Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2006-00328-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2006-00328-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2006-00328-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
16 de marzo de 2023
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Radicado: 25000 23 24 000 2006 00328 01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
S.A. - ETB - E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación núm.: 25000 23 24 000 2006 00328 01
Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB - E.S.P.
Demandado: La Nación, Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, y la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones, hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones
Tesis: No es nulo por falta de competencia el acto que resuelve un conflicto sobre el
dimensionamiento de la red entre dos operadores de telecomunicaciones, si existe
cláusula que contempla como mecanismo de resolución de las controversias derivadas
de esa relación el Tribunal de Arbitramento.
No son nulos por falta de competencia los los actos administrativos que habían resuelto
un conflicto de interconexión entre dos operadores de telecomunicaciones, si la
autoridad administrativa no expidió la decisión que resolvía tal petición dentro del
término que prevé el orden jurídico para ese fin, pero no operó el silencio administrativo
negativo y expidió las resoluciones antes de la expedición del auto admisorio de la
demanda sobre esa decisión.
No son nulos por falta de competencia los actos administrativos que habían resuelto
un conflicto de interconexión entre dos operadores de telecomunicaciones, si a través
de ellos no se había resuelto de manera previa una situación semejante a la que fue
objeto de análisis en los que ahora reprocha.
No es procedente estimar las pretensiones de restablecimiento del derecho si no se
ha definido la prosperidad de las pretensiones de nulidad.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos apelación interpuestos por la parte demandante y la
Comisión de Regulación de Comunicaciones contra la sentencia del 14 de julio de
2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “A”.
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Radicado: 25000 23 24 000 2006 00328 01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
S.A. - ETB - E.S.P.
I.LA DEMANDA
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB - E.S.P. (en adelante ETB S.A. E.S.P.)
interpuso demanda contra la Nación, Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante MinTic), y la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, hoy Comisión de Regulación de
Comunicaciones (en adelante CRC), en la que formuló las siguientes:
1.1. Pretensiones
“Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1305 el 29 de septiembre
de 2005, proferida por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES (CRT), por medio de la cual se resolvió un conflicto de
interconexión entre ORBITEL S.A. ESP y ETB S.A. ESP, fijando el
dimensionamiento de la interconexión de las redes de Telefonía Pública Básica
Conmutada Local de ETB S.A. ESP con la red de Telefonía Pública Básica
Conmutada de Larga Distancia de ORBITEL S.A. ESP., en 73 enlaces E1,
distribuidos por cada una de las cuatro rutas así: Centro-Orbitel: 21 E1, Muzu-
Orbitel: 8E1, Normandía-Orbitel: 19 Els y Chicó-Orbitel: 25 Els.
Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1375 del 30 de
noviembre de 2005 proferida por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES (CRT), por medio de la cual esa entidad resolvió los
recursos de reposición presentados por ETB S.A. ESP y ORBITEL S.A. ESP contra
la Resolución No. 1305 de 2005.
Tercera: Que en consecuencia, se condene en abstracto a la NACIÓN -
MINISTERIO DE COMUNICACIONES - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES (CRT) a restablecer el derecho de la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. mediante el pago efectivo de
las sumas dinerarias actualizadas de acuerdo a la variación del índice de precios
al consumidor de carácter nacional (IPC) certificado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas o por quien haga sus veces, desde el
momento en que debieron haberle sido pagadas a ETB S.A. ESP. por parte de
ORBITEL S.A. ESP. hasta la fecha de proferido el fallo, sumas correspondientes
a la diferencia entre lo que ha recibido y reciba ETB S.A. ESP. como pago mensual
por parte de ORBITEL S.A. ESP por concepto de acceso y uso de su red de
Telefonía Pública Básica Conmutada Local, en cumplimiento de las Resoluciones
de las cuales se solicitó su declaratoria de nulidad en las pretensiones
precedentes, y la suma dineraria que hubiese tenido que pagarle ORBITEL S.A.
ESP. a ETB S.A. ESP. si no hubiese nacido a la vida jurídica los actos
administrativos demandados, y por lo tanto hubieren tenido que pagarle los
referidos cargos de acceso en la forma como venían siendo liquidados con
anterioridad a la expedición de dichas Resoluciones, esto es, de conformidad con
el dimensionamiento de la interconexión fijado en la Resolución No. 632 del 27 de
marzo de 2003 proferida por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES (CRT).
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Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
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Cuarta: Que se condene a la NACIÓN MINISTERIO DE COMUNICACIONES
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES (CRT) al pago de
costas a favor de ETB S.A. ESP1. (Negrillas dentro del texto).
1.2. Actos cuestionados
La Resolución 1305 del 29 de septiembre de 2005, que resolvió:
“ARTÍCULO PRIMERO. Fijar el dimensionamiento de la interconexión de las
redes de Telefonía Pública Básica Conmutada Local de ETB S.A. E.S.P. con la
red de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia de ORBITEL S.A.
E.S.P., en 73 enlaces E1, distribuidos por cada una de las cuatro rutas así: Centro-
Orbitel: 21 E1, Muzu-Orbitel: 8 E1, Normandía-Orbitel: 19 E1s y Chicó-Orbitel: 25
E1s, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de la presente
Resolución.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo que las partes puedan acordar directamente, las
mismas deberán revisar y realizar los ajustes a que haya lugar al
dimensionamiento establecido en el presente artículo con una periodicidad de 6
meses, de conformidad con las reglas a las que se ha hecho referencia en esta
resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO. No acceder a la solicitud de declaratoria de nulidad de
todo lo actuado presentada por ETB S.A. E.S.P. por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO. Remitir copia de la presente actuación administrativa a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que la misma, en caso
de considerarlo necesario, adelante las investigaciones o actuaciones
administrativas por la desconexión unilateral por parte de ORBITEL S.A. E.S.P. de
37 enlaces que soportaban la interconexión existente entre dicho operador y ETB
S.A. E.S.P.
ARTÍCULO CUARTO. Notificar personalmente la presente resolución a los
representantes legales de ETB S.A. E.S.P. y de ORBITEL S.A. E.S.P., o a quienes
hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de
reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación”2.
La Resolución 1375 del 30 de noviembre de 2005, dirimió el recurso de reposición,
así:
“ARTÍCULO PRIMERO. - Admitir el recurso de reposición interpuesto por la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA - ETB S.A. E.S.P contra
la Resolución 1305 de 2005.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Admitir el recurso de reposición interpuesto por
ORBITEL S.A. E.S.P. contra la Resolución 1305 de 2005.
1
Folio 25 del cuaderno del Tribunal.
2
Folios 79 a 92 ibidem.
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ARTÍCULO TERCERO. Negar las pretensiones de los recurrentes y en su lugar,
confirmar en todas sus partes la Resolución CRT 1305 de 2005, por las razones
expuestas en este acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO. - Notificar personalmente la presente resolución a los
representantes legales de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA - ETB S.A. E.S.P y de ORBITEL S.A. E.S.P., o a quienes hagan sus
veces, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo,
advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno, por encontrarse
agotada la vía gubernativa”3.
1.3. Hechos de la demanda
En el acápite de hechos, la actora manifestó que el 21 de octubre de 1998 suscribió
con Orbitel S.A. E.S.P. el contrato de acceso, uso e interconexión No. 98014017, en
cuya cláusula décima novena se determinó que, en caso de conflictos, los mismos
serían resueltos por las siguientes instancias, sucesivamente: el Comité de
Interconexión, los representantes legales de las partes, la mediación de la entonces
CRT y, finalmente, por un Tribunal de Arbitramento.
Explicó que en el numeral 12º del Anexo Técnico Operacional del citado contrato se
pactaron las condiciones técnicas de interconexión y específicamente su
dimensionamiento. Pero que, con la nueva modalidad de cargos de acceso por
capacidad establecida en la Resolución 463 de 2001, surgió una controversia entre las
partes, y que Orbitel S.A. E.S.P. solicitó a la CRC que la zanjara.
En este orden, dijo que la CRC expidió la Resolución 632 del 27 de marzo de 2003,
confirmada por la Resolución 756 del 1º de julio del mismo año, que resolvió la
problemática planteada por Orbitel S.A. E.S.P. y fijó el dimensionamiento de la
interconexión de las redes de telefonía pública básica conmutada local (TPBCL) de
ETB S.A. E.S.P. con la red de telefonía pública básica conmutada de larga distancia
(TPBCLD) de Orbitel S.A. E.S.P. en ciento doce (112) enlaces E1. Agregó que las dos
resoluciones mencionadas fueron demandadas por ETB S.A. E.S.P., y que el proceso
se tramitaba en ese momento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Manifestó que, mediante comunicación del 7 de abril de 2005, Orbitel S.A. E.S.P.
solicitó la solución de otro conflicto de interconexión surgido con ETB S.A. E.S.P., en
3
Folios 94 a 103 ibidem.
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relación con el dimensionamiento actual de la interconexión entre las redes de
TPBCLD de la primera y la red TPBCL de la segunda.
Adujo que Orbitel S.A. E.S.P., a través de comunicación del 22 de abril de 2005,
dirigida al Director de Relación con Operadores de ETB S.A. E.S.P, señaló que el
tráfico de la interconexión entre la red de Orbitel S.A. E.S.P. y la red local de ETB S.A.
E.S.P. mostraba que las rutas de interconexión presentaban un notorio
sobredimensionamiento, por lo que, a partir del 1º de mayo de ese año, ajustaría la
cantidad de E1 que funcionaban en las respectivas rutas.
Frente a lo anterior, expuso que la ETB, a través de comunicación del 2 de mayo de
2005, alegó que el dimensionamiento futuro de la interconexión entre la red de larga
distancia de Orbitel S.A. E.S.P. y la red local de ETB S.A. E.S.P. no podía modificarse
unilateralmente, pues el contrato determinó las condiciones para llevar a cabo el
dimensionamiento de la infraestructura necesaria para la interconexión, y que la CRC,
mediante las Resoluciones 632 y 756 2003, ya había establecido el dimensionamiento
de las rutas en doscientos doce (212) enlaces E1.
Explicó que, en respuesta al conflicto de interconexión planteado por Orbitel S.A.
E.S.P., la CRC profirió la Resolución 1305 del 29 de septiembre de 2005, confirmada
por la Resolución 1375 del 30 de noviembre del mismo año, que fijó el
dimensionamiento de la interconexión de las redes de telefonía pública básica
conmutada local de ETB S.A. E.S.P. con la red de telefonía pública básica conmutada
de larga distancia de Orbitel S.A. E.S.P., en setenta y tres (73) enlaces E1.
1.4. Normas violadas y concepto de violación
Como normas infringidas, la demandante invocó los artículos 73.8 y 74.3, literal b), y
106 a 115 de la Ley 142 de 1994; 37, numeral 14º, del Decreto 1130 de 1999, y 40,
69, 71, 73 y 74 del CCA.
1.4.1. Alegó que la CRC carecía de competencia para resolver el conflicto suscitado
entre Orbitel S.A. E.S.P. y ETB S.A. E.S.P., y que, para asumir el conocimiento del
asunto, la entidad se fundamentó de manera incorrecta en los artículos 73.8 y 74.3,
literal b), de la Ley 142 de 1994, y 37, numeral 14º, del Decreto 1130 de 1999, los
cuales no le confieren esa atribución.
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Afirmó que la CRC, al expedir los actos demandados, revocó tácitamente las
Resoluciones 632 y 756 de 2003, en las que había establecido el dimensionamiento
de las rutas en doscientos doce (212) enlaces E1; decisión que trasgredió el artículo
71 del CCA, en razón a que, para la fecha de emisión de la decisión censurada, ya se
había notificado el auto admisorio de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurada por ETB S.A. E.S.P. en contra de las primeras resoluciones en
cuestión.
Advirtió que la CRC, en la Resolución 1305 de 2005, demandada, manifestó que el
conflicto allí planteado por Orbitel S.A. E.S.P. no tenía como propósito la revocatoria
directa de la Resolución 632 de 2003, sino que se dirimiera un nuevo problema de
interconexión surgido entre los operadores, y que esta clase de relaciones son
dinámicas, por lo que deben estar en capacidad de actualizarse, de conformidad con
las necesidades técnicas y las condiciones del mercado.
Empero, a su juicio, el conflicto que resolvió la CRC mediante la Resolución 632 de
2003 no era diferente al estudiado en la Resolución 1305 de 2005, pues ambos
solucionaron el asunto de la misma manera, con la salvedad de que los actos que aquí
se cuestionan sí tuvieron en cuenta que las interconexiones son dinámicas, aunque en
éste la entidad demandada se abrogó la facultad de revocar el acto anterior, lo cual
únicamente correspondía a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o al
tribunal de arbitramento, de acuerdo con la cláusula decimonovena, que señaló:
“19.4. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO. Si los Representantes Legales de las
partes no llegaren a un acuerdo para solucionar las diferencias causantes de un
conflicto, podrán acudir en un plazo de treinta (30) días a la CRT como mediadora
del mismo. El acuerdo al que se llegue será obligatorio por las partes”, y que “si los
representantes legales de las partes no llegaren a un acuerdo sobre los puntos del
conflicto y bien sea que se hubieren agotado o no la instancia ante la CRT,
someterán las diferencias que originaron el conflicto ante un TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO, en un plazo máximo de treinta (30) días”.
Manifestó que, en los actos demandados, la CRC modificó el dimensionamiento de la
interconexión definido en la anterior actuación administrativa y, en tal sentido, el
número de enlaces que allí se habían reconocido y que, inclusive, ello se corroboraba
con las consideraciones de las decisiones censuradas, en las que se señaló que
Orbitel S.A. E.S.P. había solicitado expresamente ajustar tal dimensionamiento.
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Por otra parte, dijo que no era cierto que esa empresa desconociera que las
interconexiones eran dinámicas pues, de hecho, en el numeral 12º del Anexo Técnico
Operacional del contrato, se pactó que “los enlaces entre nodos de interconexión de
ETB y el nodo de interconexión de ORBIEL, se dimensionarán con el criterio de rutas
bidireccionales con probabilidad de bloqueo menor o igual al dos por mil (0.2%)”.
1.4.2. Teniendo en cuenta lo anterior, arguyó que el conflicto suscitado entre las partes
era de naturaleza contractual, pues lo que se discutía era el cumplimiento de lo pactado
y no de lo establecido en la regulación. Es decir, que lo que se presentó fue la falta de
acuerdo en la cantidad de enlaces, lo cual debía resolverse aplicando el índice de
bloqueo acordado en el negocio jurídico para efectos de dimensionamiento de la
interconexión.
Sin embargo, alegó que la entidad accionada, al expedir la Resolución 632 de 2003,
consideró que la controversia no era contractual sino administrativa, y, sin tener en
cuenta que las interconexiones son dinámicas, fijó de manera estática el número de
enlaces E1 en ciento doce (112). Y que, luego, mediante la Resolución 1305 de 2005,
que aquí se cuestiona, buscando enmendar ese error, revocó tácitamente el anterior
acto administrativo y ordenó a las partes revisar y realizar los ajustes a que hubiere
lugar al dimensionamiento allí establecido.
Argumentó que la discusión nunca giró en torno a aplicación de la Resolución 463 de
2001, pues: (i) de haber sido así, la acción procedente para Orbitel S.A. E.S.P. era la
de cumplimiento y no la supuesta solución de un conflicto por parte de la CRC; (ii) ETB
siempre ha cumplido las Resoluciones 489 de 2002 y 632 de 2003, (iii) dicha sociedad
no debate su obligación de ofertar las dos (2) opciones de cargos de acceso
establecidas en las mencionadas resoluciones, sino la cantidad de enlaces sobre los
cuales debía aplicar la opción de pago de cargos de acceso por capacidad, lo que,
insiste, constituye un conflicto de naturaleza contractual, pues el contrato de acceso,
uso e interconexión sí establece dicho dimensionamiento, y (iv) la Resolución 632 de
2003 y los actos aquí demandados lo que ordenan es efectuar el dimensionamiento
de la interconexión.
Expuso que, en todo caso, aún si se tratara de un conflicto de naturaleza
administrativa, la competencia de la CRC estaría circunscrita a la mediación y no
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podría resolver el fondo del conflicto, de acuerdo con la cláusula compromisoria
pactada, en virtud de la cual las partes renunciaron a la facultad consagrada en la Ley
142 de 1994 y en el Decreto 1130 de 1999, de acudir a la CRC para la solución de los
conflictos, manteniendo únicamente la posibilidad de que esa entidad actuara como
mediadora, por lo que la misma carecía de competencia para proferir los actos
atacados.
Por otra parte, alegó que no es correcto interpretar que la facultad de la CRC de
resolver conflictos derivados de estos contratos se activa a solicitud de parte, sin
importar la existencia de la cláusula compromisoria, dado que tal interpretación
desconocería el artículo 116 de la Constitución Política, la cláusula compromisoria, y
que los contratos son ley para las partes.
1.4.3. Agregó que, aunque se admitiera que la CRC tiene competencia para resolver
el conflicto, tal atribución tendría que ejercerla en un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días calendario, contados a partir de la recepción de la consulta de acuerdo con
el artículo 32 de la Resolución 432 de 2000 de la Secretaría General de la Comunidad
Andina. En consecuencia, aseveró que la Resolución 1305 de 2005 fue dictada sin
competencia, porque se expidió luego del vencimiento del plazo que la normativa
vigente le otorgaba a la entidad para proferirla
No obstante, dijo que, si se asumiera que el término con que contaba la CRC para
proferir el acto fuera el consagrado en el artículo 111 de la Ley 142 de 1994, la decisión
también se habría dictado sin competencia temporal, pues se profirió más de cinco (5)
meses después del 15 de abril de 2005, fecha en la que se hizo la primera de las
citaciones de que trata el artículo 108 ibidem. Asimismo, aseveró que, si se diera
aplicación a la regla general, contenida en el artículo 40 del CCA, el término para
resolver el conflicto habría sido de tres (3) meses contados desde esa fecha, y la
entidad también habría perdido la competencia para proferir la decisión.
1.4.4. De acuerdo con lo anterior, arguyó que, respecto de la solicitud elevada por
Orbitel S.A. E.S.P. a la CRC, operó el silencio administrativo negativo, consagrado en
el artículo 40 del CCA, y destacó que dicha compañía no recurrió el acto ficto que se
configuró al vencimiento de ninguno de los términos aludidos.
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Advirtió que, de acuerdo con lo manifestado por esta Sección en la sentencia del 20
de mayo de 19994, los incisos segundo del artículo 40 y tercero del artículo 60 del
Código Contencioso Administrativo fueron derogados tácitamente por los artículos 22
y 23 del Decreto Ley 2304 de 1989, por lo que, una vez vencidos los plazos para dar
respuesta a la solicitud de Orbitel S.A. E.S.P., la CRC perdió la competencia para
resolverla y, en consecuencia, la Resolución 1305 de 2005 está viciada de nulidad.
1.4.5. Con fundamento en lo anterior, adujo que el pronunciamiento extemporáneo
sobre la solicitud de Orbitel S.A. E.S.P., además de incurrir en nulidad por falta de
competencia, constituía un claro e ilegítimo favorecimiento a esa compañía —la cual
permitió que se vencieran los términos legales para recurrir el acto ficto negativo—, y
genera un agravio injustificado para ETB S.A. E.S.P., a quien se le ha modificado la
situación jurídica beneficiosa que se había originado en el acto presunto, sin obtener
su autorización, como lo ordenan los artículos 73 y 74 del CCA.
1.4.6. En tal sentido, destacó que el acto vulneró el principio de confianza legítima y
afectó los derechos consolidados de esa empresa, que, desde el vencimiento de los
términos legales para decidir la petición de Orbitel S.A. E.S.P. —esto es, los previstos
en la norma andina, en la Ley 142 de 1994 o en el CCA—, ya tenía configurada a su
favor una situación jurídica particular y concreta, producto del acto ficto que denegó tal
solicitud. Además, para la revocatoria de dicho acto, la CRC no se fundamentó en
ninguna de las causales previstas en el artículo 69 del CCA e, insistió, no obtuvo la
autorización de la beneficiaria de éste, esto es, de ETB S.A. E.S.P.
Asimismo, adujo que la Resolución 1305 de 2005 abrió nuevamente, de manera
contraria a derecho, la oportunidad para que Orbitel S.A. E.S.P. impugnara la decisión
en la vía gubernativa y para que atacara la decisión ficta ante la jurisdicción.
1.4.7. Alegó que el acto demandado no fue expedido en ejercicio de la facultad que el
artículo 4.4.12 de la Resolución 575 de 2002, que desarrolla el literal b) del artículo
74.3 de la Ley 142 de 1994, confiere a la CRC para modificar forzosamente los
contratos, cuando contengan prácticas contrarias a la libre competencia, impliquen
discriminación o se requiera para garantizar el interfuncionamiento de redes y la
interoperatividad de los servicios.
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Consejero ponente: Ernesto Rafael Ariza Muñoz, expediente: 5267.
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1.4.8. Por último, argumentó que la CRC le vulneró el debido proceso, por haber
tramitado el asunto por un cuerda distinta de la reglada en los artículos 106 a 115 de
la Ley 142 de 1994, que consagran los procedimientos administrativos para actos
unilaterales, y que la entidad adelantó un híbrido entre el procedimiento consagrado
en dicha ley y en la Resolución 087 de 1997, luego consagrado en la Resolución 575
de 2002, expedidas por la CRC, por lo que la entidad modificó el procedimiento
legalmente establecido.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, hoy Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC)5, contestó la demanda por intermedio de
apoderada, bajo los argumentos que se resumen enseguida:
Luego de aludir de forma general a la regulación del servicio de telecomunicaciones y
las particularidades de éste, a la definición de interconexiones y al concepto de
dimensionamiento, a su incidencia en la prestación del servicio, a la evolución
normativa de la regulación de cargos de acceso en Colombia, a la naturaleza de los
contratos de acceso, uso e interconexión, procedió a pronunciarse sobre el caso en
concreto.
2.1.1. Sobre el particular, mencionó que, en la Resolución 1305 de 2005, se expresó
que el conflicto entre ETB y Orbitel se había presentado debido a que el primero de
los operadores no reconoció que las relaciones de interconexión eran dinámicas y que
debían estar en capacidad de actualizarse de conformidad con las necesidades
técnicas y las condiciones del mercado vigentes en un momento determinado.
Dijo que, al resolver la controversia planteada, advirtió que el tráfico manejado a través
de la interconexión de la red TPBCL de ETB S.A. E.S.P. con la red TPBCLD de Orbitel
S.A. E.S.P. había venido disminuyendo y el análisis de las condiciones reflejaba que
se requería realizar un ajuste en el dimensionamiento de la interconexión, es decir,
modificar la cantidad de enlaces que se encontraban operativos en cada una de las
cuatro rutas existentes. Aclaró que el conflicto propuesto no incluía la modificación del
5
Folios 210 a 251 ibidem.
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esquema de cargos de acceso por capacidad aplicable entre las partes, definido
previamente por la Resolución 632 de 2003.
En atención a lo anterior, aseveró que definió las condiciones del dimensionamiento y
analizó el comportamiento de la interconexión, observando no solo los intereses de los
operadores de los servicios de telecomunicaciones, sino también las condiciones de
calidad que garanticen una adecuada protección de los derechos de los usuarios.
Argumentó que las partes involucradas en la relación de interconexión contaban con
la información y las herramientas necesarias para actualizar y mantener
apropiadamente las condiciones del dimensionamiento de la interconexión, lo que no
se realizó oportunamente, situación que llevó a la intervención de la CRC para
garantizar el correcto funcionamiento de la interconexión y el mantenimiento de las
condiciones de eficiencia.
En cuanto a los argumentos técnicos, explicó que, en el momento en que, mediante la
Resolución 632 de 2003, se revisó el dimensionamiento de los enlaces operativos, se
advirtió que el nivel de ocupación promedio de éstos era del setenta y ocho por ciento
(78 %), es decir, que estaba dentro del nivel óptimo, pero que, en contraste, en abril
de 2005 se encontró que se tenía un nivel de ocupación promedio del cincuenta y siete
por ciento (57%), lo que evidenciaba un nivel de subutilización que llevó a la CRC a
emplear parámetros de dimensionamiento común, generalmente utilizados en la
industria, e identificó que los ciento doce (112) enlaces que se encontraban activos ya
no eran requeridos y sobrepasaban las necesidades de la interconexión. En tal sentido,
identificó que con setenta y tres (73) enlaces la interconexión estaría en capacidad de
operar, aún en condiciones extremas.
Señaló que, en ese proceso, aplicó el método YRV 6 (Valor Representativo Anual), con
base en los reportes históricos de tráfico pico de ambos operadores, y determinó los
valores de tráfico de carga elevada, aplicó el grado de calidad acordado en el contrato
y, mediante el modelo de Erlang B, definió los números de circuitos requeridos para
cada una de las cuatro rutas.
6
Por su sigla en ingles Yearly representative value.
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2.1.2. En cuanto a los fundamentos de derecho, particularmente, frente al cargo de
falta de competencia, alegó que, entre ETB S.A. E.S.P. y Orbitel S.A. E.S.P., surgió un
conflicto en virtud de la relación de interconectante-interconectado, pero que no se
trataba de un conflicto de carácter contractual, sino administrativo, propio de la
intervención de la CRC en la interconexión, en virtud de claras y expresas
competencias legales asignadas a esa entidad. Adujo que los contratos de
interconexión se someten al derecho privado, pero la voluntad de las partes para
establecer sus condiciones se encuentra limitada por el ordenamiento.
Arguyó que tiene expresas competencias para determinar el dimensionamiento o su
revisión, y que éste, por su naturaleza, relacionada con la sana competencia, la
continuidad de la prestación del servicio público y su incidencia en los costos, carece
de poder dispositivo para las partes, por lo que no pueden ser asignados a una
instancia privada de resolución de conflictos, como el tribunal de arbitramento.
Anotó que lo dicho encuentra sustento en la normativa aplicable y en los contratos de
interconexión, que, en forma expresa, disponen que se sujetan a las normas
regulatorias que expida la CRC, entidad que tiene funciones de carácter administrativo,
no judicial, irrenunciables por los operadores.
Insistió en que, de acuerdo con lo anterior, en este caso, el conflicto surgido entre ETB
S.A. E.S.P. y Orbitel S.A. E.S.P. tenía que ver con la aplicación de un acto regulatorio,
y no era de carácter contractual, patrimonial y transigible, por lo que el competente
para dirimirlo era esa entidad.
Aseveró que la voluntad de las partes en los contratos de interconexión no es ilimitada,
pues está condicionada por las facultades de intervención del Estado, dado que dicho
elemento hace parte de la naturaleza del contrato; y, por ende, le permiten a la
autoridad modificar algunas de las circunstancias particulares de la relación jurídica.
En cuanto a la “naturaleza y alcances de las funciones de intervención de la CRT en
los conflictos de interconexión”, iteró que la Ley le asignó expresas facultades para
“resolver” conflictos entre operadores y que, según el Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, dicha palabra significaba “tomar determinación fija y decisiva”,
“desatar una dificultad o dar solución a una duda”, “hallar solución a un problema”,
“decidirse a decir o hacer una cosa”.
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Afirmó que, de acuerdo con lo anterior, las facultades de la CRC en estos casos no se
limitan a la mediación, sino que, de acuerdo con el artículo 73.8 de la Ley 142 de 1994,
corresponden a la resolución de una petición elevada por cualquiera de las partes, por
los conflictos que surjan por razón de los contratos y que no correspondan a otras
autoridades administrativas. Distinguió los anteriores conflictos de los que surgen de
los contratos de interconexión, los cuales, precisó, sí están sujetos al pacto arbitral,
siempre que versen sobre asuntos transigibles.
Además, dijo que los mecanismos alternativos de solución de controversias no son
asimilables a los previstos en el artículo 74.8. que denomina como “otras autoridades
administrativas”, por lo que, aun si se han pactado en los contratos, no pueden las
partes acudir a ellos en perjuicio de la competencia de esa entidad. Explicó que,
cuando la norma alude a dichas autoridades, se refiere, por ejemplo, al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, antes Ministerio de
Comunicaciones, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o a la
Superintendencia de Industria y Comercio.
En tal sentido, afirmó que el literal b) del artículo 74.3 de la Ley 142 de 1994 faculta a
la CRC para resolver conflictos que se presenten entre operadores en los casos en los
que se requiera la intervención de las autoridades para garantizar los principios de libre
y leal competencia en el sector y de eficiencia en el servicio. Expuso que esa
atribución, que puede operar de manera oficiosa, es más amplia que la consagrada en
el artículo 73.8 ibidem, pues no depende de la existencia de un vínculo entre dos (2)
operadores en conflicto. No obstante, señaló que ambas facultades no se excluyen y
en algunos casos pueden ser concurrentes.
Arguyó que no era cierto que hubiera vulnerado el derecho de acceso a la
administración de justicia al asumir la competencia del conflicto, sin el consentimiento
del demandante y sin dejar que el mismo fuera dirimido por un tribunal de arbitramento,
debido a que, como se vio, la Ley 142 de 1994 le asignó potestades para definir dicha
controversia, por lo que era su obligación asumir el conocimiento de ésta.
2.1.3. En cuanto a la supuesta falta de atribuciones de esa entidad para resolver el
debate, en virtud de la existencia de la cláusula compromisoria, adujo que los acuerdos
contractuales de las partes no tienen la capacidad de restringir su competencia para
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decidir administrativamente los conflictos que en esas relaciones se susciten, dado
que dicha potestad deviene directamente de la Ley 142 de 1994.
Expuso que las cláusulas en las que las partes restrinjan la competencia de la CRC no
tienen la capacidad para eliminar o limitar el ámbito de sus facultades y, por ende, en
los casos en los que se presente solicitudes para la solución de conflictos, dicha
entidad se encuentra obligada a avocar conocimiento, so pena de infringir la ley.
2.1.4. En cuanto a la supuesta revocatoria tácita de las Resoluciones 632 y 756 de
2003, alegó que los casos allí estudiados eran distintos de los que fueron objeto de
decisión mediante las Resoluciones 1305 y 1375 de 2005, que aquí se cuestionan,
pues partieron de solicitudes y de hechos, asimismo, disímiles.
Precisó que, en el primer caso, la solicitud de Orbitel S.A. E.S.P. versó sobre la
aplicación de la opción de cargos de acceso por capacidad contemplada en la
Resolución 463 de 2001, debido a la negativa de ETB S.A. E.S.P. de actualizar las
condiciones en que debe funcionar y operar la interconexión, para que cumpla y
satisfaga sus necesidades actuales, teniendo en cuenta el dinamismo que las
relaciones de interconexión presentan. En esa oportunidad, agregó, se tuvieron que
analizar las condiciones de tráfico y perfiles imperantes en la relación de interconexión
existente entre Orbitel S.A. E.S.P. y ETB S.A. E.S.P., por lo que se estudiaron los datos
de tráfico de los años 2000, 2001 y 2002, y la decisión de Orbitel S.A. E.S.P. de
mantener el número de enlaces activos antes de la expedición de la Resolución 463
de 2001, esto es, de los ciento doce (112) enlaces E1.
Dijo que, por el contrario, en las Resoluciones 1305 y 1375 de 2005, la CRC revisó las
condiciones de la relación de interconexión entre Orbitel S.A. E.S.P. y ETB S.A. E.S.P.,
por la falta de acuerdo entre las partes frente al necesario redimensionamiento de la
interconexión, debido a la disminución del tráfico cursado por ésta. En este caso,
entonces, la CRC no revisó las mismas condiciones y tráficos analizados en las
Resoluciones 632 y 756 de 2003, sino el comportamiento del tráfico en la
interconexión.
Por tanto, precisó que el hecho de que la entidad revise en diferentes actuaciones una
misma relación de interconexión no significa que el pronunciamiento que en cada caso
se emite sea el mismo.
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Alegó que lo que pretendía el demandante era reiterar las solicitudes de nulidad y
restablecimiento del derecho que efectuó en el proceso con radicado 2003-01005, sin
que esta fuera la instancia para lograrlo, debido a que su conocimiento ya había sido
asumido por la justicia ordinaria
2.1.5. Por otro lado, manifestó que su competencia para resolver el conflicto no se
encuentra sujeta al plazo preclusivo de cuarenta y cinco (45) días consagrado en la
normativa comunitaria, sino a los consagrados en la legislación interna, es decir, en la
Ley 142 de 1994 y, en lo que allí no se haya previsto, en el CCA. Precisó que estas
disposiciones no consagran la pérdida de competencia de la autoridad para resolver
el asunto como consecuencia del vencimiento del plazo, sino que ésta cuenta con una
facultad permanente, que debe ejercerse dentro de un término razonable.
Dijo que el artículo 111 de la Ley 142 de 1994 establece que el plazo de cinco (5)
meses para decidir se computa desde el “día en el que se haya hecho la primera de
las citaciones o publicaciones de que trata el artículo 108 de la presente Ley”,
presupuesto que en estos casos se cumple cuando se agota la audiencia de
mediación, por lo que es a partir de allí que debe contarse el término consagrado en
dicha norma.
En todo caso, señaló que, si bien la entidad había adoptado la decisión luego del
vencimiento del término señalado, ello se debió a la complejidad del asunto y a las
actuaciones procesales que debieron llevarse a cabo, en especial, en cumplimiento
del derecho de audiencia de las partes, de acuerdo con lo previsto en la Resolución
087 de 1997, en los artículos 107 y 108 de la Ley 142 de 1994 y en el artículo 28 del
CCA. Agregó que, en la actuación adelantada ante esa entidad, se presentaron
acciones de los intervinientes que dilataron los términos o, “cuando menos,
modificaron la situación fáctica de la misma con efecto en la situación jurídica”7.
Sostuvo que, pese al vencimiento del término para responder, la entidad no perdió
competencia para resolver el asunto, pues el operador no interpuso los recursos de la
vía gubernativa contra el acto ficto negativo.
7
Visible a folio 244 del Cuaderno del Tribunal.
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2.1.5. Por otra parte, aseveró que no es cierto que la CRC haya aplicado un híbrido de
diferentes disposiciones, sino que resolvió el conflicto, a solicitud de Orbitel S.A.
E.S.P., de acuerdo con el trámite previsto en el Capítulo II del Título VII de la Ley 142
de 1994, “De los procedimientos Administrativos para Actos Unilaterales”, así como en
la parte primera del CCA y, en lo relacionado con la práctica de pruebas, con el Código
de Procedimiento Civil (CPC). Además, sostuvo que las disposiciones de la Resolución
087 de 1997 no pueden ser consideradas como un procedimiento, sino que ésta une
en un mismo hilo conductor las normas pertinentes de la Ley 142 de 1994 y del CCA.
Manifestó que llevó a cabo las etapas de iniciación, mediación en audiencia, pruebas,
recursos, entre otras, por lo que no era cierto que hubiera vulnerado el derecho al
debido proceso administrativo, y sostuvo que la demanda carece de una
argumentación que permita definir los motivos por los cuáles esa entidad,
supuestamente, vulneró el derecho al debido proceso o se apartó del procedimiento
que regía la actuación; por lo que pidió que, frente a dicho punto, no se emita algún
pronunciamiento de fondo.
2.1.6. Propuso las excepciones de “actuación en cumplimiento de un deber
constitucional y legal”, “indebida interpretación de la regulación” y “cumplimiento del
procedimiento indicado”, bajo el argumento que, para la expedición de los actos
enjuiciados, aplicó los principios y derechos constitucionales a la igualdad, al debido
proceso, a la intervención del Estado en la economía, a la regulación ex ante, y cumplió
de manera irrestricta el trámite establecido en el CCA, en el CPC y en la Ley 142 de
1994.
Igualmente, resaltó que el demandante partía de una premisa errada, esto es, que esa
entidad desconoció la Resolución CRT 463 de 2001, cuando de la lectura de los actos
enjuiciados, lo que se observa es que dicha entidad lo que hizo fue desarrollar dicha
disposición.
2.1.7. Asimismo, propuso la excepción de inepta demanda y alegó que las
Resoluciones 632 y 756 de 2003, que la actora mencionó en los cargos de la demanda,
ya son objeto de controversia en otro proceso que cursa ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
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Por último, elevó la excepción genérica y solicitó que se declare cualquier medio
exceptivo que se encuentre probado.
2.2. El MinTIC8, contestó la demanda por intermedio de apoderado, oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones.
2.2.1. De entrada, propuso la excepción de “indebida integración del contradictorio” y
alegó que la CRC puede concurrir directamente al proceso sin necesidad de que se
cite a esa cartera ministerial, pues no existe, entre ambas, ninguna fuente de
solidaridad. Además, anotó que los actos demandados fueron expedidos por la
Comisión; y, si bien ésta carece de personería jurídica, de acuerdo con el artículo 3
del Decreto 1620 de 2003, lo cierto es que el artículo 69 de la Ley 142 de 1994 le
confiere independencia administrativa, técnica y patrimonial, y el inciso segundo del
artículo 149 del CCA la habilita para comparecer a juicio.
No obstante, solicitó que se tuvieran incluidos en la contestación del Ministerio los
argumentos que presentara la CRC.
2.2.2. En cuanto al fondo del asunto, explicó el concepto de interconexión, y afirmó
que este es uno de los temas centrales de la regulación moderna y del mercado
competitivo de las telecomunicaciones, por lo que va mucho más allá de los intereses
particulares y de lo que puede ser recogido en un contrato privado.
Sostuvo que no era cierto que la CRC hubiere actuado sin competencia, pues el
artículo 73.8 de la Ley 142 de 1994 la faculta para resolver, a petición de cualquiera
de las partes, los conflictos que surjan entre las empresas, por razón de los contratos.
Así, enfatizó que esa potestad no puede entenderse derogada por estipulaciones
contractuales, como lo sostuvo la demandante.
Adujo que ninguna norma establece que el fenecimiento del término para emitir la
respuesta le quita la competencia a la CRC para resolver la controversia, ni mucho
menos que genere la nulidad de la decisión, por lo que tal circunstancia únicamente
podría tener implicaciones de tipo disciplinario para el funcionario responsable.
8
Folios 252 a 267 ibidem.
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Finalmente, señaló que la demandante se limitó a alegar la vulneración del debido
proceso, sin exponer expresamente las disposiciones que resultaron infringidas por la
Administración.
2.3. Orbitel S.A. E.S.P.9 intervino por intermedio de apoderada en calidad de tercero
interesado, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones.
2.3.1. En concreto, alegó que, desde la celebración del contrato de interconexión
98014017 del 21 de octubre de 1998, ETB S.A. E.S.P. y Orbitel S.A. E.S.P. fueron
conscientes de que a la autoridad reguladora le correspondía, por disposición de los
artículos 73.22 y 74 de la Ley 142 de 1994, 14 de la Ley 555 de 2000 y 37 del Decreto
1130 de 1999, determinar los requisitos generales a los que debían someterse para
utilizar las redes existentes y acceder a las redes públicas de interconexión, promover
la competencia en el sector de las telecomunicaciones, fijar los cargos de acceso e
interconexión, asegurar los objetivos de trato no discriminatorio y transparencia, y
regular los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de
interconexión de redes y el acceso y uso de instalaciones.
Indicó que en dicho negocio jurídico las partes se comprometieron a garantizar que la
calidad del servicio sería ajustada a las necesidades propias del servicio y a los
requerimientos técnicos de las autoridades competentes, y que correspondía a esa
empresa presentar semestralmente a ETB las proyecciones de tráfico de los enlaces
de interconexión, circuitos y E1s requeridos para los dos (2) años subsiguientes,
desagregados por periodos semestrales; y que el Subcomité Técnico debía revisar y
actualizar semestralmente el dimensionamiento.
Alegó que, si bien el contrato incluye una cláusula sobre solución de diferencias, ésta
no puede derogar o reemplazar la competencia de intervención estatal. De hecho, la
propia demandante rechazó el redimensionamiento solicitado por Orbitel S.A. E.S.P.
con fundamento en que el número de enlaces E1 que actualmente integran la
interconexión entre las redes de las partes fue fijado por la autoridad reguladora
mediante las Resoluciones 632 y 756 de 2003, argumento con el que corrobora la
aptitud legal de ésta para modificar su determinación. En otras palabras, dijo que la
ETB S.A. E.S.P. se negó a modificar el dimensionamiento de la interconexión, de
9
Folios 271 a 302 ibidem.
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acuerdo con lo establecido en la regulación y en el contrato, aduciendo que la CRC lo
había fijado mediante acto anterior, lo que pone de manifiesto que la actora reconoce
la facultad de la entidad para fijar los cargos de acceso a la interconexión y los demás
aspectos inherentes a ellos.
Señaló que la CRC tenía competencia legal para resolver el conflicto propuesto por
Orbitel S.A. E.S.P., pues la normativa aplicable la faculta para intervenir en las
relaciones contractuales, incluso por encima de la voluntad de las partes, con la
finalidad de hacer eficiente la interconexión, estableciendo el dimensionamiento de
ésta. Agregó que el dimensionamiento de la interconexión y la definición de los
conflictos relacionados con ésta no son asuntos de carácter particular, que se
encuentren sujetos a la libre voluntad de las partes, sino que, por el contrario, están
en cabeza de la CRC, debido a que dichos criterios influyen directamente sobre el valor
de los cargos de acceso que paga un operador al otro, por lo que, si está
sobredimensionada, se genera una prestación ineficiente del servicio, lo que, a su vez,
da lugar a un mayor costo, que puede verse reflejado en mayores tarifas para los
usuarios.
Resaltó que el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 dispuso que los actos y contratos de
las empresas de servicios públicos se someten al derecho privado, siempre que el
ordenamiento no disponga de manera expresa lo contrario, y enfatizó que la Corte
Constitucional, en sentencia C-1162 de 2000, dijo que la función principal de la CRC
es regular monopolios en la prestación de los servicios públicos y promover la
competencia entre quienes desempeñan esa actividad, a efectos de que sean
económicamente eficientes, no apliquen el abuso de posición dominante y produzcan
servicios de calidad.
Expuso que las partes tenían claras las anteriores premisas, pues en la cláusula
decimoprimera del contrato acordaron que el valor del cargo de acceso y uso y su
reajuste periódico se regirían por las normas establecidas por la CRC; y en la cláusula
vigesimoséptima, que las normas que lo rigen son las vigentes al momento de su
celebración, sin perjuicio de lo que disponga la CRC. Así, cuestionó que se hubiera
invocado como desconocido el principio de supremacía de la voluntad privada con la
emisión de las decisiones enjuiciadas, por las características de orden público de la
materia que era objeto de controversia; que, según la Ley 142 de 1994, incidía en la
competencia, la prestación eficiente del servicio y la calidad.
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2.3.3.Indicó que la Resolución CRT 1305 de 2005, confirmada por la Resolución CRT
1375 de ese año, no revocó la Resolución CRT 632 de 2005, dado que: (i) la misma
sigue vigente, en cuanto en ella se declaró el derecho de esa empresa para acogerse
a la opción de capacidad, por lo que las partes han continuado liquidando la
interconexión con base a cargos de acceso por capacidad, (ii) el conflicto dirimido por
la CRC en las Resoluciones 632 y 756 de 2003, se orientaba a determinar el derecho
de Orbitel S.A. E.S.P. de acogerse al cargo de acceso por capacidad, ejercicio que
supone la determinación del número de enlaces; y el de 2005 se originó en que ETB
S.A. E.S.P. no modificó el dimensionamiento de la interconexión, a pesar de que el
tráfico se había reducido sustancialmente y de que mediaba obligación regulatoria y
contractual. En el segundo caso, agregó, la CRC debía impedir que Orbitel S.A. E.S.P.
quedara expuesta al sobredimensionamiento de la interconexión, so pena del
desconocimiento de los principios de eficiencia, calidad del servicio y libre
competencia, y (iii) el dimensionamiento establecido en la Resolución 632 de 2003 no
es un derecho adquirido de la ETB S.A. E.S.P., pues lo que prima es la facultad de la
CRC de intervenir en la interconexión, con el fin de promover la prestación de servicios
económicamente eficientes, la promoción de la competencia y la protección del
usuario.
2.3.4. Respecto a que la CRC perdió competencia al haber resuelto el conflicto fuera
del periodo que determina la ley, alegó que el vencimiento esos términos no es óbice
para que éstas cumplan con su deber de dar respuesta de fondo a la controversia, y
que la seguridad jurídica, que supuestamente cobija a la decisión contenida en el acto
ficto, no puede servir de excusa para que aquellas se sustraigan de sus deberes
legales, pues el silencio administrativo es una prerrogativa de los particulares y no de
las autoridades.
2.3.5. Por último, en cuanto al reproche en el que se discute “haberse tramitado la
actuación administrativa bajo reglas diferentes a las de la Ley 142 de 1994”10, dijo que
dicho cuestionamiento no se encontraba dirigido en contra de los actos enjuiciados,
sino en contra de las reglas generales previstas en la Resolución CRT 087 de 1997,
para efectos del trámite administrativo de solución de conflictos e imposición de
10
ibídem
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servidumbres. Así las cosas, precisó que dicho cargo resultaba incongruente, por lo
que debía denegarse su procedencia.
2.3.6. Aludió a que los funcionarios públicos no pueden sustraerse de sus deberes
legales respecto a la adopción de una decisión, bajo la excusa que en la misma se
emitió un acto presunto, máxime si se tiene en consideración que existe limitación en
los recursos, congestión en los asuntos a dirimir por su complejidad y las dificultades
que se presentan en el trámite.
III. LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia del 14 de julio de 2011, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, declaró la nulidad de las
Resoluciones 1305 y 1375 de 2005, pero denegó el restablecimiento del derecho, con
base en los siguientes fundamentos11:
3.1. Frente a las excepciones, indicó que la de inepta demanda propuesta por la CRC
no tenía vocación de prosperidad, en razón a que la referencia que se hizo en la
demanda a las Resoluciones 632 y 756 de 2003, tenía por objeto demostrar que esa
entidad, con la expedición de los actos censurados, intentó emendar un error anterior;
por lo que no era cierto que la accionante estuviera impugnando dichas resoluciones
3.2. Por otro lado, declaró probado el medio exceptivo de falta de legitimación en la
causa por pasiva elevado por el MinTic, en atención a que, si bien la CRC no posee
personería jurídica, en virtud del artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, lo cierto era que
dicha entidad sí ostentaba autonomía administrativa, técnica y patrimonial, por lo que,
en caso de ser condenada, debía sufragar dicha obligación con sus propios recursos.
3.3. Posteriormente pasó a resolver el caso en concreto, haciendo referencia a los
hechos relevantes encontrados en el proceso, destacando que: (i) ETB y Orbitel
suscribieron el contrato No. 98014017 del 21 de octubre de 1998, con el fin de regular
los derechos y obligaciones de las partes por acceso, uso e interconexión de las redes
para la prestación del servicio TPBCLD por parte de esta última empresa a los usuarios
de la accionante, y (ii) que en la cláusula decimonovena de ese negocio jurídico se
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Visible a folios 17 a 37 del Cuaderno nro. 2 del Tribunal.
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estipuló que los conflictos surgidos en la ejecución del mismo, serían resueltos
siguiendo un procedimiento consecutivo, según no se alcanzara su arreglo,
consistente en: un Comité de Interconexión, los Representantes de cada una de las
partes, la mediación de la CRC y finalmente un tribunal de arbitramento.
Luego de citar el contenido literal de los artículos 73 y 74.3. de Ley 142 de 1994, y 37
del Decreto 1130 de 1999, señaló que el problema jurídico a resolver era el siguiente:
“Así las cosas el problema jurídico planteado en el presente cargo, se circunscribe
a revisar si las estipulaciones contractuales pactadas por Orbitel y ETB,
desplazaba la competencia de la C. R. T. en materia de conflictos suscitados con
ocasión de la interconexión que las dos partes sostenían, puntualizándose que la
C. R. T. expresó que la ‘...definición de un conflicto relacionado con el
dimensionamiento de la interconexión, así como la forma de actualizarlo es de
competencia de la C. R. T’, debiéndose agregar que en sus consideraciones
previas, la Comisión alude al derecho y obligación de las partes para que en la
negociación o ejecución de los contratos de interconexión, se ciñan a la buena fe
evadiendo obstáculos meramente formales o artificiosos”.
Arguyó que el conflicto era de interconexión, por lo que la competencia de la CRC no
era obligatoria, sino que estaba subordinada a la petición de las partes, y que la
intervención de dicha entidad en el presente asunto no estuvo encaminada a garantizar
la libre competencia o la eficiencia del servicio, en razón a que así no se plasmó en los
actos demandados ni así lo solicitó Orbitel S.A. E.S.P. Es decir que, al no tratarse de
una competencia obligatoria, sino de disposición de las partes, éstas podrían pactar
libremente si acudían o no a ella.
En ese sentido, resaltó que las partes gozaban de facultad dispositiva sobre la materia,
por lo que, en virtud de lo previsto en el artículo 1602 del Código Civil, se encontraban
habilitadas para acordar la forma de solucionar el mismo. Igualmente, precisó que ese
contrato producía efectos dado que no había sido invalidado por el mutuo
consentimiento de las partes o por causas legales.
Dijo que, aunque inicialmente Orbitel S.A. E.S.P. no lo hubiere expresado en la
solicitud, el conflicto que presentó a la CRC era de naturaleza contractual, por lo que
la entidad debió ceñirse a las condiciones de oportunidad, forma y efectos que las
partes habían convenido, pues el contrato era el que habilitaba su actuación y no las
disposiciones normativas sobre las que se fundamentó.
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Al respecto, enfatizó que la cláusula decimonovena del contrato estableció que las
diferencias que surgieran entre las partes se someterían a la decisión de un comité de
interconexión, y que, si este no lograre un acuerdo, se acudiría a los representantes
legales de las partes; si tampoco estos lograban dirimir la controversia, podían acudir
a la mediación de la CRC, la cual era optativa, y, en caso de que llegaren a un acuerdo,
este sería obligatorio; pero, en caso contrario, se someterían a la decisión de un
tribunal de arbitramento.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que la CRC no tenía competencia para dirimir
con fuerza obligatoria el conflicto propuesto por Orbitel S.A. E.S.P., el cual
correspondía a la instancia jurisdiccional y no a la administrativa.
En suma, sostuvo que: “i) Orbitel se sustrajo a la cláusula 19 pactada en el contrato
98014017 con ETB; ii) la C. R. T. aceptó tal incumplimiento del clausulado, ejerciendo
una facultad impositiva que ni el contrato ni la ley le habían dispensado; iii) la ETB,
igualmente asumió la misma posición de su parte contratante, de no someterse a lo
pactado previamente, dado que no se surtió ninguno de los anteriores mecanismos,
en cuanto no obra, ni se menciona por alguna de las partes de esta litis, prueba
demostrativa en tal sentido y iv) la C. R. T. no ejerció una actividad de mediación sino
de juez, dado que fijó a través de un acto administrativo con presunción de legalidad,
el dimensionamiento de las redes de TPBCL de ETB con la red TPBCLD de Orbitel,
así como su distribución en las rutas existentes”12.
Agregó que la Resolución 463 de 2001, que fue posterior a la suscripción del anotado
contrato y en la que se fundamentó Orbitel para acudir ante la CRC, establece que los
operadores telefónicos deberán ofrecer mínimo dos (2) opciones de cargos de acceso
a los operadores que les demande interconexión, siendo, por minuto o por capacidad,
la primera la que fue convenida en el aludido negocio jurídico, por lo que era claro que
el conflicto era contractual, pues lo que pretendía una de las partes era cambiar la
modalidad de acceso inicialmente pactada.
Dijo que en similar sentido se había pronunciado la Sección Quinta de esta
Corporación, en el proceso de acción de tutela identificado con número de radicado
05001 23 31 000 2003 01750 01; y, al prosperar el anterior cargo, concluyó que los
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Visible a folio 460 del Cuaderno del Tribunal
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actos demandados eran nulos y, en consecuencia, se abstuvo de estudiar los
restantes.
3.3. Sin embargo, con fundamento en el principio de justicia rogada, denegó el
restablecimiento del derecho solicitado, pues advirtió que la pretensión de pago de
sumas de dinero no se dirigió contra Orbitel S.A. E.S.P., sino únicamente contra la
CRC, entidad que no hizo parte de las transacciones dinerarias generadas en virtud
del contrato de interconexión, por lo que no era quien debía pagar las sumas dejadas
de percibir por ETB S.A. E.S.P.
Para el efecto, invocó la sentencia del 29 de enero de 2009, proferida por la
Subsección B de la Sección Primera de ese Tribunal, bajo el radicado 2005-01005, en
la que resolvió en tal sentido el restablecimiento del derecho pedido en la primera
controversia surgida por las partes con ocasión del mismo contrato.
IV. El RECURSO DE APELACIÓN
4.1. La CRC13, apeló la sentencia de primera instancia, bajo los argumentos que se
resumen a continuación:
4.1.1. Expuso que el Tribunal efectuó un análisis parcial y se equivocó al concluir que
el conflicto presentado entre las partes era contractual, pues, en realidad, se trataba
de una controversia de índole administrativa y regulatoria, asociada a las condiciones
de competencia en el mercado en el que participan diferentes proveedores de redes y
servicios, por lo que debía dirimirse con base en las competencias de la CRC para
intervenir sobre los contratos de interconexión celebrados entre los operadores, con la
finalidad de regular el mercado de las telecomunicaciones, a través de medidas
orientadas a proteger la libre competencia, y para dirimir mediante decisiones de
carácter administrativo, los conflictos que se presenten entre éstos.
Sostuvo que no es cierto, como concluyó el a quo, que la CRC debió ceñirse a lo
acordado por las partes en el contrato, que era el que habilitaba su intervención, pues
la competencia del ente regulador en realidad emana de la propia Carta y de la ley. Al
respecto, enfatizó que la regulación de los servicios públicos no puede estar
13
Folios 472 a 526 ibidem.
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condicionada a la voluntad particular de los operadores, pues eso haría nugatoria la
facultad de intervención del Estado en la economía, lo cual iría en detrimento del
interés general y de la competencia.
Alegó que el artículo 73.22 de la Ley 142 de 1994, determinó que las comisiones de
regulación estaban obligadas a establecer los requisitos generales a los que deben
someterse los proveedores para utilizar las redes existentes y acceder a las redes
públicas de interconexión, y el literal c) del artículo 74.3. ibidem, dispuso que debía
establecer los requisitos generales a que deben someterse los operadores de servicios
de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional para ejercer el derecho
a utilizar las redes de telecomunicación del Estado.
Advirtió que la controversia surgida sobre el dimensionamiento de la red —por ser un
tema de importancia para la interconexión y un medio de promoción de la
competencia—, es de tipo regulatorio y no contractual, máxime cuando, como lo señaló
la Corte Constitucional en la sentencia C-186 de 2011, el contrato, pese a regirse por
el derecho privado, contiene elementos que son de naturaleza pública y de obligatorio
acatamiento de las partes, como la remuneración de los cargos de acceso y el
mencionado dimensionamiento. La anterior, adujo, es la forma de lograr la eliminación
de barreras a la entrada al mercado.
En los anteriores términos, explicó la actividad que ejerció la CRC en los actos
administrativos que aquí se controvierten y reiteró que ello corresponde a la potestad
administrativa de regulación y de resolución de controversias particulares. De acuerdo
con esto, señaló que es errada la conclusión del a quo, que dijo que la entidad actuó
sin competencia y que la habilitación para dirimir el conflicto correspondía a los jueces,
pues ello haría nugatorio el principio constitucional de intervención del Estado en la
economía.
Enfatizó que los contratos de interconexión se sujetan no solo a la regulación existente
sino a los cambios que en el futuro se den sobre ésta, toda vez que el sector de las
telecomunicaciones es dinámico y está sujeto a cambios constantes por el alto
contenido de innovación tecnológica que introduce mejoras en la prestación de
servicios y cambia las condiciones del mercado. Lo anterior, a su vez, afecta la
cantidad de tráfico al interior de la red del operador y de otras redes interconectadas,
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lo que obliga a que las condiciones de funcionamiento se ajusten a las necesidades
de los usuarios, de manera que se garantice la calidad del servicio.
En tal sentido, dijo que el dimensionamiento de las interconexiones entre los distintos
operadores de telecomunicaciones debe aplicar los criterios y parámetros de orden
técnico comúnmente utilizados por la industria. Así, adujo que, típicamente, se ha
establecido como un intervalo óptimo de utilización de los enlaces de interconexión,
valores que oscilan entre el sesenta por ciento (60 %) y el ochenta y cinco por ciento
(85 %), y que, cuando hay valores por debajo del sesenta por ciento (60 %), se dice
que la interconexión está sobredimensionada, lo que quiere decir que hay más
elementos físicos en la red (rutas) de los realmente necesarios, lo cual constituye un
uso ineficiente de la infraestructura. El caso opuesto se presenta cuando los valores
de utilización son superiores al ochenta y cinco por ciento (85 %), caso en el cual se
considera que la interconexión está subdimensionada, resultando necesario ampliar el
número de enlaces con la finalidad de evitar pérdidas de llamadas.
Explicó que su función de solucionar conflictos por vía administrativa se encuentra
fundada en la necesidad de equilibrar intereses legítimos contrapuestos, de manera
que se dé primacía a intereses generales, como lo son, la competencia y la eficiencia
de los servicios públicos para el bienestar de los usuarios.
Posteriormente, reiteró las razones por las que consideraba que las facultades de
disposición de las partes en los contratos de interconexión debían ser limitadas, por la
prevalencia del interés general de los usuarios de los servicios públicos, e indicó que
las condiciones del dimensionamiento de una interconexión y la tarifa de la misma no
era un simple problema entre operadores, sino que la cantidad de enlaces de
interconexión E1 que se fijan respecto de la misma, constituían un factor determinante
en la factura que se cobra a los usuarios y en la calidad del servicio.
Manifestó que, inclusive, las empresas de telecomunicaciones en controversia en el
presente asunto concuerdan en el respectivo contrato, que la remuneración por la
interconexión debía regirse por la regulación vigente o la que expida la CRC, por lo
que resultaba un contrasentido afirmar que dicha normativa podía provocar perjuicios,
cuando la misma fue incorporada en el contrato de interconexión.
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Agregó que, en los casos en los que exista indeterminación por parte de los operadores
contratantes, respecto de la forma de dimensionamiento de su interconexión o lo
concerniente a la remuneración de las partes, bien al momento de negociación del
contrato o en la ejecución de éste, podían solicitar la intervención de esa entidad, a
efectos de que dirima el conflicto en aplicación de las normas regulatorias.
Por otra parte, señaló que es diferente la función de administrar justicia, que compete
a los jueces de la República, de la función de solución de conflictos entre operadores,
que es una forma de materializar la función regulatoria y de intervención atribuida por
la Carta Política al Estado a través de las comisiones de regulación. Al respecto, señaló
que las partes del contrato tenían a disposición cualquiera de las dos (2) competencias
para dirimir sus conflictos, valga reiterar, la de los jueces de la república o la de la
comisión reguladora, la cual actuaría con fundamento en las normas de regulación
sectorial, como instancia administrativa y no judicial, fundada en la ley (artículo 73.8
de la Ley 142 de 1994) y no en el contrato.
Citó algunos links electrónicos con publicaciones y estudios efectuados por
organismos internacionales, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones -
UIT, sobre dicha materia.
4.1.2. Posteriormente refirió a las funciones regulatorias de dicha entidad contenidas
en los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1994 y procedió a citar las sentencias C-1120
de 2005 y C-186 de 2011 de la Corte Constitucional y la proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el expediente identificado con número de radicación
34.846.
Destacó que, en virtud de las citadas sentencias de constitucionalidad que tienen
efectos generales, esa entidad ha emitido regulaciones de interconexión para
promover la competencia en el sector de las telecomunicaciones, tales como la
expedición del régimen unificado de interconexión –RUDI, el régimen de cargos de
acceso o de remuneración por el acceso y uso de la red de un operador de
telecomunicaciones por parte de otro operador en la Resolución 463 de 2001, y las
decisiones particulares en las que se imponen servidumbres de acceso, uso e
interconexión o se definen las condiciones técnicas de interconexión.
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Aseveró que el antecedente de la sentencia de acción de tutela que fue citada en la
providencia recurrida no podía ser tenida como precedente, pues sus efectos eran inter
partes, y porque no se reconocía la doctrina constitucional frente a las facultades de
intervención de las Comisiones de Regulación en los contratos de interconexión
celebrados por los operadores.
4.2. La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB - E.S.P.14 interpuso
oportunamente recurso de apelación en contra de la sentencia del 14 de julio de 2011.
Los fundamentos se sintetizan así:
Mencionó que, en la pretensión de restablecimiento, se solicitó que se ordenara el
pago efectivo de las sumas dinerarias que debieron serle reconocidas a esa empresa
por Orbitel S.A. en caso de no haber sido emitidos los actos enjuiciados. Así, luego de
citar la sentencia del 15 de noviembre de 1990, expedida por esta Corporación judicial
en el proceso con radicado 2339, indicó que el Tribunal ignoró que no sólo pretendía
la nulidad del acto censurado, sino que también buscaba el restablecimiento de un
derecho particular.
Alegó que la intervención de la CRC en los hechos planteados en la demanda fue real
y material, y que, si bien no recibió ni pagó sumas de dinero, sí fijó el dimensionamiento
de la interconexión en setenta y tres (73) enlaces E1, decisión que involucró la
revocatoria de la Resolución 732 de 2003, que los había fijado en ciento doce (112), y
la modificación de la relación contractual de ETB S.A. E.S.P. y Orbitel S.A. E.S.P.
Con base en lo anterior, alegó que lo sustancial de la pretensión debe primar sobre la
forma y los términos en que fue planteada, máxime cuando el efecto inmediato de la
nulidad del acto es el restablecimiento del derecho. En tal orden, señaló que la
intromisión en la ejecución del contrato siempre giró en torno a los valores o sumas de
dinero que debieron ser pagadas por Orbitel S.A. E.S.P. a ETB S.A. E.S.P., por
concepto de acceso y uso de la red de telefonía pública básica conmutada local. Por
lo tanto, lo lógico era que el juez ordenara el restablecimiento del derecho a cargo de
Orbitel S.A. E.S.P.
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Folios 530 a 536.
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Adicionalmente, adujo que el Tribunal no tuvo en cuenta que Orbitel S.A. E.S.P.
intervino en el proceso y propuso excepciones, por lo que necesariamente los efectos
del restablecimiento del derecho podían afectarla.
Con fundamento en lo expuesto, solicitó “adicionar” la sentencia de primera instancia,
en el sentido de condenar en abstracto al MinTIC y a la CRC a pagar a ETB S.A. E.S.P.
las sumas de dinero que dejó de percibir, actualizadas de acuerdo con la variación del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) y concluyó que, “insistimos que se encuentra
probado en el proceso que ORBITEL S.A. E.S.P. se hizo parte dentro del proceso
contestando la demanda, proponiendo excepciones, es decir, ejerció el derecho a la
defensa, al igual que se encuentra establecido que, debió pagar los cargos
contractualmente obligado por concepto de acceso y uso de la red de telefonía públicas
básica conmutada local, razón por la cual el Honorable Consejo de Estado debe
ordenar entonces, el restablecimiento de derecho a cargo de ORBITEL S.A. ESP
teniendo en cuenta lo precisado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
cuanto a que ORBITEL S.A. ESP. fue la empresa que recibió o efectuó pagos
concernientes al cambio del sistema de acceso de cargos por capacidad con ocasión
del contrato de interconexión celebrado con ETB S.A. ESP de donde necesariamente
debe pronunciarse sin que incurra en extensión o variación del sujeto pasivo, como
equivocadamente lo considera el Honorable Tribunal, y si por el contrario, estaría
resolviendo el conflicto generado entre las partes”15
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
6.1. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, hoy Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC)16, presentó escrito en el que reiteró los
argumentos de la contestación de la demanda y del recurso de apelación, y agregó
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia emitida el 3 de
septiembre de 2012, dentro de un proceso identificado con número de radicado 25000
23 24 000 2004 00310 01, el cual tiene similares fundamentos de hecho y derecho al
presente asunto, denegó las pretensiones de la demanda, reconociendo que, como el
Legislador estaba habilitado para establecer una instancia administrativa de solución
de conflictos a los operadores de servicios públicos domiciliarios, la intervención de las
15
Visible a folio 536 del Cuaderno del Tribunal
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Folios 78 a 112 del Cuaderno del Consejo de Estado.
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autoridades reguladoras constituía un fin constitucionalmente válido para esos efectos;
y que, aunque en ese caso, las partes establecieron una cláusula compromisoria, lo
cierto era que los derechos y obligaciones relativas al acceso, uso e interconexión de
redes de comunicaciones, era una actividad de interés general sujeta a la intervención
de la administración.
6.2. La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB - E.S.P.17 presentó
escrito en el que reiteró los argumentos del recurso de apelación.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto en el proceso de la referencia.
VI. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
6.1. Mediante auto del 24 de junio de 201418, con fundamento en el artículo 33 de la
Ley 457 de 1998, que aprobó el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena, y
en el artículo 61 de la Decisión 184 de 1983, el magistrado sustanciador ordenó
solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del
artículo 32 de la Resolución 432 de 2000, de la Secretaría General de la Comunidad
Andina. Lo anterior, teniendo en cuenta que dicha norma fue invocada como violada
por los actos acusados en el presente asunto.
6.2. El concepto fue rendido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
mediante documento del 12 de junio de 201719, bajo la radicación 366-IP-2015, en los
siguientes términos:
Se refirió al principio de preeminencia del Derecho Comunitario Andino y destacó que
las disposiciones del Acuerdo de Cartagena prevalecen sobre cualquier norma interna
de la República de Colombia, incluso sobre sobre la Constitución Política, aunque
precisó que ello no implica que la ley nacional deba ser derogada, sino que basta con
que sea inaplicada por el país miembro correspondiente.
17
Visible a folios 113 a 119 del Consejo de Estado.
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Folio 200 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Folios 281 a 296 ibidem.
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Además, advirtió que el hecho de que un país miembro pertenezca a un organismo
internacional distinto a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las normas de
ésta, pues el ordenamiento comunitario andino es preponderante también respecto de
los otros ordenamientos jurídicos internacionales.
Aludió al principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria, el cual
consagra el concepto de norma de clausura, según el cual se deja a la legislación de
los países miembros la solución legislativa de las situaciones no contempladas en la
ley comunitaria, pues es posible que ésta no prevea todos los casos susceptibles de
regulación jurídica.
Al respecto, anotó que ese Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha manifestado que
solo son legítimas las normas complementarias que resulten estrictamente necesarias
para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación,
y que de ningún modo la entraben o desvirtúen. En tal sentido, afirmó que los países
miembros no pueden expedir disposiciones sobre asuntos regulados por las normas
comunitarias, salvo, reiteró, que sean necesarias para su correcta ejecución.
Dijo que, en aplicación del principio de complemento indispensable, los países
miembros, al expedir normas para la implementación o desarrollo de aspectos no
regulados por la normativa comunitaria, deben evitar establecer exigencias, requisitos
adicionales o constituir reglamentaciones que afecten el derecho comunitario o
restrinjan aspectos esenciales por él regulados, de manera que signifiquen, por
ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.
En cuanto al asunto que aquí se debate, señaló que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, si un
proveedor que solicita una interconexión, considera que es objeto de actuaciones que
violan las normas o los principios de interconexión o de la libre competencia, debe
acudir a las autoridades nacionales, para que resuelvan el asunto con base en la
normativa nacional, lo cual cobra sentido en que es a éstas a quienes les corresponde
salvaguardar las normas y los principios de orden público y los intereses generales.
Expuso que el literal f) del artículo 17 de la Resolución 432 de 2000 establece que los
acuerdos de interconexión negociados y las ofertas básicas de interconexión deben
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contener una cláusula relativa a los mecanismos para la resolución de controversias
relacionadas con la interconexión.
En este orden, dijo que procedía a modular su jurisprudencia para sostener que, si en
la relación contractual surgen controversias relacionadas con derechos disponibles o
de libre disponibilidad, es decir, los que pueden ser objeto de renuncia, cesión,
modificación o extinción, podrán ser resueltas a través de los mecanismos de solución
de controversias previstos en el contrato y aprobados por la autoridad competente,
entre los que se encuentra el arbitraje. Que, en cambio, las controversias relacionadas
con derechos no disponibles, como las materias de orden público, el imperio del Estado
y las potestades regulatorias de la autoridad de telecomunicaciones, deben ser
resueltas “por la autoridad administrativa nacional competente”.
Por último, dijo que la presente interpretación prejudicial debía ser aplicada por la Sala
Consultante al resolver el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concordante
con el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes.
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia.
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena
de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de
la referencia.
7.2. Hechos
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7.2.1. ETB S.A. E.S.P. y Orbitel S.A. E.S.P. suscribieron el contrato de interconexión
98014017 del 21 de octubre de 1998, en el que pactaron las condiciones técnicas de
interconexión y específicamente su dimensionamiento. Además, acordaron que las
controversias surgidas en la ejecución del contrato serían dirimidas por varias
instancias administrativas y societarias, y finalmente por un tribunal de arbitramento.
7.2.2. La CRC, mediante la Resolución 463 de 2001, creó un nuevo sistema para el
pago por el uso de las redes de telefonía local, que incluye dos opciones: (i) cargos de
acceso máximo por minuto, y (ii) cargos de acceso máximo por capacidad.
7.2.3. En virtud de la nueva modalidad de cargos de acceso por capacidad, establecida
en la Resolución 463 de 2001, surgió una controversia entre las partes del contrato,
que Orbitel S.A. E.S.P. solicitó a la CRC que la zanjara.
7.2.3. La CRC expidió la Resolución 632 de 2003, confirmada por la Resolución 756
del mismo año, que resolvió la problemática planteada por Orbitel S.A. E.S.P. y fijó el
dimensionamiento de la interconexión de las redes de TPBCL de ETB S.A. E.S.P. con
la red de TPBCLD de Orbitel S.A. E.S.P. en ciento doce (112) enlaces E1.
7.2.4. Las Resoluciones 632 y 756 de 2003 fueron demandadas por ETB S.A. E.S.P.,
asunto que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, mediante sentencia del 29 de enero de 2009, bajo el radicado
2003-01005.
7.2.5. Mediante comunicación del 7 de abril de 2005, Orbitel S.A. E.S.P. solicitó la
solución de otro conflicto de interconexión surgido con ETB S.A. E.S.P., en relación
con el dimensionamiento de la interconexión entre las redes de TPBCLD de la primera
y la red TPBCL de la segunda.
7.2.6. La nueva controversia fue resuelta por la CRC mediante la Resolución 1305 de
2005, confirmada por la Resolución 1375 del mismo año, que fijó el dimensionamiento
de la interconexión de las redes de TPBCL de ETB S.A. E.S.P. con la red de TPBCLD
de Orbitel S.A. E.S.P. en 73 enlaces E1.
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7.2.7. Inconforme con dicha determinación, ETB presentó la presente demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los precitados actos.
7.2.8. A través de sentencia del 14 de julio de 2011, la Subsección “A” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de los actos enjuiciados y denegó
las pretensiones de restablecimiento del derecho.
7.2.9. En contra de la precitada decisión la parte actora y la CRC presentaron recurso
de apelación.
7.3. Planteamiento
Para resolver los recursos de apelación, la Sala observa que las partes concuerdan
que se presentó un conflicto entre ETB S.A. E.S.P. y Orbitel S.A. E.S.P. en relación
con el dimensionamiento de la interconexión de las redes de telefonía pública básica
conmutada local con la red de telefonía pública básica conmutada de larga distancia.
También coinciden en que, a través de los actos demandados, la CRC resolvió el
anterior conflicto. Adicionalmente, presentan anuencia en la existencia de una cláusula
del anotado contrato de interconexión que indica que las diferencias que surjan del
contrato suscrito entre los mencionados operadores serían ventiladas
consecutivamente ante un comité de interconexión, los representantes legales de las
partes, con la mediación de la CRC, o ante un Tribunal de Arbitramento.
Sin embargo, discuten respecto a la competencia de dicha entidad para dirimir esa
controversia, pues para el a quo, como la misma se presentaba sobre la interconexión,
su naturaleza era contractual dado que, sobre esa materia, existía regulación expresa
en el contrato suscrito por ambas partes; por lo que la intervención de la CRC no era
obligatoria, sino optativa para éstas, máxime cuando no estuvo encaminada a
garantizar la libre competencia o la eficiencia del servicio, pues los actos demandados
no lo manifestaron así. Y, por tanto, la entidad debía ceñirse a lo pactado en el contrato,
que no le otorgaba una facultad impositiva ni la autorizaba para actuar como juez, que
fue lo que finalmente hizo, sino que preveía que los conflictos debían ser dirimidos por
un tribunal de arbitramento.
Mientras tanto, para la CRC, la controversia sobre el dimensionamiento de la red —
por ser un tema de importancia para la interconexión y un medio de promoción de la
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competencia—, es de tipo administrativo o regulatorio, y no contractual, por lo que
debía solucionarse con base en las competencias de esa entidad, que emanan de los
artículos 333 y 334 Superiores y 73 y 74 de la Ley 142 de 1994, para intervenir sobre
los contratos de interconexión, con la finalidad de regular el mercado de las
telecomunicaciones; y que la interpretación del Tribunal haría nugatorio el principio
constitucional de intervención del Estado en la economía.
Por otra parte, discuten en relación con el restablecimiento del derecho, pues el
Tribunal considera que, en virtud del principio de justicia rogada, no hay lugar a ordenar
el pago de sumas de dinero, pues esta pretensión no se dirigió contra Orbitel S.A.
E.S.P., sino únicamente contra la CRC, entidad que no formaba parte de la relación
contractual de interconexión; mientras que, para ETB S.A. E.S.P., la demanda debió
interpretarse y, en consecuencia, se debió obligar a Orbitel S.A. a asumir el costo de
las sumas dinerarias que dejaron de ser pagadas a esa sociedad como consecuencia
de la expedición de los actos censurados, máxime cuando dicha empresa fue
vinculada al trámite de la referencia y pudo ejercer su derecho a la defensa.
Vistas así las cosas, la Sala analizará los puntos mencionados en el orden anunciado.
7.4. De la competencia material
Se debe definir entonces si es nulo por falta de competencia el acto que resuelve un
conflicto sobre el dimensionamiento de la red entre dos operadores de
telecomunicaciones, si existe cláusula que contempla como mecanismo de resolución
de las controversias derivadas de esa relación el Tribunal de Arbitramento; no
obstante, resolver tal cuestión implica que, de manera previa, se precise si el conflicto
sobre el dimensionamiento de la red entre dos operadores de telecomunicaciones es
un conflicto de carácter contractual o de carácter administrativo.
La Sala respondió idéntico problema en sentencias del 24 de mayo de 201820, 19 de
julio de 201821 y 6 de septiembre de ese mismo año 22, posiciones que fueron
20
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 24 de mayo de 2018. Radicación: 25000 23 24
000 2004 00684 01. C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, Actor: Empresa de Telecomunicaciones del
Llano S.A. E.S.P., ETELL S.A. E.S.P. Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones.
21
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 19 de julio de 2018. Radicación: 25000 23 24 000
2005 01152 01. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez. Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
S.A. E.S.P. Demandado: Nación – Ministerio de Comunicaciones y Comisión de Regulación de
Comunicaciones.
22
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 6 de septiembre de 2018. Radicación: 25000 23
24 000 2003 01005 02. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez. Actor: Empresa de Telecomunicaciones de
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prohijadas en el fallo del 20 de noviembre de 202023, en el que, además, se definió si
la determinación de los cargos de interconexión del servicio de telecomunicaciones
era un deber que correspondía asumir a la autoridad administrativa, en este caso a la
CRC, o si se trataba de un asunto de libre disposición de las partes.
Así pues, y dado que resulta exactamente igual el objeto y la causa petendi de los
anotados procesos con el que ahora ocupa la atención de la Sala, se resolverá en la
misma manera, es decir, concluyendo que sí es competente la CRC para resolver las
discusiones derivadas del dimensionamiento de la red entre dos operadores de
telecomunicaciones, como quiera que “el contrato de interconexión no es de
disposición de bienes propios, sino que de por medio está la garantía del servicio
público de comunicaciones, en especial, la regulación especializada”24. El siguiente
fue el razonamiento allí vertido:
“VI.5.1.- Primer cargo – Expedición de las Resoluciones 831 y 913 de 2003
con violación de las normas superiores en las que debían fundarse los actos
administrativos – desconocimiento de los artículos 39.4 y 73.8 de la Ley 142
de 1994 – CRT no es competente para resolver conflictos contractuales.
183. Respecto de este cargo, el Tribunal a quo determinó que la CRT era
competente para resolver los conflictos suscitados entre las partes, derivados de
los convenios de interconexión, en tanto involucra la libre competencia y afecta la
prestación del servicio público.
184. Frente a lo resuelto, el recurrente insiste en que el conflicto entre
UNITEL y ETB es de naturaleza privada y contractual y, por tal motivo no puede
incluirse dentro de las funciones atribuidas a la CRT por los artículos 73.8 y 74.3,
literal c) de la Ley 142 de 1994. En esa medida, arguyó que la CRT había
modificado las condiciones contractuales en contra de lo acordado por las partes
respecto de la solución de conflictos, en la cláusula séptima del contrato. Aseguró
que en dicha cláusula las partes habían establecido un procedimiento tendiente a
solucionar los conflictos que pudieren presentarse durante su ejecución, el cual
constaba de 4 etapas: i) Comité Mixto de Interconexión, ii) Acuerdo entre los
representantes legales de las partes, iii) Mediación de la CRT a petición de ambas
partes y, iv) Tribunal de Arbitramento.
185. Criticó que el Tribunal a quo hubiere otorgado competencias a la CRT
para conocer de un asunto que no tiene naturaleza administrativa, en tanto
desconoció precedentes propios, del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, en donde se había evidenciado que este tipo de conflictos son de
carácter contractual y no administrativo.
Bogotá S.A. E.S.P. Demandado: Nación – Ministerio de Comunicaciones y Comisión de Regulación de
Comunicacione
23
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 20 de noviembre de 2020. Proceso número 25000
23 24 0000 2004 00310 01. C. P, Roberto Augusto Serrato Valdés.
24
Ibídem.
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186. Para resolver el cargo, la Sala en esta oportunidad prohíja lo decidido
en un caso25 con idénticos supuestos fácticos y jurídicos en el que se consideró lo
siguiente:
[…] En este orden de ideas, el ordenamiento jurídico, vigente al momento
de expedir los actos demandados, le confirió competencias a la parte
demandada para resolver, en ejercicio de funciones administrativas
(no jurisdiccionales), los conflictos entre operadores derivados de sus
contratos de interconexión, siempre y cuando no corresponda decidir
a otras autoridades administrativas.
Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta la naturaleza de contrato
de interconexión26, que, como lo ha indicado la parte demandada y el
tercero con interés, no es un contrato de disposición de bienes
propios, sino que de por medio esta la garantía del servicio público de
comunicaciones, en especial, la regulación especializada que expedido
la misma parte demandada, en ejercicio de sus funciones
reglamentarias técnicas, en materia de cobros de cargos de acceso
para Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local, en
adelante TPBLC, que restringe la libertad negocial de los operadores para
pactar libremente el valor de dicho cobro y, por ende, la metodologías o
fórmulas aplicables para establecer el respectivo valor27.[…]
187. El anterior pronunciamiento fue reiterado por esta Sección en
sentencias de 19 de julio de 201828 y 6 de septiembre de 201829, y tiene plena
correspondencia con lo determinado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en la interpretación prejudicial 183-IP-2019 de 28 de febrero de 202030, en
cuanto a que la CRT, parte demandada en el presente asunto, es la competente
para dirimir, en sede administrativa, todo tipo de controversias.
188. En el mismo sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-186
de 2011, consideró que la facultad para dirimir conflictos derivados de los
contratos de interconexión está en cabeza de la CRT, en ejercicio de las facultades
legales de intervención del Estado en los servicios públicos, según lo establecido
por el artículo 334 de la Constitución Política. En la citada sentencia, la Corte
reiteró su jurisprudencia en el siguiente sentido:
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de
mayo de 2018. Radicación: 25000-23-24-000-2004-0684-01. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez. Actor:
Empresa de Telecomunicaciones del Llano – ETELL S.A. E.S.P. Demandado: Nación – Ministerio de
Comunicaciones y Comisión de Regulación de Comunicaciones.
26
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia 19 de
febrero de 2015, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2002-00194-01, C.P.: María Claudia Rojas
Lasso, ha indicado lo siguiente:
“[…] De lo anterior resulta que si bien dichos contratos, por mandato legal, se rigen por regla general
por el derecho privado, por mandato expreso del legislador están exceptuados del régimen general de
derecho privado en virtud de la intervención del Estado en la economía, especialmente en el campo de
los servicios públicos, por lo cual no se genera la inmutabilidad propia de los contratos en el derecho
privado. […].
27
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia 16 de marzo de 2012, núm. 25000-23-24-000-00811-
01, Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de julio
de 2018. Radicación: 25000-23-24-000-2005-01152-01. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez. Actor:
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. Demandado: Nación – Ministerio de
Comunicaciones y Comisión de Regulación de Comunicaciones.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 6 de
septiembre de 2018. Radicación: 25000-23-24-000-2003-01005-02. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. Demandado: Nación – Ministerio de
Comunicaciones y Comisión de Regulación de Comunicaciones.
30
Folios 155 a 161 del Cuaderno 1.
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[…] Precisamente, con ocasión del examen de constitucionalidad de los
artículos 73.8 , 73.9 y 74 de la Ley 142 de 1994, el último de los cuales
atribuía de manera específica a la extinta Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones la facultad de ‘resolver los conflictos que se presenten
entre operadores en aquellos casos en los que se requiera la intervención
de las autoridades para garantizar los principios de libre y leal competencia
en el sector y de eficiencia en el servicio’, esta Corporación concluyó que
se trataba de una función de regulación en la prestación de un servicio
público a su vez que correspondía a una función de intervención
estatal en la economía autorizada por el artículo 334 constitucional.
[…]
Igualmente en la misma providencia precisó que las decisiones proferidas
en ejercicio de esta facultad tienen el carácter de actos administrativos que
ponen fin a una actuación administrativa y, por lo tanto, están sometidas al
control de legalidad por parte de la jurisdicción, de conformidad con las
reglas generales contenidas en el Código Contencioso Administrativo. […]
(Destacado de la Sala).
189. Ahora bien, establecida la competencia de la CRT para dirimir conflictos
derivados de los convenios de interconexión, encuentra la Sala que en el presente
asunto, en la IP 183-IP-2019 de 28 de febrero de 202031, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina32 concluyó:
[…] 2.4 El literal f) del Artículo 17 de la Resolución 432 establece que tanto
los Acuerdos de Interconexión Negociados con las Ofertas Básicas de
Interconexión deben contener una cláusula relativa a los mecanismos para
la resolución de controversias relacionadas con la interconexión.
2.5 De esta manera, el Tribunal modula la jurisprudencia anterior
manifestación que, si en la relación contractual surgen controversias
relacionadas con derechos disponibles o de libre disponibilidad, como
aquellos que pueden ser objeto de renuncia, cesión, modificación o
extinción, debidamente permitidos por la ley y conforme la voluntad de
las partes podrán resolverlas mediante los mecanismos de solución de
controversias previstos en el contrato y aprobados por la autoridad
competente, de conformidad con literal f) del Artículo 17 de la
Resolución 432, entre ellos el arbitraje.
31
Folios 155 a 161 del Cuaderno 1.
32
Ese mismo Tribunal se ha manifestado en idéntica forma en casos similares al presente, como por
ejemplo: i) la interpretación prejudicial 293-IP-2016, la cual fue adopta por esta Sección en la sentencia
del 24 de mayo de 2018 proferida por la Sección Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del
Consejo de Estado, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 25000-23-24-000-
2004-00684-01, en donde la parte demandante es la Empresa de Telecomunicaciones del Llano S.A.
E.S.P., ETELL S.A. E.S.P. y la parte demandada es la Comisión de Regulación de Comunicaciones; ii)
interpretación prejudicial 560-IP-2016 de 21 de septiembre de 2017, la cual fue adopta por esta Sección
en la sentencia del 19 de julio de 2018 proferida por la Sección Primera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Consejo de Estado, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación:
25000-23-24-000-2005-001152-01, en donde la parte demandante es la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. y la parte demandada es la Comisión de Regulación de
Comunicaciones; y iii) la interpretación prejudicial 143-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017, la cual fue
adopta por esta Sección en la sentencia del 6 de septiembre de 2018 proferida por la Sección Primera
de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm.
único de radicación: 25000-23-24-000-2003-001005-02, en donde la parte demandante es la Empresa
de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. y la parte demandada es la Comisión de Regulación de
Comunicaciones.
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2.6 En cambio, las controversias relacionadas con derechos no
disponibles, como las materias de orden público, derecho de imperio
del Estado y las potestades regulatorias de la Autoridad de
Telecomunicaciones, no pueden ser materia de arbitraje, por lo que,
ellas tendrán que ser resueltas por la autoridad administrativa nacional
competente.
2.7 En conclusión, la normativa comunitaria confiere a la autoridad
competente una línea coherente de regulación en el sector de las
telecomunicaciones, lo que implica armonía en todos los aspectos, inclusive
en la solución de conflictos. […] (Subrayados del original) (Destacados de la
Sala).
190. De la Interpretación Prejudicial, se encuentra que si bien las normas
comunitarias privilegian la autonomía de la voluntad para celebrar convenios de
interconexión y pactar cláusulas de solución de controversias que surjan de estos,
tales aspectos se circunscriben a aquellos de la interconexión sobre los cuales
tienen disposición las partes. Esto es, en palabras del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, «aquellos que pueden ser objeto de renuncia, cesión,
modificación o extinción», y es solamente frente a estos que se reconoce la
aplicación de las cláusulas de mecanismos de solución de controversias previstos
en el contrato, entre ellos el arbitraje, de conformidad con el literal f) del Artículo
17 de la Resolución 432 de 2000.
191. Lo anterior, necesariamente deriva en que las controversias que surjan
del convenio o contrato de interconexión, pero que estén relacionadas con «las
materias de orden público derecho de imperio del Estado o las funciones
regulatorias de la Autoridad de Telecomunicaciones no pueden ser materia de
arbitraje, por lo que tendrán que ser resueltas por la autoridad administrativa
nacional competente»33. En esa medida, corresponderá a la Sala establecer, con
base en la interpretación prejudicial y las normas internas, si la determinación de
los cargos de interconexión del servicio público de telecomunicaciones
corresponde a las funciones regulatorias de la CRT o si es un asunto de libre
disposición de las partes como se afirma en el recurso.
192. Para ello, la Sala encuentra necesario referirse a las normas
comunitarias de la Comunidad Andina y a las normas nacionales sobre
interconexión en telecomunicaciones, para luego establecer la competencia de la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - CRT, hoy Comisión de
Regulación de Comunicaciones – CRC, para determinar los cargos de
interconexión del servicio público de telecomunicaciones.
193. Frente a las normas comunitarias de la Comunidad Andina 34, en
adelante CAN, son de carácter obligatorio para los Estados Miembros, como
Colombia, y se entienden incorporadas al ordenamiento jurídico colombiano como
normas supranacionales. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia
C-137 de 1996 estableció:
33
Interpretación Prejudicial 183-IP-2019 de 28 de febrero de 2020, obrante a folios 155 a 161 del
Cuaderno 1.
34
«La Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, fue creada por el
Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena, suscrito en Trujillo el 10 de marzo de 1996 y expresa
su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del
ordenamiento jurídico comunitario Andino.» Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 6 de septiembre de 2018. Radicación: 25000-23-24-000-2003-01005-
02. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez. Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
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[…] Como es sabido, el concepto de supranacionalidad - dentro del que se
inscribe el Acuerdo de Cartagena - implica que los países miembros de una
organización de esta índole se desprendan de determinadas atribuciones
que, a través de un tratado internacional, son asumidas por el organismo
supranacional que adquiere la competencia de regular de manera
uniforme para todos los países miembros sobre las precisas materias
que le han sido transferidas, con miras a lograr procesos de integración
económica de carácter subregional. Las normas supranacionales
despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos
de los países miembros del tratado de integración, que no se derivan del
común de las normas de derecho internacional. Por una parte, esta
legislación tiene un efecto directo sobre los derechos nacionales, lo cual
permite a las personas solicitar directamente a sus jueces nacionales la
aplicación de la norma supranacional cuando ésta regule algún asunto
sometido a su conocimiento. En segundo lugar, la legislación expedida por
el organismo supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las
normas nacionales que regulan la misma materia y, por lo tanto, en
caso de conflicto, la norma supranacional desplaza (que no deroga) -
dentro del efecto conocido como preemption - a la norma nacional.[…]
(Resaltado de la Sala).
194. Teniendo presente la naturaleza de estas, cabe recordar que la CAN
profirió la Decisión 462 de 1999, en adelante Decisión 462, con el propósito
general de «fomentar el proceso de liberalización progresiva del comercio de los
servicios públicos de telecomunicaciones a fin de alcanzar la creación de un
Mercado Común Andino de servicios, contribuyendo así al proceso de integración
de la Subregión Andina»35, cuyos objetivos específicos son: i) eliminar las
restricciones y obstáculos al libre comercio de los servicios públicos de
telecomunicaciones; ii) propiciar la armonización de las normas necesarias para
la conformación del Mercado Común Andino de telecomunicaciones; iii) proponer
definiciones comunes de los servicios de telecomunicaciones en los Países
Miembros; y, iv) propiciar la inversión en dichos servicios.
195. En ese contexto, la Decisión 462 define, entre otras materias, la
interconexión, así:
[…] Artículo 2.- Definiciones.
Para los efectos de la presente Decisión, se entiende por: […]
Interconexión: Todo enlace con los proveedores que suministran redes o
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones con objeto que los
usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de otro
proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro proveedor
respecto de los que se contraigan compromisos específicos. […]
196. Asimismo, la Decisión 462 en el Capítulo VIII36 regula la figura de la
interconexión y sus principios, indicando que la interconexión es obligatoria.
Además, debe realizarse en términos y condiciones que no sean discriminatorias
respectos de las especificaciones técnicas y los cargos, y, concedida en forma
oportuna. Frente a los cargos, señala que deben ser transparentes y razonables,
orientados a costos y que tengan en cuenta su viabilidad económica y «[e]stén lo
suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión
no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran
35
Artículo 1º de la Decisión 462 de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
36
Artículos 30 a 33 de la Decisión 462 de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina.
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para el suministro del servicio»37. con el fin de garantizar el acceso y utilización de
redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones.
197. Por su parte, la Resolución 432 de 2 de octubre de 2000, en adelante
Resolución 432, expedida por la Secretaria General de la Comunidad Andina 38,
aprobó las “[…] Normas Comunes sobre Interconexión […]”, con el objetivo de
«definir los conceptos básicos y obligaciones sobre las cuales se deben
desarrollar la interconexión que se realice en cada uno de los Países Miembros
de la Comunidad Andina»39. En su artículo segundo, dispuso que, para los efectos
de la aplicación de esta, rigen los términos y definiciones contenidos en los
Reglamentos adoptados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y
la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina.
198. El artículo 17 de la Resolución 432, respecto de los acuerdos de
interconexión, que éstos deberán contener cláusulas relativas a los siguientes
aspectos:
[…] Artículo 17.- Los acuerdos de interconexión suscritos entre los
operadores de redes públicas de telecomunicaciones y las ofertas básicas
de interconexión deberán contener cláusulas relativas a los siguientes
aspectos:
a) Los servicios a ser prestados mediante la interconexión.
b) Los procedimientos que serán utilizados para el intercambio de la
información necesaria, para el buen funcionamiento y control de la red
pública de telecomunicaciones o de los servicios de telecomunicaciones
para el mantenimiento de una calidad adecuada en los mismos.
c) Las medidas a tomar por cada una de las partes, para garantizar la
privacidad de las comunicaciones de los usuarios y de la información
manejada en las mismas, cualquiera sea su naturaleza y su forma.
d) Los procedimientos a seguir para el intercambio de cuentas, aprobación
de facturas, liquidación y pago de las mismas.
e) La duración del contrato y procedimientos para su renovación.
f) Los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con la
interconexión.
g) Las causales para la suspensión o terminación del Contrato de
Interconexión. […]
199. Ahora bien, el artículo 3240 de la Resolución 432, estableció que, para
la resolución de controversias surgidas del convenio de interconexión, en primer
37
Literal b) artículo 30 de la Decisión 462 de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina.
38
En la Interpretación Prejudicial se precisa: “[…] Este último fue sustituido mediante la Resolución 1922
de 18 de abril de 2017, la misma no afecta el análisis de la presente Interpretación Prejudicial. […]”.
39
Artículo 1º de la Resolución 432 de 2000 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de
Naciones.
40
Decisión 432. «Artículo 32.- Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico andino,
cualquier controversia que surja durante la ejecución de la interconexión se tratará de resolver entre las
partes. En el caso que éstas no logren un entendimiento que ponga fin a la controversia, la misma
deberá ser sometida a consideración de la Autoridad de Telecomunicaciones competente del país
donde se realiza la interconexión, por cualquiera de las partes. La Autoridad de Telecomunicaciones
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término, deberá ser resuelta entre las partes y en caso de no lograr entendimiento,
que ponga fin a la controversia, la misma «deberá ser sometida a consideración
de la Autoridad de Telecomunicaciones competente del país donde se realiza la
interconexión, por cualquiera de las partes».
200. En esa medida, pasa la Sala a realizar un recuento de las normas
internas sobre interconexión del servicio público de telecomunicaciones. Sea lo
primero indicar que el artículo 33441 de la Constitución Política habilita al Estado
para intervenir en la economía, por mandato de la ley, en los servicios públicos,
mientras que el artículo 365 superior señala que éstos son inherentes a la finalidad
social del Estado, siendo su deber asegurar su prestación eficiente. Los servicios
públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y, en todo caso, el
Estado mantendrá la regulación, control y la vigilancia de los mismos.
201. Por otra parte, la Ley 142 de 1994 «Por la cual se establece el régimen
de los servicios públicos domiciliarios», en su artículo 2º42 determinó que el Estado
intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia
establecidas en ella, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336 y 365 a
370 de la Constitución Política y establece los fines para los cuales se autoriza
dicha intervención, entre los que se encuentra, garantizar la calidad del bien objeto
del servicio público y la prestación eficiente del mismo.
202. En el artículo 3º43 de la Ley 142 de 1994 determina que constituyen
instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos, todas las
competente deberá decidir dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados
a partir de la recepción de la consulta. […]”
41
“[…] Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá,
por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción,
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar
la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal,
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades
y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad
fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado
Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario. […]”.
42
[…] ARTÍCULO 2o. INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS. El Estado
intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el
marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365, a 370 de la Constitución Política, para los
siguientes fines:
2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.
2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la
capacidad de pago de los usuarios.
2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y
saneamiento básico.
2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza
mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan.
2.5. Prestación eficiente.
2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante.
2.7. Obtención de economías de escala comprobables.
2.8. Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión
y fiscalización de su prestación.
2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los
preceptos de equidad y solidaridad.»
43
«ARTÍCULO 3O. INSTRUMENTOS DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL. Constituyen instrumentos
para la intervención estatal en los servicios públicos todas las atribuciones y funciones asignadas a las
entidades, autoridades y organismos de que trata esta Ley, especialmente las relativas a las siguientes
materias:
3.1. Promoción y apoyo a personas que presten los servicios públicos. […]
3.9. Respeto del principio de neutralidad, a fin de asegurar que no exista ninguna práctica discriminatoria
en la prestación de los servicios.
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atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de
que trata dicha ley, especialmente, las relativas a la regulación de la prestación de
éstos de manera eficiente y la definición del régimen tarifario. Además, establece
que todos los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en lo que no sea
incompatible con la Constitución o con la ley, estarán sometidos a las regulaciones
de las Comisiones.
203. En esa línea, el artículo 1144 ibidem relativo a la función social de la
propiedad en las entidades prestadoras de servicios públicos, indica que, entre las
obligaciones de éstas, se encuentran las de asegurar que el servicio se preste en
forma continua y eficiente y a «[f]acilitar el acceso e interconexión de otras
empresas o entidades que prestan servicios públicos, […]».
204. Adicionalmente, el artículo 6845 de la Ley 142 de 1994 señala que las
políticas generales y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios
serán establecidas por el Presidente de la República en cumplimiento del mandato
contenido en el artículo 370 de la Constitución Política, mientras que lo demás a
lo que se refiera esa ley, las ejercerá a través de la Comisiones de Regulación de
los servicios públicos, que, para el caso que ocupa la Sala es la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones – CRT, hoy Comisión de Regulación de
Comunicaciones - CRC.
205. Sobre la naturaleza jurídica de las comisiones de regulación y de los
actos que ésta profiera, esta Sección46 ha expresado:
[…] La Sala observa que las comisiones de regulación, en nuestro
ordenamiento jurídico, son unidades administrativas especiales,
sometidas al derecho público en su actuación administrativa y, por
ende, facultadas por el legislador a expedir actos administrativos en
ejercicio de sus funciones, tal y como lo ha advertido la Corte
Todas las decisiones de las autoridades en materia de servicios públicos deben fundarse en los motivos
que determina esta Ley; y los motivos que invoquen deben ser comprobables.
Todos los prestadores quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley,
a todo lo que esta Ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las
regulaciones de las comisiones, al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios
Públicos, y a las contribuciones para aquéllas y ésta.»
44
«ARTÍCULO 11. FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS. Para cumplir con la función social de la propiedad, pública o privada, las
entidades que presten servicios públicos tienen las siguientes obligaciones:
11.1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de la posición
dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a terceros.
[…]
11.6. Facilitar el acceso e interconexión de otras empresas o entidades que prestan servicios públicos,
o que sean grandes usuarios de ellos, a los bienes empleados para la organización y prestación de los
servicios. […]»
45
«ARTÍCULO 68. DELEGACIÓN DE FUNCIONES PRESIDENCIALES A LAS COMISIONES. El
Presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de
los servicios públicos domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, y de
los demás a los que se refiere esta Ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios
públicos, si decide delegarlas, en los términos de esta Ley.
Las normas de esta Ley que se refieren a las comisiones de regulación se aplicarán si el Presidente
resuelve delegar la función aludida; en caso contrario, el Presidente ejercerá las funciones que aquí se
atribuyen a las comisiones.»
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 6 de
septiembre de 2018. Radicación: 25000-23-24-000-2003-01005-02. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. Demandado: Nación – Ministerio de
Comunicaciones y Comisión de Regulación de Comunicaciones.
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Constitucional47 y esta misma Corporación en diversos pronunciamientos48.
(Resaltado de la Sala)
51. De esta forma, se ha reconocido por la jurisprudencia que la figura de las
comisiones de regulación no es homologa a lo que ocurre con sus similares en
otros países, como ocurre en Estados Unidos de Norte América con las agencias
independientes (independent agencies), por cuanto, estas últimas gozan de las
amplias competencias en la producción de normas que las nacionales no
ostentan, y de “competencias parajudiciales”, cuya intervención se trata de un
verdadero arbitraje, y se deja a libre voluntad de las partes la decisión de acudir
bien a estas instancias o a los tribunales o, como en Europa, donde dichas
autoridades son competentes para arbitrar en los conflictos que se puedan
suscitar entre operadores del sector.
52. Contrario de lo que ocurre en otras latitudes, en nuestro Estado, las comisiones
de regulación integran el sector central de la administración pública como
unidades administrativas especiales sin personería jurídica, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 14249. […]
206. Ahora, respecto de las funciones y facultades generales de las
Comisiones de Regulación, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, determinó:
[…] Artículo 73. Funciones y facultades generales. Las comisiones de
regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de
los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y,
en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten
servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los
competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abusos de la
posición dominante, y produzcan servicios de calidad. Para ello tendrá las
siguientes funciones y facultades especiales:
[…]
73.8. Resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que
surjan entre empresas, por razón de los contratos o servidumbres que
existan entre ellas y que no corresponda decidir a otras autoridades
administrativas. La resolución que se adopte estará sujeta al control
jurisdiccional de legalidad.
[…]
73.22. Establecer los requisitos generales a los que deben someterse
las empresas de servicios públicos para utilizar las redes existentes y
acceder a las redes públicas de interconexión; así mismo, establecer
las fórmulas tarifarias para cobrar por el transporte e interconexión a
las redes, de acuerdo con las reglas de esta Ley.[…] (Subrayado y resaltado
de la Sala)
47
V. gr. Corte Constitucional, Sentencia C-1162 de 6 de septiembre de 2000, expediente núm. D-2863,
Magistrado ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
48
V. gr. Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 27 de marzo de 2008, núm. único de
radicación: 11001-03-26-000-2007-00010-01, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Consejo
de Estado, Sección Quinta, sentencia 24 de julio de 2003, núm. único de radicación: 25000-23-25-000-
2003-0821-01(AC), Consejera Ponente: María Nohemí Hernández Pinzón.
49
“[…] Artículo 69. Organización y naturaleza. Créanse como unidades administrativas especiales, con
independencia administrativa, técnica y patrimonial, y adscritas al respectivo ministerio, las siguientes
Comisiones de regulación:
69.1. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, adscrita al Ministerio de
Desarrollo Económico.
69.2. Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
69.3. Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio de Comunicaciones.[…]”
(Destacados de la Sala)
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207. La citada ley, asignó especiales facultades a la CRT en el artículo 74,
numeral 74.3, literales b) y c), del siguiente tenor:
Artículo 74. Funciones especiales de las comisiones de regulación. Con
sujeción a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones que la
complementen, serán además, funciones y facultades especiales de cada
una de las comisiones de regulación las siguientes:
[…]
74.3. De la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones:
a) Promover la competencia en el sector de las telecomunicaciones, y
proponer o adoptar las medidas necesarias para impedir abusos de posición
dominante, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales
según la posición de las empresas en el mercado.
b) Resolver los conflictos que se presenten entre operadores en
aquellos casos en los que se requiera la intervención de las
autoridades para garantizar los principios de libre y leal competencia
en el sector y de eficiencia en el servicio.
c) Establecer los requisitos generales a que deben someterse los
operadores de servicios de telefonía básica de larga distancia nacional e
internacional para ejercer el derecho a utilizar las redes de
telecomunicaciones del estado; así mismo, fijar los cargos de acceso y
de interconexión a estas redes, de acuerdo con las reglas sobre tarifas
previstas en esta Ley. […] (Resaltado de la Sala)
208. Frente a la constitucionalidad de los artículos 73 (numerales 73.8 y 73.9)
y el artículo 74 (numeral 74.3, literal b), de la Ley 142 de 1994, la Corte
Constitucional en sentencia C-1120 de 200550 los declaró exequibles, con base en
las siguientes consideraciones:
[…] 9. Del examen de las funciones de resolución de conflictos entre las
empresas de servicios públicos domiciliarios, a cargo de las Comisiones de
Regulación, de que tratan las normas demandadas, resulta que:
[…]
ii) Por otra parte, las decisiones que deben adoptar las Comisiones de
Regulación en la solución de los mencionados conflictos tienen
carácter de actos administrativos que ponen fin a la actuación
administrativa y están sometidas al control de legalidad por parte de la
jurisdicción, como expresamente lo señalan los numerales acusados
73.8 y 73.9 del Art. 73 de la Ley 142 de 1994, y aunque en el Art. 74,
Num. 74.3, Lit. b), de la misma ley no se hace el mismo señalamiento,
debe entenderse así conforme a las reglas generales contenidas en el
Código Contencioso Administrativo.
De lo anterior se concluye que las funciones de resolución de conflictos
de que tratan las normas acusadas son de naturaleza administrativa,
no sólo desde el punto de vista formal u orgánico sino también
material, y por ende no son de naturaleza judicial. Esta actividad de la
Administración Pública o de órganos administrativos corresponde a la
denominada función arbitral de los mismos, en cuyo ejercicio actúan como
50
Corte Constitucional, Sentencia 1120 de 1° de noviembre de 2005, M.P.: Jaime Araujo Rentería.
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árbitros de los conflictos entre particulares o entre éstos y otro órgano
administrativo.
Por consiguiente, los apartes normativos impugnados no establecen un
trato diferente entre las empresas de servicios públicos domiciliarios y
las demás personas, respecto de la administración de justicia, por no
ser los conflictos entre las primeras objeto de una decisión judicial,
sino de una decisión administrativa reguladora de la prestación de
dichos servicios. Ello significa que el trato otorgado por el legislador a
dichas empresas en relación con la resolución de los mencionados conflictos
es distinto porque su situación es distinta de la de las personas que no
prestan esos servicios, por lo cual no es procedente efectuar el examen de
igualdad conforme a la jurisprudencia constitucional.
En este orden de ideas, tales disposiciones no vulneran tampoco el principio
del juez natural, que forma parte integrante del principio del debido proceso
judicial, ni el derecho de acceso a la administración de justicia. […]
(Resaltado de la Sala)
209. En el mismo sentido, la Ley 555 de 200051, en el artículo 14, frente al
régimen de interconexión, acceso y uso de las redes de telecomunicaciones,
específicamente determina la obligación de todos los operadores de
telecomunicaciones de permitir «la interconexión de sus redes y el acceso y uso
a sus instalaciones esenciales a cualquier otro operador de telecomunicaciones
que lo solicite, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por
la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones». Determina el artículo
que tal obligación se establece con el propósito de asegurar los objetivos de: a)
Trato no discriminatorio; b) Transparencia; c) Precios basados en costos más una
utilidad razonable; y, d) Promoción de la libre y leal competencia.
210. Por su parte, el numeral 39.452 del artículo 39 de la Ley 142 de 1994
establece que el contrato de interconexión en servicios públicos es un contrato
que se rige por el derecho privado, pero debe advertirse que dicho contrato al
tener un carácter especial, habrá de interpretarse de manera integral con los
artículos de esa ley que hacen referencia a la obligatoriedad de la interconexión
entre operadores, a su sujeción a la regulación y a las facultades otorgadas a la
comisión para, entre otras, establecer los peajes o cargos de acceso. Así las
cosas, si bien dichos contratos se rigen por el derecho privado, no gozan
enteramente de las características propias de absoluta disposición por las partes
e inmutabilidad.
211. Así lo determinó esta Sección53, en un asunto similar, en el que
estableció que si bien dichos contratos, por mandato legal, se rigen por regla
51
«Por la cual se regula la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS y se dictan otras
disposiciones»
52
“ARTÍCULO 39. CONTRATOS ESPECIALES. Para los efectos de la gestión de los servicios públicos
se autoriza la celebración, entre otros, de los siguientes contratos especiales: […]
39.4. Contratos en virtud de los cuales dos o más entidades prestadoras de servicios públicos o éstas
con grandes proveedores o usuarios, regulan el acceso compartido o de interconexión de bienes
indispensables para la prestación de servicios públicos, mediante el pago de remuneración o peaje
razonable.
Este contrato puede celebrarse también entre una empresa de servicios públicos y cualquiera de sus
grandes proveedores o usuarios.
Si las partes no se convienen, en virtud de esta Ley la comisión de regulación podrá imponer una
servidumbre de acceso o de interconexión a quien tenga el uso del bien.[…]”
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia 19 de
febrero de 2015, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2002-00194-01, C.P.: María Claudia Rojas
Lasso.
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general por el derecho privado, «por mandato expreso del legislador están
exceptuados del régimen general del derecho privado en virtud de la intervención
del Estado en la economía, especialmente en el campo de los servicios públicos,
por lo cual no se genera la inmutabilidad propia de los contratos en el derecho
privado». En esa oportunidad, la Sección en esa línea señaló:
[…] Por consiguiente, el marco general del régimen de la interconexión
forma parte de la ley del contrato, pues corresponde a aspectos que son de
la misma naturaleza de este contrato especial, por lo que los contratos que
celebran los operadores de los servicios de telecomunicaciones para regular
las condiciones de interconexión, en virtud del ordenamiento jurídico, no
solo se gobiernan por el derecho privado sino que corresponden en su
naturaleza al régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios.
En consecuencia, las partes del contrato de interconexión, no solo están
ligadas por lo que han pactado, sino por lo que se deriva de la
naturaleza de estos contratos especiales, en la medida en que la
disponibilidad de las partes contratantes depende no solamente de su
voluntad sino de su naturaleza y del marco jurídico del acuerdo, que
debe establecer la previa existencia de limitaciones a la capacidad
negocial de los contratantes y de eventuales posibilidades de
alteración de las condiciones pactadas en los mismos.
Corolario de lo expuesto es que si bien la relación contractual regula
derechos y obligaciones particulares de los operadores, que se rigen
particularmente por el derecho privado, la interconexión se ha
considerado dentro del marco jurídico que rige este tipo de contratos
como indispensable en garantía de los principios de interés general
con efectos directos e inmediatos en la prestación del servicio y en el
costo de los usuarios. […] (Destacado de la Sala).
212. Cabe resaltar que esta Sección, en sentencias de 16 de marzo de
201254, 24 de mayo55 y 19 de julio56 de 2018, criterio jurisprudencial reiterado en
la sentencia de 6 de septiembre de 201857, determinó que el contrato de
interconexión «no es un contrato de disposición de bienes propios, sino que de
por medio está la garantía del servicio público de comunicaciones, en especial, la
regulación especializada» expedida por la CRT, en ejercicio de sus funciones
reglamentarias técnicas, en materia de cobros por interconexión para el servicio
de TPBLC. En esa medida, «se restringe la libertad negocial de los operadores
para pactar libremente el valor de dicho cobro y, por ente, las metodologías o
fórmulas aplicables para establecer el respectivo valor», asunto sobre el que la
Sala se pronunciará en mayor profundidad en el análisis del segundo cargo.
54
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia 16 de marzo de 2012, núm. 25000-23-24-000-00811-
01, Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 24 de
mayo de 2018. Radicación: 25000-23-24-000-2004-00684-01. C.P.: Hernando Sánchez Sánchez,
Actor: Empresa de Telecomunicaciones del Llano S.A. E.S.P., ETELL S.A. E.S.P. Demandado:
Comisión de Regulación de Comunicaciones.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de julio
de 2018. Radicación: 25000-23-24-000-2005-001152-01. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez. Actor:
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. Demandado: Nación – Ministerio de
Comunicaciones y Comisión de Regulación de Comunicaciones.
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 6 de
septiembre de 2018. Radicación: 25000-23-24-000-2003-01005-02. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. Demandado: Nación – Ministerio de
Comunicaciones y Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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48
Radicado: 25000 23 24 000 2006 00328 01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
S.A. - ETB - E.S.P.
213. Así las cosas, de las normas referidas y de la jurisprudencia citada, la
Sala concluye que no cabe duda de que, en el ordenamiento jurídico vigente al
momento de la expedición de los actos demandados, la CRT ostentaba plenas
facultades para, en ejercicio de sus funciones regulatorias, adelantar las
actuaciones administrativas para dirimir los conflictos que surgieran entre
personas prestadoras de servicios de telecomunicaciones derivados de los
contratos de interconexión firmados entre éstas, entre otros temas, en los relativos
a establecer los cargos de interconexión.
214. De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que el motivo de
inconformidad en análisis no prospera”.
Ahora bien, debe la Sala señalar la importancia que para el caso tiene que el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina haya reiterado la posición a la que se alude en la
anotada posición jurisprudencial, en la interpretación que fuera rendida en el caso bajo
examen cuando indicó:
“2. La autoridad nacional competente para resolver conflictos de
interconexión. La protección de la libre competencia y los servicios de
telecomunicaciones.
2.1. En el proceso interno, E.T.B. en su demanda ha argumentado la falta de
competencia de la CRT para resolver el conflicto entre ETB y ORBITEL, puesto
que el mismo es de naturaleza contractual por la falta de acuerdo en la cantidad
de enlaces, el cual se debió resolver aplicando el índice de bloque acordado en el
contrato para efectos de dimensionamiento de la interconexión;
consecuentemente, se estima pertinente determinar cuál es la autoridad
competente para resolver conflictos derivados de los acuerdos de interconexión en
el caso de desacuerdo entre las partes.
2.2. En primer lugar. debe tenerse presente que de conformidad con lo establecido
en el Artículo 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, si un
proveedor que solicita una interconexión considera que es objeto de actuaciones
que violan las normas o los principios de interconexión o de la libre competencia,
recurrirá ante las Autoridades Nacionales respectivas de la materia que se trate,
las cuales resolverán de acuerdo con su normativa nacional.
2.3.Queda claro, a partir de dicho artículo, que las actuaciones que impliquen
violaciones de las normas o los principios de interconexión, así como las
violaciones a la libre competencia. son de competencia de las autoridades
nacionales respectivas. Y esto es así porque corresponde a las autoridades
administrativas competentes salvaguardar, mediante el ejercicio de sus potestades
públicas, las normas y principio de orden público y la protección de los intereses
generales.
2.4. El literal f) del artículo 17 de la Resolución 432 establece que tanto los
Acuerdos de Interconexión Negociados como las Ofertas Básicas de Interconexión
deben contener una cláusula relativa a los mecanismos para la resolución de
controversias relacionadas con la interconexión.
2.5. De esta manera, el Tribunal modula su jurisprudencia anterior
manifestando que, si en la relación contractual surgen controversias
relacionadas con derechos disponibles o de libre disponibilidad, como
aquellos que pueden ser objeto de renuncia, cesión, modificación o
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extinción, debidamente permitidos por la ley y conforme a la voluntad de las
partes podrán resolverlas mediante los mecanismos de solución de
controversias previstos en el contrato y aprobados por la autoridad
competente, de conformidad con el literal f) del Artículo 17 de la Resolución
432, entre ellos el arbitraje.
2.6. En cambio, las controversias relacionadas con derechos no disponibles,
como las materias de orden público, derecho de imperio del Estado y las,
potestades regulatorias de la Autoridad de Telecomunicaciones, no pueden
ser materia de arbitraje, por lo que, ellas tendrán que ser resueltas por la
autoridad administrativa nacional competente.
2.7. En conclusión, la normativa comunitaria confiere a la autoridad
competente una línea coherente de regulación en el sector de las
telecomunicaciones, lo que implica armonía en todos los aspectos, inclusive
en la solución de conflictos.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal
Consultante al resolver el Proceso Interno 2006-00328, que deberá adoptarla al
emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron
de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del
Estatuto del Tribunal”58. (Subrayas del original y negritas de la Sala).
Así, en el contexto que se ha mencionado, es menester revocar la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pues la CRC sí tiene competencia para la emisión
de los actos administrativos que se impugnan en esta sede, conclusión que permite
despachar de manera desfavorable lo expuesto también en ese sentido cuando se
invocó la vulneración del artículo 4.4.12 de la Resolución 575 de 2002, que desarrolla
el literal b) del artículo 74.3 de la Ley 142 de 1994, y los artículos 106 a 115 de la Ley
142 de 1994.
Tal conclusión en nada se enerva con la sentencia de tutela a que alude el Tribunal,
como sustento de su decisión, emitida por la Sección Quinta de esta Corporación59,
por dos (2) razones: la primera, porque la misma fue objeto de revisión por la Corte
Constitucional en el fallo T-178 del 3 de marzo de 2004, siendo revocada y acogiendo
para ese efecto los argumentos esgrimidos en la providencia T-088 del 5 de febrero
de esa anualidad60, en el sentido de confirmar las decisiones mediante las cuales se
58
Folios 294 y 295 del Cuaderno número 2.
59
Consejo de Estado. Sección Quinta. Fallo del 4 de septiembre de 2003. Proceso número: 05001 23
31 000 2003 01750 01. M.P. María Nohemí Hernández Pinzón.
60
En la parte considerativa se dejó dicho:
“La Sala advierte que de la secuencia fáctica acaecida se infieren dos controversias. Una, la surgida
entre ETELL y ORBITEL. Otra, la planteada por ETELL contra la CRT.
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La primera controversia tiene como génesis el contrato de acceso, uso e interconexión de redes de
telecomunicaciones suscrito entre ETELL y ORBITEL. Esta controversia surge por la pretensión de una
de las partes de modificar el sistema de pago del servicio de interconexión, pretensión que apoya en la
expedición de una resolución de la CRT posterior a la suscripción del contrato. Como la otra parte no
aceptó esa solicitud sino que ofreció adelantar negociaciones tendientes al logro de un acuerdo, ETELL
acudió ante la CRT, organismo al que se le había reconocido legitimidad para intervenir como instancia
de mediación en los conflictos surgidos con ocasión del contrato. Para la Sala es claro que la controversia remitía a la pretensión de una de las partes de alterar una
cláusula contractual a instancias de un acto administrativo proferido por la institución reguladora del
servicio de telecomunicaciones. Tratándose de una controversia contractual, debía someterse al
procedimiento acordado por las partes para la solución de conflictos: Comité mixto de interconexión,
representantes legales, la mediación de la CRT, centro de conciliación o tribunal de arbitramento.
(…)
5. La segunda controversia fue la suscitada entre la CRT y ETELL. Ésta surgió ante la actitud asumida
por esa entidad con ocasión de la solicitud instaurada por ORBITEL. Para ETELL, la CRT no tenía
competencia alguna para conocer de esa actuación. Se trataba de una entidad administrativa que no
podía asumir el conocimiento de controversias contractuales. Al hacerlo, estaba desconociendo su
índole de ámbito especializado de la administración pública y estaba ejerciendo funciones
jurisdiccionales. La Sala advierte que ETELL contaba y cuenta con serios elementos de juicio para promover esta
controversia: Es discutible que una entidad que está llamada a cumplir funciones administrativas, se
halle legitimada para avocar el conocimiento de una controversia contractual derivada de la pretensión
de una de las partes de variar las cláusulas de un contrato con base en un acto administrativo proferido
con posterioridad a la suscripción de aquél. Reflexiónese en esto: Si la regulación de los monopolios y la promoción de la competencia entre las
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios comprendiera la solución de controversias
contractuales, susceptibles de alterar las condiciones económicas de los contratos suscritos por
aquellas; se impondría concluir que la solución de estas controversias es privativa de la administración
y que está excluida de la rama judicial del poder público. No obstante, esto no es cierto pues razones
de índole constitucional y legal desvirtúan esa connotación de las funciones de inspección y vigilancia
que le asisten a la administración en ese ámbito y reafirman la competencia de la jurisdicción para
asumir el conocimiento de controversias contractuales. 6. No obstante lo expuesto, en su momento se imponía una reflexión sobre el espacio institucional en
el que debía cuestionar ese proceder de la CRT. En efecto, se estaba ante una actuación de la
administración desatada con base en la solicitud formulada por quien era parte en un contrato y tal
actuación se cuestionaba dado que no existía norma legal alguna que radicara en ese organismo la
competencia para conocer de ella. Es decir, se trataba de cuestionar la legalidad de una actuación de
la administración pública y bien se sabe que los actos administrativos son cuestionables ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, ETELL debió ejercer las acciones
correspondientes ante esa jurisdicción pues ellas constituían el mecanismo idóneo para la protección
de sus derechos. Ellas le permitían cuestionar la legalidad de los actos de trámite y de la decisión
tomada por la CRT e incluso pretender el restablecimiento de los derechos en caso de estimar que ellos
le habían sido vulnerados.
Existiendo una jurisdicción especializada en controversias suscitadas con ocasión del cuestionamiento
de la legalidad de un acto de la administración, debía acudirse a ella y no a la jurisdicción constitucional
por vía de la acción de tutela. Ello es así porque ésta comporta un mecanismo excepcional de
protección de los derechos humanos fundamentales. Su finalidad no se orienta a sustraer las
controversias de los legítimos espacios de decisión previstos en otros ámbitos del sistema jurídico. Ni
esa fue la pretensión del constituyente, ni tampoco los jueces constitucionales pueden atribuirle ese
alcance. De allí que la única posibilidad con la que ETELL podía pretender el amparo constitucional de los
derechos fundamentales que esgrimía como vulnerados, era planteando la necesidad de evitar un
perjuicio irremediable pues únicamente en estos casos el juez constitucional está habilitado para brindar
protección a tales derechos de manera transitoria, hasta tanto los jueces competentes emitan una
decisión definitiva. Sin embargo, ni tal perjuicio fue planteado por ETELL, ni se advierte tampoco que
como consecuencia de la actuación de la CRT haya surgido esa necesidad ineludible. En consecuencia, no puede haber lugar a la tutela de manera definitiva, pues la actuación administrativa
a la que se imputa la vulneración de derechos fundamentales es cuestionable ante otra
jurisdicción. Tampoco puede haber lugar al amparo como mecanismo transitorio, pues nada indica que
la Sala se halle ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. Las razones expuestas son suficientes para denegar el amparo invocado, motivo por el cual se
confirmará la sentencia de segunda instancia y se revocará la de primera”. (Subrayas de la Sala).
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declaró improcedente la acción impetrada; decisión ésta que debía ser conocida por
al a quo, pues fueron proferidas de manera previa a la expedición del fallo que se
recurre (14 de julio de 2011).
La segunda, porque, de haber sido revisadas las providencias que expidió la Corte, se
hubiese percatado que el problema resuelto en los citados procesos, se contrajo a
determinar si era procedente la mencionada acción para lograr la protección del
derecho al debido proceso que se estimaba vulnerado por la CRT a un operador de
telecomunicaciones, cuando dicha entidad adelantó una actuación administrativa
tendiente a dirimir una controversia formulada por otro operador relacionada con las
condiciones de cumplimiento de un contrato de acceso e interconexión de redes.
La manera en que se resolvió tal litigio, en su ratio decidendi, como ya se señaló, fue
la de indicar que el proceso adelantado en ejercicio de la acción prevista en el artículo
86 Superior, no era el escenario judicial pertinente para ventilar esas discusiones,
dados los pactos en materia contractual que podrían ser ventilados en los Tribunales
de Arbitramento o los relacionados con los actos administrativos que pudieran
expedirse, los cuales cuentan con el control respectivo en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Bajo tales premisas, lo dicho a manera de obiter dicta, que, por demás, no definía la
problemática que le fue puesta de presente a la Corte, no podía válidamente servir de
sustento para desatar una controversia que, como bien lo reconoce el Máximo Tribunal
Constitucional, debía ser dirimido por el juez especializado, como en efecto lo ha hecho
y lo lleva a cabo en este momento.
En ese orden, resta por desatar el cargo de falta de competencia temporal que se
expuso como subsidiario del anterior y del consecuente silencio negativo que aduce la
actora haberse configurado, así como el referido a la revocatoria tácita de las
Resoluciones 632 y 756 de 2003 sin el consentimiento que ordena el artículo 71 del
CCA, dado que el Tribunal omitió su estudio en la sentencia recurrida, circunstancia
que, para este caso, impone a la Sala acometerlos, habida cuenta de que el Juzgador
de Primera Instancia se pronunció sobre la prosperidad de las pretensiones (objeto del
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proceso), no existió un fallo inhibitorio61, tampoco se dejó de resolver sobre una
demanda de reconvención o un proceso acumulado62 y adicionalmente, la parte
perjudicada con esa omisión (ETB en este caso), apeló lo resuelto por el juez de
primera instancia.
Sobre este último punto, es pertinente destacar que los artículos 287, 32063 y 32864 del
CGP, habilitan al juez de segunda instancia para emitir sentencia complementaria
respecto de los cargos que no fueron analizados por el a quo, pues, se reitera, la parte
perjudicada con lo resuelto por este la apeló, permitiendo así el análisis de la totalidad
del litigio.
7.5. De la competencia temporal
7.5.1. Las partes coinciden en que la entidad accionada superó el límite de tiempo
para resolver la solicitud que elevara Orbitel, cualquiera que fuere la normativa
61
La Sección Primera ha expuesto que, cuando quiera que se emita una decisión inhibitoria en primera
instancia y la misma sea revocada en segunda al advertirse que tal conclusión no era acertada, es
procedente la devolución del proceso al Juez de conocimiento, habida cuenta de que no se ha resuelto
sobre las pretensiones, lo cual evidencia una violación del derecho de acceso a la administración de
justicia y debido proceso. Sobre tal consideración resulta oportuno ver entre otras las siguientes
providencias: Sentencia del 23 de enero de 2014, proferida en el proceso con radicado núm. 2006-
00652-01, C.P. María Elizabeth García González y fallo del 13 de noviembre de 2014. Proceso radicado
número: 0551 23 31 000 2001 90172 01. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala.
62
“Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la
litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento,
deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a
solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte
perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de
un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte
presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá
recurrirse también la providencia principal.” (Subrayas de la Sala).
63
“Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”.
64
“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
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aplicable para ese fin, a saber: el artículo 32 de la Resolución 432 de 2000 de la
Secretaría General de la Comunidad Andina (45 días calendario), artículo 11 de la Ley
142 de 1994 (5 meses), o el artículo 40 del CCA (3 meses).
Sin embargo, disienten en cuanto a que tal circunstancia conduzca a la pérdida de
competencia de la CRC para la adopción de las decisiones que se acusan, estas son,
las Resoluciones 1305 y 1375 las dos de 2005, y que por ello operó el silencio
administrativo negativo.
En esa medida, se definirá si la CRC ha perdido competencia para pronunciarse sobre
el conflicto que suscitó un operador de telecomunicaciones sobre las condiciones de
la interconexión con otro operador, si la autoridad administrativa no expidió la decisión
que resolvía tal petición dentro del término que prevé el orden jurídico para ese fin y
por ende operó el silencio administrativo negativo.
7.5.2. Tal cuestión conduce a indicar que, tal y como lo estableció la Sala en las
sentencias que se han referido, la actuación que se discute es de tipo administrativo y
regulatorio, y responde a las normas que gobiernan la expedición del tipo de actos
administrativos que se cuestionan; estas son, las establecidas en los artículos 106 y
siguientes de la Ley 142 de 1994, específicamente el artículo 111, que a la letra dice:
“Artículo 111. Oportunidad para decidir. La decisión que ponga fin a las
actuaciones administrativas deberá tomarse dentro de los cinco meses siguientes
al día en el que se haya hecho la primera de las citaciones o publicaciones de que
trata el artículo 108 de la presente Ley”. (Subrayas de la Sala).
A su turno, el artículo 108 fija la siguiente regla:
“Artículo 108. Período probatorio. Dentro del mes siguiente al día en que se haga
la primera de las citaciones y publicaciones, y habiendo oído a los interesados, si
existen diferencias de información o de apreciación sobre aspectos que requieren
conocimientos especializados, la autoridad decretará las pruebas a que haya
lugar.”
Pues bien, la actuación administrativa que se ventilaba correspondía a la de un
conflicto de interconexión entre Orbitel y ETB, que fue definida en la Resolución 1305
del 29 de septiembre de 2005, es decir, cinco (5) meses y veintidós (22) días después
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de haberse radicado la petición por parte de la primera empresa (7 de abril de 2005)65
y transcurridos cinco (5) meses y ocho días (8) desde que se efectuó la primera citación
(15 de abril de 2005)66.
Ahora, sobre la posibilidad de perder competencia para expedir una decisión en una
actuación administrativa por haber expirado el término previsto legalmente para ello,
la Ley 142 de 1994 no dispuso ninguna consecuencia, circunstancia que, por mandato
del artículo 1 del CCA67, hace que sea este el estatuto que debe aplicarse.
Siendo ello así, es menester dar cuenta del desarrollo que ha efectuado al Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo de las disposiciones sobre la materia, criterio que ha
sido uniforme, pacífico y reiterado:
“De la normatividad en cita se puede concluir que la competencia de la
Administración para resolver la petición inicial sólo se pierde cuando el
administrado, una vez configurado el silencio administrativo por el transcurso de
los tres meses, acude ante la Jurisdicción para lograr la nulidad del acto ficto
negativo.
En relación con el momento a partir del cual se entiende que el administrado acude
a la jurisdicción, el Consejo de Estado, en sentencia de 17 de junio de 2004, Rad.
No. 13272, M.P. Dr. Juan Angel Palacio, determinó lo siguiente:
“En efecto, el hecho de que la pretensión sea fundada o infundada no
afecta el derecho de acudir a la jurisdicción en ejercicio de una acción,
no es una limitante para poner en movimiento el aparato judicial y con
su ejercicio se da inicio a un proceso que ha de culminar con una
sentencia en la que posiblemente se declare el derecho material que
asiste al demandante.
Bajo este contexto es que debe interpretarse la limitación en el término
indefinido de la competencia de la administración para resolver los
recursos cuando ha operado el silencio administrativo negativo. En
65
Folio 79 del Cuaderno del Tribunal.
66
Ibídem.
67
“Artículo 1o. Campo de aplicación. Las normas de esta parte primera del código se aplicarán a los
órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del Poder Público en todos los órdenes, a las
entidades descentralizadas, a la Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público, a la Contraloría
General de la República y contralorías regionales, a la Corte Electoral y a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, así como a las entidades privadas, cuando unos y otras cumplan funciones administrativas.
Para los efectos de este Código, a todos ellos se les dará el nombre genérico de "autoridades".
Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas; en lo no
previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles.
Estas normas no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza,
requieren decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar una perturbación de orden público
en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de personas y
cosas.
Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción”. (Subrayas de la Sala).
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este punto la jurisprudencia del Consejo de Estado68 ha sido reiterativa
en considerar que una vez se ha demandado y se ha trabado la litis con
la notificación del auto admisorio de la demanda, la administración ha
perdido competencia para resolver los recursos, pues solo hasta ese
momento es que la administración tiene conocimiento de que el
particular ha acudido a la jurisdicción.”.
En sentencia de 15 de junio de 2006, Rad. No. 8406-05, M.P. Dr. Jesús María
Lemos, aclaró que cuando la administración profiere acto expreso negando la
petición inicial no puede someterse al administrado a corregir la demanda para
demandar dicho acto sino que se entenderá que la entidad perdió su competencia
a partir del momento de interposición de la demanda. La providencia en cita
concluyó:
“Además, conforme a lo expuesto, la decisión expresa de la
administración sería válida en la medida en que el interesado adicione
la demanda controvirtiéndola pues, se insiste, la facultad de demandar
un acto ficto negativo es una garantía legal del administrado, que es
quien puede definir si controvierte el acto expreso o si deja la demanda
inicialmente interpuesta contra la decisión presunta. Como ya hay una
decisión negativa presunta, exigirle demandar la decisión negativa
expresa equivaldría a obligarlo a demandar doblemente la misma
decisión.
Si el actor decide no demandar el acto expreso negativo sino continuar
la acción contra el acto presunto negativo debe considerarse que el
acto expreso carece de valor no sólo por corresponder exactamente al
acto presunto sino porque fue expedido sin fundamento legal al haber
desaparecido su sustento jurídico (artículo 66 del C.C.A.) ya que la
autoridad lo profirió sin tener competencia para ello, lo que genera su
decaimiento.”.”69
Así las cosas, para determinar si existió pérdida de competencia temporal, debe
entonces establecerse si se configuró en el caso el silencio negativo y una vez
verificado ello, precisar si primero se expidió el auto admisorio de la demanda sin que
se hubiera resuelto la petición.
7.5.3. Pues bien, lo que se observa es que, siendo Orbitel quien promovió la actuación
ante la CRC, y habiendo superado ésta el periodo para resolver esa solicitud en la
manera en que quedó explicado, contra la citada decisión, tanto esa empresa (13 de
octubre de 2005) como ETB (12 de octubre de 2005), interpusieron recurso de
reposición, siéndole resuelto el 30 de noviembre de 2005 mediante Resolución 1375,
y notificada a esta última el 16 de diciembre de 200570; lo que, a las voces del artículo
68
Entre otros, Auto de fecha 13 de junio de 1997, Exp. 12156, Sección Tercera; y Sentencias de fechas
9 de abril de 1992, Exp. 825-1320 Sección Primera, 5 de diciembre de 1994, Exp. 5810 y 13 de febrero
de 2003, Exp. 12765, Sección Cuarta.
69
Consejo de Estado. Sección Segunda. Fallo del 12 de febrero de 2009. Proceso número 88001 23 31
200 100089 02 (4410-05). M-P- Bertha Lucía Ramírez de Paez.
70
Folio 103 vuelto.
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60 ibidem, hace que no se produzca el fenómeno ficto que invoca en esta sede la
accionante.
La norma a que se alude es del siguiente tenor:
“Artículo 60. Silencio administrativo. Transcurrido un plazo de dos (2) meses,
contado a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin
que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión
en negativa.
El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1o., no exime
a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se haya
acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo”. (Subrayas de la
Sala),
Ahora, asevera ETB que el auto admisorio del proceso de la referencia fue expedido
antes de haberse notificado la decisión que definió el procedimiento administrativo, lo
que no se corresponde con la realidad del proceso, pues el auto admisorio fue emitido
el 27 de noviembre de 2006, es decir, cuando ya se había notificado la Resolución
1305 del 29 de septiembre de 2005 y la 1375 del 30 de noviembre de ese año.
Bajo tal perspectiva, no encuentra la Sala ningún argumento que conduzca a estimar
el razonamiento que sobre este punto expresó ETB, pues la CRC no perdió
competencia temporal en la expedición de los actos que se cuestionan, como quiera
que el auto admisorio de la presente demanda se expidió luego de haber notificado los
actos que se impugnan, y tampoco operó el silencio negativo.
Tal consideración haría también que se desestime el reparo que elevó la recurrente
cuando indicó que se vulneraba el principio de confianza legítima, manifestando al
respecto que, desde el vencimiento de los términos legales para decidir la petición,
Orbitel S.A. E.S.P. ya tenía configurada a su favor una situación jurídica particular y
concreta, producto del acto ficto que denegó tal solicitud. Ello, porque parte de la
premisa de haberse configurado tal fenómeno que, como ya se señaló, no tuvo lugar
en el presente caso. Lo propio se concluye de la inconformidad centrada en que la
CRC estaba favoreciendo ilegítimamente a Orbitel, pues lo cierto es que la autoridad
regulatoria ostentaba en todo caso competencia para resolver la petición hasta antes
de la notificación del auto admisorio.
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7.6. Revocatoria directa
Manifestó la accionante que eran nulos, por falta de competencia, los actos
administrativos que habían resuelto un conflicto de interconexión entre dos operadores
de telecomunicaciones, si a través de ellos se había revocado sin su consentimiento y
sin indicar las causales que se requieren para el efecto, unos actos que habían resuelto
de manera previa una situación semejante a la que fue objeto de análisis en los que
ahora reprocha.
Sobre el particular, las partes presentan desacuerdo en el fundamento del problema
que se propone, toda vez que indican que no es cierto que los actos que se expidieron
de manera previa a la actuación administrativa que aquí se enjuicia (resoluciones 632
y 756 las dos de 2003), se hayan referido al mismo conflicto.
En ese entendido, tendrá la Sala que diferenciar cuál fue el objeto de las dos
actuaciones, a fin de determinar si se violó lo dispuesto en los artículos 69 y siguientes
del CCA, y por ende la CRC no tenía competencia para proferir las decisiones que se
censuran en el asunto bajo examen.
En efecto, revisadas la Resoluciones 632 y 756 las dos de 2003, lo que se extrae es
que la CRC dirimió el conflicto tendiente a permitir que Orbitel se acogiera al cargo de
acceso por capacidad y no por minuto, lo que suponía la determinación del número de
enlaces, para lo que se produjo el estudio de tráfico de los años 2000, 2001 y 2002.
Así lo concluyó la primera de las anotadas decisiones:
“Como lo ha indicado la CRT en varias oportunidades, el porcentaje de bloqueo
medio del 1% consagrado en la Resolución CRT 463 de 2001, constituye
solamente un piso de calidad. Dicho piso de calidad está referido a la interconexión
en su conjunto y no a cada enlace.
En efecto, en la mencionada Resolución se establecen que “…el operador
interconectante podrá exigir que se mantenga activados los enlaces necesarios
para cumplir con el nivel mínimo de calidad del 1% del bloqueo medio, incluso en
hora pico”
Teniendo en cuenta lo anterior, al optar por el esquema de cargos de acceso por
capacidad, el operador se encuentra en la posibilidad de exigir que se activen todos
los enlaces necesarios para que la interconexión tenga, al menos, el 1% de
bloqueo medio, inclusive para aquellas horas de mayor tráfico.
Así las cosas, la calidad no se mide frente a cada uno de los enlaces dispuestos
para soportar la interconexión, sino respecto de funcionamiento de la interconexión
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como un todo. Interpretarlo de otra manera, sería tanto como asumir que por el
hecho de adquirir un número mayor de enlaces – que por el simple hecho de
involucrarlo en la interconexión, le otorga un mejor grado de calidad-, a éstos debe
reconocérseles un mayor valor, adicional al ya reconocido por el mayor número de
enlaces activados.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que entre más enlaces tenga
previstos una interconexión, mayor será la calidad y disponibilidad de la misma,
pues ello genera la posibilidad de encontrar un mayor número de circuitos libres,
por los cuales se pueda cursar el tráfico, con una menor ocurrencia de pérdidas
por ocupación. Lo anterior no implica que la calidad de una interconexión se mida
o determine únicamente con base en el porcentaje medio de bloqueo, este
concepto involucra otra serie de conceptos y elementos, que hacen que la
interconexión sea mejor.
Teniendo en cuenta lo anterior, el valor establecido en la Resolución CRT 463 de
2001, concebido como un tope tarifario, constituye el precio tope de cada uno de
los enlaces Els, de manera independiente a la calidad pues, como ya se indicó,
ella no se asocia a cada El; es el valor establecido por el regulador, en ejercicio de
sus facultades legales, a un elemento de infraestructura de la interconexión. En la
medida en que el operador solicitante requiera una mejor calidad, éste deberá
solicitar la actividad de Els adicionales, con lo cual se remunera el operador local,
la mejor calidad que otorga la totalidad de la interconexión” 71.
Mientras que la expedición de las Resoluciones 1305 del 29 de septiembre y 1375 del
30 de noviembre, en los dos casos de 2005, la CRC se ocupó de resolver si era viable
modificar el dimensionamiento fijado en dichas resoluciones, habida cuenta de que
había disminuido el tráfico cursado por la interconexión existente entre los operadores
durante el año 2004. No se trata entonces ni de la revisión de las mismas condiciones,
ni de los mismos tráficos, ni de los mismos espacios temporales.
El objeto de la petición en esta actuación fue el siguiente:
“Mediante comunicación de fecha 7 de abril de 2005, radicada internamente bajo
el número 200531111, la empresa ORBITEL S.A E.S.P, en adelante ORBITEL
presentó solicitud de solución de conflictos de interconexión surgido entre dicho
operador y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P,
en adelante ETB en relación con el dimensionamiento actual de la interconexión
entre las redes de TPBCLD de ORBITEL y la red de TPBCL de ETB.
En el escrito anteriormente mencionado, ORBITEL también solicitó que la CRT,
además de modificar el dimensionamiento fijado por la Comisión mediante
Resolución CRT 632 de 2003 con base en el tráfico efectivamente cursado por la
interconexión existente entre los operadores antes mencionados durante el año
2004, fijara criterios y parámetros con base en los cuales las partes deban corregir
y ajustar en adelante el dimensionamiento de la misma” 72.
71
Folios 63 y 64 del Cuaderno del Tribunal.
72
Folio 79 ibídem.
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El escenario de una y otra actuación es diferente, aun cuando tenga que ver con la
relación de dos operadores de telecomunicaciones y las condiciones en que se pactó
su relacionamiento. Puede suceder, como en este caso, que, producto de la dinámica
del mercado, las circunstancias que dieron lugar al negocio jurídico deban ser
revisadas, en periodos diferentes o por razones disímiles, y ello no apareja una
revocatoria como la que sugiere la memorialista.
En suma, siendo que no es cierto que se haya revocado la actuación de 2003 a través
de la adelantada en 2005, porque no se trató del mismo objeto, entonces no prospera
el cargo de nulidad así construido por la demandante.
7.7. Restablecimiento del derecho
Como se vio en el planteamiento, la discusión acerca de este punto versa sobre la
procedencia de interpretar la pretensión de restablecimiento del derecho incluida por
ETB, en el sentido de imponerle el deber a Orbitel de asumir el costo de las sumas
dinerarias que dejaron de ser pagadas a esa sociedad como consecuencia de la
expedición de los actos censurados, máxime cuando dicha empresa fue vinculada al
trámite de la referencia y pudo ejercer su derecho a la defensa.
No obstante, tal ordenamiento sólo es procedente una vez el Juez encuentre
acreditada la pretensión de nulidad, como quiera que el restablecimiento es una
consecuencia inexorable de la declaración de invalidez.
Bajo tal perspectiva, y habida cuenta de que no logró desvirtuar la presunción de
legalidad de las decisiones que acusa en esta sede, no es viable acceder a las
súplicas de restablecimiento.
Correlato de lo dicho, la Sala revocará la sentencia calendada el 14 de julio de 2011,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, y en su lugar, negará las pretensiones por el razonamiento hasta aquí
esgrimido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,
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FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de julio de 2011, expedida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por los motivos vertidos en la
parte considerativa de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 16 de marzo de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclaro Voto
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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