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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-33-000-2013-00319-01

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-33-000-2013-00319-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que accedió a las pretensiones de la demanda, por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Ordenar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pagar por concepto de agencias en derecho en favor a la parte actora, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, según lo explicado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 52001-23-33-000-2013-00319-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

18 de julio de 2024

1

Radicado: 52001 23 33 000 2013 00319 01
Demandante: MONTAGAS S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 52001 23 33 000 2013 00319 01
Actor: MONTAGAS S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Tesis: Es nulo por indebida motivación el acto que expide la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, a través del cual impone una sanción a una
empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, si, a pesar de indicar la
conducta objeto de reproche y la sanción prevista para ello, no dio cuenta de las
consideraciones acerca de su dosificación, estas son, el impacto de la infracción
sobre la buena marcha del servicio público y el factor de reincidencia.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contra la sentencia del 1 de
agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, a través de la
cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. LA DEMANDA

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), la persona jurídica prestadora del servicio
público de gas domiciliario MONTAGAS S.A. E.S.P. (en adelante Montagas)
interpuso demanda en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (en adelante Superservicios)1.

1.1. Pretensiones

1 Visible del folio 1 al 18 del Cuaderno del Tribunal.

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2

Radicado: 52001 23 33 000 2013 00319 01
Demandante: MONTAGAS S.A. E.S.P.

La parte actora formuló las siguientes pretensiones principales:

“II. DECLARACIONES, PRETENSIONES Y CONDENAS

Primera: Que se declare NULA de (Sic) la Resolución SSPD –
20122400037895 del 2012-12-03, proferida por el Superintendente Delegado
para Energía y Gas el 29 de Agosto de 2012.

Segunda: Que, a título de Restablecimiento del Derecho, se declare que la
imposición de la multa a través de dicha Resolución, cuyo valor asciende a
$306´018.000, fue contraria a derecho.

Tercera: Que, a título de Restablecimiento del Derecho, se declare que mi
mandante no está obligada a pagar la multa de $306´018.000, que le fuera
ilegalmente impuesta, mediante el Acto acusado.

Cuarta: Que de la misma manera, a título de Restablecimiento del Derecho, y
para el evento en que al momento de dictarse la sentencia mi mandante ya
hubiera sido forzada a pagar el valor total o parcial de la multa, se le ordene a
la NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS, que le restituya su monto, debidamente
actualizado, junto con los intereses de mora correspondientes liquidados desde
la fecha en que se hubiere hecho el pago y hasta la fecha de la sentencia
definitiva.

Quinta: Que a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene la cancelación
de toda inscripción de la multa que se haya hecho en registros públicos y
privados con ocasión de los actos acusados.

Sexta: Que se condene a la NACIÓN COLOMBIANA / SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, a pagar las costas del proceso
y las agencias en derecho”2.

Y en subsidio solicitó:

“VI. PETICIÓN SUBSIDIARIA

En desarrollo de lo anteriormente expuesto, y en defecto de la prosperidad de
las pretensiones principales, me permito solicitar de la Honorable Sala, se
ordene a la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios graduar la
sanción pecuniaria impuesta MONTAGAS S.A. ESP, con base en los principios
que se han echado de menos, vale decir: calificación de la gravedad de la falta;
dosimetría de la multa, relación con la eficacia y buena marcha en la prestación
del servicio público y concepto de falta de antecedentes y de no reincidencia.

Para el efecto propuesto, de manera respetuosa, me permito solicitar la
práctica, a costa de la parte que represento, el experticio con fundamento en el
cual se dosifique prudencialmente la sanción.

Esta petición subsidiaria encuentra justificación y asidero en la prolija
argumentación expuesta por MONTAGAS S.A. ESP, cuando arguyo las

2 Visible a folio 2 del Cuaderno del Tribunal.

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Radicado: 52001 23 33 000 2013 00319 01
Demandante: MONTAGAS S.A. E.S.P.

razones de su defensa que han quedado condensadas en la parte histórica del
presente libelo”3

1.2. El acto cuestionado

“Resolución No SSPD 20122400037895 del 2012-12-03
Expediente: 2011240350600002E

Por la cual se impone una sanción a una Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios

EI Superintendente Delegado para Energía y Gas, en ejercicio de las funciones
conferidas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 13
de la Ley 689 del 2001, el Decreto 990 de 2002, delegadas mediante la
Resolución No. 000021 del 5 de enero de 2005 expedida por el Superintendente
de Servicios Públicos, y el Decreto 1 de 1984 y,

Considerando
1. Antecedentes

1.1. Que la Dirección Técnica de Gestión de Gas Combustible, mediante
memorando Nro. 20112300002473 del 13 de enero de 2011, remitió informe
técnico y solicitó la apertura de investigación a la empresa MONTAGAS S.A.
E.S.P., por las presuntas violaciones al régimen de distribución y
comercialización minorista contenido en la Resolución CREG 023 de 2008.
(folios 1 a 27 incluido anexos).

1.2. Que con base en lo anterior, esta Superintendencia decidió iniciar
investigación administrativa y formular pliego de cargos a la empresa
MONTAGAS S.A. E.S.P, mediante acto administrativo Nro. 20112400059851
del 11 de febrero de 2011. (folios 28 a 33).

1.3. Que el pliego de cargos fue comunicado al correo electrónico
sandra.coral@energas.com.co, el día 14 de febrero de 2011 a las 14:51 pm y
confirmado por la sra. Sandra Coral (folio 34).

1.4. Que mediante la Resolución Nro 20112400033815 de 2011-11-01 este
Despacho decidió imponer sanción pecuniaria a la empresa MONTAGAS S.A.
E.S.P. identificada con número de Nit 8912022039, por un valor de doscientos
ochenta y nueve millones doscientos veinticuatro mil pesos ($ 289.224.000.oo),
(folios 39 a 49).

1.5. Que la anterior decisión se notificó por conducta concluyente el día 6 de
diciembre de 2011 (folio 60).

1.6. Que mediante escrito radicado con el Nro 20115290629172 del 6 de
diciembre de 2012. el doctor Jesús Alfonso Parada Cruz, en su calidad de
representante legal de la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P., interpuso
oportunamente recurso de reposición contra a Resolución Nro.
20112400033815 del 2011-11-01 (folios 60 a 77 incluido anexos).

1.7. Que mediante la Resolución Nro. 20122400006155 del 7 de marzo de 2012,
este Despacho decretó la nulidad de la actuación administrativa (folios 79 a 84).

3 Visible a folios 14 y 15 ibídem.

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Radicado: 52001 23 33 000 2013 00319 01
Demandante: MONTAGAS S.A. E.S.P.

1.8. Que con base en lo anterior, esta Superintendencia decidió iniciar y
comunicar investigación administrativa formulando pliego de cargos a la
empresa MONTAGAS S.A. E.S.P, mediante acto administrativo Nro.
20122400242831 del 17 de abril de 2011. (folios 89 a 94).

1.9. Que el pliego de cargos fue comunicado vía correo certificado, mediante el
número de envió YY055665376CO. (folio 123).

1.10. Que el doctor Jesús Alfonso Parada Cruz, actuando en calidad de gerente
y representante legal de la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. radicó escrito de
descargos bajo el Nro. SSPD 20125290233282 de fecha 2012-05-14,
solicitando la práctica de pruebas. (folios 95 a 122, incluidos anexos)

1.11. Que mediante acto administrativo SSPD Nro. 20122400590981 de fecha
2 de agosto de 2012, se decidió incorporar la prueba documental y negar la
práctica y decreto de las pruebas solicitadas por la investigada. (folios 127 a
130)

1.12. Que el anterior acto administrativo fue comunicado mediante oficio con
radicado SSPD Nro. 20122400593561 de fecha 3 de agosto de 2012 enviado
vía correo electrónico a sandra.coral@montagas.com.co, confirmado la señora
Sandra Coral, asistente de gerencia. (folios 132 a 135)

1.13. Que el representante legal de la empresa, presentó recurso de reposición
y en subsidio apelación contra el auto que negó la práctica y decreto de pruebas,
mediante radicado SSPD Nro. 2012-529-039307-2 de fecha 13 de agosto de
2012. (folios 136 a 141, con anexos.)

1.14 Que el recurso de apelación fue resuelto mediante Resolución SSPD Nro
20122400032765 de fecha 19 de octubre de 2012. (folios 142 a 147)

1.15. Que la decisión que resuelve el recurso de apelación, fue comunicada
mediante oficio con radicado SSP Nro. 20122400809071 de fecha 25 de octubre
de 2012 y notificada por estado Nro. 025 de fecha 1 de noviembre de 2012.
(folios 148 y 149)

2. Análisis

2.1. Cargo Único

2.1.1 Hecho

La empresa MONTAGAS S.A. E.S.P., como comercializador minorista de GLP,
presuntamente violó el régimen establecido en la Resolución CREG 023 de
2008 al tener transportar y/o comercializar un cilindro de GLP propiedad de otro
Distribuidor según hechos ocurridos el 28 de octubre de 2010 en la ciudad de
Mocoa (Putumayo), cuando en la casa de justicia se dejó constancia sobre la
incautación de un cilindro de GLP, encontrado en el vehículo de placas HSD-
318, cuyo NIF aparece reportado en el SICMA como de propiedad de la
empresa EMMGAS S.A. E.S.P.

2.1.2 Normas presuntamente violadas

• Resolución CREG 023 de 2008, articulo 16, numeral 7
"Artículo 16: OBLIGACIONES DEL COMERCIALIZADOR MINORISTA EN
LA COMPRA DEL PRODUCTO A LOS DISTRIBUIDORES Y EL FLETE
DEL PRODUCTO EN CILINDROS. Para la compra y flete del producto el
Comercializador Minorista deberá:

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Radicado: 52001 23 33 000 2013 00319 01
Demandante: MONTAGAS S.A. E.S.P.

(…)
7. No comercializar, recibir ni tener bajo ninguna circunstancia, cilindros de
propiedad de Distribuidores diferentes a aquel con el cual tiene el Contrato
de Suministro de GLP envasado."
(…)

2.2. Pruebas

Este Despacho tendrá en cuenta para decidir las siguientes:

• Informe Técnico Nro. 2011-0002, remitido mediante memorando Nro.
20112300002473 del 13 de enero de 2011 por parte de la Dirección Técnica
de Gestión de Gas Combustible de esta Superintendencia. (folios 1 a 27,
incluido anexos)

• Documentos allegados con el escrito de descargos Nro. 20125290233282
del 14 de mayo de 2012. (folios 102 a 121)

2.3. Argumentos de defensa:

El representante legal de la empresa investigada, en su escrito de defensa,
además de referir la norma violada, puso de presente:

"(...)

Con fecha 2 de diciembre de 2010 el Representante Legal de EMMGAS S.A.
E.S.P. presenta derecho de petición que tiene como fin fundamental:

Que no se repitan las acciones que van en contra de la libre competencia,
normatividad penal e incumplimiento de las directrices emanadas por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Y el Ministerio de
Minas y Energía ya que esto ha causado un grave perjuicio a la empresa.

En lo pertinente, cabe aclarar que en ningún momento, se ha pretendido por
parle de MONTAGAS S.A. E.S.P., infringir de ninguna manera los
ordenamientos legales como es la ley 142 de 1994, la Resolución CREG 023
de 2008 articulo 16 numeral 7, y demás normas concordantes y
complementarias.

Somos respetuosos de acatar las normas que nos rigen, lo cual se puede
comprobar con el hecho de que en más de 50 años de prestación de nuestro
(Sic) servicios, es la primera vez que nos vemos enfrentados a una situación
como la que actualmente nos ocupa.

Ahora bien, la empresa que represento, desde la expedición de las normas
que regulan el tráfico comercial de los cilindros marcados, adoptó medidas
de control interno para evitar la transgresión de las mismas, es así como se
implementó un plan de control de manejo, recepción y traslado de los
cilindros, el cual está a cargo del Área de mercadeo de Montagas S.A. E.S.P.

Para la época de Inicio de siembra de cilindros de marca (26 de mayo de
2009) se efectuaron capacitaciones con todos los conductores de la empresa
y contratistas encargados de la distribución y venta; en ellas se socializó la
nueva norma explicando y advirtiendo los procedimientos que debían
seguirse y las consecuencias en el evento de que éstos no fueran
observados con rigor.

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Demandante: MONTAGAS S.A. E.S.P.

Para el cumplimiento de tal cometido, se designó al señor Juan Carlos Arias
(auxiliar del área de mercadeo) quien en diferentes oportunidades se reunió
con el mencionado personal, para que efectuara las capacitaciones
correspondientes, tal y como queda demostrado en el respectivo acápite de
prueba, donde se allegan las respectivas actas de capacitación en la planta
de Pasto, Guaitarilla, Pitalito y Mocoa, en donde, se puede apreciar que el
señor GUILLERMO HERNANDEZ GALVIS, según acta de reunión de 10 de
junio de 2011, acudió a las capacitaciones, y recibió toda la información que
hace referencia a la temática sobre metodología y normatividad.

De igual forma, siempre que por alguna circunstancia se ha cambiado,
sustituido o adicionado personal para efectos de la distribución de GLP, se
realiza siempre y en todos los casos con la inducción respectiva.

Debe tenerse en cuenta que el proceso de comercialización se lleva a cabo,
tanto con personal vinculado directamente con la empresa como con
contratistas independientes, quienes lo hacen a través de de (Sic) contratos
de derecho comercial como agentes independientes. El control sobre estos
contratistas se ejerce rutinariamente en el sitio de cargue (planta) y de
manera aleatoria mediante inspecciones en las diferentes rutas que cubren
los mismos. No obstante lo anterior, se escapa a nuestro control la
eventualidad de que uno (1) de estos contratistas acepte - en clara y evidente
contravía a las instrucciones y lineamientos impartidos por la empresa -
transportar un cilindro que no sea de propiedad de Montagas.

Así las cosas, es necesario que se tengan en cuenta que no puede ser la
empresa que represento sancionada por el actuar irresponsable de un solo
individuo, en clara contraposición a la regla general del acatamiento estricto
y riguroso de la norma por parte de los demás.

Pertinente resulta en alusión con este tópico, manifestar que la simple
violación de una norma legal no constituye por sí misma falta susceptible de
ser sancionada. Dicha violación objetivamente existente no necesariamente
implica una conducta de la empresa que represento sometida a sanción.

Para que se configure la falta administrativa, se requiere de una parte, la
tipificación de la conducta como falta, y de otra, la demostración de la
culpabilidad con que hubiere actuado el sujeto activo de la conducta.

EI Derecho administrativo sancionador como parte del poder punitivo estatal,
tiene pilares fundamentales sobre los que descansa y los cuales deben ser
tenidos en cuenta por las autoridades al momento de tomar determinaciones
de trascendencia para los administrados. Una de estas piedras angulares del
Derecho administrativo sancionador es la proscripción de la responsabilidad
objetiva, la cual busca incriminar a una persona (natural o jurídica) por la
simple relación de causalidad material entre la conducta desplegada y el
resultado obtenido sin tener en cuenta que a esos dos extremos los una o
no, un nexo de carácter sicológico- volitivo. En efecto, en el caso bajo estudio
no se puede decir que la conducta presuntamente violatoria desplegada por
un contratista de la empresa que represento y el resultado obtenido hayan
estado ligados por una manifestación de su voluntad orientada a causar un
perjuicio a los usuarios de los servicios públicos de GLP o a las empresas
competidoras de MONTAGAS S.A. E.S.P.

Si hacemos un breve análisis sobre la culpabilidad de quien figura en este
proceso como responsable de la conducta investigada, debemos decir que
la demostración de la misma está a cargo del ente investigador y esta
demostración se refiere a elementos tangibles valorables por pruebas

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legalmente aportadas al proceso, que evidencien que internamente el sujeto
activo de hecho investigado tenía una intención dolosa; de la revisión
pormenorizada y minuciosa del acto por medio del cual se abre la
investigación en contra de MONTAGAS S.A. E.S.P. Se concluye que no
existe prueba de esa relación volitiva necesaria para una acusación seria y
sólida en contra de la empresa, pues resulta a todas luces absurdo pensar
que la distribuidora y comercializadora con 50 años de impecable trayectoria,
involucrada en la presente investigación, haya pretendido “lucrarse" de una
conducta que evidentemente representa mucho más una molestia que un
beneficio.

Siguiendo sobre el tema, debemos anotar sobre la proscripción de la
responsabilidad objetiva que en materia punitiva no basta formular
imputación o imponer sanción, con la sola coincidencia de los requerimientos
fácticos de una prohibición, sin que se requiera la demostración plena de
intención dolosa y dañosa en la acción. De lo que se ha podido conocer del
expediente, podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que no existe prueba
alguna de la responsabilidad de la empresa (no ha sido ella quien haya
demostrado la intencionalidad de infringir la norma, ni existe evidencia de
que la conducta aislada de un contratista sea el resultado de una directriz
empresarial) por el contrario, ha sido ella quien en todo momento ha
propendido por el cabal Cumplimiento y estricto acatamiento de todo el
entramado normativo que rige nuestra actividad.

Pese a lo anteriormente anotado, debemos resaltar lo anotado como prueba
por la misma empresa quejosa en su escrito, cuando alude a los descargos
del conductor Guillermo Hernández y que se refiere concretamente al hecho
de haber sido víctima de una "trampa" por parte de la empresa EMMGAS.
Ello no resulta descabellado, más aún si se tiene en cuenta que, justo pocos
días antes la empresa que represento se vio en la necesidad de denunciar
el transporte ilegal de varios (no uno) cilindros de nuestra marca que iban
camuflados entre los de la marca de ellos, en el interior de un vehículo
perteneciente a otra empresa.

Esto originó- como fácilmente puede usted comprobar con los registros y
anotaciones que en la Superintendencia deben reposar- una sanción en
contra de quien ahora “extraña y coincidencialmente” funje (Sic) como
perjudicada.

Por ello, le solicito analizar con ponderación y criterio objetivo los hechos y
pruebas que constituyen el fondo de la investigación que se sigue en nuestra
contra.

De otro lado, es imperativo recordar que nuestra empresa viene certificada
tal como se podrá verificar en los registros pertinentes- desde el año 2003
para todos los procesos relacionados con el envasado, transporte y
comercialización de los cilindros de GLP desde el año 2003 hasta la presente
fecha, lo cual indica a todas luces que los esfuerzos que se realizan en el
mejoramiento de la operación de estándares de calidad, tiempos de entrega
y niveles de servicios, entre otros, han obtenido un justo reconocimiento.

Aparejado con lo anterior, tenemos que para la fecha de ocurrencia del hecho
aislado por el que se nos investiga, Montagas realizó la siembra de 4312
cilindros de 33 libras y 263 cilindros de 100 libras, cifra comparativa y
significativamente superior a la efectuada por la empresa quejosa (EMMGAS
S.A. E.S.P.), resultando así,- independientemente de la ilegalidad de la
conducta completamente inaceptable la hipótesis de que Montagas le
reportara beneficio alguno el cargue de un (1) cilindros de la empresa

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Demandante: MONTAGAS S.A. E.S.P.

mencionada y de todas formas no compartimos lo expuesto por EMMGAS
S.A. E.S.P. en el sentido de que se le hayan causado graves perjuicios, pues
se evidencia en lo expuesto por ellos, que el cilindros (Sic) de marras fue
efectivamente recuperado.

Finalmente, el Represente Legal de EMMGAS S.A. E.S.P., establece que
esta conducta ha causado graves perjuicios a la empresa a la cual
representa.

Cabe analizar en este caso en particular:
• La naturaleza de la falta.
• Gravedad de la falta.
• El impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público.
• Factor de reincidencia.

Teniendo en cuanta (sic) los ítems anteriores, y al encausarlos en el caso
particular, observamos como la presunta comisión del acto, en cuanto a su
naturaleza, no ha afectado de manera ostensible a la empresa EMMGAS
S.A. E.S.P.

En lo que respecta a la gravedad de la falta, establecer una dosimetría de
afectación, en qué medida la presunta conducta endilgada afectó a la
empresa EMMGAS S.A. E.S.P. y que esta afectación no se puede subsanar
de ninguna manera.

Al hacer referencia al impacto de la infracción sobre la buena marcha del
servicio público debemos decir que la infracción debe ser de tal envergadura
que puede dar como resultado el incumplimiento de la empresa en la
prestación continua del servicio, y que por ende se ha generado una falla en
el servicio tal como lo establece el artículo 136 de la ley 142 de 1994.

En lo referente al factor de reincidencia, podemos asegurar que desde
octubre de 2010, fecha en la cual tuvo lugar, el presunto hecho violatorio de
la norma, la empresa EMMGAS S.A. E.S.P., no ha manifestado ningún tipo
de petición, queja o reclamo, que nos lleve a establecer que la presunta
conducta violatoria tuvo una continuidad y que los actos violatorios
continuaron o se prolongaron en el tiempo.

(…)

2.4. Consideraciones del Despacho

El Despacho con fundamento en los argumentos y las pruebas que obran en el
expediente procede a motivar su decisión tal como lo dispone el artículo 35 del
C.C.A., así:

A través del memorando Nro. 20112300002473 de fecha 13 de enero de 2011
(folio 1) la Dirección Técnica de Gestión de Gas Combustible puso en
conocimiento de la Dirección de Investigaciones para Energía y Gas, el informe
técnico Nro. 2011-02 de fecha 12 de enero de 2011 (folios 2 a 27, incluido
anexos), en el que se informó la comisión de una conducta con la que
presuntamente se incurría en violación al Reglamento Técnico de Distribución
y Comercialización Minorista de GLP contenido en la Resolución CREG 023 de
2008.

El citado informe técnico Nro. 2011-002 del 12 de enero de 2011, trasladado
para investigación, se encuentra soportado principalmente por el oficio Nro.
2010-529-063244-2 de fecha 2 de diciembre de 2010 (folios 11 a 13), mediante

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Radicado: 52001 23 33 000 2013 00319 01
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el cual el representante legal de la empresa EMMGAS S.A. E.S.P. presentó
escrito de "DERECHO DE PETICIÓN POR VIOLACIÓN DE PROPIEDAD DE
LA EMPRESA MOCOANA DE GAS EMMGAS. "

2.4.1. Sobre la denuncia presentada por la empresa EMMGAS S.A. E.S.P.

En los hechos narrados por el denunciante, cuyos apartes se trascriben a
continuación la empresa EMMGAS S.A. E.S.P., informó el suceso reprochable,
cometido por MONTAGAS S.A. E.S.P. (folios 11 a 13), así:

“(…)
En fecha del día 28 de Octubre de 2010 donde la empresa MONTAGAS S.A.
E.S.P. levanta un cilindro de marca de serie No 002693 de propiedad de la
empresa EMMGAS S.A. E.S.P, de acuerdo con las especificaciones y
lineamientos del MINISTERIO de MINAS y ENERGÍA y mediante
resoluciones No 023-045 y 098 del 2008 de la COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGIA Y GAS CREG de acuerdo a la ley 1157 del plan nacional
del desarrollo donde se establece que los cilindros pasan a ser de los
distribuidores.

Una vez identificado el cilindro de nuestra propiedad se prosiguió a solicitar
la certificación por parte de CILPAIS I.R.G S.A., donde da la acreditación del
código de nuestro cilindro Cumpliendo con el protocolo y con el acta de
incautación y el código del cilindro se realiza la visita la inspección (sic) de
policía y se solicita al inspector la devolución del cilindro de nuestra
propiedad después de realizar una declaración extra proceso.

Por vía telefónica una vez personalmente le informe al gerente de
MONTAGAS JESUS ALFONSO PARADA CRUZ para que tomara los
respectivos correctivos ante esta situación y la respuesta de él fue que no se
prestaba para estas situaciones, no es excusa las prácticas abusivas por
parte de los contratistas que en reiteradas ocasiones se le ha informado de
que los cilindros de marca no se deben ser levantados (sic) con falsos
testimonios a los usuarios, ya que en repetidas ocasiones se presentaron
con el señor GUILLERMO HERNANDEZ GALVIZ contratista de la empresa
MONTAGAS S.A.

Es conocido en materia comercial el legislador se ha encargado de regular
estos fenómenos y se a contemplada (sic) una sanción de responsabilidad
civil con el consiguiente resarcimiento de perjuicios contenidas en la ley 256
de enero 15 del 96 Art. 7 siguiente (sic) igualmente este consentimiento está
tipificado en el código penal como hurto.

Con el fin de evitar acudir ante esta instancia judicial de carácter penal y así
poner correctivos a tiempo presento a ustedes con todo respeto la siguiente
petición.

Con la petición quiero solicitar que se tomen las medidas correspondientes
a la función administrativas (sic) a la que haya lugar contra la empresa
MONTAGAS S.A. E.S.P. de Mocoa- Putumayo, para que no se vuelvan a
repetir estas acciones que van en contra de la libre competencia del
comercio, la ley penal, e incumplimiento de las directrices emanadas LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AL MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGIA, causando graves perjuicios a nuestra empresa.”

2.4.2 De los anexos documentales de la denuncia.

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La empresa EMMGAS SA. E.S.P., allegó al referido Derecho de Petición el
oficio Nro. 579/DEPUY-ESMOC librado por el Departamento de Policía del
Putumayo, de fecha 28 de octubre de 2010 (folio 14).

En el oficio policivo se observa que el patrullero Yony Leonardo Naranjo Pérez
dejó a disposición del inspector de policía Municipal de Putumayo, el cilindro
incautado precisando sobre los hechos lo siguiente:

“(…) un ciudadano de nombre VICTOR HUGO OBAMDO ORTIZ identificado
con cédula de ciudadanía número 16.464.175, quien es el administrador de
la empresa de gas de razón social EMMGAS, quien manifestó que
integrantes de otras empresas de gas que operan en el municipio estaban
cambiando los cilindros de gas previamente identificados por la empresa los
cuales presentan un símbolo "GIP", cilindro color naranja y con los códigos
98223-002693, los cuales los diferencia a los de otras empresas.
Seguidamente procedimos a realizar un registro a vehículos de otras
empresas de gas en el sitio conocido como el puente del naranjito para así
verificar dicha información encontrando que en el vehículo de marca LUV,
tipo estacas, color negro de placas HSD-318 perteneciente a la empresa
MONTAGAS el cual era conducido por el señor HERNANDEZ DALVIS
JORGE GUILLERMO, identificado con la cédula de ciudadanía número
18.123.539 de Mocoa, sin más datos. Quien transportaba un cilindro con las
mismas características a los de la empresa EMMGAS, escondido en la
cabina, en la parte izquierda del vehículo motivo por el cual se procedió a
incautar el respectivo cilindro y posteriormente ser dejado a disposición de
esta unidad.”

De igual forma obra a folio 15 del expediente copia del acta de incautación de
elementos, de fecha 28 de octubre de 2010.

De la lectura del acta de incautación que soporta el hecho, se observa la
participación del funcionario público de policía con lo que se le da carácter
auténtico al documento y la participación de Jorge Guillermo Hernández Galvis,
como la persona a quien se le incautó el cilindro, en cuyo contenido se lee:

“(...) se reunieron en la siguiente dirección casa de justicia, con el fin de llevar
a cabo la incautación de 01 cilindro de gas color naranja con símbolos G.L.P.
con códigos 98223-002693.
Al señor Jorge Guillermo Hernández Galvis, identificado con la cédula de
ciudadanía Nro. 18.123.534 (...)
Motivo de la incautación Transporte un cilindros con marcas de otra
empresa”

Asimismo, se encuentra a folio 16 del expediente, documento mediante el cual
consta que el señor Jorge Guillermo Hernández Galvis, conductor del vehículo
en el que se encontraba el cilindro incautado, rindió descargos ante la
inspección de policía del Municipio de Mocoa, afirmando que:

“(...) CONTESTO- El cilindro fue cambiado en el barrio la Peña venta que le
hice a una clienta del sector, mi idea fue cambiarlo con un vendedor de
EMMGAS, les iba a pedir el favor que me lo cambien porque yo les he hecho
el favor de cambiar cilindros de la empresa Montagas que recogen en las
ventas de ellos, a mí no me gusta recibir cilindros de otra empresa, no sé qué
me pasó. PREGUNTADO- Manifiesta al despacho si con anterioridad se
habían hecho a su vehículo verificación o requisa de los cilindros que usted
transporta. -CONTESTO.- No, es primera vez que me pasa esto, para mí que
me tendieron una trampa, yo recibí llamada de un hombre vendí el gas, subí
el cilindro, arranque y como a 200 metros me salió un señor y me preguntó

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que a como traía el gas y este mismo llamó a otro y grito diciendo, aquí lo
lleva y ahí mismo llamaron la policía; por eso es que dijo que es una trampa
y para mí que la señora que compró el gas le colaboró. Me dijeron que por
que había levantado ese cilindro, les conteste que lo traía para cambiarlo con
la empresa de ellos, después llegó la policía y por eso estoy acá…”

La empresa EMMGAS S.A. E.S.P. también aportó imágenes fotográficas, de un
cilindro color naranja en su interior dentro de una camioneta LUV, carrocería
negra, identificada tanto en la parte delantera, como en la parte lateral con el
nombre de la empresa MONTAGAS y una persona con uniforme marcado con
el nombre de Montagas. (folio 17)

Sumado a lo anterior, el peticionario presentó una matriz en el que se incluye el
elemento incautado en relación con los cilindros correspondientes a los lotes 20
al 29 del fabricante CILPAIS I.R.G. S.A., referenciado al anexo al certificado de
conformidad No. CIRG -C30- 0015-2009 en el que se reporta en el lote 028 el
NIF No 09-8223-002693. (folios 23 a 24).

Ahora bien, dados los elementos de juicio enumerados y en el ejercicio de sus
funciones la Dirección Técnica de Gestión de Gas Combustible, mediante
radicado Nro. 20102301148681 del 9 de diciembre de 2010 visto a folio 26,
requirió al director de proyectos de la empresa interventora del esquema de
sustitución de cilindros universales a cilindros marcados. A.C.I. PROYECTOS
S.A, sobre la certificación de la información complementaria del NIF 98223-
002693.

En consecuencia el señor Mario Nicolas Arbeláez Noreña, Gerente de la
Secretaria e Interventoría para el período de transición GLP de A.C.I.
PROYECTOS S.A., a través del oficio radicado 20105290675602 del 21 de
diciembre de 2010 obrante a folio 27 del Cuaderno administrativo, manifestó
que de la consulta efectuada a los registros SICMA, el cilindro con NIF 98223-
002693 presentaba una capacidad de 30 libras, cuyo distribuidor era EMMGAS
S.A. E.S.P., de fabrica Cilpais, con observación de ser un cilindro nuevo
marcado.

Así las cosas, dado el sustento probatorio descrito la Dirección de
investigaciones para Energía y Gas Combustible en virtud de las facultades
otorgadas por el Decreto 990 de 2002 decidió proferir el pliego de cargos Nro.
20112400059851 de fecha 11 de febrero de 2011, por cuanto MONTAGAS S.A.
E.S.P., en su calidad de distribuidor y comercializador minorista, recibió, tuvo y
transportó 1 cilindro de gas licuado de petróleo marcado con el nombre de la
empresa EMMGAS S.A. E.S.P. (folios 28 a 33).

Dicha conducta se encuentra prohibida en la Resolución CREG 023 de 2008,
artículo 16, numeral 7, relativa a las obligaciones del comercializador minorista
en la compra del producto a los distribuidores y el flete del producto en cilindros.

2.4.3. De la nulidad de lo actuado.

Obra en el expediente a folio 34 que pliego de cargos Nro. 20112400059851 de
fecha 11 de febrero de 2011 fue comunicado al correo electrónico
sandra.coral@energas.com.co, el día 14 de febrero de 2011 a las 2:51 pm y
confirmado por la sra. Sandra Coral.

Atendiendo a que una vez vencido el término concedido por la Dirección de
Investigaciones para Energía y Gas Combustible, en el ejercicio de su derecho
de defensa, la empresa investigada guardó silencio, se profirió decisión final
mediante la Resolución Nro. 20112400033815 del 1 de noviembre de 2011,

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vista a folios 39 a 49, imponiendo sanción pecuniaria a la empresa MONTAGAS
S.A. E.S.P. por un valor de doscientos ochenta y nueve millones doscientos
veinticuatro mil pesos ($ 289.224.000.oo).

La anterior decisión se notificó por conducta concluyente el día 6 de diciembre
de 2011 como consta a folio 60, mediante el escrito radicado con el Nro.
20115290629172 del 6 de diciembre de 2012, obrante a folios 61 a 77 incluido
anexos, en el cual el doctor Jesús Alfonso Parada Cruz, en su calidad de
representante legal de la empresa investigada, interpuso oportunamente
recurso de reposición contra la Resolución Nro. 201124000338 15 del 1 de
noviembre de 2011.

En el escrito de reposición, el impugnante advirtió frente a la notificación del
pliego de cargos Nro. 20112400059851 de fecha 11 de febrero de 2011 que:

“(...) Al respecto es preciso anotar que la notificación personal no se ha
realizado conforme lo dispone el artículo del C.C.A pues el pliego de cargos
tal como se anota en la Resolución No. SSPD-20112400033815 del 2011-
11-01 en el expediente de la referencia, fue remitido al correo electrónico de
una empleada de la empresa que represento, quien no ostenta la calidad
de representante legal ni apoderada para efectos legales.
(...)”

Dado lo anterior mediante la Resolución Nro. 20122400006155 del 7 de marzo
de 2012, este Despacho decretó la nulidad de la actuación administrativa, acto
que se observa a folios 79 a 84, en el que la autoridad evidenció un error en la
forma como se comunicó el pliego de cargos expedido por la Dirección de
Investigaciones para Energía y Gas, bajo la siguiente consideración:

“(...) Con la finalidad de esclarecer la recepción de la citación se procedió a
revisar la información que reposa en el expediente observando que a folio 34
obra una impresión, donde consta el envío por correo electrónico del pliego
de cargos Nro. 20112400059851 del 11 de febrero de 2011.

En el examen de la constancia referida, se denota que la dirección de correo
electrónico al cual se le envió el pliego de cargos, el día 14 de febrero de
2011 fue a sandra.coral@energas.com.co. Así mismo se observa que el
contenido del correo electrónico fue confirmado por la señora Sandra Coral
el 15 de febrero 2011, a las 9:41 a.m.

Sin embargo encuentra este Despacho que efectivamente el correo
electrónico señalado, al que fue enviada la comunicación no corresponde a
la dirección electrónica cargada en el Registro Único de Prestadores -RUPS-
tal y como lo indica la empresa investigada, por cuanto efectivamente, el dato
oficial, corresponde a jesus.parada@energas.com.co, evidenciando con ello,
la diferencia entre las direcciones electrónicas anotadas (…)"

Con fundamento en lo transcrito éste Despacho en aras de proteger la guarda
de la legitimidad de sus actuaciones, los derechos fundamentales relacionados
con el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción que le asistía a
MONTAGAS S.A. E.S.P. en este asunto, estimó en el acto de nulidad que el
acto que daba inicio a la actuación administrativa de investigación había sido
comunicado efectivamente a una dirección electrónica que no corresponde a la
informada a ésta autoridad a través del Registro Único de Prestadores -RUPS-

Frente a lo anterior se hizo la salvedad, en cuanto a que el pliego de cargos se
había remitido a la dirección de correo oficial de una de las empleadas de la
empresa prestadora investigada, cuyo recibido fue confirmado.

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No obstante se determinó que MONTAGAS S.A. E.S.P. no pudo presentar
oportunamente los descargos y las pruebas que pretendiera hacer valer en
ejercicio de su derecho de contradicción.

Por lo tanto, éste despacho resolvió4:

“(…)

Artículo primero: Decretar la nulidad de lo actuado hasta el momento de la
comunicación del acto administrativo radicado Nro. 20112400059851 del 11
de febrero de 2011, a la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P., expedido por la
Directora de Investigaciones para Energía y Gas de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Artículo segundo: Ordenar la continuación del procedimiento administrativo
cuyos antecedentes reposan bajo el expediente 201124035060002E, desde
la remisión de la citación para comunicar el acto administrativo a la empresa
MONTAGAS S.A. E.S.P.
(…)”

En consecuencia, la Dirección de Investigaciones para Energía y Gas
combustible, decidió iniciar y comunicar investigación administrativa formulando
pliego de cargos a la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P, mediante acto
administrativo Nro. 20122400242831 del 17 de abril de 2011, visto a folios 89 a
94 del expediente, el cual fue comunicado vía correo certificado, como consta a
folio 123.

Dentro del término concedido para el efecto, el doctor Jesús Alfonso Parada
Cruz, actuando en calidad de gerente y representante legal de la empresa
MONTAGAS S.A. E.S.P. radicó escrito de descargos bajo el Nro. SSPD
20125290233282 del 14 de mayo de 2012 de solicitando la práctica de pruebas.
(folios 95 a 122, incluidos anexos).

2.4.4. Sobre la etapa probatoria.

Mediante acto administrativo SSPD Nro. 20122400590981 de fecha 2 de agosto
de 2012 visto a folios 127 a 130, la Dirección de Investigaciones para Energía
y Gas Combustible decidió incorporar la prueba documental aportada por la
empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. con sus descargos y negar la práctica y
decreto de las pruebas solicitadas por la investigada.

Dicha determinación de rechazo atendió a que la solicitud testimonial,
relacionada con probar las capacitaciones y protocolos que la empresa
investigada realizaba con los conductores de sus vehículos transportistas, si
bien era conducente no era necesaria.

Lo anterior, dado que los sustentos documentales que se incorporaron al
expediente, aportados por MONTAGAS S.A. E.S.P. ya podían sustentar lo que
eventualmente declararía el testigo, de acuerdo al objeto que señaló la empresa
para el efecto.

Por su parte MONTAGAS SA. E.S.P, en el acápite probatorio solicitó que se
oficiara a la empresa EMMGAS S.A. E.S.P., para que con destino a esta

4 Mediante Resolución SSPD 20122400006155 del 2012-03-07 (folios 79 a 84)

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investigación se remitieran los datos de siembra en el municipio de Mocoa, para
los años 2010 a 2011, frente a lo cual la Dirección de investigaciones señaló:

“(...)
Al respecto es necesario señalar que la misma es impertinente e
inconducente, por cuanto es una prueba que no tiene relación alguna con los
hechos objeto de la investigación, toda vez que su eventual práctica en nada
coadyuva a aclarar y/o justificar los hechos objeto de esta investigación. En
el mismo sentido la prestadora no informa el objeto de tal prueba por lo que
en tal sentido su práctica no determinaría ningún aspecto distinto al ya
indicado por el Despacho.

Consecuente con lo anterior es posible afirmar que la misma no es útil, toda
vez que su práctica en nada contribuye al Despacho para aclarar tal o cual
situación o permitir, en su defecto, reafirmar o negar la existencia del hecho
endilgado, es decir con su práctica no se aportan elementos nuevos que
puedan llegar a dilucidar aspectos trascendentes dentro de la actuación.
(…)”

Lo anterior, lo estimó el investigador bajo el amparo de la previsión normativa
contenida en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, que a su tenor
advierte:

“ARTICULO 178. RECHAZO IN LIMINE. Las pruebas deben ceñirse al
asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente
prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente
impertinentes y las manifestaciones superfluas."

En el acto probatorio se indicó que contra la decisión, procedía el recurso de
apelación ante el Superintendente Delegado para Energía y Gas dentro de los
tres (3) días siguientes, contados a partir de la notificación.

Como consta a folios 132 a 135, el anterior acto administrativo fue comunicado
mediante oficio con radicado SSPO Nro. 20122400593561 de fecha 3 de agosto
de 2012, el cual fue enviado vía correo electrónico a
sandra.coral@montagas.com.co, confirmado la señora Sandra Coral, en su
calidad de asistente de gerencia.

En consecuencia, haciendo uso de la impugnación concedida, MONTAGAS
S.A. E.S.P presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto
que negó la práctica y decreto de pruebas, mediante radicado SSPD Nro. 2012-
529-039307-2 de fecha 13 de agosto de 2012. (folios 136 a 141, con anexos.)

En esta ocasión los argumentos esgrimidos se dirigieron a impugnar la negativa
de la administración para oficiar a la empresa EMMGAS S.A. E.S.P., en aras de
que se informaran los datos se siembra del municipio de Mocoa, para el año
2010 a 2011, guardando silencio frente al rechazo del pedimento testimonial.

El representante en el recurso apelación consideró que:

“(…)

El acto recurrido expresa que dicha prueba es " impertinente e inconducente"
lo cual me permito contradecir, toda vez que la prueba sí guarda estrecha
relación con los hechos que se investigan; esta información le dará a la
Superintendencia elementos suficientes para considerar que MONTAGAS
no tenía (ni tiene aún) ningún interés en comercializar, recibir ni tener bajo
ninguna circunstancia, cilindros de propiedad de los distribuidores diferentes

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a aquel con el cual se tiene un contrato de suministro de GLP envasado, en
clara violación a la Resolución CREG 023 de 2008 articulo 16 numeral 7.

De la recolección de la información de siembra de cilindros de una y otra
empresa, podrá corroborarse que la realizada por MONTAGAS es
significativamente superior a la efectuada por EMMGAS, queriendo esto
significar que para la primera de las mencionadas no significa beneficio
alguno la comercialización de un (1) cilindro de la segunda.
“(…)

Atendiendo lo expuesto, este Despacho resolvió el recurso de apelación
mediante Resolución SSPD Nro. 20122400032765 de fecha 19 de octubre de
2012. (folios 142 a 147), siendo comunicada mediante oficio con radicado SSPD
Nro. 20122400809071 de fecha 25 de octubre de 2012 y notificada por estado
Nro. 025 de fecha 1 de noviembre de 2012. (folios 148 y 149).

La apelación interpuesta contra el acto de pruebas Nro. 20122400590981 de
fecha 2 de agosto de 2012, no desplegó análisis alguno frente a la negativa de
recepcionar los testimonios, por ser una decisión que no se debatió.

Ahora bien, frente a librar oficios a otro agente del mercado, el Despacho reiteró
el hecho que constituyó el cargo investigado recordando que se dirigió a
establecer la tenencia transporte y/o comercialización de un cilindro de GLP
propiedad de otro Distribuidor según hechos ocurridos el 28 de octubre de 2010
en la ciudad de Mocoa (Putumayo), en contravía de las previsiones contenidas
en la Resolución CREG 023 de 2008.

En tal sentido este Despacho estimó que librar oficios a EMMGAS S.A. E.S.P.
sobre la información comercial frente a la siembra de sus cilindros no es una
averiguación que se incluya o incida en el cargo endilgado.

Es así como desde la etapa probatoria, en esta investigación se aclaró que no
se aceptaban sustentos encaminados a demostrar una "falta de interés" por
parte de la empresa investigada para tener en su poder un cilindro de -GLP- de
otro agente, cuando no correspondía evaluar aspectos subjetivos en este
contexto, por lo tanto en el acto5 se concluyó que:

“(...)
Por lo tanto se debe reiterar que librar el oficio solicitado por el impugnante,
no contribuye a la aclaración del eje fundamental por el cual se abrió la
investigación, ni ayuda a la estructuración frente a la certeza de su
ocurrencia, razón por la cual se encuentra desplegando su actividad, la
administración.
En tal sentido, dado que las pruebas solicitadas no se ciñen al asunto materia
del proceso, por ineficaces y versarían sobre hechos notoriamente
impertinentes”

Quedando entonces determinado el acervo probatorio que sería observado en
el procedimiento de investigación, se analizan a continuación los descargos
sustanciales expuestos por la empresa investigada.

2.4.5. Sobre el incumplimiento endilgado.

El representante de MONTAGAS S.A. E.S.P., a lo largo de su escrito de defensa
insistió en que ha adoptado medidas de control interno para que sus
dependientes acataran la normatividad que les compete.

5 Resolución 20122400032765 del 19 de octubre de 2012 (folios 142 a 147)

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Advirtió sobre planes de control de manejo, recepción y traslado de los cilindros,
además de haber efectuado la capacitaciones y socializaciones sobre la
adopción de procedimientos con todos los conductores de la empresa y
contratistas encargados de la distribución y venta, de igual forma al personal
que se vinculaba de manera permanente.

Señaló que el señor Guillermo Hernández Galvis, conductor del vehículo de
placas HSD-318 en el que procedió la incautación por parte de la policía
nacional en hechos del 28 de octubre de 2010, según acta de reunión de 10 de
junio de 2011, acudió a las capacitaciones, sobre la materia.

Añadió que el control del personal es frecuente y que las inspecciones para
verificar su Cumplimiento se ejecutan de manera aleatoria, aceptando sin
embargo que “No obstante lo anterior, se escapa a nuestro control la
eventualidad de que uno (1) de estos contratistas acepte - en clara y evidente
contravía a las instrucciones y lineamientos impartidos por la empresa -
transportar un cilindro que no sea de propiedad de Montagas.”

Al respecto se debe precisar que las determinaciones administrativas que una
empresa adopte al interior de ella, en aras de la funcionalidad, resultan ser
ajenas al desarrollo de la inspección, vigilancia y control que despliega esa
autoridad.

Es decir, si MONTAGAS S.A. E.S.P., realiza capacitaciones a sus dependientes
y contratistas sobre el régimen regulatorio que les compete, su trámite y
consecuencia, ello por sí solo no constituye de manera alguna el cumplimiento
del artículo 16 de la Resolución CREG 023 de 20008.

La ocurrencia del hecho que quedó probada con el acervo documental que ya
se refirió en este acto, evidencia que en el vehículo de placas HSD-318 tenía,
transportaba y comercializaba un cilindro de GLP, cuyo NIF correspondía a la
propiedad de EMMGAS SA. E.S.P.

Ello no puede desconocerse, con las capacitaciones que el agente investigado
adelanta al interior de su compañía, dado que ello no evitó que el hecho
investigado sucediera, en contravía de sus obligaciones regulatorias.

Se debe atender también, que ni la legislación ni el regulador, han advertido que
hacer capacitaciones a los dependientes de una empresa prestadora de un
servicio público, constituya por sí sola un eximente de responsabilidad para
excusar la omisión en el acatamiento del régimen, en este caso que le aplica a
los comercializadores minoristas de –GLP-.

Al respecto se debe recordar que el Estado tiene el deber constitucional de
asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios.

Asimismo, es claro que una de las formas para dar cumplimiento a este deber
es a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que por
mandato constitucional lleva a cabo las funciones de control, inspección y
vigilancia. En consecuencia la Entidad se convierte en un instrumento de
intervención del Estado para asegurar que los servicios públicos se presten a
todos los habitantes del territorio nacional de forma eficiente, oportuna y de
buena calidad

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, confirma lo
expresado en el concepto proferido el 16 de octubre de 2002, M.P. Susana

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Montes Echeverri, en el que se pronunció frente al tema de la intervención del
Estado por medio de las Superintendencias, de la siguiente manera:

“(...)

Es claro que las funciones de inspección, vigilancia y control, en el ámbito al
que se refiere la norma que se acaba de citar, se inscriben dentro de la
perspectiva más amplia de la necesaria intervención del Estado y del interés
público que debe ser resguardado y también lo es que constituyen
mecanismos especiales diseñados para realizar, de modo concreto y en un
sector determinado de la actividad económica, las orientaciones generales
de la política estatal y para verificar, en el área respecto de la cual operan, la
cristalización de los imperativos anejos al interés colectivo.
(…)
Como surge del propio texto de la Carta, las mentadas funciones se han
encomendado al Presidente de la República y, siendo evidente que no le es
posible a quien es jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa,
asumir directa y personalmente su cumplimiento, es obvio que la ley, en
desarrollo de la Constitución Política, puede prever el adelantamiento de las
labores inherentes a esa atribución presidencial por organismos
especializados capaces de efectuarlas con la eficacia y a exhaustividad
requeridas, pues de otro modo los propósitos superiores quedarían
desvirtuados al tornarse nugatorias las aludidas funciones presidenciales y,
por contera, las que en los asuntos económicos atañen al Estado, merced a
expresa disposición constitucional. (...)”

Esta misma tesis ha sido acogida por la Oficina Jurídica de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, quien en concepto Nro. 148 de 2009,
manifestó:

“Las Facultades de la Superintendencia de Servicios Públicos. - Por
mandato de la norma superior de nuestro ordenamiento jurídico, a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad de creación
constitucional (art. 370) se le encomendó el ejercicio de las funciones
presidenciales de control, inspección y vigilancia de las entidades que
presten los servicios públicos domiciliarios.

Tal actividad supervisora, como corresponde al ámbito de la policía
administrativa, implica los componentes de potestad de mando y
potestad coercitiva. La primera, para adoptar las medidas tendientes a
garantizar la eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, en términos de
calidad, transparencia y oportunidad; la segunda, instrumento propio de la
intervención estatal, que le impone actuar por las violaciones contra la ley y
los actos administrativos que sujetan la actividad del referido servicio.

El régimen de inspección y vigilancia, acompaña a la entidad sujeta al mismo,
desde antes de su nacimiento a la vida jurídica, autorizando su constitución
previa verificación del cumplimiento de los requisitos dispuestos por la ley,
hasta el momento de su extinción, bien sea que ésta se determine por
decisión de los asociados, producida conforme al contrato social, o bien, por
la adopción de una medida de intervención gubernamental que conlleve su
liquidación forzosa mediante los cauces establecidos en la ley.”

De lo anterior queda claro que por medio de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, el Estado ejerce su facultad supervisora para garantizar
la eficiencia y calidad de los servicios y en consecuencia, las empresas que
prestan los servicios públicos quedan sometidas al régimen especial de los

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servicios públicos desde antes de que nazcan a la vida jurídica, manteniendo a
lo largo de sus funciones la potestad para evaluar la dosificación sancionatoria.
Así las cosas la incursión en una prohibición regulatoria, como es el caso de la
CREG 023 de 2008 por sí misma permite la intervención del control de Estado
que puede conllevar a la imposición de una sanción administrativa dentro del
marco contemplado en la Ley de servicios públicos.

En lo que le asiste razón al prestador es en cuanto a que para que se configure
la falta administrativa, se requiere la tipificación de la conducta como falta, pero
no le asiste la razón al estimar se debe demostrar la culpabilidad con que
hubiere actuado el sujeto activo de la conducta.

Como primera medida se encuentra en el expediente, con suma claridad, la
norma regulatoriamente concedida para empresas como MONTAGAS S.A.
E.S.P, que se dirige a establecer las obligaciones del comercializador minorista
en la compra del producto a los distribuidores y el flete del producto en cilindros,
para la compra y flete del producto.

En tal sentido la prohibición es previa a la fecha del hecho, esto es 28 de octubre
de 2010 y se encuentra en norma expresa en el artículo 16 de la Resolución
CREG 23 de 2008, así:

“(…)
7. No comercializar, recibir ni tener bajo ninguna circunstancia, cilindros de
propiedad de Distribuidores diferentes a aquel con el cual tiene el Contrato
de Suministro de GLP envasado."
(…)”

Por lo tanto la investigación se encuentra ajustada a derecho, respecto del
principio de tipificación de la conducta sancionable.

Ahora bien, ello no conlleva que la administración deba desplegar un análisis
frente a la culpabilidad y a su incidencia en esta investigación.

Sobre el particular este Despacho se detiene establecer la diferencia entre la
jurisdicción penal y las actuaciones administrativas.

Se empezará por establecer lo referente a la responsabilidad, pues mientras
que en las actuaciones penales se habla de una responsabilidad subjetiva, en
las actuaciones administrativas se establece lo referente a una responsabilidad
plenamente objetiva.

De otra parte en la actuación penal se establece la individualización de un sujeto
que cometió una conducta punible o tipificada, en cambio en las actuaciones
administrativas se establece es la existencia de una conducta o hecho que da
lugar a una intervención administrativa de carácter sancionatorio fiscalizador.

Así mismo, es pertinente aclarar la naturaleza de los actos emitidos en una y
otra actuación ya que en las actuaciones administrativas se ejerce el poder
sancionatorio que le asiste a la administración, mientras que en asuntos penales
se ejerce el poder punitivo que le asiste al Estado, por lo que en uno y otro la
trascendencia e importancia, así como la normatividad aplicable difiere en toda
su aplicación.

La responsabilidad que se exige de las empresas, es netamente objetiva, para
lo cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, hace un cotejo
formal de la obligación que le corresponde acatar al prestador, contenida en la
regulación que lo cobije, frente a la conducta cometida, reprochable expuesta

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en los hechos endilgados una vez se despliega la intervención administrativa
sancionatoria.

Por el contrario, la responsabilidad subjetiva señalada sobre un individuo y su
comportamiento particular se predica en las actuaciones penales y tipificadas,
momento en el cual el estado ejerce su poder punitivo.

En efecto la presente investigación de ninguna manera pretende determinar si
la responsabilidad de los hechos objeto de la misma, corresponde a la actuación
individual de una persona en particular, para el caso que nos ocupa al señor
conductor del vehículo en el cual se incautaron los elementos.

Sin lugar a dudas el hecho presuntamente cometido está dirigido a la obligación
que le compete única y exclusivamente a MONTAGAS S.A. E.S.P. en cuanto a
revisar sí obedeció o no, las previsiones contenidas en la Resolución CREG 023
de 2008, atendiendo su calidad de distribuidor y comercializador minorista de
GLP.

Se señala entonces, que determinar las posibles razones o motivaciones que
produjeron su conducta de haberla cometido particular o contratista, dentro del
marco de esta actuación administrativa, no pueden ser motivo de exoneración
de responsabilidad objetiva para la empresa por ser ésta y no otro, la única
llamada a atender y tener el cuidado directo del manejo integral de los cilindros
que detenta y transporta.

En tal sentido, la investigación no se encamina en averiguar qué persona
cometió el hecho para endilgarle responsabilidad, sino que la investigación
apunta a demostrar que el hecho existió como tal y que es violatorio o contrario
al ordenamiento normativo.

Al respecto, existen criterios de la Corte Constitucional en la sentencia C-860
de 2006, en los cuales expresa las razones por las cuales en las actuaciones
administrativas de carácter sancionatorio, se hace exigible una responsabilidad
de carácter objetivo como la tutela del orden público económico, que
compromete el interés público, exige de la Administración una actuación pronta,
dotada de una flexibilidad razonable y un juicio objetivo. Por ello es imposible
aplicar criterios de culpabilidad en este campo.

Las infracciones administrativas sancionan conductas socialmente nocivas que
emanan de personas jurídicas, de las cuales no puede predicarse el dolo ni la
culpa en su actuar. Lo anterior dado que “en la medida en que en el proceso
administrativo sancionatorio no se pone en juego la libertad -y por supuesto
tampoco la vida- de las personas y ni siquiera otros derechos esenciales, o
garantías fundamentales como los de libertad, locomoción, o comunicación, no
se requiere que el juicio de reproche se haga a la luz del examen de las formas
de conducta”. (Daniel Jiménez "La responsabilidad Objetiva")

Por lo tanto, si la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como
ente de inspección, control y vigilancia con potestades sancionatorias
especiales, en desarrollo de sus funciones y como resultado de una
investigación, considera que los hechos investigados constituyen una posible
infracción de la Ley, de un decreto, resolución, circular o instrucción o en general
acto administrativo, procede a formular pliego de cargos.

Es así, como determinado el incumplimiento por la empresa, para el caso
particular MONTAGAS S.A. E.S.P., como persona jurídica que es y atendiendo
al hecho que no es posible predicar responsabilidad a título de culpa o dolo,
basta con que se establezca la infracción de una norma legal y de aplicación

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directa por parte de ésta, para que sea procedente imponer la sanción que
corresponda atendiendo al régimen de responsabilidad objetiva, propia de las
actuaciones de la administración dentro de un derecho sancionador y al régimen
especial de los servicios públicos.

En este contexto, en desarrollo de la mencionada teoría, la investigación
administrativa no se encamina en averiguar qué persona cometió el hecho para
endilgarle responsabilidad hacer juicios sobre la intencionalidad, falta de
cuidado, negligencia o gravedad del hecho, como pretende el recurrente, sino
que esta apunta a demostrar la existencia del hecho generador del
incumplimiento normativo.

En este punto, es importante indicar que la base de responsabilidad objetiva en
Colombia, se encuentra prescrita y que sólo es aplicable cuando así lo
determine el legislador. Por lo tanto y al ser la prestadora persona jurídica la
cual no es susceptible de cuestionar o determinar la subjetividad de su conducta
en lo que refiere a la intencionalidad o dolo, ya que como es claro en la
jurisprudencia y en la doctrina, per se, no se puede predicar tal conducta en su
despliegue administrativo como persona jurídica.

Ante lo anterior, se torna procedente citar el Concepto SSPD OJ-2004-092
emitido por la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, en el cual se ratifica y destaca que debe aplicarse la
responsabilidad objetiva en tratándose de los servicios públicos domiciliarios
así:

“…Se basa la consulta objeto de estudio en determinar si en materia de
servicios públicos domiciliarios se sanciona con base en la responsabilidad
objetiva o subjetiva.

Las siguientes consideraciones se formulan atendiendo el alcance del
artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Las relaciones de los usuarios y empresa se rigen por el denominado
contrato de condiciones uniformes, el cual consagra para las partes una serie
de obligaciones, derechos y responsabilidades.

Respecto de la responsabilidad, en materia de servicios públicos
domiciliarios, de conformidad con el Código Contencioso Administrativo, la
Ley 142 de 1994 y la jurisprudencia desarrollada en esta materia, es
procedente la aplicación de la teoría de la responsabilidad objetiva.

En este contexto, en desarrollo de la teoría de la responsabilidad objetiva, la
investigación administrativa no se encamina en averiguar qué persona
cometió el hecho para endilgarle responsabilidad, sino que ésta apunta a
demostrar la existencia del hecho generador de responsabilidad.

Cuando se trata de investigaciones en servicios públicos domiciliarios,
corresponde a la empresa, mediante investigación administrativa demostrar
la existencia u ocurrencia de los hechos o anomalías que generan sanción,
de tal manera que es suficiente determinar, a manera de ejemplo, si se
detectó la existencia de fraude en un determinado inmueble que afecte la
medición del consumo de un servicio público domiciliario para efectos de la
imposición de la sanción, sin que para el caso interese quien cometió la falta
(poseedor, tenedor o propietario) y a qué título lo hizo (dolo o culpa). En este
caso, la sanción a imponer como consecuencia de las anomalías probadas
en la investigación, deben uniformes, y por supuesto, se debe garantizar el
debido proceso plenamente descritas en el contrato de condiciones

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Las empresas de servicios públicos domiciliarios ejercen funciones
administrativas, respecto de los actos de facturación, corte, suspensión y
negativa del contrato y, en consecuencia, están obligadas a garantizar el
debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política en los
trámites que ellas adelanten.

Sobre los temas consultados ya se pronunció en el sentido señalado en este
escrito la Corte Constitucional en Sentencia T-1204 de 2001 (...)”.

Por lo tanto no corresponde a éste Despacho acudir al análisis de culpabilidad,
planteado por la empresa investigada por cuanto corresponde al hecho
investigado, cuya ocurrencia se debe probar.

En consecuencia, la pruebas legalmente aportadas al proceso, no son
evaluadas a partir de la intención dolosa de un particular descartando con ello
la revisión pormenorizada y minuciosa que solicita el representante de
MONTAGAS S.A. E.S.P, con el propósito de demostrar " que no existe prueba
de esa relación volitiva necesaria para una acusación seria y sólida" por cuanto
afirma que no pretendió lucrarse de una conducta que no le generaba beneficio,
propósito claramente inconducente en éste asunto.

Queda establecido, entonces que la imputación va más allá de una simple
coincidencia de los requerimientos fácticos de una prohibición, porque está
determinada la ocurrencia del hecho desobediente

Ahora bien, el representante de la empresa afirma que el conductor del vehículo
involucrado en el hecho que se investiga, fue víctima de una "trampa" por parte
de la empresa EMMGAS, advirtiendo que la denunciante, anteriormente ya
había sido sancionada por parte de esta autoridad.

Frente a ello se debe decir que la situación expuesta, en este sentido, resulta
ser extraña a la averiguación que nos ocupa y no puede tenerse como un
argumento mediante el cual MONTAGAS S.A. E.S.P., acredite el cumplimiento
de la regulación que le compete, por que otro agente competidor, cometa o no
infracciones en el mismo sentido.

Adicionalmente si lo que se ésta planteando constituye de alguna manera, un
acto de competencia desleal, ello es un contexto que no le corresponde conocer
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ni tampoco si
eventualmente se han generados "graves perjuicios" entre los agentes y por lo
tanto no pueden incluirse en el debate.

Por su parte resulta valorable que MONTAGAS S.A. E.S.P., se encuentra
certificada desde el año 2003 para todos los procesos relacionados con el
envasado, transporte y comercialización de los cilindros de GLP, sin embargo
tal situación no lo exonera de su responsabilidad en el hecho acaecido en la
ciudad de Mocoa el 28 de octubre de 2010 y que se ha desarrollado en éste
plenario.

Finalmente el escrito de descargos, solicitó al Despacho analizar en este caso
en particular: La naturaleza de la falta, la gravedad de la falta, el impacto de la
infracción sobre la buena marcha del servicio público y el factor de reincidencia.

Es claro para el Despacho analizados los elementos probatorios que nutren la
foliatura que el hecho endilgado como incumplido sucedió, toda vez que la
inobservancia de la norma no ha sido desvirtuada, al punto que el hecho no ha
sido discutido en el proceso y por el contrario, aparece aceptado por la

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prestadora. Esto contraviene una norma del régimen de los servicios públicos
domiciliarios, como lo es el artículo 16 de la Resolución CREG023 de 2008.

A su vez, el artículo 81 de la Ley 142 de 1994 señala como conductas
sancionables la violación de las normas a las que están sujetas las
mencionadas entidades, al darle facultad a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para "imponer las siguientes sanciones a quienes violen
las normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de
la falta:", por lo tanto frente a la petición de MONTAGAS S.A. E.S.P., en cuanto
a observar tales criterios, se debe decir que dicha adopción hace parte de la
obligación que recae en la administración de acatar las condiciones legales que
le implican su ejercicio.

El Consejo de Estado ha advertido6 con claridad que "…es cierto que la
Superintendencia puede imponer sanciones con base en el artículo 81 de la Ley
142 de 1994, pero que para ejercer esa atribución es menester que el hecho
por el cual imponga la sanción esté descrito como reprochable en alguna norma
o que encaje estrictamente dentro del concepto de la falla en la prestación del
servicio o “escenario desarrollado en esta pieza administrativa, de la obligación
incumplida de la empresa,

En el caso sub examine, el cargo que se ésta investigando se encuentra
contextualizado dentro del tiempo, modo y lugar que describe el acta de
incautación vista a folio 15 del expediente en consonancia con los demás
documentos que se citan y transcriben en la presente pieza procesal.

Adicionalmente el cilindro de GLP, objeto de incautación fue plenamente
identificado, tanto por el funcionario de policía que dirigió la diligencia, como a
través de su NIF, dado su registro.

Se debe insistir además que dentro del análisis que despliega este Despacho
sobre los elementos de juicio que reposan en el expediente la empresa
MONTAGAS S.A. E.S.P., ostenta la calidad de distribuidor y comercializador
minorista de GLP.

En igual sentido la empresa investigada quedó plenamente identificada en el
hecho sucedido el día 28 de octubre de 2010, tanto en las descripciones
efectuadas por el funcionario de policía y el registro fotográfico allegado con el
acta de incautación, contexto que necesariamente adoptará este Despacho,
tanto por su presunción de autenticidad, como por no haber sido debatidas.

Tampoco de manera alguna los argumentos permiten ampliar un espectro
distinto al Contenido en el acta de incautación de policía, firmada por el
conductor del vehículo en señal clara de aceptación en su contenido.

Es así como existe en el plenario un soporte claro y concreto que permita dar
por cierta la situación que relata EMMGAS S.A. E.S.P., en su escrito de petición.

En efecto, teniendo las circunstancias anotadas como supuestos de hecho
sobre las que no se exhibió prueba en contrario, las mismas adquieren con ello
la fuerza necesaria para tener por cierta su ocurrencia.

Se suma a lo anterior que, por ser esta jurisdicción la llamada a establecer la
responsabilidad que les asiste a las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios, esta exigencia parte del criterio netamente objetivo.

6 Es así como las características de la falta investigada y sus consecuencias son estudiadas.

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Es así, como este Despacho coteja la obligación regulatoria que debe atender
MONTAGAS S.A. E.S.P., por su naturaleza de comercializador y distribuidor
minorista con la conducta ocurrida el 28 de octubre de 2010, estudiada en este
plenario.

Se concluye entonces que la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P, como
comercializador minorista de GLP, presuntamente violó el régimen establecido
en la Resolución CREG 023 de 2008 al tener, transportar y/o comercializar un
cilindro de GLP propiedad de otro Distribuidor según hechos ocurridos el 28 de
octubre de 2010 en la ciudad de Mocoa (Putumayo), cuando en la casa de
justicia se dejó constancia sobre la incautación de un cilindro de GLP,
encontrado en el vehículo de placas HSD-318, cuyo NIF aparece reportado en
el SICMA como de propiedad de la empresa EMMGAS S.A. E.S.P.

3. Consideraciones finales

Que por las anteriores consideraciones, y evaluados todos los argumentos, así
como las pruebas obrantes en el expediente, este Despacho concluye que la
empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. vulneró lo dispuesto en el numeral 7 del
artículo 16 de la Resolución CREG 023 de 20083

En este orden de ideas, esta Superintendencia como el órgano de inspección,
vigilancia y control reprocha la vulneración del régimen de comercialización y
distribución minorista establecido en la Resolución CREG 023 de 2008.

Con ello, la conducta investigada y sancionada en el acto administrativo que
nos ocupa, constituye una grave violación de la obligación estructurada por el
regulador en la materia, y que debe ser de estricto acatamiento por parte de las
empresas prestadoras dentro del desarrollo de su objeto social: Garantizar la
prestación del servicio en la forma como lo ha estructurado la regulación con el
propósito de salvaguardar la seguridad del usuario final y demás intervinientes
en la cadena de producción y manipulación de GLP.

Se suma a lo anterior que las consecuencias que podrían acarrear las acciones
despegadas, por tener, transportar y/o comercializar cilindros de Gas Licuado
de Petróleo de otro distribuidor por ser una conducta dañosa e ilegal, sobre la
cual se debe exigir su responsabilidad.

Lo anterior por cuanto no fue desvirtuada en el transcurso de la actuación de
investigación la presunción de que MONTAGAS S.A. E.S.P., hubiera
intervenido en las acciones endilgadas y desplegadas sobre un cilindro de GLP
de propiedad de MONTAGAS S.A. E.S.P., por lo que los elementos de juicio
allegados al expediente llevaron a la convicción de su ocurrencia.

Adicionalmente las pruebas allegadas con la denuncia de MONTAGAS SA.
E.S.P., y analizadas por este Despacho resultaron configurar hechos
coincidentes que llevan a esta autoridad a predicar su ocurrencia.

Se justifica entonces, la pieza administrativa en que en el momento que una
empresa distribuidora y/o comercializadora minorista se apodera de un cilindro
marcado propiedad de otra empresa distribuidora no solo atenta contra los
activos de ésta, sino que además atenta contra la seguridad e integridad de los
ciudadanos y esto es lo que debe evitar de manera preventiva, esta autoridad.
Que como consecuencia de lo anterior, este Despacho, de conformidad con el
artículo 81 de la Ley 142 de 1994, y teniendo en cuenta la naturaleza y la
gravedad de la falta, el impacto de la infracción sobre la buena marcha del
servicio, el hecho de que la empresa no es reincidente en esta conducta se
procederá a imponer sanción de multa a la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P.

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En mérito de lo expuesto, este Despacho,

Resuelve

Artículo primero: Imponer sanción MULTA a la empresa MONTAGAS S.A.
E.S.P., por un valor de TRESCIENTOS SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL
PESOS CON CERO CENTAVOS ($306.018.000,00), la cual se hará efectiva
en el término de 10 DIAS hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta
Resolución, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Artículo segundo: Una vez en firme la presente resolución, la sanción
impuesta deberá ser consignada en efectivo o cheque de gerencia. Para
proceder al pago el prestador deberá obtener el formato de pago de sanciones
disponible en el sitio WEB de la Superservicios
https://www.superservicios.gov.co/ bajo el canal Servicios a Empresas /
Formatos de Pago. El prestador deberá acreditar el pago de la sanción dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del presente
acto administrativo. La multa se debe pagar en efectivo o cheque de gerencia
en cualquiera de las siguientes instituciones financieras: Banco Agrario de
Colombia, BBVA, BANCAFE.

Artículo tercero: Notificar personalmente la presente Resolución a JESUS
ALFONSO PARADA CRUZ, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la
empresa MONTAGAS S.A. E.S.P., o a quien haga sus veces, quien puede ser
citado en la CRA 25 15 29 de la ciudad de PASTO - NARINO, haciéndole
entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta Resolución
procede el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para
Energía y Gas, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su
notificación.

Artículo cuarto: Comunicar, una vez se encuentre en firme la presente
resolución, al señor Ciro Alfonso Lizcano Jaimes representante legal de la
empresa EMMGAS S.A. E.S.P. o quien haga sus veces, en el Kilómetro 3 salida
Pasto- Mocoa.

Artículo quinto: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
notificación.

Notifíquese y cúmplase

Ramón Fernando Antolínez Olarte
Superintendente Delegado para Energía y Gas”7.

1.4. Normas violadas y concepto de violación

Como normas infringidas, la parte demandante alegó las contenidas en el artículo
29 de la Constitución Política, los artículos 3, 137 y 138 del CPACA y los artículos
78, 81, 108 y 111 de la Ley 142 de 1994.

7 Folios 102 a 125 del Cuaderno del Tribunal.

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En cuanto al concepto de violación, de manera general, indicó que el acto
demandado había sido proferido extemporáneamente, lo que traía consigo la
pérdida de competencia de la Superservicios. De igual forma aseguró que, en el
trámite administrativo previo a la expedición de la resolución enjuiciada, se vulneró
el derecho de defensa y el principio de legalidad y se incurrió en falsa motivación y
desviación de poder. Para soportar lo dicho, formuló y sustentó los siguientes
cargos:

1.4.1. “Violación del Derecho al Debido Proceso (falta de competencia)”8. Se refirió
a que dicho principio gobierna la actuación administrativa e implica que sea
conocida y decidida por el funcionario competente, desarrollada acorde a la ley, con
plena observancia de las formas propias del trámite concerniente y respetando el
derecho a presentar y controvertir pruebas.

Bajo las anteriores premisas, consideró evidente la vulneración al debido proceso,
en tanto que la Resolución demandada se expidió veintiún (21) meses y veintiún
(21) días después de iniciada la actuación administrativa, superando el término de
cinco (5) meses previstos en el artículo 111 de la Ley 142 de 1994. Lo anterior, en
su entender, implicó la pérdida de competencia de Superservicios para expedir la
resolución enjuiciada y configuró el fenómeno de la caducidad, lo que impedía que
se interpusiera la sanción a Montagas.

Aseguró que el ente estatal, al ejercer tardíamente sus funciones, infringió de
manera directa la ley, lo cual va en detrimento de los derechos y garantías de las
personas que depositan en el ordenamiento jurídico y en el accionar de las
entidades públicas su confianza legítima.

1.4.2. “Violación del Derecho de Defensa”9. Afirmó que en la actuación
administrativa se resolvió negar la práctica de un importante acervo probatorio
testimonial, lo que frustró el derecho procesal de Montagas de demostrar la creación
artificiosa de la infracción endilgada, la política y estrategia empresarial encaminada
al cumplimiento de las normas que reglamentan su objeto social y las
capacitaciones a los empleados sobre la regulación y metodología para el transporte

8 Folio 8 ibídem.
9 Folio 9 del Cuaderno del Tribunal.

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y siembra de cilindros de marca; pruebas con las que buscaba desvirtuar el cargo
endilgado.

1.4.3. “Violación al Principio de Legalidad, desviación de poder y falsa motivación
del acto”10. Aseveró que Superservicios desconoció los artículos 29 de la
Constitución Política y 3 del CPACA, pues no confrontó la conducta atribuida a
Montagas con el interés jurídico que pretendió proteger y, en consecuencia, no
aplicó una correcta dosimetría ni sustentó el monto de la sanción impuesta.

Consideró que los textos legales que sirvieron como soporte de la Resolución
demandada no contemplan como falta reprochable la atribuida a Montagas, así
como tampoco prevén la escala de sanciones aplicables ni la cuantía de las multas
a imponer, siendo esta última determinada arbitrariamente sin ningún criterio de
proporcionalidad. Lo anterior, desatendiendo el artículo 81 de la Ley 142 de 1994,
que señala los razonamientos que deben ser tenidos en cuenta.

Con todo lo anterior, afirmó que el acto administrativo enjuiciado fue proferido bajo
falsa motivación y desviación de poder, y concluyó sus argumentos con la siguiente
pregunta: “¿Será sensata y proporcionada la decisión de una equilibrada e imparcial
autoridad, que impone una sanción por la estrambótica cuantía de $306'018.000
como reproche por una nimia infracción consistente en la transportación de UN
SOLO CILINDRO de gas, perteneciente a otra marca, en la que incurrió
MONTAGAS S.A E.S.P. por primera vez en sus largos 50 años de existencia
empresarial, con total ausencia de mala fe, interés indebido y sin ningún impacto
sobre la buena marcha del servicio público; hecho además cumplido por un
transportador vinculado por contrato insubordinado y fruto de una aparente celada
tendida por la competencia?”11

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. Superservicios12 allegó escrito de contestación de la demanda, en el que
excepcionó la legalidad del acto demando; para el efecto solicitó se tuvieran como
argumentos para soportar su defensa, las consideraciones de hecho y de derecho

10 Folio 11 ibídem.
11 Folio 14 del Cuaderno del Tribunal.
12 Folios 182 a 425 ibídem.

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efectuadas en la Resolución No SSPD – 20122400037895 del 2012-12-03; las
cuales complementó con los siguientes argumentos:

2.1.1. En cuanto a la competencia para investigar y sancionar, transcribió los
artículos 3 y 79 de la Ley 142 de 1994, con base en los cuales indicó que el Estado
tiene el deber constitucional de garantizar la prestación eficiente de los servicios
públicos domiciliarios, función que se cumple a través del control, inspección y
vigilancia que ejerce Superservicios y a la que están sometidas todas las empresas
que desarrollan dicha actividad. En consecuencia, aseguró que la incursión en una
prohibición regulatoria permite la imposición de una sanción administrativa.

2.1.2. Respecto a la expedición extemporánea del acto sancionatorio, afirmó que la
facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3)
años de ocurrido el hecho, según lo dispone el artículo 52 del CPACA, y que, por
tanto, el argumento expuesto en la demanda queda desvirtuado.

2.1.3. En lo que refiere a la violación del derecho de defensa, afirmó que algunas
de las pruebas negadas dentro del trámite administrativo eran innecesarias, ya que
lo que se pretendía probar a través de ellas estaba plenamente acreditado, mientras
que otras, no incidían en la defensa de Montagas.

Aseguró que la supuesta creación artificiosa, por parte de la competencia, de la
infracción endilgada a Montagas, es una situación extraña que puede constituirse
en un acto de competencia desleal, cuya investigación y sanción no es de su
conocimiento. Adicional a esto manifestó que el reconocimiento, la certificación y
los procedimientos de Montagas no la exoneran de responsabilidad por el hecho
ocurrido en Mocoa el 28 de octubre de 2010.

2.1.4. Aclaró que la conducta que se le imputó a la empresa es mucho más
compleja que el simple decomiso de un (1) cilindro, en razón a que la prohibición de
tener, comercializar y distribuir gas envasado de propiedad de otra empresa tiene
fines de seguridad extensivos para el sistema y el usuario del servicio. Aseguró que
en ese mismo sentido se realiza la marcación de los cilindros, evitando que se
utilicen de manera indebida. En ese contexto, trascribió el artículo 62 de la Ley 1157
de 2007, el numeral 5 del artículo 6, el numeral 1 del artículo 9 y el numeral 7 del

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artículo 16 de la Resolución CREG 023 de 2008, que contemplan la prohibición que
infligió la compañía sancionada.

En cuanto a la proporcionalidad de la multa, indicó que dentro de la investigación
se probó que Montagas recibió, envasó y transportó un cilindro de GLP
perteneciente a otro distribuidor; por tanto, la infracción se configuró y reviste una
gravedad notable, ya que el hecho de cargar una sola unidad que no sea de su
propiedad tiene un impacto contundente en la confianza, funcionamiento y
responsabilidad del sistema. Razón por la cual la multa va mucho más allá de cotejar
el valor del cilindro o el número de objetos incautados y puede ser equivalente hasta
a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales, según lo dispuesto en el numeral 2
del artículo 81 de la Ley 142 de 1994.

2.1.5. Al reseñar el cargo consistente en la expedición del acto con desviación de
poder, aseguró que Montagas no probó que la entidad demandada hubiera usado
su autoridad con el propósito de buscar una finalidad contraria al interés general. En
lo que respecta a la falsa motivación, hizo énfasis en que el acto administrativo
sancionatorio no se fundamentó en razones engañosas, simuladas o contrarias a la
realidad; por el contrario, reiteró que la violación de Montagas al numeral 7 del
artículo 16 de la Resolución CREG 023 de 2008, está plenamente probada, lo que,
conforme a la legalidad, justificó razonablemente la imposición de la multa.

2.1.6. Por otra parte, se refirió a la “TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA” 13.
Afirmó que ese es el régimen de responsabilidad aplicable en materia de servicios
públicos, el cual no examina la intención en el actuar, si no que se concentra en
demostrar el hecho, el daño y la relación causal, por lo que el agente no puede
exonerarse demostrando que actuó de buena fe o que empleó la diligencia y el
cuidado debidos.

Indicó que existen una serie de disposiciones de orden técnico, operacional y
económico que deben ser observadas por todos los intervinientes en la prestación
del servicio y que su incumplimiento acarrea consecuencias, como la multa
impuesta. Agregó que el hecho de que no haya un perjuicio concreto no implica que

13 Folio 196 del Cuaderno del Tribunal.

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no se deba aplicar una sanción, máxime cuando la naturaleza de Superservicios es
vigilar y controlar.

2.1.7. Por último, interpuso la excepción genérica e hizo una transcripción de
normatividad en el acápite que denominó “SOCIALIZACIÓN REGIMEN DE SERVICIOS
PÚBLICOS”14.

III. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del primero (1) de agosto de 201415, el Tribunal Administrativo
de Nariño resolvió lo siguiente:

“FALLA

PRIMERO. - DECLARAR la nulidad de la Resolución SSPD -201224 000
37895, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS - DELEGADA PARA ENERGÍA Y GAS de fecha 03 de
diciembre de 2012, por medio de la cual se impuso una sanción a la empresa
MONTAGAS S.A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. - Como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho, se dispone:

a) ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGÍA Y
GAS a devolver el monto de la sanción impuesta $306.018.000,oo a favor
de la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P., más los intereses de mora
correspondientes liquidados desde la fecha en que se hubiera hecho el pago
hasta la ejecutoria de la sentencia, y siempre y cuando, si para esa fecha,
la demandante ya hubiese cancelado dicho valor, o en su defecto el monto
que se hubiere hecho, en caso de pago parcial, con sus respectivos
intereses.

b) ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGÍA Y
GAS, a cancelar toda inscripción de multas que se hayan hecho en registros
públicos y privados con ocasión del acto acusado.

TERCERO. - A esta providencia la entidad demandada le dará cumplimiento
dentro de los términos establecidos en el artículo 192 inciso 1 del C.P.A.C.A.

CUARTO. - Condenar en costas a la parte demandada, es decir a la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS -
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGÍA Y GAS cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

14 Folios 198 a 200 ibídem.
15 Folios 531 a 542 del Cuaderno del Tribunal.

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Ejecutoriada esta sentencia, por secretaría se realizarán las respectivas
desanotaciones del libro radicador correspondiente y luego se archivará el
expediente. A la parte demandante se le devolverá los dineros que depositó
para atender gastos ordinarios del proceso, si los hubiera. Se dejará la
respectiva constancia.”

La anterior decisión se apoyó en las siguientes consideraciones:

3.1. En primer término, la Sala planteó como problema jurídico principal: “¿Debe
declararse la nulidad de la Resolución No 20122400037895 de 3 de diciembre de
2012 por medio de la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
impuso sanción pecuniaria a MONTAGAS S.A. ESP, al no haberse tenido en cuenta
los parámetros establecidos por la Ley 142 de 1994?”16, y como problema jurídico
asociado determinó: “¿Cuál es el procedimiento administrativo establecido por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para establecer una sanción
pecuniaria a una empresa de servicios públicos domiciliarios?”17.

A manera de respuesta a los anteriores interrogantes, la Sala advirtió que debía
acceder a las pretensiones de la demanda, ya que el análisis jurídico y probatorio
evidenciaba una falsa motivación del acto administrativo acusado, en razón a que
no se ponderó ni justificó la sanción, según lo indica la jurisprudencia, la legislación
y particularmente el artículo 81 de la Ley 142 de 1994.

3.2. Como fundamentos legales, el a quo se refirió a la regulación sobre
prestación de servicios públicos contenida en la Constitución Política y las leyes 142
y 143 de 1994. Indicó que Superservicios ejerce facultades de policía administrativa
y que, como consecuencia, tiene potestades sancionatorias y de intervención estatal
que implican interponer multas, concertar planes de gestión y tomar posesión de
entidades o empresas.

El soporte Jurisprudencial que trajo a colación fue la sentencia de 7 de septiembre
de 2000, en el expediente 6214 proferida por la Sección Primera de esta
Corporación, y la sentencia C – 595 de 2010, a fin de ilustrar la responsabilidad
subjetiva en el proceso administrativo sancionatorio.

16 Folio 533 del Cuaderno del Tribunal.
17 Ibídem.

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3.3. Seguidamente descendió al estudio del caso en concreto y luego de describir
las pruebas, que consideró relacionadas con los cargos formulados por la parte
demandante, hizo énfasis en que, en virtud de la norma general aplicable a los
procedimientos administrativos sancionatorios, cuando se trate de gradualidad de
las sanciones, éstas deben atender los criterios previstos en el artículo 50 del
CPACA, salvo lo dispuesto en leyes especiales.

Consideró que graduar una sanción administrativa lleva implícita una valoración que
va más allá del simple cotejo entre la prohibición legal y la comisión de una conducta
investigada e implica la evaluación de reincidencia, el daño o peligro generado a los
bienes jurídicos tutelados y el impacto de la infracción sobre la buena marcha del
servicio público. Resaltó que la declaratoria de nulidad del acto demandado se
deriva de la ausencia de una apreciación y análisis de las circunstancias fácticas en
tiempo, modo y lugar del caso investigado, que sirva de fundamento para dosificar
la sanción.

Resaltó que, si bien no se discute la existencia de una prohibición legal, es decir, de
lo dispuesto en la Resolución CREG 023 de 2008, la declaratoria de nulidad se
deriva es de la inobservancia de la entidad de vigilancia en cuanto a la dosificación
de la sanción impuesta, pues ha pasado por alto la valoración y análisis de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar del caso investigado.

Por tanto, la Sala determinó que, a la luz de los hechos discutidos en el proceso,
imponer una multa de trecientos seis millones dieciocho mil pesos ($306´018.000),
resultaba desproporcionado e ilegítimo, más aún cuando la sanción equivale a más
de la cuarta parte del monto máximo que la norma prevé y solo se menciona en la
parte resolutiva del acto administrativo sin suficiente motivación. Resaltó la intención
manifestada por la demandante en la audiencia inicial, consistente en aceptar y
pagar el diez por ciento (10%) de dicho valor, por considerarlo ajustado a la
gravedad de la falta.

Determinó la prosperidad de todos los cargos, a excepción del consistente en
violación al debido proceso por la negativa de la práctica de pruebas testimoniales.
En cuanto al restablecimiento del derecho reclamado por el accionante, dispuso que
se debían devolver los dineros pagados con sus respectivos intereses. Finalmente,

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la Sala advirtió que el demandado solo propuso la excepción genérica y que, en
consecuencia, no había lugar a ningún pronunciamiento.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

Superservicios, a través de su apoderado judicial, interpuso recurso de apelación
en contra de la sentencia de primera instancia, solicitando se revoque totalmente18.
Sustentó la petición indicando que se ratifica en los pronunciamientos expuestos en
el acto demandado, en el escrito de contestación de la demanda, los alegatos de
conclusión y los argumentos que a continuación se sintetizan así:

4.1. En primera medida abordó la legalidad del acto administrativo demandado.
Aclaró que la conducta que se le imputó a Montagas es mucho más compleja que
un simple decomiso y/o incautación de un (1) cilindro, ya que el reglamento de
operación para la actividad de distribución y comercialización minorista de GLP
ordena marcar los cilindros y transportar únicamente los recipientes propios de cada
empresa, con el interés de lograr la confianza del usuario y el sistema de seguridad
en la prestación del servicio, tal como lo indica el artículo 62 de la Ley 1157 de 2007,
el numeral 5 del artículo 6, el numeral 1 del artículo 9 y el numeral 7 del articulo 16
de la Resolución CREG 023 de 2008.

Luego se refirió a los criterios de proporcionalidad de la sanción y, para el efecto,
trajo una cita textual que aseguró correspondía a un pronunciamiento de la Corte
Constitucional; sin embargo, no identificó la providencia. En esta línea se refirió al
numeral 2 del artículo 81 de la Ley 142 de 1994 y a sentencias proferidas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para concluir que dentro de la
investigación quedaron probados los hechos que sirven de soporte a los cargos
endilgados, los cuales constituyen expresas prohibiciones definidas en la ley y el
reglamento.

Afirmó que Superservicios cuenta con facultades constitucionales y legales para
imponer sanciones a las empresas que vulneren la normatividad que regula
prestación de servicios públicos, lo cual constituye una herramienta de intervención

18 Folios 558 a 574 del Cuaderno del Tribunal.

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estatal, encaminada a que éstos se presten en óptimas condiciones de calidad
operativa y de forma continua e ininterrumpida.

4.2. Frente a la “SUPUESTA DESVIACIÓN DE PODER EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO
DEMANDADO”19, indicó que ese vicio no se configura, habida cuenta de que
Superservicios no usó su autoridad con el propósito de buscar una finalidad
contraria al interés general. Agregó que Montagas no probó el cargo alegado, ni
señaló cuáles fueron los supuestos contrarios a los intereses públicos contenidos
en la decisión tomada en su contra, desconociendo así la carga de la prueba
determinada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

4.3. En cuanto a la “SUPUESTA FALSA MOTIVACIÓN EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO
ADMINISTRATIVO”20. Aseguró que dicha situación se configura cuando el acto se

fundamenta en razones engañosas, simuladas o contrarias a la realidad. En
consecuencia, reiteró que la violación de las normas por parte de Montagas quedó
plenamente probada, siendo este el fundamento para la expedición de la resolución
demandada, por tanto, la misma esta soportada en criterios de legalidad y
apreciación razonable.

Aseveró que, en la demanda y en la providencia de primera instancia, no existe
indicación o prueba de las razones por las cuales se presenta falsedad o inexactitud
en los motivos que explícita o implícitamente sustentaron el acto administrativo, lo
que implica que no se dan los elementos necesarios para que se configure la falta
o falsa motivación alegada por el demandante y declarada por el a quo.

4.4. Consideró acertada la posición presentada, en salvamento de voto, por uno
de los Magistrados del Tribunal que profirió la sentencia, en el sentido que el fallo
de primera instancia se limitó a exponer la nulidad del acto administrativo por no
ponderar ni justificar la decisión desproporcionada, pero no explicó los vicios que
configuraron la falsa motivación y la desviación de poder.

Por otra parte, calificó de desatinado el hecho de que Superservicios, como entidad
erigida para salvaguardar los derechos de los usuarios frente a las empresas

19 Folio 569 Ibídem.
20 Folio 570 del Cuaderno del Tribunal.

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prestadoras de servicios públicos, no tenga la posibilidad de imponer sanciones
ejemplarizantes, para que otros prestadores no incurran en la violación de las
normas que los regulan. Afirmó que, al imponerse la multa a Montagas, se
atendieron los criterios establecidos en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, sobre
la prueba plena y suficiente de comisión de la conducta reprochada.

Con todo lo anterior, concluyó que “queda demostrada la Legalidad del acto
administrativo, y las razones en las cuales se fundamentó y estructuró, y que como
consecuencia de la violación de una norma regulatoria, a la que todo prestador de
GLP debe cumplir, su no observancia conllevó a la consecuencia lógica de la
aplicación de la sanción, conforme lo estipulado en el artículo 81 de la Ley 142 de
1994, explicando dentro del mismo acto administrativo, la motivación que conllevó
a la sanción y expedido sin motivos aparentes, que se pueden considerar como
detonantes de una desviación de poder, elementos que el fallador solo enunció, mas
no explicó, ni probó, ni sustentó su ocurrencia, en el fallo que se impugna.”21

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

5.1. Superservicios, a través de apoderada judicial, presento memorial en el que
expuso como alegatos de conclusión22 los argumentos que se extractan a
continuación:

Indicó que, al momento de proferir el acto administrativo sancionatorio, el
funcionario competente reveló las normas que lo facultaban. Aseguró que en el
curso de la actuación administrativa solo resultan útiles las pruebas pertinentes y
conducentes para la investigación, por lo que negar algunas que se salgan de dicho
ámbito, no vulnera el derecho de defensa.

Manifestó que resulta ambicioso pedir la ilegalidad de una conducta que se
encuentra por fuera del ordenamiento y que merecía reproche por parte del ente de
vigilancia y control. En consecuencia, aseguró que no hubo desviación de poder ni
falsa motivación, máxime cuando la multa se interpuso bajo los parámetros del
artículo 81 de la Ley 142 de 1994.

21 Folio 573 del Cuaderno del Tribunal.
22 Folios 71 a 75 Cuaderno de Apelación.

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Por último, reiteró su oposición a todas y cada una de las pretensiones de la
demanda, enunció jurisprudencia para respaldar su dicho y solicitó al despacho
confirmar la legalidad de la Resolución SSPD No 20122400037895 del 3 de
diciembre de 2012.

5.2. Por su parte, Montagas, en el escrito de alegatos de conclusión23, resumió
la causa petendi y las razones por las que considera que el acto administrativo
demandado quebranta la ley, las cuales se sintetizan así:

En primer término, describió los antecedentes del acto administrativo demandado,
aseguró que Montagas centró su defensa en demostrar que su competencia directa
pudo crear artificiosamente la infracción que se le imputa, que existe una política y
estrategia empresarial encaminada a preservar y evitar la comisión de ese tipo de
errores y que en su larga trayectoria no reporta antecedentes por contravenciones
de ese tipo.

Se refirió al testimonio de Jorge Guillermo Hernández Galvis, recepcionado en el
trámite de primera instancia, el cual consideró como evidencia de las circunstancias
que rodearon los hechos y de la prudencia y diligencia de la empresa. Aseguró que
el ente sancionador se apartó de examinar estas pruebas, no valoró la ausencia de
antecedentes, no calificó la afectación a la buena marcha del servicio y el daño a
los usuarios, imponiendo una sanción desproporcionada, la cual está desprovista
de una sustentación razonable, tal como lo dijo el Ministerio Público y el Juez de
primera instancia.

Concluyó que la decisión de Superservicios fue adoptada mediante una falsa
motivación, en ejercicio de un poder desbordado que se soporta en una inadmisible
responsabilidad objetiva y careciendo de una valoración de las situaciones que
rodearon la supuesta falta, por lo que solicitó se confirme la decisión de primera
instancia.

23 Folios 79 a 88 del Cuaderno de Apelación.

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VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto en el proceso de
la referencia.

VII. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

VIII. CONSIDERACIONES

8.1. Competencia.

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el
Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

8.2. Hechos.

8.2.1. Mediante Resolución SSPD – 20122100037895 de 3 de diciembre de 2012,
el Superintendente Delegado para Energía y Gas de Superservicios impuso una
multa por trecientos seis millones dieciocho mil pesos ($306´018.000) a
MONTAGAS S.A. E.S.P., por violación al reglamento de distribución y
comercialización minorista de gas licuado de petróleo contenido en la Resolución
023 de 5 de marzo de 2008.

8.2.2. Inconforme con la decisión la empresa sancionada interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho el día 18 de junio de 2013. Del proceso
conoció el Tribunal Administrativo de Nariño que, mediante sentencia del 19 de junio
de 2014, declaró la nulidad del referido acto y ordenó a Superservicios devolver el
dinero cancelado por la demandante junto con los intereses causados, además de
cancelar las inscripciones de la multa.

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8.2.3. En contra de esa decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación.

Planteamiento

A efectos de resolver el recurso de alzada, la Sala advierte que el Tribunal y el
recurrente difieren respecto de si se configura o no el vicio de nulidad por falsa
motivación en el acto demandado pues, mientras que el a quo considera que la
resolución demandada no goza de suficiente motivación, ya que no ponderó ni
justificó la sanción interpuesta según lo establece el artículo 81 de la Ley 142 de
1994 y el artículo 50 del CPACA, la SSPD asegura que el acto administrativo está
debidamente motivado y soportado en criterios de legalidad y apreciación
razonable, en atención a que están probados los hechos que sirven de soporte a
los cargos endilgados y éstos constituyen expresas prohibiciones contempladas en
la ley y el reglamento, cuya ocurrencia pone en peligro el sistema de seguridad y
confianza en la prestación del servicio de distribución y comercialización minorista
de gas licuado de petróleo.

Para dilucidar la problemática expuesta, la Sala abordará preliminarmente la
normativa que orienta este tipo de actuaciones de la Administración.

8.3. Del régimen sancionatorio de las empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios

8.3.1. Uno de los pilares fundamentales perseguidos por el Constituyente de 1991
fue el de asegurar que la adopción del Estado Social de Derecho consiguiera la
prevalencia del interés general, aspecto éste que se vislumbra desde el artículo
primero Superior24, veamos:

24 Corte Constitucional. Sentencia C-075 de 1997. La jurisprudencia constitucional ha desarrollado

tal aspecto a partir de la concepción de los servicios públicos como instrumento para alcanzar dichos
fines. La siguiente sentencia es muestra de ello: “El concepto de servicio público ha sido objeto de
un permanente desarrollo ligado a la constante evolución de la situación política, económica y social
del mismo Estado. En el momento actual, no ha presentado una modalidad estática, sino cambiante
y adaptable a la praxis económica y social, así como consecuente con el permanente avance de
sus contenidos, entendiéndose el mismo, en el ámbito jurisprudencial y doctrinario, como aquellas
actividades que el Estado tiene el deber de prestar a todos los habitantes del territorio nacional, de
manera eficiente, regular y continua, en igualdad de condiciones, en forma directa o mediante el

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“Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran
y en la prevalencia del interés general”. (Subrayas de la Sala).

Dentro de la estructura de la Carta Fundamental los servicios públicos han sido
concebidos como actividades indispensables para alcanzar los propósitos
expuestos en el mencionado precepto:

“Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley,
podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de
soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría
de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide
reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá
indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley,
queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”. (Subrayas de la Sala).

Así pues, el régimen de prestación de servicios públicos comporta en el Estado
colombiano la necesidad de garantizar que se cumplan las finalidades sociales
trazadas desde el preámbulo de la Carta Fundamental, aspectos estos de los que
se encargó al Legislador, según se desprende del artículo 365 de la Constitución25.

Por su parte, el artículo 370 ibidem confió en el Presidente de la República los
lineamientos de administración y control de eficiencia de los servicios públicos
domiciliarios, ejercicio que autorizó llevarlo a cabo a través de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios:

concurso de particulares, con el propósito de satisfacer necesidades de interés general que la
sociedad demanda”. (Subrayas de la Sala).
25 Todo lo relacionado con la estructuración de servicios públicos en nuestro país fue objeto de amplio

debate al interior de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, como quiera que a ella se
presentaron 224 propuestas, 39 de ellas de origen constituyente, La Asamblea optó por consagrar
en la nueva Carta los lineamientos generales que regulan los servicios públicos. De ello dan muestra
las Gacetas de 16 de abril y 29 de mayo de 1991: “Introducir en la Carta Constitucional materias que
son susceptibles de un desarrollo legislativo detallado, puede crear, en el tema que nos ocupa, una
camisa de fuerza que impida el desarrollo mismo de los distintos servicios públicos o la ausencia de
normatividad en otros servicio que, por su misma naturaleza, requieren un tratamiento especial”.

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“Artículo 370. Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción
a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los
servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las
entidades que los presten”.

En esa perspectiva, se ha entendido que de la labor de policía administrativa en
comento se deriva el poder sancionador de la Administración Pública,
concretamente de la SSPD, comprendido como parte de las actuaciones que
despliega el Estado para cumplir con el propósito de garantía de los servicios
públicos domiciliaros26.

Se erige entonces como un medio para garantizar la debida observancia de los
valores que inspiran todo el sistema jurídico básico27, explicada también en que, al
exigir de la Administración el cumplimiento de los deberes de vigilancia, es
correlativo a ello que sea dotada de atribuciones que impelan de los particulares o
de las mismas entidades públicas su acatamiento28.

El marco de las sanciones del sector está inscrito en el artículo 81 de la Ley 142 de
1994, que establece:

“Artículo 81. Sanciones. La Superintendencia de servicios públicos
domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las
normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la
falta:

81.1. Amonestación.

81.2 Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El
monto de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la
buena marcha del servicio público, y al factor de reincidencia. Si la infracción se
cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá
multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona información
suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al
requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se

26 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 26 de noviembre de 2015, Consejero ponente:

Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 25000-23-24-000-2005-01325-01 y Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de febrero de 2018, Consejero ponente: Carlos Enrique
Moreno Rubio, radicación número: 25000-23-24-000-2008-00509-01.
27 Así lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional desde 1994 en la Sentencia C-214; veamos:

“[La] potestad sancionadora como potestad propia de la administración es necesaria para el
adecuado cumplimiento de sus funciones y la realización de sus fines, pues permite realizar los
valores del orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la administración
que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive
por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia propende indudablemente a la realización
de sus cometidos”
28 Sentencia C-860 de 2006.

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prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención de
programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en el caso
al que se refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se multe podrán
repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar
a la sanción.

81.3. Orden de suspender de inmediato todas o algunas de las actividades del
infractor, y cierre de los inmuebles utilizados para desarrollarlas.

81.4. Orden de separar a los administradores o empleados de una empresa de
servicios públicos de los cargos que ocupan; y prohibición a los infractores de
trabajar en empresas similares, hasta por diez años.

81.5. Solicitud a las autoridades para que decreten la caducidad de los contratos
que haya celebrado el infractor, cuando el régimen de tales contratos lo permita,
o la cancelación de licencias así como la aplicación de las sanciones y multas
previstas pertinentes.

81.6. Prohibición al infractor de prestar directa o indirectamente servicios
públicos, hasta por diez años.

81.7. Toma de posesión en una empresa de servicios públicos, o la suspensión
temporal o definitiva de sus autorizaciones y licencias, cuando las sanciones
previstas atrás no sean efectivas o perjudiquen indebidamente a terceros.

Las sanciones que se impongan a personas naturales se harán previo el análisis
de la culpa del eventual responsable y no podrán fundarse en criterios de
responsabilidad objetiva.”

En ese sentido, y atendiendo los expresos mandatos Superiores, el Legislador
previó el alcance de la potestad sancionatoria en servicios públicos, diferenciando,
como era del caso, la relación usuario – empresa y empresa – Estado (SSPD). Para
el primer vínculo indicó que los procedimientos que adelante deben sopesar la
“culpa” del presunto infractor, lo cual ubica ese tipo de actuaciones en el plano de
la responsabilidad subjetiva, en tanto que debe ser examinada la conducta del
investigado.

No se aplica el mismo rasero en tratándose del nexo que surge entre el Estado y la
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. A tal discernimiento llegó esta Sección
en sentencia del 22 de octubre de 2015, en el proceso número 25000 2324 000
2010 00654 01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, en el que se discutía
precisamente si en un procedimiento sancionatorio adelantado contra Gas Natural
debía ponderarse su negligencia a fin de determinar si era procedente la imposición
de la multa:

“La sociedad GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. estima que si en
gracia de discusión se aceptara que del artículo 37 de la Resolución CREG 011

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de 2003, surgía la obligación de contar con contratos de suministro y transporte
de gas natural bajo la modalidad en firme, el estudio relacionado con el
cumplimiento de dicha obligación implicaba el análisis de la conducta
desplegada por la empresa que determinara si adelantó las gestiones que
estaban a su alcance para la consecución del suministro y transporte bajo dicha
modalidad contractual o si por el contrario, incurrió en una falta de diligencia que
ameritara la imposición de una sanción pecuniaria como aquella de la cual fue
objeto GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., por cuanto del artículo 37
de la Resolución CREG 011 de 2003 no se deriva un régimen de
responsabilidad objetiva.

La Resolución No. SSPD – 2012400009205 del 24 de marzo de 2010, indicó
expresamente frente a este cuestionamiento que “(…) Más aún, cuando la
indagación no está dirigida a establecer negligencia o culpa, porque ese no es
el sentido de la sanción impuesta, ya que la función de vigilancia se da en
el campo de la objetividad de la investigación, toda vez que en las
actuaciones administrativas se establece una responsabilidad
plenamente objetiva, resaltando la existencia de una conducta o hecho
que da lugar a una intervención administrativa de carácter sancionatorio
o fiscalizador, ejerciendo el poder sancionatorio que le asiste a la
administración (…)”. (Resaltado fuera de texto)

Para desatar la acusación no puede olvidarse el contenido del artículo 81 de la
Ley 142 de 1994, el cual sustenta la imposición de la sanción a la sociedad GAS
NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. y en el que se indica que solo las
sanciones que se apliquen a personas naturales contarán con el respectivo
análisis de la culpa del eventual responsable y no podrán fundarse en criterios
de responsabilidad objetiva, lo cual conlleva, entonces, a que la imposición de
sanciones a las personas jurídicas pueden fundarse en criterios de
responsabilidad objetiva sin que se requiera el análisis de la culpa. Dicho
artículo 81 indica:”

Ciertamente, se trata de uno de los casos excepcionales en los que se habilita la
atribución sancionadora despojada de valoraciones subjetivas29, que consulta los
cometidos constitucionales en tanto que debe ser precedida del agotamiento de
etapas que supongan una garantía del derecho de defensa y contradicción y por
supuesto la aplicación del principio de legalidad, en el que se “exige que una norma
con fuerza material de ley contemple una descripción genérica de las conductas
sancionables, las clases y cuantía de las sanciones, pero con posibilidad de remitir
a los actos administrativos la descripción pormenorizada de las conductas

29 Sentencia C-616 de 2002: “(i) En un extremo, el legislador puede disponer iguales exigencias a

las que rigen el derecho penal para la imposición de ciertas sanciones administrativas; no obstante,
también puede (ii) prescribir que la administración cumpla con una carga probatoria inicial
predeterminada y suficiente, sin que sea necesario demostrar de manera específica la culpa, la cual
se deduce de lo ya probado, y permitir que el investigado demuestre que obró diligentemente o de
buena fe; (iii) concluir que el comportamiento del que cometió un error es prueba de un grado de
imprudencia como la simple inobservancia, pero suficiente para imponer la sanción; (iv) presumir la
culpabilidad respecto de la comisión de ciertas infracciones y reglamentar las condiciones en las que
se puede presentar prueba en contrario; y (v) en el otro extremo, el legislador puede permitir la
imposición excepcional, bajo estrictas condiciones, de sanciones por responsabilidad objetiva, caso
en el cual no cabe que el investigado pruebe su diligencia ni su buena fe.” (Subrayas de la Sala).

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reprochables, sin que pueda decirse en este caso que las normas de carácter
reglamentario complementan los enunciados legales, pues se trata de una remisión
normativa contemplada específicamente por la disposición legal de carácter
sancionador”30.

Incumbe de manera prioritaria y ligada al derrotero ya expuesto el principio de
tipicidad, según el cual “el legislador debe establecer expresamente los elementos
fundamentales del tipo, lo que implica que se efectúe: (i) la descripción de la
conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción; (ii) la
determinación de la sanción, lo que implica la descripción de todos los aspectos
relativos a ella, esto es, el tipo de sanción a imponer, el término o la cuantía de la
misma, la autoridad competente para aplicarla y (iii) el procedimiento que debe
seguirse para proceder a su imposición.”31.

8.3.2. Correlato de lo anterior es que el procedimiento sancionatorio que adelanta
la SSPD contra una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, debe
atender las formas previstas en el orden jurídico para el efecto, de tal suerte que
asegure el debido proceso y atienda el principio de legalidad y de suyo el de
tipicidad, en la manera que ha sido decantado, sin que para ello requiera examinar
la diligencia de la investigada.

8.4. De la causal de nulidad por falsa motivación

En virtud de lo hasta aquí reseñado, la Sala deberá resolver si no son nulos por
falsa motivación los actos que impusieron una sanción por la violación al reglamento
de distribución y comercialización minorista de gas licuado de petróleo a una
empresa, si, en criterio de la recurrente, se probó la ilicitud de la conducta y ello era
suficiente para determinar la validez de esas decisiones.

Vistas así las cosas, preliminarmente se tendrá que de determinar si para concluir
que es válida una sanción impuesta a una empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios, es suficiente el juicio de connotación que se establezca entre la

30 Sentencia SU-1010 de 2008.
31 Ibídem.

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conducta reprochada y la normativa que se invoca incumplida, o si es menester que
se evalúen los parámetros de dosificación de la sanción.

8.4.1. Desatar ese interrogante hace necesario referir el alcance de la causal de
falsa motivación:

El citado vicio de nulidad debe ser entendido desde tres (3) enfoques distintos, a
saber: la falsa motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la indebida
motivación, aspectos estos que deben ser analizados siempre desde el contenido
mismo del acto censurado, es decir, atendiendo su alcance interno, lo que impone
que el análisis haga referencia a lo que expone el acto administrativo en la parte
motiva y en la resolutiva.

Pues bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento
acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen como fundamento para expedir
la decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el Juez no tiene opción
diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la mencionada
argumentación, si ellos son determinantes para la decisión que el acto toma.

Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado a atacar
los supuestos jurídicos empleados en la parte motiva y que sustentan la expedición
del acto, de modo que, si llega a acreditarse que la normativa que invoca la
Administración no tiene el alcance para definir la situación jurídica en el acto, la
suerte que corre en un juicio de nulidad será la de desaparecer del orden jurídico
por ilegal.

Finalmente, la indebida motivación surge del análisis del acto a partir de cinco (5)
tipos de inferencias lógicas que se excluyen entre sí, pues cada una de ellas
depende de la tesis y sus fundamentos; veamos: la primera se presenta cuando la
decisión vertida en la parte resolutiva del acto no es la causa eficiente de lo expuesto
en la parte motiva. El impugnante entonces puede controvertir la certeza de lo
expuesto en cada una de ellas para determinar que lo definido en el acto no es
eficiente para producir la decisión, lo que se traduce en una relación causa - efecto.

La segunda se formula asegurando que la motivación del acto administrativo no es
suficiente ni adecuada con el fin que se pretende alcanzar con su expedición,

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aspecto este último que tendría que estar contenido en la parte resolutiva. En este
contexto, la discusión vendría a darse sobre las razones aducidas por la
Administración para la expedición de la decisión y no sobre lo resuelto, pues este
es una meta a alcanzar. Se trataría entonces de una relación teleológica, pues se
establece a partir de un fin que pretende alcanzar la Administración con los medios
que allí enlista, pero en donde se demuestra que éstos no resultan adecuados ni
suficientes para ello, lo que se enmarca en una relación de medio a fin.

Como tercer criterio para aducir un cargo de falsa motivación encontramos aquél en
donde lo resuelto se sustenta exclusivamente en que las demás probabilidades o
hechos que se dan alrededor de ella no son posibles o no son probables, en otras
palabras, supone una exclusión de todas las demás posibilidades. Así, lo que busca
este tipo de relación excluyente es atacar el juicio de descarte de las otras posibles
alternativas que tuvo en cuenta la entidad al expedir el acto para la validez de lo
resuelto.

Acontece también la falsa motivación cuando del postulado general que invoca la
autoridad demandada en la parte motiva no se deduce el resultado pragmático que
se vierte en la parte resolutiva, lo que indica que la estructura de la argumentación
se sustenta en el resultado que puedo obtener de la premisa.

Por último, la quinta inferencia lógica que conduciría a adelantar un análisis de
invalidez por falsa motivación sería la concerniente a la relación de equivalencia
significativa, que parte de un presupuesto consistente en que el acto predica una
condición de un sujeto en las consideraciones para entenderla semejante o análoga
a otro en lo que resuelve o lo que es lo mismo se estructura cuando la tesis y el
fundamento gozan de las mismas cualidades. En tal medida, demostrar la nulidad
por esta relación lógica llevaría a analizar si es cierto tanto lo afirmado en la parte
motiva como en la resolutiva, y entonces definir la validez de la decisión.

De cara al asunto bajo examen, es evidente entonces que el juicio que se formula
en esta instancia se enmarca en la causal de indebida motivación, como quiera que
se traduce en la necesidad de definir si las razones aducidas por la SSPD son
suficientes y adecuadas para expedir el acto sancionatorio. En otras palabras,
determinar si con la sola indicación de que la conducta objeto de reproche se
subsume en una prohibición, es suficiente para calificar como debidamente

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motivado el acto sancionatorio o si para ese efecto se requiere alguna otra
consideración como la dosificación de la sanción.

8.4.2. De acuerdo con el análisis descrito en el anterior acápite, es procedente
concluir que la sanción a Montagas, atendió los requerimientos de legalidad y
tipicidad exigidos por el orden jurídico, habida cuenta de que adelantó una actuación
administrativa con el objeto de esclarecer los hechos que dieron lugar a su apertura,
posibilitando el ejercicio de la defensa y contradicción de esa empresa, pues incluso
declaró la nulidad de las actuaciones surtidas ante un yerro en la notificación del
acto que sancionaba, para reanudarla acatando las formalidades correspondientes.

También se advierte que desde el pliego de formulación de cargos reprochó la
violación de la conducta descrita en el numeral 7 del artículo 16 de la Resolución
CREG 23 de 2008,32 que es del siguiente tenor:

“Artículo 16. Obligaciones del comercializador minorista en la compra del
producto a los distribuidores y el flete del producto en cilindros. Para la
compra y flete del producto el Comercializador Minorista deberá:

(…)

7. No comercializar, recibir ni tener bajo ninguna circunstancia, cilindros de
propiedad de Distribuidores diferentes a aquel con el cual tiene el Contrato de
Suministro de GLP envasado.”

Y siendo que no existe discusión sobre el hecho que constató la autoridad en este
punto, y dado que sobre ese preciso comportamiento fue que se impuso la sanción
prevista en el numeral 2 del mencionado artículo 81 de la Ley 142 de 1994, no
evidencia la Sala hasta aquí que se haya incurrido en una indebida motivación, sin
perjuicio del discernimiento que se expone a continuación.

La parte considerativa discurrió en lo atinente a este tópico dando cuenta de las
razones por las que acertadamente no procedía una valoración subjetiva; veamos
en lo pertinente:

“De lo anterior queda claro que por medio de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, el Estado ejerce su facultad supervisora para garantizar
la eficiencia y calidad de los servicios y en consecuencia, las empresas que

32 “por la cual se establece el Reglamento de Distribución y Comercialización Minorista de Gas

Licuado de Petróleo”.

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prestan los servicios públicos quedan sometidas al régimen especial de los
servicios públicos desde antes de que nazcan a la vida jurídica, manteniendo a
lo largo de sus funciones la potestad para evaluar la dosificación sancionatoria.
Así las cosas la incursión en una prohibición regulatoria, como es el caso de la
CREG 023 de 2008 por sí misma permite la intervención del control de Estado
que puede conllevar a la imposición de una sanción administrativa dentro del
marco contemplado en la Ley de servicios públicos.

En lo que le asiste razón al prestador es en cuanto a que para que se configure
la falta administrativa, se requiere la tipificación de la conducta como falta, pero
no le asiste la razón al estimar se debe demostrar la culpabilidad con que
hubiere actuado el sujeto activo de la conducta.

Como primera medida se encuentra en el expediente, con suma claridad, la
norma regulatoriamente concedida para empresas como MONTAGAS S.A.
E.S.P, que se dirige a establecer las obligaciones del comercializador minorista
en la compra del producto a los distribuidores y el flete del producto en cilindros,
para la compra y flete del producto.

En tal sentido la prohibición es previa a la fecha del hecho, esto es 28 de octubre
de 2010 y se encuentra en norma expresa en el artículo 16 de la Resolución
CREG 23 de 2008, así:

“(…)

7. No comercializar, recibir ni tener bajo ninguna circunstancia, cilindros de
propiedad de Distribuidores diferentes a aquel con el cual tiene el Contrato
de Suministro de GLP envasado."

(…)”

Por lo tanto la investigación se encuentra ajustada a derecho, respecto del
principio de tipificación de la conducta sancionable.

Ahora bien, ello no conlleva que la administración deba desplegar un análisis
frente a la culpabilidad y a su incidencia en esta investigación.

(…)

Por el contrario, la responsabilidad subjetiva señalada sobre un individuo y su
comportamiento particular se predica en las actuaciones penales y tipificadas,
momento en el cual el estado ejerce su poder punitivo.

En efecto la presente investigación de ninguna manera pretende determinar si
la responsabilidad de los hechos objeto de la misma, corresponde a la actuación
individual de una persona en particular, para el caso que nos ocupa al señor
conductor del vehículo en el cual se incautaron los elementos.

Sin lugar a dudas el hecho presuntamente cometido está dirigido a la obligación
que le compete única y exclusivamente a MONTAGAS S.A. E.S.P. en cuanto a
revisar sí obedeció o no, las previsiones contenidas en la Resolución CREG 023
de 2008, atendiendo su calidad de distribuidor y comercializador minorista de
GLP.

Se señala entonces, que determinar las posibles razones o motivaciones que
produjeron su conducta de haberla cometido particular o contratista, dentro del
marco de esta actuación administrativa, no pueden ser motivo de exoneración
de responsabilidad objetiva para la empresa por ser ésta y no otro, la única

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llamada a atender y tener el cuidado directo del manejo integral de los cilindros
que detenta y transporta.

En tal sentido, la investigación no se encamina en averiguar qué persona
cometió el hecho para endilgarle responsabilidad, sino que la investigación
apunta a demostrar que el hecho existió como tal y que es violatorio o contrario
al ordenamiento normativo.

Al respecto, existen criterios de la Corte Constitucional en la sentencia C-860
de 2006, en los cuales expresa las razones por las cuales en las actuaciones
administrativas de carácter sancionatorio, se hace exigible una responsabilidad
de carácter objetivo como la tutela del orden público económico, que
compromete el interés público, exige de la Administración una actuación pronta,
dotada de una flexibilidad razonable y un juicio objetivo. Por ello es imposible
aplicar criterios de culpabilidad en este campo.

Las infracciones administrativas sancionan conductas socialmente nocivas que
emanan de personas jurídicas, de las cuales no puede predicarse el dolo ni la
culpa en su actuar. Lo anterior dado que “en la medida en que en el proceso
administrativo sancionatorio no se pone en juego la libertad -y por supuesto
tampoco la vida- de las personas y ni siquiera otros derechos esenciales, o
garantías fundamentales como los de libertad, locomoción, o comunicación, no
se requiere que el juicio de reproche se haga a la luz del examen de las formas
de conducta”. (Daniel Jiménez "La responsabilidad Objetiva")

Por lo tanto, si la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como
ente de inspección, control y vigilancia con potestades sancionatorias
especiales, en desarrollo de sus funciones y como resultado de una
investigación, considera que los hechos investigados constituyen una posible
infracción de la Ley, de un decreto, resolución, circular o instrucción o en general
acto administrativo, procede a formular pliego de cargos.

Es así, como determinado el incumplimiento por la empresa, para el caso
particular MONTAGAS S.A. E.S.P., como persona jurídica que es y atendiendo
al hecho que no es posible predicar responsabilidad a título de culpa o dolo,
basta con que se establezca la infracción de una norma legal y de aplicación
directa por parte de ésta, para que sea procedente imponer la sanción que
corresponda atendiendo al régimen de responsabilidad objetiva, propia de las
actuaciones de la administración dentro de un derecho sancionador y al régimen
especial de los servicios públicos.

En este contexto, en desarrollo de la mencionada teoría, la investigación
administrativa no se encamina en averiguar qué persona cometió el hecho para
endilgarle responsabilidad hacer juicios sobre la intencionalidad, falta de
cuidado, negligencia o gravedad del hecho, como pretende el recurrente, sino
que esta apunta a demostrar la existencia del hecho generador del
incumplimiento normativo.

En este punto, es importante indicar que la base de responsabilidad objetiva en
Colombia, se encuentra prescrita y que sólo es aplicable cuando así lo
determine el legislador. Por lo tanto y al ser la prestadora persona jurídica la
cual no es susceptible de cuestionar o determinar la subjetividad de su conducta
en lo que refiere a la intencionalidad o dolo, ya que como es claro en la
jurisprudencia y en la doctrina, per se, no se puede predicar tal conducta en su
despliegue administrativo como persona jurídica.

(…)

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En consecuencia, la pruebas legalmente aportadas al proceso, no son
evaluadas a partir de la intención dolosa de un particular descartando con ello
la revisión pormenorizada y minuciosa que solicita el representante de
MONTAGAS S.A. E.S.P, con el propósito de demostrar " que no existe prueba
de esa relación volitiva necesaria para una acusación seria y sólida" por cuanto
afirma que no pretendió lucrarse de una conducta que no le generaba beneficio,
propósito claramente inconducente en éste asunto.

Queda establecido, entonces que la imputación va más allá de una simple
coincidencia de los requerimientos fácticos de una prohibición, porque está
determinada la ocurrencia del hecho desobediente

Ahora bien, el representante de la empresa afirma que el conductor del vehículo
involucrado en el hecho que se investiga, fue víctima de una "trampa" por parte
de la empresa EMMGAS, advirtiendo que la denunciante, anteriormente ya
había sido sancionada por parte de esta autoridad.

Frente a ello se debe decir que la situación expuesta, en este sentido, resulta
ser extraña a la averiguación que nos ocupa y no puede tenerse como un
argumento mediante el cual MONTAGAS S.A. E.S.P., acredite el cumplimiento
de la regulación que le compete, por que otro agente competidor, cometa o no
infracciones en el mismo sentido.

Adicionalmente si lo que se ésta planteando constituye de alguna manera, un
acto de competencia desleal, ello es un contexto que no le corresponde conocer
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ni tampoco si
eventualmente se han generados "graves perjuicios" entre los agentes y por lo
tanto no pueden incluirse en el debate.

Por su parte resulta valorable que MONTAGAS S.A. E.S.P., se encuentra
certificada desde el año 2003 para todos los procesos relacionados con el
envasado, transporte y comercialización de los cilindros de GLP, sin embargo
tal situación no lo exonera de su responsabilidad en el hecho acaecido en la
ciudad de Mocoa el 28 de octubre de 2010 y que se ha desarrollado en éste
plenario.

Finalmente el escrito de descargos, solicitó al Despacho analizar en este caso
en particular: La naturaleza de la falta, la gravedad de la falta, el impacto de la
infracción sobre la buena marcha del servicio público y el factor de reincidencia.

Es claro para el Despacho analizados los elementos probatorios que nutren la
foliatura que el hecho endilgado como incumplido sucedió, toda vez que la
inobservancia de la norma no ha sido desvirtuada, al punto que el hecho no ha
sido discutido en el proceso y por el contrario, aparece aceptado por la
prestadora. Esto contraviene una norma del régimen de los servicios públicos
domiciliarios, como lo es el artículo 16 de la Resolución CREG023 de 2008.

A su vez, el artículo 81 de la Ley 142 de 1994 señala como conductas
sancionables la violación de las normas a las que están sujetas las
mencionadas entidades, al darle facultad a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para "imponer las siguientes sanciones a quienes violen
las normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de
la falta:", por lo tanto frente a la petición de MONTAGAS S.A. E.S.P., en cuanto
a observar tales criterios, se debe decir que dicha adopción hace parte de la
obligación que recae en la administración de acatar las condiciones legales que
le implican su ejercicio.

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Radicado: 52001 23 33 000 2013 00319 01
Demandante: MONTAGAS S.A. E.S.P.

El Consejo de Estado ha advertido33 con claridad que "…es cierto que la
Superintendencia puede imponer sanciones con base en el artículo 81 de la Ley
142 de 1994, pero que para ejercer esa atribución es menester que el hecho
por el cual imponga la sanción esté descrito como reprochable en alguna norma
o que encaje estrictamente dentro del concepto de la falla en la prestación del
servicio o “escenario desarrollado en esta pieza administrativa, de la obligación
incumplida de la empresa,

En el caso sub examine, el cargo que se ésta investigando se encuentra
contextualizado dentro del tiempo, modo y lugar que describe el acta de
incautación vista a folio 15 del expediente en consonancia con los demás
documentos que se citan y transcriben en la presente pieza procesal.

Adicionalmente el cilindro de GLP, objeto de incautación fue plenamente
identificado, tanto por el funcionario de policía que dirigió la diligencia, como a
través de su NIF, dado su registro.

Se debe insistir además que dentro del análisis que despliega este Despacho
sobre los elementos de juicio que reposan en el expediente la empresa
MONTAGAS S.A. E.S.P., ostenta la calidad de distribuidor y comercializador
minorista de GLP.

En igual sentido la empresa investigada quedó plenamente identificada en el
hecho sucedido el día 28 de octubre de 2010, tanto en las descripciones
efectuadas por el funcionario de policía y el registro fotográfico allegado con el
acta de incautación, contexto que necesariamente adoptará este Despacho,
tanto por su presunción de autenticidad, como por no haber sido debatidas.

Tampoco de manera alguna los argumentos permiten ampliar un espectro
distinto al Contenido en el acta de incautación de policía, firmada por el
conductor del vehículo en señal clara de aceptación en su contenido.

Es así como existe en el plenario un soporte claro y concreto que permita dar
por cierta la situación que relata EMMGAS S.A. E.S.P., en su escrito de petición.

En efecto, teniendo las circunstancias anotadas como supuestos de hecho
sobre las que no se exhibió prueba en contrario, las mismas adquieren con ello
la fuerza necesaria para tener por cierta su ocurrencia.

Se suma a lo anterior que, por ser esta jurisdicción la llamada a establecer la
responsabilidad que les asiste a las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios, esta exigencia parte del criterio netamente objetivo.

Es así, como este Despacho coteja la obligación regulatoria que debe atender
MONTAGAS S.A. E.S.P., por su naturaleza de comercializador y distribuidor
minorista con la conducta ocurrida el 28 de octubre de 2010, estudiada en este
plenario.

Se concluye entonces que la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P, como
comercializador minorista de GLP, presuntamente violó el régimen establecido
en la Resolución CREG 023 de 2008 al tener, transportar y/o comercializar un
cilindro de GLP propiedad de otro Distribuidor según hechos ocurridos el 28 de
octubre de 2010 en la ciudad de Mocoa (Putumayo), cuando en la casa de
justicia se dejó constancia sobre la incautación de un cilindro de GLP,
encontrado en el vehículo de placas HSD-318, cuyo NIF aparece reportado en
el SICMA como de propiedad de la empresa EMMGAS S.A. E.S.P.

33 Es así como las características de la falta investigada y sus consecuencias son estudiadas.

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3. Consideraciones finales

Que por las anteriores consideraciones, y evaluados todos los argumentos, así
como las pruebas obrantes en el expediente, este Despacho concluye que la
empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. vulneró lo dispuesto en el numeral 7 del
artículo 16 de la Resolución CREG 023 de 20083

En este orden de ideas, esta Superintendencia como el órgano de inspección,
vigilancia y control reprocha la vulneración del régimen de comercialización y
distribución minorista establecido en la Resolución CREG 023 de 2008.

Con ello, la conducta investigada y sancionada en el acto administrativo que
nos ocupa, constituye una grave violación de la obligación estructurada por el
regulador en la materia, y que debe ser de estricto acatamiento por parte de las
empresas prestadoras dentro del desarrollo de su objeto social: Garantizar la
prestación del servicio en la forma como lo ha estructurado la regulación con el
propósito de salvaguardar la seguridad del usuario final y demás intervinientes
en la cadena de producción y manipulación de GLP.

Se suma a lo anterior que las consecuencias que podrían acarrear las acciones
despegadas, por tener, transportar y/o comercializar cilindros de Gas Licuado
de Petróleo de otro distribuidor por ser una conducta dañosa e ilegal, sobre la
cual se debe exigir su responsabilidad.

Lo anterior por cuanto no fue desvirtuada en el transcurso de la actuación de
investigación la presunción de que MONTAGAS S.A. E.S.P., hubiera
intervenido en las acciones endilgadas y desplegadas sobre un cilindro de GLP
de propiedad de MONTAGAS S.A. E.S.P., por lo que los elementos de juicio
allegados al expediente llevaron a la convicción de su ocurrencia.

Adicionalmente las pruebas allegadas con la denuncia de MONTAGAS SA.
E.S.P., y analizadas por este Despacho resultaron configurar hechos
coincidentes que llevan a esta autoridad a predicar su ocurrencia.

Se justifica entonces, la pieza administrativa en que en el momento que una
empresa distribuidora y/o comercializadora minorista se apodera de un cilindro
marcado propiedad de otra empresa distribuidora no solo atenta contra los
activos de ésta, sino que además atenta contra la seguridad e integridad de los
ciudadanos y esto es lo que debe evitar de manera preventiva, esta autoridad.

Que como consecuencia de lo anterior, este Despacho, de conformidad con el
artículo 81 de la Ley 142 de 1994, y teniendo en cuenta la naturaleza y la
gravedad de la falta, el impacto de la infracción sobre la buena marcha del
servicio, el hecho de que la empresa no es reincidente en esta conducta se
procederá a imponer sanción de multa a la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P.
En mérito de lo expuesto, este Despacho”

Sin embargo, la transcripción también permite poner en evidencia que, aun cuando
Montagas solicitó una verificación de la gravedad de la falta, su impacto en la buena
marcha del servicio y la reincidencia, la SSPD no indicó nada al respecto, pues
supuso que tal razonamiento se encontraba subsumido en el de tipicidad, este es,
señalamiento de una conducta preestablecida en una norma, determinación de la
sanción y debido proceso.

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De la lectura del artículo 81 de la Ley 142 de 1994 se desprende que, para la
expedición de una sanción de multa, la Superintendencia debe graduarla
observando dos (2) parámetros, a saber: (i) el impacto de la infracción sobre la
buena marcha del servicio público, y (ii) el factor de reincidencia:

“Artículo 81. Sanciones. La Superintendencia de servicios públicos
domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las
normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la
falta:

81.1. Amonestación.

81.2 Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El
monto de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la
buena marcha del servicio público, y al factor de reincidencia. Si la infracción se
cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá
multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona información
suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al
requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se
prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención de
programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en el caso
al que se refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se multe podrán
repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar
a la sanción.” (Subrayas de la Sala).

Si ello es así, parte de la decisión sancionatoria de multa dictada en contra de una
empresa de servicios públicos domiciliarios debe, ineludiblemente, estar motivada
también en los antedichos criterios de dosificación, pues tales consideraciones
hacen parte de la tipicidad del reproche por expreso mandato legal.

En ese orden, como la SSPD no manifestó nada sobre ese aspecto, la Sala entiende
que no estuvo debidamente motivada la Resolución SSPD 20122400037895 del 3
de diciembre de 2012, toda vez, que siendo su deber el de puntualizar el impacto
de la infracción sobre la buena marcha del servicio público y el factor de
reincidencia, hizo caso omiso a ello. En consecuencia, no resta más que confirmar
la sentencia apelada.

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8.5. Costas

Vistos los artículos 188 del CPACA34 y 365 del CGP35, en especial su numeral 8,
sobre condena en costas, y a lo expuesto sobre el punto por esta Corporación, la
Sala considera que no hay lugar a imponer una condena en costas a la parte
demandada, en la medida que si bien se confirmará la sentencia apelada en cuanto
que accedió a las súplicas de la demanda, no se acreditó probatoriamente su
causación.

En cuanto a las agencias en derecho, se comprueba que la accionante compareció
a este proceso por conducto de apoderado debidamente constituido; por lo tanto, se
dará aplicación al Acuerdo nro. PSAA 16- 10554 del 5 de agosto de 201636 expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, y se impondrá a su favor por este concepto
y a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

34 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”
35 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos

en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio
de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en
costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo
podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.
36 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

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Es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado ha señalado que el criterio
objetivo valorativo de la condena en costas implica37: i) objetivo porque no resulta
de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino
que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto 38 y ii)
valorativo porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se
causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad que el abogado efectivamente realizada
dentro del proceso39.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1 de agosto de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño que accedió a las pretensiones de la demanda,
por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
pagar por concepto de agencias en derecho en favor a la parte actora, la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, según lo explicado en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
18 de julio de 2024.

37 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Primera. Providencia del 13 de septiembre de 2018,

C.P. Oswaldo Giraldo López, número de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, Consejero Ponente
William Hernández Gómez, Expediente número 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de
Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018, Magistrado Ponente Milton Chaves
García, número de radiación 25000-23-37-0000-2014-01115-01.
38 Corte Constitucional. Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013.
39 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 7 de abril de 2016. Consejero

Ponente William Hernández Gómez. Número del expediente 15001-23-33-000-2012-00162-01.

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Radicado: 52001 23 33 000 2013 00319 01
Demandante: MONTAGAS S.A. E.S.P.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Salvo Parcialmente el voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salvo Parcialmente el voto

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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