Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02842-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02842-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2013-02842-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
Demandante: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E.
E.S.P.
Demandados: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES Y OTRO
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante en
contra de la sentencia de 23 de abril de 2015, proferida por la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
I.1.1. Las pretensiones
1. Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P., a través de apoderado
y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1,
presentó demanda con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y
condenas:
“[…] 3.1. Pretensión Principal
3.1.1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 002258 de 2.011, la
resolución No. 3153 de diciembre 15 de 2.011, la resolución No. 002753 de
noviembre 19 de 2.012 y la resolución No. 003490 de diciembre 28 de 2.012,
notificada el 24 de mayo de 2.013 todas del Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones “MINTIC”.
3.1.2. Que como consecuencia del anterior reconocimiento el Fondo de tecnologías
de la información y las Comunicaciones “FONDO TIC” y/o la Nación - Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se comprometen a
pagar a EMCALI EICE E.S.P., o a quienes representen sus derechos, a título
de restablecimiento del derecho, la suma de $1,207,852,078,00 Mcte que
corresponde al déficit generado entre los subsidios otorgados y las
contribuciones recaudadas autorizadas por la Ley 812 de 2.0132, suma
1
Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
2
ARTÍCULO 116. SUBSIDIOS PARA ESTRATOS 1, 2 y 3. La aplicación de subsidios al costo de prestación de los servicios
públicos domiciliarios de los estratos socioeconómicos 1 y 2 a partir de la vigencia de esta ley y para los años 2004, 2005 y
2006, deberá hacerse de tal forma que el incremento tarifario a estos usuarios en relación con sus consumos básicos o de
subsistencia corresponda en cada mes a la variación del Índice de Precios al Consumidor.
2
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
consolidada a agosto 31 de 2.011, tal y como fue ampliamente debatido en la
actuación administrativa por parte de EMCALI EICE E.S.P.
3.1.3. Que adicionalmente se condene a la Nación Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones “MINTOC” (sic), al Fondo de Tecnologías de
la Información “FONDO TIC”, a los intereses compensatorios desde la fecha de
su causacion [agosto 31 de 2.011] hasta cuando se produzca el pago total de
dicho restablecimiento patrimonial.
3.1.4. Para su actualización se debe aplicar la formula (sic) jurisprudencialmente
aceptada, donde se condene a los demandados a reconocer y pagar al actor,
sobre la totalidad de las anteriores sumas de dinero, el ajuste de dichas
condenas tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por
mayor, mediante sumas liquidadas de moneda de curso legal en Colombia,
conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley 1437 de 2.011.
Las sumas de dinero que resultaren a pagar se deberán actualizar teniendo en
cuenta el índice de Precios al Consumidor, aplicando para ello la siguiente
formula (sic):
Donde R, es el valor presente y se determine multiplicando el valor histórico
(Rh), que es lo dejado de percibir por mi poderdante por concepto de pensión
de jubilación, con inclusión de los reajustes de ley.
3.1.5. Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar aplicación a los artículos
192 y siguientes del CPACA, modificados por la Sentencia C 188 de marzo 29
de 1999 de la Corte Constitucional.
3.1.6. Que finalmente se condene en costas a las entidades demandadas, de acuerdo
con lo ordenado por el artículo 171 del C.C.A, modificado por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998.
3.2. Pretensiones Subsidiarias
3.2.1. Que se declare la nulidad de las resoluciones 002753 de noviembre 19 de
2.012, por medio de la cual se revocan unas resoluciones, y la resolución
003490 de diciembre 28 de 2.012, que confirma en todas sus partes la
resolución anterior, y en su lugar dejar en firme las resoluciones Nos. 002258
de 2.011 y la resolución No. 3153 de diciembre 15 de 2.011, en tanto
reconocieron parcialmente el déficit generado entre los subsidios y las
contribuciones a favor de Emcali.
3.2.2. Que como consecuencia del anterior reconocimiento el Fondo de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones “FONDO TIC” y/o la Nación - Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se comprometen a
pagar a EMCALI EICE E.S.P., o a quienes representen sus derechos, a título
de restablecimiento del derecho, la suma de $517,004,337,00 Mcte que
corresponde al déficit generado entre los subsidios otorgados y las
contribuciones recaudadas autorizadas por la Ley 812 de 2.013, suma
reconocida en la Resolución No. 002258 de 2.011 del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
“[…] Las Comisiones de Regulación ajustarán la regulación para incorporar lo dispuesto en este artículo. Este subsidio podrá
ser cubierto por recursos de los Fondos de Solidaridad, aportes de la Nación y de las Entidades Territoriales.
PARÁGRAFO 1o. Para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios se aplicarán de acuerdo con la
disponibilidad de recursos de los entes que los otorguen, de tal forma que en ningún caso será superior al cuarenta por ciento
(40%) del costo medio del suministro para el estrato 2, ni superior al setenta por ciento (70%) para el estrato 1.
PARÁGRAFO 2o. En todos los servicios públicos domiciliarios, se mantendrá el régimen establecido en las Leyes 142 y 143
de 1994 para la aplicación del subsidio en el estrato 3. […]”.
3
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Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
3.2.3. Que adicionalmente se condene a la Nación Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones “MINTOC” (sic), al Fondo de Tecnologías de
la Información “FONDO TIC”, a los intereses compensatorios desde la fecha de
su causacion [septiembre 1 de 2.011] hasta cuando se produzca el pago total
de dicho restablecimiento patrimonial.
3.2.4.Para su actualización se debe aplicar la formula (sic) jurisprudencialmente
aceptada, donde se condene a los demandados a reconocer y pagar al actor,
sobre la totalidad de las anteriores sumas de dinero, el ajuste de dichas
condenas tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por
mayor, mediante sumas liquidadas de moneda de curso legal en Colombia,
conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley 1437 de 2.011.
Las sumas de dinero que resultaren a pagar se deberán actualizar teniendo en
cuenta el índice de Precios al Consumidor, aplicando para ello la siguiente
formula (sic):
Donde R, es el valor presente y se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es Io dejado de percibir por mi poderdante por concepto de pensión
de jubilación, con inclusión de los reajustes de ley.
3.2.5. Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar aplicación a los artículos
192 y siguientes del CPACA, modificados por la Sentencia C 188 de marzo 29
de 1999 de la Corte Constitucional.
3.2.6. Que finalmente se condene en costas a las entidades demandadas, de acuerdo
con lo ordenado por el artículo 171 del C.C.A, modificado por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998. […]” (negrilla del texto).
I.1.2. Los hechos
2. Señaló que el Concejo Municipal de Cali creó a EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
mediante Acuerdo 50 de 10 de diciembre de 19613 y, posteriormente, transformó su
naturaleza jurídica en empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal
a través del Acuerdo 14 de 26 de diciembre de 19964. Esa empresa presta el servicio
de telefonía pública básica conmutada local (TPBCL) y el servicio de interconexión
de sus redes para la prestación de servicios fijos y móviles de telecomunicaciones
con otras empresas.
3. Expuso que la Ley 142 de 11 de julio de 19945 incluyó el servicio de telefonía
pública básica conmutada local dentro del régimen de los servicios públicos
domiciliarios y estableció el esquema de subsidios y contribuciones aplicable a los
usuarios de menores ingresos.
4. Mencionó que el artículo 116 de la Ley 812 de 26 de junio de 20036 reguló la
aplicación de subsidios para los usuarios de los estratos 1 y 2 durante los años
2004, 2005 y 2006, y dispuso que el incremento tarifario de esos usuarios debía
3
“[…] Por medio del cual se crea el Establecimiento Público Empress Municipales de Cali – EMCALI […]”.
4
“[…] POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN RELACION CON LA TRANSFORMACION DE LAS EMPRESAS
MUNICIPALES DE CALI. EMCALI EN EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL MUNICIPIO, SE AUTORIZA LA
CONSTITUCION DE UNAS SOCIEDADES DE SERVICIOS PUBLICOS OFICIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
[…]”.
5
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […]”.
6
“[…] Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario […]”.
4
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Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
corresponder a la variación del índice de precios al consumidor. Además, el
parágrafo 2 de esa disposición mantuvo el régimen previsto en las Leyes 1427 y
1438 de 11 de julio de 1994 para la aplicación del subsidio en el estrato 3.
5. Afirmó que, con fundamento en ese régimen, EMCALI E.I.C.E. E.S.P. reconoció
subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, registrando la información
correspondiente en el Sistema Único de Información (SUI).
6. Explicó que el artículo 69 de la Ley 1341 de 30 de julio de 20099 reguló el
régimen de transición aplicable a los proveedores de redes y servicios de telefonía
pública básica conmutada local y local extendida. Esa disposición estableció que,
durante la transición, continuaría aplicándose el esquema de subsidios previsto en
la Ley 142 de 1994. Adicionalmente, autorizó a la Nación para presupuestar los
recursos necesarios para pagar el déficit entre subsidios y contribuciones derivado
de la expedición de la Ley 812 de 2003, previa verificación del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre el cumplimiento de los
límites de subsidios previstos en la Ley 142 de 1994.
7. Agregó que el 13 de julio de 2010 EMCALI E.I.C.E. E.S.P. presentó al ministerio
y al fondo el estudio de cuantificación del déficit, junto con las bases de datos de
facturación y recaudo, por la suma de $1.207.852.078, de acuerdo con los registros
del SUI.
8. Indicó que el ministerio expidió la Resolución 002258 de 30 de septiembre de
201110, por medio de la cual reconoció a favor de la empresa la suma de
$517.004.337, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1341 de
2009.
9. Argumentó que el ministerio modificó la Resolución 002258 de 2011 mediante
la Resolución 3153 de 15 de diciembre de 201111, en lo relacionado con el
beneficiario del pago y la forma de giro de los recursos a favor de EMCALI E.I.C.E.
E.S.P., pero no alteró el reconocimiento económico inicial.
10. Indicó que esa empresa presentó recurso de reposición contra la Resolución
002258 de 2011, al considerar que el reconocimiento efectuado era parcial y que el
déficit real ascendía a $1.207.852.078.
11.Agregó que el ministerio expidió la Resolución 002753 de 19 de noviembre de
201212, mediante la cual revocó las Resoluciones 002258 y 3153 de 2011 y negó el
7
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […]”.
8
“[…] Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y
comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras
disposiciones en materia energética. […]”.
9
“[…] Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones […]”.
10
“[…] Por la cual se reconoce una obligación, se reconoce un gasto y se ordena un pago, en cumplimiento de lo dispuesto
por el inciso 2 del artículo 69 de la Ley 1341 de 2009. […]”.
11
“[…] Por la cual se modifica la Resolución 02258 de 2011, mediante la cual se reconoció una obligación, reconoció un gasto
y ordeno un pago, en cumplimiento de Io dispuesto por el inciso 2 del artículo 69 de la Ley 1341 de 2009" al proveedor
Empresas Municipales de Cali EMCALI S.A. E.S.P. […]”.
12
“[…] Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 002258 del 30 de septiembre de
2011 modificada por la Resolución No. 003153 del 15 de diciembre de 2011 y se adopta una decisión sobre el reconocimiento
del déficit generado por la aplicación de la Ley 812 de 2003 […]”.
5
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Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
pago por concepto del déficit generado entre subsidios y contribuciones derivado de
la Ley 812 de 2003.
12. Manifestó que la empresa interpuso recurso de reposición el 12 de diciembre
de 2012 contra la Resolución 002753 de 2012 para solicitar el pago del referido
déficit. El ministerio resolvió ese recurso mediante Resolución 003490 de 28 de
diciembre de 201213, en el sentido de confirmar la Resolución 002753 de 2012.
I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
13. La demandante sostuvo que los actos acusados desconocieron el artículo 29
de la Constitución Política, el numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, el
artículo 116 de la Ley 812 de 2003, el artículo 69 de la Ley 1341 de 2009, el artículo
5 de la Ley 286 de 3 de julio de 199414, el Decreto 5052 de 29 de diciembre de
200915, el artículo 1 del Decreto 2766 de 3 de agosto de 201016, el Decreto 111 de
15 de enero de 199617, el Decreto 899 de 24 de mayo de 199918, el Decreto 2375
de 30 de diciembre de 199619 y el Decreto 2618 de 17 de diciembre de 201220.
14. Sostuvo que el ministerio quebrantó la normativa que regula el reconocimiento
y pago del déficit entre subsidios y contribuciones derivado de la Ley 812 de 2003.
15. Indicó que el artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 estableció un régimen de
transición aplicable a los proveedores de redes y servicios de telefonía pública
básica conmutada local y local extendida, en virtud del cual dichos proveedores, en
ese periodo de transición, continuarían sujetos al esquema de subsidios previsto en
la Ley 142 de 1994. Adicionalmente, esa norma autorizó a la Nación para incluir en
el presupuesto los recursos necesarios para pagar el 100% del déficit generado
entre subsidios y contribuciones por la aplicación del artículo 116 de la Ley 812 de
2003.
16. Complementó que ese pago debía realizarse durante las tres vigencias
presupuestales siguientes a la expedición de la Ley 1341 de 2009, previa
verificación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
del cumplimiento de los límites establecidos en el numeral 99.6 del artículo 99 de la
Ley 142 de 1994.
17. Puso de presente que el artículo 116 de la Ley 812 de 2003, al regular la
aplicación de subsidios para los estratos 1 y 2 durante los años 2004, 2005 y 2006,
mantuvo expresamente el régimen de las Leyes 142 y 143 de 1994 para la
aplicación del subsidio en el estrato 3.
13
“[…] Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 002753 del 19 de noviembre de
2012 […]”.
14
“[…] Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994 (sic) y la Ley 223 de 1995 […]”.
15
“[…] Por el cual se reglamenta el artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones […]”.
16
“[…] Por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto 5052 de 2009 […]”.
17
“[…] Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico
del presupuesto […]”.
18
“[…] Por medio del cual se fijan las políticas para el fomento de los Programas de Telefonía Social y se reglamentan las
funciones del Fondo de Comunicaciones en la materia […]”.
19
“[…] Por el cual se expide la reglamentación inicial en lo pertinente a las contribuciones y transferencias de telefonía básica
conmutada […]”.
20
“[…] Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan
otras disposiciones. […]”.
6
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Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
18. Cuestionó la aplicación del Decreto 2766 de 2010 que modificó el Decreto 5052
de 2009, porque EMCALI el 13 de julio de 2010 presentó el estudio de cuantificación
del déficit, junto con las bases de datos de facturación y recaudo, conforme a las
reglas del Decreto 5052 de 2009, antes de la entrada en vigencia del Decreto 2766
de 2010.
19. Explicó que “[…] El Ministerio de TIC de acuerdo a la Resolución 5052/2009,
debió responder dentro de los 10 hábiles siguientes, no habiéndolo hecho. […]”. Por
ello, estimó que no podía aplicársele retroactivamente una modificación que redujo
el período de cuantificación, pues el Decreto 5052 contemplaba el período
comprendido entre julio de 2003 y julio de 2007, mientras que el Decreto 2766 lo
redujo a diciembre de 2006.
20. Planteó que el Decreto 2766 de 2010 limitó injustificadamente la base de cálculo
del déficit, al tomar únicamente los subsidios de los estratos 1 y 2 y excluir los del
estrato 3.
21. Debatió la metodología utilizada por el ministerio y por la firma ECON
ESTUDIOS para calcular el déficit, porque las contribuciones recaudadas fueron
promediadas desde el segundo trimestre de 2006, y no tomadas de la información
reportada al SUI. Esos datos contaban con soporte, razón por la cual no procedía
aplicar el parágrafo 1 del Decreto 2766 de 2010, que permitía estimar valores con
base en el promedio de los últimos seis meses únicamente cuando existieran datos
inconsistentes.
22. Sostuvo que el ministerio reconoció en la Resolución 002258 un déficit neto
inferior al realmente causado. Por ende, “[…] EMCALI ejerció oportunamente el
recurso de reposición en contra de la Resolución 002258, y sin resolver lo pedido
por EMCALI en el recurso de reposición y violando en forma grave principios del
debido proceso el MINTIC, mediante la Resolución 2753 del 19 de noviembre de
2012, decidió unilateral y arbitrariamente desconocer todo derecho de EMCALI
revocó por su cuenta en forma unilateral y en contra de la voluntad de EMCALI las
sumas reconocidas. […]”.
23. Frente a los Decretos 111 de 1996, 899 de 1999, 2375 de 1996 y 2618 de 2012,
no desarrolló el respectivo concepto de violación.
I.2. La contestación de la demanda21
24. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se opusieron a las
pretensiones de la demanda y presentaron las excepciones de “[…] PRESUNCION
DE LEGALIDAD […]”, “[…] COBRO DE LO NO DEBIDO […]” y “[…] GENERICA
[…]”.
25. Manifestaron que el artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 autorizó a la Nación a
presupuestar los recursos necesarios para pagar el déficit entre subsidios y
21
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C01_11ContestacionDe
LaDemandaMinTICConPoderYAnexos(.pdf) NroActua 17”.
7
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Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
contribuciones derivado de la expedición de la Ley 812 de 2003. Ese reconocimiento
debía efectuarse con base en la verificación que realizara el ministerio sobre el
cumplimiento de los límites aplicables en materia de subsidios.
26. Afirmaron que no existía obligación del Estado de cubrir con recursos públicos
el déficit causado por los subsidios otorgados al estrato 3 porque el reconocimiento
previsto en el artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 únicamente comprometía los
subsidios aplicados a los estratos 1 y 2; y el artículo 116 de la Ley 812 de 2003 se
refirió expresamente a los estratos 1 y 2 al regular el incremento tarifario asociado
al índice de precios al consumidor.
27. Complementaron que “[…] la regulación de la CRT vigente a la fecha de los
hechos indicaba que de no existir recursos para su financiación procedentes de las
contribuciones de estratos 5, 6 y no residencial, el proveedor del servicio tendría
que desmontar el subsidio de estrato 3, luego no existe ninguna obligación para el
Estado con cargo al patrimonio público para que este cubriera déficit alguno
causado por subsidios a dicho estrato. […]”.
28. Respecto de la obligación de los proveedores de actualizar sus tarifas con base
en el IPC, aclararon que:
“[…] la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRT) expidió la Resolución 996
de 2004 “Por medio de la cual se da cumplimiento a lo ordenado por el artículo 116
de la Ley 812 de 2003”, mediante la cual se estableció que la actualización de las
tarifas de los estratos 1 y 2 durante los años 2004, 2005 y 2006 para el cargo fijo y de
consumo y del servicio TPBCL y el componente local del servicio TPBCLE se debe
ajustar con base en el IPC.
[…] Así mismo la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT (hoy
Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC), expidió la resolución 1250 de
205 (sic), a través de la cual dispuso que a partir del 2006, los operadores de Telefonía
Pública Básica Conmutada Local –TPBCL, podrían generar libremente múltiples
planes de telefonía y deberían reubicar a los diversos usuarios conforme a los
consumos; (sic).
Que así mismo, el método de tasación que en muchos casos correspondía al impulso
bajo el método KARLSON, modificado a partir de 2006, fue unificado en tasación por
minutos por la misma Resolución CRT 1250 de 2005; (sic).
De conformidad con lo anterior, en principio las tarifas de los usuarios de estratos 1 y
2 para el cargo fijo y el campo variable, en lo que corresponde a sus consumos
básicos o de subsistencia, debían variar exactamente con la inflación correspondiente
al mes inmediatamente anterior, en donde el Ministerio debía tomar como referencia
y punto de partida, y así lo hizo: por ejemplo para el mes de mayo de 2004, debía
tomarse la tarifa del mes de abril de 2004, e incrementarla exactamente en la misma
variación mensual del IPC sucedida en el mes de abril de 2004, y así sucesivamente
durante todo el periodo correspondiente.
No obstante se precisa que la obligación de los proveedores de actualizar sus tarifas
con base en el IPC, venía desde la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y
precisamente, el reconocimiento del déficit que consagra el inciso segundo del
artículo 69 de la Ley 1341 de 2009, tiene su fundamento en la obligación que le había
impuesto a los proveedores la Ley 812 de 2003, para variar sus tarifas con
exactamente el IPC, y con ello limitaba potencialmente los mecanismos previstos en
la regulación para balancear la diferencia entre subsidios y contribuciones, mediante
8
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
el desmonte de subsidios y es por ello que se reconocen los déficit causados por esta
ley desde el mes de julio de 2003 y hasta el mes de diciembre de 2006.
Así las cosas el Ministerio tuvo en cuenta las disposiciones aquí citadas para proceder
a efectuar la verificación, encontrando las inconsistencias presentadas posteriores a
abril de 2004, verificación esta realizada con base en la información disponible en el
momento en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos - SUI
administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios.
Por lo tanto el ajuste realizado a la liquidación se hizo solo con fundamento en la
información disponible en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos -
SUI- y no con base en la información suministrada directamente ante la entidad,
mediante oficio 100 –GG- 1020 del 6 de abril de 2011. […]” (negrilla del texto).
29. Señalaron que el Decreto 5052 de 2009, modificado por el Decreto 2766 de
2010, permitía estimar los datos inconsistentes o vacíos con base en el promedio
de los últimos seis meses de registros existentes en el SUI del respectivo proveedor.
Por ello, el ministerio actuó con fundamento en la información disponible y en la
metodología prevista para resolver esas inconsistencias.
30. Explicaron que el Decreto 2766 de 2010 modificó el Decreto 5052 para
garantizar que el procedimiento para la aplicación del inciso segundo del artículo 69
de la Ley 1341 de 2009 respetara el alcance de la norma legal reglamentada,
conforme a la siguiente explicación:
“[…] Así las cosas, la aplicación de la garantía señalada en el artículo 69 de la Ley
1341 del 30 de julio de 2009, se atiene a los límites definidos en el artículo 116 de la
Ley 812 del 26 de junio de 2003, los cuales pueden establecerse, según se lee en su
inciso primero, desde la entrada en vigencia de la norma, lo cual acaeció desde su
promulgación según se ve en el artículo 137 de la ley, o sea, el 28 de junio de 2003,
hasta el año 2006 (“para los años 2004, 2005 y 2006”);
En la medida de lo anterior, el periodo de aplicación de la garantía, efectivamente
debía materializarse desde el mes de julio de 2003, hasta el mes de diciembre de
2006, tal y como se declaró adecuadamente en el Decreto 2766 del 3 de agosto de
2010, y no desde el mes de julio de 2003, tal y como se declaró válidamente en el
Decreto 5052 del 29 de diciembre de 2009;
Teniendo en cuenta lo anterior, independientemente de que la solicitud de
cuantificación y presentación del déficit de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI E.I.C.E. E.S.P., ante el MINTIC, se hubiera hecho en vigencia del Decreto
5052 del 29 de diciembre de 2009 (oficio 100-GG-0815 del 13 de julio de 2010), lo
cierto es que ello no cambia en absoluto el hecho incontestable de que el periodo
respecto del cual la Nación debía efectuar el reconocimiento involucrado, no fue
definido en dicho Decreto sino en una norma de rango superior, esto es, en el artículo
69 de la Ley 1341 del 30 de julio de 2009; […]” (negrilla del texto).
31. Indicaron que EMCALI E.I.C.E. E.S.P. presentó el estudio de cuantificación del
déficit el 7 de diciembre de 2010. A partir de esa información, el ministerio contrató
a E-CONESTUDIOS S.A.S. para verificar el cumplimiento de los límites previstos
en la Ley 142 de 1994 y aplicar la metodología de cálculo.
32. Informó que el ministerio reconoció a la empresa un déficit por $517.004.337.
Dicho acto incluyó un parágrafo según el cual el ministerio podía ordenar los ajustes
9
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correspondientes mediante acto administrativo motivado, si conocía situaciones
comprobadas que modificaran el valor reconocido con posterioridad al pago.
33. Manifestaron que la Contraloría General de la República formuló un control de
advertencia relacionado con la necesidad de verificar los límites aplicables al
reconocimiento del déficit. En atención a ello, se efectuó una verificación adicional
sobre el cumplimiento de la obligación de ajustar las tarifas de los estratos 1 y 2
conforme a la variación del IPC.
34. Para ese propósito, el ministerio celebró el contrato 009456 de 2012 con la
sociedad Gómez Consultores S.A.S., cuyo objeto fue apoyar la verificación de la
información y procedencia de los subsidios.
35. Expusieron que el FONTIC solicitó a la empresa que explicara la variación de
sus tarifas durante el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de
2005. La demandante respondió que, aunque actualizó las tarifas por IPC en 2004,
en el año 2005 no efectuó ese ajuste porque el balance de los subsidios y
contribuciones presentó superávit, e interpretó de forma distinta la aplicación de los
valores mínimos del factor Q.
36. Plantearon que la empresa aplicó subsidios superiores a los previstos en la ley
porque no ajustó su comportamiento tarifario de acuerdo con la inflación durante el
periodo analizado de 2004 y 2005. Esos valores adicionales ascendían a
$1.133.848.701. Por lo tanto, como ese valor era superior al déficit estimado, no
existía ningún pago pendiente de reconocer a favor de esa empresa.
37. Indicaron que la empresa interpuso recurso de reposición contra la Resolución
002753 de 2012, el cual fue resuelto mediante Resolución 003490 de 28 de
diciembre de 2012. En ese acto, el ministerio puso de presente que actuó en
cumplimiento de un mandato legal y que no existía suma alguna pendiente de
reconocimiento o pago a favor de la demandante.
38. Alegaron que “[…] tampoco es cierto que el MINTIC, “revocó por su cuenta en
forma unilateral y en contra de la voluntad de EMCALI las sumas reconocidas”,
porque la decisión contenida en la resolución No. 002258 de 2011 no tenía el
carácter de firmeza e irrevocabilidad razón por la cual en la Resolución 002753 no
contiene una revocatoria directa. Se insiste, la decisión de reconocer un monto
determinado del déficit, estaba sujeta a un proceso de verificación como
consecuencia del cual el Ministerio estaba facultado para modificar su propio acto
[…]”.
I.3. Trámite del proceso en primera instancia
39. Mediante auto de 20 de febrero de 201422, se admitió la demanda y se ordenó
notificar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al
22
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C01_59CuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 17”, página 219.
10
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Fondo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, al Ministerio Público y
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
40. En audiencia inicial de 9 de septiembre de 201423, se saneó el proceso, se fijó
el litigio24, se puso de presente a las partes la posibilidad de conciliar y se decretaron
las pruebas solicitadas.
41. En audiencias celebradas los días 1 de octubre de 201425, 25 de febrero de
201526 y 25 de marzo de 201527, se surtió la etapa probatoria del proceso. En dicha
oportunidad se incorporaron las pruebas documentales aportadas y decretadas a
solicitud de las partes, se recibieron los testimonios de Mauricio López Calderón y
Juan David Olarte Torres, y se adelantó la contradicción del dictamen pericial
rendido dentro del proceso a instancia de la parte actora.
42.En la diligencia de 25 de marzo de 201528 se corrió traslado a las partes para
que presentaran sus alegatos de conclusión por escrito.
43. Las partes prestaron sus escritos de alegatos de conclusión y el Ministerio
Público solicitó en concepto de 26 de marzo de 2015 no acceder a las pretensiones
de la demanda29.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
44.La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 23 de abril de 201530, resolvió lo siguiente:
“[…] Primero: Declárase la no prosperidad de las excepciones formuladas por la parte
demandada de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Deniéganse las pretensiones de la demanda.
Tercero: Condénase en costas a la parte demandante de conformidad con lo
establecido en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil aplicables al
caso por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
23
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C01_59CuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 17”, página 413 y siguientes.
24
“[…] De la lectura de la demanda y su contestación se tiene que las partes se encuentran en desacuerdo respecto de los
hechos referidos a la naturaleza de la empresa demandante y del Fondo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la vigencia de las normas invocadas, las condiciones en que la empresa actora reconoció los subsidios
consagrados en la ley para los estratos 1, 2 y 3, el posible incumplimiento de la demandada en el reconocimiento y pago de
la diferencia generada entre las contribuciones y los referidos subsidios, el valor de la diferencia y el saldo que queda
pendiente de pago por parte de las demandadas y coinciden respecto de los demás hechos. Establecido lo anterior, se tiene
que el problema jurídico en este caso se contrae a determinar si con la expedición de las resoluciones números 002258 de
septiembre treinta (30) de dos mil once (2011), 03153 de diciembre quince (15) siguiente y 003490 de diciembre veintiocho
(28) de dos mil doce (2012) expedidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de
las cuales se reconoció que como consecuencia de la expedición de la ley 812 de 2003 se generó un déficit para la
demandante entre los subsidios otorgados y las contribuciones recaudadas entre julio de 2003 y diciembre de 2006, se
reconoció el gasto y se ordenó el pago de una suma de dinero por dicho concepto y se resolvieron los recursos de reposición
y apelación interpuestos en contra de dicha decisión en el sentido revocar la decisión inicial y en consecuencia, negar el pago
de la referida suma de dinero, se desconocieron las normas de orden superior en que dichas decisiones debían fundarse. Así
mismo, se debe estudiar si con las acusaciones elevadas por la parte actora en la demanda se logró desvirtuar la presunción
de legalidad de los actos demandados y si la demandante pretende el cobro de lo no debido […]”.
25
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C01_59CuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 17” página 436 y siguientes.
26
Ibidem, página 473 y siguientes.
27
Ibidem, página 494 y siguientes.
28
Ibidem.
29
Ibidem, páginas 564 a 604.
30
Ibidem, página 606 y siguientes.
11
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Por secretaría, liquídense las costas a que haya lugar en los términos señalados en
la parte motiva de esta providencia.
Cuarto: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Quinto: En firme esta providencia, archívese el expediente. […]”.
45. El tribunal consideró que el problema jurídico principal consistía en determinar
si la demandante tenía derecho al reconocimiento del déficit generado por la
aplicación de la Ley 812 de 2003, en la suma de $1.207.852.078, con fundamento
en los subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3 y en la información reportada al
SUI. Adicionalmente, de forma subsidiaria, se debía establecer si el ministerio podía
dejar sin efectos el reconocimiento efectuado en las Resoluciones 002258 de 2011
y 3153 de 2011 sin contar con el consentimiento de la empresa.
46. Frente al primer componente del debate judicial, explicó que el artículo 69 de la
Ley 1341 de 2009 autorizó a la Nación a presupuestar los recursos necesarios para
cubrir el déficit entre subsidios y contribuciones derivado de la expedición de la Ley
812 de 2003, disposición que debe interpretarse de manera armónica con el artículo
116 de la misma ley y con los decretos reglamentarios que definieron el
procedimiento para su cuantificación.
47. Sostuvo que la solicitud realizada por el ministerio para que el demandante
presentara nuevamente la documentación con base en el Decreto 2766 de 2010 era
comprensible, dado que la autoridad demandada debía adecuar la actuación a la
normativa vigente, “[…] al haber cambiado la regulación del asunto, de manera
previa a desembolsar una suma de dinero […]”.
48. Agregó que los argumentos de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. contra el Decreto 2766
de 2010, relacionados con la modificación del periodo de cuantificación y la
exclusión del estrato 3, no podían resolverse dentro del juicio de legalidad de las
resoluciones demandadas, porque esos cuestionamientos excedían el objeto del
proceso.
49. Complementó que “[…] en lo que tiene que ver con la presunta falta de
respuesta de las demandadas a los oficios números 100-GG-815 de julio trece (13)
de dos mil diez (2010) y 100-GG-1020 de abril seis (6) de dos mil once (2011) a
través de los cuales EMCALI corrigió la información reportada al ministerio
demandado con base en la nueva normatividad, se advierte que, aunque
efectivamente la entidad demandada debió haberlos contestado, es evidente que
los tuvo en cuenta a la hora de tasar el déficit inicialmente reconocido a la
demandante por cuanto fue precisamente con base en dicha información que
expidió las resoluciones demandadas, por lo que la falta de respuesta en cuestión
no puede ser considerada como una afectación del debido proceso. […]”.
50. Puso de presente que el Decreto 5052 de 2009, modificado por el Decreto 2766
de 2010, permitía estimar los datos inconsistentes con base en el promedio de los
12
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últimos 6 meses. Por lo tanto, el ministerio podía aplicar esa metodología para
corregir las inconsistencias advertidas en la información reportada.
51. Para el tribunal, “[…] el hecho de que el referido promedio afecte presuntamente
los intereses de EMCALI no constituye una causal de nulidad de los actos
demandados, por cuanto, como la misma actora lo reconoció si se presentó una
variación en el reporte de información al SUI que generó que el MINTIC aplicara el
parágrafo 1 del decreto 2766 de 2010 antes citado […]”.
52. Adujo que los documentos que la demandante pretendía incorporar en la
audiencia de pruebas fueron presentados de manera extemporánea, por lo que no
podían tenerse en cuenta al resolver el proceso. En todo caso, esa información
adicional no modificaba el presente análisis.
53. Sostuvo que la Resolución 002753 de 2012 no desconoció una situación jurídica
particular consolidada sin consentimiento del titular. Ese acto señaló expresamente
la posibilidad de realizar ajustes posteriores si se conocían situaciones
comprobadas que modificaran el valor reconocido. Por ende, la actuación del
ministerio no correspondía a una revocatoria directa irregular, sino al ejercicio de la
facultad de verificación y ajuste prevista en la normativa aplicable, al momento de
resolver el recurso de reposición presentado contra el acto inicial.
54. En suma, concluyó que los actos administrativos demandados fueron expedidos
con fundamento en la normativa aplicable y en ejercicio de la facultad de verificación
atribuida al ministerio.
III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
55. La demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, al
considerar que el a quo interpretó de forma errada la normativa aplicable al
reconocimiento del déficit generado por la Ley 812 de 2003.
56. Explicó que el artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 autorizó a la Nación a pagar
el déficit entre subsidios y contribuciones derivado de la Ley 812 de 2003 “[…]
aplicándose el esquema de subsidios […] previsto en la Ley 142 de 1994 […]”. En
ese contexto, el parágrafo 2 del artículo 116 de la Ley 812 precisó que se “[…]
mantendrá el régimen establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 para la aplicación
del subsidio en el estrato 3 […]”. Esta última norma hacía parte de las disposiciones
“[…] instrumentales […]” del Plan Nacional de Desarrollo.
57. Argumentó que la empresa presentó el estudio de cuantificación del déficit con
fundamento en el Decreto 5052 de 2009. Ese decreto “[…] establece los siguientes
parámetros: (i) que el pago del Déficit será de cargo de la Nación, Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y pagará el ciento por ciento
del déficit entre subsidios y contribuciones derivados de la expedición de la Ley 812
de 2003 en las siguientes tres (3) vigencias presupuestales a la aprobación de la
Ley 1341 de 2009. […]”.
13
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58. Solicitó aplicar la excepción de ilegalidad respecto del Decreto 2766 de 2010,
teniendo en cuenta que “[…] la voluntad del legislador […]” era que el estrato 3
también estuviera comprendido dentro del esquema tarifario, conforme a los
principios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución,
suficiencia financiera, simplicidad, transparencia y iura novit curia.
59. Afirmó que el Decreto 2766 de 2010 excluyó del cálculo del déficit los subsidios
otorgados al estrato 3. Esa exclusión desconoce el numeral 6 del artículo 99 de la
Ley 142 de 1994 y el parágrafo 2 del artículo 116 de la Ley 812 de 2003, que
mantenían el régimen de subsidios para dicho estrato. Adicionalmente, “[…] el
decreto 5052/09 era un decreto presidencial, frente al decreto 2766/10 que fue
expedido por el Ministro del ramo. […]”.
60. En su criterio, “[…] el operador judicial desconoció por completo el régimen
tarifario previsto en la Ley 142 de 1.994, lo que dejó claro a todas luces el
desconocimiento de este frente a la norma especial aplicable, en efecto, dicha
normativa establece tres (3) tipos de régimen tarifario a saber: libertad vigilada,
libertad regulada y el régimen de simple libertad. […]”.
61. Estimó que el Decreto 2766 de 2010 no podía aplicarse retroactivamente a una
situación consolidada por las siguientes razones:
“[…] (i). Se trata de un decreto reglamentario expedido con posterioridad al lleno de
los requisitos por parte de EMCALI, por tanto su aplicación no podía hacerse de forma
retroactiva a situaciones cumplidas y consolidadas con anterioridad a su vigencia, y;
(ii). Dicha norma reglamentaria [Decreto 2766 de agosto 3 de 2.010] es contrario a la
norma jurídica superior, entiéndase la Ley 142 de 1.994 que en su artículo 99.6,
establece como obligación hacer extensivo los subsidios al estrato 3, y no cómo lo
pretende excluir de forma arbitraria en arraigo de una discriminación odiosa,
atentatoria de la norma jurídica superior. En igual sentido la contribución era extensiva
tanto en la Ley 812 de 2.003 y la Ley 1341 de 2.009, como ya se vio en las normas
transcritas, por tanto el operador no podía pretender que Emcali le diera cumplimiento
a una norma restrictiva en los alcances a los grupos menos favorecidos31 y, segundo,
el juez administrativo debió inaplicar dicho mandato por ser contrario a la norma
jurídica superior como ya vimos. […]”.
62. Cuestionó que el ministerio aplicara promedios para calcular las contribuciones,
sin revisar la base de datos enviada por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y sin valorar de
manera adecuada la información reportada en el SUI. La información suministrada
por la empresa correspondía a datos reales cargados oportunamente en dicho
sistema. Incluso se reportó que en algunos periodos entre junio y diciembre de 2006
la empresa giró recursos a otros operadores porque se presentó un superávit.
63. Frente a la pretensión subsidiaria, afirmó que las Resoluciones 002258 de 2011
y 3153 de 2011 reconocieron parcialmente un derecho económico a su favor. Por
ello, dichos actos eran particulares y concretos, y no podían ser revocados sin el
consentimiento previo, expreso y escrito de la empresa.
31
En efecto, sobre estos dos criterios la Ley 142 los define así en el artículo 87.3.
14
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64. Planteó que “[…] lo aplicado y efectuado por parte del ministerio fue la
acumulación en una misma actuación de un doble trámite en la misma cuerda
procedimental, de la vía gubernativa por un lado y de la revocatoria directa en la
misma actuación. […]”. En consecuencia, el tribunal incurrió en una vía de hecho al
considerar que la Resolución 002753 de 2012 no fue expedida en ejercicio de la
revocatoria directa, sino que ese acto se profirió en virtud del recurso de reposición
presentado dentro de la vía gubernativa.
65. Afirmó que esa interpretación quebranta su derecho al debido proceso porque
la administración: i) desconoció la situación jurídica particular reconocida a esa
empresa; ii) resolvió el recurso de reposición por fuera del término previsto en el
artículo 52 de la Ley 1437; y iii) desconoció la prohibición de reformatio in pejus,
aplicable a las actuaciones administrativas, tal y como lo ha señalado la Corte
Constitucional en la sentencia T-033 de 2002 y el Consejo de Estado en su
jurisprudencia32.
66. Finalmente, mencionó que “[…] el operador judicial, debe dar entonces valor
probatorio a las 10 resoluciones obrantes en el expediente, que contienen los
valores ciertos acerca de las diferencias entre los subsidios y las contribuciones por
el servicio de telefonía de los estratos 1, 2 y 3, para los periodos 2.004, 2.005 y
2.006. […]”.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
67. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, por auto de 28 de
mayo de 201533, concedió el recurso de apelación y remitió el expediente al Consejo
de Estado.
68. Esta autoridad judicial, a través de auto de 22 de octubre de 201534, admitió el
recurso de apelación, corrió traslado a los sujetos procesales para que presentaran
por escrito sus alegatos de conclusión, e informó al Ministerio Público que podía
rendir concepto de considerarlo pertinente.
69. Mediante memorial de 12 de noviembre de 201535, las entidades demandadas
reiteraron los argumentos de la contestación de la demanda.
70. Mediante escrito de 17 de noviembre de 201536, la demandante reiteró los
argumentos del recurso de apelación.
32
El apelante citó: “[…] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda (M.P. Joaquín Vanín),
1ª instancia; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 10 de noviembre de 20...; Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. 17 de abril de 2001. M.P. Manuel Ardila Velásquez. Corte Constitucional, T-419
de 1992 y T-233 de 1995. […]”.
33
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C01_59CuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 17” página 680 y siguientes.
34
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C02_08CuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 17” página 5.
35
Ibidem, página 10 y siguientes.
36
Ibidem, página 13 y siguientes.
15
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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
71. A efectos de decidir la presente controversia, se analizarán los siguientes
aspectos: i) la competencia; ii) el acto administrativo demandado; iii) el
planteamiento del problema jurídico; y iv) el análisis del caso concreto.
V.1. Competencia
72. De conformidad con el artículo 237 de la Constitución Política, el artículo 150 de
la Ley 1437 y el artículo 1337 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201938, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia,
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
V.2. Los actos administrativos demandados
73. La sociedad demandante cuestionó la legalidad de la Resolución 002258 de 30
de septiembre de 2011, cuya parte resolutiva señala:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER que como consecuencia de la
expedición de la Ley 812 de 2003 al proveedor EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
• EMCALI E.I.C.E. E.S.P. identificado con NIT 890.399.003 se le generó un déficit
entre los subsidios otorgados y las contribuciones recaudadas durante el periodo
comprendido entre julio de 2003 y diciembre de 2006, que asciende a la suma de
QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS ($517.004.337) M.CTE, actualizada a precios de agosto de 2011, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución, la cual se pagará en las
vigencias 2011 y 2012.
PARÁGRAFO: Si con posterioridad al pago total de la obligación reconocida en el
artículo primero de la presente Resolución, se conocen situaciones debidamente
comprobadas que den lugar a la modificación del referido valor, el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ordenará los ajustes a que haya
lugar, mediante acto administrativo motivado. De resultar saldos a favor del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el proveedor se obliga a
reintegrarlos a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que
quede ejecutoriado el referido acto.
ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONOCER EL GASTO Y ORDENAR EL PAGO a favor
del proveedor EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
identificado con NIT 890.399.003 por la suma de DOSCIENTOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
($202.218.897) M.CTE, con cargo a los recursos de la presente vigencia fiscal,
presupuesto de Funcionamiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, rubro 3.6.3.148 “Transferencia para cubrir el déficit entre subsidios
y contribuciones derivados de la expedición de la Ley 812 de 2003, inciso 2, artículo
69 de la Ley 1341 de 2009”, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la
Ley 1341 de 2009, como abono a la obligación reconocida en el artículo primero de
la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: De presentarse recaudo por parte del proveedor EMPRESAS
MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P. identificado con NIT 890.399.003,
que corresponda a contribuciones facturadas en el periodo comprendido entre julio
37
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
38
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
16
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
de 2003 y diciembre de 2006, que no hayan sido consideradas en el cálculo de este
déficit, estas contribuciones deberán ser reportadas y giradas en su totalidad al Fondo
de Tecnologías de la Información dentro de los quince (15) días calendario siguientes
a su recaudo. […]” (negrilla del texto).
74. Igualmente, se demandó la Resolución 003153 de 15 de diciembre de 2011,
cuyo artículo primero modificó el artículo segundo de la Resolución 002258 de 30
de septiembre de 2011, para que el pago se efectuara al CONSORCIO EMCALI
E.I.C.E. E.S.P., en vez de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E.
E.S.P.
75. Se demandó la Resolución 002753 de 19 de noviembre de 2012, a través de la
cual el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones resolvió
el recurso de reposición presentado por la empresa contra la Resolución 002258 de
2011. La parte resolutiva de dicho acto es del siguiente tenor:
“[…] Artículo Primero.- REVOCAR la Resolución 002258 del 30 de septiembre de
2011, modificada parcialmente por la Resolución 003153 del 15 de diciembre de 2011.
Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
Resolución.
Artículo Segundo.- NEGAR al proveedor EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI –
EMCALI E.I.C.E. E.S.P., el reconocimiento y pago de valor alguno por concepto de la
existencia de un presunto déficit entre subsidios y contribuciones, derivado de la
expedición de la Ley 812 de 2003, del que trata el segundo inciso del artículo 69 de
la Ley 1341 de 2009. Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente Resolución.
Artículo Tercero.- NOTIFICAR personalmente la presente Resolución al
Representante Legal de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E.
E.S.P. y al Representante Legal de CONSORCIO EMCALI E.I.C.E. E.S.P.,
haciéndoles entrega de una copia de la misma y advirtiéndoles que contra la decisión
contenida en el artículo segundo de la parte resolutiva del presente acto
administrativo, así como contra los argumentos que lo sustentan, procede el recurso
de reposición ante el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Lo anterior,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.
Artículo Cuarto.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución para lo de su
competencia a la Dirección de Vigilancia y Control, a la Subdirección Financiera y a
los Grupos de Contabilidad y de Facturación y Cartera de este Ministerio, una vez la
misma se encuentre en firme. […]” (negrilla del texto).
76. Finalmente, se demandó la Resolución 003490 de 28 de diciembre de 2012, en
la que el ministerio resolvió el recurso de reposición presentado por EMCALI–EICE
ESP contra la Resolución 002753, en el siguiente sentido:
“[…] Artículo Primero.- CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 002753
de 19 de noviembre de 2012 “Por la cual se resuelve el recurso de reposición
presentado contra la resolución No. 002258 del 30 de septiembre de 2011, modificada
por la Resolución No. 003153 del 15 de diciembre de 2011 y se adopta una decisión
sobre el reconocimiento del déficit generado por la aplicación de la Ley 812 de 2003.
[…]” (negrilla del texto).
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
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V.3. El planteamiento del problema jurídico
77. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de
23 de abril de 2015, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda promovida por EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
78. En la decisión cuestionada, el a quo consideró que no se desvirtuó la presunción
de legalidad de las resoluciones demandadas, mediante las cuales el ministerio
revocó el reconocimiento inicial del déficit generado por la aplicación de la Ley 812
de 2003 porque: i) la legalidad del Decreto 2766 de 2010 no podía estudiarse en
este proceso; ii) la información reportada en el SUI podía ser verificada por el
ministerio; iii) la revisión adicional demostró que la empresa no ajustó sus tarifas
conforme a la variación del IPC durante el periodo analizado; y iv) la administración
no efectuó una revocatoria directa sin consentimiento.
79. En el recurso de apelación, la demandante afirmó que la sentencia de primera
instancia aplicó de forma prevalente el Decreto 2766 de 2010 sobre las Leyes 142
de 1994, 812 de 2003 y 1341 de 2009. Además, sostuvo que el ministerio debió
valorar la información reportada en el SUI y que las Resoluciones 002258 de 2011
y 3153 de 2011 habían reconocido un derecho particular a su favor, por lo que no
era posible revocarlas sin su consentimiento.
V.4. Análisis del caso concreto
80. Para resolver el problema jurídico, la Sala estudiará: i) los cargos relacionados
con la normativa aplicable; ii) el presunto desconocimiento de la información
reportada al SUI; iii) la presunta situación jurídica consolidada en cuanto a la
aplicación del Decreto 5052 de 2009; y iv) la presunta revocatoria directa sin
consentimiento de la Resolución 002258 de 2011, modificada por la Resolución
003153 de 2011.
V.4.1. Los cargos relacionados con la normativa aplicable
81. La empresa demandante sostuvo que el tribunal de primera instancia interpretó
erróneamente la normativa aplicable al reconocimiento del déficit entre subsidios y
contribuciones derivado de la Ley 812 de 2003, porque el artículo 69 de la Ley 1341
de 2009 autorizó a la Nación a pagar ese déficit siguiendo el esquema de subsidios
previsto en la Ley 142 de 1994. En su criterio, dicho régimen comprende el subsidio
del estrato 3, de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 116 de la Ley 812 de 2003.
82. Adicionalmente, solicitó aplicar la excepción de ilegalidad respecto del Decreto
2766 de 2010, debido a que esa normativa: i) disminuyó el periodo de
reconocimiento; ii) excluyó del cálculo los subsidios reconocidos al estrato 3; y iii)
quebrantó el artículo 99.6 de la Ley 142 de 1994, el artículo 116 de la Ley 812 de
2003 y los principios de solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, eficiencia
económica y neutralidad tarifaria.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
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83. Para resolver ambos planteamientos del recurso de alzada, se pone de presente
que la Ley 142 de 11 de julio de 1994, al establecer el régimen de los servicios
públicos domiciliarios, en su artículo 1 incluyó dentro de su ámbito de aplicación la
telefonía pública básica conmutada. El artículo 14.26 ibidem definió ese servicio
así:
“[…] 14.26. Servicio público domiciliario de telefonía pública básica conmutada. Es el
servicio básico de telecomunicaciones, uno de cuyos objetos es la transmisión
conmutada de voz a través de la red telefónica conmutada con acceso generalizado
al público, en un mismo municipio. También se aplicará esta ley a la actividad
complementaria de telefonía móvil rural y al servicio de larga distancia nacional e
internacional. Exceptúase la telefonía móvil celular, la cual se regirá, en todos sus
aspectos por la ley 37 de 1993 y sus decretos reglamentarios o las normas que los
modifiquen, complementen o sustituyen. […]”.
84.El mismo estatuto en su título VI sobre el “[…] REGIMEN TARIFARIO DE LAS
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS […]” reguló las fórmulas tarifarias y los
subsidios.
85. El artículo 87.3 ibidem explicó que el régimen tarifario estaría orientado por los
criterios de solidaridad y redistribución, bajo el siguiente alcance:
“[…] ARTÍCULO 87. Criterios para definir el régimen tarifario. El régimen tarifario
estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad,
redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.
[…] 87.3. Por solidaridad y redistribución se entiende que al poner en práctica el
régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a "fondos de solidaridad
y redistribución", para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios
comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las
tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas. […]” (negrilla fuera
del texto).
86. El artículo 89 idem previó que las comisiones de regulación debían exigir que
en las facturas se distinguiera “[…] entre el valor que corresponde al servicio y el
factor que se aplica para dar subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2 […]”, y
que igualmente tenían que definir “[…] las condiciones para aplicarlos al estrato 3
[…]”.
87. El artículo 99 de esa misma ley reguló la forma de subsidiar y estableció los
límites bajo los cuales podían otorgarse subsidios a los usuarios de menores
ingresos. Veamos:
“[…] ARTÍCULO 99. Forma de subsidiar. Las entidades señaladas en el artículo 368
de la Constitución Política podrán conceder subsidios en sus respectivos
presupuestos de acuerdo a las siguientes reglas:
99.1. Deben indicar específicamente el tipo de servicio subsidiado.
99.2. Se señalará la entidad prestadora que repartirá el subsidio.
99.3. El reparto debe hacerse entre los usuarios como un descuento en el valor de
la factura que éste debe cancelar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y en las
Ordenanzas y Acuerdos según el caso.
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99.4. El Presidente y los gobernadores podrán suspender a los alcaldes cuando sean
negligentes en la aplicación de las normas relativas al pago de los subsidios; o cuando
las infrinjan de cualquier otra manera.
99.5. Los subsidios no excederán, en ningún caso, del valor de los consumos básicos
o de subsistencia. Los alcaldes y los concejales tomarán las medidas que a cada uno
correspondan para crear en el presupuesto municipal, y ejecutar, apropiaciones para
subsidiar los consumos básicos de acueducto y saneamiento básico de los usuarios
de menores recursos y extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de
agua potable y saneamiento básico, dando prioridad a esas apropiaciones, dentro de
las posibilidades del municipio, sobre otros gastos que no sean indispensables para
el funcionamiento de éste. La infracción de este deber dará lugar a sanción
disciplinaria.
99.6. La parte de la tarifa que refleje los costos de administración, operación y
mantenimiento a que dé lugar el suministro será cubierta siempre por el usuario; la
que tenga el propósito de recuperar el valor de las inversiones hechas para prestar el
servicio podrá ser cubierta por los subsidios, y siempre que no lo sean, la empresa de
servicios públicos podrá tomar todas las medidas necesarias para que los usuarios
las cubran. En ningún caso el subsidio será superior al 15% del costo medio del
suministro para el estrato 3, al 40% del costo medio del suministro para el estrato 2,
ni superior al 50% de éste para el estrato 1. […]”.
88. Posteriormente, el artículo 116 de la Ley 812 de 2003 adoptó la siguiente regla
para la aplicación de subsidios a los estratos 1, 2 y 3:
“[…] Artículo 116. Subsidios para estratos 1, 2 y 3. La aplicación de subsidios al
costo de prestación de los servicios públicos domiciliarios de los estratos
socioeconómicos 1 y 2 a partir de la vigencia de esta ley y para los años 2004,
2005 y 2006, deberá hacerse de tal forma que el incremento tarifario a estos
usuarios en relación con sus consumos básicos o de subsistencia corresponda
en cada mes a la variación del Índice de Precios al Consumidor.
Las Comisiones de Regulación ajustarán la regulación para incorporar lo
dispuesto en este artículo. Este subsidio podrá ser cubierto por recursos de los
Fondos de Solidaridad, aportes de la Nación y de las Entidades Territoriales.
Parágrafo 1°. Para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios se
aplicarán de acuerdo con la disponibilidad de recursos de los entes que los otorguen,
de tal forma que en ningún caso será superior al cuarenta por ciento (40%) del costo
medio del suministro para el estrato 2, ni superior al setenta por ciento (70%) para el
estrato 1.
Parágrafo 2°. En todos los servicios públicos domiciliarios, se mantendrá el régimen
establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 para la aplicación del subsidio en el
estrato 3. […]” (negrilla fuera del texto).
89. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones dio cumplimiento a lo
ordenado el artículo 116 de la Ley 812 de 2003, a través de la Resolución 996 de
29 de abril de 2004, así:
“[…] ARTÍCULO 1o. AMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución se aplica a
los operadores de los servicios de TPBCL y TPBCLE.
ARTÍCULO 2o. ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS ESTRATOS I Y II. De
conformidad con lo ordenado por el artículo 116 de la Ley 812 de 2003, durante los
años 2004, 2005 y 2006 el cargo fijo y el cargo por consumo, correspondiente al
consumo básico de subsistencia, de los estratos I y II del servicio de TPBCL y el
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componente local del servicio de TPBCLE se ajustarán mensualmente de acuerdo
con la siguiente fórmula:
CFit = CFit-1 (1 + DIPCt-1)
CCit = CCit-1 (1 + DIPCt-1)
Donde:
DIPC: Variación del IPC mensual publicado por el DANE para el mes t-1
CFi: Cargo fijo para el estrato i
CCi: Cargo por consumo para el estrato i correspondiente al consumo básico de
subsistencia.
i: Corresponde al estrato I o II
t: Corresponde al mes de aplicación.
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario
Oficial. […]” (negrilla fuera del texto).
90. Se destaca además que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, al
regular el régimen de subsidios y contribuciones en el servicio de telefonía pública
básica conmutada, había contemplado la posibilidad de disminuir los subsidios de
los estratos 1 y 2 y eliminar el subsidio del estrato 3, cuando las contribuciones
recaudadas no fueran suficientes para cubrir los subsidios aplicados.
91. Esa regla se previó en los artículos 5.3.4 de la Resolución 1250 de 29 de junio
200539; 5.3.4 de la Resolución 575 de 1 de abril de 200240; 5.3.4 de la Resolución
489 de 12 de abril de 200241; los literales a) y b) del numeral 5.3.4.2 del artículo
5.3.4 de la Resolución 253 de 28 de abril de 200042; la Resolución 087 de 15 de
septiembre de 199743; el artículo 1.º de la Resolución 116 de 199844; y los numerales
2.3.4.1 y 2.3.4.2 del numeral 2.3.4 del artículo 2.3 de la Resolución 099 de 1997 45,
cuyo estudio de legalidad efectuó esta Sección en la sentencia de 20 de junio de
201346, en el sentido de concluir que la comisión “[…] maneja cierto margen de
discrecionalidad para, dentro de los límites naturales que imponen la equidad, la
solidaridad y la ponderación, establecer autónomamente los criterios y
procedimientos para fijar los subsidios a los estratos 1 y 2 y eliminar el subsidio para
el estrato 3. […]”
92. Posteriormente, la Ley 1341 de 2009 modificó el régimen jurídico del sector de
las telecomunicaciones, con el propósito de habilitar de forma general la provisión
de redes y servicios de telecomunicaciones47.
93. En ese contexto, el artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 reguló el siguiente
régimen de transición aplicable a los proveedores que estaban prestando dichos
servicios bajo el régimen jurídico previamente citado:
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González,
radicación núm. 11001-03-24-000-2008-00124-00.
40
“[…] Por el cual se reglamenta la prestación de los servicios de comunicación personal, PCS, y se dictan otras disposiciones
[…]”.
41
“[…] Por medio de la cual se expide el régimen general de protección a los suscriptores y usuarios de los servicios de
telecomunicaciones y se compilan los títulos I, IV, V y VII de la Resolución 087 de 1997 de la CRT. […]”.
42
“[…] Por la cual se modifica el Título V de la Resolución CRT 087 de 1997 y se dictan otras disposiciones. […]”.
43
“[…] Por medio de la cual se regula en forma integral los servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC) en
Colombia. […]”.
44
“[…] Por la cual se adiciona la Resolución 099 de 1997. […]”.
45
“[…] Por la cual se modifica se establecen medidas para la aplicación de tarifas de TPBC y se dictan otras disposiciones.
[…]”.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González,
radicación núm. 11001-03-24-000-2008-00124-00.
47
El artículo 10.
21
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“[…] ARTÍCULO 69. Transición para los actuales proveedores de redes y
servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada Local (TPBCL) y Local
Extendida (TPBCLE). Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones
establecidos para TPBCL y TPBCLE, destinarán directamente a sus usuarios de
estratos 1 y 2, la contraprestación de que trata el artículo 36 de la presente ley por un
período de cinco (5) años, contados a partir del momento en que dicho artículo se
reglamente. Durante este periodo se continuará aplicando el esquema de subsidios
que establece la Ley 142 de 1994.
Autorizase a la Nación a presupuestar los recursos necesarios para pagar el
déficit entre subsidios y contribuciones derivados de la expedición de la Ley
812 de 2003. La Nación pagará el ciento por ciento del monto del déficit generado por
la Ley 812 en las siguientes tres (3) vigencias presupuestales a la aprobación de la
presente ley, para lo cual se tendrá en cuenta la verificación que realice el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del cumplimiento de los
límites, en cuanto a subsidios, derivados de la aplicación de la Ley 142 de 1994.
El déficit generado en el período de transición que no sea posible cubrir con el valor
de la contraprestación que trata el artículo 36, será cubierto anualmente por el Fondo
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo con los informes
presentados en los formatos definidos para tal fin.
PARÁGRAFO 1°. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones evaluará si el monto total de la contraprestación que le
correspondería pagar a las empresas fue destinado a la cobertura del subsidio. En
caso de que existiese superávit de recursos estos serán reintegrados al Fondo de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
PARÁGRAFO 2°. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, promocionará a través del Fondo de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, durante el período de transición al que hace referencia el
presente artículo, proyectos de masificación de accesos a banda ancha en estratos 1
y 2 sobre las redes de TPBCL y TPBCLE. […]” (negrilla fuera del texto).
94. Como puede apreciarse la referida norma autorizó a la Nación a asumir el pago
del déficit entre subsidios y contribuciones generado por la aplicación de la Ley 812
de 2003.
95. En desarrollo del artículo 69 de la Ley 1341, el Presidente de la República
expidió el Decreto 5052 de 2009 con el propósito de reglamentar el procedimiento
aplicable al reconocimiento y pago del déficit entre subsidios y contribuciones.
96. El artículo 3 fijó las siguientes reglas para la cuantificación del déficit:
“[…] Artículo 3°. Cuantificación del Déficit. Para determinar el monto real a pagar del
déficit entre subsidios y contribuciones derivado de la Ley 812 de 2003, teniendo en
cuenta el cumplimiento de los límites, en cuanto a subsidios, en los términos previstos
en la Ley 142 de 1994, se seguirá el siguiente procedimiento:
Período: el período de cuantificación del déficit entre subsidios y contribuciones
derivado de la Ley 812 de 2003 corresponderá a los ciclos de facturación,
comprendidos entre julio de 2003 y julio de 2007, de los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones sujetos a la aplicación del presente decreto,
Subsidios: el monto mensual máximo de los subsidios durante el período de
cuantificación, que controla el hecho que los proveedores de redes y servicios
de telecomunicaciones sujetos a la aplicación del presente decreto, se hayan
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ceñido a los límites, en cuanto a subsidios, previstos en la Ley 142 de 1994, será
determinado por la siguiente expresión para todos los estratos de cada empresa:
Contribuciones: Corresponde al agregado mensual de las contribuciones
recaudadas según los reportes de las empresas.
Déficit: Corresponde a la diferencia entre las contribuciones y los subsidios
calculados según los lineamientos aquí establecidos, descontados de los
valores girados por el Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones o por otros proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones sujetos a la aplicación del presente decreto, en el normal
funcionamiento del esquema de redistribución, vigente en el período de cuantificación
del déficit.
Déficit Acumulado: Los montos mensuales obtenidos siguiendo el procedimiento del
presente decreto deberán actualizarse a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
1341 de 2009 tomando como base el índice de precios de servicios de telefonía
(componente del Indice de Precios del Consumidor) publicado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística.
Parágrafo 1. Se toman como valores reportados los suministrados por los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones sujetos a la aplicación del
presente decreto a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y que
reposaban en el SUI durante el período de cuantificación del Déficit.
Parágrafo 2°. Para la determinación del cargo fijo y cargo variable en la fórmula, se
tendrá en cuenta que cuando la empresa haya ofrecido múltiples planes tarifarios, y
haya mantenido un plan con cargo fijo y variable para estrato 4 se tomará este plan,
o en su defecto el plan de cargo fijo y cargo variable preexistente al momento de la
aplicación de los planes tarifarios. […]” (negrilla fuera del texto).
97. Posteriormente, el 3 de agosto de 2010 el Presidente de la República expidió el
Decreto 2766 de 3 de agosto de 2010, con el propósito de modificar el Decreto 5052
de 2009 en relación con el período objeto de reconocimiento, las fuentes de
información, y la relación de los subsidios y contribuciones, entre otros aspectos.
98. En cuanto al período objeto de reconocimiento, se señaló que “[…] el período
de cuantificación del déficit entre subsidios y contribuciones generado de la Ley 812
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de 2003 corresponderá a los ciclos de facturación comprendidos entre julio de 2003
y diciembre de 2006 […]”.
99. En relación con los subsidios, se indicó que se tomarían “[…] los subsidios
mensuales efectivamente facturados por el proveedor a los estratos 1 y 2, por
concepto de cargo fijo y consumo de voz […]”; y, respecto de las contribuciones,
estableció que correspondían al “[…] agregado mensual de las contribuciones
recaudadas de estratos 5, 6 e industrial y comercial, por concepto de cargo fijo y
consumo de voz […]”.
100. El parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 2766 adicionó que “[…] En el evento de
encontrarse dentro del SUI datos inconsistentes o vacíos, su valor se estimará con
base en el promedio de los últimos seis (6) meses de registro de existentes, del
correspondiente proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones sujeto a la
aplicación del presente decreto. […]”.
101. Aunado a ello, el parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 2766 dispuso que “[…]
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificará que
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, los proveedores de redes y servicios
de telecomunicaciones sujetos a la aplicación del presente decreto, cumplieran con
los límites, en cuanto a subsidios derivados de la aplicación de la Ley 142 […]”.
102. De manera concomitante, el ministerio demandado expidió la Resolución 1495
de 5 de agosto de 2010, “[…] Por la cual se fija el trámite para el reconocimiento y
pago del déficit generado de la expedición de la Ley 812 de 2003 y se establecen
otras disposiciones […]”.
103. Esa norma señaló la forma48 como procederán los proveedores de redes y
servicios de TPBCL y TPBCLE, para la presentación de los estudios de
cuantificación del déficit.
48
“[…] Artículo 1º. Trámite para el reconocimiento y pago del déficit generado de la expedición de la Ley 812 de
2003. Todos los proveedores de redes y servicios de TPBCL y TPBCLE, que hayan registrado déficit durante el periodo
comprendido entre julio de 2003 y diciembre de 2006, se ajustarán al siguiente trámite:
1. Deberán enviar hasta el 13 de agosto de 2010, a la Oficina de Coordinación del Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los
estudios de cuantificación del déficit de que trata la Ley 1341 de 2009 conforme a lo ordenado en el Decreto 2766 de
2010, junto con la certificación expedida por la entidad bancaria a la que serán girados los recursos, indicando en
ella la clase de cuenta, el número y el titular de la misma.
2. La información que deberá contener dicho estudio, es la establecida en el artículo 1° del Decreto 2766 de 2010, anexando
como soporte las bases de datos de facturación y recaudo del período de cuantificación reportadas a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el aplicativo denominado Sistema Único de Información–
SUI.
3. El Ministerio verificará que a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones sujetos a la aplicación del presente decreto, cumplieran con los límites, en cuanto a subsidios, derivados
de la aplicación de la Ley 142. El proveedor que no hubiese cumplido con dichos límites, no tendrá derecho al
reconocimiento y pago del déficit generado por la Ley 812 de 2003 y ello se formalizará mediante acto administrativo
del Ministerio.
4. Al proveedor que no presente dentro del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, el estudio de cuantificación
del déficit generado por la expedición de la Ley 812 de 2003, no se le podrá reconocer el déficit y hacer el pago en la vigencia
presupuestal de 2010. Sin embargo, tendrá plazo para cumplir con esta obligación hasta el 31 de enero de 2011, caso en el
cual el reconocimiento y pago del déficit se hará con cargo a los recursos que se apropien para tal fin en la vigencia 2012.
Los proveedores que no presenten los estudios en los plazos y términos establecidos en este artículo, implicará que no se
puedan incorporar la totalidad de los recursos en la tercera y última vigencia (año 2012), de la que trata el mismo artículo 69
de la precitada ley.
Parágrafo. Aquellos Proveedores de redes y servicios de TPBCL y TPBCLE que a la entrada en vigencia de la presente
resolución, ya hubieran presentado los estudios de cuantificación del déficit generado por la Ley 812 de 2003 al Ministerio de
las TIC, deberán complementarlo de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del Decreto 2766 de 2010 y presentarlo
a más tardar en la fecha estipulada en el numeral primero del presente artículo. […]”.
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104. El numeral 3 del artículo 1 de la Resolución 001495 reiteró que “[…] el Ministerio
verificará que a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, los proveedores de
redes y servicios de telecomunicaciones sujetos a la aplicación del presente
decreto, cumplieran con los límites, en cuanto a subsidios, derivados de la
aplicación de la Ley 142 […]”. Además, precisó la consecuencia jurídica del
incumplimiento, al señalar que “[…] el proveedor que no hubiese cumplido con
dichos límites, no tendrá derecho al reconocimiento y pago del déficit generado por
la Ley 812 de 2003 y ello se formalizará mediante acto administrativo del Ministerio
[…]”.
105. Como puede apreciarse, el artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 autorizó a la
Nación a pagar el 100% del déficit derivado de la Ley 812 de 2003. Sin embargo, el
reconocimiento del déficit entre subsidios y contribuciones no operaba de manera
automática, pues quienes pretendieran acceder al beneficio tenían que acatar el
procedimiento administrativo de verificación a cargo del ministerio demandado.
106. En ese procedimiento, el ministerio debía constatar, tanto la existencia y cuantía
del déficit dentro del período comprendido entre julio de 2003 y diciembre de 2006,
como el cumplimiento de los límites legales de subsidios previstos en la Ley 142 de
1994. Por lo tanto, si el proveedor no acreditaba el cumplimiento de esos límites, no
tenía derecho al reconocimiento ni al pago del déficit reclamado.
107. En este contexto normativo, el ministerio informó a la sociedad demandante
mediante oficio 426035 de 3 de diciembre de 201049, que debía presentar “[…] el
estudio de cuantificación del déficit de conformidad con lo establecido en el Decreto
2766 de 2010, y en la resolución Mintic No. 001495 del 5 de agosto de 2010 […]”.
108. En consecuencia, el 7 de diciembre de 201050 la empresa solicitó el pago del
“[…] periodo comprendido entre julio de 2003 y diciembre de 2006, teniendo en
cuenta únicamente los periodos en los cuales el balance dio deficitario:
[…]”
(negrilla del texto).
109. El ministerio resolvió esa solicitud a través de la Resolución 002258 de 30 de
septiembre de 2011, conforme a las siguientes consideraciones:
49
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C01_11Contestacion
DeLaDemanda MinTICConPoderYAnexos(.pdf) NroActua 17”. Página 40.
50
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C01_01
DemandaConPoderYAnexos (.pdf) NroActua 17”. Página 97.
25
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
“[…] Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a
través del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, contrató a
la firma E-CONESTUDIOS S.A.S. para efectuar la verificación del cumplimiento
de los límites señalados en la Ley 142 de 1994, en cuanto a la aplicación de los
subsidios a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, según contratos Nos.
017 y 022 de 2010 celebrados con la Asociación Colombiana para el Avance de la
Ciencia ACAC. En desarrollo de dicho contrato y según comunicación de fecha 12 de
noviembre de 2010, la doctora Marcela Meléndez Arjona Representante Legal de la
firma E-CONESTUDIOS S.A.S., manifestó que la EMPRESAS MUNICIPALES DE
CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P., identificada con NIT 890.399.003 cumplió con los
límites señalados.
Que la misma firma, E-CONESTUDIOS S.A.S., aplicó la metodología para el
cálculo del déficit establecido en la fórmula del Decreto 5052 de 2009 y
posteriormente la del Decreto 2766 de 2010, teniendo en cuenta las bases de
datos de facturación de las empresas de telefonía fija reportadas en el Sistema
Único de Información - SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, con el fin de establecer el orden de magnitud por empresa de los
montos que deben reconocerse. Que dicho cálculo fue considerado por la Oficina
de Coordinación del Fondo de TIC del Ministerio de TIC.
Que cumplido el trámite establecido en la Resolución 1495 de 2010 y a partir del
estudio de cuantificación realizado por la firma E-CONESTUDIOS S.A.S. y el
presentado por el proveedor, la Oficina de Coordinación del FONTIC determinó que
al proveedor EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
identificada con NIT 890.399.003 se le generó un déficit entre los subsidios
otorgados y las contribuciones recaudadas derivado de la expedición de la Ley
812 de 2003, para el periodo comprendido entre julio de 2003 y diciembre de
2006, que asciende a la suma de QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATRO
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($517.004.337) M.CTE, actualizada
utilizando el Índice de Precios al Consumidor publicado por el DANE a 31 de
agosto de 2011, la cual será cancelada durante las vigencias presupuestales
2011 y 2012, de conformidad con lo ordenado en la Ley 1341 de 2009. […]”
(negrilla fuera del texto).
110. Mediante escrito radicado el 2 de diciembre de 201151, la demandante presentó
recurso de reposición contra la Resolución 002258 de 30 de septiembre de 2011.
En el recurso sostuvo que el período de cuantificación del déficit comprendía desde
julio de 2003 hasta julio de 2007, y que el déficit debía comprender los subsidios
otorgados al estrato 3.
111. Para resolver el referido recurso, mediante oficio 502096 de 13 de diciembre de
201152, el ministerio requirió a la empresa que indicara la forma en que variaron sus
tarifas para el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2005, de
conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones CRT 996 de 2004 y CRT 1250
de 2005. En ese documento se precisó:
“[…] En los registros del SUI correspondientes a los años 2003 a 2005 no consta el
total de registro de tarifas por cargo fijo y cargo variable para los estratos 1 y 2 y para
el estrato 4 de referencia.
51
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C01_11Contestacion
DeLaDemanda MinTICConPoderYAnexos(.pdf) NroActua 17”. Página 45 y siguientes.
52
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C01_11Contestacion
DeLaDemanda MinTICConPoderYAnexos(.pdf) NroActua 17”. Página 58 y siguientes.
26
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Sírvase enviar la información de las tarifas aplicables para cada uno de los
meses para los componentes de cargo fijo y cargo variable de los estratos 1, 2
y 4 para el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2005.
Sírvase explicar la razón por la cual las referidas tarifas no variaron, mes a mes,
conforme a la variación del índice de precios al consumidor, en congruencia
con la fórmula prevista en el citado artículo segundo de la resolución CRT 996
de 2004.
[…] Sírvase explicar la razón por la cual en los referidos registros de facturación
en el SUI existen estas inconsistencias y dónde se encuentran los faltantes de
dineros de las contribuciones cuya causación y recaudo eran responsabilidad
de su empresa. […]” (negrilla fuera del texto).
112. En el plenario se acreditó que, mediante oficio de 20 de enero de 2012 53, la
Contraloría General de la República advirtió al ministerio el riesgo fiscal que podría
acarrear la inadecuada verificación del cumplimiento de los parámetros exigidos
para el pago de las obligaciones derivadas del artículo 69 de la Ley 1341 de 2009.
De ese documento se destaca el siguiente apartado:
“[…] es necesario que el gobierno considere todas las herramientas para estimar el
monto correcto del déficit y los mecanismos para disminuir las asimetrías de
información con los proveedores de los servicios de TPBC local y local extendida dado
que es posible que las contribuciones estén subvaloradas y los subsidios
sobrevalorados lo que implicaría un mayor monto del déficit por encima del adecuado
lo que generaría consecuencia sobre el patrimonio público”;
A la Contraloría General de la República le preocupa que, teniendo presente los
resultados de las auditorias adelantadas al Fondo de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones para diferentes vigencias, se haya observado una gestión
desfavorable tanto en la vigilancia y control para el eficiente cobro de los
recursos que deben cancelar los diferentes proveedores de redes y servicios
de telecomunicaciones así como el manejo del sistema de subsidios y
contribuciones entre los operadores de telefonía local.
Por tales razones la Contraloría General de la República advierte sobre el riesgo
fiscal que se podría generar por las obligaciones derivadas del artículo 69 de la Ley
1341 de julio 30 de 2009. en relación con el régimen de transición del sistema de
subsidios y contribuciones para los operadores de telefonía local, al autorizar a la
Nación el pago del cien por ciento del monto del déficit generado por la Ley 812 de
2003, el cual de ser mayor al adecuado generaría un detrimento at erario público. […]”
(negrilla fuera del texto).
113. Mediante oficio de 22 de mayo de 201254, la empresa remitió al ministerio la
información requerida. Explicó que acató la regulación vigente y que, en algunos
períodos no actualizó las tarifas conforme al IPC, porque el balance de subsidios y
contribuciones presentó superávit en los dos últimos trimestres del año 2004 y
durante el año 200555.
53
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C01_59CuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 17”, página 331 y siguientes.
54
Ibidem, página 333 y siguientes.
55
Del documento se resalta lo siguiente: “[…] La resolución 087 de 1997 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
establece:
“Artículo 5.1.4.5 Los servicios de telecomunicaciones estarán sometidos al régimen de Libertad de tarifas, excepto en los
casos señalados en este título cuando la CRT resuelva lo contrario”.
“Artículo 5.2.2.2 los operadores de TPBC que tengan una participación igual o superior al 60% del mercado, deben ofrecer
un plan tarifario básico que estará sometido al régimen regulado de tarifas”.
27
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
114. El ministerio a través de la Resolución 002753 de 19 de noviembre de 201256,
rechazó los tres argumentos del recurso de reposición presentado por EMCALI
E.I.C.E. E.S.P. contra la Resolución 002258 de 2011, y revocó la Resolución 002258
de 30 de septiembre de 2011, modificada parcialmente por la Resolución 003153
de 15 de diciembre de 2011.
115. Frente al reparo sobre el período de cuantificación del déficit, sostuvo que el
período aplicable dependía de la norma legal que dio origen al reconocimiento, esto
es, el artículo 116 de la Ley 812 de 2003. Esa disposición reguló la aplicación de
subsidios para los años 2004, 2005 y 2006, por lo que el Decreto 2766 de 2010
únicamente ajustó la reglamentación establecida en el Decreto 5052 de 2009 a lo
previsto en la ley.
116. Sobre la exclusión del estrato 3, consideró que el reconocimiento previsto en el
artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 se refería al déficit entre subsidios y
contribuciones derivado de la expedición de la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, como
el inciso primero del artículo 116 de la Ley 812 de 2003 reguló los subsidios
aplicables a los usuarios de los estratos 1 y 2 durante los años 2004, 2005 y 2006,
el déficit a cargo de la Nación comprendía únicamente esos dos estratos.
117. El ministerio aclaró que era distinto el régimen general de subsidios previsto en
la Ley 142 de 1994, que contemplaba porcentajes máximos para los estratos 1, 2 y
3, respecto del reconocimiento excepcional previsto en el artículo 69 de la Ley 1341
de 2009.
118. Puso de presente que, aunque el parágrafo 2 del artículo 116 de la Ley 812 de
2003 mantuvo el régimen aplicable al estrato 3, ello no significaba que la Nación
estuviera obligada a reconocer, dentro del déficit de la Ley 812, los subsidios
otorgados a dicho estrato, pues esa decisión dependía de lo dispuesto por la
comisión respectiva para este servicio.
Que mediante oficio FOCOM 015-0492-01 el fondo de comunicaciones autorizo a EMCALI aplicar la norma definida en la
Resolución 253 de Abril de 2000 y 304 de Octubre de 2000 en el artículo 5.34, para encontrar el balance entre los subsidios
y contribuciones.
EMCALI cumplió a cabalidad con lo estipulado en la regulación vigente y a partir de la expedición de la resolución CRT 996
de 2004, actualizó las tarifas por el IPC de manera mensual durante cada uno de los meses subsiguientes de 2004, para el
año 2005 y teniendo en cuenta que el balance de subsidios y contribuciones fue superavitario para los dos últimos
trimestres de 2004, para el año 2005 y que EMCALI dio una interpretación diferente a la aplicación de los valores
mínimos de factor Q estipulados en la resolución 575 de 2002, EMCALI no ajusto las tarifas por el IPC, cumpliendo
así con la finalidad social del estado asegurando el acceso a la telefonía pública básica conmutada a los usuarios de
estratos 1 y 2. […]” (negrilla fuera del texto).
56
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C01_11Contestacion
DeLaDemanda MinTICConPoderYAnexos(.pdf) NroActua 17”, página 64 y siguientes. En el recurso se precisó que: “[…] Se
ejerce una competencia no prevista en la Ley
B-. Se revoca una decisión administrativa sin autorización de la parte afectada por la misma
C-. Se viola el principio NON REFORMATIO IN PEJUS.
D-. Se toma una decisión con base en documentos no controvertidos y que por lo tanto no constituyen prueba en la actuación
E-. Se desconocen las causales de revocatoria de los actos previstas tanto en el Decreto 01 de 1984, como en la Ley 1437
del 2011.
F-. Arbitrariamente se desconoce que la forma como la administración puede obtener la anulación de sus actos es la acción
de lesividad y se procede en forma irregular a revocar un acto administrativo ya expedido, ocasionando un grave agravio al
administrado.
G-. Se desconoce que las normas tanto de procedimientos como de proceso administrativos son de orden público y por lo
tanto no disponible y de imperativo cumplimiento.
H-. Se desconoce el principio de función reglada que tiene la administración y que deriva de los mandatos de los artículos 4
y 121 de la Constitución Política de Colombia.
1-. Por diferentes vías se actúa con grave transgresión de mandato del art. 29 que ordena el cumplimiento del debido proceso
consagrado en la Ley para todas las actuaciones no solamente judiciales sino administrativas con independencia de su
alcance y naturaleza […]”.
28
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
119. Por todo ello, revocó el reconocimiento inicial porque encontró diferencias en la
aplicación de los subsidios de los cargos fijo y variable para los estratos 1 y 2 por
una suma superior al déficit previamente calculado a favor de la empresa.
120. El 12 de diciembre de 201257 la empresa presentó recurso de reposición contra
la Resolución 002753 de 19 de noviembre de 2012, con fundamento en que: “[…]
una actuación administrativa no se puede sorprender al administrado y en la
decisión de un recurso de reposición aparecerle con hechos nuevos y con
documentos que no se le dio oportunidad de controvertir dentro de la actuación y
menos pretender que el debido proceso se inicie con la notificación de la decisión y
se ejerza a través de la interposición de recursos, pues es claro que en materia
administrativa el debido proceso es pleno y previo. […]”.
121. Mediante Resolución 003490 de 28 de diciembre de 2012, el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones confirmó la revocatoria del
reconocimiento económico inicialmente efectuado en las Resoluciones 002258 y
003153 de 2011, así como la negativa de pagar suma alguna por concepto del déficit
entre subsidios y contribuciones derivado de la Ley 812 de 2003.
122. Sostuvo que la Resolución 002753 de 2012 no constituía una vía de hecho
porque el artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 le imponía el deber de verificar el
cumplimiento de los límites de subsidios previstos en la Ley 142 de 1994, antes de
reconocer el déficit reclamado.
123. Reiteró que el período de cuantificación aplicable era el comprendido entre julio
de 2003 y diciembre de 2006, y no entre julio de 2003 y julio de 2007. El artículo
116 de la Ley 812 de 2003 reguló en este servicio los subsidios durante los años
2004, 2005 y 2006. En consecuencia, debía aplicarse el Decreto 2766 de 2010, que
ajustó la reglamentación al período legal.
124. Informó que el reconocimiento del déficit previsto en el artículo 69 de la Ley
1341 de 2009 no incluía los subsidios del estrato 3, porque el déficit que la Nación
debía reconocer era el derivado de la regla especial de la Ley 812 de 2003, referida
a los estratos 1 y 2.
125. Finalmente, el ministerio sostuvo que la verificación técnica permitió establecer
que la empresa no ajustó adecuadamente las tarifas de los estratos 1 y 2 conforme
a la variación mensual del IPC, como lo exigía la Ley 812 de 2003 y la regulación
de la comisión de regulación. Esa situación habría generado subsidios superiores a
los legalmente permitidos y, por tanto, un mayor déficit no reconocible a cargo de la
Nación.
57
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C01_59CuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 17”, página 309 y siguientes. La empresa adujo que ninguna norma autoriza “[…] a las autoridades administrativas
a revocar oficiosamente actos de contenido particular y concreto sin el consentimiento previo del afectado por el mismo […]”.
Tampoco permite “[…] que un acto sea modificado o revocado tomando como referencia pruebas no decretadas documentos
simples incorporados al expediente […]”, ni “[…] seguir recaudando pruebas o motivos referidos a un acto después de este
haber sido expedido […]”; o faculta “[…] a la administración a modificar sus propios actos en acatamiento a directrices de los
organismos de control, más aún si los mismos no han participado en la actuación que se ha culminado […]”.
29
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
126. Como puede apreciarse, el ministerio no interpretó de manera errada la
normativa que regulaba el reconocimiento y pago del déficit entre subsidios y
contribuciones derivado de la Ley 812 de 2003. Los actos demandados se ajustaron
al marco normativo aplicable, en la medida en que ese reconocimiento económico
estaba sujeto a la verificación del cumplimiento de los límites en materia de
subsidios derivados de la Ley 142 de 1994.
127. Según del artículo 116 de la Ley 812 de 2003, “[…] Las Comisiones de
Regulación ajustarán la regulación para incorporar lo dispuesto en este artículo […]”.
128. Su parágrafo 2 complementó que “[…] en todos los servicios públicos
domiciliarios, se mantendrá el régimen establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994
para la aplicación del subsidio en el estrato 3 “[…]”. En concordancia con ello, el
artículo 89.2 de la Ley 142 de 1994 dispuso que las comisiones de regulación
definirían las condiciones para aplicar subsidios a dicho estrato.
129. En ejercicio de estas funciones la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones en la Resolución 996 de 2004 precisó que “[…] De conformidad
con lo ordenado por el artículo 116 de la Ley 812 de 2003, durante los años 2004,
2005 y 2006 el cargo fijo y el cargo por consumo, correspondiente al consumo
básico de subsistencia, de los estratos I y II del servicio de TPBCL y el
componente local del servicio de TPBCLE se ajustarán mensualmente […]”
(negrilla fuera del texto).
130. Aunque el parágrafo 2 del artículo 116 de la Ley 812 de 2003 señaló que “[…]
En todos los servicios públicos domiciliarios, se mantendrá el régimen establecido
en las Leyes 142 y 143 de 1994 para la aplicación del subsidio en el estrato 3 […]”,
este precepto debe interpretarse de forma armónica con lo señalado en el artículo
89.2 de la Ley 142 de 1994.
131. Por consiguiente, la existencia de un eventual déficit no podía calcularse al
margen del periodo señalado en la metodología tarifaria vigente, ni con
desconocimiento de las reglas regulatorias aplicables sobre los subsidios para el
estrato 3 cuando las contribuciones recaudadas no son suficientes para financiarlos.
132. En consecuencia, la exclusión de valores que no cumplían con dichas
condiciones no constituye una vulneración de la Ley 812 de 2003 ni de la Ley 142
de 1994, sino una consecuencia del deber de verificación que correspondía al
ministerio, conforme a los principios de legalidad del gasto público, eficiencia
económica y suficiencia financiera del régimen tarifario.
133. Incluso en el plenario obra el concepto 201254591 de 2 de agosto de 201258 de
la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en el que informó al Fondo de
58
Ibidem, página 404 y siguientes. El referido concepto señala: “[…] De la lectura de las anteriores disposiciones de orden
legal y regulatorio, se concluye frente al primer interrogante de su consulta, que los operadores de los servicios de TPBCL y
TPBCLE estuvieron obligados durante los años 2004 a 2006 a la actualización mensual de las tarifas de los estratos
1 y 2, de conformidad con la fórmula establecida en el artículo 2 de la Resolución CRT 996 de 2004, actualización que siempre
estaba sujeta a la variación del IPC, como se desprende de la norma y la fórmula en ella contenida.
En este orden de ideas, con respecto a la actualización de las tarifas no puede entenderse el índice de Precios al Consumidor
como un tope -como se plantea en su pregunta-, pues la referencia al mismo está contenida dentro de la fórmula, sujeta a las
30
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que los prestadores del
servicio de telefonía pública básica conmutada local estuvieron obligados durante
los años 2004 a 2006 a la actualización mensual de las tarifas de los estratos 1 y 2
conforme a la metodología tarifaria prevista en la Resolución 996 de 2004, en
aplicación del artículo 116 de la Ley 812 de 2003.
134. Tampoco es procedente inaplicar el Decreto 2766 de 2010 por vía de excepción
de ilegalidad. Dicha medida solo procede cuando el acto administrativo cuestionado
en el caso concreto resulte lesivo del orden jurídico superior. Sin embargo, no se
advierte que el decreto reglamentario haya desconocido los artículos 69 de la Ley
1341 de 2009 o 116 de la Ley 812 de 2003, ni que haya eliminado un derecho
previamente consolidado o modificado el contenido esencial de esas disposiciones
legales.
135. Por el contrario, dicho cambio normativo respondió a la necesidad de adecuar
el procedimiento reglamentario a las disposiciones superiores contenidas en los
artículos 69 de la Ley 1341 de 2009 y 116 de la Ley 812 de 2003.
136. Por lo tanto, los cargos aquí estudiados no prosperan.
V.4.2. La presunta situación jurídica consolidada en cuanto a la aplicación del
Decreto 5052 de 2009
137. La empresa demandante puso de presente que radicó el estudio de
cuantificación del déficit el 13 de julio de 2010 cuando estaba vigente el Decreto
5052 de 2009. Por lo tanto, alegó que contaba con una situación jurídica
consolidada para que su solicitud se resolviera siguiendo el procedimiento allí
reglado.
138. Previamente se explicó que el ministerio informó a la empresa, mediante oficio
426035 de 3 de diciembre de 201059, que debía presentar “[…] el estudio de
cuantificación del déficit de conformidad con lo establecido en el Decreto 2766 de
2010, y en la resolución Mintic No. 001495 del 5 de agosto de 2010 […]”, por las
siguientes razones:
“[…] Reitero que la intención de este Ministerio es cumplir con lo ordenado en el
artículo 69 de la Ley 1341 de 2009, sin embargo el proveedor debe cumplir con una
serie de obligaciones regulatorias para poder conseguir el pago del derecho que le ha
reconocido la ley; por lo tanto debe presentar el estudio de cuantificación nuevamente
conforme con la fórmula del Decreto 2766 de 2010, puesto que el que presenta con
el derecho de petición no cumple con la normatividad actual y de esta manera ya el
fluctuaciones que pudiera sufrir mes a mes, en los términos del artículo 116 de la Ley 812 de 2003, en concordancia con el
artículo 2 de la Resolución CRT 996 de 2004, por lo tanto, los operadores de los servicios de TPBCL y TPBCLE estaban
obligados a actualizar mensualmente las tarifas para los estratos 1 y 2, siguiendo para tal fin la fórmula establecida
en la regulación.
Ahora bien, con respecto a la vigencia de la Resolución CRT 996 de 2004, se advierte que el artículo 3 de esta última
estableció que entraría a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial, esto es a partir del 4 de mayo de 2004. Lo anterior
sin perjuicio del cumplimiento del artículo 116 de la Ley 812 de 2003, a partir de su entrada en vigencia, esto es desde el 27
de junio de 2003. […]” (negrilla fuera del texto).
59
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C01_11Contestacion
DeLaDemanda MinTICConPoderYAnexos(.pdf) NroActua 17”. Página 40.
31
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Ministerio puede entrar a realizar la verificación que le ordena la ley y proceder a
expedir el acto administrativo de reconocimiento y pago. […]”.
139. En el marco de lo anterior, el 7 de diciembre de 2010 60 presentó nuevamente
esa solicitud acogiéndose a lo dispuesto en el Decreto 2766 de 2010 y la Resolución
001495 de 5 de agosto de 2010.
140. El ministerio resolvió su petición a través de la Resolución 002258 de 30 de
septiembre de 2011 con fundamento en la normativa aplicable al momento en que
la empresa presentó la documentación necesaria para resolver la actuación
administrativa, como se deduce de la parte motiva del referido acto que señala:
“[…] Que el proveedor EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E.
E.S.P. identificado con NIT 890.399.003, presentó el 7 de diciembre de 2010 el
estudio de cuantificación, mediante comunicación No. 100-GG-01556-2010 con
radicado 388806, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del
Decreto 2766 de 2010 y en la Resolución 1495 de 2010. […]”.
141. Nótese que el Decreto 2766 de 3 de agosto de 2010 no contempló un régimen
de transición para quienes hubiesen presentado esa solicitud con fundamento en el
procedimiento previsto en el Decreto 5052. Por el contrario, su artículo 2 señaló que
“[…] El presente decreto rige a partir de su publicación […]”.
142. Aunado a ello, el parágrafo del artículo 1 de la Resolución 1495 complementó
que “[…] Aquellos Proveedores de redes y servicios de TPBCL y TPBCLE que a la
entrada en vigencia de la presente resolución, ya hubieran presentado los estudios
de cuantificación del déficit generado por la Ley 812 de 2003 al Ministerio de las
TIC, deberán complementarlo de conformidad con lo establecido en el numeral 1
del Decreto 2766 de 2010 y presentarlo a más tardar en la fecha estipulada en el
numeral primero del presente artículo. […]”.
143. Por lo tanto, la radicación de la solicitud de 13 de julio de 2010 no consolidó una
situación jurídica consolidada en los términos pretendidos por el demandante,
máxime cuando la entidad demandada tenía el deber de verificar que el déficit
reclamado correspondiera a subsidios efectivamente aplicados conforme al marco
legal y regulatorio vigente y, en consecuencia, la empresa cumplió con dicha
exigencia.
V.4.3. El presunto desconocimiento de la información reportada al SUI
144. El parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 2766 de 2010 señala que, al calcular el
déficit, “[…] En el evento de encontrarse dentro del SUI datos inconsistentes o
vacíos, su valor se estimará con base en el promedio de los últimos seis (6) meses
de registro de existentes, del correspondiente proveedor de redes y servicios de
telecomunicaciones sujeto a la aplicación del presente decreto. […]”.
145. En el caso concreto, la apelante sostuvo que el ministerio no podía aplicar los
promedios a los que alude la citada norma para calcular las contribuciones
60
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C01_01
DemandaConPoderYAnexos (.pdf) NroActua 17”. Página 97.
32
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
recaudadas, porque la base de datos enviada por esa empresa y la información
reportada en el Sistema Único de Información era consistente.
146. Afirmó que la información se cargó oportunamente y, por ello, el ministerio no
podía sustituir esos reportes por un promedio que alteraba la realidad de la
información suministrada. Concretamente, la empresa reportó en el SUI superávit
respecto de algunos periodos comprendidos entre junio y diciembre de 2006.
147. También mencionó que “[…] el operador judicial, debe dar entonces valor
probatorio a las 10 resoluciones obrantes en el expediente, que contienen los
valores ciertos acerca de las diferencias entre los subsidios y las contribuciones por
el servicio de telefonía de los estratos 1, 2 y 3, para los periodos 2.004, 2.005 y
2.006. […]”.
148. Ahora bien, la empresa apelante en el oficio de 22 de mayo de 201261, reconoció
que: “[…] teniendo en cuenta que el balance de subsidios y contribuciones fue
superavitario para los dos últimos trimestres de 2004, para el año 2005 y que
EMCALI dio una interpretación diferente a la aplicación de los valores mínimos de
factor Q estipulados en la resolución 575 de 2002, EMCALI no ajusto las tarifas
por el IPC, cumpliendo así con la finalidad social del estado asegurando el acceso
a la telefonía pública básica conmutada a los usuarios de estratos 1 y 2. […]”
(negrilla fuera del texto).
149. Esta Sección en la sentencia de 7 de mayo de 2015 62, al resolver un asunto
relacionado con el procedimiento de reconocimiento y pago del déficit derivado de
la Ley 812 de 2003, precisó que el hecho de no aplicar las tarifas conforme al IPC
implica una inconsistencia, por la siguiente razón:
“[…] Del texto de la disposición transcrita se colige un claro deber para los operadores
de servicios públicos domiciliarios de aplicar las tarifas conforme a la variación del
índice de precios al consumidor -IPC-. No hacerlo de esa forma implica, por
antonomasia, un mayor valor del subsidio, lo que, en consecuencia, genera un déficit
adicional para el proveedor debido a la inobservancia de la normatividad vigente que
regulaba la materia.
En este sentido, la Sala observa que el Ministerio demandado no desconoció ni
vulneró las disposiciones sustantivas al momento de efectuar el procedimiento
cuantificación y pago de déficits ordenados por la Ley. […]”.
150. Por lo tanto, el ministerio no actuó de manera arbitraria al aplicar la regla prevista
en el parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 2766 de 2010 en la medida en que la
demandante reconoció que no ajustó las tarifas conforme a la variación del IPC, por
haber dado una interpretación distinta a la regulación aplicable.
151. Incluso el dictamen pericial de 27 de febrero de 2015 practicado en primera
instancia concluyó que la información disponible no conducía al reconocimiento del
déficit reclamado, en los siguientes términos:
61
Ibidem, página 333 y siguientes.
62
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González,
radicación núm. 25000-23-41-000-2013-00758-01.
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Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
“[…] Dado que para este informe me corresponde dar respuesta a las seis preguntas
de la parte demandante con la información que he tenido a mi disposición, estas son:
Pregunta: i). El valor que deberá reintegrar las entidades aquí demandadas por el
déficit pagado por EMCALI entre los subsidios y las contribuciones a los estratos 1, 2
y 3 del año 2004.
Respuesta: Verificada la información que reposa en el expediente suministrada por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se establece que no se
presentan déficit entre los subsidios y contribuciones a los estratos 1, 2 y 3
acumulados por el año de 2004.
Pregunta: ii). A cuanto asciende los intereses y la actualización de eso valores pagado
y no cancelados por el FONTIC, desde la fecha de su causación [fecha en que
EMCALI pagó dichas sumas y que se encuentran reportadas en el SUIT], a la fecha
en que se rinda en dictamen.
Respuesta: Dado que para el año de 2004 no se determinó déficit de acuerdo con la
información disponible en el expediente y suministrada por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios no da elementos para el cálculo de intereses y de
actualización de cifras según lo establece la normativa aplicable.
Pregunta: iii). El valor que deberá reintegrar las entidades aquí demandadas por el
déficit pagado por EMCALI entre los subsidios y la contribuciones a los estratos 1, 2
y 3 del año 2005.
Respuesta: Verificada la información que reposa en el expediente suministrada por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se establece que no se
presentan déficit entre los subsidios y contribuciones a los estratos 1, 2 y 3
acumulados por el año de 2005.
Pregunta: vi). A cuanto asciende los intereses y la actualización de eso valores
pagado y no cancelados por el FONTIC, desde la fecha de su causación [fecha en
que EMCALI pagó dichas sumas y que se encuentran reportadas en el SUIT], a la
fecha en que se rinda en dictamen.
Respuesta: Dado que para el año de 2005 no se determinó déficit de acuerdo con la
información disponible en el expediente y suministrada por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios no da elementos para el cálculo de intereses y de
actualización de cifras según lo establece la normativa aplicable.
Pregunta: v). El valor que deberá reintegrar las entidades aquí demandadas por el
déficit pagado por EMCALI entre los subsidios y las contribuciones a los estratos 1, 2
y 3 del año 2006.
Respuesta: Verificada la información que reposa en el expediente suministrada por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se establece que no se
presentan déficit entre los subsidios y contribuciones a los estratos 1, 2 y 3
acumulados por el año de 2006.
Pregunta: vi). A cuanto asciende los intereses y la actualización de eso valores
pagado y no cancelados por el FONTIC, desde la fecha de su causación [fecha en
que EMCALI pagó dichas sumas y que se encuentran reportadas en el SUIT], a la
fecha en que se rinda en dictamen.
Respuesta: Dado que para el año de 2006 no se determinó déficit de acuerdo con la
información disponible en el expediente y suministrada por la Superintendencia de
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Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Servicios Públicos Domiciliarios no da elementos para el cálculo de intereses y de
actualización de cifras según lo establece la normativa aplicable. […]”63.
152. La Sala no desconoce que después de la audiencia celebrada el 25 de marzo
de 201564, en la que se efectuó la contradicción del dictamen pericial, la demandante
presentó un escrito en el que rechazó el informe financiero del perito y adjunto unos
documentos y actos administrativo que, en su criterio, desvirtúan las conclusiones
del dictamen.
153. Sin embargo, como lo explicó el a quo en la audiencia de 25 de marzo de 2015
y en la sentencia de primera instancia, dicha solicitud probatoria resultaba
extemporánea y, en todo caso, esos documentos no acreditaban que la información
reportada reflejara el cumplimiento estricto de las condiciones tarifarias exigidas
para el reconocimiento del déficit.
154. En conclusión, el cargo no prospera porque no bastaba con afirmar que la
información había sido cargada oportunamente en el SUI, si de las pruebas
debidamente incorporadas al plenario no se deduce que los datos fueran
consistentes ni que permitieran reconocer el déficit reclamado.
V.4.4. La presunta revocatoria directa sin consentimiento de la Resolución
002258 de 2011, modificada por la Resolución 003153 de 2011
155. Frente a la pretensión subsidiaria, la sociedad apelante afirmó que las
Resoluciones 002258 y 3153 de 2011 reconocieron un derecho económico a su
favor. Por ello, sostuvo que dichos actos eran particulares, y no podían ser
revocados sin el consentimiento previo, expreso y escrito de la empresa, conforme
a lo dispuesto en “[…] el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 (antes artículo 73 del
Decreto 01 de 1.984) […]”.
156. Señaló que el tribunal se equivocó al considerar que no era necesario estudiar
las reglas de la revocatoria directa porque la Resolución 002753 de 2012 se expidió
al resolver un recurso de reposición. En las Resoluciones 002753 y 003490 de 2012
el ministerio desconoció el debido proceso administrativo, resolvió el recurso de
reposición por fuera del término previsto en el artículo 52 de la Ley 1437, y
quebrantó el principio de la non reformatio in pejus.
157. En cuanto a los planteamientos expuestos en precedencia, la Sala advierte que
la actuación administrativa cuestionada inició antes de la entrada en vigencia de la
Ley 143765, razón por la que no resulta procedente analizar su validez a partir de
los artículos 52 y 97 de ese código, al regirse por las disposiciones del Código
Contencioso Administrativo.
63
Ibidem, página 500 y siguientes.
64
Ibidem, página 494 y siguientes.
65
“[…] ARTÍCULO 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas
y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la
presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. […]” (negrilla fuera del
texto).
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
158. En todo caso, el cargo no está llamado a prosperar respecto de la presunta
transgresión de las reglas sobre revocatoria de los actos particulares previstas en
Código Contencioso Administrativo, porque la Resolución 002753 de 2012 no se
expidió en ejercicio de la potestad de revocatoria directa, sino dentro de la misma
actuación administrativa y con ocasión del recurso de reposición interpuesto contra
la decisión que reconoció parcialmente el déficit.
159. Elartículo 73 del Código Contencioso Administrativo al referirse al tema
dispone:
“[…] Artículo 73.- Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un
acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser
revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del
silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si
fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto
sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en
el sentido de la decisión. […]” (negrilla fuera del texto).
160. Esta Sección en la sentencia de 12 de mayo de 201166 explicó que la revocatoria
directa solo opera cuando el acto administrativo revocado creó, modificó o reconoció
una situación jurídica particular y concreta. En cambio, si el acto no constituyó un
derecho ni dio nacimiento a una situación individual favorable, como ocurrió en el
caso concreto, no era necesario obtener el consentimiento del administrado.
161. Adicionalmente, en la sentencia de 7 de mayo de 2015 67, la Sección Primera
complementó en un caso con similares supuestos fácticos que el ministerio no
vulnera la confianza legítima ni el debido proceso cuando en vía gubernativa
modifica sus decisiones en relación con el déficit derivado de la Ley 812 de 2003, si
de la revisión de la información reportada se advierte que incurrió en un error al
valorar el monto real del déficit.
162. De esta providencia se destacan los siguientes apartados:
“[…] Entiende la Sala que la Administración no contravino un acto propio que pudiera
ser considerado violatorio de la confianza legítima y del principio del “non venire
contra Facttum proprium”, debido a que el administrado debió esperar el cierre de
la actuación de la Administración con el propósito de obtener unas expectativas
serias, legítimas y fundadas de los actos administrativos que definieron el
monto a pagar por concepto de déficit.
[…] Lo anterior, significa para la Sala, que el Ministerio, en ejercicio de su obligación
legal, verificó la información suministrada por parte de los proveedores, con el
propósito de tomar una decisión real en cuanto al reconocimiento del verdadero
déficit causado.
66
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta,
radicación núm. 11001-03-24-000-2004-00319-01.
67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González,
radicación núm. 25000-23-41-000-2013-00758-01.
36
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Precisamente, los proveedores, y en esta caso particular la ETB S.A. E.S.P., disponen
del ejercicio de los recursos establecidos en la ley, con el objeto de respetar su debido
proceso constitucional, tal como efectivamente lo hizo al incoar el respectivo recurso
de reposición.
[…] Si el administrado no está de acuerdo con una decisión de la Administración que
le afecte sus intereses, tiene derecho a ejercer los recursos correspondientes
con el fin de obtener que se revoque o modifique, tal como lo sostuvo la Corte
Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-1021 de 2002. […]” (negrilla fuera del
texto).
163. Para la Sala el ministerio demandado en el presente caso no estaba frente a un
acto particular en firme, sino ante una decisión sometida al control de la propia
administración en vía gubernativa, circunstancia que de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 70 del Código Contencioso Administrativo, impide la procedencia de
la revocatoria directa. Las Resoluciones 002258 y 3153 de 2011 no consolidaron un
derecho económico definitivo a favor de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., pues su contenido
estaba sujeto a la resolución de los recursos interpuestos y a la verificación de la
información aportada por el prestador.
164. Tampoco se observa que la administración hubiese perdido competencia por
resolver el recurso por fuera del término legal, pues la eventual superación del
término no impide que la administración se pronuncie, siempre y cuando no se haya
demandado la legalidad del acto presunto ante la jurisdicción contencioso
administrativa68.
165. En relación con el argumento según el cual se desconoció la prohibición de
reformatio in pejus, aplicable a las actuaciones administrativas, cabe señalar que el
problema jurídico resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia T-033 de
200269 tiene distintos supuestos fácticos a los aquí estudiados, porque en ese caso
la administración se abstuvo de resolver de fondo el recurso interpuesto y, además,
invocó expresamente el ejercicio de las facultades propias de la revocatoria directa.
En el presente caso, el ministerio resolvió expresamente la reposición interpuesta
dentro de la misma actuación administrativa y, al hacerlo, verificó nuevamente la
procedencia del reconocimiento económico pretendido por la demandante en el
marco de sus deberes legales.
166. Como se explicó, el ministerio no actuó en ejercicio de la revocatoria directa,
sino al resolver un recurso interpuesto en sede de vía gubernativa, dentro de una
actuación administrativa que aún no había finalizado. Por lo tanto, los cargos
estudiados no prosperan.
167. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en el
artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, sobre
condena en costas.
68
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm.
25000 23 24 000 2006 00328 01.
69
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, expedientes T-431.321, T-460.873 y T-455.228 Acumuladas. M.P.
Rodrigo Escobar Gil. En esta sentencia la Corte Constitucional concluyó que la decisión administrativa carecía de la
congruencia mínima que debe observar la administración al resolver los recursos formulados por los interesados.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02842-01
Demandante: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de abril de 2015, proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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