Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2003-00330-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2003-00330-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2003-00330-02
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
22 de enero de 2026
Número de radicación: 25000 23 24 000 2003 00330 02
Demandante: Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica S.A. ESP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 25000 23 24 000 2003 00330 02
Demandante: Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica S.A. E.S.P.
(en adelante DICEL)1
Demandada: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante
SSPD)
Acción: Nulidad y Restablecimiento del derecho – Código Contencioso
Administrativo
Tesis: Es cierto que en la sentencia enjuiciada no se estudió el cargo relacionado
con el desconocimiento del artículo 111 de la Ley 142 de 1994.
No son nulos por infracción de normas superiores, los actos administrativos
mediante los cuales la SSPD sancionó a la empresa demandante, si entre la primera
decisión emitida en ese procedimiento y la expedición del acto definitivo se superó
el término de 5 meses.
No son nulos por violación de normas superiores, los actos administrativos por los
cuales la SSPD sancionó a una empresa de servicios públicos, si entre la apertura
de la investigación sancionatoria y la ejecutoria del acto definitivo, no transcurrieron
más de 3 años.
No son nulos, por infracción de normas superiores y falsa motivación, los actos
administrativos mediante los cuales la SSPD sancionó a una empresa por ofrecer a
los usuarios de una copropiedad el servicio de energía eléctrica en el nivel II, pese
a que estos lo recibían en el nivel I de tensión.
No son nulos, por infracción de normas superiores, los actos administrativos
mediante los cuales la SSPD sancionó a una empresa distribuidora de energía por
1 Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai.
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2003 00330 02
Demandante: Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica S.A. ESP
no permitir a los operadores de red acceder a la información de los equipos de
medida. ya fuera mediante lectura directa o consulta a la base de datos del
comercializador, necesaria para facturar los cargos por uso del STR y/o SDL.
No es cierto que las normas de las que deriva la facultad correctiva de la SSPD no
definieron con la precisión debida las conductas reprochables ni establecieron de
manera clara los criterios para la imposición de la multa.
No es cierto que no existía certeza sobre la infracción atribuida ni se evidenciaba
afectación en la prestación del servicio ni la reincidencia en las actuaciones de la
demandante.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2021 por la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda.
I.DEMANDA
1.1 Las pretensiones
1. La sociedad Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica S.A. E.S.P.
DICEL S.A. E.S.P. presentó demanda contra la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, solicitando en la demanda2 y en la reforma3 a la misma, lo siguiente a título
de pretensiones:
«A. Principales
1. Que se declare la nulidad de los siguientes Actos Administrativos (Actos
Impugnados) expedidos por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS: (i) la Resolución No. SSPD 006673 proferida el 7
2 Escrito de demanda inicial, Cfr. índice núm. 3 del expediente digital de Samai. Archivo denominado:
«PROCESO DIGITALIZADO(.ZIP) ». «20030033001C2». Págs. 7-39.
3 Escrito de reforma de la demanda, Cfr. índice núm. 3 del expediente digital de Samai. Archivo
denominado: «PROCESO DIGITALIZADO(.ZIP) ». «20030033001C2». Págs. 310-371.
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de septiembre de 1999 por el Superintendente Delegado de Energía y Gas, por
medio de la cual se impuso una sanción pecuniaria a la empresa
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A.
“DICEL S.A. E.S.P.”; (ii) la Resolución No. SSPD 009430 proferida el 7 de
diciembre de 1999, por medio de la cual el Superintendente Delegado para
Energía y Gas resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
No. SSPD 006673 y concedió el recurso de apelación ante el Superintendente
de Servicios Públicos Domiciliarios; y (iii) la Resolución No. SSPD 003434 del 3
de mayo de 2000, por medio de la cual el Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución
No. SSPD 006673 de 1999, notificada el 16 de diciembre de 2002.
2. Que, en consecuencia, se declare que COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. “DICEL S.A. E.S.P”. no está
obligada a pagar la sanción pecuniaria impuesta por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, a que se refiere la Resolución No. SSPD
006673 proferida el 7 de septiembre de 1999, cuyo monto fue ajustado mediante
la Resolución No. SSPD 009430 proferida el 7 de diciembre de 1999 y
confirmada mediante la Resolución No. SSPD 003434 del 3 de mayo de 2000,
notificada el 16 de diciembre de 2002.
3. Que, en consecuencia, ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios el reembolso de la suma pagada por COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. “DICEL S.A. E.S.P”., por
concepto de la sanción impuesta, junto con sus intereses, si se hubiera hecho
algún pago por la época de la sentencia.
4. Que se condene en costas a la parte demandada.
B. Subsidiarias
1. Que se declare que la conducta de la empresa COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. "DICEL S.A. E.S.P." no
generó daño, por cuanto no existió ni se demostró (i) impacto alguno de la
infracción sobre la buena marcha del servicio público de energía eléctrica y (ii)
reincidencia en la conducta de COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. "DICEL S.A. E.S.P.", objeto de sanción.
2. Que, en consecuencia, se reduzca el monto de la sanción en la suma que
determine el Despacho, a partir de los criterios de la dosimetría, graduación y
proporcionalidad de la sanción según el impacto de la infracción, la cual fue
impuesta a la empresa COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. "DICEL S.A. E.S.P." por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante: (i) la
Resolución No. SSPD 006673 proferida el 7 de septiembre de 1999 por el
Superintendente Delegado para Energía y Gas, por medio de la cual se impuso
una sanción pecuniaria a la empresa COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. "DICEL S.A. E.S.P."; (ii) la
Resolución No. SSPD 009430 proferida el 7 de diciembre de 1999, por medio
de la cual el Superintendente Delegado para Energía y Gas resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra la Resolución No. SSPD 006673 у concedió el
recurso de apelación ante el Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios; y (iii) la Resolución No. SSPD 003434 del 3 de mayo de 2000, por
medio de la cual el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios resolvió
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el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. SSPD 006673 de
1999, notificada el 16 de diciembre de 2002»4.
1.2 Los actos demandados
2. Las decisiones objeto de impugnación judicial corresponden a los siguientes
actos:
3. La Resolución 006673 del 7 de septiembre de 1999, «Por la cual se impone una
sanción a una empresa prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios» expedida
por el superintendente delegado para energía y gas, que en su parte resolutiva
señaló:
«ARTICULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad
denominada DICEL S.A. E.S.P. en favor de la Nación, pagadera por
consignación en efectivo o cheque de Gerencia en el Banco del Estado, cuenta
No. 012-081477 a nombre de “Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios”, por un valor equivalente a Dos Mil (2.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, o sea la suma de Cuatrocientos Setenta y Dos
Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Pesos Moneda Legal Colombiana
($472.876.000), la cual se hará efectiva en el término de 10 días hábiles para
su pago, contados a partir de la ejecutoria de esta Resolución. Por lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia […]»5.
4. La Resolución 009430 de 7 de diciembre de 1999, «Por medio de la cual se
resuelve un recurso de reposición interpuesto por la empresa denominada DICEL
S.A. E.S.P. en contra de la Resolución SSPD 006673 del 7 de septiembre de 1999»
expedida por el superintendente delegado para energía y gas combustible:
«ARTICULO PRIMERO. MODIFICAR la Resolución No. 006673 del 7 de
septiembre de 1999 en el sentido de que la multa será el valor equivalente a
676 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes o sea la suma de Ciento
Cincuenta y Nueve Millones Ochocientos treinta y Dos Mil Ochenta y Ocho
Pesos Moneda Legal Colombiana ($ 159.832.088) y no la Dos Mil Salarios
Mínimos Legales Mensuales Vigentes equivalentes a Cuatrocientos Setenta y
4 Cfr. índice núm. 3 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: «PROCESO
DIGITALIZADO(.ZIP) ». «20030033001C2». Págs. 313-314.
5 Cfr. índice núm. 3 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: «PROCESO
DIGITALIZADO(.ZIP) ». «20030033001C2». Págs. 76-139.
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Dos Millones Ochocientos Setenta y Seis Pesos Moneda Legal Colombiana
($472.876.000) como se había manifestado en la Resolución No. 006673»6.
5. La Resolución 003434 de 3 de mayo de 2000, «Por medio de la cual se resuelve
el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución SSPD 006673 del 7 de
septiembre de 1999» expedida por el superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios:
«ARTÍCULO PRIMERO. – CONFÍRMESE la Resolución SSPD 006673 del 7 de
septiembre de 1999, por medio de la cual se sancionó a la sociedad
denominada Comercializadora y Distribuidora de Energía Eléctrica S.A. “DICEL
S.A. E.S.P.” con la modificación que se efectuó por el a quo mediante
Resolución SSPD 009430 del 7 de diciembre de 1999, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente Resolución […]»7.
1.3 Presupuestos fácticos
6. Anotó que esa empresa se constituyó por escritura pública 414 del 27 de febrero
de 1997 de la Notaría Primera de Palmira con el objeto principal de comercializar y
distribuir energía eléctrica.
7. Señaló que durante el año 1998, la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(en adelante CREG) y varias empresas prestadoras del servicio público de energía,
entre ellas ENERCALI y EPSA S.A. E.S.P., remitieron a la SSPD diversas
comunicaciones relacionadas con usuarios a quienes DICEL facturaba el servicio
aplicando la tarifa correspondiente al nivel de tensión II. En particular, mediante
oficio del 5 de noviembre de 1998, EPSA S.A. solicitó la apertura de una
investigación contra DICEL, indicando que esta se negó a permitirle el acceso a los
equipos de medida de sus usuarios y adicionalmente ofreció a propietarios de
unidades inmobiliarias cerradas, la facturación del servicio con la tarifa del nivel de
tensión II, pese a que los medidores individuales se encontraban conectados al nivel
I. Asimismo, mediante oficio del 19 de noviembre de 1998, ENERCALI S.A.
manifestó su inconformidad debido a que DICEL ofrecía medir y facturar a usuarios
6 Cfr. índice núm. 3 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: «PROCESO
DIGITALIZADO(.ZIP) ». «20030033001C2». Págs. 142-169.
7 Cfr. índice núm. 3 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: «PROCESO
DIGITALIZADO(.ZIP) ». «20030033001C2». Págs. 172-179.
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de unidades residenciales y centros comerciales en Cali aplicando igualmente la
tarifa del nivel de tensión II.
8. Señaló que frente a las anteriores peticiones, la SSPD inició investigación contra
DICEL dentro del expediente núm. 98-210-720. Alegó que posteriormente, la
accionada, mediante oficio núm. 98-529-029891-1 del 24 de diciembre de 1998,
formuló pliego de cargos contra DICEL con fundamento en varios hechos: (i) ofrecer
a usuarios potenciales y liquidar consumos de energía a usuarios ubicados en
edificios de propiedad horizontal o condominios cuyos equipos de medida se
encontraban en nivel de tensión I aplicando tarifas calculadas con los cargos por
uso del Sistema de Transmisión Regional (en adelante STR) y/o al Sistema de
Distribución Local (en adelante SDL) correspondientes al nivel de tensión II y
liquidando al operador de red únicamente hasta ese nivel, pese a que el punto de
entrega real estaba en nivel I; (ii) ofrecer a sus usuarios la prestación gratuita o a
precios inferiores al costo de servicios adicionales no contemplados en la tarifa; (iii)
impedir el acceso de los operadores de red a los equipos de medida de los usuarios
conectados a su STR y/o SDL y (iv) ajustar el múltiplo de medida de los equipos de
los usuarios Industrias Inval y Muebles Biova a la mitad del factor correcto, lo que
impedía el registro total del consumo realmente efectuado.
9. Aseguró que presentó descargos y solicitó pruebas, pero que la SSPD mediante
la Resolución 006673 del 7 de septiembre de 1999, estando por fuera del término
de 5 meses previsto en el artículo 111 de la Ley 142 de 1994, le impuso una sanción
pecuniaria equivalente a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto
es, $472.876.000,
10. Afirmó que contra la anterior decisión interpuso el recurso de reposición y en
subsidio el de apelación, el primero resuelto por el superintendente delegado para
energía y gas combustible a través de la Resolución 009430 de 7 de diciembre de
19998 en el sentido de modificar y disminuir el monto de la sanción a 676 salarios
8 «[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por la empresa
denominada DICEL S.A. E.S.P. en contra de la Resolución SSPD No. 006673 del 7 de septiembre
de 1999 […]».
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mínimos legales mensuales vigentes, es decir, a $159'832.088.
11. Arguyó que el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios mediante
Resolución 003434 de 3 de mayo de 2000 resolvió sin tener competencia para ello,
el recurso de apelación y confirmó lo dispuesto en la Resolución 009430 de 7 de
diciembre de 1999.
1.4 Normas violadas
12. Sostuvo que los actos acusados son ilegales por desconocer los artículos 4º,
29, 123, 338 y 367 de la Constitución Política, así como el artículo 240 del Código
de Régimen Político y Municipal. Adujo igualmente que fueron vulnerados el artículo
38 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), los artículos 81, 87.4
y 111 de la Ley 142 de 1994, el artículo 39 del Decreto 1842 de 1991, el artículo 3º
de la Resolución CREG 099 de 1997, los artículos 7.2 y 7.4 de la Resolución CREG
070 de 1998 y el artículo 2º de la Resolución CREG 082 de 2002.
1.4.1 Primer cargo: violación de los artículos 111 de la Ley 142 de 1994 y
38 del Código Contencioso Administrativo - caducidad de la facultad de la
Superintendencia de Servicios Públicos para imponer la sanción
13. Señaló que con los actos demandados se infringió el artículo 111 de la Ley 142
de 1994, pues se excedió el plazo allí previsto para imponer sanciones y que
igualmente se vulneró el artículo 38 del CCA al configurarse la caducidad de la
facultad sancionatoria. En su criterio, ello se evidencia porque entre la expedición
de la primera citación en su contra dentro del procedimiento administrativo, esto es,
la comunicación 98-529-029891-1 de 1998, y la Resolución. 003434 del 3 de mayo
de 2000, que puso fin a la actuación administrativa, transcurrieron más de 5 meses
en abierta contravención de lo dispuesto en la primera disposición legal en comento.
14. De otro lado, afirmó que la conducta que se le atribuyó tuvo lugar entre los
meses de mayo, agosto y septiembre de 1998, mientras que la Resolución 003434
del 3 de mayo de 2000, que puso fin a la actuación administrativa, quedó en firme
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el 16 de diciembre de 2002, fecha en la cual se practicó su notificación. Sostuvo que
ello evidencia que transcurrió un término superior a los 3 años previstos en el
artículo 38 del CCA como límite para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
administración, por lo que en su criterio el Superintendente de Servicios Públicos
carecía de competencia para imponer cualquier sanción a DICEL.
15. Aseveró que aplicar una sanción habiendo operado el fenómeno de la caducidad
y la falta de claridad conceptual respecto del sentido y alcance de las disposiciones
que debía aplicar la autoridad es contrario a los principios de economía, celeridad y
eficacia establecidos en el artículo 3 del C.C.A.
1.4.2 Segundo cargo: violación del artículo 81 de la Ley 142 de 1994 -
desproporción de la sanción impuesta
16. Argumentó que el monto de la sanción resultaba desproporcionado frente a la
conducta y al impacto de la infracción, en la medida en que esta no ocasionó
perjuicios a terceros, no afectó la prestación del servicio público y no correspondía
a un caso de reincidencia. Añadió que en la investigación adelantada por la
demandada no obra prueba alguna que demuestre que su conducta hubiera tenido
un impacto real sobre el servicio o generado interrupciones u obstáculos a su
adecuada prestación y sostuvo que los argumentos utilizados por la SSPD para
justificar la imposición de una sanción tan severa se basaron en meras
presunciones.
17. Señaló que no existía certeza ni por parte de la SSPD, ni de la CREG, ni de
los comercializadores de energía eléctrica, sobre la procedencia de la conducta
atribuida a DICEL, por lo que su actuación estuvo amparada por la buena fe y la
presunción de inocencia.
18. Sostuvo que se desconoció el principio de legalidad porque el artículo 81.2 de
la Ley 142 de 1994 no define con la precisión requerida las conductas sancionables,
lo que impide imponer una multa de manera plenamente ajustada a derecho.
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1.4.3 Tercer cargo: violación del debido proceso
19. Explicó que en la actuación administrativa se evidenciaron irregularidades
procesales tales como la incorporación al expediente de pruebas documentales sin
que las mismas se hubieran decretado, impidiendo que se discutiera su legalidad,
pertinencia y eficacia; se decretaron pruebas que no fueron solicitadas por DICEL y
que no estaban mencionadas en el pliego de cargos, imposibilitando la controversia
y vulnerando el derecho de defensa; al respecto señaló que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado en materia de la observancia a
cabalidad del debido proceso, el cual no solamente constituye un principio rector de
toda autoridad y garantía del administrado.
20. Aseguró que en la actuación adelantada por la demandada se le negó el decreto
de algunas pruebas como lo fueron las facturas de unos usuarios CODENSA y los
testimonios de Fernando Lecaros, Carlos Gómez, Salin Eduardo Radi Pulido y Sofia
Valencia.
1.4.4 Cuarto cargo: violación de los artículos 338 y 367 de la Constitución,
el artículo 87.4 de la Ley 142 de 1994, el artículo 39 del Decreto 1842 de 1991 y
el artículo 3º de la Resolución CREG 099 de 1997
21. Manifestó que las tarifas solo podían incorporar los costos efectivamente
incurridos por las empresas prestadoras de servicios públicos, conforme a las
estructuras de costos económicos de la prestación y al criterio de eficiencia
establecido en el artículo 87.1 de la Ley 142 de 1994. Alegó, además, que el artículo
367 de la Constitución Política permite el cobro de tarifas únicamente en la medida
en que respondan a la recuperación de los costos reales causados en la prestación
del servicio.
22. Añadió que, en la práctica todo lo relacionado con la administración, operación
y mantenimiento (en adelante AOM), así como con la reposición de los activos
eléctricos por parte del operador de red, solo se extiende hasta el dispositivo de
corte y conexión en el lado de alta del transformador. Expresó que a partir de dicho
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punto y hacia las redes internas de las copropiedades, los gastos de AOM y
reposición de activos eléctricos siempre han sido y son responsabilidad de los
copropietarios y que el operador de red nunca ha ejecutado tales actividades ni
asumido sus costos.
23. Indicó que el distribuidor no incurrió en costos ni gastos en las redes internas
para reducir el nivel de tensión hasta el nivel de utilización de los usuarios, por lo
que no podía cobrar por un servicio que no prestó. Afirmó que el proceso de
transformación del nivel de tensión fue ejecutado íntegramente por la copropiedad
que agrupaba a los usuarios internos. Lo anterior, afirmó, se ajusta al artículo 87.4
de la Ley 142 de 1994 y al artículo 4º de la Resolución CREG 099 de 1997.
1.4.5 Quinto cargo: violación del artículo 7.2 de la Resolución CREG núm.
070 de 1998
24. Sostuvo que la SSPD hizo una indebida interpretación de esta norma frente al
término de «usuario» al considerar que la expresión se refiere a una persona y no
a un grupo de usuarios.
25. Aseveró que no pretendió que los copropietarios de la unidad residencial
cerrada sean considerados conjuntamente como un usuario no regulado para
efectos de sustraerse de la regulación tarifaria de la CREG.
26. Recalcó que no infringió lo dispuesto en el numeral 7.2 de la Resolución CREG
070 de 1998, pues dicha norma permite, en concordancia con la Resolución CREG
107 de 1997, que los copropietarios se conecten al nivel II de tensión de la red del
distribuidor a través de un transformador de propiedad de la copropiedad y que en
consecuencia, tengan derecho a ser facturados en dicho nivel. Añadió que los
condominios, de acuerdo con las Leyes 182 de 1948, 16 de 1985 y 428 de 1998,
poseen personería jurídica, por lo que pueden ser considerados usuarios, y que no
existe norma que prohíba que el condominio o los copropietarios cuenten con
medidores individuales.
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27. Afirmó que no vulneró los artículos 1 y 24 de la Resolución CREG 118 de 1997,
el artículo 1 de la Resolución CREG 108 de 1997, el artículo 6 de la Ley 143 de
1994, así como los principios de igualdad y neutralidad tarifaria, pues el hecho de
que existan medidores individuales no desvirtúa que tanto el condominio como los
copropietarios sean, para efectos tarifarios, usuarios del nivel de tensión II ni que
deba facturárseles el servicio como si pertenecieran al nivel de tensión I.
28. Explicó lo anterior así: (i) la energía que reciben los copropietarios no es
entregada directamente por el distribuidor, sino por la red interna del condominio;
(ii) los derechos del comercializador y del distribuidor frente al condominio y sus
copropietarios se limitan hasta el registro de corte general de la copropiedad; (iii) la
red interna del condominio, que transforma la energía del nivel II al nivel I de tensión
es de propiedad exclusiva de los copropietarios; (iv) las Leyes 142 y 143 de 1994
no confieren derechos tarifarios a los comercializadores ni a los distribuidores por el
uso que los usuarios hagan de la red interna de la copropiedad; (v) las tarifas
reguladas en la Resolución CREG 070 de 1998 y en la Ley 143 de 1994 se refieren
a las obligaciones entre usuario y comercializador, mas no a las relaciones internas
dentro de las copropiedades; (vi) el artículo 12 del Decreto 1365 de 1986 establece
que los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal se consideran una
sola unidad, por lo que, si el condominio recibe energía en nivel II a este y a sus
copropietarios debe facturárseles a ese mismo nivel; (vii) de acuerdo con el artículo
87.2 de la Ley 142 de 1994 los copropietarios ocasionan al distribuidor los mismos
costos que el condominio y en consecuencia, tienen derecho a ser facturados a la
misma tarifa; y (viii) tanto el artículo 367 de la Constitución como el artículo 87.4 de
la Ley 142 de 1994 permiten el cobro de tarifas únicamente en la medida en que
respondan a criterios de recuperación de costos efectivamente causados.
1.4.6 Sexto cargo: violación del artículo 7.4 de la Resolución CREG núm.
070 de 1998
29. Adujo que no vulneró el artículo 7.4 de la Resolución CREG 070 de 1998, pues,
a su juicio, dicha norma permite al operador de red acceder a la información ya sea
mediante lectura directa o a través de la consulta de la base de datos de registros
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del comercializador. En esa medida, sostuvo que autorizó a los operadores de red
a optar por esta última alternativa, entendiendo que bastaba admitir una de las dos
vías previstas. Agregó que, una vez recibió un concepto del Dr. Hugo Palacios
Mejía, experto en la materia, remitió comunicaciones a los operadores de red
informándoles el listado de usuarios para que pudieran acceder de manera directa
e inmediata a los equipos de medida.
30. Indicó que, tal como lo reconoció la SSPD, lo ocurrido fue una interpretación
errónea por parte de DICEL del régimen aplicable en materia de libre acceso a los
equipos de medida, lo que demuestra que no existió culpa ni dolo, elementos
necesarios para la imputación de una sanción de naturaleza disciplinaria.
1.4.7 Séptimo cargo: falsa motivación
31. Manifestó que los actos administrativos acusados adolecen de indebida
motivación, en la medida en que se sustentaron en la presunta violación manifiesta
de una norma cuyo contenido y alcance no eran claros ni para sus destinatarios ni
para la propia autoridad investigadora. Sostuvo que, ante tal falta de claridad
normativa no era jurídicamente posible imponer una sanción, pues ello hacía
plausible incurrir en un error de interpretación.
32. Adujo que a lo largo de la investigación administrativa, quedó evidenciado que
la controversia giraba en torno a un problema de interpretación jurídica, razón por
la cual la propia SSPD consideró necesario consultar a la CREG y solicitar un
concepto del asesor experto Dr. Hugo Palacios Mejía, quien concluyó que la
actuación de DICEL S.A. E.S.P. se ajustaba a derecho y que la posición de la CREG
en este punto había sido contradictoria. Sostuvo que esta circunstancia debió haber
dado lugar a la exclusión de responsabilidad, conforme con el numeral 6º del artículo
28 de la Ley 734 de 2002, en virtud de la inexistencia de culpa.
33. Indicó que los actos administrativos acusados carecen de una motivación
adecuada, por las siguientes razones: (i) los documentos citados en el inciso
segundo del numeral 1º de los considerandos de la Resolución SSPD 006673 de
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1999, que sirvieron de base para la apertura de la investigación, no correspondían
en su totalidad a oficios de la CREG y en todo caso, aquellos que sí provenían de
dicha entidad no fueron remitidos a la empresa, salvo los que obran a folios 420 a
422 del expediente administrativo; (ii) los conceptos emitidos por la CREG bajo los
números MMECREG-1882, 1518 y 1264 presentaban criterios contradictorios entre
sí; (iii) su conducta no constituyó un hecho aislado, pues a nivel nacional existía una
controversia jurídica sobre la comercialización de energía eléctrica en condominios
y unidades inmobiliarias cerradas; (iv) la comercializadora no asesoró a los usuarios
para la creación de personas jurídicas, dado que la propiedad horizontal constituye
una persona jurídica distinta de cada uno de los propietarios de los inmuebles y (v)
la comercializadora no abusó ni se aprovechó de la buena fe de los usuarios al
ofrecerles tarifas atractivas o distintas a las que corresponderían al usuario final
dentro del mercado del servicio público de energía eléctrica.
II.CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
34. La parte demandada9 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas así:
2.1. Primer cargo: violación de los artículos 111 de la Ley 142 y 38 del Código
Contencioso Administrativo - caducidad de la facultad de la Superintendencia
de Servicios Públicos para imponer la sanción
35. Adujo que el artículo 111 de la Ley 142 de 1994 no es una norma de carácter
preclusivo, perentorio o prescriptivo respecto de la facultad sancionatoria de la
SSPD. Sostuvo que dicha disposición únicamente fija un término orientado a
asegurar la gestión y eficiencia del trámite investigativo por parte de la autoridad
competente, de modo que su incumplimiento, solo podría dar lugar a eventuales
consecuencias de orden administrativo o disciplinario en casos de negligencia, pero
no a la caducidad de la potestad sancionatoria de la entidad.
9 Cfr. índice núm. 3 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: “PROCESO
DIGITALIZADO(.ZIP)”. “20030033001C2”. Págs. 285-303 y 447-462.
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36. Argumentó que, si bien es cierto que a la Superintendencia le resulta aplicable
el artículo 38 del C.C.A., en el presente caso la sanción fue impuesta dentro del
plazo legal. Señaló que, entre el momento en que DICEL cesó la conducta
investigada y la fecha de expedición de la Resolución SSPD 3434 del 3 de mayo de
2000, no transcurrieron los 3 años previstos en dicha norma, por lo cual la facultad
sancionatoria no había caducado. En otros términos, sostuvo que lo relevante es el
lapso comprendido entre los hechos ocurridos en 1998 y la expedición del acto
sancionatorio y no la fecha de su notificación.
2.2. Segundo cargo: violación del artículo 81 de la Ley 142 de 1994 -
desproporción de la sanción impuesta
37. Indicó que la sanción impuesta al accionante se fijó dentro del marco de la
naturaleza y gravedad de la falta. En efecto, destacó que se determinó que su
conducta tuvo un impacto profundo y negativo en el mercado y en la adecuada
prestación del servicio público, pues además de infringir la regulación aplicable,
afectó los derechos del operador de red a acceder a la información necesaria para
verificar los consumos reales y cumplir con los presupuestos del artículo 146 de la
Ley 142 de 1994. Añadió que también se vulneró el principio constitucional de
igualdad, al otorgarse un tratamiento diferenciado a los usuarios de condominios y
unidades inmobiliarias cerradas, a quienes se debía facturar individualmente de
acuerdo con sus consumos y con el nivel de tensión aplicable a los usuarios finales
en condiciones equivalentes.
38. Recalcó que el principio de buena fe y la presunción de inocencia no exoneraban
a la demandante del cumplimiento de los mandatos normativos, máxime cuando la
CREG le había advertido expresamente que su actuación contrariaba la regulación
expedida por dicha entidad. Señaló que, pese a esas advertencias, la empresa
mantuvo la conducta cuestionada, circunstancia que descarta la posibilidad de
ampararse en tales principios para excluir su responsabilidad.
2.3. Tercer cargo: violación del derecho de defensa y debido proceso
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39. Manifestó que se garantizó plenamente el debido proceso a la parte
demandante, en tanto se dio respuesta a cada uno de los oficios y peticiones que
presentó, se analizaron las pruebas allegadas conforme a las reglas de la sana
crítica y se practicaron aquellas que resultaron pertinentes. Añadió que se surtió el
traslado de las pruebas incorporadas para asegurar su debida contradicción y que
la actora ejerció su derecho de defensa frente a la decisión de negar determinados
medios probatorios, decisión que, indicó, se adoptó porque tales elementos no eran
necesarios para resolver la controversia.
2.4. Cuarto cargo: violación de los artículos 338 y 367 de la Constitución, el
artículo 87.4 de la Ley 142, el artículo 39 del Decreto 1842 y el artículo 3 de la
Resolución CREG núm. 099 de 1997
40. Señaló que si bien las empresas prestadoras deben observar el principio de
recuperación de costos, no es cierto que la SSPD haya vulnerado dicho principio al
expedir el acto administrativo objeto de controversia. Explicó que, aunque la
recuperación de costos es obligatoria, esta debe realizarse dentro del régimen
tarifario definido por la CREG y no a partir de interpretaciones unilaterales del
comercializador sobre el nivel de tensión aplicable para calcular la tarifa.
2.5. Quinto cargo: violación del artículo 7.2 de la Resolución CREG núm. 070
de 1998
41. Adujo que no es cierto que la Superintendencia haya interpretado
indebidamente la expresión «un usuario» contenida en la anotada disposición,
entendiéndola como equivalente a «una persona», ni mucho menos que dicha
expresión deba comprenderse como «cualquier usuario». Sostuvo que conforme a
los artículos 9.1 y 14.25 de la Ley 142 de 1994, así como a la definición prevista en
el numeral 14.33 del mismo artículo 14, debe entenderse por usuario final la persona
natural o jurídica que se beneficia de la prestación del servicio público, ya sea como
propietaria del inmueble donde se presta efectivamente el servicio o como receptora
directa del mismo.
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42. Precisó que los inmuebles que integran los condominios o unidades
habitacionales debían ser medidos de manera individual como usuarios del servicio
y que no era posible concluir que por existir zonas comunes privadas, el conjunto
de la copropiedad pudiera considerarse un único usuario final o un inmueble
individualizado. Señaló que las zonas privadas corresponden a bienes diferenciados
cuya propiedad está individualizada, por lo que los usuarios residenciales
pertenecientes a los condominios debían ser facturados por los consumos
efectivamente causados, aplicando el nivel de tensión correspondiente a los
usuarios finales residenciales, esto es, el nivel de tensión I.
43. Explicó que el demandante incumplió lo dispuesto en los artículos 1 y 24 de la
Resolución CREG 108 de 1997, pues el hecho de que los copropietarios cuenten
con un contador en sus unidades privadas, además del contador general de la
copropiedad, demuestra que dichos usuarios se encuentran en condiciones fácticas
equivalentes a las de cualquier usuario residencial individual. En esa medida, debía
cobrárseles el servicio conforme al nivel de tensión I, en igualdad de condiciones
con los usuarios residenciales que no hacen parte de un régimen de propiedad
horizontal.
44. En cuanto al artículo 4 de la Resolución CREG 099 de 1997, indicó que los
cargos por uso de los sistemas de distribución local deben cobrarse a los usuarios
finales de las unidades inmobiliarias cerradas, pues dicho cobro está previsto
expresamente en la regulación de la CREG y resulta obligatorio para las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
2.6. Sexto cargo: violación del artículo 7.4 de la Resolución CREG núm. 070
de 1998
45. Alegó que la multa impuesta al accionante se fundamentó en el desconocimiento
del artículo 7.4 de la Resolución CREG 070 de 28 de mayo de 1998, al no permitir
al operador de red el acceso a la información del consumo de energía eléctrica, lo
cual podría generar dificultades en la determinación de los consumos reales y en la
verificación de la veracidad de los datos reflejados en las facturas. Añadió que la
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afirmación del demandante según la cual, una vez entendió el contenido y alcance
del citado artículo adoptó medidas frente a los operadores de red, constituye en sí
misma una admisión de que su conducta inicial fue contraria al ordenamiento
jurídico.
2.7. Séptimo cargo: falsa motivación
46. Afirmó que las personas jurídicas no son susceptibles de actuar con dolo o culpa
en sentido estricto, por tratarse de elementos subjetivos propios de las personas
naturales. En esa medida, no es acertado afirmar como lo hace el demandante, que
la empresa no actuó de manera premeditada o con conocimiento de que su
conducta contravenía la regulación, pues tales apreciaciones no son predicables de
una persona jurídica.
III.TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. En sentencia del 6 de febrero de 2012, la Subsección C en descongestión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad de los actos
enjuiciados, al considerar que se había configurado la caducidad de la potestad
sancionatoria prevista en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo.
3.2. Inconforme con dicha decisión, la SSPD interpuso recurso de alzada, el cual
fue resuelto favorablemente a sus pretensiones mediante sentencia del 13 de
agosto de 2020 proferida por la Sección Primera de esta Corporación, en la que se
ordenó revocar la providencia recurrida y devolver el proceso al Tribunal para que
se pronunciara de fondo sobre los demás cargos de la demanda.
IV.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
47. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 16 de septiembre de 202110,
10 Cfr. índice núm. 3 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: “PROCESO
DIGITALIZADO(.ZIP)”. “20030033001C1”. Págs. 119-196.
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resolvió:
«1°) Deniéganse las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad
Distribuidora y Comercializadora DE Energía Eléctrica DICEL S.A. E.S.P, contra
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por las razones
expuestas en la parte motiva.
2°) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia […]».
3.1. Primer cargo: caducidad de la facultad sancionatoria de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD
48. Indicó que de acuerdo con la sentencia del 29 de septiembre de 2009, emitida
por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el proceso con radicado 11001 03 15
000 2003 00442 01, la facultad sancionatoria no caduca si dentro del término de 3
años previsto en el artículo 38 del C.C.A, se expide y se notifica el acto
administrativo definitivo.
49. Alegó que en el presente asunto la actuación administrativa en contra de la
actora se inició en 1998, a partir de varios oficios de queja elevados por EMCALI
EICE E.S.P. y EPSA S.A. por la presunta vulneración del régimen de competencia.
Señaló que el hecho objeto de investigación ocurrió el 7 de mayo de 1998, fecha en
la cual la demandante ofreció a los usuarios del conjunto Palmar de Coomeva el
suministro de energía en el nivel de tensión II, pese a que pertenecían al nivel I, lo
cual redundaba en una tarifa inferior, configurándose así la conducta prevista en el
artículo 18 de la Ley 256 de 1999.
50. En esa línea, dado que el comportamiento investigado tuvo lugar el 7 de mayo
de 1998, la SSPD tenía hasta el 7 de mayo de 2001 para expedir el acto
sancionatorio, lo cual se cumplió con la emisión de la Resolución SSPD 006673 del
7 de septiembre de 1999, notificada mediante edicto desfijado el 1º de octubre de
1999. En consecuencia, concluyó que no se configuró la caducidad de la facultad
sancionatoria, posición refrendada por la Sección Primera del Consejo de Estado
en sentencia del 13 de agosto de 2020, al resolver el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia dictado en este mismo asunto, en la cual concluyó que no
operó la caducidad de la potestad sancionatoria prevista en el artículo 38 del C.C.A.
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3.2. Segundo cargo: violación del artículo 81 de la Ley 142 de 1994-
desproporción de la sanción impuesta
51. Afirmó que el artículo 81 de la Ley 142 de 1994 establece los criterios para la
imposición de sanciones atendiendo la naturaleza y gravedad de la falta, el impacto
de la infracción en la buena marcha del servicio público y el eventual factor de
reincidencia. Sostuvo que la SSPD en las resoluciones acusadas llevó a cabo un
análisis de razonabilidad y proporcionalidad conforme a dichos criterios al calificar
las faltas como gravísimas por vulnerar de manera intensa el ordenamiento jurídico
y carecer de justificación.
52. Concluyó que la multa impuesta no fue desproporcionada, sino que obedeció a
los parámetros fijados por la normativa aplicable y a la función de salvaguardar los
derechos de los usuarios, razón por la cual no era procedente reducir su monto,
máxime cuando se comprobó que la demandante desconoció lo dispuesto en el
artículo 1º de la Resolución CREG 108 de 1997, el numeral 7.2 de la Resolución
CREG 070 de 1998 y el artículo 4º de la Resolución CREG 099 de 1997.
3.3. Tercer cargo: violación del derecho de defensa y debido proceso
53. Consideró que en el curso de la actuación administrativa se garantizó
plenamente el debido proceso y el derecho de defensa de la demandante, en la
medida en que desde el inicio la SSPD puso en su conocimiento la totalidad de la
documentación valorada y le otorgó el término pertinente para intervenir y ejercer
sus facultades de contradicción. Añadió que, respecto de las pruebas, se analizaron
las allegadas con la contestación de descargos conforme a las reglas de la sana
crítica y se practicaron aquellas que resultaron pertinentes, conducentes y
necesarias, incluida la audiencia celebrada el 30 de abril de 1999. De igual forma,
la demandante tuvo la oportunidad de controvertir la decisión de negar ciertas
pruebas por innecesarias.
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3.4. Cuarto y quinto cargo: violación de los artículos 338 y 367 de la
Constitución, el artículo 87.4 de la Ley 142, el artículo 39 del Decreto 1842 y el
artículo 3º de la Resolución CREG núm. 099 de 1997; y artículo 7.2 de la
Resolución CREG núm. 070 de 1998
54. Evaluó de manera conjunta los cargos cuarto y quinto de la demanda afirmando
que comparten elementos concernientes al uso de la red de distribución, a los
costos en que incurren los operadores de red por el transporte de energía a través
de redes de uso general, a la determinación de la tarifa aplicable a los consumos de
usuarios ubicados en redes de conexión pertenecientes a propiedades horizontales
y a las decisiones proferidas por la CREG sobre estas materias.
55. Señaló que conforme a la Resoluciones CREG 070 de 1998 y CREG 108 de
1997, un usuario pertenece al nivel de tensión al cual esté conectado su equipo de
medida. Indicó que en el presente asunto la sociedad demandante ubicó a sus
usuarios en una categoría diferente a la que realmente les correspondía. Agregó
que si bien la norma permite que el usuario opte por conectar su medidor al nivel de
alta tensión del transformador, la facturación en nivel II a quienes pertenecían al
nivel I no derivó de una decisión voluntaria sino de una práctica reiterada de la
empresa. Ello se evidencia en las comunicaciones del expediente en las que
diversos usuarios afirmaron que la compañía les ofreció el servicio de energía y el
cambio de nivel de tensión.
56. Enfatizó que conforme a la Ley 182 de 1948, los usuarios finales en los
inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal son los propietarios o
habitantes de cada piso o apartamento independiente, así como las copropiedades
o sociedades que se constituyan para la administración de las zonas comunes y la
prestación de los servicios públicos necesarios para su mantenimiento. Sin
embargo, al no facturar directamente a dichos usuarios finales en las unidades
inmobiliarias cerradas, se desconoció lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución
CREG 099 de 1997.
57. Alegó que se infringió el artículo 6º de la Resolución CREG 108 de 1997, el cual
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dispone que los distribuidores no pueden establecer condiciones discriminatorias en
la prestación del servicio para los usuarios conectados a una misma red local,
incluso cuando existan varios comercializadores con usuarios vinculados a dicha
red, salvo que concurran razones técnicas comprobables que impidan ofrecer
iguales condiciones de servicio. Sostuvo que al no aplicar este criterio en el caso de
las unidades inmobiliarias cerradas, la demandada vulneró el mandato de trato
equitativo previsto en la citada regulación.
58. Refirió que la reglamentación expedida por la CREG no puede interpretarse de
manera aislada sino de forma integral, de modo que en materia de medición debe
prevalecer la noción de usuario final individual, a quien corresponde facturar el
servicio con fundamento principal en su consumo real y no con base en el nivel de
tensión al que pertenezcan las redes internas del condominio. Sostuvo que esta
interpretación contrasta con la posición de la sociedad demandante DICEL S.A.
E.S.P., que pretendía justificar la facturación en nivel de tensión II sin atender al
consumo individual de cada usuario final.
3.5. Sexto cargo: violación del artículo 7.4 de la Resolución CREG núm. 070
de 1998
59. Consideró que la parte accionante vulneró lo dispuesto en el artículo 7.4 de la
Resolución CREG 070 de 28 de mayo de 1998, al impedir que el Operador de Red
accediera a la información relativa al consumo de energía eléctrica. Señaló que
dicha restricción obstaculizó la verificación de los consumos reales y en
consecuencia, impidió corroborar la veracidad de los datos incorporados en las
facturas.
3.7. Séptimo cargo: falsa motivación
60. Analizó la actuación administrativa indicando que esta se inició el 24 de
diciembre de 1998 por la presunta infracción al ordenamiento de servicios públicos.
Resaltó que los actos administrativos fueron emitidos con fundamento en el artículo
2, el inciso 2 del artículo 365 y el artículo 370 de la Carta Política y atendiendo lo
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dispuesto en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994.
61. Destacó que la SSPD desde el inicio de la actuación administrativa, puso en
conocimiento de la actora los hechos objeto de investigación, las normas aplicables
y las pruebas relacionadas con cada conducta en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 9 de la Ley 142 de 1994, que garantiza a los usuarios de servicios públicos
domiciliarios el derecho a una medición real de sus consumos y a recibir información
completa sobre la prestación del servicio. Añadió que en el acto sancionatorio se
expusieron de manera detallada los fundamentos de la responsabilidad atribuida al
demandante frente a cada una de las conductas imputadas, así como el impacto
derivado de su reiterado desconocimiento de las normas superiores.
62. Concluyó que no era atendible la pretensión de la demandante de restar
legitimidad a la actuación de la entidad, pues a lo largo del proceso quedó
demostrada la procedencia y suficiencia de los motivos que sustentaron la
imposición de la sanción.
V.RECURSO DE APELACIÓN
63. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente, recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia el 16 de septiembre de
2021, con base en los siguientes argumentos11:
4.1. « En relación con el PRIMER CARGO: Operó la caducidad de la facultad
sancionatoria de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
sobre DICEL (Violación del artículo 111 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 38
del Código Contencioso Administrativo)»12.
4.1.1. «Violación del artículo 111 de la Ley 142 de 1994»13
11 Cfr. índice núm. 3 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: “PROCESO
DIGITALIZADO(.ZIP)”. “CD1 Folio143 cuaderno 1” “25 oct. 2021” “Recurso de apelación - Rad.
25000-23-24-2003-00330-01 -DICEL S.A. E.S.P.”
12 Folio 9 del recurso de alzada.
13 Ibidem.
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64. Señaló que el Tribunal omitió pronunciarse sobre el cargo relativo a la
vulneración del término previsto en el artículo 111 de la Ley 142 de 1994,
limitándose únicamente a analizar la caducidad de la facultad sancionatoria
regulada en el artículo 38 del CCA. Sostuvo que, al desconocerse el plazo especial
contemplado en la primera de dichas normas, la SSPD perdió competencia para
emitir un pronunciamiento de fondo dentro de la investigación y, por ende, para
imponer la sanción que fue objeto de los actos acusados.
65. Reiteró que el artículo 111 de la Ley 142 de 1994 constituye una norma especial
que fija un término perentorio de 5 meses para concluir la actuación administrativa
contados a partir de la primera citación o comunicación dentro del proceso. En esa
medida, afirmó que en el caso sub judice se configuró la pérdida de competencia de
la SSPD para imponer la sanción, pues el pliego de cargos fue comunicado el 24 de
diciembre de 1998 y el acto sancionatorio solo fue expedido el 7 de septiembre de
1999, cuando ya habían transcurrido aproximadamente 8 meses desde el inicio
formal del trámite.
66. «Violación del artículo 38 del CCA»14
67. Sostuvo que la decisión de unificación del 29 de septiembre de 2009, citada por
el Tribunal para resolver el cargo relativo al término previsto en el artículo 38 del
CCA, fue revocada mediante sentencia del 27 de febrero de 2014. En consecuencia,
dejó de estar vigente y no podía ser invocado para sustentar la decisión adoptada
en primera instancia.
60. Refirió que la postura jurisprudencial aplicable es aquella según la cual dentro
del término establecido por la Ley 142 de 1994, la administración no solo debe
expedir el acto definitivo que pone fin a la actuación sancionatoria sino también
resolver los recursos que se interpongan en su contra. En su criterio, la exigencia
de que toda la actuación administrativa incluida la decisión de los recursos, concluya
14 Visible a folio 12 del recurso de alzada
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dentro del plazo legal constituye un presupuesto indispensable para la validez del
ejercicio de la potestad sancionatoria.
61. Indicó que en todo caso la anotada la sentencia de 29 de septiembre de 2009
tampoco era aplicable a este asunto ya que en esa decisión se efectuó un estudio
de las normas aplicables al régimen sancionatorio disciplinario.
62. Arguyó que de efectuarse una interpretación armónica de los artículos 38 y 64
del CCA, debía concluirse que para evitar la caducidad de la potestad sancionatoria
es necesario que dentro del término legal se profiera la decisión de fondo y esta
quede debidamente ejecutoriada. En esa línea, sostuvo que en el presente asunto
también operó la caducidad prevista en el artículo 38 del CCA, dado que la conducta
imputada a DICEL ocurrió presuntamente en los meses de mayo, agosto y
septiembre de 1998, según se desprende del pliego de cargos del 24 de diciembre
de 1998, mientras que la notificación de la Resolución SSPD 003434 del 3 de mayo
de 2000, que puso fin a la actuación administrativa se produjo el 16 de diciembre de
2002. En consecuencia, entre estos dos momentos transcurrió un término superior
a tres (3) años configurándose en su criterio, la caducidad de la potestad
sancionatoria.
4.2. «En relación con el SEGUNDO CARGO: Existió una sanción
desproporcionada sobre DICEL (Violación del artículo 81 de la Ley 142 de
1994)»15
68. Afirmó que no incurrió en conducta alguna que vulnerara las normas aplicables
ni generara riesgos para la adecuada prestación del servicio, de modo que no era
procedente imponerle sanción alguna.
69. Agregó que la multa desconoció los criterios de dosificación, razonabilidad y
proporcionalidad que orientan la potestad sancionatoria, como quiera que no existía
certeza sobre la infracción atribuida, no se evidenció afectación alguna en la
15 Visible a folio 16 del recurso de alzada
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prestación del servicio ni que su conducta fuera reincidente.
61. Alegó que se configuró una vulneración del principio de legalidad toda vez
que el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 no contiene la determinación, definición
ni claridad necesarias para que las multas impuestas por la SSPD se ajusten a
derecho. En particular, reprochó que la conducta que le fue atribuida hubiera sido
calificada como gravísima sin que en los actos acusados se explicara la razón de
dicha clasificación ni la norma específica que la sustentaba.
4.3. Tercer cargo: violación del derecho de defensa y debido proceso
70. Reiteró la vulneración del debido proceso al considerar que la actuación
administrativa concluyó con diversas irregularidades. En particular, sostuvo que se
incorporaron al expediente pruebas documentales que no habían sido decretadas,
lo que le impidió controvertir su pertinencia, conducencia y utilidad; que se
ordenaron pruebas no solicitadas por el investigado ni enlistadas en el pliego de
cargos, lo cual imposibilitó su oposición.
62. Cuestionó igualmente la negativa a practicar los testimonios técnicos de los
señores Fernando Lecaros, Carlos Gómez Gómez, Salin Eduardo Radi Pardo y
Sofía Valencia, pese a que eran pertinentes, útiles y conducentes. Añadió que
tampoco se incorporaron al expediente facturas de usuarios de Condensa que
evidenciaban que la conducta atribuida a dicha empresa correspondía a un hecho
aislado.
4.4. «En relación con el CUARTO CARGO: Los actos administrativos se
expidieron con violación de los artículos 338 y 367 de la Constitución Política,
87.4 de la Ley 142 de 1994, 39 del Decreto 1842 de 1991 (Estatuto Nacional de
Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios) y 3 de la Resolución CREG
099 de 1997»16.
16 Visible a folio 25 del escrito de apelación.
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71. Transcribió el artículo 87.4 de la Ley 142 de 1994 y reiteró que no vulneró el
principio de recuperación de costos.
4.5. «En relación con el QUINTO CARGO: Los actos administrativos se
expidieron con violación del numeral 7.2 de la Resolución CREG 070 de
1998»17
4.5.1. «No existió una violación de los artículos 1 y 24 de la Resolución CREG
1108 de 1997 por parte de DICEL»
72. Transcribió el artículo 7.2 de la Resolución CREG núm. 070 de 1998 y reiteró
que se interpretó indebidamente la expresión "un usuario" entendiendo que esta
equivale a "una persona" cuando en concepto de reconocidos expertos como Hugo
Palacios Mejía la expresión equivale a "cualquier usuario".
73. Enfatizó en que dado que los copropietarios se encuentran conectados de
manera indirecta al nivel de tensión II a través de la red interna del condominio,
situación permitida por el artículo 1º de la Resolución CREG 108 de 1997, los
consumos que realicen deben facturarse con la tarifa correspondiente a dicho nivel,
pues tanto la red interna como el contador ubicado en la frontera comercial son de
propiedad de la copropiedad. Agregó que, conforme a la Resolución CREG 070 de
1998, el nivel de tensión aplicable para efectos tarifarios lo determina el punto en el
cual se mide la energía que recibe el usuario, por lo que no era procedente facturar
a nivel I a usuarios cuya medición se efectuaba en nivel II.
74. Arguyó que no se configuró violación del numeral 7.2 de la Resolución CREG
070 de 1998, pues su actuación obedeció a una interpretación de buena fe del
régimen aplicable. Añadió que cuando existe una duda razonable sobre el contenido
o alcance de una disposición normativa, la interpretación que adopte el investigado
no puede ser calificada como conducta constitutiva de culpa grave y mucho menos
de dolo.
17 Ibidem.
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75. Indicó que al permitir la facturación en el nivel de tensión II si el usuario
pertenece a un condominio no es una violación del numeral 7.2 de la Resolución
CREG 070 de 1998 toda vez que esta norma permite, en concordancia con el
artículo primero de la Resolución CREG 108 de 1997, que los copropietarios como
integrantes de un condominio que se encuentra dotado de personería jurídica
conecten a nivel de tensión II de la red de distribuidor a través del transformador de
propiedad del condominio, lo cual les da derecho a que se les facture el servicio a
la tarifa correspondiente de dicho nivel.
76. Sostuvo que las Leyes 142 y 143 de 1994 no confieren derechos tarifarios a los
comercializadores ni a los distribuidores por el uso que los usuarios hagan de la red
interna de los inmuebles. Agregó que la Resolución CREG 070 de 1998 y la Ley
143 de 1994 regulan únicamente las obligaciones entre el usuario y el
comercializador y que la CREG no cuenta con facultades legales para fijar tarifas
aplicables al interior de las redes internas de las copropiedades.
77. Refirió que no era cierto que hubiera infringido el artículo 1 de la Resolución
CREG 108 de 1997, pues dicha disposición permite que un usuario se encuentre
conectado indirectamente al nivel de tensión correspondiente, situación que ocurre
en los condominios y unidades inmobiliarias cerradas cuyos copropietarios reciben
la energía en nivel de tensión II a través del transformador de la copropiedad. Añadió
que tampoco vulneró los artículos 1 y 24 de la misma resolución por la existencia
de medidores individuales instalados tanto para el condominio como para cada
copropietario, ya que la presencia de tales equipos no modifica el nivel de tensión
al que pertenecen para efectos tarifarios ni implica que deba facturárseles el servicio
a nivel de tensión I.
4.5.2. «No existió violación del artículo 4 de la Resolución CREG 099 de 1998
por parte de DICEL»18
18 Folio 31 ibidem.
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78. Anotó que no se violó el artículo 4 de la Resolución CREG 099 de 1998, porque
no cobró a los usuarios finales de las unidades inmobiliarias cerradas los cargos por
uso de los sistemas de distribución local.
79. Al respecto precisó que de conformidad con el artículo 3 de la Resolución CREG
0997 los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional - STR y/o
Distribución Local – SDL, tienen como objeto remunerar al transportador la
infraestructura eléctrica necesaria para llevar el suministro desde la salida del
Sistema de Transmisión Nacional hasta el punto de entrega del usuario.
80. En ese orden, destacó que de acuerdo con el ciudadano Hugo Palacios Mejía,
en concepto rendido a esa empresa, cualquier pago que sea haga a una empresa
distribuidora y que no implique un costo registrado o estimado razonablemente,
desconoce el principio de suficiencia financiera y se convierte en una renta.
81. Según lo declarado por el testigo Milton Fabián Morales, los usuarios que la
SSPD tomó como referencia para imponer la sanción eran propietarios exclusivos
de los activos de distribución interna, incluidos los transformadores y equipos
asociados ubicados en nivel de tensión I. Añadió que pese a ello, dichos usuarios
recibían la energía conectados a nivel de tensión II, circunstancia que justificaba el
tratamiento tarifario aplicado.
4.5.3. «No existió violación del artículo 6 de la Ley 142 de 1994 por parte de
DICEL»19
82. Insistió en que no se vulneró el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 relativo al
principio de igualdad y neutralidad tarifaria entre usuarios residenciales finales, pues
los residentes de unidades inmobiliarias cerradas o condominios no se encuentran
en las mismas condiciones que los usuarios residenciales individuales que no
pertenecen a dichas copropiedades. Explicó que estos últimos no han debido asumir
los costos asociados a la inversión en transformadores y redes internas necesarias
19 Folio 36 del escrito de apelación.
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para reducir el nivel de tensión hasta el utilizable por los copropietarios, lo que
justifica un tratamiento tarifario diferenciado.
4.6. «En relación con el SEXTO CARGO: Inexistencia de la violación del
numeral 7.4 de la Resolución CREG 070 de 1998 por parte de DICEL»20
83. Transcribió el artículo 7.4 de la Resolución CREG 070 de 1998 y sostuvo que
de dicha disposición se desprende que el operador de red tiene derecho a acceder
a la información del consumo ya sea mediante la lectura directa del equipo de
medida o a través de la consulta a la base de datos del comercializador. En su
criterio, cualquiera de estas dos alternativas resulta suficiente para considerar
garantizado el derecho de acceso del operador de red.
84. Acotó que interpretar la norma en el sentido de exigir simultáneamente las dos
alternativas implicaría desconocer la opción regulatoria prevista por la CREG, pues
vaciaría de contenido la posibilidad de que el operador de red acceda a la
información por cualquiera de los dos medios.
85. Destacó que la Resolución CREG 070 de 1998 no impone al comercializador la
obligación de habilitar simultáneamente las dos modalidades de acceso previstas
para el operador de red. No obstante, afirmó que en todo momento permitió a los
operadores consultar directamente la base de datos de registros de los usuarios y
que una vez tuvo claridad sobre el alcance del artículo 7.4 de dicha resolución a
partir del concepto emitido por el señor Palacios Mejía, remitió comunicaciones a
los operadores informándoles el listado de sus clientes con el fin de que pudieran
acceder de manera directa a los equipos de medida.
4.7. «En relación con el SÉPTIMO CARGO: Falsa motivación»21
4.7.1. «Incorrecto fundamento de los “Considerandos” de la Resolución SSPD
20 Ibidem.
21 Visible a folio 38 del escrito de apelación.
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No. 006673 del 7 de septiembre de 1999»22
86. Reiteró que los documentos citados en el inciso segundo del numeral 1º de los
considerandos de la Resolución SSPD 006673 de 1999 y que sirvieron de
fundamento para la apertura de la investigación, no correspondían en su totalidad a
oficios emitidos por la CREG. Aseveró que incluso respecto de aquellos que sí
provenían de esa Comisión, lo cierto es que no fueron remitidos a la empresa dentro
del trámite sancionatorio, salvo los que reposan a folios 420 a 422 del expediente
administrativo, por lo que no pudo ejercer su derecho de contradicción.
4.7.2. «No existió advertencia previa de la CREG a DICEL»23
87. Anotó que no era cierto que la empresa hubiera sido advertida de manera
expresa sobre la improcedencia de los mecanismos que utilizaba para la vinculación
de usuarios finales, ni sobre la supuesta creación artificiosa de usuarios intermedios.
Por el contrario, afirmó que la situación evidenció tal grado de incertidumbre que
incluso fue necesario solicitar un concepto a la CREG respecto de los cargos por
uso aplicables a los usuarios ubicados en edificios de propiedad horizontal que se
conectan a la red de uso general a través de transformadores pertenecientes a la
copropiedad.
88. Destacó que los conceptos emitidos por la CREG sobre el tema eran
contradictorios entre sí de modo que no es cierto que haya actuado con dolo en sus
actuaciones.
4.7.3. «La conducta de DICEL no constituyó un hecho aislado»24
89. Mencionó que su conducta no fue un hecho aislado y no produjo una alteración
sustancial en los principios jurídicos que sustentan el régimen de comercialización
de energía eléctrica. Insistió en que sus actuaciones se originaron en el debate
22 Visible a folio 41 del escrito de alzada.
23 Visible en el folio 42 del escrito de apelación.
24 Visible en el folio 44 del escrito de apelación.
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existente sobre la comercialización del servicio en los condominios y unidades
inmobiliarias cerradas, contexto en el cual no existía una interpretación uniforme de
la normativa aplicable.
90. Mencionó que la interpretación adoptada por la empresa no fue exclusiva, sino
que también fue asumida por varios operadores, circunstancia que incluso fue
reconocida por el Superintendente Delegado para Energía y Gas dentro del
expediente administrativo.
4.7.4. «DICEL no pudo haber asesorado a los usuarios en la creación de
personas jurídicas»25
91. Mencionó que no asesoró a sus usuarios para la creación de personas jurídicas
en contravía del régimen de propiedad horizontal, pues conforme al artículo 3 de la
Ley 16 de 1985, disposición replicada luego en el artículo 32 de la Ley 675 de 2001,
la propiedad horizontal una vez constituida legalmente, adquiere personería jurídica
independiente de la de los propietarios.
4.7.5. «DICEL no abusó de la confianza ni de la buena fe de los usuarios»26
92. Sostuvo que no era cierto que se hubiera aprovechado de la buena fe o
confianza de sus usuarios, pues su actuación se ajustó al ordenamiento jurídico y
observó los principios de neutralidad y proporcionalidad en la recuperación de los
costos. Aseveró que la tarifa ofrecida reflejaba los valores que efectivamente se
causaban por la prestación del servicio, conforme a lo previsto en los artículos 367
y 368 de la Constitución Política, el artículo 87.4 de la Ley 142 de 1994, el artículo
34 del Decreto 1842 de 1991 y el artículo 3 de la Resolución CREG 099 de 1997.
4.7.6. Por último, reiteró en su totalidad los argumentos expuestos en la
demanda.
25 Visible a folio 44 del recurso de apelación.
26 Visible a folio 45 del recurso de apelación.
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VI.ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
93. El Despacho Sustanciador mediante auto de 25 de marzo de 202227, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida en primera instancia el 16 de septiembre de 2021, por la Subsección B de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
94. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación, el Despacho
Sustanciador mediante auto proferido el 5 de febrero de 202428, corrió traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que emitiera el concepto.
VII.ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
95. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda29.
96. La parte demandada no se pronunció en esta oportunidad procesal.
VIII.INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
97. El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto30.
IX.CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
98. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
lo ordenado en los artículos 129 y 132 (numeral 3) del C.C.A. y en el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 201931, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
27 Cfr. índice 5 del expediente digital de Samai.
28 Cfr. índice 13 del expediente digital de Samai.
29 Cfr. índice 17 del expediente digital de Samai.
30 Cfr. índice 18 del expediente digital de Samai.
31 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
99. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.
8.2. De la controversia sobre la competencia de la SSPD para investigar la
conducta de la accionada.
100. En primer lugar, se tendrá que verificar si es cierto que en la sentencia
enjuiciada no se estudió el cargo relacionado con el desconocimiento del artículo
111 de la Ley 142 de 1994.
101. Pues bien, de entrada la Sala advierte que el a quo omitió pronunciarse sobre
este reparo por lo que tendrá que absolverse si son nulos por infracción de normas
superiores, los actos administrativos mediante los cuales la SSPD sancionó a la
empresa demandante, si entre la primera decisión emitida en ese procedimiento y
la expedición del acto definitivo se superó el término de 5 meses.
102. La norma que se invoca como desconocida expone literalmente lo siguiente:
«Artículo 111. Oportunidad para decidir. La decisión que ponga fin a las
actuaciones administrativas deberá tomarse dentro de los cinco meses
siguientes al día en el que se haya hecho la primera de las citaciones o
publicaciones de que trata el artículo 108 de la presente Ley».
103. Se desprende de lo anterior que esa normativa únicamente regula la
oportunidad con la que cuenta la SSPD para decidir la actuación sancionatoria. En
otras palabras, el plazo fijado en la norma en cuestión tiene un carácter meramente
enunciativo o programático, orientado a optimizar el trámite y evitar dilaciones
injustificadas, sin que se consagre la figura de la caducidad y mucho menos la
pérdida de competencia que requieren manifestación expresa del legislador. Por
tanto, la superación de ese plazo solo podría generar responsabilidad disciplinaria
para los funcionarios que lo incumplan siempre que no exista una justificación
razonable para la demora.
33
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104. Tal ha sido el criterio de esta Sección; veamos:
« La demandante arguye que las Resoluciones demandadas fueron proferidas
con falta de competencia en razón de la violación del término dado por el artículo
111 de la Ley 142 de 1994, que dispone:
(…)
Al respecto, esta Sala ha explicado en reiteradas oportunidades32 que la
violación del plazo dado por la Ley 142 de 1994, no implica pérdida de
competencia de la SSPD para sancionar, pues la Ley no consagra esa
consecuencia para el incumplimiento.
En efecto, en sentencia de noviembre de 200933, la Sala precisó:
“Al respecto se observa que el artículo 111 de la Ley 142 de 1994 prevé un
término de 5 meses para que se tome la decisión que pone fin a la actuación
administrativa, pero en dicha norma no se le da a ese término el alcance de
caducidad que reclama la actora, y ni siquiera carácter preclusivo alguno,
de modo que ante la ausencia de cualquiera de esos alcances, sólo cabe
tenerlo como un término programático o indicativo, que a lo sumo puede
tener implicaciones disciplinarias por su incumplimiento. (Negritas de la
Sala)
(…)
Por consiguiente, el término de caducidad que se ha de aplicar por no existir
norma especial en la referida ley, es el artículo 38 del C.C.A., según el cual la
facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones
caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”»34
(Negrillas dentro del texto).
105. A su vez, esta Corporación ha señalado lo que sigue al respecto al
incumplimiento de los términos fijados en los procedimientos administrativos;
veamos:
32 Expediente núm. 85001-23-31-000-2009-00099-01. 10 de septiembre de 2015. Consejero
ponente: Roberto Augusto Serrato. Actor: GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P. Demandado:
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Expediente núm. 2004-01001-01. 23 de
agosto de 2012. Consejera ponente: María Elizabeth García González. Actor: EMGESA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Expediente núm. 25000-23-24-
000-2004-00344-01. 23 de febrero de 2012. Consejera ponente. María Elizabeth García González
Actor: TERMOTASAJERO SA ESP. Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
33 Expediente núm. 25000-23-24-000-2004-00339-01. Consejero ponente Rafael Ostau de Lafont
Pianeta. Actor: URRA S.A. E.S.P. Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 10 de
noviembre de 2016. Proceso radicado número: 25000 23 41 000 2013 01041 00. Consejero
Ponente: Guillermo Vargas Ayala.
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«En cuanto al cumplimiento del término para su expedición, cabe decir que
aunque el reglamento no es claro en su determinación, ya que el mismo
depende de que se ordene o no la práctica de pruebas, toda vez que el literal
“d” del numeral 03.03 del capítulo en comento, se debe proferir una vez
concluido el término para practicar pruebas, lo cierto es que la jurisprudencia
tiene dicho que el incumplimiento de los términos dentro de los
procedimientos administrativos no es causal de nulidad de los actos que
le pongan fin, sino que, a lo sumo, generan responsabilidad en el
funcionario que los incumpla, según lo ameriten las circunstancias en que
se da el incumplimiento»35 (Subrayas y negrillas de la Sala).
106. Por ende, el cargo no prospera.
8.3. De la controversia sobre la caducidad de la potestad sancionatoria
107. De otro lado, se absolverá si son nulos por violación de normas superiores, los
actos administrativos por los cuales la SSPD sancionó a una empresa de servicios
públicos, si ésta alega que entre la apertura de la investigación sancionatoria y la
ejecutoria de los actos que resolvieron los recursos en contra de la decisión
definitiva, transcurrieron más de 3 años.
108. Al respecto, es menester indicar que esta Sección ya resolvió el mencionado
cargo en sentencia del 13 de agosto de 2020, que está debidamente ejecutoriada y
por ende hizo tránsito a cosa juzgada. El discernimiento llevado a cabo en esa
oportunidad fue el siguiente:
«Visto el artículo 38 del Código Contencioso administrativo36, sobre la
caducidad de la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas, que
dispone lo siguiente:
“[…] Artículo 38. Caducidad respecto de las sanciones. Salvo
disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de
producido el acto que pueda ocasionarlas […]”.
El contenido de esta norma ha dado lugar a diferentes interpretaciones
jurisprudenciales respecto a la forma cómo se debe contar el término de
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 17 de
agosto de 2000. Proceso radicado número 6179. Consejero Ponente: Juan Alberto Polo Figueroa.
36 Normativa aplicable en este caso concreto, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 1437,
teniendo en cuenta que la actuación administrativa inició el 12 de marzo de 2001 (cfr. folio 43 del
cuaderno principal).
35
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caducidad de la facultad sancionatoria, teniendo en cuenta que prevé un
término de tres años, pero no discrimina si en ese interregno: i) solo se debe
expedir el acto administrativo sancionatorio; ii) si adicionalmente se debe
notificar la decisión, porque es a partir de ese momento que se hace oponible
al administrado; o iii) si es necesario, adicionalmente a lo anterior, expedir y
notificar los actos administrativos que resuelven los recursos en la vía
gubernativa, en el sentido de que es en ese momento que la sanción queda en
firme y ejecutoriada; so pena de que opere la caducidad de la facultad
sancionatoria.
Frente a este problema jurídico, la Sala Plena de esta Corporación unificó la
jurisprudencia y adoptó la segunda tesis, consistente en que, para que la
Administración ejerza oportunamente su facultad sancionatoria, debe expedir el
acto administrativo sancionatorio y notificarlo dentro del término establecido en
la ley, sin que sea exigible que en ese mismo período se resuelvan los recursos
ejercidos en vía gubernativa y se notifiquen las respectivas decisiones, con
fundamento en las siguientes razones37:
“[…] Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las
Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para
que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a
continuación se explicarán las razones esenciales por las cuales se considera
que la tesis de recibo y que debe imperar es la que proclama que la sanción
disciplinaria se impone cuando concluye la actuación administrativa al
expedirse y notificarse el acto administrativo principal, decisión que
resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que define la
conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta
la expresión de la voluntad de la administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados
como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior
cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación
sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del
administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa denominada "vía
gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita o
no los recursos que legalmente procedan contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas y
regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, que se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, dispuestos
para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una nueva etapa
respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta
la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese
lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto
37“[…] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de
septiembre de 2009, MP. Susana Buitrago Valencia; número único de radicación: 11001-0315000-
2003-00442-01 “[…].
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que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que consagra el término
para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia que no
contempla y permite, finalmente, dejar en manos del investigado, a su arbitrio,
la determinación de cuándo se "impone" la sanción, porque en muchas
ocasiones es del administrado de quien dependen las incidencias del trámite de
notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le
otorgó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del término de
prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta comprendida la
notificación del acto administrativo que resuelve el último recurso de la vía
gubernativa. Por el contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término
de cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de la falta,
significa que, como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria […]”
(Resalta la Sala).
Es relevante aclarar que la providencia de la Sala Plena de esta Corporación
citada supra, versó sobre una sanción de carácter disciplinario que se rige por
un término de caducidad especial y diferente, y no por el término previsto en el
artículo 38 del Código Contencioso Administrativo; sin embargo, esta Sección38
ha determinado de manera sistemática y reiterada que las consideraciones
expuestas en la mencionada sentencia son plenamente aplicables a aquellas
controversias que se rigen por la norma general del artículo 38 ibidem. Al
respecto, esta Sección consideró:
“[…] Para resolver la controversia, la Sala observa que de conformidad con el
artículo 38 del C.C.A., “la facultad que tienen las autoridades administrativas
para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que
pueda ocasionarlas”. Para contabilizar el término de caducidad de la facultad
sancionatoria de la Administración, la Jurisprudencia de esta Sección tiene
establecido lo siguiente: «Ante las diferentes posiciones e interpretaciones que
se le ha dado al tema de la prescripción de la acción sancionatoria, acerca de
cuándo debe entenderse “impuesta la sanción”, la Sala Plena de esta
Corporación con el fin de unificar jurisprudencia sostuvo mediante sentencia de
29 de septiembre de 2009 , que “la sanción se impone de manera oportuna si
dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica
el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto
principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa”.
La postura de la Sala, es pues, la de que la sanción se entiende impuesta
oportunamente, si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, la
Administración expide y notifica el acto que concluye la actuación administrativa
38 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 12
de septiembre de 2019; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación:
250002324000-2011-00494-01 […]”; “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera; sentencia de 12 de septiembre de 201; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés,
número único de radicación: 250000324000-2011-00065-00, entre otras “[…].
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sancionatoria, independientemente de la interposición de los recursos […]”39
(Resalta la Sala).
De conformidad con la tesis jurisprudencial establecida por la Sala Plena de
esta Corporación, que fue acogida por esta Sección para interpretar el artículo
38 ibidem, se concluye que, en el término previsto para ejercer la facultad
sancionatoria, las autoridades administrativas deben expedir y notificar el acto
administrativo principal sancionatorio, sin que estén sometidas a que dentro de
ese mismo plazo deban resolver los eventuales recursos que se interpongan
contra dicha decisión; en ese orden de ideas, la administración únicamente
pierde competencia para imponer sanciones, cuando trascurrido el término de
tres años, no ha expedido y notificado el respectivo acto administrativo
sancionatorio.
Análisis del caso concreto
Con el propósito de determinar, en el caso sub examine, si se configuró o no el
término de caducidad de la facultad sancionatoria, es pertinente analizar los
hechos y las actuaciones que se surtieron en la actuación administrativa, para
efectos de contabilizar el respectivo término.
La actuación administrativa inició el 16 de octubre de 1998, cuando la empresa
ENERCALI S.A. E.S.P. presentó una queja ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, en la que manifestó que la parte demandante
ofreció a sus usuarios potenciales y liquidó los consumos de energía a
condominios, unidades residenciales y centros comerciales a tarifas de energía
al nivel de tensión II cuando sus equipos de medida se encuentran en el nivel
de tensión I40.
El hecho objeto de investigación ocurrió el 7 de mayo de 1998 cuando la parte
demandante ofreció a los usuarios pertenecientes al Conjunto Residencial
Palmar de Coomeva el suministro de energía eléctrica en el nivel de tensión II
cuando dichos usuarios pertenecían al nivel I41, circunstancia que, en criterio de
la parte demandada, constituyó la comisión de la conducta descrita en el artículo
18 de la Ley 256 de 15 de enero 199642, que dispone los siguiente:
“[…] ARTÍCULO 18. VIOLACIÓN DE NORMAS. Se considera desleal la
efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida
frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La
ventaja ha de ser significativa […]”.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de la
Resolución núm. 006673 de 7 de septiembre de 1999, impuso una sanción a la
parte demandante; decisión que fue notificada el 1 de octubre de 199943.
39 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia del
23 de agosto de 2012, C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación:
250002324000-2004-01001-01 […]”.
40 Cfr. folio 144 cuaderno núm. 1 del expediente.
41 Cfr. folio 143 cuaderno núm. 1 del expediente.
42 “[…]Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal […]”.
43 Cfr. folio 103 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de la
Resolución núm. 009430 de 7 de diciembre de 1999, resolvió un recurso de
reposición, presentado contra la Resolución núm. 006673 de 7 de septiembre
de 1999; decisión que fue notificada el 12 de enero de 200044.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de la
Resolución núm. 003434 de 3 de mayo de 2000, resolvió un recurso de
apelación, presentado contra la Resolución núm. 006673 de 7 de septiembre
de 1999; decisión que fue notificada el 16 de diciembre de 200245.
Con base en esos presupuestos fácticos, la Sala considera que los hechos
objetos de investigación y sanción ocurrieron el 7 de mayo de 1998, cuando la
sociedad investigada ofreció a los usuarios pertenecientes al Conjunto
Residencial Palmar de Coomeva el suministro de energía eléctrica en el nivel
de tensión II, motivo por el cual, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios tenía hasta el 7 de mayo de 2001 como término oportuno para
expedir el acto administrativo sancionatorio y realizar la correspondiente
notificación.
Atendiendo que el acto administrativo principal sancionatorio (Resolución núm.
006673 de 7 de septiembre de 1999) se notificó el 1 de octubre de 1999, la Sala
concluye que no se configuró la caducidad de la facultad sancionatoria de la
autoridad administrativa, comoquiera que, se reitera, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios tenía hasta el 7 de mayo de 2001 para imponer
oportunamente la sanción, sin que las fechas en que se resolvieron los recursos
de reposición y de apelación sean relevantes, por las consideraciones
expuestas en esta providencia»46 (Subrayas de la Sala, negrillas dentro del
texto).
109. En ese orden, el cargo no está llamado a prosperar.
8.4. De la controversia sobre el nivel de tensión de los usuarios propietarios
de transformadores en copropiedades
110. Se absolverá si son nulos por infracción de normas superiores, los actos
administrativos mediante los cuales la SSPD sancionó a una empresa por ofrecer a
los usuarios de una copropiedad el servicio de energía eléctrica en el nivel II, si se
alega que los transformadores que realizaban la reducción de nivel de II a I eran de
propiedad de los usuarios.
44 Cfr. folio 132 cuaderno núm. 1 del expediente
45 Cfr. folio 141 cuaderno núm. 1 del expediente.
46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Proceso radicado
número: 25000 23 24 000 2003 00330 01. Consejero ponente. Hernando Sánchez Sánchez.
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111. Con miras a resolver dichos cargos, es pertinente aludir al artículo 367 de la
Carta Política que prevé:
«Artículo 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y
financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios
de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada
municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las
conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos
cumplirán funciones de apoyo y coordinación.
La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas» (Subrayas
de la Sala).
112. En desarrollo de lo anterior, fue expedida la Ley 142 de 1994, cuyo numeral 4
del artículo 87 se consagró el principio de suficiencia financiera para la fijación de
las tarifas, en los siguientes términos:
«Artículo 87. Criterios para definir el régimen tarifario. El régimen tarifario
estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad,
solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.
(…)
87.4. Por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas de tarifas
garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación,
incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar
el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría
remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y
permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la
mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios» (Subrayas de la Sala).
113. A su turno, el artículo 39 del Decreto 1842 de 1991 dispuso que las empresas
no podrán realizar cobros por servicios no prestados, ni por conceptos distintos a
los autorizados, ni alterar la estructura tarifaria definida para cada servicio
domiciliario; así:
«Artículo 39º.- De los cobros no autorizados. La empresa no podrá cobrar
servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los autorizados por la
autoridad competente, ni podrá alterar la estructura tarifaría definida para cada
servicio público domiciliario».
114. De las disposiciones transcritas se desprende que el principio de suficiencia
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financiera tiene como propósito asegurar que las empresas de servicios públicos
recuperen los costos y gastos que efectivamente les ocasiona la prestación del
servicio, sin que ello habilite el cobro de conceptos ajenos a dicha actividad.
115. Ahora, en lo que respecta a las tarifas por el uso de los Sistemas de
Transmisión Regional (STR) y de Distribución Local (SDL), cuyo alcance constituye
el eje de la controversia, resulta pertinente señalar que el anexo de la Resolución
70 de 199847, los definió en los siguientes términos:
«Sistema de Distribución Local (SDL). Sistema de transmisión de energía
eléctrica compuesto por redes de distribución municipales o distritales;
conformado por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos
asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV que no pertenecen a un
sistema de transmisión regional por estar dedicadas al servicio de un sistema
de distribución municipal, distrital o local».
«Sistema de Transmisión Regional (STR). Sistema interconectado de
transmisión de energía eléctrica compuesto por redes regionales o
interregionales de transmisión; Conformado por el conjunto de líneas y
subestaciones con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de
220 kV y que no pertenecen a un sistema de distribución local»
116. En otras palabras, tanto el STR como el SDL cumplen la función de transportar
energía eléctrica, ya sea a través de redes de alcance regional o interregional o
mediante redes de orden municipal, distrital o local.
117. Ahora, respecto de la tarifa que deben pagar los usuarios por la utilización de
las redes que transportan y distribuyen la energía, tanto en el STR como en el SDL,
el artículo 3 de la Resolución CREG 099 de 1997 dispuso:
«Artículo 3°. Cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y/o
Distribución Local. Los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional
y/o Distribución Local estarán sujetos a las siguientes normas:
a) Los comercializadores de usuarios regulados, los usuarios no regulados a
través del respectivo comercializador, y otros transportadores que sean
usuarios de Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local, pagarán
a los transportadores los cargos aprobados por la CREG por uso de los STR
y/o SDL, de acuerdo con la metodología para el cálculo de estos cargos que se
define en el Anexo No. 1 de la presente resolución.
47 «Por la cual se establece el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, como parte del
Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional».
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b) Los cargos remunerarán al transportador la infraestructura eléctrica
necesaria para llevar el suministro desde la salida del Sistema de Transmisión
Nacional, hasta el punto de entrega al usuario. Incluyen los costos de conexión
del sistema del transportador al STN, pero no incluyen los costos de conexión
del usuario al respectivo sistema.
c) Los cargos no incluyen el costo de la generación asociada a las pérdidas de
energía que se presentan en el sistema del transportador.
d) En caso de que el comercializador sea una empresa diferente de la que
realiza la actividad de transmisión regional y/o distribución local, y cuando el
Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local no esté conectado
directamente al STN, las ventas de energía que haga el comercializador se
referirán al nivel de tensión de 220 kV para efectos de liquidar los cargos por
uso del STN y las cuentas ante el SIC, con los siguientes porcentajes de
pérdidas acumuladas, referidos a la energía medida en la frontera comercial, a
partir del 1o. de enero de 1998: Nivel IV: 1.5%; Nivel III: 3.0%; Nivel II: 5.0%;
Nivel I: 15% para el primer año, con reducción de un punto porcentual, en este
último nivel, para cada uno de los años siguientes del período regulatorio.
e) Cuando un transportador demuestre que una parte del Sistema de
Transmisión Regional y/o Distribución Local asociado a un determinado nivel
de tensión, está siendo utilizado en forma exclusiva por un grupo de usuarios,
podrá solicitar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la aprobación de
cargos específicos para ese grupo de usuarios, por el uso del sistema en el
respectivo nivel de tensión, mediante solicitud motivada y debidamente
sustentada en un estudio técnico» (Subrayas de la Sala).
118. A su vez, el artículo 4 de esa resolución previó que la liquidación de los cargos
por uso de los STR y SDL debe efectuarse conforme a los valores aprobados para
el nivel de tensión al cual se encuentre conectado el usuario; veamos:
«Artículo 4°. Liquidación de cargos por uso de los Sistemas de
Transmisión Regional Y/O Distribución Local. Los cargos por uso de los
Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local se liquidarán a los
usuarios de los mismos así:
a) Usuarios No Regulados: A través del correspondiente comercializador,
mediante los cargos monomios horarios ($/kWh) aprobados para el respectivo
nivel de tensión, los cuales serán aplicados al consumo horario registrado en el
medidor ubicado en la frontera comercial.
b) Usuarios Del Mercado Regulado: A través del correspondiente
comercializador, mediante el cargo monomio ($/kWh) aprobado para el
respectivo nivel de tensión, aplicable a la energía facturada correspondiente al
período de facturación. A partir del cuarto año de vigencia de los cargos, éstos
se liquidarán sobre la energía medida en el respectivo nivel de tensión.
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c) Otros Transportadores: Mediante el cargo monomio ($/kWh) aprobado para
el respectivo nivel de tensión, aplicable a la energía mensual medida en la
frontera entre los dos sistemas».
119. En ese sentido, el artículo 1º de la Resolución CREG 108 de 1997 contempló
que la tarifa del servicio de energía debe corresponder al nivel de tensión al cual se
encuentre conectado de manera directa o indirecta, el medidor del suscriptor o
usuario. La norma en cuestión señala:
«Artículo 1°. Definiciones. Para los efectos de la presente resolución se
aplicarán las definiciones consagradas en las Leyes 142 y 143 de 1994, en sus
disposiciones reglamentarias, y en especial las siguientes:
(…)
Consumo facturado: Es el liquidado y cobrado al suscriptor o usuario, de
acuerdo con las tarifas autorizadas por la Comisión para los usuarios regulados,
o a los precios pactados con el usuario, si éste es no regulado. En el caso del
servicio de energía eléctrica, la tarifa debe corresponder al nivel de tensión
donde se encuentra conectado directa o indirectamente el medidor del
suscriptor o usuario» (Subrayas de la Sala).
120. Ahora, el numeral 7.2. del anexo de la Resolución CREG 070 de 1998 fijó las
condiciones generales aplicables a la medición entre usuarios, comercializadores y
operadores de red, así:
« 7.2. Fronteras comerciales
El equipo de medida para un punto de conexión debe colocarse de tal forma
que el punto de medición esté lo más cerca posible del punto de conexión,
considerando aspectos económicos y de seguridad de la instalación.
Para efectos tarifarios, un usuario pertenece al nivel de tensión al cual está
conectado el equipo de medida. Cuando un usuario se conecte al Sistema del
OR mediante un transformador dedicado, tiene la opción de conectar su equipo
de medida en el nivel de alta tensión del transformador y ser considerado
usuario del nivel correspondiente. En este caso el usuario debe cumplir con las
normas aplicables y es, además, responsable del mantenimiento del
transformador y de las instalaciones y equipos de desconexión en el lado de
baja tensión» (Subrayas de la Sala).
121. En este orden de ideas, resulta claro que la tarifa aplicable se determina a partir
del nivel de tensión existente en el punto de conexión del usuario con su equipo de
medida. Es decir, el parámetro relevante para efectos tarifarios es el nivel de tensión
en el cual se encuentra instalado el medidor que registra el consumo del suscriptor,
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pues es este punto el que define objetivamente el cargo por uso que debe
liquidarse.
122. Partiendo de ese criterio, según el cual la tarifa depende del nivel de tensión
existente en el punto de conexión del usuario con su equipo de medida, lo que se
debe definir es si una copropiedad se enmarca en el concepto de usuario, tal como
lo sostiene la recurrente. Para ello, resulta necesario acudir al numeral 1 del anexo
de la Resolución CREG 070 de 1998, que define dicho concepto en los siguientes
términos:
«Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un
servicio público, bien como propietario del inmueble en donde éste se presta, o
como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también
consumidor» (Subrayas de la Sala).
123. Así, en criterio de la Sala un usuario es quien recibe y se beneficia
directamente el servicio. Es decir, la persona a cuyo inmueble llega efectivamente
la energía y consume el servicio.
124. ,Ahora, la medición del consumo por regla general debe ser individual y se
definirá de acuerdo con lo que indique el respectivo medidor. Así reza el artículo 24
de la Resolución 108 de 1997:
«Artículo 24. De la medición individual. La medición de los consumos de los
suscriptores o usuarios se sujetará a las siguientes normas:
a. Con excepción de los inquilinatos, y de los usuarios incluidos en planes
especiales de normalización del servicio, todo suscriptor o usuario deberá
contar con equipo de medición individual de su consumo; (…)» (Subrayas de la
Sala).
125. Lo expuesto es del todo consonante con lo previsto en el numeral 1 del artículo
9 de la Ley 142 de 1994, disposición que reconoce como derecho de todo usuario
obtener la medición real de sus consumos.
«Artículo 9o. Derecho de los usuarios. Los usuarios de los servicios públicos
tienen derecho, además de los consagrados en el Estatuto Nacional del Usuario
y demás normas que consagren derechos a su favor, [siempre que no
contradigan esta ley, a:
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9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante
instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para los
efectos fije la comisión reguladora, con atención a la capacidad técnica y
financiera de las empresas o las categorías de los municipios establecida por la
ley».
126. En otras palabras, la medición y la facturación parten de la premisa de que el
usuario es siempre el receptor directo del servicio, es decir, la persona natural o
jurídica a cuyo inmueble llega efectivamente la energía, la consume y que resulta
individualmente beneficiada con el suministro.
127. Si ello es así, es claro que una copropiedad puede ser usuaria del servicio pero
respecto de las zonas y bienes comunes, en tanto allí se reciben consumos propios
de dichas áreas. No obstante, ello no la convierte en la receptora directa del servicio
utilizado por los residentes en sus unidades privadas, pues se insiste en que la
medición del consumo debe efectuarse de manera individual a cada usuario final en
su respectivo inmueble.
128. Tal razonamiento se reafirma de la lectura del artículo 6 de la Ley 16 de 1985,
norma vigente para la época en la que se desarrollaron los hechos materia de
reproche, como quiera que expone que los bienes de uso común se encuentran
diferenciados de manera expresa de los bienes de dominio privado dentro de la
propiedad horizontal. Además, establece que la asamblea de copropietarios
únicamente puede adoptar decisiones respecto de los primeros.
«Artículo 6°. Régimen de los bienes de uso o servicio común. De
conformidad con lo dispuesto en la Ley 182 de 1948, los bienes destinados al
uso o servicio común mientras conserven este carácter son inalienables e
indivisibles separadamente de los bienes privados. Sin embargo la asamblea
general de propietarios, por mayoría que represente por lo menos las cuatro
quintas partes de los votos que la integran, podrá desafectar de dicho uso o
servicio común los bienes que no resulten necesarios para tal fin y proceder a
su división o enajenación si esto conviniere. En este caso, se protocolizarán con
la correspondiente escritura, la decisión de la asamblea y las autorizaciones que
haya sido indispensable obtener, entre las cuales figurará necesariamente el
permiso de la autoridad municipal que expidió la declaración a que se refiere el
inciso segundo del artículo 19 de la Ley 182 de 1948. También son enajenables
y divisibles estos bienes en los demás casos contemplados por la mencionada
ley.
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Parágrafo. Siempre que la asamblea general se ocupare de la desafectación
de uno de los bienes de uso o servicio común, deberá examinar el perjuicio que
pueda ocasionarse a cualquiera de los propietarios de los bienes privados,
ordenando la correspondiente indemnización y quedando a salvo la facultad del
propietario mencionado para ejercitar las acciones que le correspondan para el
reconocimiento de sus derechos» (Subrayas de la Sala).
129. En ese orden, no es posible atribuir a la copropiedad la condición de usuario
final para efectos de determinar el nivel de tensión aplicable a los consumos
individuales de sus residentes. Ello porque la clasificación tarifaria depende, como
ya se explicó, del nivel de tensión existente en el punto de conexión del equipo de
medida que registra el consumo real y dicho consumo se materializa en cada unidad
privada. Así, aun cuando la copropiedad sea titular del derecho de propiedad sobre
el transformador, ello no reemplaza ni desplaza la obligación de medir de manera
independiente el consumo de cada suscriptor.
130. En consecuencia, la sola existencia de un transformador o de redes internas
de propiedad de la copropiedad no habilita a considerar que los usuarios
residenciales pertenecen al nivel de tensión II, cuando su equipo de medida se
encuentra conectado al nivel I.
131. Así, es claro que la interpretación adoptada por la demandante sí resultaba
contraria a lo dispuesto en el artículo 87.4 de la Ley 142 de 1994, el artículo 39 del
Decreto 1842 de 1991, la Resolución CREG 070 de 1998, el artículo 3 de la
Resolución CREG 099 de 1997 y el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 142 de 1994,
en tanto permitió cobros del servicio de energía eléctrica con un nivel de tensión
distinto del que realmente le correspondía.
8.5. De la controversia sobre la información para facturar los cargos de uso
del STR y/o SDL
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132. La Sala dilucidará si son nulos por infracción de normas superiores, los actos
administrativos mediante los cuales la SSPD sancionó a una empresa distribuidora
de energía por no permitir a los operadores de red acceder a la información de los
equipos de medida, ya fuera mediante lectura directa o consulta a la base de datos
del comercializador, necesaria para facturar los cargos por uso del STR y/o SDL, si
la empresa recurrente alega que garantizó a los operadores de red al menos una
de las dos opciones previstas para acceder a dicha información.
133. Con miras a resolver ese interrogante, es menester señalar que el numeral 7.4.
del anexo de la Resolución CREG 070 de 1998, señala que los comercializadores
y el operador de red del STR y/o del SDL tienen acceso a los equipos de medida el
usuario para efectos de la lectura de los medidores. También se establece que el
operador de red tiene derecho a obtener la información del consumo, bien mediante
la lectura directa del equipo de medida o a través de la consulta a la base de datos
del comercializador. La norma en contexto prevé:
« 7.4 Para efectos de la lectura de los medidores, tienen acceso a los equipos
de medida el Usuario, el o los Comercializadores que lo atienden y el OR del
STR y/o SDL respectivo.
El OR tiene derecho a acceder a la información, ya sea por lectura directa o por
consulta directa a la base de datos de registros del Comercializador, para poder
facturar los Cargos por Uso de su STR y/o SDL» (Subrayas de la Sala).
134. Nótese entonces que la disposición regulatoria no autoriza al distribuidor ni al
comercializador a limitar la forma en que el operador de red accede a la información.
Por el contrario, reconoce expresamente que es el operador de red quien puede
elegir libremente el mecanismo a través del cual obtiene los datos de consumo, ya
sea mediante la lectura directa del equipo de medida o mediante la consulta a la
base de datos del comercializador.
135. Lo anterior resulta relevante, pues evidencia que la actora desconoció dicha
disposición normativa al restringir de manera indebida la forma en que los
operadores de red podían acceder a la información.
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136. Bajo esa perspectiva, resulta ajustado al orden jurídico la actuación de la SSPD
pues está acreditado en el expediente que DICEL inicialmente sólo permitía obtener
los datos de medición a través de la consulta de sus bases de datos por tratarse de
una estrategia de índole comercial.
137. Prueba de ello es el oficio del 25 de enero de 199, por el cual DICEL presentó
sus descargos en el procedimiento sancionatorio en el que indicó:
« B. DERECHO A LA INFORMACION
Aunque el principio de la discusión debe ser determinar el derecho consagrado
a favor del OPERADOR DE RED en la Resolución 070/98, solamente lo
esbozaremos inicialmente, por cuanto no está consagrada una favorabilidad
expresa sino una opción que ha debido decidirse de común acuerdo y con
razones a la vista
El derecho del OPERADOR DE RED es a la información; el medio opcional allí.
previsto obedece a otras razones.
Con relación a la solicitud de EPSA de acceder a la información de nuestra
empresa únicamente por la vía directa, en escrito anexo al oficio DC-898-10- 98
remitido a la CREG, DICEL S.A.E.S.P explicó las razones por las cuales
considera que la mejor opción para ella es la obtención de la información
mediante consulta directa a su base de datos. Se agrega dicho soporte a esta
comunicación.
La CREG mediante Oficio de diciembre 1998, respondió, entre otros aspectos,
lo siguiente:
“No consideramos insalvables las razones expuestas en su comunicación para
que un OR acceda a la base de datos de un comercializador que atiende a
usuarios conectados a un sistema y no a la lectura directa”
C. ARGUMENTOS
La Comisión no explica por qué considera que los argumentos expuestos por
DICEL S.A.E.S.P no son insalvables. Por esta razón, DICEL S.A., E.S.P. reitera
ante a la Superintendencia los siguientes argumentos para que el OR acceda a
nuestra base de datos y no a la lectura directa:
a) DICEL S.A.E.S.P está desarrollando una estrategia comercial que la
diferencie de otros comercializadores como es la oferta de servicios adicionales.
Es así como la mayoría de los medidores instalados por nuestra empresa
contienen, además de las bases de datos para las lecturas horarias diarias y las
demandas máximas, medias y mínimas, un sistema de registro que permite
recordar eventos especiales tales como los cambios de voltajes, de corriente,
el número y duración de los cortes de energía y el comportamiento de los
armónicos.
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b) Adicionalmente, DICEL S.A. E.S.P en su empeño de hacer la diferencia ha
concentrado gran parte de su esfuerzo y trabajo en el servicio al cliente; se ha
constituido en la voz e instrumento del cliente. Por esta razón, se les ha
comunicado que cuentan con siempre con el respaldo de información que da
DICEL. Un buen proveedor debe proporcionar un buen producto, con el mínimo
de tropiezos en los procedimientos para que el cliente se sienta satisfecho con
el mismo y con quien se lo suministra. Y ese buen producto debe ser especial
y distinguirse no en los asuntos generales sino en los asuntos particulares,
precisamente para que haya distinción y cada agente se esfuerce por mejorar
sus condiciones de competitividad.
Prueba de esta oferta de servicios adicionales son las comunicaciones remitidas
por nuestra empresa a los clientes VARELA S.A. mediante oficio DCC-08-98
LMG del 28 de agosto de 1998.
C) El acceso directo a los medidores implica que el OR en este caso EPSA, que
también actúa como COMERCIALIZADOR DE ENERGÍA, conozca esa
información que ha implicado mayores costos y esfuerzos para DICEL S.A.
E.S.P. y que no es necesaria para los propósitos mencionados por EPSA en el
oficio radicado en la Superintendencia con el número 98-529-045195-2 del 9 de
noviembre de 1998:
"..... poder realizar un efectivo control de las pérdidas de energía en sus
redes, realizar el cobro de los cargos por uso de la red, verificar los montos
de la contribución por solidaridad que le corresponde y, realizar la
planeación de su sistema". Vale la pena anotar que la Resolución 70 de
1998, le establece la prerrogativa de acceder a la información para fines
de la facturación de los peajes. Los demás usos que el OR haga de esta
información no pueden ser usados como argumentos de Ley para
reclamar un derecho ante las autoridades.”
Por tratarse de una estrategia de índole comercial no considera DICEL S.A.,
E.S.P. que deba exponer su información particular, que le da ventajas
competitivas, a la competencia, cuando la regulación está definiendo opciones
claras para encontrarla, las dos enteramente confiables.
Si se demostrara, que no se ha podido hacer, que EPSA E.S.P. no ha tenido
acceso a la información correspondiente a las lecturas de energía de.. la
medición podría pensarse que no se han dado facilidades. Como ese no es el
caso pareciera que se tratara simplemente de un capricho de EPSA, por cuanto
esa información de que ahora dispone es la misma de que también dispone el
S.I.C. para sus operaciones comerciales y es la que, también se ha empeñado
EPSA en buscar con contadores testigos”48.
138. Además, consta en el plenario, el oficio con radicado 98-529-045195-2 de
1998, en el que la empresa EPSA, señaló:
48 Visible a folios 179 a 180 del Cuaderno del Tribunal
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«Desde hace más de un año, cuando DICEL S.A. E.S.P. inició sus operaciones
comerciales con clientes ubicados en la red de EPSA S.A. E.S.P., en repetidas
oportunidades, verbales y escritas le solicitamos a esta empresa el password
para acceder directamente a la lectura de los contadores de sus nuevos
clientes, sin obtener respuesta positiva a esta solicitud. Nuestra petición se
fundamenta en que tal información es de gran importancia para EPSA E.S.P.
para: poder realizar un efectivo control de las pérdidas de energía en sus redes,
realizar el cobro de los cargos por uso de la red, verificar los montos de la
contribución por solidaridad que le corresponde, y realizar la planeación de su
sistema.
(...)
Una vez aprobado el Código de Distribución, EPSA E.S.P. le reiteró a DICEL
S.A. E.S.P. la solicitud formal para obtener el password, respondiendo de nuevo
esta empresa en forma negativa con comunicación DCE-259-98 de fecha Julio
13 de 1998, dando a EPSA E.S.P. sólo acceso a las Bases de Datos» (Subrayas
de la Sala).
139. En suma, el cargo no prospera.
8.6. De la controversia sobre la infracción del principio de proporcionalidad
de la sanción
140. Tendrá que absolverse si son nulos por vulneración de normas superiores, los
actos administrativos mediante los cuales la SSPD sancionó a una empresa de
servicios públicos, si se alega que las normas de las que deriva la facultad correctiva
no definieron con precisión las conductas reprochables ni establecieron de manera
clara los criterios para la imposición de la multa.
141. Pues bien, es menester indicar que la potestad de corrección de la SSPD está
supeditada a 2 eventos. El primero está especificado en el numeral 1 del artículo 79
de la Ley 142 de 1994, según el cual dicha entidad está habilitada para sancionar
las conductas que afecten de forma directa e inmediata a los usuarios de los
servicios públicos. El segundo se encuentra en el artículo 81 de la misma ley, según
el cual la SSPD puede imponer multas a las empresas que desconozcan las normas
a las que están sujetas
142. En efecto, las normas en contexto son del siguiente tenor:
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«Artículo 79. Funciones de la superintendencia. Las personas prestadoras
de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las
haga sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al
control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones
de esta las siguientes:
(…)
1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los
que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento
afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus
violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra
autoridad» (Subrayas de la Sala).
«Artículo 81. Sanciones. La Superintendencia de servicios públicos
domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las
normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la
falta: (…)» (Subrayas de la Sala).
143. Esta última facultad se refleja con mayor claridad en el numeral 7 del parágrafo
del artículo 79 ibidem, donde se expone lo siguiente respecto a las funciones del
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios:
«Artículo 79. Funciones de la Superintendencia. Las personas prestadoras
de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las
haga sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al
control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones
de esta las siguientes:
(…)
Parágrafo 2o. Funciones del Superintendente de Servicios Públicos
domiciliarios. Son funciones del Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios las siguientes:
(…)
7. Imponer las sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar
sujetas, en los términos de los artículos 81 de la Ley 142 de 1994 y 43 de la Ley
143 de 1994». (Subrayas de la Sala).
144. Sobre el punto, la Sala en proveído del 1 de noviembre de 2019, al respecto
de las facultades de la SSPD para sancionar a las empresas de servicios públicos
que incumplan las normas que se encuentren en obligación de acatar, indicó:
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«Esta Sala considera pertinente señalar que la primera instancia parte de una
apreciación restringida en torno a la competencia de la Superintendencia de
Servicios Públicos para investigar y sancionar a las empresas prestadoras de
tales servicios, pues limitó su alcance al considerar que uno de los dos
requisitos para investigar y sancionar es que el incumplimiento de la ley
o acto administrativo que le rija, afecte de manera directa e inmediata a
usuarios determinados del servicio, que si bien se encuentra dentro de
sus competencias sancionatorias en el numeral 1 del artículo 79 de la Ley
142 de 199449, no es la única norma que le confiere potestad sancionatoria
a la Superintendencia.
Sobre el particular, en sentencia de 17 de mayo de 2018 de esta Corporación50,
en un asunto similar, refiriéndose a la función establecida en el numeral 1 del
artículo 79 de la Ley 142 de 1994, precisó lo siguiente:
«[…] consagra una de las principales funciones que le corresponde a la SSPD,
entidad que obra como autoridad de origen constitucional por cuyo intermedio
son ejercidas las atribuciones presidenciales de control, inspección y vigilancia
de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con
el artículo 370 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 75 de
la Ley 142 de 199451 , las cuales, “son una de las facetas de la intervención
estatal en servicios públicos y, además, una de las formas de expresión de la
función de policía que en esta materia se reservó el Estado para asegurar que
los servicios públicos cumplan la finalidad social que la Constitución Política les
asigna, garantizando la prestación eficiente de los mismos a todos los
habitantes del territorio nacional y la protección efectiva de los derechos de
éstos en su calidad de usuarios de dichos servicios52.”
Ahora bien, la Sala debe advertir que lo anterior no delimita el marco de
atribuciones que en virtud de la Ley detenta la entidad demandada, en efecto,
tal como ha sido definido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional53, la
Ley 142 de 1994 regula las funciones de control y vigilancia de la SSPD en
materia de servicios públicos y la habilita para imponer sanciones ante las
infracciones en que incurren sus vigilados, definiendo la potestad administrativa
sancionatoria de dicha entidad en los artículos 79 a 83 de la Ley 142 de 1994.
49 Artículo 79. Funciones de la Superintendencia. Las personas prestadoras de servicios públicos y
aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de aplicación de las Leyes 142
y 143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Son funciones de esta las siguientes:
1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos
quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a
usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea
competencia de otra autoridad.
50 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 76001-23-31-000-2007-
00465-01
51 Artículo 75. Funciones presidenciales de la Superintendencia de servicios públicos. El Presidente
de la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades que presten los
servicios públicos domiciliarios, y los demás servicios públicos a los que se aplica esta Ley, por
medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en especial, del Superintendente
y sus delegados.
52 Consejo de Estado – Sección primera, sentencia del 10 de octubre de febrero de 2012, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, Rad. 25000-23-24-000-2004-00523-01
53 Corte constitucional M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencia C-957/14
52
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En este sentido, el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, establece las funciones
de la SSPD, dentro de las cuales cabe resaltas (sic) las siguientes que tienen
relación directa con la facultad sancionatoria:
(i) Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los
que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el
cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados,
y sancionar sus violaciones;
(ii) Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de
servicios públicos y los usuarios, y sancionar sus violaciones;
(iii) Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada
las quejas de los usuarios.
En el mismo sentido, el artículo 80-4 de la Ley 142 de 1994, habilita a la SSPD
también, para sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna
y adecuada las quejas de los usuarios.
Por su parte el parágrafo 2 del artículo 79 de la Ley 142 de 1974, otorga a la
SSPD las siguientes atribuciones: (i) sancionar, en defensa de los usuarios y
para proteger la salud y bienestar de la comunidad, a los alcaldes y
administradores de aquellos municipios que presten en forma directa uno o más
servicios públicos cuando incumplan las normas de calidad que las Comisiones
de Regulación exijan de modo general, o cuando suspendan el pago de sus
obligaciones, o cuando carezcan de contabilidad adecuada o, cuando violen en
forma grave las obligaciones que ella contiene. (ii) Imponer las sanciones a
quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, en los términos de los
artículos 81 de la Ley 142 de 1994 y 43 de la Ley 143 de 1994, sobre
competencia y abuso de posición dominante.
Resulta pertinente reseñar, que el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, le otorga
a la SSPD la facultad de imponer a quienes violen las normas a las que
deben estar sujetas, sanciones como amonestación, multas, cierres de
inmuebles, suspensión de actividades, orden de separar administradores o
empleados; solicitar el decreto de la caducidad de contratos o prohibir prestar
servicios, las cuales se deben graduar de acuerdo con la naturaleza y la
gravedad de la falta.
Conforme con lo anterior, es evidente que el marco de las facultades
sancionatorias de la SSPD, si bien se encuentra delimitado por la Ley, esta no
lo restringió a los parámetros del artículo 79.1., sino que las mismas se deben
concordar con las demás normas a las que se ha venido haciendo alusión […]
En el caso objeto de estudio, la Resolución SSPD – 20063400019745 de 23 de
mayo de 2006 invocó como fundamentó para imponer la sanción a UNITEL los
siguientes cargos:
(…)
La Sala evidencia que no es por el incumplimiento del numeral 1 del artículo 79
de la Ley 142, afectar de manera directa y determinada a usuarios
determinados, el motivo por el cual la Superintendencia sancionó con multa a
la sociedad actora, como fue considerado por el a quo, sino el incumplimiento
de las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de
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Telecomunicaciones, actos administrativos a los que están sujetos los
prestadores de servicio.
Por lo tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios era
competente para expedir el acto acusado, pues su competencia no se
encontraba limitada a los términos del numeral 1 del artículo 79 de la ley
142 de 1994, como interpretó el a quo sino que se fundamentó en la
facultades sancionatorias de dicha entidad, consagradas en los artículos
79 a 83 de la Ley 142 de 1994, específicamente en la competencia
establecida en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, relacionada con la
violación de las normas a las que deben estar sujetas.»”54 (Subrayas y
negrillas de la Sala).
145. Además, es oportuno señalar que de acuerdo con el numeral 2 del artículo 81
de la Ley 142 de 1994, la SSPD puede aplicar sanciones que, dependiendo de la
naturaleza y gravedad de la falta, pueden incluir multas equivalentes a 2000 salarios
mínimos mensuales. Ahora, para la tasación de las multas se deben atender los
siguientes criterios: (i) el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio
público, y (ii) la reincidencia en la conducta. La citada disposición prevé:
«Artículo 81. Sanciones. La Superintendencia de servicios públicos
domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las
normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la
falta:
(…)
81.2 Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El
monto de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción
sobre la buena marcha del servicio público, y al factor de reincidencia. Si
la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se
indica se podrá multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona
información suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta días
siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones
que aquí se prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la
atención de programas de inversión social en materia de servicios públicos,
salvo en el caso al que se refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se
multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones
que dieron lugar a la sanción» (Subrayas y negrillas de la Sala).
146. Frente a dichos criterios, esta Corporación, en sentencia del 1 de noviembre
de 2019, señaló:
54 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 1 de
noviembre de 2017. Proceso radicado número 76001 23 31 000 2007 00417 01. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés.
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«La Sala encuentra que el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 faculta al
funcionario sancionador con el fin de imponer la sanción prevista en la norma,
ateniendo los criterios que allí se establecen, esto es: i) el impacto de la
infracción sobre la buena marcha del servicio público, y ii) el factor de
reincidencia.
En relación con la discrecionalidad de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para imponer la sanción, en sentencia de 10 de junio de 2014 se
señaló:
“[…] las diferentes sanciones que puede fijar la SSPD dependen de la
naturaleza y gravedad de la falta cometida. Una de las sanciones que puede
imponer la Superintendencia, cuando la naturaleza y gravedad de la falta lo
amerite, es la multa, que tiene como límite, el equivalente a 2000 salarios
mínimos mensuales. La multa debe graduarse atendiendo al impacto de la
infracción sobre la buena marcha del servicio público y a si el administrado es
reincidente o no.
Así pues, al imponer cualquiera de las sanciones previstas en el artículo 81 de
la Ley 142 de 1994, la Administración actúa en ejercicio de su facultad
discrecional, que, de acuerdo con el artículo 36 del Código Contencioso
Administrativo, implica que la sanción sea adecuada a los fines de la norma que
la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa.
En Concepto No. 5 de 7 de enero de 2009, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios precisó lo siguiente respecto a la gradualidad de las
sanciones que puede imponer con base en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994:
“[…]
3.- ¿Cómo se mide la gravedad de la falta cometida por el prestador? ¿A qué
se refiere el criterio de naturaleza de la falta? ¿Qué tipos de falta existen? ¿Cuál
es la clasificación según la naturaleza de la falta, cómo se ordenan las faltas
según su gravedad, entre qué rangos se mueve la superintendencia para
imponer las sanciones pecuniarias para cada falta?
La Ley 142 de 1994 le otorgó en el artículo 81 a la Superintendencia la
competencia de sancionar a los prestadores de servicios públicos domiciliarios
o actividades complementarias de estos, que violen las normas a las que deben
estar sujetas, fijando como criterios únicos de graduación sancionatoria los de
la naturaleza y la gravedad de la falta. Se observa que la ley no dosifica las
sanciones imponibles para cada falta, sino que faculta al funcionario
competente para evaluar en cada caso particular la naturaleza de la falta y
la gravedad de la misma.
Corresponde entonces al sancionador, determinar cuál es la sanción
adecuada y proporcional de conformidad con las circunstancias probadas
en la investigación. En otras palabras, lo que se deduce de la norma en
cita es la libertad del sancionador para evaluar la naturaleza y gravedad
de la falta, como factores de graduación de la sanción.
55
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En tales condiciones, se tiene que la ley no contiene una dosificación de las
sanciones acorde con los tipos de faltas, sino que confiere al funcionario
competente la facultad para valorar el impacto de la conducta sobre la
prestación del servicio. No obstante, el sancionador debe hacer una valoración
racional con base en lo señalado y ceñirse a los esquemas sancionatorios
establecidos en el mismo artículo 81.
Por lo tanto, bajo los criterios anotados, la Superintendencia puede imponer las
sanciones de amonestación, multas, suspensión de actividades, cierre de
inmuebles, orden de separación de administradores y toma de posesión.
(…)
En esta medida, la administración cuenta con criterios generales para la
imposición de sanciones contenidos en el artículo 81 de la Ley 142 de
1994, y con criterios particulares para la aplicación de sanciones
pecuniarias establecidos en el artículo 81.2 de la misma obra, que en cierta
medida pretenden racionalizar la actividad sancionadora de la
Superintendencia evitando que ésta desborde su actuación represiva,
encauzándola dentro de un criterio de ponderación, mesura y equilibrio.
Por lo tanto, corresponderá al sancionador, en cada caso concreto, hacer una
valoración racional para determinar cuál es la sanción adecuada y proporcional
de conformidad con las circunstancias probadas en la investigación.
De acuerdo con las precisiones anteriores, toda vez que no existe una
reglamentación específica respecto a la gradualidad de la sanción, la ley faculta
al funcionario competente para evaluar, en cada caso, la naturaleza de la falta
y la gravedad de la misma, para, de esta forma, determinar la sanción de
acuerdo con los hechos y pruebas que existan en el expediente”. (Destacado
fuera de texto)
Revisado el plenario, para la Sala los actos demandados cumplieron con los
parámetros antes analizados, pues a partir de una lectura de los mismos, es
posible colegir que la Superintendencia de Energía y Gas de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizó un esfuerzo por
describir de manera detallada la naturaleza de las infracciones en que incurrió
la sociedad demandante, la afectación del servicio de energía eléctrica en
atención a las circunstancias específicas de la región y el factor reincidencia de
la misma.55”56 (Subrayas y negrillas del Despacho).
55 Pueden consultarse los folios 121 del cuaderno de pruebas contentito de la Resolución No. 002824
de 30 de septiembre de 2004, mediante la cual el Superintendente Delegado para Energía y Gas
impuso una sanción pecuniaria a la sociedad Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P, y concedió a
favor de la Asociación de Vocales de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos
Domiciliarios de la Costa Atlántica, el beneficio del incentivo consagrado en el Artículo 79.12 de la
Ley 142 de 1994. También puede consultarse el análisis que efectuó la Superintendencia de Energía
y Gas en la Resolución No. SSPD-20052400005615 de 31 de marzo de 2005, mediante la cual el
Superintendente Delegado para Energía y Gas resolvió el recurso de reposición interpuesto por la
sociedad Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P, y confirmó en su totalidad el contenido de la precitada
Resolución 002824 de 30 de septiembre de 2004 a folios 161 a 162 del cuaderno de pruebas.
56 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 1 de
noviembre de 2019. Proceso radicado número: 080001 23 31 000 2006 00873 01. Consejero
Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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147. En consecuencia, es diáfano que la Ley 142 de 1994 sí determina de manera
precisa las conductas susceptibles de sanción por parte de la SSPD, así como los
criterios para graduar las multas. Por lo tanto, el cargo no prospera.
148. De otro lado, se determinará si son nulos por infracción de normas superiores,
los actos mediante los cuales se sancionó a la entidad por ofrecer a los usuarios de
una copropiedad el servicio de energía eléctrica en el nivel II, si se alega que la
multa impuesta resulta desproporcionada, por cuanto no existía certeza sobre la
infracción atribuida ni se evidenciaba afectación en la prestación del servicio ni la
reincidencia en sus actuaciones.
149. Para resolver ese reproche, es altamente útil señalar que en el acto definitivo,
esto es la Resolución 6673 de 1999, se expuso sobre la dosimetría de la sanción:
«DOSIMETRÍA DE LA SANCIÓN
Teniendo en cuenta que conforme con las circunstancias de modo, tiempo y
lugar y a la naturaleza de los hechos las faltas han sido calificada como
gravísimas, esto es, que violentan intensamente el ordenamiento jurídico
colombiano en la materia, sin que existan razones o móviles que justifiquen la
conducta, todo lo contrario la intención de violar las normas superiores por
razones particulares, el Despacho considera que de acuerdo con el listado de
sanciones establecidas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994 y con el fin de
ser proporcional con los hechos demostrados que motivaron la presente
investigación, DICEL SA. E.S.P. debe hacerse acreedora a la sanción
pecuniaria establecida en el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, consistente en
multa equivalente hasta 2.000 salarios mínimos mensuales, Ahora bien
conforme a los criterios de la dosimetría de la sanción señalados en la misma
disposición es decir sobre previa consideración del impacto que la infracción ha
tenido sobre la buena marcha del servicio público, la reincidencia y la reiteración
de la conducta por varios años, el Despacho considera que la multa a imponer
debe ser de 2.000 salarios mínimos mensuales
Lo anterior si se tiene en cuenta que el impacto de la actitud de DICEL S.A.
E.S.P. se da principalmente en un desconocimiento radical y absoluto al
principio jurídico rector de la comercialización de energía domiciliaria,
consistente en alterar las bases normativas del concepto de usuario final, de
medición individual, de respeto a la comercialización regulada de energia, a la
creación artificiosa de mecanismos para aplicar erróneamente disposiciones
inadecuadas como en el caso de los centros comerciales, edificios, conjuntos
cerrados, condominios, a la instauración como regla general del sistema, de lo
que legalmente constituye una excepción (Vease concepto Dr. Santofimio). Por
lo anterior no se trata de un simple impacto accidental el suscitado por DICEL
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S.A. E.S.P. sobre el régimen jurídico, sino de un impacto sustancial que modificó
en lo material los sustentos normativos diseñados en Colombia para estos
efectos.
Por otra parte la investigación demuestra que no obstante las advertencias
hechas por la CREG la vigilada ha venido durante varios años incurriendo en
este tipo de conductas razón suficiente para imponer el máximo de la sanción
establecida por el legislador». (Subrayas de la Sala).
150. Por su parte, en la Resolución 3434 de 2000, mediante la cual se resolvió el
recurso de apelación presentado por la actora contra el acto definitivo, se indicó:
« 2.1. Usuario final. De conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 142 de 1994,
es derecho de los usuarios o suscriptores el obtener de una empresa prestadora
de servicios públicos domiciliarios la medición de sus consumos reales. Así
mismo, el artículo 14.25 de la Ley 142 de 1994 define el servicio público
domiciliario de energía como el transporte de energía eléctrica hasta el domicilio
del usuario final.
Ahora bien, cuando un usuario pertenece a un nivel de tensión I es en ese nivel
en el cual se le debe facturar y no, como lo manifiesta el recurrente, en el nivel
de tensión II, argumentando que en los condominios y unidades inmobiliarias
los copropietarios están conectados a un nivel de tensión II a través del
transformador de la copropiedad.
Por lo demás, cuando el artículo 1º de la Resolución CREG 108 de 1997 hace
referencia al consumo facturado, es importante tener en cuenta que la norma
se predica del usuario final, como aquel receptor real y efectivo del servicio,
dejando en claro que la facturación se realiza con fundamento en la medición
individual y además la misma debe corresponder al nivel de tensión al que
corresponda el usuario, tal y como lo advirtió el acto administrativo atacado. Por
consiguiente, cada usuario deberá poseer un equipo de medición individual.
En cuanto hace relación al artículo 4º de la Resolución CREG 099 de 1997, es
preciso señalar que se refiere al cobro de los cargos por uso de los sistemas de
distribución local, el cual se remunera en el momento en el cual se establece la
propiedad de los activos hasta el registro de corte, entendiéndose este como el
medidor individual del usuario final. En consecuencia, el cargo en mención debe
cobrarse a los usuarios finales de las unidades inmobiliarias cerradas, merced
a que dicho cobro se encuentra previsto en una resolución CREG de obligatorio
cumplimiento para las prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
Es importante subrayar que la propia Comisión de Regulación para Energía y
Gas en varias oportunidades le puso de presente al recurrente la violación del
marco regulatorio, al crear artificialmente una categoría inexistente en el
régimen de servicios públicos que bien podría denominarse: "usuarios
intermedios". Este Despacho coincide con el a quo al advertir que con dicha
conducta se da un tratamiento discriminatorio y preferencial a los usuarios de
las unidades inmobiliarias y condominios respecto de otros usuarios,
circunstancia que no se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico.
En ese orden de ideas habrá de confirmarse la decisión adoptada, como quiera
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que con la conducta desplegada por el impugnante se violaron entre otras
normas las siguientes: artículo 7.2 de la Resolución CREG 070 de 1998, artículo
1º de la Resolución CREG 108 de 1997, artículo 4 de la Resolución CREG 099
de 1997.
2.2. Violación del artículo 7.4 de la Resolución CREG 070 de 1998.
Al analizar el contenido de esta norma se observa que el operador de red tiene
el derecho de acceder a la información ya sea por lectura directa o por consulta
directa a la base de datos, de lo que se establece que esta opción la tiene
claramente el operador y no, como alega el apelante, el comercializador.
En efecto, al no permitir el comercializador el acceso al operador de red a la
información se podrían presentar problemas en lo relativo a los consumos
reales generados e igualmente no se podría establecer con claridad los datos
contenidos en la factura expedida por aquel»57
151. De este modo, en lo que atañe a la certeza de la infracción, la Sala advierte
que la SSPD fue enfática en señalar que la demandante desarrolló sus actividades
comerciales con fundamento en una interpretación del ordenamiento jurídico que no
correspondía a la prevista en las normas superiores del sector eléctrico. En
particular, la actora contrarió los presupuestos fijados en el artículo 1º de la
Resolución CREG 108 de 1997, el numeral 7.2 de la Resolución CREG 070 de 1998
y el artículo 4º de la Resolución CREG 099 de 1997.
152. Adicionalmente, es oportuno señalar que esta Sección ha sostenido que en los
procesos sancionatorios adelantados contra empresas de servicios públicos, no
resulta necesario acreditar si la conducta se ejecutó con dolo o culpa. Basta con
verificar si, a partir de su actuación, se desconoció alguna de las normas superiores
que integran el ordenamiento aplicable. En ese sentido, en sentencia del 18 de julio
de 2024, esta Corporación precisó:
« En ese sentido, y atendiendo los expresos mandatos Superiores, el Legislador
previó el alcance de la potestad sancionatoria en servicios públicos,
diferenciando, como era del caso, la relación usuario – empresa y empresa –
Estado (SSPD). Para el primer vínculo indicó que los procedimientos que
adelante deben sopesar la “culpa” del presunto infractor, lo cual ubica ese tipo
de actuaciones en el plano de la responsabilidad subjetiva, en tanto que debe
ser examinada la conducta del investigado.
No se aplica el mismo rasero en tratándose del nexo que surge entre el Estado
y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. A tal discernimiento llegó esta
57 Visible a folios 137 a 138 del Cuaderno del Tribunal.
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Sección en sentencia del 22 de octubre de 2015, en el proceso número 25000
2324 000 2010 00654 01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, en el que se
discutía precisamente si en un procedimiento sancionatorio adelantado contra
Gas Natural debía ponderarse su negligencia a fin de determinar si era
procedente la imposición de la multa:
“La sociedad GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. estima que si
en gracia de discusión se aceptara que del artículo 37 de la Resolución
CREG 011 de 2003, surgía la obligación de contar con contratos de
suministro y transporte de gas natural bajo la modalidad en firme, el
estudio relacionado con el cumplimiento de dicha obligación implicaba el
análisis de la conducta desplegada por la empresa que determinara si
adelantó las gestiones que estaban a su alcance para la consecución del
suministro y transporte bajo dicha modalidad contractual o si por el
contrario, incurrió en una falta de diligencia que ameritara la imposición
de una sanción pecuniaria como aquella de la cual fue objeto GAS
NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., por cuanto del artículo 37 de la
Resolución CREG 011 de 2003 no se deriva un régimen de
responsabilidad objetiva.
La Resolución No. SSPD – 2012400009205 del 24 de marzo de 2010,
indicó expresamente frente a este cuestionamiento que “(…) Más aún,
cuando la indagación no está dirigida a establecer negligencia o culpa,
porque ese no es el sentido de la sanción impuesta, ya que la función
de vigilancia se da en el campo de la objetividad de la investigación,
toda vez que en las actuaciones administrativas se establece una
responsabilidad plenamente objetiva, resaltando la existencia de una
conducta o hecho que da lugar a una intervención administrativa de
carácter sancionatorio o fiscalizador, ejerciendo el poder
sancionatorio que le asiste a la administración (…)”. (Resaltado fuera
de texto)
Para desatar la acusación no puede olvidarse el contenido del artículo 81
de la Ley 142 de 1994, el cual sustenta la imposición de la sanción a la
sociedad GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. y en el que se
indica que solo las sanciones que se apliquen a personas naturales
contarán con el respectivo análisis de la culpa del eventual responsable y
no podrán fundarse en criterios de responsabilidad objetiva, lo cual
conlleva, entonces, a que la imposición de sanciones a las personas
jurídicas pueden fundarse en criterios de responsabilidad objetiva sin que
se requiera el análisis de la culpa. Dicho artículo 81 indica:”
Ciertamente, se trata de uno de los casos excepcionales en los que se
habilita la atribución sancionadora despojada de valoraciones
subjetivas58, que consulta los cometidos constitucionales en tanto que
58 Sentencia C-616 de 2002: “(i) En un extremo, el legislador puede disponer iguales exigencias a
las que rigen el derecho penal para la imposición de ciertas sanciones administrativas; no obstante,
también puede (ii) prescribir que la administración cumpla con una carga probatoria inicial
predeterminada y suficiente, sin que sea necesario demostrar de manera específica la culpa, la cual
se deduce de lo ya probado, y permitir que el investigado demuestre que obró diligentemente o de
buena fe; (iii) concluir que el comportamiento del que cometió un error es prueba de un grado de
imprudencia como la simple inobservancia, pero suficiente para imponer la sanción; (iv) presumir la
60
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debe ser precedida del agotamiento de etapas que supongan una
garantía del derecho de defensa y contradicción y por supuesto la
aplicación del principio de legalidad, en el que se “exige que una norma
con fuerza material de ley contemple una descripción genérica de las
conductas sancionables, las clases y cuantía de las sanciones, pero con
posibilidad de remitir a los actos administrativos la descripción
pormenorizada de las conductas reprochables, sin que pueda decirse en
este caso que las normas de carácter reglamentario complementan los
enunciados legales, pues se trata de una remisión normativa contemplada
específicamente por la disposición legal de carácter sancionador”59.
Incumbe de manera prioritaria y ligada al derrotero ya expuesto el principio de
tipicidad, según el cual “el legislador debe establecer expresamente los
elementos fundamentales del tipo, lo que implica que se efectúe: (i) la
descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación
de la sanción; (ii) la determinación de la sanción, lo que implica la descripción
de todos los aspectos relativos a ella, esto es, el tipo de sanción a imponer, el
término o la cuantía de la misma, la autoridad competente para aplicarla y (iii)
el procedimiento que debe seguirse para proceder a su imposición.”60.
Correlato de lo anterior es que el procedimiento sancionatorio que adelanta la
SSPD contra una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, debe
atender las formas previstas en el orden jurídico para el efecto, de tal suerte que
asegure el debido proceso y atienda el principio de legalidad y de suyo el de
tipicidad, en la manera que ha sido decantado, sin que para ello requiera
examinar la diligencia de la investigada»61 (Subrayas de la Sala)
153. En cuanto a la reincidencia, aunque la actora sostuvo que no existía una
posición precisa sobre el nivel de tensión aplicable a los propietarios de
transformadores en los condominios, tal circunstancia sí fue considerada por la
SSPD. En efecto, en la Resolución núm. 009430 del 7 de diciembre de 1999,
mediante la cual se resolvió el recurso de reposición contra el acto definitivo, se
decidió disminuir el valor de la multa justamente con fundamento en esa situación;
veamos:
«[…] 1.6. En lo relativo a la interpretación de las normas relacionadas con
el objeto de la investigación
No obstante, todo lo anteriormente expuesto este despacho ha observado que
culpabilidad respecto de la comisión de ciertas infracciones y reglamentar las condiciones en las que
se puede presentar prueba en contrario; y (v) en el otro extremo, el legislador puede permitir la
imposición excepcional, bajo estrictas condiciones, de sanciones por responsabilidad objetiva, caso
en el cual no cabe que el investigado pruebe su diligencia ni su buena fe.” (Subrayas de la Sala).
59 Sentencia SU-1010 de 2008.
60 Ibídem.
61 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 18 de
julio de 2024. Proceso radicado número 52001 23 33 000 2013 00319 01. Consejero Ponente:
Oswaldo Giraldo López.
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efectivamente han existido diversas interpretaciones en lo relativo a la entrada
al mercado de los nuevos comercializadores así como en lo pertinente a la
facturación efectuada en los condominios, locales comerciales y en general a
los usuarios que habitan propiedades horizontales.
Por lo tanto al existir confusión o diversas interpretaciones es claro para este
despacho que la conducta del sancionado no puede calificarse como gravísima
razón por la cual debe atenuarse la sanción impuesta.
Igualmente una vez fijada la posición de esta Superintendencia DICEL deberá
adecuar su facturación así como la interpretación de las normas a lo establecido
tanto en la resolución que sanciona la sociedad como en el presente acto
administrativo expedidos por esta Superintendencia de Servicios Públicos».
(Subrayas de la Sala).
154. Además, del examen de la actuación administrativa se desprende que,
mediante los oficios MMECREG 857 del 15 de mayo de 1998 62, 1642 del 2 de
septiembre de 199863 y 1942 del 22 de octubre del mismo año64, la CREG respondió
los escritos radicados por la demandante (núm. 0901 de 1998, 4561 del 26 de
agosto y 5195 del 30 de septiembre de 1998), advirtiéndole de manera reiterada
que no era posible establecer cargos diferenciales dentro del nivel de tensión I; esto
es, un cargo para quienes utilizaban activos del operador y otro para usuarios con
infraestructura propia. Además, le indicó que conforme a la regulación vigente todos
los usuarios medidos en nivel de tensión I debían pagar el cargo correspondiente a
ese nivel. No obstante, pese a dichas advertencias, la demandante continuó
ofreciendo a potenciales clientes el servicio de energía a un costo inferior al
legalmente previsto.
155. En el oficio MMECREG 1642 del 2 de septiembre de 1998, se indició:
«[…] Hemos recibido copia de la carta de la referencia en donde usted afirma:
“Nuestro servicio resulta significativamente más económico por dos razones
fundamentales: la una por el manejo de los costos de compra de energía que
redundan “en tarifas más favorables y la segunda por la opción que tenemos de
entregar energía según los costos del nivel de tensión del suministro total”.
Es importante que usted nos aclare el sentido de la frase que hemos subrayado.
62 Cfr. índice núm. 3 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: “PROCESO
DIGITALIZADO(.ZIP)”. “20030033001C5”. Págs. 307-315.
63 Cfr. índice núm. 3 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: “PROCESO
DIGITALIZADO(.ZIP)”. “20030033001C5”. Págs. 209-210.
64 Cfr. índice núm. 3 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: “PROCESO
DIGITALIZADO(.ZIP)”. “20030033001C5”. Págs. 94-96.
62
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Para su información, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 108
de 1997 "CONSUMO FACTURADO: Es el liquidado y cobrado al suscriptor o
usuario, de acuerdo con las tarifas autorizadas por la Comisión para los
usuarios regulados, o a los precios pactados con el usuario, si éste es no
regulado. En el caso del servicio de energía eléctrica, la tarifa debe
corresponder al nivel de tensión donde se encuentra conectado directa o
indirectamente el medidor del suscriptor o usuario"; el usuario pertenece al nivel
de tensión donde tiene conectado su equipo de medida. Por lo tanto, al aplicar
la fórmula tarifaria de la resolución CREG 031 de 1997, a estos usuarios se les
debe cobrar el cargo de distribución correspondiente al nivel de tensión donde
se realiza la medida individual.
Los comercializadores son los encargados de cobrar este cargo y entregarlo al
distribuidor que corresponda. A partir de la expedición de la Resolución CREG
070 de 1997 se dio la siguiente opción "Cuando un Usuario se conecte al
Sistema del OR mediante un transformador dedicado, tiene la opción de
conectar su equipo de medida en el nivel de alta tensión del transformador y ser
considerado Usuario del nivel correspondiente. En este caso el Usuario debe
cumplir con las normas aplicables y es, además, responsable del mantenimiento
del transformador y de las instalaciones y equipos de desconexión en el lado de
baja tensión”
Esta norma se aplica exclusivamente a un solo usuario que tiene un
transformador dedicado, y no, cuando hay dos o más usuarios. Es importante
aclarar que los transformadores de distribución de los privados no fueron
considerados dentro de los activos del Nivel de Tensión I de las empresas
distribuidoras y, por lo tanto, estos activos no son remunerados a las
distribuidoras a través de los cargos por uso como algunas personas creen
[…]». (Subrayas de la Sala).
156. En el Oficio MMECREG 1942 del 22 de octubre de 1998, se explicó:
«[…] Apreciado doctor:
Mediante la Resolución CREG 004 de 1994 se establecieron los cargos de uso
que los comercializadores y grandes consumidores a través de los primeros,
debían pagar a los distribuidores por el uso de sus sistemas de Transmisión
Regional y/o Distribución Local. Estos cargos se calcularon. exclusivamente
para tensiones iguales o superiores al nivel II.
Con la expedición de las fórmulas tarifarias, fue necesario establecer los cargos
de referencia asociados al nivel de tensión I (Ver resolución CREG 133 de
1996). Posteriormente, mediante la Resolución CREG 099 de 1997 se adoptó
la metodología de costo medio para el cálculo del cargo en este último nivel de
tensión. Dicha metodología sustituyó la metodología que había sido establecida
mediante las resoluciones CREG 003 y GREG 004 de 1994.
Como se sabía de antemano que las empresas distribuidoras no tenían
inventarios detallados de las redes de baja tensión, en la Resolución CREG 099
de 1997 se estableció que mediante un muestreo se estimaran los activos en
63
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dicho nivel, en el cual, como es natural, no podrían quedar incluidos los
transformadores y redes internas de los particulares.
Si no se tenía el inventario de las redes del nivel 1, mucho menos se podía tener
la información detallada de los flujos de energía que se entrega a los usuarios
a través de los transformadores propios y de los privados, Por tanto, no era
posible establecer cargos diferenciales para el nivel I, esto es, un cargo para
quienes usan activos de la empresa en ese nivel y, otro, para quienes tienen
infraestructura propia. De ahí la necesidad de establecer un cargo tipo
estampilla, en donde las empresas distribuidoras recuperan solamente el valor
de sus activos en dicho nivel.
Por lo tanto, de acuerdo con la regulación vigente todos los usuarios medidos
en el nivel de tensión I pagan el cargo de dicho nivel dado que la suma de las
energías de todos esos usuarios es la que se utilizó como denominador para
calcular dicho cargo. Ello quiere decir que tales usuarios pagan un único cargo
por distribución, correspondiente al nivel en el cual se efectúa la medición
individual de cada usuario, como se le expresó en la comunicación MMECREG-
1642 de 1998, y no que a dichos usuarios se les pueda desagregar el cargo,
para cobrarles únicamente el o los correspondientes a un nivel o niveles
superiores.
El Reglamento de Distribución (Resolución CREG 070/de 1998) estableció una
excepción a la regla anterior, y es que cuando un usuario (una sola persona)
tenga un transformador dedicado, dicho usuario puede conectar su equipo de
medida individual en el lado de alta tensión del transformador, y pertenecer al
nivel de tensión correspondiente, para lo cual debe cumplir con las exigencias
establecidas en el citado Reglamento, que hace alusión principalmente es a la
precisión en la medida de los consumos correspondientes. Sin embargo, no
puede pretenderse que de acuerdo con esta norma un comercializador tenga la
"opción legal" de "entregar energía según los costos del nivel de tensión del
suministro total", entendida como la opción de aplicar al usuario final el cargo
correspondiente al nivel de tensión donde se recibe la energía total que luego
se distribuye y comercializa a un conjunto residencial, llámese éste, legal o
comúnmente "unidad inmobiliaria cerrada", conjunto residencial, o edificio
multifamiliar, etc., pues ni la excepción consagrada en el Reglamento de
Distribución, ni la demás regulación vigente permiten dicha opción y por el
contrario, contradice la normatividad consagrada en las Leyes 142 y 428, y en
la regulación vigente (Resoluciones CREG 108 de 1997 y 070 de 1998, sobre
medición individual del consumo facturable al usuario final.
En ese sentido no es cierto lo afirmado por ustedes en el literal (f) de la
comunicación que enviaron a la Comisión, cuando afirman que los cargos por
uso de las empresas distribuidoras llegan hasta el punto de corte, donde
comienza la red interna. Lo que se aprobó desde la publicación de la resolución
CREG 108 de 1997 es que el usuario pertenece al nivel de tensión donde se le
mide el consumo, y el cargo por distribución que se debe aplicar en la fórmula
para calcular la tarifa respectiva es el correspondiente al nivel 1, el cual debe
ser recaudado por el comercializador que atiende al usuario y pagado al
respectivo distribuidor.
De acuerdo con lo anterior, es claro que las empresas distribuidoras al aplicar
a los usuarios finales el cargo por distribución correspondiente al nivel de
tensión donde cada usuario tiene su punto de medición individual no están
cobrando por servicios no prestados, como lo sugiere su comunicación, sino
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que está aplicando el cargo a que tienen derecho para recuperar su inversión a
través del costo medio que se les aprobó. Por tanto, una empresa
comercializadora que establece una frontera comercial en el nivel II o III para
atender usuarios finales que pertenecen al nivel de tensión I no puede pretender
pagar los cargos de distribución correspondientes a esa frontera porque estaría
creando un desequilibrio financiero al distribuidor.
Las reglas actuales son comunes a todas las comercializadoras de energía y
no hay discriminación o ventajas para unas respecto al cobro de cargos por uso
de STR y/o SDL. El cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación de
un servicio constituye restricción indebida de la competencia, expresamente
prohibida por la Ley 142 de 1994, Articulo 34 […]». (Subrayas de la Sala).
157. De otro lado, en lo que hace al impacto sobre el servicio, se advierte que la
SSPD reprochó a la actora que hubiere desconocido las normas sobre la
comercialización del servicio de energía al alterar el concepto de usuario final en la
medición individual de ese servicio.
158. En consecuencia, para la Sala la multa impuesta a la recurrente no resulta
desproporcionada, pues en el acto enjuiciado se analizaron los criterios de
dosificación de la sanción, sin que la actora hubiera controvertido en la alzada de
manera específica lo allí señalado.
159. Además, lo expuesto permite descartar uno de los reproches formulados en el
cargo de falsa motivación, pues no es cierto que la CREG no hubiera advertido la
improcedencia de las actuaciones de la actora. En efecto, tal como se detalló en los
numerales 154 y 155 de esta providencia, dicha entidad sí le informó de manera
expresa que sus conductas contrariaban la normatividad aplicable, de modo que
dicho reparo parte de un fundamento erróneo y desconoce la responsabilidad con
la que debe actuar una sociedad cuya especialidad implica conocer adecuada y
suficientemente la normatividad que disciplina el desarrollo de su objeto social.
8.7. De la controversia sobre el derecho al debido proceso
160. De manera previa a resolver el problema que corresponda, advierte la Sala
que el recurrente cuestiona la incorporación en el expediente administrativo de
pruebas que no fueron decretadas, así como la práctica de otros elementos
probatorios que no solicitó durante la actuación administrativa. No obstante, no
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precisó cuáles serían dichas actuaciones irregulares.
161. Además, aunque reprochó la negativa a decretar los testimonios de los señores
Fernando Lecaros, Carlos Gómez Gómez, Salin Eduardo Radi Pardo y Sofía
Valencia, lo cierto es que no explicó por qué dichos medios de prueba resultaban
útiles, pertinentes o conducentes. Asimismo, no especificó cuáles eran las facturas
de usuarios de Codensa que no fueron incorporadas al expediente.
162. Al respecto en la alzada, se dijo textualmente:
« C. En relación con el TERCER CARGO: Existió violación al debido proceso
de DICEL
No puede afirmarse que la Superintendencia haya observado a cabalidad el
principio del debido proceso durante la investigación administrativa adelantada
en contra de mi representada por solamente haber practicado y enlistado el
número de pruebas solicitadas por DICEL, con fundamento en los artículos 34
del CCA y 108 de la Ley 142 de 1994.
Como obra en el expediente, la actuación administrativa culminó con
irregularidades tales como la incorporación al expediente de pruebas
documentales, sin que las mismas se hubieran decretado, lo cual conllevó a mi
representada a no poder controvertir su pertinencia, conducencia y utilidad. Así
mismo, se decretaron pruebas no solicitadas por el investigado y que no se
enlistaron en el Pliego de Cargos, imposibilitando, nuevamente, su oposición
por mi representada.
El Tribunal decidió negar este cargo ya que consideró que el debate respecto a
las irregularidades probatorias se limitó a que, por un lado, "las pruebas
solicitadas por la sociedad investigada fueron tenidas en cuenta y evaluadas
dada su pertinencia, conducencia y necesidad para esclarecer los hechos
objeto de investigación", y, por el otro, que las pruebas que no fueron
practicadas pero sí solicitadas, fueron válidamente rechazadas por la
Superintendencia.
A pesar de lo planteado por el Tribunal, es necesario reiterar que las autoridades
administrativas deben observar a cabalidad el derecho al debido proceso, el
cual no solo constituye un principio rector de toda autoridad estatal, sino que es
también una garantía para el administrado.
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional lo siguiente:
(…)
De lo anterior, resulta claro que en los procedimientos administrativos
sancionadores en los que o bien no se surte la notificación conforme a los
requisitos legales, o no se tienen en cuenta los argumentos y defensas del
investigado no puede afirmarse que se dio un debate o una contradicción en los
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términos de la Corte Constitucional, por el contrario, en estos supuestos es claro
que existió imposición arbitraria de la administración desprovista del respeto al
derecho a la defensa y el debido proceso.
En la actuación adelantada por la Superintendencia, como se demostró, se
vulneró de manera flagrante el derecho al debido proceso, esto en la medida en
que se negó a DICEL el derecho a que se decretaran y practicaran algunas
pruebas, con base en las cuales se sustentaba su conducta, y a pesar de haber
sido solicitadas oportunamente, y de que las mismas eran útiles, pertinentes y
conducentes para el proceso sancionatorio65.
Igualmente, tampoco se anexaron al expediente facturas de algunos usuarios
de Codensa S.A. E.S.P que desvirtuaban que la conducta de DICEL hubiese
sido aislada, esto aun cuando las mismas cumplían con todos los requisitos
exigidos para que fuese decretadas.
Por lo tanto, las Resoluciones expedidas por la Superintendencia violan el
derecho de defensa y debido proceso de mi representada, generando con esto
que los referidos actos administrativos estén viciados de nulidad»66 (Subrayas
de la Sala).
163. Por ende, no es posible abordar los argumentos expuestos contra la sentencia
recurrida sobre este punto, ya que la actora incumplió lo previsto en los artículos
320 y 328 del CGP, según el cual, la apelación tiene como fin que el superior
examine la materia respecto de los reparos concretos formulados en contra de la
providencia recurrida.
164. Los artículos en cuestión se transcriben enseguida:
«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 71» (Subrayas de la Sala).
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
65 Testimonios técnicos de Fernando Lecaros, Carlos Gómez Gómez, Salin Eduardo Radi Pulido y
Sofía Valencia
66 Visible a folios 23 a 25 del escrito de apelación.
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Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
(Subrayas de la Sala).
8.8. Del cargo de falsa motivación
165. La Sala deberá dilucidar si son nulos por falsa motivación los actos
administrativos mediante los cuales la SSPD sancionó a la demandante que alega
que los documentos citados en la parte motiva del acto sancionatorio no
correspondían en su totalidad a oficios emitidos por la CREG y que aquellos que sí
provenían de esa entidad no fueron remitidos a la empresa investigada.
166. A efectos, de absolver dicho problema, la Sala observa que la controversia se
dirige específicamente en contra de lo dicho en el numeral 1º de los considerandos
de la Resolución SSPD 006673 de 1999, en el cual se indicó lo siguiente:
« CONSIDERANDO:
1. Que ante esta Superintendencia, prestadores de servicios públicos
como ENERCALI, y EPSA S.A. E.S.P. presentaron diferentes
comunicaciones relacionadas con los usuarios facturados por DICEL
S.A. E.S.P. en el nivel de tensión II. (Folios 223 a 225; 295; 296; 297 a
302; 356 a 364; 435 a 439; 465; 466; 479 a 481; 603; 604).
Que también se recibieron en esta Superintendencia oficios CREG
relacionados con el tema mencionado anteriormente. (Folios 219 a 221;
299; 303 a 306; 311 a 323; 345 a 348; 365 a 373; 420 a 423; 549 a 551;
558 a 561).
Que igualmente se recibieron facturas de diferentes usuarios de DICEL
S.A. E.S.P. relacionadas con la facturación en nivel de Tensión. (Folios
934 al 1354).
Que con fundamento en todos los documentos anteriormente
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mencionados esta Superintendencia Delegada consideró preciso abrir
investigación a la empresa DICEL S.A. E.S.P.» (Subrayas de la Sala)67
167. En ese orden de ideas, lo que observa la Sala es que en el numeral en cuestión
no se hizo referencia exclusiva a documentos emitidos por la CREG como
fundamento para la apertura de la investigación sancionatoria. Por el contrario, allí
también se mencionaron quejas presentadas por distintos operadores de red, así
como facturas expedidas por DICEL a sus usuarios, elementos que igualmente
fueron considerados por la SSPD para iniciar la actuación administrativa.
168. Adicionalmente, es pertinente señalar que en el auto mediante el cual se
dispuso la apertura de la investigación sancionatoria contra DICEL, la SSPD
identificó de manera expresa los elementos probatorios que justificaban el inicio del
procedimiento:
«HECHO 1 DICEL S.A. E.S.P. ofrece a sus usuarios potenciales, y liquida
los consumos de energía de usuarios, pertenecientes a edificios de
propiedad horizontal o condominios y cuyos equipos de medida se
encuentran en el nivel de tensión I, tarifas de energía calculadas con los
cargos por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución
Local correspondientes al nivel de tensión II. Consecuencialmente, DICEL
S.A. E.S.P. liquida al Operador de Red, en cuyo STR y/o SDI se encuentran
conectados sus usuarios, los cargos únicamente hasta el nivel de tensión
II y no al nivel de tensión I donde realmente se encuentra el punto de
entrega a cada usuario.
El hecho descrito se fundamenta en lo siguiente:
1. (…)
VIOLACIÓN NORMATIVA
De acuerdo con lo anterior, la DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
ENERGÍA - DICEL S.A. E.S.P., presuntamente incurre en una violación de las
siguientes normas:
1. Artículo 3 de la Resolución CREG 031 de 1997 (…)
2. Artículo 1 de la Resolución CREG 108 de 1997 (…)
3. Numeral 7.2. Reglamento de Distribución Resolución CREG 070 de 1998 (…)
4. Artículo 4 de la Resolución CREG 099 de 1997 (…)
67 Visible en el índice 39 del Cuaderno del Tribunal
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5. Artículo 34 de la Resolución CREG 099 de 1997 (…)
(...)”.
PRUEBAS
El hecho anteriormente descrito se soporta en las siguientes pruebas:
1. Comunicación de DICEL DC-440-08-98-LMG, del 18 de agosto de 1998.
2. comunicación de DICEL DC-459-08-98-LMG, del 20 de agosto de 1998.
3. comunicación de DICEL DC-636-09-98-LMGC, del 16 de Septiembre de
1998.
4. Comunicación de DICEL JECH-618-09-98-LMGC, del 21 de Septiembre de
1998.
5. Comunicación de ENERCALI S.A. E.S.P. radicada internamente en esta
superintendencia bajo el No. 98-529-042228-2 del 16 de octubre de 1998.
6. Comunicación de EPSA E.S.P. radicada internamente en esta
superintendencia bajo el No. 98-529-045195-2 del 9 de noviembre de 1998.
7. Comunicación de DICEL DCE-1066-11-98-SV/GP del 9 de noviembre de
1998.
8. ACTA DE REUNION No. 1 entre representantes de la PARCELACIÓN
SOLARES DE LA MORADA Y EPSA E.S.P. del día 3 de septiembre de 1998.
9. Comunicación de ENERCALI S.A. E.S.P. No. 1571-1928 del 19 de noviembre
de 1998.
10. Diario EL PAIS del domingo 6 de diciembre de 1998
HECHO 2 DICEL S.A. E.S.P. ofrece a sus usuarios la prestación gratuita y
a precios inferiores al costo de servicios adicionales a los que contempla
la tarifa.
El hecho descrito se fundamenta en lo siguiente:
(…)
VIOLACIÓN NORMATIVA
De acuerdo con lo anterior, la DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
ENERGÍA - DICEL S.A. E.S.P., presuntamente incurre en una violación de las
siguientes normas:
1. Artículo 34 de la Resolución CREG 099 de 1997
“ARTICULO 34. Prohibición de prácticas discriminatorias, abusivas o
restrictivas. Las empresas de servicios públicos, en todos sus actos y contratos,
deben evitar privilegios y discriminaciones injustificados, y abstenerse de toda
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práctica que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar competencia
desleal o de restringir en forma indebida la competencia.
Se consideran restricciones indebidas a la competencia, entre otras, las
siguientes:
(...)
34.2.- La prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo, de servicios
adicionales a los que contempla la tarifa;
(...)”
PRUEBAS
El hecho anteriormente descrito se soporta en las siguientes pruebas:
1. Comunicación de DICEL JECH-018-05-98-LMGC, del 7 de mayo de 1998
HECHO 3 DICEL S.A. E.S.P. no permite el acceso al equipo de medida al
OPERADOR DE RED en cuyo Sistema de Transmisión Regional y/o
Distribución Local se encuentran conectados sus usuarios.
El hecho descrito se fundamenta en lo siguiente:
(…)
VIOLACIÓN NORMATIVA
De acuerdo con lo anterior, la DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
ENERGÍA - DICEL S.A. E.S.P., presuntamente incurre en una violación de las
siguientes normas:
1. Numeral 7.4 del Reglamento de Distribución - Resolución CREG 070 de 1998
“7.4 ACCESO A LOS EQUIPOS DE MEDIDA
Para efectos de la lectura de los medidores, tienen acceso a los equipos de
medida el Usuario, el o Ios Comercializadores que lo atienden y el OR del STR
y/o SDL respectivo.
EI OR tiene derecho a acceder a la información, ya sea por lectura directa o por
consulta directa a la base de datos de registros del Comercializador, para poder
facturar los Cargos por Uso de su STR y/o SDL."
PRUEBAS
El hecho anteriormente descrito se soporta en las siguientes pruebas:
1. Comunicación de EPSA E.S.P. radicada internamente en esta
Superintendencia bajo el No. 98-529-045195-2 el 9 de noviembre de 1998.
2. Comunicación de EPSA E.S.P. radicada internamente en esta
Superintendencia bajo el No. 98-529-041961-2 el 15 de octubre de 1998.
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3. Comunicación de DICEL DCE-898-10-98 del 15 de octubre de 1998
HECHO 4 DICEL S.A. E.S.P. ajustó el múltiplo de medida de los equipos de
medida de los usuarios INDUSTRIAS INVAL y MUEBLES BIOVA, a la mitad
del factor correcto, provocando de esta manera que dichos equipos no
registraran la totalidad del consumo realmente consumido por los
usuarios
El hecho descrito se fundamenta en lo siguiente:
(…)
VIOLACIÓN NORMATIVA
De acuerdo con lo anterior, la DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
ENERGÍA - DICEL S.A. E.S.P., presuntamente incurre en una violación de las
siguientes normas:
1. Artículo 146 de la Ley 142 de 1994.
"ARTICULO 146. La medición del consumo, y el precio en el contrato. La
empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan;
a que se empleen para que técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario”.
2. Numeral 7.5.2 del Reglamento de Distribución - Resolución CREG 070 de
1998
“7.5.2 PRUEBAS DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA
Antes de su instalación en el punto de medición, el equipo de medida deberá
ser revisado, calibrado y programado por el Comercializador o un tercero
debidamente acreditado ante la autoridad nacional competente. El OR tiene
derecho a estar presente en esta calibración o exigir el protocolo de pruebas
correspondiente”.
3. Artículo 6 Resolución CREG 024 de 1995
"ARTICULO 10. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES MINIMAS. Los agentes
que participan en el mercado mayorista deben cumplir las siguientes
condiciones mínimas:
(…)
c) Suministrar la información de generación y demanda con la periodicidad que
se indique en la presente resolución y en la forma que lo define el Código de
Redes.
(…)".
4. Numeral 2 del CODIGO DE MEDIDA, Resolución CREG 025 de 1995, por la
cual se establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de
Operación del Sistema Interconectado Nacional.
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“2. PROPIEDAD Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA,
TELECOMUNICACIONES Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
(…)
Si cualquiera de las empresas o agentes mencionados en el Código realiza,
encubre o promueve acciones que atenten contra la veracidad o fidelidad de las
lecturas y registros de los equipos de medición y comunicaciones, se le
aplicarán las sanciones que sobre fraudes contempla la Ley, sin perjuicio de las
sanciones que aplique la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
y la Superintendencia de Industria y Comercio, según el caso.
(…)".
PRUEBAS
El hecho anteriormente descrito se soporta en las siguientes pruebas:
1. Comunicación de EPSA E.S.P. radicada internamente en esta
Superintendencia bajo el No. 98-529-045195-2 el 9 de noviembre de 1998.
2. Acta de revisión de instalación No. 17164 del 29 de septiembre de 1998,
realizada al usuario INDUSTRIAS INVAL.
3. Acta de revisión de instalación No. 17165 del 29 de septiembre de 1998,
realizada al usuario MUEBLES BIOVA,
4. Oficio de DICEL radicado internamente en esta Superintendencia bajo el No.
98-529-047451-2 el 23 de noviembre de 1998
5. Facturación de mayo 1 a noviembre 30 de 1998 y curvas de carga para el
usuario INDUSTRIAS INVAL
6. Facturación de mayo 1 a noviembre 30 de 1998 y curvas de carga para el
usuario MUEBLES BIOVA»68. (Subrayas de la Sala).
169. Ahora, aunque la recurrente afirma que en el numeral primero del acto
definitivo se mencionaron documentos respecto de los cuales no se surtió el traslado
correspondiente, lo cierto es que no precisó cuáles eran esos documentos. En
consecuencia, incumplió con la carga argumentativa establecida en los artículos
320 y 328 del CGP, lo cual impide a la Sala efectuar un análisis de fondo sobre tales
cuestionamientos.
170. De otro lado, se resolverá si son nulos por falsa motivación, los actos
administrativos mediante los cuales la SSPD sancionó a la actora por ofrecer a los
68 Cfr. índice núm. 3 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: “PROCESO
DIGITALIZADO(.ZIP)”. “20030033001C2”. Págs. 181-200.
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usuarios de una copropiedad el servicio de energía eléctrica en el nivel II, si la
recurrente sostiene que dicha conducta constituía un hecho aislado de esa
empresa, sino que fue adoptada por más empresas de servicios públicos.
171. Al respecto, se evidencia que en el acto sancionatorio se expresó que la
conducta de DICEL no constituía un hecho aislado por las razones que se
transcriben a continuación:
« ANALISIS,DE RESPONSABILIDAD RESPECTO AL TERCER CARGO
El tercer cargo formulado conforme con lo expuesto también debe prosperar.
DICEL S.A. E.S.P. interpretó igualmente de manera errónea, el régimen jurídico
aplicable para efectos del libre acceso a los equipos de medida desconociendo
el alcance literal indudable e indiscutible del artículo 7.4. de la Resolución 070
de 1998, colocándose en rebeldía frente al ordenamiento jurídico, perturbando
reiteradamente la actividad de los distribuidores con todas las consecuencias
jurídicas y patrimoniales que esto puede significar en un ámbito de
comercialización, donde la medición constituye el referente objetivo y lógico
para la determinación de cantidades y valores de la energía suministrada. Se
trata de un hecho peligroso para la actividad de comercialización del sistema,
que implicó indudablemente actitud cómplice por parte de directivos y
subalternos de la empresa, y que a no dudarlo proporciona un mal ejemplo a
los demás comercializadores del país en cuanto podría eventualmente
orientarlos a que se colocaran en, posición arbitraria y desconocedora de
ordenamiento jurídico. Lo anterior tiene fundamento probatorio además de los
documentos mencionados como fundamento al primer cargo se encuentran las
pruebas documentales obrantes a folios 899 al 1465 recopiladasen la visita
efectuada a la ciudad de Cali el día 21 de abril de 1999.
Al igual que lo expresado en el hecho anterior no puede pensarse que estemos
frente a un hecho aislado, fundado eventualmente en una accidental
interpretación errónea del ordenamiento jurídico. Todo lo contrario, se trata de
una premeditada actitud de desobedecimiento de las normas superiores que
perturbó indiscutiblemente el servicio al crear situaciones en detrimentos de la
facturación de los cargos por uso, colocando a los distribuidores en situación de
inferioridad y seguramente si las investigaciones sobre competencia desleal
prosperan ante la autoridad competente, con grave detrimento en los intereses
por ellos representados.
Tan cierto resulta ser lo anterior que ante las advertencias del consultor
contratado por la investigada Dr. HUGO PALACIOS MEJIA, esta entidad no
tuvo otra alternativa que la de aceptar su violación al ordenamiento jurídico,
consecuentemente de estar afectando de manera gravísima el funcionamiento
de la comercialización domiciliaria de energía eléctrica. Esta interpretación
igualmente había sido puesta en conocimiento de la investigada por la Comisión
de Regulación de Energía y Gas, lo cual reitera la posición de este Despacho,
que más que una violación al ordenamiento jurídico nos encontramos ante una
posición de rebeldía de la investigada frente a las bases sustentadoras del
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régimen del servicio públicos de energía domiciliaria en Colombia, por lo cual
se insiste en que la presente conducta es de carácter gravísimo»69
172. En ese orden, la Sala advierte que la expresión «hecho aislado» utilizada en
los actos acusados no se empleó en el sentido que le atribuye la recurrente, pues
en esas decisiones la SSPD no afirmó que la conducta reprochada fuera exclusiva
de DICEL frente a otros agentes del mercado. Lo que en realidad consideró la
demandada es que las acciones de la recurrente no se trataban de un episodio
accidental, sino de una práctica reiterada y sostenida en el tiempo por los directivos
y empleados de esa empresa.
173. Por ende, es evidente que el cargo parte de un fundamento erróneo de modo
que no prospera.
174. A su vez, se absolverá si son nulos por falsa motivación, los actos
administrativos mediante los cuales la SSPD sancionó a una empresa por ofrecer a
los usuarios de una copropiedad el servicio de energía eléctrica en el nivel II, si la
actora refiere que no asesoró a los usuarios en la creación de personas jurídicas.
175. En el acto sancionatorio se indicó:
«14.1 ANALISIS DE RESPONSABILIDAD RESPECTO DEL PRIMER CARGO
Frente a este fenómeno, que conforme con la evaluación de las normas
jurídicas pertinentes, se concluye que está sujeto a una precisa regla general
según la cual el usuario es siempre un sujeto final, receptor real, efectivo y
directo del servicio público de energía eléctrica, donde no se aceptan usuarios
intermedios de ninguna naturaleza, donde necesariamente se debe respetar
conforme con la ley la regla general de la condición de usuario individual, luego
su derecho a medición y cobro individual, y sobre todo a la imposibilidad de
crear artificialmente usuarios finales que no reúna las expectativas del legislador
en el sentido de su consideración individual, el Despacho considera que la
empresa DICEL S.A. E.S.P. no obstante el conocimiento que debe tener del
ordenamiento jurídico aplicable, y la indiscutible claridad de las normas jurídicas
en esta materia procedió a operarla de manera contraria al ordenamiento
jurídico, creando situaciones jurídicas por fuera de los presupuestos
establecidos en el artículo 1º. De la Resolución CREG 108 de 1997, numeral
7.2 de la Resolución 070 de 1998 expedida por la CREG y el artículo 4º. De la
Resolución 099 de 1997 también expedida por la CREG. Lo anterior tiene pleno
fundamento probatorio en documentos CREG 1041 (folios 201 a203); 1642
69 Visible a folios 98 a 99 del Cuaderno del Tribunal.
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(folio 204-205); 2404 (folios 303 a 306); 1929 (folios 311 a 314); 1942 (folios 315
a 317); 1518 (folio 423) oficio GE EMCALI (folios 223 a 225); oficio EPSA (folios
365 a 373) entre otros.
A lo anterior debemos agregar, tal y como se acreditó en el expediente que
DICEL S.A. E.S.P. expresamente estaba advertida por la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, esto es por la autoridad natural para la regulación
e interpretación del ordenamiento jurídico para energía eléctrica de la
improcedencia de los mecanismos que venía utilizando respecto de la
vinculación de usuarios finales a través de la creación artificiosa de usuarios
intermedios. Luego no se puede pensar que DICEL S.A. E.S.P. actuó de
manera desprevenida y posiblemente sumida en error sobre el alcance de las
disposiciones aplicables. Todo lo contrario, del expediente se deduce que actuó
plenamente con conocimiento de causa, que quiso voluntariamente desarrollar
sus actividades comercializadoras conforme con una interpretación del
ordenamiento jurídico que no era ni ha sido la establecida en las normas
superiores en materia de energía., ni la que se deduce de la claridad misma de
las normas aplicables, como se derivan del Oficio MMECREG 1942 del 22 de
octubre de 1998 (folios 315 a 317) y el oficio MMECREG 1882 del 13 de octubre
de 1998 (folio 515).
Desde esta perspectiva siendo indiscutible la violación al ordenamiento jurídico,
para el Despacho no cabe la menor duda, de que DICEL S.A. E.S.P. viene
brindando dentro del medio mal ejemplo a las demás empresas
comercializadoras de energía, causando indiscutiblemente repercusiones de
carácter social y económico que no es este el momento de entrar a juzgar pero
que de todas maneras hacen que su falta tenga repercusiones en la totalidad
del territorio nacional. No se trata de una simple transgresión de la Ley y el
ordenamiento jurídico. Se trata de una transgresión que lleva de por sí un
cambio sustancial en los principios jurídicos sustentadores del régimen de la
comercialización de energía eléctrica en el territorio nacional, y que de contera
afecta otros regímenes jurídicos como el de la propiedad horizontal y el de las
unidades inmobiliarias cerradas, el cual resulta manipulado sofisticadamente
para desfigurar las bases del régimen de la comercialización de la energía
eléctrica en Colombia. Para el Despacho la actitud de DICEL no resulta ajena a
la actividad desarrollada por sus directivos y subalternos los cuales
indudablemente resultan con complicidad inevitable en el presente asunto.
Si se analiza con detenimiento las modalidades y circunstancias que rodearon
los hechos que nos ocupan y se tiene en cuenta que no obstante las
advertencias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas la vigilada insistió
en su conducta, luego se puede afirmar sin discusión alguna que actuó de
manera premeditada, preparó cada uno de sus actos, asesoró a los usuarios
para la creación de personas jurídicas con desconocimiento del régimen de
propiedad horizontal, se aprovechó de la confianza y de la buena fe de los
habitantes de barrios, edificios, conjuntos residenciales, centros comerciales
ofreciendo tarifas eventualmente atractivas diferentes a las que legalmente
correspondían al usuario final dentro de un mercado de regulación, lo anterior
no precisamente por motivos nobles y altruistas sino como está perfectamente
determinado dentro de una carrera desbocada para obtener mayores usuarios,
al Despacho no le cabe la menor duda entonces que la falta cometida por DICEL
S.A. E.S.P. consistente en desconocer el ordenamiento jurídico no puede ser
calificada sino de gravísima.
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No se observan causales de atenuación o hechos que puedan dar pie al
juzgador de que DICEL actuó por consideración con los usuarios o que no
perturbó el servicio. Obsérvese que la Superintendencia comenzó la presente
actuación con fundamento en quejas presentadas por otros sujetos del mercado
que consideraron ilegal la actuación de DICEL S.A. E.S.P., por la anterior razón
este Despacho habrá de imponer sanción pecuniaria a la vigilada una vez se
evalúe la responsabilidad del otro cargo que prospera en la presente
investigación»70 (Subrayas de la Sala)
176. Así, advierte la Sala que asiste razón a la recurrente en cuanto a que no obra
en el expediente prueba alguna que demuestre que la accionante hubiera
asesorado a sus usuarios para infringir el régimen de propiedad horizontal. No
obstante, dicha circunstancia no resulta suficiente para enervar la legalidad de los
actos acusados puesto que ese argumento no constituyó el fundamento
determinante de la sanción. Por el contrario, fue una consideración accesoria dentro
del análisis de las circunstancias fácticas que la SSPD, rodearon la falta cometida
por DICEL.
177. Por último, se absolverá si son nulos por falsa motivación los actos
administrativos mediante los cuales la SSPD sancionó a una empresa por ofrecer a
los usuarios de una copropiedad el servicio de energía eléctrica en el nivel II, pese
a que estos lo recibían en el nivel I, si la recurrente sostiene que con esa
interpretación no abusó de la confianza ni de la buena fe de los usuarios.
178. Con miras a resolver ese reproche, es pertinente señalar que en el expediente
obra el oficio de 21 de 1998, mediante el cual la demandante presentó ofertas de
servicio a clientes potenciales en los siguientes términos:
«Una tarifa equivalente de $106.91/KWH, leídas y facturadas con contador al
nivel de 13.200 Voltios. Su tarifa en el mes de Agosto /98 será de $150.54/KWH,
que con un consumo de 16422.6/KWH/mes para la totalidad de las oficinas o
locales, tendrían un ahorro anual total cercano a los $8.598.006.
Para tener acceso a nuestro servicio, requerimos de la instalación de un sistema
de medición en alta tensión, con dos transformadores de corriente y dos
transformadores de potencial, contador con registro horario y telemedida,
precisión 05, por exigencias del Código de Medida.
Los equipos pueden ser suministrados e instalados por DICEL, a un costo
70 Visible a folios 96 a 98 del Cuaderno del Tribunal.
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aproximado de $9.000.000 a $10.000.000, es asumido por el edificio y puede
ser financiado hasta en doce (13) meses, con financiación del 3% sobre saldos.
Que serían cancelados con los ahorros de los doce (13) meses siguientes al
inicio del suministro […]»71. (Subrayas de la Sala).
179. Mientras que, en Oficio de 21 de agosto de 1998, se dijo:72
«Con el fin de hacer claridad acerca de nuestra propuesta tenemos para
precisarle lo siguiente:
Nuestro servicio resulta significativamente más económico por dos
razones fundamentales: la una por el manejo de los costos de compra de
energía que redunda en tarifas más favorables y la segunda por la opción
que tenemos de entregar energía según los costos del nivel de tensión
de suministro total. Esto hace que aún en niveles inferiores de suministro,
la tarifa no se recargue, pues siendo los activos de transformación de
propiedad privada, no infieren en costos adicionales en la prestación del
servicio, como puede estar siendo afectada la tarifa que recibe
actualmente del Distribuidor - Comercializador anterior; por consiguiente,
el nivel final de suministro no afecta el precio por kilovatiohora,
permitiéndonos mantener precios razonables y justos […]». (Subrayas de
la Sala).
180. Se deriva de lo anotado que la actora sí abusó de la confianza y de la buena
fe de los usuarios en tanto les ofreció reducciones significativas en la tarifa a cambio
de que estos realizaran o financiaran inversiones en infraestructura, particularmente
la instalación de equipos de medida en alta tensión, pese a que tales beneficios no
podían concretarse sin desconocer abiertamente las normas que regulan el régimen
tarifario.
181. En otras palabras, dichas ofertas se apoyaban en el presupuesto equivocado
de que era jurídicamente viable facturar a nivel II a usuarios cuyo punto de conexión
y equipo de medida correspondían al nivel I de tensión, induciendo a los potenciales
suscriptores a creer que tales condiciones eran posibles. Dicha conducta no solo
contrariaba el ordenamiento aplicable, sino que generaba en los usuarios una
71 Cfr. índice núm. 3 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: “PROCESO
DIGITALIZADO(.ZIP)”. “20030033001C5”. Págs. 199-201.
72 Cfr. índice núm. 3 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: “PROCESO
DIGITALIZADO(.ZIP)”. “20030033001C5”. Págs. 261-262.
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expectativa de ahorro fundada en comunicaciones que, como se vio, no tenían
respaldo normativo.
178. En ese sentido, resulta claro para la Sala que las propuestas comerciales de
DICEL sí implicaron un abuso de la confianza y de la buena fe de los usuarios, al
ofrecer ventajas económicas que se sustentaban en una interpretación
abiertamente contraria al marco regulatorio.
8.4. Condena en costas
179. En atención a lo dispuesto por el artículo 171 del CCA, sobre condena en
costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no
se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de
condenar en costas a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
el 16 de septiembre de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
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Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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