
las competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría este mecanismo que es
eminentemente protector de derechos fundamentales.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha precisado que:
«[…] conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el
medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello
están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese
escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los
derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción
contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable […]»7.
Por ello, para la Sala no se está en presencia de un perjuicio irremediable que amerite
la intervención del juez constitucional para hacer procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio, toda vez que de los documentos obrantes en el expediente de la
referencia y de lo relatado por la accionante, no se advierte la existencia de un peligro
de tal magnitud que afecte con inminencia y de manera grave su subsistencia, y que en
tal sentido, se requiera una medida impostergable por parte de esta judicatura para
neutralizar dicha afectación.
2.6. Conclusión
Así las cosas, en atención a los argumentos expuestos, esta Sala de decisión declarará
la improcedencia de la solicitud de amparo promovida por la señora Astrid Jhoana
Malua Toro Carmona contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial y el Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial
de Popayán, por no cumplir con el requisito de agotamiento de todos los medios
judiciales.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-030 del 26.01.2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02680-00
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela ejercida por la señora
Astrid Jhoana Malua Toro Carmona contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de la Carrera Judicial y el Juzgado Primero Laboral del
Circuito Judicial de Popayán.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
(Ausente con permiso)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.