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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00003-02

Fecha
5 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00003-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección “A”, Sección Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 5 de septiembre de 2013, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 84 Núm. único de radicación: 250002324000200700003 02 Demandante: Jardines del Apogeo S.A. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2007-00003-02

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

5 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Núm. único de radicación: 250002324000200700003 02
Demandantes: Jardines del Apogeo S.A.
Demandado: Departamento Administrativo de Planeación Distrital

Asunto: Plan de Regularización y Manejo – Cesiones Públicas - Desistimiento
tácito

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 5 de septiembre de 2013 por la
Subsección A, Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Jardines del Apogeo S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó
demanda2 contra el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, en
adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y

1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 1 del cuaderno núm. 1 del expediente
2
Folios 1-97 cuaderno principal.

2

Núm. único de radicación: 250002324000200700003 02
Demandante: Jardines del Apogeo S.A.

restablecimiento prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 3,
en adelante, Código Contencioso Administrativo.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 2.1 PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare la nulidad de la
totalidad de la Resolución No. 00711 del 04 de agosto de 2006, notificada
personalmente el día 16 de agosto de 2006, "Por la cual se decide un recurso de
apelación interpuesto contra el oficio No. 2-2005-33185 del 30 de diciembre de
2005, expedido por la Subdirección de Planeamiento Urbano del Departamento
Administrativo de Planeación Distrital" de la Dirección del Departamento
Administrativo de Planeación Distrital.

2.2 PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL: Que se declare la nulidad de la
totalidad de la Resolución No. 0325 del 21 de Marzo de 2006 "Por la cual se
resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el oficio No. 2-2005-33185 del
30 de Diciembre de 2005, expedido por la Subdirección de Planeamiento Urbano
del Departamento Administrativo de Planeación Distrital" expedida por esa misma
Subdirección.

2.3 PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL: Que se declare la nulidad de la totalidad
del oficio No. 2-2005-33185 del 30 de Diciembre de 2005 de la Subdirección de
Planeamiento Urbano del Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

2.4. PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL: Como consecuencia de la declaratoria
de nulidad solicitada en las pretensiones primera, segunda y tercera principal se
restablezca en el derecho a mi representada, otorgándole el Plan de Regularización
y Manejo del predio de su propiedad denominado "Parque Cementerio Jardines del
Apogeo" conforme a las normas urbanísticas contenidas en el Decreto Distrital 619
del 28 de junio de 2000 (POT), expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, el Decreto
904 de 2001 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá y a la Formulación del Plan
y Regularización y Manejo para el predio que conforma el Parque Cementerio
Jardines El Apogeo, presentada ante el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital con la radicación No. 1- 2002-27927 del 23 de Octubre de 2002 y la
radicación 2-2005-00073 del 3 de Enero de 2005.

2.5. PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL: Que por virtud del restablecimiento del
derecho señalado en la pretensión cuarta principal, se condene a la entidad
demandada al pago de los perjuicios económicos que se prueben dentro del
proceso (daño emergente y lucro cesante), por la imposibilidad del ejercicio para mi
representada de los derechos consagrados en los Decretos Distritales Nos. 619 de
2000 (POT), 904 de 2001 y la Formulación del Plan de Regularización y Manejo
presentada ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital en la
radicación No. 1-2002-27927 del 23 de Octubre de 2002 desde el día 16 de Agosto
de 2006 y los demás actos administrativos que hubiese podido obtener en el
ejercicio de sus derechos legítimos tales como licencias de construcción permitidas
por las normas urbanísticas ya citadas aplicables al predio propiedad de mi

3 “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”

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Demandante: Jardines del Apogeo S.A.

defendida; entre el día 16 de Agosto de 2006 y la fecha de ejecutoria de la sentencia
con que culmine la presente acción contencioso administrativa.

2.6 PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL: Se condene a la entidad demandada al
pago de los intereses comerciales y moratorios establecidos en el Artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo, que se causen entre la fecha de ejecutoria de
la sentencia y la fecha efectiva de pago de las condenas indemnizatorias citadas en
las pretensiones de la demanda.

2.7. PRETENSIÓN SÉPTIMA PRINCIPAL: Se condene a la entidad demandada a
las costas y agencias en derecho.

2.8. PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN CUARTA
PRINCIPAL: En caso que la PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL no prospere,
subsidiariamente solicito que como consecuencia de la declaratoria de nulidad
señalada en las pretensiones primera, segunda y tercera principales, se condene a
la demandada al restablecimiento en el derecho de mi representada, a través del
pago de una indemnización de perjuicios por daño emergente y lucro cesante por
la imposibilidad del ejercicio para ella de los derechos que hubiesen obtenido por el
Plan de Regularización y Manejo, desde el día 16 de Agosto de 2006 y los demás
actos administrativos que hubiese podido obtener en el ejercicio de sus derechos
legítimos tales como licencias construcción para el uso dotacional permitidas por
las normas urbanísticas ya citadas, aplicables al predio propiedad de mi
poderdante.

2.9 PRETENSIÓN SUBSIDARIA A LA TOTALIDAD DE LAS PRETENSIONES
PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS ANTES FORMULADAS: Se declare que por las
causas que resulten probadas en el proceso, a la demandante le asiste el derecho
a que SE LE REPAREN LOS DAÑOS que le ha ocasionado en sus derechos
subjetivos por razón de la negativa de otorgar Plan de Regularización y Manejo por
parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital […]”

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

3.1 El cementerio Jardines del Apogeo atiende el 50% del servicio de
disposición final de cadáveres para los habitantes de Bogotá, principalmente de
los estratos 1, 2 y 3.

3.2 El contrato para construir el cementerio, en el cual la parte demandante
presta el servicio de venta de tumbas o lotes destinados a inhumaciones, se
formalizó según la autorización de la parte demandada por medio del oficio núm.

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Demandante: Jardines del Apogeo S.A.

1305 de 25 de febrero de 1971 y mediante la Escritura Pública núm. 1422 de 7 de
abril de 1971, otorgada en la Notaría Novena del Círculo de Bogotá.

3.3 El Alcalde Mayor de Bogotá, mediante el Decreto núm. 927 de 17 de agosto
de 1971, reglamentó el cementerio "Jardines del Apogeo"; sin embargo, las "obras
de urbanismo" no se ejecutaron conforme a lo establecido en el Decreto núm. 927
de 1971 y la Comunicación núm. 1305, lo que resultó en la pérdida de vigencia de
los planos.

3.4 La parte demandante celebró con la parte demandada el contrato núm.
0784 de 20 de diciembre de 1971. El 5 de noviembre de 1985, el representante
legal de la parte demandante efectuó la entrega provisional de las zonas de cesión
de uso público contenidas en los planos B.103/1, B103/1-1, B.103/4, B.103/4-1,
B.103/4-2, B.103/4-3 y B.103/4-4, según se evidencia en el Acta de Recibo
Provisional núm. 132 de 1985.

3.5 La parte demandante mediante solicitud con número de radicado 1-2001-
16998 de 30 de julio de 2001, elevó ante el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital consulta preliminar para el predio de su propiedad, para dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto núm. 1109 de
2000, con el fin de agotar la primera etapa para la obtención del plan de
regularización y manejo del predio mencionado anteriormente.

3.6 Mediante el oficio núm. 2-2001-19859 de 18 de octubre de 2001, la
Subdirección de Planeamiento Urbano del Departamento Administrativo de
Planeación Distrital respondió a la solicitud.

3.7 Posteriormente, el 23 de octubre de 2002, la parte demandante presentó la
formulación del plan de regularización y manejo ante la parte demandada,
siguiendo los lineamientos de los artículos 7 y 9 del Decreto Distrital núm. 904 de
2001.

3.8 Mediante el radicado núm. 1-2005-00073 de 3 de enero de 2005, la parte
demandante presentó “[…] el documento con los correspondientes planos del Plan

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de Regularización y Manejo del Parque Cementerio JARDINES DEL APOGEO,
los cuales responden a los requerimientos planteados por el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital a la formulación antes presentada; sin
embargo, para mayor claridad se responde aquí a cada uno de los puntos,
siguiendo la misma secuencia presentada en su oficio de la referencia […]”.

3.9 Durante varios meses se realizaron reuniones en las instalaciones de la
parte demandada, centradas en lograr acuerdos sobre puntos específicos del plan
de regularización y manejo. Estas reuniones nunca se consideraron como una
nueva radicación.

3.10 Mediante el oficio núm. 2-2005-33185 de 30 de diciembre de 2005, la
Subdirección Urbana del Departamento Administrativo de Planeación Distrital dio
respuesta a la solicitud de obtención del plan de regularización y manejo del
predio.

3.11 La parte demandante, el 25 de enero de 2006, presentó recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación.

3.12 Mediante la Resolución núm. 00325 de 21 de marzo de 2006, la
Subdirección de Planeamiento Urbano del Departamento Administrativo de
Planeación Distrital resolvió el recurso de reposición, negándolo, y concedió el
recurso de apelación.

3.9 A través de la Resolución núm. 00711 del 4 de agosto de 2006, la Directora
del Departamento Administrativo de Planeación Distrital decidió el recurso de
apelación, negando las pretensiones formuladas.

Normas violadas

3. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

● Artículos 4, 29, 58 y 83 de la Constitución Política.
● Artículos 3, 13 y 85 del Código Contencioso Administrativo.

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Concepto de violación

4. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto
de violación así:

5. Primer cargo: Violación directa de los artículos 29 y 83 de la Constitución
Nacional, 3 y 13 del Código Contencioso Administrativo.

6. La parte demandante adujo que “[…] no hubo voluntad por parte de la
sociedad Jardines del Apogeo S.A., en dejar vencer el término de dos (2) meses
para allegar los documentos señalados en el requerimiento, tal y como lo hace ver
erradamente el DAPD, por cuanto el cumplimiento de dos de los tres requisitos
dependía única y exclusivamente de la administración Distrital, específicamente,
del DAPD en cuanto a la incorporación del plano topográfico y del Departamento
Administrativo de Catastro Distrital en cuanto a la expedición de la certificación de
cabida linderos y actualizados […]”.

7. En el ordenamiento colombiano no existe norma jurídica que “[…] estipule
que los plazos de la administración, en tratándose del archivo de expedientes,
sean preclusivos, en otras palabras, que una vez vencido el plazo de los dos (2)
meses para contestar el memorando de observaciones, las autoridades no
pierden competencia para decidir sobre las solicitudes que se elevan ante ellas,
pues, en el caso que nos ocupa, no existe otra entidad autorizada por la ley para
expedir el Plan de Regularización y Manejo diferente al Departamento
Administrativo de Planeación Distrital. Por consiguiente, si el DAPD no archivó la
solicitud, esta entidad seguía teniendo competencia para expedir el mencionado
Plan conforme a la formulación efectuada y el trámite de la solicitud continuaba
vigente hasta que se resolviera sobre ella o se archivarán definitivamente a través
de un acto administrativo, y no con un simple oficio de respuesta luego de haber
allegado los documentos, cumpliendo con el requerimiento, señalando que se
entendía como una nueva solicitud, situación que es a todas luces violatoria del
debido proceso que debe informar cualquier actuación administrativa e igualmente
el principio de la buena fe como se explicará más adelante. […]”.

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8. No puede considerarse ajustado a derecho “[…] que cuando se radicó el
oficio allegando los documentos requeridos (Enero 3 de 2005), haya sido el
momento de informar por el DAPD que consideraba dicha radicación como una
nueva solicitud, no sólo porque en realidad no lo constituía, sino porque además
de esta forma se vulneraba el principio de la buena fe y de la confianza legítima
que se había depositado en el actuar del DAPD. […]”.

9. Los actos acusados han generado “[…] la imposibilidad actual de
desarrollar urbanísticamente el predio donde se ubica el parque Cementerio
Jardines del Apogeo, por cuanto al habérsele negado el otorgamiento del Plan de
Regularización y Manejo, no es posible, al mantener un estatus de ilegalidad en
materia urbanística, obtener licencias de construcción en cualquiera de sus
modalidades, de tal suerte que, el normal desarrollo de la actividad económica
que ejerce la sociedad que represento se ve gravemente truncado por tal
imposibilidad de desarrollar el inmueble. […]”

Segundo cargo: Violación del artículo 58 de la Constitución Nacional.

10. La parte demandante adujo que se infringió el artículo 58 de la Constitución
Política, debido a que la parte demandada no reconoció la pérdida de fuerza
ejecutoria del Decreto 927 de 1971 (por el cual se efectuó una cesión de zonas) y
aceptó la validez de la cláusula 8 del contrato de cesión de zonas núm. 0784 de
20 de diciembre de 1971, así como su prórroga del 18 de agosto de 1974.

11. La parte demandada vulneró el artículo 58 de la Constitución Política al
establecer en los actos acusados que para la expedición del plan de regularización
y manejo era necesario el señalamiento de las zonas de cesión conforme a los
planos de loteo aprobados por el Decreto núm. 927 de 1971.

12. La cláusula contenida en el artículo 1, parágrafo 1.° del Decreto núm. 927
de 1971, que establece que la validez de las disposiciones adoptadas en relación
con las cesiones estaría vigente durante dos años, no puede ser modificada por
el citado contrato de cesión de zonas núm. 0784 de 20 de diciembre de 1971, su

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Demandante: Jardines del Apogeo S.A.

prórroga del 18 de agosto de 1974, ni por el oficio de la Subdirección Jurídica de
la parte demandada de 30 de noviembre de 2005.

13. La parte demandante argumentó que transcurrieron dos años sin haberse
ejecutado el proyecto previsto en el Decreto núm. 927 de 1971, por lo que operó
el fenómeno del decaimiento del acto administrativo al perder fuerza ejecutoria por
vencimiento del plazo establecido dentro del mismo y, por lo tanto, perdieron
vigencia las cesiones previstas en el parágrafo 1.° del artículo 1 del citado decreto.

14. El plazo aludido en el Decreto núm. 927 de 1971 nunca fue utilizado por el
particular como un beneficio, puesto que el incumplimiento debe predicarse de la
administración, la cual no acató el procedimiento previsto en el Acuerdo núm. 65
de 1967.

15. La jerarquía normativa, prevista como herramienta jurídica para establecer
las fuentes del derecho, encuentra su sustento en los artículos 4 de la Constitución
y los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 153 de 1887 “[…] Dentro de esta jerarquía,
resulta necesario ubicar tanto al Decreto 927 de 1971, así como a los contratos
posteriormente celebrados, con el fin de establecer como el Decreto siendo de
mayor jerarquía no puede ser modificado como lo pretende la Subdirección
Jurídica, por acuerdos de voluntades posteriores, que bajo ninguna perspectiva
tiene la capacidad normativa de alterarlo o variarlo. […] El Decreto 927 del 17 de
agosto de 1971, como manifestación unilateral de voluntad del Alcalde Mayor de
Bogotá, expedido con el fin de reglamentar el Cementerio Jardines del Apogeo,
corresponde a un acto administrativo particular de carácter local, atendiendo a su
contenido, beneficiarios, así como a la autoridad que lo expidió. […] el contrato
00784 del 20 de diciembre de 1971 y su prórroga del día 18 de agosto de 1974,
interviene por una parte el Distrito Especial de Bogotá y por la otra, Jardines El
Apogeo, lo que le otorga un rasgo especial a dicho contrato, en tanto contrato
estatal, sin alterar su ubicación dentro de la jerarquía de las normas. El contrato,
como resulta del estudio de la escala normativa es una fuente del derecho que
tiene como principio básico la autonomía de la voluntad privada, pero que en
ningún caso puede contrariar alguna de las disposiciones a las cuales debe

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sujetarse, más aún cuando se trata de un contrato que existe en razón a un acto
administrativo como sucede en el presente caso. […]”.

16. Por lo tanto, el artículo 1, parágrafo 1.° del Decreto núm. 927 de 1971 no
fue modificada, razón por la cual produjo plenos efectos mientras estuvo vigente.
Como consecuencia de lo anterior, en el caso concreto operó el fenómeno del
decaimiento del acto administrativo, toda vez que éste perdió su fuerza ejecutoria,
por vencimiento del plazo establecido dentro del mismo, de conformidad con el
artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

Tercer cargo: La caducidad no corresponde a una prerrogativa de la
administración

17. El Decreto núm. 927 de 1971 estableció que después de transcurridos dos
(2) años la validez de los planos de loteo caducaría “[…] lo que pretendía era que
cumplido dicho plazo fuera necesario surtir de nuevo la aprobación de los planos
por parte de la Administración, con el fin de salvaguardar sus intereses, y en este
caso el particular se sujeta al alea de un cambio en las condiciones iniciales; que
lo pueden beneficiar o perjudicar. […]”.

18. El plazo o el simple transcurso del tiempo nunca fue utilizado por el
particular como un beneficio, no solo debido a la buena fe con la que siempre
actuó la parte demandante, sino también porque el incumplimiento al que se
refiere la Subdirección Jurídica debe atribuirse a la administración, la cual no
cumplió con el procedimiento legalmente establecido por el Acuerdo núm. 65 de
1967.

Cuarto cargo: “[…] Acuerdo núm. 65 de 1967 […]

19. La parte demandante sostuvo que el Capítulo IV del Acuerdo 65 de 1967
establece el trámite para adelantar los denominados programas de urbanización
y, en particular, para obtener la licencia necesaria para ejecutar obras de
urbanismo y saneamiento, la cual es expedida por la Secretaría de Obras Públicas
del Distrito. “[…] a partir del procedimiento antes descrito, resulta evidente como

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a pesar de existir un Proyecto General aprobado por el Departamento
Administrativo de Planificación Distrital, del cual se derivó el contrato de
cumplimiento contenido en el Contrato No. 784 del 20 de diciembre de 1971 y su
prórroga, donde entre otras disposiciones se fijó la caución y se estipuló el
procedimiento subsiguiente, no existió licencia para la construcción de las obras
de urbanismo y saneamiento expedida por la Secretaría de Obras Públicas, cómo
consecuencia de lo cual, jamás existió plano definitivo y mucho menos cesión de
las zonas al Distrito […]”.

20. En gracia de discusión, si se hubiese obtenido la licencia respectiva
expedida por la Secretaría de Obras Públicas, conforme al Acuerdo 65 de 1967,
para el uso dotacional no estaban previstas zonas de cesión “[…] Lo anterior, en
tanto dentro del cuadro del artículo 6 del citado Acuerdo denominado "Cuadro de
áreas y porcentajes mínimos de cesión", no se encuentra el uso institucional,
dentro de los tipos de uso (zonificación) enumerados, que deberían dejar cesión
para su desarrollo, razón por la cual no era posible su señalamiento, so pena de
generar una expropiación sin indemnización, proscrita tanto por la Constitución de
1886 como en la Constitución Política de 1991. […] Una vez se ha dejado en claro
que al DAPD no le era dable, jurídicamente, señalar que los planos de loteo
aprobados por el Decreto 927 de 1971 se encontraban vigentes y que bajo la
normatividad del Acuerdo 65 de 1967 tampoco era posible señalar zonas de
cesión gratuita de uso público a los usos institucionales […]”.

Quinto cargo: Nulidad absoluta de la cláusula que promete ceder las zonas de
cesión de uso público

21. La parte demandante manifestó que en la cláusula octava del Contrato
0784 de 20 de diciembre de 1971, es evidente la falta de uno de sus elementos
esenciales, por cuanto “[…] es claro que no existe un término o condición para la
celebración del negocio jurídico prometido, de tal suerte que no se cumple con
uno de los requisitos establecidos en el artículo 89 de la Ley 153 de 1887 cual es
que "la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de
celebrarse el contrato." En la cláusula solamente se señala la obligación de remitir

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la minuta a la Administración, pero no la de la época de celebración del contrato
[…].

22. La parte demandada no puede argumentar que las zonas de cesión, que
ciertamente fueron entregadas de manera provisional en 1985, deban ser
mantenidas o respetadas en la formulación del plan de regularización y manejo,
dado que la obligación de ceder dichas zonas proviene de una cláusula contractual
que adolece de nulidad absoluta, la cual no puede ser subsanada ni siquiera por
el paso del tiempo.

Sexto cargo: Uso dotacional y los planes de regularización y manejo.

23. La parte demandante destacó que “[…] Una vez expedido el Decreto 619
de 2000 y posteriormente el Decreto 904 de 2001, se abrió la posibilidad para la
sociedad Jardines del Apogeo de regularizar su situación jurídico-urbanística, en
razón a lo cual inició los trámites tendientes para lograrlo. Desde el principio, en
dicha actuación, existió buena fe por parte de la sociedad que defiendo y se
estableció una confianza para con el actuar de la Administración. […] En este
orden de ideas, el Plan de Regularización y Manejo existe como un mecanismo a
través del cual se plantea una solución en beneficio no solo del interesado sino de
la ciudad y sus habitantes. De esta forma, se constituye en un mecanismo
conciliador a través del cual se asegura la permanencia de dicho uso en la ciudad,
en tanto se regulariza su situación y se permite y prevé su desarrollo futuro, y, por
otra parte, en cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos con el
plan, el particular interesado regulariza la situación de su inmueble y continúa con
el desarrollo del mismo conforme a la normatividad urbanística vigente. […]”.

24. Tratándose de un uso dotacional que presta un servicio esencial a la
comunidad y es necesario para el funcionamiento de la ciudad, un parque
cementerio como Jardines del Apogeo, con más de treinta años al servicio de la
comunidad, debe continuar operativo. Existe la posibilidad legalmente prevista
para regularizar su situación y la disponibilidad del interesado en lograrlo; por lo
tanto, no puede omitirse la realización del mencionado plan, dada la necesidad e
importancia que representa para el bienestar de la comunidad de Bogotá D.C.

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Séptimo cargo: La obligatoriedad de las cesiones con destino al uso público viola
las normas urbanísticas previas a la entrada de vigencia del POT: Acuerdo 65 de
1967, Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 734 de 1993 y constituye falsa motivación de
los actos acusados.

25. La parte demandante señaló que “[…] El análisis parte de la interpretación
de las normas que desde el Acuerdo 65 de 1967 y a la luz del Acuerdo 6 de 1990
y sus Decretos Reglamentarios, por un lado, sobre el punto específico de
exigencia de cesiones para usos dotacionales o institucionales y más aún con
base en las normas del Plan de Ordenamiento Territorial (decreto 619 de 2.000)
sobre la exigibilidad de cesión de áreas para el uso público en usos dotacionales
o institucionales. De la misma forma que como de manera antecedente se
determinó que en el Acuerdo 65 de 1967 tampoco se exigían cesiones para los
usos institucionales, como lo era el Cementerio Jardines El Apogeo. […] Lo
anterior, en tanto dentro del cuadro del artículo 6 del citado Acuerdo denominado
"Cuadro de áreas y porcentajes mínimos de cesión", no se encuentra el uso
institucional, dentro de los tipos de uso (zonificación) enumerados, que deberían
dejar cesión para su desarrollo, razón por la cual no era posible su señalamiento,
so pena de generar una expropiación sin indemnización, proscrita tanto por la
Constitución de 1886 como en la Constitución Política de 1991. […]”

Octavo cargo: Obligatoriedad reglamentaria para no exigir cesión tipo A, a la luz
del Acuerdo núm. 6 de 1990 y sus normas reglamentarias

26. La parte demandante adujo que en el plano del Parque Cementerio
Jardines del Apogeo no se hicieron señalamientos de zonas de cesión tipo A y,
mucho menos, ha sido objeto de cesión o transferencia de dominio a favor del
Distrito Capital. Por lo tanto, este tema debe resolverse en su totalidad a través
del Plan de Regularización y Manejo.“[…] De la lectura de las normas transcritas
se infiere la norma general del Acuerdo 6 de 1990 en el sentido que cualquier
desarrollo urbanístico independientemente del uso del predio se generan zonas
de espacio público dentro de las cuales se encuentra la denominada cesión tipo
A, conformada por las porciones de terreno destinadas a zonas recreativas de uso

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público, zonas de equipamiento comunal público y zonas complementarias a los
sistemas viales. […] Sin embargo, el Decreto 734 de 1.993 reglamentario del
Acuerdo 6 de 1.990 estableció una clara excepción en materia de cesiones tipo A
para los desarrollos en uso institucional. […] La aplicación de esta norma significa
el análisis de dos puntos específicos, el primero, cuáles son las segregaciones a
las que se refiere la norma y el segundo cuáles son los inmuebles institucionales
que fueron objeto del tratamiento de conservación por su preexistencia al Acuerdo
6 de 1990 […]”.

27. Concluyó que si un predio tenía uso institucional antes de la entrada en
vigencia del Acuerdo 6 de 1990 y no posee segregaciones para otros usos, queda
incluido dentro de la excepción del Decreto 734 de 1993 y, por tanto, no debe
prever cesiones tipo A para su desarrollo o la regularización del mismo. ”[…] es
claro que a la luz del Acuerdo 6 de 1.990 los usos institucionales existentes a la
entrada en vigencia del Acuerdo quedan excluidos del proceso de desarrollo por
urbanización y por lo tanto no deben prever cesiones Tipo A. Por lo tanto, existe
una clara violación de los actos demandados a las normas arriba transcritas, al
señalar que es obligatoria la destinación de zonas de cesión gratuita en el Plan de
Regularización y Manejo, lo que igualmente constituye una falsa motivación de los
actos administrativos, es decir, existe un error de derecho en los motivos
invocados por el DAPD. […]”.

Noveno cargo: No exigencia de cesiones públicas entre parques y equipamientos
de conformidad con el POT (Decreto 619 de 2000)

28. La parte demandante manifestó que “[…] el estudio también debe
elaborarse conforme a la reglamentación que trae el Plan de Ordenamiento
Territorial contenido en el Decreto 619 de 2000 (vigente al momento de
formulación del Plan de Regularización y Manejo por parte de mi representada
Jardines del Apogeo), y donde se llega a las mismas conclusiones que con el
Acuerdo 6 de 1990 y el Decreto 65 de 1967. […] como quiera que dentro del plan
de ordenamiento territorial no se establecen normas especiales en materia de
cesiones para los inmuebles que deban seguir el Plan de Regularización y Manejo,
es necesario aplicar por analogía las normas para el uso dotacional. […] En primer

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término el uso dotacional está íntimamente relacionado con el criterio del
equipamiento bien sea público o privado, por lo cual es importante mirar el tema
en principio bajo la óptica del sistema de equipamientos.[…] Como quiera que
sistema de equipamiento está íntimamente relacionado con el uso dotacional y a
su vez éste es el señalado como excepción a la exigibilidad de cesiones tipo A en
su desarrollo, es fundamental indicar cómo el POT clasifica estos usos, y cómo de
manera especial incluye dentro de los mismos el objeto del presente análisis, a
saber los parques cementerios […]”.

29. Comoquiera que el parque cementerio objeto de este proceso tenía un uso
dotacional existente al momento de la entrada en vigencia del Plan de
Ordenamiento Territorial, debía conservarlo y, asimismo, elaborar un plan de
regularización y manejo como norma urbanística de planeamiento urbano, válido
para continuar con su desarrollo. Por lo tanto, la excepción en materia de cesiones
para parques y equipamientos solo debe ser prevista en su único mecanismo de
regulación, es decir, el propio plan de regularización y manejo […] Eran esas las
razones por las cuales en la Formulación del Plan de Regularización y Manejo,
desde el punto de vista de su planteamiento urbanístico, no se preveían zonas de
cesiones públicas para parques y equipamiento, como quiera que la conservación
del uso dotacional de parque cementerio excluye esta obligación urbanística por
los razonamientos jurídicos antes expuestos […]”.

Decimo cargo: Propuesta contenida en las radicaciones núms. 1-2005-00071 y
1-2005-42012 se ajustan a la normatividad vigente

30. La parte demandante adujo que “[…] en relación con la vigencia de los
planos de loteo No. B 103/1, B 103/1-1, B 103/4, B 103/4-1, B 103/4-2, B 103/4-3
y B 103/4-4 y del Decreto 927 del 17 de agosto de 2005, resulta concordante con
aquella posición, que dentro de las radicaciones presentadas no se incluyeran las
zonas de cesión en ellos previstas, por lo mismo, no es cierto que la Formulación
del Plan de Regularización y Manejo contenida en el documento con radicación
No. 1-2002-27927 no cumpliera con la normatividad urbanística vigente […]”.

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31. Al momento de la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial, el
Parque Cementerio El Apogeo estaba en uso dotacional y no contaba con una
norma específica vigente, puesto que el Decreto núm. 927 de 1971 había perdido
fuerza ejecutoria y, por tanto, no estaba en vigencia. La norma vigente aplicable
al predio para el plan de regularización y manejo es el POT (Decreto 619 de 2000).
“[…] En el mismo sentido, como bien se establece en el Plan de Ordenamiento
Territorial y en el Decreto 904 de 2001, la normatividad aplicable será la vigente
al momento de la radicación, en la medida en que se trata de regularizar la
situación de un inmueble […]”

Décimo primer cargo: No es necesario establecer las áreas de control ambiental
correspondientes a la avenida Bosa y la autopista Sur.

32. Las áreas de control ambiental para la Avenida Bosa y para la Autopista
Sur, siempre han existido “[…]. Sin embargo, en razón a las afectaciones y
posteriores adquisiciones por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las
mismas han dejado de pertenecer al Parque Cementerio. […] Dicha circunstancia
fue informada en una reunión con la Subdirección de Planeamiento Urbano, quien
atendió tal explicación y la encontró válida, es decir que aceptó la no
contemplación de nuevas áreas de control ambiental, toda vez que las mismas
habían sido tomadas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para las diferentes
ampliaciones de la Avenida Bosa y de la Autopista del Sur. […] De esta manera,
es claro que la exigencia de Controles Ambientales viola directamente los artículos
antes transcritos del Decreto 619 de 2000 e igualmente se constituye en una falsa
motivación de los actos administrativos aquí demandados. […]”

Contestación de la demanda

33. La parte demandada4 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas de la siguiente manera5:

4 Por intermedio de apoderado
5 Cfr. Folios 111 a 134 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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34. La parte demandada propuso la excepción de fondo de la inexistencia de
daños y perjuicios, argumentando que la falta de un plan de regularización y
manejo para el predio Jardines El Apogeo no ha ocasionado el cierre del Parque
Cementerio, ni ha interrumpido la prestación del servicio principal de inhumación
de cadáveres; tampoco ha interferido en la celebración de los ritos religiosos
pertinentes, ni ha afectado el funcionamiento del estacionamiento de vehículos de
los usuarios ni la comercialización de flores y alimentos como usos
complementarios.

35. La parte demandada propuso la excepción de ausencia de causa en la
reclamación del restablecimiento del derecho, basándose en que “[…] el
demandante no ha perdido derecho alguno que pueda ser objeto de
restablecimiento. En el Oficio objeto de nulidad No. 2-2005- 33185 del 30 de
diciembre de 2005 la autoridad de Planeación no aprobó el Plan de Regularización
y Manejo porque el interesado no cumplió con las exigencias y requisitos exigidos
para tal fin; pero esa falta de aprobación no se traduce en una prohibición. Todo
lo contrario, en el acto demandado, Planeación Distrital expresamente señalo que
el interesado podía posteriormente presentar una nueva solicitud. En
consecuencia, respetuosamente solicito se declare por el despacho que el
demandante no ha perdido el derecho a que su predio Jardines El apogeo sea
objeto de un Plan de Regularización y Manejo, sino que lo debe solicitar con el
lleno de todos los requisitos legales, y pueda ser aprobado por las Autoridades
Administrativas Distritales. […]”.

36. La parte demandada adujo que, al no estar probados los daños materiales,
los cuales serían la causa para reclamar la indemnización económica de los
perjuicios, se descarta la relación de causalidad necesaria para la indemnización.
Por consiguiente, no hay lugar a reconocer y ordenar el pago de perjuicios.

37. El plan de regularización y manejo no ha sido aprobado, debido a que no
se han cumplido los lineamientos técnicos exigidos en el Plan de Ordenamiento
Territorial. La parte demandante podría estar sujeta a una orden de la
administración para someterse a un proceso de regularización y manejo del
predio, orden que deberá cumplir en los términos del artículo 430 del Plan

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Ordenamiento Territorial; es decir, el plan de regularización y manejo no es un
derecho que deba restituirse a la parte demandante, sino una obligación que, en
caso de que no presente una nueva solicitud por iniciativa propia, debe cumplir
con lo que la administración le imponga.

38. La parte demandante, en calidad de propietario, presentó dentro del
proyecto urbanístico, los planos B. 103/1, B.103/1-1, B.103/4, B.103/4-1, B.103/4-
2, B.103/4-3 y B.103/4-4, aprobados en el Decreto núm. 0927 de 17 de agosto de
1971. "En tales planos, se definieron y determinaron por su extensión, ubicación,
cabida y linderos y las zonas de cesión de uso público, que, a título gratuito, fueron
entregadas por el Gerente de la Sociedad JARDINES DEL APOGEO LTDA. Y
recibidas materialmente por los representantes de las autoridades administrativas
del Distrito, según se establece del ACTA DE RECIBO No. 132 del cinco (5) de
noviembre de 1985 ".

39. De acuerdo con el artículo 460 del Decreto 619 de 2000 (artículo 430 del
Decreto 190 de 2004), y en armonía con el Decreto 1109 de 2000, la formulación
del plan de regularización y manejo debía incluir la generación de espacio público,
su adecuación, dotación y recuperación; las soluciones viales y de
estacionamientos, así como los servicios de apoyo necesarios para el buen
funcionamiento del uso. Esto era imprescindible para mitigar los impactos
urbanísticos negativos, como la exhumación de cadáveres y los usos
complementarios.

40. El procedimiento que se debe desarrollar para lograr un plan de
regularización y manejo “[…] el cual vino a establecerse solamente en el Decreto
619 de 28 de julio de 2000 […] en el artículo 460, norma vigente para el momento
en que la sociedad Jardines del Apogeo S.A. solicitó el estudio de dicho plan - 30
de julio de 2001, […] que constituye el asunto materia de la presente controversia
y no el trámite adelantado para la obtención de las licencias mencionadas […]”.

41. En lo que respecta a los planos aprobados con el Decreto núm. 0927 de
1971, no se aplicó su caducidad, debido a las diversas prórrogas que las

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autoridades distritales pertinentes concedieron para la realización de las obras de
urbanismo, así como a la revalidación de los planos en 1983.

42. La proyección de las obras y la forma de ejecutarlas están detalladas en el
Contrato núm. 0784 de 20 de diciembre de 1971, el cual fue objeto de varias
prórrogas que ampliaron el término de ejecución de las mismas. Con cada
prórroga, también se aprobó la forma de su proyección.

43. La aplicación del Decreto núm. 0927 de 1971 debe entenderse de manera
integral, dado que no es razonable que, para ciertos efectos, tenga validez, como
en la operatividad y funcionamiento de las áreas utilizadas para la apertura y venta
de espacios para la inhumación de cadáveres, la construcción de bóvedas con el
mismo fin, la realización de construcciones religiosas y el estacionamiento de
vehículos con aprovechamiento económico; actividades para las cuales la parte
demandante no alega la fuerza ejecutoria de la norma, mientras que para otros
efectos, como las obras de urbanismo en las áreas de las cesiones de uso público,
sí opera.

Alegatos de conclusión

44. El Magistrado sustanciador, vencido el término probatorio y mediante auto
proferido el 6 de septiembre de 2012, resolvió correr traslado común a las partes
por el término de diez días para que presentaran sus alegatos de conclusión y le
informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término
para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el
mencionado artículo6.

45. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

46. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda.

6 Artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

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Concepto del Ministerio Público

47. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

Sentencia proferida, en primera instancia

48. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca7, mediante sentencia proferida
el 5 de septiembre de 2013, resolvió:

“[…] PRIMERO. NIÉGANSE las súplicas de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por la sociedad Jardines del Apogeo S.A.,
contra el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

SEGUNDO. No se condena en costas en la instancia por no concurrir los requisitos
de ley.

TERCERO. Por Secretaría, efectúese la liquidación de los gastos del proceso y
devuélvanse los remanentes si a ello hay lugar.

CUARTO. En firme esta providencia archívese el expediente y devuélvanse los
anexos sin necesidad de desglose […]”.

Consideraciones del Tribunal

49. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró lo siguiente:

De la violación de los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, 3 y 13 del
Código Contencioso Administrativo

50. El requerimiento de los documentos se hizo por la parte demandada el 26
de febrero de 2003 “[…] no es cierto que la "demora" en la expedición de los
documentos requeridos pueda imputarse a las entidades del Distrito en tanto
aparece probado que trece (13) meses después fue que la sociedad Jardines del
Apogeo S.A. emprendió las gestiones tendientes a cumplir el requerimiento del
DAPD […]”.

7 Cfr. Folios 697 a 767 del cuaderno núm. 2 del expediente.

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51. Si la parte demandante estaba interesada en dar cumplimiento al referido
término de dos (2) meses para el aporte de la documentación requerida y esto no
era posible debido a trámites internos de las entidades […] debió poner en
conocimiento del DAPD tal circunstancia a efectos de que este tomara las
providencias del caso para que no se produjera el anunciado desistimiento tácito
de la solicitud […]”.

52. La interpretación que la parte demandante hace del artículo 13 del Código
Contencioso Administrativo no es correcta, por cuanto “[…] la disposición no dice
que para que se configure el desistimiento y el archivo de la petición se deba
expedir un acto administrativo que se comunique al interesado y contra el cual
habrán de proceder los recursos correspondientes […]”.

De la confianza legítima

53. El principio de confianza legítima no fue vulnerado, dado que “[…] si bien
se efectuaron las reuniones mencionadas, respecto de lo discutido en las mismas
no se emitieron actas ni se adoptaron decisiones sobre el Plan de Regularización
y Manejo solicitado por la sociedad Jardines del Apogeo S.A., simplemente
sirvieron para ofrecer orientación al interesado […]”.

Sobre la violación del artículo 58 de la Constitución Política

54. Los argumentos planteados por la parte demandante, en realidad, buscan
sostener que “[…] el artículo 1, parágrafo 1, del Decreto 927 de 17 de agosto de
1971 "Por el cual se reglamenta el cementerio "JARDINES DEL APOGEO" se
encuentra afectado por el fenómeno conocido como "decaimiento del acto
administrativo" debido a que transcurrieron dos (2) años sin que se hubiesen
ejecutado las obras de urbanismo y saneamiento. Empero, como es sabido, no
corresponde a la Jurisdicción de lo contencioso administrativo declarar el
decaimiento de los actos administrativos, […] motivo por el cual no hay lugar a
emitir un pronunciamiento sobre el particular […]”.

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Del principio de legalidad

55. El trámite que debe adelantar quien pretende obtener unas licencias de
urbanismo y saneamiento se rige por “[…] lo previsto en el Capítulo IV "De la
tramitación" del Acuerdo 65 de 3 de octubre de 1967 "Por el cual se señalan las
normas y el procedimiento que deben cumplirse para urbanizar terrenos en el área
del Distrito Especial de Bogotá y se dictan otras disposiciones.", procedimiento
que fue adelantado y que no se culminó […]”.

56. El procedimiento que se debe desarrollar para lograr un plan de
regularización y manejo “[…] vino a establecerse solamente en el Decreto 619 de
28 de julio de 2000 […] que constituye el asunto materia de la presente
controversia y no el trámite adelantado para la obtención de las licencias
mencionadas […]”.

57. Las cesiones efectuadas por la parte demandante al Distrito se realizaron
mediante el Acta de Recibo Provisional núm. 132 del 5 de noviembre de 1985,
suscrita por los intervinientes “[…] en la que consta que la Procuraduría de Bienes
del Distrito recibió materialmente, a título de cesión gratuita de Jardines del
Apogeo Ltda., las zonas de cesión de uso público que se encuentran contenidas
en los planos Nos. B103/1, B103/1-1, B103/4, B103/4-1, B103/4-1, B103/4-2,
B103/4-3, B103/4-4 que fueron incorporadas en las planchas H93 y H94 del
Instituto Agustín Codazzi y el Decreto No. 0927 de 17 de agosto de 1971, como
también el Contrato No. 0784 de 20 de diciembre de 1971, documentos aprobados
por el DAPD […]”.

58. Del artículo 332 del Decreto 619 de 2000 se infiere que el predio de
propiedad de “[…] la sociedad Jardines del Apogeo S.A. corresponde a un área
de actividad dotacional con zona de servicios urbanos básicos, pues allí se
encuentran relacionados los cementerios y servicios funerarios, lo que significa
que podía solicitarse el estudio para la obtención de un Plan de Regularización y
Manejo […]”.

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59. El artículo 7 del Decreto 904 de 2001 prevé el procedimiento para la
expedición de los planes de regularización y manejo, “[…] el cual contempla dos
etapas: la primera, una consulta preliminar; y la segunda, la formulación del Plan;
las cuales se regulan en los artículos 8 y 9 ibídem. El artículo 8 ibídem establece
que en la consulta preliminar del Plan de Regularización y Manejo se deben
radicar algunos documentos, de los que se destaca: "b. Un documento donde se
describe el tipo de uso Dotacional que se pretende regularizar, especificando tipo
y número de usuarios y un cuadro de áreas general que incluya área de los
predios, área construida y área libre." […] es decir, en tal documento debían
especificarse las áreas cedidas a la Procuraduría de Bienes del Distrito, como en
efecto ocurrió, mediante el Acta de Recibo Provisional No. 132 de 5 de noviembre
de 1985, en las que se indicaron claramente las zonas cedidas y las destinadas
al uso público, en total 328.062,52 metros cuadrados […]”.

60. Del Oficio núm. 2-2001-19859 de 18 de octubre de 2001, “[…] mediante el
cual el DAPD dio respuesta a la consulta preliminar presentada por la parte
demandante […] se aprecia que […] desde un principio, la sociedad Jardines del
Apogeo S.A. era plenamente consciente que las cesiones dispuestas mediante el
Decreto 927 de 1971 y el Contrato No. 0784 de 20 de diciembre de 1971 hacían
parte de las exigencias fijadas por el DAPD para la obtención del Plan de
Regularización y Manejo […]”.

61. Del contenido del artículo 460 del Decreto 619 de 2000 “[…] se observa
que uno de los objetivos de los Planes de Regularización y Manejo es el de
establecer las acciones necesarias para la generación de espacio público. De lo
expuesto se colige que para realizar la solicitud del Plan de Regularización y
Manejo Ambiental debían mantenerse las áreas cedidas para uso público al
Distrito. Lo anterior se corrobora con lo previsto en el artículo 9 del Decreto 904
de 2001 que establece la etapa de formulación, norma de la que se relieva que en
esta etapa el interesado debe presentar varios documentos, dentro de los cuales
se encuentra:"(...) 1. Un documento de diagnóstico de los predios objetos del plan
de regularización y del área de influencia definida en la consulta preliminar, que
incluye: a. La condición actual de las vías y los espacios públicos, el tráfico,

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los estacionamientos, las condiciones físicas de las edificaciones, los usos y la
infraestructura pública. […]”.

62. La parte demandante tenía la obligación de mantener las zonas de cesión
en el plan de regularización y manejo “[…] aquella omitió tal aspecto, lo que se
aprecia en el Oficio No. 1-2002-27927 de 23 de octubre de 2002, con el que anexó
el documento de formulación […]. Por consiguiente, […] el DAPD podía negar
válidamente la viabilidad de la propuesta […]”.

De la exigencia de cesión de zonas tipo A

63. En relación con el argumento de que en el plano del Parque Cementerio
Jardines del Apogeo no se señalaron las zonas de cesión tipo A “[…] la Sala
advierte que la demandante no indica claramente a qué plano se refiere; y,
además, la afirmación en el sentido de que no se hizo tal señalamiento de las
zonas de cesión no corresponde a la prueba documental con la que cuenta el
proceso, pues verificados los planos que se allegaron en estos se observa todo
lo contrario […]”.

64. Las cesiones realizadas antes de la ley 388 de 1997 “[…] como ocurrió en
el caso objeto de análisis, quedaban afectadas desde el momento mismo de la
entrega a la Procuraduría de Bienes del Distrito mediante el Acta de Recibo
Provisional No. 132 de 5 de noviembre de 1985 y, por ende, no era necesaria la
escritura pública, debidamente registrada, para entender que existía la afectación.
Igualmente, del dictamen pericial rendido por el ingeniero William Avendaño
Castrillón se puede constatar el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas
por parte de la sociedad Jardines del Apogeo S.A. (cesión de zonas verdes), ya
que en el predio de propiedad de esta se presenta un faltante de zonas verdes
(cuaderno 5) […]”.

De la exigencia de cesiones para parques y equipamientos

65. El tratamiento que corresponde al predio propiedad de la parte demandante
es el de consolidación “[…] conforme a varios documentos que obran en el

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expediente y a lo expresado por la misma actora en el escrito de la demanda8 por
lo que esta no puede pretender que se le aplique una norma que regula un
tratamiento diferente, a saber, el de desarrollo, previsto en el artículo 352 del
Decreto 619 de 2000, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 348
ibidem en el POT se prevén varios tipos de tratamiento y cada uno de estos
cumple con una finalidad distinta para cada condición existente, es decir, deben
valorarse las características físicas de cada zona para su aplicación […]”.

66. El artículo 8 de la Ley 153 de 1887 prevé la posibilidad hermenéutica de
acudir a la analogía “[…] que es lo pretendido por la sociedad actora en cuanto al
tratamiento que debe dársele al predio. […] De la disposición […] se observa que
para que proceda la analogía no debe haber norma aplicable al caso en concreto,
lo que no ocurre en el presente toda vez que, como ya se mencionó en párrafos
anteriores, los decretos reglamentarios del artículo 460 del Decreto 619 de 2000-
decretos 1109 de 28 de diciembre de 2000 y 904 de 4 de diciembre de 2001- si
bien expresamente no establecen el tema de las cesiones en los Planes de
Regularización y Manejo, tal exigencia surge cuando se examinan los requisitos
que deben ser satisfechos por el solicitante en la documentación requerida para
lograr la prosperidad de la petición del Plan correspondiente, esto es, las cesiones
de que se trata deben mantenerse en los planes aludidos; y, por consiguiente, no
procede la aplicación del artículo 352 del Decreto 619 de 2000, que regula el
tratamiento de desarrollo […]”.

De las áreas de control ambiental correspondientes a la Avenida Bosa y la
Autopista Sur

67. Las zonas de control ambiental deben establecerse en la solicitud del plan
de regularización y manejo. Esta medida, entre otros motivos, encuentra respaldo
en el hecho de que la propia demandante cedió dichas zonas desde un principio,
“[…] se encuentra soportado en los documentos anexos al dictamen, del que se
destaca el "ACTA DE ENTREGA AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DE LA ZONA DE CONTROL AMBIENTAL ENTREGADA DE MANERA

8 Oficio No. 2-2001-19859 de 18 de octubre de 2001, mediante el cual la parte demandada atendió la

solicitud de consulta preliminar del Plan de Regularización y Manejo (Fl. 6 anexos de la demanda).

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Demandante: Jardines del Apogeo S.A.

ANTICIPADA AL DISTRITO CAPITAL DADEP POR LA SOCIEDAD JARDINES
EL APOGEO LTDA." (FIs. 71 y 70 cuaderno 5) […] Con el acta referida se observa
la existencia de las áreas de control ambiental las cuales fueron entregadas por
la demandante en su momento, lo que desvirtúa su argumento en el sentido de
que no deben contemplarse en el Plan de Regularización y Manejo […]”.

Recurso de apelación9

68. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente, recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los
siguientes argumentos:

69. La parte demandante sostuvo que el desistimiento tácito requiere de un
pronunciamiento expreso que ordene archivar la solicitud del plan de
regularización y manejo “[…] nunca se profirió el acto administrativo por el cual se
diera el archivo del expediente administrativo antes que mi mandante diera
cumplimiento a las exigencias de la accionada, lo que permite entrever que el
procedimiento administrativo nunca terminó, toda vez que no existe en el
ordenamiento jurídico colombiano norma que indique que el referido desistimiento
opere de pleno derecho. Por el contrario, el DAPD, pasados los dos meses sin
que se hubiese aportado los documentos, podía optativamente archivar la solicitud
o continuar con el trámite. La norma del artículo 13 del Código Contencioso
Administrativo debe ser interpretada de tal manera que se garantice el debido
proceso […]”.

70. El a quo determinó que era deber de la parte demandante informar por
escrito a la entidad administrativa sobre la imposibilidad de cumplir con los
requerimientos formulados, antes del vencimiento del plazo de dos meses
otorgado “[…] no está haciendo otra cosa que imponer una carga al solicitante que
restringe el ejercicio del derecho fundamental de petición al obligar al peticionario
a informar la referida imposibilidad so pena que por ministerio de la ley su solicitud
se entienda desistida […] sin que en la norma […] se desprenda tal obligación al
operador jurídico […]”.

9 Cfr. Folios 770 a 815 del cuaderno núm. 2 del expediente.

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De la vulneración a la confianza legítima atribuible a la parte demandada

71. Durante el trámite administrativo promovido ante la parte demandada “[…]
se vulneraron los principios de buena fe y confianza legítima, pues se demostró
dentro del plenario que luego de la radicación del documento mediante el cual se
allegaba lo requerido por la entidad en el 2-2003-04053 del 26 de febrero de 2003,
durante 11 meses se adelantaron reuniones con funcionarios de DAPD en donde
se generó una confianza legítima respecto al adelantamiento del procedimiento
administrativo iniciado en el 2002, comoquiera que se dieron razones objetivas
que el trámite seguía su curso bajo la radicación inicial […] es por esto que resulta
inentendible, como la administración le resuelve inquietudes sobre el trámite en
curso, a la consultora de la Sociedad Jardines del Apogeo S.A., y posteriormente
de forma abrupta declare la finalización del trámite por desistimiento […]”.

72. El a quo llegó a la conclusión antes mencionada sin siquiera permitir un
debate probatorio que acreditara el contenido real de las reuniones sostenidas
“[…] toda vez que negó el decreto y práctica de los testimonios de funcionarios de
la entidad demandada que atendieron aquellas reuniones, los cuales fueron
solicitados en los acápite 9.5 de la demanda para tales efectos, como se puede
evidenciar en el auto fechado el 10 de mayo de 2007 […] se concluye la falta de
sustrato fáctico de la conclusión del fallador de primer grado sobre el particular al
considerar que con el adelantamiento de las reuniones entre mi mandante y la
entidad demandada, previas a la expedición de la declaratoria del desistimiento
tácito no se creó una expectativa legítima defraudada con la intempestiva
declaratoria de terminación de la actuación administrativa por desistimiento tácito
[…]”

De la improcedencia de la exigibilidad de las zonas de cesión

73. Es improcedente la exigibilidad de las zonas de cesión en los planos de
loteo núm. B.103/1, B.103/1-1, B.103/4, B.103/4-1, B.103/4-2, B.103/4-3 y
B.103/4-4, debido a la caducidad del Decreto 927 de 1971, basada en que “[…]
Yerra el A quo al considerar que dentro de las peticiones impetradas en la

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demanda se incluía la solicitud de declaratoria del decaimiento de una parte del
Decreto 927 de 1971, pues en ningún aparte del cargo formulado se requirió
pronunciamiento judicial constitutivo de dicha situación, lo que de todas formas es
incompatible con la noción de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo
por decaimiento. […]”; pierde la fuerza ejecutoria en su artículo 2, porque “[…] se
ventiló como una situación de hecho comprobada y concretada cuyos efectos se
dieron sin que fuera necesaria la declaratoria judicial […]”.

74. Desde la negativa a aprobar el plan de regularización y manejo, se
evidenció la pérdida de fuerza de ejecutoria del Decreto 927 de 1971 para poder
exigir los requisitos que este solicita; “[…] a partir de la lectura del parágrafo 1.º
del artículo 1 del Decreto 927 de 1971 se puede colegir que la asignación de
terrenos ahora exigidos por la administración se encontraba supeditada a que
dentro de un plazo de dos años (computados desde la aceptación de aquellas
afectaciones concretada en la comunicación 1305 del 25 de febrero de 1971), se
debía realizar las obras de urbanismo y saneamiento […]”.

75. El Decreto 927 de 1971 corresponde a un acto administrativo local que fue
expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá que sólo puede ser modificado por un
acto administrativo de igual jerarquía “[…], mientras que el Contrato 784 de 1971
es un acuerdo de voluntades que nunca podrá contrariar los contenidos del acto
administrativo que faculta su celebración. […]. la obligación de mantenimiento de
las zonas de cesión previstas en los planos de loteo relacionados en el parágrafo
del artículo primero del Decreto 927 de 1971 perdió fuerza ejecutoria al vencerse
el plazo de dos años sin que se hubiere realizado las actuaciones previstas en
dicho precepto, situación que fue planteada ante la entidad demandada durante
el trámite administrativo y que, por ende, debe ser objeto de reconocimiento
judicial en el presente caso […]”.

De la inexistencia del contrato núm. 784 de 1971 por ausencia de sus
elementos esenciales

76. El contrato núm. 784 de 1971 es inexistente debido a la falta de condición
o plazo para cumplir con la cesión pactada en su cláusula octava “[…] tal falencia

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acarrea la inexistencia de dicho contrato puesto que tanto en el ordenamiento
civil como el mercantil, la omisión de un elemento esencial o forma “ab-substantian
actus” conlleva a entender que el acto jurídico nació nunca a la vida jurídica. […]”.

La presentación del plan de regularización y manejo no requería incluir el
reconocimiento de las zonas de cesión relacionado en el acta de entrega
provisional

77. El Acta de entrega provisional núm. 132 del 5 de noviembre de 1985 no
poseía la entidad jurídica suficiente para ser fuente de exigencia en el
reconocimiento de las zonas de cesión previstas en los planos anexos al Decreto
927 de 1971, dentro del plan de regularización no aprobado; además, no refleja el
cumplimiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 65 de 1967, que
consistía en lo siguiente: “[…] i) debía realizarse una consulta previa al
Departamento Administrativo de Planificación Distrital; ii) de acuerdo con el
resultado de dicha consulta se debía presentar el esquema básico, para que
posteriormente fuera aprobado el Proyecto General, el cual, como ya se había
indicado correspondía a los planos de una urbanización o conjunto y sus redes
respectivas, iii) los referidos planos, una vez aprobados por el Departamento
Administrativo de Planificación Distrital y las Empresas de Servicios Públicos
respectivas, servían de base para elaborar el contrato de garantía […]”.

78. Basándose en el procedimiento establecido, a pesar de que existiese el
contrato núm. 0784 de 1971 y su prórroga, que exigían el cumplimiento del
proyecto general aprobado por la parte demandada, no se otorgó licencia de
construcción para obras de urbanismo por parte de la Secretaría de Obras
Públicas. Por ende, todo lo realizado por la parte demandante pierde validez, lo
que implica que nunca existió un plano definitivo y, mucho menos, la cesión de las
zonas al Distrito.“[…] Desde esta perspectiva, se colige que incluso aplicando la
tesis del A quo […] se concluye que el acta de entrega provisional No. 132 del 5
de noviembre de 1985 es un documento que no cuenta con la entidad suficiente
para reputarse del mismo la calidad de "entrega en legal y debida forma" de la que
se pueda predicar la exigencia de mantenimiento de las zonas de cesión en favor
del Distrito, al no ser emanada dentro del procedimiento necesario para realizar la

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respectiva cesión en favor del Distrito. […] no se puede inferir que tales terrenos
queden afectos de manera permanente, si aquel acto no viene seguido de la
posterior escrituración y tradición de las áreas afectadas […]”.

De la inexistencia de obligación de otorgamiento de las zonas de cesión para
los predios sobre los que se fuera a desarrollar usos
institucionales/dotaciones en el marco del Acuerdo 64 de 1967, el Acuerdo
6 de 1990 y el Decreto Distrital 190 de 2000

79. No existe obligación de otorgamiento de zonas de cesión para los predios
destinados a desarrollar usos institucionales y dotacionales “[…] el Plan de
Regularización y Manejo existe como un mecanismo en el que se plantea una
solución en beneficio no sólo del interesado sino de la ciudad y sus habitantes. De
esta forma, se constituye en un mecanismo conciliador a través del cual se
asegura la permanencia de dicho uso en la ciudad, en tanto se regulariza su
situación y se permite y prevé su desarrollo futuro. Por otra parte, en cumplimiento
de las obligaciones y compromisos adquiridos con el plan, el particular interesado
regulariza la situación de su inmueble y continuara con el desarrollo del mismo
conforme a la normatividad urbanística vigente. […]”.

La presentación del Plan de Regularización y Manejo no requería la
afectación de áreas, para la conformación de las zonas de cesión tipo A

80. La parte demandante adujo que con la presentación del plan de
regularización y manejo no era necesario la afectación de áreas, para la
conformación de las zonas de cesión tipo A “[…] el fallador de primer grado abordó
la cuestión de forma indebida, puesto que excluyó de plano la absolución del
cuestionamiento planteado en el libelo demandatorio, correspondiente a la
valoración de la exigencia de las zonas de cesión tipo A según las características
del predio objeto del plan de regularización y manejo analizado y el régimen
urbanístico aplicable al mismo. Para ello arguyó sin mayor profundidad que dichas
normas no podían ser aplicables al acta No. 132 de 1985 […]”.

Los predios sometidos al tratamiento de consolidación de sector urbano

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especial no tienen la obligación de destinar cesiones públicas para parques
y equipamientos

81. Los predios sometidos al tratamiento de consolidación de sector urbano
especial no tienen la obligación de destinar cesiones públicas para parques y
equipamientos “[…] el vacío normativo existente en los Decretos Distritales 619
de 2000, 1109 de 2000 y 904 de 2001 respecto a la obligación del urbanizador de
reconocer zonas de cesión en favor del Distrito dentro del proceso de
implementación del plan de regularización y manejo, debe ser llenado a partir del
análisis de la normativa perteneciente al mismo articulado y no desde las
especificaciones consignadas en el Decreto 927 de 1971 y el acta No. 132 de
2005, pues en armonía de lo dispuesto en líneas anteriores, tales actos carecen
de la aptitud suficiente para generar la obligación de mantenimiento de las zonas
de cesión allí determinadas.. […]”.

82. El predio objeto de estudio ha desarrollado el uso dotacional a escala
metropolitana “[…] (institucional en el esquema del Acuerdo 6 de 1990) desde
antes de la entrada en vigor del Decreto Distrital 619 de 2000, el cual debía
conservarlo según las reglas de permanencia del referido Decreto, y en esa misma
medida se debía elaborar el plan de regularización y manejo en aras de constituir
su norma de planeamiento urbano que le permitiera continuar su desarrollo,
siendo dicho plan el único instrumento en donde se deben proveer las cesiones
para parques y equipamientos […] el inciso final del artículo 460 del Decreto 619
de 2.000 indica: "El plan de regularización y manejo establecerá las acciones
necesarias para mitigar los impactos urbanísticos negativos, así como las
soluciones viales y de tráfico, generación de espacio público, requerimiento y
solución de estacionamientos de los servicios de apoyo necesarios para su
adecuado funcionamiento […]".

83. Concluyó que: “[…] A partir de todo lo antedicho se concluyen las razones
por las cuales en la formulación del Plan de Regularización y Manejo, desde el
punto de vista de su planteamiento urbanístico, no se preveían zonas de cesiones
públicas para parques y equipamiento, como quiera que la conservación del uso
dotacional de parque cementerio excluye esta obligación urbanística dado el

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servicio mismo que implica el desarrollo del uso dotacional y la pertenencia al
sistema de equipamientos que ostenta el predio de titularidad de mi mandante, lo
que implica en sí mismo una carga urbanística que exime de la obligación de
conceder cesiones de uso público. […]”.

De la improcedencia del requerimiento de la determinación de las áreas de
control ambiental correspondientes a la Avenida Bosa y la Autopista Sur.

84. En el plenario obran pruebas que permiten evidenciar la existencia previa
de las zonas de control ambiental “[…] y la aludida transferencia de ellas a favor
del Instituto de Desarrollo Urbano siendo esta circunstancia una clara justificación
de la ausencia de las zonas de control ambiental exigidas […]”.

85. Concluyó que: “[…] Con todo, huelga indicar que la supuesta
comprobación de la exigencia de las zonas de control ambiental aducida en el fallo
de primer grado, no es otra cosa que la relación de los conceptos técnicos
emanados de la entidad demandada durante el procedimiento administrativo que
antecedió la expedición de los actos acusados, documentos que no aportan pauta
argumental alguna que permita demeritar la aseveración ventilada en el libelo
demandatorio concerniente a la afectación de las mismas en favor del IDU, toda
vez que consisten simplemente en meras apreciaciones sobre la falta de
concordancia de las zonas verificadas con las previstas en los planos anexos al
Decreto 927 de 1971 y el acta de entrega anticipada No. 132 de 1985, actos cuya
falta de exigibilidad ha sido sostenida a lo largo del presente proceso. […]”

Actuación en segunda instancia

86. Este Despacho, mediante auto de 15 de septiembre de 201410, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida, en primera instancia, el 5 de septiembre de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

10 Cfr. Folio 4 del cuaderno núm. 2 del expediente

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Alegatos de conclusión

87. Este Despacho, atendiendo a que no se solicitaron pruebas, en segunda
instancia, mediante auto de 6 de junio de 201811, corrió traslado por el término de
diez (10) días a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que emitiera su concepto.

Parte demandante

88. La parte demandante12 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

Parte demandada

89. La parte demandada13 reiteró los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda.

Concepto del Ministerio Público

90. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES

91. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco
normativo de la cesión urbanística gratuita obligatoria; v) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del decaimiento de los actos administrativos y, vi) el
análisis del caso en concreto.

Competencia

11 Cfr. folio 9 del cuaderno principal de segunda instancia
12 Cfr. Folios 21 a 61 del cuaderno núm. 2 del expediente
13 Cfr. Folios 11 a 20 del cuaderno núm. 2 del expediente.

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92. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo14, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los
términos del artículo 30815 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201125, sobre el
régimen de transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto,
en segunda instancia.

93. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.

94. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2013 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, de conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de
12 de julio de 2012.

Actos administrativos acusados

95. Los actos acusados16 son los siguientes:

14 “[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
conceda el extraordinario de revisión. […]”.
15 […] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el

dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como
a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior
[…]” 25 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
16 Por la extensión de los mismos, se procede a transcribir los apartes más relevantes de la parte resolutiva,

sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

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105.1. El oficio núm. 2-2005-33185 de 30 de diciembre de 200517, expedido por el
Subdirector (E) de Planeamiento Urbano del Departamento Administrativo de
Planeación Distrital, resolvió:

“[…] Bogotá DC.
Señor
HERNANDO CARVAJAL FRANCO
Gerente General
JARDINES DEL APOGEO S.A.
Calle 14 Sur No. 20-48
Conmutador: 290 04 55 / 2 09 32 02
Ciudad

REFERENCIAS: 1-2005-00073/1-2005-42012 / 3-2005-03837
DIRECCIÓN: Calle 57 Q Sur No. 75-95 (Autopista Sur)
ASUNTO: Plan de Regularización y Manejo- Jardines del Apogeo

En atención a la solicitud de estudio de los ajustes realizados al documento de
formulación inicialmente presentado con la radicación No. 1-2002-27927, este
Departamento le informa lo siguiente:

1. Teniendo en cuenta que el requerimiento emitido con el oficio No. 2-2003-04053
el 26 de febrero de 2003, no fue atendido durante los dos meses siguientes a su
solicitud, sino 22 meses después, se entendió desistido el trámite en los términos
establecidos por el artículo 13º del Código Contencioso Administrativo; por lo que,
la radicación No. 1-2005-00073 del 3 de enero de 2005, se considera una nueva
solicitud para la adopción del Plan de Regularización y Manejo de Jardines del
Apogeo y la radicación NO. 1-2005-42012

2. Mediante el memorando interno No. 3-2005-07872 del 30 de noviembre de 2004,
la Subdirección Jurídica emitió respuesta a la consulta realizada por la Subdirección
de Infraestructura y Espacio Público, con relación a la vigencia y validez del Decreto
0927 de agosto 17 de 1971 y los planos B 103/1, B 103/1-1, B 103/4, B 103/4- 1, B
103/4-2, B 103/4-3 y B 103/4-4, en la cual, entre otros aspectos, se señaló lo
siguiente:

“…El artículo 1°, parágrafo 1° del Decreto 927 de 1971 dispuso, en efecto, que la
vigencia los planos aceptados por el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital mediante comunicación No 1305 de 1971 caducaría a los dos años
contados a partir de la fecha de su aceptación, "si las obras de urbanismo y
saneamiento no han sido ejecutadas en la forma proyectada y entregadas al Distrito
dentro del término que para tal efecto les haya sido señalado por el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital". No obstante, con posterioridad a la
expedición de este Decreto, el (entonces) Distrito Especial de Bogotá, en desarrollo
de lo previsto en los artículos 1° y 43 del Acuerdo 65 de 1967, celebró el Contrato
No 784 de 20 de diciembre de 1971, mediante el cual la sociedad Jardines del
Apogeo Limitada se comprometió a iniciar y desarrollar las obras del Cementerio
Jardines del Apogeo - I Etapa. Conforme a la cláusula tercera de este negocio
jurídico, se obligó a la compañía mencionada a ejecutar todas las obras de

17 Cfr. Folios 25 a 33 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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urbanismo y de servicios públicos exigidas por las disposiciones distritales vigentes
[…] dentro del término de treinta (30) meses contados a partir de la fecha de
suscripción de dicho contrato, sin que se hubiese reiterado la condición resolutoria
en los términos anteriormente mencionados.

De igual manera, se encontró en la carpeta contentiva del expediente el memorando
No 4535 del 18 de junio de 1974, por medio del cual la Secretaría de Obras Públicas
del Distrito Capital autorizó la prórroga solicitada del contrato No 784 de 1971 por
el término de veinticuatro (24) meses, la cual se formalizó mediante prórroga
suscrita el 18 de agosto de 1974. Se puede observar, inclusive, que con
posterioridad a esta fecha la Administración Distrital aceptó, previa solicitud del
interesado, la revalidación de los planos correspondientes a esta urbanización,
conforme consta en los oficios 1056 del 24 de febrero de 1977 y 717 del 22 de
febrero de 1983.

En este orden de ideas, consideramos que si bien el artículo 1°, parágrafo1° del
Decreto Distrital 927 de 1971 había consagrado una condición resolutoria para los
planos de loteo B 103/1, B 103/1-1, B 103/4 B 103/4-1, B 103/4-2, B 103/4-3, B
103/4-4B, sujeta a la verificación de un plazo determinado, dicha condición fue
modificada por documentos suscritos con posterioridad a la publicación de dicho
Decreto, mismos que en la mayoría de los casos se expidieron por iniciativa o
solicitud del urbanizador responsable, que no ejecutó de manera oportuna las
obligaciones que inicialmente asumió. Debe agregarse que el plazo mencionado
tenía como fuente normativa el artículo 41, parágrafo 2° del Acuerdo 65 de 1967,
que contemplaba, igualmente, la posibilidad de que el (entonces) Departamento
Administrativo de Planificación Distrital revalidara el proyecto, sin que este precepto
estableciera la obligación de consagrar un plazo específico o determinado para tal
efecto.

Por otro lado, el plazo establecido en el artículo 1º, parágrafo 1° del Decreto 927 de
1971 correspondía al desarrollo de una prerrogativa de la Administración Distrital
para el cabal cumplimiento de sus fines, razón por la cual creemos que no podría
obtenerse un beneficio como consecuencia de su incumplimiento, pues ello
equivaldría a permitir que el interesado obtuviera provecho de su propia culpa.
Sobre el particular, nos permitimos transcribir los apartes de las siguientes
sentencias:

"¿Hace parte del derecho colombiano la regla nemo auditur propiam turpitudinem
allegans?. Es claro que su formulación explícita no se halla en ningún artículo del
ordenamiento colombiano. Pero ¿significa eso que no hace parte de él y, por tanto,
que si un juez invoca como fundamento de Su fallo está recurriendo a un argumento
Extrasistemático? No, a juicio de la Corte, por las consideraciones que siguen. No
hay duda de que quien alega su propia culpa para derivar de ella algún beneficio,
falta a la buena fé entendida como la ausencia de dolo, la conciencia de que el
comportamiento que se observa es conforme al derecho, y los fines que persigue
están amparados por éste. Ahora bien: el articulo 83 de la Carta del 91, impone la
buena fé como pauta de conducta debida, en todas las actuaciones, tanto de las
autoridades públicas como de los particulares "(Corte Constitucional, Magistrado
Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz, 1° de marzo de 1995, No. Rad.: C-083-95).

"La procedencia de la acción de tutela frente a las actuaciones de las autoridades
pública o de los particulares, debe partir del presupuesto de que el demandante no
es responsable por la comisión de los hechos que constituyen la violación o la
amenaza de sus derechos fundamentales. Si el actor, por imprudencia, negligencia
o voluntad propia ha permitido o facilitado que se ocurran determinados sucesos
que de una forma u otra atentan sus derechos constitucionales fundamentales, no

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puede posteriormente aspirar a que el Estado, mediante la acción de tutela, proceda
a reparar una situación cuya responsabilidad recae sobre el mismo interesado.
Debe reiterarse que mal podría un juez de tutela avocar el conocimiento de
situaciones en las cuales la vulneración o la amenaza de derechos fundamentales
no fue consecuencia directa de la actuación u omisión de una autoridad pública,
sino que sus causas se deben a particulares que, por un motivo u otro, se colocaron
en dicha situación y desconocieron las normas legales que regulan la protección de
las rondas de los ríos y quebradas" ( Corte Constitucional, No. de Rad.: T-196-95)

"Hubo negligencia manifiesta por parte del abogado del peticionario, y si se hubiere
presentado una presunta indefensión, ésta obedece exclusivamente a la culpa de
quien, por razones de ética profesional, debe ser diligente y estar atento a todas las
etapas procesales. Como lo establece un principio común en el campo del derecho,
nadie puede sacar provecho de su propia culpa; en otras palabras, la negligencia
personal jamás puede ser título jurídico para invocar un derecho, y al contrario,
genera responsabilidades para quien incurre en ella" (Corte Constitucional, No. De
Rad.: T -500-95).

3. Que el anterior concepto sobre la vigencia de los planos adoptados mediante el
Decreto Distrital 927 de 1971, responde a la posibilidad planteada en el documento
de formulación presentado por usted para la adopción del plan, en el que se
manifiesta en razón al transcurso de los dos años de que trataba el artículo 1° del
mencionado decreto, lo siguiente: “…Es claro, entonces, que en el presente caso,
operó el fenómeno del decaimiento del acto administrativo, toda vez que éste perdió
su fuerza ejecutoria, por vencimiento del plazo establecido dentro del mismo,
término que sin lugar a dudas determinaba la eficacia del mismo”.

4. Que la propuesta contenida en las radicaciones con los Nos. 1- 2005-00073 y 1-
2005-42012 no se encuentra de conformidad con lo señalado y dispuesto en los
planos B 103/1 B 103/1-1, B 103/4, B 103/4-1, B 103/4-2, B 103/4-3 y B 103/4-4 y
en el decreto distrital 09 de agosto 17 de 1971.

5. Que el interesado tiene conocimiento de las exigencias del departamento al
respecto y fue informado con el oficio de respuesta a la Consulta preliminar No. 2-
2001-19859 del 18 de octubre de 2001, de la reglamentación para el Parque
Cementerio Jardines del Apogeo contenida en el decreto 927 de 1971 y en los
planos señalados en el anterior numeral, los cuales fueron aceptados por el DAPD
y se consideran parte integrante de dicha reglamentación.

6. Que con el oficio de requerimiento No. 2-2003-04053 se le solicitó al interesado,
entre otros aspectos, que debía mantener las áreas de cesión contenidas en los
planos B 103/1, B 103/1-1, B 103/4, B 103/4- 1, B 103/4-2, B 103/4-3 , B 103/4-4 u
el Decreto 0927 de 1971 y entregadas al Distrito con el acta de recibo provisional
No. 132 del 5 de noviembre de 1985

7.Que no se contemplen las áreas de control ambiental correspondientes a la
Avenida Bosa y a la Autopista Sur como franjas de uso público, de cesión gratuita
y no edificables, exigidas con el objeto de aislar el entorno del impacto generado
por estas y para mejorar paisajística y ambientalmente su condición y del entorno
inmediato al parque Cementerio.

Por lo tanto, se considera que la propuesta radicada con los Nos. 1- 2005-0073 y 1-
2005-42012 no es viable y no cumple con la reglamentación vigente para el Parque
cementerio jardines del Apogeo. Lo anterior, sin perjuicio de que el interesado
presente posteriormente una nueva solicitud.

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Contra este Acto Administrativo proceden los recursos de reposición y apelación,
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984)."

105.2. La Resolución núm. 00325 de 21 de marzo de 200618, expedida por el
Subdirector de Planeamiento Urbano del Departamento Administrativo de
Planeación Distrital:

“[…]

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar las pretensiones formuladas en el recurso de
reposición interpuesto por el Doctor Juan Manuel González Garavito, quien actúa
como apoderado de la Sociedad Jardines del Apogeo S.A. e identificado con cédula
de ciudadanía No. 80.427.548 de Madrid (Cundinamarca) y con Tarjeta Profesional
No. 62.209 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, contra el oficio
número 2-2005-33185 del 30 de diciembre de 2005, emitido por la Subdirección de
Planeamiento Urbano del Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el recurso subsidiario de Apelación ante la
Directora del Departamento Administrativo de Planeación Distrital […]”.

105.3. La Resolución núm. 00711 de 4 de agosto de 200619, expedida por la
Directora del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, resolvió:

“[…] ARTICULO PRIMERO.- Reconocer personería al doctor JUAN MANUEL
GONZÁLEZ GARAVITO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.427.548
de Madrid (Cundinamarca), portador de la Tarjeta Profesional No. 62.209 del C.S.
de la J., para actuar en las presentes diligencias como apoderado especial de la
SOCIEDAD JARDINES DEL APOGEO S.A., conforme consta en poder
debidamente otorgado por su representante legal en el 23 de enero de 2006.

ARTÍCULO SEGUNDO. - No acceder a las pretensiones formuladas en el recurso
subsidiario de apelación interpuesto por el doctor JUAN MANUEL GONZÁLEZ
GARAVITO, apoderado especial de la SOCIEDAD JARDINES DEL APOGEO
S.A., contra el oficio número 2-2005-33185 del 30 de diciembre de 2005, emitido
por la Subdirección de Planeamiento Urbano del Departamento Administrativo de
Planeación Distrital, conforme a los razonamientos expuestos en precedencia.

Contra la presente resolución no procede ningún recurso de la vía gubernativa […]”

18 “[…] Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el oficio número 2-2005-33185 del

20 de diciembre de 2005, expedido por la Subdirección de Planeamiento Urbano del Departamento
Administrativo de Planeación Distrital […]”.
19 “[…] Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra el oficio No. 2-2005-33185 del 30 de

diciembre de 2005, expedido por la Subdirección de Planeamiento Urbano del Departamento Administrativo
de Planeación Distrital […]”.

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Problema jurídico

96. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar:

97. Si el desistimiento tácito requiere pronunciamiento expreso que lo decrete
y ordene archivar la actuación.

98. Si procede la declaratoria de nulidad de los actos acusados por vulneración
del principio de confianza legítima, dado que se realizaron reuniones entre las
partes del proceso que garantizaban que el procedimiento administrativo
continuaba en curso.

99. Si la obligación de mantenimiento de las zonas de cesión previstas en los
planos de loteo perdió su fuerza ejecutoria por el vencimiento de dos años
contados desde la comunicación 1305 del 25 de febrero de 1971, sin haber
realizado las actuaciones (obras de urbanismo y saneamiento) en los términos del
artículo 1, parágrafo 1.°, del Decreto 927 de 1971.

100. Si la presentación del plan de regularización y manejo no requería incluir el
reconocimiento de las zonas de cesión de los planos anexos al Decreto 927 de
1971, mencionadas en el Acta de Entrega Provisional núm. 132 del 5 de
noviembre de 1985, debido a la falta de entidad jurídica suficiente para ser la
fuente de la exigencia de reconocimiento.

101. Si es inexistente la obligación de otorgamiento de zonas de cesión para los
predios con usos institucionales/dotacionales

102. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la sentencia proferida, en primera instancia.

El marco normativo del ordenamiento territorial

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103. La Ley 38820 de 18 de julio de 199721 define el ordenamiento del territorio
como una función pública encaminada a cumplir, entre otros fines, los de
posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructura de
transporte y demás espacios públicos y su destinación al uso común; atender los
procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común,
procurando su utilización racional en armonía con la función social de la
propiedad, a la que es inherente una función ecológica.

104. Visto el parágrafo del artículo 8 de la Ley 388, sobre la función pública de
ordenamiento territorial, prevé que se cumple por medio de la «acción
urbanística» de las entidades municipales y distritales, exteriorizada en decisiones
administrativas y actuaciones urbanísticas, que deben estar previstas o
autorizadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, declarado por la Ley como el
instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento, y definido por el
artículo 9 ibidem, como el “conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias,
metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo” .

105. Visto el artículo 10 de la Ley 388, dispone que el contenido del proyecto de
Plan de Ordenamiento Territorial debe respetar las “determinantes” enunciadas
en dicho artículo, las cuales “constituyen normas de superior jerarquía”,
principalmente las directrices, normas y reglamentos expedidos por las
autoridades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y las disposiciones
producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la
respectiva jurisdicción.

106. Visto el artículo 11 de la Ley 388, el Plan de Ordenamiento Territorial
establece tres componentes: general, urbano y rural, cuyos contenidos están
reglados en los artículos 12, 13 y 14.

107. En particular, frente al ordenamiento territorial y la reglamentación del uso

20 Diario Oficial No. 43.091, de 24 de julio de 1997.
21 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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del suelo, establecido en la Ley 388 como atribución de las autoridades
municipales y distritales, la Corte Constitucional, en sentencia C-145 de 2015,
señaló:

“[…] En relación con el uso y desarrollo del territorio, la Ley 388 de 1997
actualizó las normas existentes sobre planes de desarrollo municipal (Ley 9ª de
1989) y el sistema nacional de vivienda de interés social (Ley 3ª de 1991), con
la finalidad de fijar mecanismos para que los municipios, en ejercicio de su
autonomía, organicen su territorio, el uso equitativo y racional del suelo y la
preservación y defensa del patrimonio ecológico localizado en su jurisdicción.

Dentro de ese contexto, la ley define el plan de ordenamiento territorial (POT)
como “el conjunto de objetivos, directrices políticas, estrategias, metas,
programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”22, e instituye los
denominados planes parciales, que son aquellos instrumentos que desarrollan
y complementan las normas que integran los planes de ordenamiento territorial
cuando se trata de determinadas áreas del suelo urbano, áreas incluidas en el
suelo de expansión urbana y aquellas que deban desarrollarse mediante
unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones
urbanas especiales23.

Con el objetivo de establecer mecanismos que permitan al municipio, en
ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de
desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones
urbanísticas eficiente (artículo 1 numeral 2), la Ley 388 de 1997 ordena la
adopción obligatoria de planes de ordenamiento territorial y prohíbe a los
agentes públicos o privados la realización de actuaciones urbanísticas por
fuera de las previsiones contenidas en éstos, en los planes parciales y, en
general, en las normas que los complementan y adicionan24.

En relación con las acciones urbanísticas, el artículo 8 de la Ley 388 de 1997,
[…], señala puntualmente cuáles son y precisa que deben estar incorporadas o
autorizadas por los planes de ordenamiento territorial. Esta disposición
consagra que “La función pública del ordenamiento del territorio municipal o
distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y
municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones
urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio
y la intervención en los usos del suelo” y dentro de las acciones urbanísticas
que deben autorizarse por los planes de ordenamiento están:

“1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.

22 Artículo 9
23 Artículo 19
24 Artículo 20 y 21

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2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte,
los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos
sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés
público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y
lugares análogos.”,

[…] 5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra
forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.

6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación
urbanística, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés
social.

8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción
prioritaria.

9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte,
los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente
por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con
las leyes.

10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de
utilidad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la ley.

11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de
desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación
paisajística.

12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del
municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva
jurisdicción, para su protección y manejo adecuados.

13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras
urbanas.

14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento
del territorio. (Subrayas añadidas).

[…] En este sentido, cabe resaltar que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley
388 de 1997, la función de ordenamiento del territorio a nivel local se cumple,
entre otras formas, mediante la acciones urbanísticas de localizar y señalar las
características de los equipamientos de servicios de interés público y social,
tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos y
dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los
servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por

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la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las
leyes[…]”25 (negrilla con subraya de la Sala).

Marco normativo de la cesión urbanística gratuita obligatoria

108. Visto el numeral 2.° del artículo 287 de la Constitución, sobre el derecho de
las entidades territoriales de ejercer las competencias que les correspondan, ello
opera en concordancia con los artículos 311 y 313 numerales 2.° y 7.° de la
Constitución Política, referentes a construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, adoptar los correspondientes planes y
programas de desarrollo económico y social y de obras públicas, y reglamentar
los usos del suelo.

109. Visto el artículo 2 de la Ley 9 de 1989 prevé que “[…] Los planes de
desarrollo incluirán los siguientes aspectos: 1. Un plan y un reglamento de usos
del suelo y cesiones obligatorias gratuitas, así como normas urbanísticas
específicas; […]”.

110. Visto el artículo 7 ibidem señala que aspectos comprendía la cesión
gratuita, así:

“[…] Los municipios y la Intendencia Especial de San Andrés y Providencia podrán
crear de acuerdo con su organización legal, entidades que serán responsables de
administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público, el
patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para vías, zonas
verdes y servicios comunales. Así mismo, podrán contratar con entidades
privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los
bienes anteriores.

Cuando las áreas de cesión para zonas verdes y servicios comunales sean
inferiores a las mínimas exigidas por las normas urbanísticas, o cuando su
ubicación sea inconveniente para la ciudad, se podrá compensar la obligación de
cesión, en dinero o en otros inmuebles, en los términos que reglamenten los
concejos. Si la compensación es en dinero, se deberá asignar su valor a los
mismos fines en lugares apropiados según lo determine el Plan de Desarrollo o
Plan de Desarrollo Simplificado. Si la compensación se satisface mediante otro
inmueble, también deberá estar ubicado en un lugar apropiado según lo determine
el mismo plan.

25 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA.
Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Sentencia de veinte (20) de mayo de dos
mil cuatro (2004). Radicación número: 25000-23-24-000-2000-00359-01(7033). Actor: Roberto Uribe Pinto y
otro.

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Los aislamientos laterales, parámetros y retrocesos de las edificaciones no podrán
ser compensados en dinero ni canjeados por otros inmuebles […].” (Se destaca)

111. De este modo, las áreas que se ceden de manera obligatoria están
destinadas a vías, zonas verdes y servicios comunales. La jurisprudencia ha
inferido que estas tienen una finalidad de beneficio local o comunal que debe ser
soportada por el urbanizador, y, por lo tanto, no debe confundirse con una
expropiación sin indemnización. Este criterio fue precisado por la Corte Suprema
de Justicia en su sentencia del 9 de noviembre de 198926, en la cual se examinó
la constitucionalidad de las cesiones gratuitas obligatorias y se explicó lo
siguiente:

“[…] no puede inferirse del artículo 32 de la Constitución Nacional, competencia
legislativa para definir planes de desarrollo urbanístico que no tienen finalidades
de planificación de la economía, máxime cuando comportan desplazamiento de la
propiedad privada a favor del Estado, la cual pasa a formar parte de los bienes de
uso público del dominio eminente de este. Así ocurre por virtud de la disposición
cuestionada, pues las cesiones obligatorias gratuitas con respecto a la entidad
pública y que se imponen al propietario, se afectan al servicio de todos los
habitantes por estar destinadas exclusivamente a vías de acceso a los predios
urbanizados, como los peatonales, zonas verdes y servicios comunales, según el
querer de la ley […]”.

112. El entendimiento de esta figura del derecho urbanístico conduce a la Sala
a examinar el concepto dispuesto en el artículo 5 de la Ley 9 de 198927, en relación
con la definición de lo que constituye el espacio público. La norma en cita, prevé:

“[…] Del espacio Público

Artículo 5.- Adicionado por el Artículo 138 de la Ley 388 de 1997. Entiéndese
por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de
los habitantes.

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación
pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de

26 Sentencia Corte Suprema de Justicia, 9 de noviembre de 1989, Rad. No. 1937 MP: Mario E. Duque

27 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes
y se dictan otras disposiciones”

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retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas
verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los
servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos
del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las
obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos,
recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los
elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación
y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así
como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas
las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés
colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente,
zonas para el uso o el disfrute colectivo. Adicionado un parágrafo Artículo
17 Ley 388 de 1997 Sobre incorporación de áreas públicas […]”.

113. Ahora bien, con ocasión de la expedición de la Ley 38828, el concepto de
cesiones obligatorias gratuitas también se funda por lo dispuesto en los siguientes
artículos:

“[…] ARTICULO 3o. FUNCION PUBLICA DEL URBANISMO. El ordenamiento
del territorio constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento
de los siguientes fines:

1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras
de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y
hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios
públicos domiciliarios.

2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del
interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función
social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica,
buscando el desarrollo sostenible.

3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación del patrimonio cultural y natural.

4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales.”

[…] “ARTICULO 8o. ACCION URBANISTICA. La función pública del
ordenamiento del territorio municipal o distrital se ejerce mediante la acción
urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones
administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas
con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo. Son
acciones urbanísticas, entre otras:

[…] 3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción,
actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades
de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y
usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas.

28 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”

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[…] PARAGRAFO. Las acciones urbanísticas aquí previstas deberán estar
contenidas o autorizadas en los planes de ordenamiento territorial o en los
instrumentos que los desarrollen o complementen, en los términos previstos
en la presente ley.

ARTICULO 1529. NORMAS URBANISTICAS. Las normas urbanísticas regulan
el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las
consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la
administración de estos procesos. Estas normas estarán jerarquizadas de
acuerdo con los criterios de prevalencia aquí especificados y en su contenido
quedarán establecidos los procedimientos para su revisión, ajuste o modificación,
en congruencia con lo que a continuación se señala.

En todo caso los municipios que integran áreas metropolitanas deberán ajustarse
en su determinación a los objetivos y criterios definidos por la Junta Metropolitana,
en los asuntos de su competencia.

1. Normas urbanísticas estructurales

Son las que aseguran la consecución de los objetivos y estrategias
adoptadas en el componente general del plan y en las políticas y estrategias
de mediano plazo del componente urbano. Prevalecen sobre las demás
normas, en el sentido de que las regulaciones de los demás niveles no pueden
adoptarse ni modificarse contraviniendo lo que en ellas se establece, y su propia
modificación solo puede emprenderse con motivo de la revisión general del plan
o excepcionalmente a iniciativa del alcalde municipal o distrital, con base en
motivos y estudios técnicos debidamente sustentados. Por consiguiente, las
normas estructurales incluyen, entre otras:

1.1 Las que clasifican y delimitan los suelos, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo IV de esta ley.

1.2 Las que establecen áreas y definen actuaciones y tratamientos urbanísticos
relacionadas con la conservación y el manejo de centros urbanos e históricos;
las que reservan áreas para la construcción de redes primarias de infraestructura
vial y de servicios públicos, las que reservan espacios libres para parques y
zonas verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas las que se refieran
al espacio público vinculado al nivel de planificación de largo plazo.

1.3 Las que definan las características de las unidades de actuación o las que
establecen criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación e
incorporación posterior, incluidas las que adoptan procedimientos e
instrumentos de gestión para orientar, promover y regular las actuaciones
urbanísticas vinculadas a su desarrollo.

1.4 Las que establecen directrices para la formulación y adopción de planes
parciales.

1.5 Las que definan las áreas de protección y conservación de los recursos
naturales y paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas
las que conciernen al medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo en el de
la revisión del plan, serán objeto de modificación.

29 Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 902 de 2004.

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2. Normas urbanísticas generales

Son aquellas que permiten establecer usos e intensidad de usos del suelo, así
como actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización,
construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas
comprendidas dentro del perímetro urbano y suelo de expansión. Por
consiguiente, otorgan derechos e imponen obligaciones urbanísticas a los
propietarios de terrenos y a sus constructores, conjuntamente con la
especificación de los instrumentos que se emplearán para que contribuyan
eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano y a sufragar los costos que
implica tal definición de derechos y obligaciones.

En razón de la vigencia de mediano plazo del componente urbano del plan, en
ellas también debe establecerse la oportunidad de su revisión y actualización e
igualmente, los motivos generales que a iniciativa del alcalde permitirán su
revisión parcial. En consecuencia, además de las regulaciones que por su propia
naturaleza quedan contenidas en esta definición, hacen parte de las normas
urbanísticas:

[…]

2.6 Las especificaciones de las cesiones urbanísticas gratuitas, así como
los parámetros y directrices para que sus propietarios compensen en dinero
o en terrenos, si fuere del caso.

PARÁGRAFO. Las normas para la urbanización y construcción de vivienda no
podrán limitar el desarrollo de programas de vivienda de interés social, de tal
manera que las especificaciones entre otros de loteos, cesiones y áreas
construidas deberán estar acordes con las condiciones de precio de este tipo de
vivienda.

[…] ARTICULO 37. ESPACIO PÚBLICO EN ACTUACIONES
URBANISTICAS. Las reglamentaciones distritales o municipales determinarán,
PARA LAS DIFERENTES ACTUACIONES URBANÍSTICAS, las cesiones
gratuitas que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías
locales, equipamientos colectivos y espacio público en general30, y señalarán
el régimen de permisos y licencias a que se deben someter así como las
sanciones aplicables a los infractores a fin de garantizar el cumplimiento de estas
obligaciones, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el capítulo XI de esta
ley.

También deberán especificar, si es el caso, las afectaciones a que estén
sometidos por efectos de reservas de terreno para construcción de infraestructura
vial, de transporte, redes matrices y otros servicios de carácter urbano o
metropolitano.

Para las actuaciones que lo requieran como la urbanización en terrenos de
expansión y la urbanización o construcción en terrenos con tratamientos de
renovación urbana, deberá señalarse el procedimiento previo para establecer la
factibilidad de extender o ampliar las redes de servicios públicos, la infraestructura
vial y la dotación adicional de espacio público, así como los procesos o
instrumentos mediante los cuales se garantizará su realización efectiva y la

30 Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-495-98. M.P.
Antonio Barrera Carbonell.

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equitativa distribución de cargas y beneficios derivados de la correspondiente
actuación.[…]”31

114. De estas disposiciones, acorde con la jurisprudencia que analizó su
constitucionalidad, se puede señalar que:

“[…] Las cesiones gratuitas constituyen una contraprestación de los
propietarios de inmuebles por la plusvalía que genera las diferentes
actuaciones urbanísticas de los municipios. Dichas cesiones no son
propiamente tributos ni rentas de otro orden; se trata de bienes que se
incorporan al patrimonio municipal, con ocasión de la actividad urbanística
y que indudablemente contribuyen a la integración del espacio público. Es
una norma destinada a regular, con fundamento en el art. 82 de la Constitución,
la integración del espacio público y de los bienes colectivos de uso común. Por lo
demás, dichas cesiones gratuitas, con ocasión de la actividad urbanística,
comportan una carga a los propietarios que se enmarca dentro de la función
social de la propiedad y su inherente función ecológica, que requiere
regulación legal en los términos del art. 58 de la Constitución […]”.

Características de las cesiones obligatorias

115. Las cesiones obligatorias no tienen un carácter oneroso, dado que el ente
territorial no paga por ellas. Para el constructor o propietario del inmueble, estas
cesiones constituyen una entrega definitiva y previa de una porción de terreno
como contraprestación para obtener la autorización de urbanización. Además,
dicha cesión contribuye al desarrollo de zonas de espacio público que benefician
a la comunidad.

116. Sobre el particular, esta Sección de la Corporación aclaró:

“[…] las cesiones obligatorias gratuitas son una contraprestación a la que se
obligan los propietarios de terrenos al solicitar el correspondiente permiso
para urbanizar o edificar, y al aceptar las condiciones que exigen las autoridades
competentes, dados los beneficios que pueden obtener con tal actividad, las que
se imponen en desarrollo de la función social urbanística de la propiedad,
consagrada en el artículo 58 de la Carta, y en ejercicio del poder de intervención
del Estado en el uso del suelo con el fin de conseguir el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un
ambiente sano" (art. 334 C.N.), como también del artículo 82 Ibidem que faculta
a las entidades públicas para "regular la utilización del suelo" en defensa del interés
común.

31 Corte Constitucional. Sentencia C-495-98. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

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Para la Sala es claro que las regulaciones urbanísticas cumplen una función
social y ecológica, pues tienen como propósito la ordenación y planificación
del desarrollo urbano y el crecimiento armónico de las ciudades, con el fin de
garantizar una vida adecuada a las personas que las habitan, teniendo en
cuenta no sólo los derechos individuales sino también los intereses
colectivos en relación con el entorno urbano. Y es por ello que se regula la
propiedad horizontal, se establecen normas que reglamentan la construcción de
viviendas señalando el volumen y altura de los edificios, imponiendo la obligación
de dejar espacio suficiente entre un edificio y otro, la de construir
determinadas zonas para jardines, parques, áreas verdes, calles peatonales,
vías de acceso a las viviendas, etc., con el fin de lograr la mejor utilización
del espacio habitable, para beneficio de la comunidad.

Cabe agregar aquí que de conformidad con el artículo 313-2 de la Constitución
Nacional compete a los Concejos Municipales adoptar los correspondientes planes
y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas; planes que al
tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 339 ib., deben elaborar y
adoptar de manera concertada con el Gobierno Nacional, con el objeto de asegurar
el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que
les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Igualmente les corresponde
"reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de
inmuebles destinados a vivienda" (art. 313-7 C.N.).

LAS ÁREAS GRATUITAS DE CESIÓN OBLIGATORIA POR MANDATO DE LAS
LEYES 9ª DE 1989 Y 388 DE 1997 TIENEN LA NATURALEZA DE BIEN DE USO
PÚBLICO PUES INTEGRAN EL ESPACIO PÚBLICO COMOQUIERA QUE
ESTÁN DESTINADAS AL USO COMÚN O COLECTIVO […]”32. (Negrillas fuera
del texto).

117. Las cesiones gratuitas se entienden, de acuerdo con las normas generales
que las reglamentan, como aquellos espacios físicos que los urbanizadores o
propietarios de los inmuebles ubicados dentro de un ente territorial, deben destinar
a beneficio general cuando soliciten algún tipo de actuación urbanística 33 sobre
los mismos. En adelante, constituyen un bien afectado al patrimonio municipal,
por virtud de la gratuidad que los caracteriza y en favor de dichos entes.

118. La cesión gratuita desde la expedición de la citada Ley 9ª de 1989, se
establece como una de las formas previstas por el legislador para integrar las
áreas de espacio público en un territorio.

32 Consejo de Estado- Sección Primera. Radicación número: 15001-23-31-000-2002-02582-01, C.P. María

Claudia Rojas Lasso.
33 Artículo 36.- Actuación urbanística pública. Son actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización y

edificación de inmuebles. Cada una de estas actuaciones comprenden procedimientos de gestión y formas
de ejecución que son orientadas por el componente urbano del plan de ordenamiento y deben quedar
explícitamente reguladas por normas urbanísticas expedidas de acuerdo con los contenidos y criterios de
prevalencia establecidos en los artículos 13, 15, 16 y l7 de la presente Ley.

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119. Posteriormente, ya en vigencia de la Constitución Política de 1991, la Corte
Constitucional tuvo la oportunidad de estudiar la exequibilidad de los artículos 1 y
7 de la Ley 9ª de 1989. En la sentencia34 que dictó al respecto, precisó lo siguiente
sobre el derecho de propiedad y las cesiones gratuitas:

“[…] El derecho de propiedad, aunque se lo conciba como muy importante para la
persona humana, no es de aquéllos que pueda incluirse dentro de los derechos a
que alude el artículo 93 del estatuto fundamental, por los motivos que se expusieron
en el punto anterior de esta providencia, pues si bien es cierto que es un derecho
humano, no es de aquéllos cuya limitación se prohíbe durante los estados de
excepción.

[…] En este orden de ideas aparecen las cesiones obligatorias gratuitas como
una contraprestación a la que se obligan los propietarios de terrenos al
solicitar el correspondiente permiso para urbanizar o edificar, y al aceptar las
condiciones que exigen las autoridades competentes, dados los beneficios que
pueden obtener con tal actividad, las que se imponen en desarrollo de la
función social urbanística de la propiedad, consagrada en el artículo 58 de la
Carta, y en ejercicio del poder de intervención del Estado en el uso del suelo "con
el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación de un ambiente sano" (art. 334 C.N.), como también del artículo 82
Ibidem que faculta a las entidades públicas para "regular la utilización del suelo" en
defensa del interés común […]” (Subrayas y resaltas fuera del texto)

120. La Corte Constitucional, al examinar el artículo 37 de la Ley 388, descartó
que esta figura implicara la imposición de un gravamen, dado que su propósito es
integrar bienes al patrimonio municipal y al espacio público cuando los propietarios
de los inmuebles los desarrollan mediante la actividad urbanística:

“[…] [L]as cesiones gratuitas constituyen una contraprestación de los propietarios
de inmuebles por la plusvalía que genera las diferentes actuaciones urbanísticas
de los municipios. Dichas cesiones no son propiamente tributos ni rentas de otro
orden; se trata de bienes que se incorporan al patrimonio municipal, con ocasión
de la actividad urbanística y que indudablemente contribuyen a la integración del
espacio público […]”.

121. Del análisis normativo y jurisprudencial, se evidencia que la cesión gratuita,
como herramienta del derecho urbanístico, tiene unas características específicas
que la identifican y se relacionan con los siguientes elementos: i) es la entrega de
un porcentaje delimitado del inmueble sobre el cual se realizará la actuación
urbanística; ii) la cesión opera en favor del municipio a título gratuito, es decir, sin

34 Sentencia C-295 de 29 de julio de 1993. M.P. Carlos Gaviria Diaz.

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que se reconozca un precio por la transferencia de la propiedad; iii) para el
propietario o urbanizador del predio se genera una contraprestación no dineraria,
relacionada con la autorización para desarrollar y urbanizar su bien, así como con
los beneficios que surgen para el ente territorial al integrar el inmueble al espacio
público como parte del desarrollo del sector; y iv) no hay cesión si el predio no es
objeto de la acción urbanística.

122. De este modo, las cesiones gratuitas corresponden a las transferencias de
terrenos que los urbanizadores efectúan bajo este título como contraprestación
por los beneficios derivados de la actividad urbanística. Estas cesiones
comprenden áreas de uso público, como vías, parques y zonas verdes, entre
otros, sin que se otorgue indemnización alguna al particular, debido a que se trata
de una enajenación voluntaria que el Estado puede requerir dentro de su facultad
para dictar normas en materia de planificación urbanística35.

Marco normativo del decaimiento de los actos administrativos

123. El artículo 66 del Código Contencioso Administrativo establece que, salvo
norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras
no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción contencioso
administrativa, pero perderán su fuerza ejecutoria cuando desaparezcan sus
fundamentos de derecho:

“[…] ARTÍCULO 66. Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 2304 de 1989 Salvo
norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras
no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo *pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

1. Por suspensión provisional.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

Ver el Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

35 Corte Constitucional. T- 575 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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5. Cuando pierdan su vigencia […]”.

124. Al respecto, esta Sección de la Corporación mediante sentencia de 15 de
marzo de 201836 indicó lo siguiente:

“[…] Debe precisarse que la declaración de pérdida de fuerza ejecutoria y la
consecuente inejecutabilidad de los actos administrativos no es de competencia de
la jurisdicción contencioso administrativa, pues ésta está instituida para dirimir las
controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas y las
personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del
Estado37.

Concretamente, le corresponde a la juez contencioso administrativo declarar la
nulidad de la resoluciones acusadas de conformidad con las causales establecidas
en el ordenamiento jurídico38, esto es, por infringir las normas en que deberían
fundarse, por haber sido expedidos por funcionario incompetente, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o
corporación que los profirió, esto es, por vicios en los elementos de validez de los
mismos.

Lo anterior tiene fundamento en el hecho de que la institución jurídica en comento
trae sus propias causales, cuales son, que el acto administrativo haya sido
suspendido provisionalmente, que hayan desaparecido sus fundamentos de hecho
o de derecho, que al cabo de cinco (5) años de estar en firme la administración no
ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlo, que se cumpla la
condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto o cuando pierde su
vigencia.

Entonces, la nulidad de los actos que ordenaron el decomiso no trae como
consecuencia la nulidad de los actos objeto de la presente acción (elemento
de validez del acto administrativo), y el decaimiento de estos últimos no
impide que haya un pronunciamiento de fondo (elementos de eficacia del acto
administrativo) […]” (destacado fuera de texto)

36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera Sentencia de 15 de marzo de

2018. M. P. Roberto Augusto Serrato Valdés. número único de radicación. 13001-23-31-000-2004-01385-01.
Reiterada en: i) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia
de 22 de octubre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 08001-23-31-000-
2012-00503-01 […]”.
37 “[…] Artículo 82. Modificado por el art. 12, Decreto Nacional 2304 de 1989, Modificado por el art. 30, Ley

446 de 1998, Modificado por el art. 1, Ley 1107 de 2006. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está
instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades
públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado.
Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales y los juzgados administrativos de conformidad con la
constitución y la ley […]”.
38 “[…] Artículo 84. Modificado por el art. 14, Decreto Nacional 2304 de 1989 Acción de nulidad. Toda persona

podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.
Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino
también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o
con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió […]”.

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125. En ese orden de ideas, el decaimiento del acto administrativo no impide el
juicio de legalidad del mismo, toda vez este debe realizarse según las
circunstancias vigentes al momento de su expedición, teniendo en cuenta que el
decaimiento solo opera hacia el futuro. Así, la desaparición del fundamento
jurídico del acto no afecta su validez.

Acervo probatorio

126. La Sala encuentra las siguientes pruebas relevantes:

127. En el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de
Comercio de Bogotá39, se señala que el objeto social de la parte demandante es
el ejercicio de todas las actividades comerciales relacionadas con la prospección,
construcción y administración de cementerios en todas sus formas, incluyendo
todos sus estudios, obras, negocios, así como la prestación de servicios funerarios
en todas sus áreas y facetas, y en general, los servicios relacionados con estas
actividades.

128. Las cesiones efectuadas por la parte demandante al Distrito Capital de
Bogotá se realizaron mediante el Acta de Recibo Provisional núm. 132 del 5 de
noviembre de 1985, suscrita por el Gerente General de la parte demandante, el
ingeniero de la Procuraduría de Bienes y la parte demandada. Las zonas cedidas
y destinadas al uso público sumaron un total de 328.062,52 metros cuadrados40.

129. En el Oficio núm. 2-2001-19859 del 18 de octubre de 2001 la parte
demandada respondió a la consulta preliminar presentada por la parte
demandante, indicando claramente en esta etapa inicial del trámite que las
cesiones dispuestas mediante el Decreto núm. 927 de 1971 y el Contrato núm.

39
Cfr. Folios 99 a 102 del cuaderno 1 del expediente.
40 Cfr. Folios 3 a 13 y 14 a 20 de los antecedentes administrativos.

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0784 del 20 de diciembre de 1971 formaban parte de las exigencias establecidas
por la parte demandada para la obtención del plan de regularización y manejo41,.

130. En el Oficio núm. 1-2002-27927 del 23 de octubre de 2002, en el que se
anexó el documento de formulación del plan de regularización y manejo, la parte
demandante omitió incluir las zonas de cesión42.

131. Mediante el Oficio núm. 2-2003-04053 del 26 de febrero de 2003, la parte
demandada respondió a la solicitud de formulación del plan de regularización y
manejo del cementerio Jardines del Apogeo, devolviendo los documentos para
que fueran completados y radicados nuevamente. Para este efecto, se señaló que
era necesario mantener las áreas de cesión entregadas mediante el Acta de
Recibo núm. 132 del 5 de noviembre de 1985 y se solicitó el plano topográfico
actualizado, los documentos de titularidad del predio, así como una certificación
de aclaración de cabida y linderos43.

132. A través del oficio del 3 de enero de 2005, con radicado núm. 1-2005-
0007344, la parte demandante allegó la mayoría de los documentos requeridos
para el trámite del plan de regularización y manejo. En relación con los
documentos solicitados mediante el oficio mencionado en el párrafo anterior,
informó que el plano topográfico se encontraba en trámite de actualización ante la
parte demandada y allegó un oficio mediante el cual se aclaraban la cabida y los
linderos del predio.

133. El Subsecretario de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de
Planeación informó en el proceso que las reuniones celebradas entre las partes
con ocasión del estudio y trámite del plan de regularización y manejo para el
Cementerio Jardines del Apogeo no fueron de carácter decisorio ni de
concertación45.

41
Cfr. Folios 5 a 9 del cuaderno de anexos de la demanda
42
Cfr. Folio 29 del cuaderno de anexos de la demanda.
43 Cfr. Folios 37 a 43 de anexos de la demanda.
44 Cfr. Folios 44 a 50 anexos de la demanda.
45
Cfr. Folios 213 y 214 del cuaderno núm.1 del expediente.

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134. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de
la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

Análisis del caso concreto

135. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

Del desistimiento tácito

136. La parte demandante adujo que el desistimiento tácito requiere un
pronunciamiento expreso que ordene archivar la solicitud del plan de
regularización y manejo, lo cual no ocurrió. En consecuencia, el procedimiento
administrativo nunca concluyó.

137. Al respecto, en el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

138. Mediante el Oficio núm. 2-2003-04053 de 26 de febrero de 2003, la parte
demandada respondió a la solicitud de formulación del plan de regularización y
manejo del cementerio Jardines del Apogeo, devolviendo los documentos para
que fueran completados y radicados nuevamente. Para este efecto, se señaló que
era necesario mantener las áreas de cesión entregadas mediante el Acta de
Recibo núm. 132 del 5 de noviembre de 1985, y se solicitó el plano topográfico
actualizado, los documentos de titularidad del predio, así como una certificación
de aclaración de cabida y linderos46.

46 Cfr. Folios 37 a 43 de anexos de la demanda.

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139. La parte demandante en escrito de 3 de enero de 2005 con radicado núm.
1-2005-0007347, es decir, 22 meses después, allegó la generalidad de los
documentos requeridos para el trámite de un plan de regularización y manejo; y
en relación con los solicitados mediante el oficio mencionado en el párrafo
anterior, dijo que el plano topográfico se encontraba en trámite de actualización
ante la parte demandada y allegó oficio mediante el cual se aclaraba la cabida y
linderos del predio:

“[…]
2.1 CONCEPTO DEL ÁREA DE CARTOGRAFIA Y VIAS:

2.1.1".. tramitar la presentación de un nuevo plano topográfico..."
R/. Se realizó un nuevo levantamiento topográfico del predio y ante el
Departamento Administrativo de Planeación Distrital cursa el trámite de
Actualización del plano topográfico con la Radicación No. 1-2004-25088 de
fecha de 24 de Agosto de 2004 con la cual se respondió a las observaciones
contenidas en el oficio 2-2004-09932, respecto a la primera radicación 1-2004-
08839 de fecha de 26 de marzo de 2004.

2.1.2 "
se requiere que con la presentación del mencionado plano (topográfico) se
presenten los títulos de propiedad se debe tramitar .aclaración de cabida y linderos
de los títulos de propiedad.

R/. Simultáneamente con el nuevo levantamiento topográfico de realizó el
correspondiente estudio de títulos.

Con el número 2004-259926 de marzo 28 de 2004 se radicó solicitud ante el
Departamento Administrativo de Catastro Distrital la aclaración de cabida y
linderos, conforme al levantamiento topográfico actualizado; siendo
certificado mediante oficio 21100-6116, del 10 de junio de 2004 por la
Coordinadora Grupo Actualización Cartográfica División de Conservación;
oficio anulado y reemplazado por el 21100- 14642 de fecha de 25 de
noviembre de 2004, cuyas copias se adjuntan dentro del Anexo III, el cual
incorpora dos franjas de terreno del mismo predio, que quedan "afectadas"
por la NQS- SUR.

Mediante la escritura pública No 4536 de fecha 7 septiembre de 2004, Notaría
42 de Bogotá, se aclaró la nueva área y linderos; en la actualidad se está
realizando la escritura pública de aclaración conforme la nueva
Certificación." (Destacado por la Sala).

140. En el requerimiento de los documentos fue realizado por la parte
demandada el 26 de febrero de 2003; sin embargo, la parte demandante solicitó

47 Cfr. Folios 44 a 50 anexos de la demanda.

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su trámite ante la parte demandada y el Departamento Administrativo de Catastro
Distrital solo hasta el 26 y 28 de marzo de 2004, según lo expresó la misma parte
demandante en el Oficio núm. 1-2005-00073 del 3 de enero de 2005. La demora
en la expedición de los documentos requeridos no puede imputarse a las
entidades del Distrito, dado que está probado que más de un año después la parte
demandante emprendió las gestiones necesarias para cumplir con el
requerimiento.

141. En lo que respecta a la gestión de aclaración de cabida y linderos del
predio, la responsable del Área de Servicio al Usuario de la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital indicó el 25 de julio de 2007:

“[…]
"Que la solicitud de RECTIFICACIÓN DE ÁREA DE TERRENO Y CERTIFICACIÓN
DE CABIDA Y LINDEROS del predio ubicado en la Calle 67 Q Sur No. 75-95 de
esta ciudad fue radicada ante esta Unidad por la señora NATALIA TAMAYO,
identificada con la Cédula de Ciudadanía número 52'394.774 de Bogotá, con fecha
18 de Marzo de 2004 bajo el número 2004-259926;

Que el requerimiento en mención fue contestado en forma definitiva el Área de
Conservación el día 10 de junio de 2004, lo que indica que el mismo duró en estudio
y trámite en esta Unidad un total de OCHENTA Y CINCO (85) DIAS, es decir, dos
(2 meses y veinticuatro (24) días calendario, por ser este un trámite complejo y
requerir de un procedimiento especial, el cual involucra distintas dependencias de
la UAECD.

Que sobre el mismo predio figura otra solicitud de Certificación de Cabida y
Linderos, radicada en esta Unidad por la Señora CRISTINA SERRANO, identificada
con la Cédula de Ciudadanía número 37'751.590, bajo el número 2004-965099, de
fecha de 17 de noviembre de 2004, la cual fue contestada por el Área de
Conservación de la UAECD el día 25 de noviembre del mismo año." (Destacado por
la Sala48).

142. De este modo, la parte demandante no actuó con la celeridad necesaria en
el trámite para la obtención del plano topográfico y la aclaración de cabida y
linderos, lo que ocasionó la demora en el envío de los mismos a la parte
demandada.

143. Ahora bien, el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo establece
que se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si, una vez hecho

48
Cfr. Folio 219 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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el requerimiento para completar los requisitos, documentos o informaciones de
que tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2)
meses. Acto seguido, se archivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado
presente posteriormente una nueva solicitud.

144. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, al declarar la exequibilidad
de este artículo, explicó lo siguiente:

“[…] En el caso sub examine, si desapareciera la disposición impugnada, la
situación del peticionario, en cuanto a las garantías que le asisten para el ejercicio
de su derecho, y su pronta resolución, sería en términos generales la misma;
debido a que si bien el rechazo de una petición por no haberse acreditado los
requisitos y documentos exigidos por la autoridad, no constituye obstáculo alguno
para que posteriormente la persona la reformule, cumpliendo con todas las
formalidades exigidas; en ciertos casos esta posibilidad que contempla el artículo
13 impugnado, podría perderse, si en virtud de leyes administrativas especiales,
una respuesta negativa, produjese efectos de cosa decidida en sede
administrativa.

De lo expuesto debe concluirse que cuando el artículo 13 del Decreto 01 de
1984 consagra la figura jurídica del desistimiento, para el peticionario que
en un término de dos (2) meses no cumpla con el requerimiento formulado
por la autoridad a quien dirigió la petición, a fin de que complete los
requisitos, documentos e informaciones necesarios para la respuesta, en
este caso, la norma acusada no sólo no conduce a demorar indebidamente
la decisión, sino que por el contrario, tiende a facilitarle al peticionario el
ejercicio efectivo de su derecho, sin perjuicio de que en caso negativo,
pueda posteriormente formular una nueva solicitud.

Con fundamento en lo expuesto y teniendo en cuenta que la norma acusada
contiene una reglamentación legal razonable, de la norma constitucional
consagratoria del derecho de petición, la Corte declarará su exequibilidad. Así se
hará en la parte resolutiva de esta sentencia […]”49 (Negrilla por fuera de texto).

145. A su vez, esta Sección de la Corporación en un caso similar consideró:

“[…] De conformidad con ello, observa la Sala que el actor en el recurso de
apelación, pese a haber señalado dar cumplimiento a los requisitos, no allegó
prueba alguna en el expediente que acreditara tal situación, de conformidad con lo
dictaminado por CORANTIOQUIA, ni siquiera dio respuesta a dicho Oficio, por lo
cual, tal y como lo consagra el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo,
operó en el caso sub lite, el desistimiento tácito por su parte, teniendo la oportunidad
más adelante, de solicitar el incentivo CIF. Además tal acto, tampoco era decisorio,

49 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia nro. 129 de septiembre 17 de 1987, expediente nro.

1658, Magistrado sustanciador (E) Doctor Luis Femando Álvarez J.

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Demandante: Jardines del Apogeo S.A.

ya que no niega ni autoriza lo solicitado, es decir, era otro acto de simple trámite
[…]”50.

146. En ese orden, la norma establece claramente que si se realiza un
requerimiento para completar requisitos, se cuenta con un plazo de dos meses
para cumplirlo, so pena de que se entienda desistida la solicitud y se archive el
expediente, sin perjuicio de que el interesado pueda presentar una nueva solicitud,
lo que supone que el desistimiento de la actuación administrativa opera por virtud
de la ley “ope legis”, sin que para ello sea necesario declaración de la
administración.

147. En el caso sub examine, el requerimiento de documentos a la parte
demandante se realizó el 26 de febrero de 2003. Luego de transcurrir más de los
dos meses previstos por la norma, la parte demandante informó el 3 de enero de
2005 a la parte demandada que el plano topográfico estaba en trámite y, por tanto,
no era posible aportarlo a la actuación administrativa, razón por la que la solicitud
debe entenderse desistida y archivada conforme al artículo 13 del Código
Contencioso Administrativo y si la parte demandante sigue interesada en la
actuación, no existía impedimento legal para presentar una nueva solicitud.

148. Las razones esbozadas por los impugnantes en su escrito no logran
desvirtuar la simplicidad del procedimiento administrativo que culminó con la
correcta determinación de tener por desistida la petición, que había sido
promovida ante la parte demandada en interés particular.

149. No solo se superaron los dos meses que prevé la norma, sino
transcurrieron casi dos años sin que el solicitante atendiera el requerimiento, lo
que se percibe como una evidente falta de interés en la actuación que habían
emprendido tiempo atrás. No es pertinente, económico ni eficiente mantener

50
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de
noviembre de 2013; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; número único de radicación
05001233100020090062401 […]”.

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abierto un expediente administrativo de forma indefinida, sometido al capricho del
peticionario.

150. Por lo tanto, si la parte demandante estaba interesada en cumplir el plazo
de dos meses para el aporte de la documentación requerida y esto no era posible
debido a los trámites que debía realizar, debería haber informado a la parte
demandada de tal circunstancia o solicitar la prórroga del plazo otorgado para
evitar el desistimiento tácito de la solicitud, lo cual, se reitera, no ocurrió.

151. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la interpretación que la parte
demandante otorga al artículo 13 del Código Contencioso Administrativo no
corresponde con su contenido, por cuanto la norma no prevé que para que se
configure el desistimiento y el archivo de la petición se deba expedir un acto
administrativo. Para la Sala, la norma claramente prevé un desistimiento sin
requerir un pronunciamiento previo por parte de la autoridad administrativa
encargada de su trámite. Lo único que procede al superarse el término es el
archivo del expediente.

152. Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

De la vulneración del principio de confianza legítima

153. La parte demandante adujo que fue defraudada en su confianza legítima
por la parte demandada, debido a que durante los 11 meses siguientes al 26 de
febrero de 2003, se efectuaron varias reuniones entre las partes, en las cuales
confiaba que el trámite continuaba su curso.

154. En el caso sub examine, el Subsecretario de Planeación Territorial de la
Secretaría Distrital de Planeación informó en el proceso que las reuniones
celebradas entre las partes durante el estudio y trámite del plan de regularización
y manejo para el Cementerio Jardines del Apogeo no fueron de carácter decisorio
ni de concertación, sino informativas y de tipo informal:

“[…] Las reuniones celebradas entre el entonces Departamento Administrativo de
Planeación Distrital (hoy Secretaría Distrital de Planeación) con la Sociedad

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Jardines del Apogeo S.A. con ocasión del estudio y trámite del Plan de
Regularización y Manejo para el Cementerio Jardines del Apogeo, no tuvieron como
soporte acta alguna, en razón a que éstas no fueron de carácter decisorio ni de
concertación, sino eminentemente de información en virtud del servicio que se
otorga a cada uno de los ciudadanos que se dirigen a la entidad para resolver
inquietudes relacionadas con los temas de competencia de la misma, los días lunes
de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 4:30 p.m.

Algunas de las reuniones, fueron solicitadas por la Arquitecta Patricia Pinzón
García, consultora encargada del Plan de Regularización y Manejo del asunto, en
días diferentes de la semana, las cuales fueron llevadas a cabo en su momento con
el fin de ofrecer al interesado espacios de orientación para la formulación y ajustes
de la propuesta urbanística para el mencionado dotacional.

Por lo anterior, no es posible remitir a su despacho copia alguna de las actas
solicitadas51 […]”.

155. Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que, aunque se realizaron
reuniones entre las partes, no se expidieron actas que reflejen lo discutido ni se
adoptaron decisiones sobre el plan de regularización y manejo solicitado por la
parte demandante; estas reuniones sirvieron únicamente para proporcionar
información y orientar al interesado.

156. La Sala considera que la parte demandante tampoco presentó pruebas
documentales sobre los temas discutidos en dichas reuniones ni sobre posibles
acuerdos alcanzados. En consecuencia, no se evidencia que la parte demandada
haya modificado los acuerdos previos con la parte demandante respecto al
cumplimiento de los requisitos legales.

157. Asimismo, respecto a los testimonios solicitados por la parte demandante
para acreditar los hechos de la demanda, mediante auto del 10 de mayo de 2007,
el a quo decidió no decretar los testimonios, fundamentándose en lo siguiente:
“[…] No se accederá a decretar la práctica de las pruebas solicitadas en el numeral
9.5. del acápite "Testimonios" de la demanda (f. 93 a 96), toda vez que el debate
planteado es de puro derecho no susceptible de ser demostrado a través de
testimonios. Además, si la prueba está dirigida a demostrar el trámite que se surtió
respecto a la solicitud del Plan de Regularización y Manejo que elevó la sociedad
Jardines del Apogeo al Departamento Administrativo de Planeación Distrital, hoy
Secretaría Distrital de Planeación, el mismo se puede determinar de los

51 Cfr. Folios 213 y 214 del cuaderno núm.1 del expediente.

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documentos obrantes en el expediente y de aquellos que se alleguen con ocasión
de su decreto mediante el presente auto […]”.

158. La parte demandante presentó recurso de apelación contra el auto de 10
de mayo de 2007, el cual fue resuelto por esta Sección de la Corporación mediante
auto de 22 de abril de 201052, confirmado la decisión inicial:

“[…] Replica la negativa que son conducentes, pertinentes y útiles a fin de
demostrar la falsa motivación. La actora plantea el cargo de falsa motivación así:
«[...]Todo ello demuestra de manera clara que no sólo existe violación de normas
de superior jerarquía (incluido el artículo 85 de la Constitución Política) sino
adicionalmente que existe falsa motivación en la expedición de los actos
administrativos que se demandan, en razón a que existe un error evidente en los
fundamentos de derecho de los mismos[...]».

Visto lo anterior, advierte la Sala que si bien es cierto se alegó falsa motivación
como causal de nulidad, en el presente caso los testimonios como están solicitados
son inútiles para probar que «existió un error evidente en los fundamentos de
derecho de los mismos», pues este es un asunto de puro derecho que, como se
dijo, sólo puede ser dilucidado por el juez.

Asimismo, los hechos de la demanda pueden ser probados con las pruebas
documentales aportadas al proceso y decretadas pues estos se limitan a detallar el
procedimiento administrativo surtido […]”.

159. De este modo, los testimonios fueron negados basándose en que la
controversia se centraba en aspectos de puro derecho, que únicamente podían
ser dilucidados por el juez, y considerando que los hechos de la demanda,
relacionados con el procedimiento administrativo surtido, podían ser probados
mediante la documentación aportada y decretada.

160. Al respecto, la Sala advierte que la decisión se encuentra en firme, por lo
que no puede ser controvertida en esta etapa del proceso. Así, no se puede
afirmar que no se haya dado el debate probatorio sobre la pertinencia de dichos
testimonios. Además, en el expediente no se encuentran pruebas documentales
que permitan desvirtuar lo afirmado por el a quo respecto al tema de la confianza
legítima.

52 Cfr. Folio 29 del cuaderno núm. 3 del expediente.

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161. Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

De la improcedencia de las zonas de cesión por caducidad del artículo 1
parágrafo 1.° del Decreto 927 de 1991

162. La parte demandante sostuvo que la asignación de terrenos exigida por la
administración estaba condicionada a que, en el plazo de dos años contados
desde la comunicación núm. 1305 del 25 de febrero de 1971, se realizaran las
obras de urbanismo y saneamiento, tras lo cual podía solicitar la revalidación, lo
que no ocurrió. Además, la obligación de mantener las zonas de cesión previstas
en los planos perdió su fuerza ejecutoria al vencerse el plazo de dos años sin que
se ejecutara el proyecto previsto en el Decreto núm. 927 del 17 de agosto de
197153.

163. El artículo 66 del Código Contencioso Administrativo dispone que, salvo
norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras
no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción contencioso
administrativa, pero perderán su fuerza ejecutoria cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho.

164. Al respecto, esta Sección de la Corporación mediante sentencia de 15 de
marzo de 201854 indicó lo siguiente:

“[…] Debe precisarse que la declaración de pérdida de fuerza ejecutoria y la
consecuente inejecutabilidad de los actos administrativos no es de competencia de
la jurisdicción contencioso administrativa, pues ésta está instituida para dirimir las
controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas y las
personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del
Estado55.

53 "Por el cual se reglamenta el cementerio Jardines del Apogeo".
54 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera Sentencia de 15 de marzo de

2018. M. P. Roberto Augusto Serrato Valdés. número único de radicación. 13001-23-31-000-2004-01385-01.
Reiterada en: i) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia
de 22 de octubre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 08001-23-31-000-
2012-00503-01 […]”.
55 “[…] Artículo 82. Modificado por el art. 12, Decreto Nacional 2304 de 1989, Modificado por el art. 30, Ley
446 de 1998, Modificado por el art. 1, Ley 1107 de 2006. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está
instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades
públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado.

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Concretamente, le corresponde a la juez contencioso administrativo declarar la
nulidad de la resoluciones acusadas de conformidad con las causales establecidas
en el ordenamiento jurídico56, esto es, por infringir las normas en que deberían
fundarse, por haber sido expedidos por funcionario incompetente, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o
corporación que los profirió, esto es, por vicios en los elementos de validez de los
mismos.

Lo anterior tiene fundamento en el hecho de que la institución jurídica en comento
trae sus propias causales, cuales son, que el acto administrativo haya sido
suspendido provisionalmente, que hayan desaparecido sus fundamentos de hecho
o de derecho, que al cabo de cinco (5) años de estar en firme la administración no
ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlo, que se cumpla la
condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto o cuando pierde su
vigencia.

Entonces, la nulidad de los actos que ordenaron el decomiso no trae como
consecuencia la nulidad de los actos objeto de la presente acción (elemento
de validez del acto administrativo), y el decaimiento de estos últimos no
impide que haya un pronunciamiento de fondo (elementos de eficacia del acto
administrativo) […]” (destacado fuera de texto)

165. En ese orden de ideas, el decaimiento del acto administrativo no impide el
juicio de legalidad del mismo, toda vez este debe realizarse según las
circunstancias vigentes al momento de su expedición, teniendo en cuenta que el
decaimiento solo opera hacia el futuro. Así, la desaparición del fundamento
jurídico del acto no afecta su validez.

166. En ese sentido, esta Corporación57 ha señalado, en relación con este
evento de pérdida de fuerza ejecutoria o decaimiento de un acto administrativo,
que se produce hacia el futuro y no impide que exista un pronunciamiento sobre

Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales y los juzgados administrativos de conformidad con la
constitución y la ley […]”.

56 “[…] Artículo 84. Modificado por el art. 14, Decreto Nacional 2304 de 1989 Acción de nulidad. Toda persona
podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.
Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino
también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o
con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió […]”.
57 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 2 de

diciembre de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de
radicación11001032400020070035600 […]”.

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su legalidad, puesto que el decaimiento no tiene que ver con la validez del acto,
sino con su obligatoriedad, la cual se extingue cuando desaparecen los
fundamentos de derecho, cesando sus efectos jurídicos.

“[…] La jurisprudencia de esta Corporación ha sido uniforme, pacífica y reiterada en
este sentido58:
“Pese a que de acuerdo con lo expuesto la norma legal en la que se fundamentó
la Circular acusada, que se dirigió a todas las entidades públicas, fue declarada
inexequible, la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo cuando
han desaparecido sus fundamentos de derecho, no impide la revisión de su
legalidad, dado que el decaimiento del acto no tiene que ver con la validez del
mismo, como lo ha sostenido la Corporación en varias oportunidades5960. En efecto
la validez del acto está referida a la concordancia de éste, para el momento de su
nacimiento con el ordenamiento jurídico superior, si éste infringió las normas en las
que debía fundarse, si fue expedido con falta de competencia, en forma irregular o
con desconocimiento del derecho de audiencias o defensa o mediante falsa
motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien lo expidió (art. 84
C. C. A); en tanto que la fuerza ejecutoria del mismo se relaciona con una de sus
características, como es el de la obligatoriedad, cuando a pesar de que el acto
cobró firmeza, hay cesación de sus efectos jurídicos ante la ocurrencia de algunos
de las causas enlistadas en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo,
consistentes en que el acto fue suspendido provisionalmente, desaparecieron sus
fundamentos de hecho o de derecho, al cabo de cinco años de estar en firme, la
administración no realizó los actos correspondientes para su ejecución, no se
cumplió la condición resolutoria a que se encontraba sometido. La Sala en
sentencia de 3 de julio de 2003 al respecto dijo:

“(...) en primer lugar, que la pérdida de fuerza ejecutoria o decaimiento del acto
administrativo por desaparecimiento de los fundamentos de hecho o de derecho
no es causal de nulidad de los actos administrativos pues tal pérdida de
ejecutoria hace que el acto no esté llamado a producir efectos, y por ende impide
que la Administración les dé cumplimiento porque se torna inoponible; la situación
de pérdida de fuerza ejecutoria alegada ( ) no es circunstancia que ataque la
validez del acto como tampoco lo es el desaparecimiento del fundamento jurídico
toda vez que esta es causal de dicha pérdida de ejecutoria. Recuérdese que el C.
C. A en sus artículos 84 y 85 C. C. A. - y la reiterada jurisprudencia dictada con
base en dicho principio de legalidad - señalan que las causales de nulidad de los
actos administrativos son taxativas y destacan que la pérdida de fuerza ejecutoria
o el decaimiento del acto no son causales de nulidad; que la pérdida de fuerza
ejecutoria de los actos administrativos puede provenir de la anulación por la
jurisdicción contencioso administrativa, entre otros (art. 66)

58 Los siguientes apartes han sido acogidos en diversos pronunciamientos entre los cuales vale la pena

resaltar: Sección Quinta, Sentencia del 23 de agosto de 2018. Proceso número 52001-23-31-000-2011-
00002-01. M.P: Alberto Yepes Barreiro; Sección Primera. Sentencia del 10 de mayo de 2012. Radicación
número: 66001-23-31-000-2006-00353-01. C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera. Sentencia del
26 de julio de 2018. Expediente número 11001-03-24-000-2010-00199-00. M.P. María Elizabeth García
González. Sección Primera. Fallo del 15 de noviembre de 2019. Proceso número 11001-03-24-000-00163-
01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
59 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencias de 3 de agosto de 2000, M. P. Olga Inés Navarrete

Rodríguez, exp. No. 5722, actor: Luis Fernando Velandia Rodríguez; 9 de diciembre de 2004, M. P. María
Inés Ortiz Barbosa, exp. No. 14152, actor: Exportamérica de Colombia S. A; sentencia de 4 de noviembre de
2004, M.P. María Inés Ortiz Barbosa, exp. No. 13822, actor: Pedro Enrique Sarmiento Pérez.

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En segundo lugar, es necesario aclarar que el decaimiento del acto se predica de
actos en firme porque es la característica de firmeza la que puede en principio
ocasionar la ejecutoriedad y ejecutividad de la decisión, según el caso, y la pérdida
de fuerza ejecutoria en caso de ocurrir algunas de las causales previstas en la
ley”61.

Por consiguiente, el decaimiento del acto administrativo por algunas de las
situaciones enunciadas, se produce a partir de su acaecimiento y hacia el futuro y
no comprende los efectos producidos por él mientras estuvo vigente, situación que
además le da una razón más al pronunciamiento en sede jurisdiccional de nulidad,
sobre la validez del acto, cuando ha perdido fuerza ejecutoria por desaparición de
sus fundamentos de hecho o de derecho, sumado a que no existe en esta
Jurisdicción una acción autónoma a través de la cual se pueda solicitar la
declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria de un acto”62 […]”63.

167. Asimismo, esta Sección64 de la Corporación consideró en relación con la
fuerza ejecutoria:

“[…] Siendo ello así y teniendo en cuenta que la fuerza ejecutoria del acto
administrativo está circunscrita a la facultad que tiene la Administración de
hacer producir los efectos jurídicos del mismo, es decir, hace relación a su
ejecutividad, mal podría asimilarse el concepto de inexistencia del acto con el de
pérdida de ejecutividad, por haberse configurado en el presente caso, como ya se
dijo, una de las causales establecidas en la ley, con tal fin.

Con todo, no sobra recordar que los actos administrativos, por regla general, son
obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o declarados nulos por la
jurisdicción contencioso administrativa, y la pérdida de la fuerza ejecutoria
procede de manera excepcional, por la ocurrencia de algunas de las causales
antes señaladas en el artículo 66 citado y no requiere que en la parte resolutiva
de una decisión, así se declare […]”.

168. En efecto, la pérdida de fuerza ejecutoria ocurre cuando un acto
administrativo que ha adquirido firmeza deja de ser obligatorio, ya sea de manera
temporal o definitiva, resultando en una cesación de sus efectos jurídicos. Las
causales para la pérdida de fuerza ejecutoria están previstas en el artículo 64 del
Código Contencioso Administrativo; cuando alguna de estas se presenta, los
afectados pueden oponerse legítimamente ante la administración al intento de
hacer cumplir el acto.

61
Sección Tercera. Radicación número: 11001-03-26-000-1995-01215-01. Actor: Sociedad Minera ‘Las
Peñas’ Consejero Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Referencia: No. Interno 11.215.
62 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 11 de agosto de 2005. Proceso número 1001-03-26-

000-2000-08345-01 (18345). M.P. María Elena Giraldo López.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 29 de octubre

de 2020; C.P. Oswaldo Giraldo López; número de radicación 11001-03-24-000-2015-00236-00
64 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1 de agosto de

2019. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 25000-23-24-000-2011-00297-01.

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169. Además, esta Sección de la Corporación ha señalado que la pérdida de
fuerza ejecutoria es un fenómeno jurídico vinculado a la eficacia del acto
administrativo, es decir, a su capacidad de producir efectos y a la posibilidad de
la administración de exigir directamente su cumplimiento65:

“[…] Sobre esta figura, la jurisprudencia Constitucional ha sido enfática en señalar
en reiteración de lo dicho por esta Corporación, lo siguiente:

“[…] La Sala estima que (i) excepcionalmente los actos administrativos pueden
perder su fuerza ejecutoria si se configura alguna de las causales taxativas
descritas en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo; (ii) el
reconocimiento de tal pérdida de ejecutoria opera en sede administrativa,
bien sea de oficio por quien profirió el acto o por solicitud expresa a título
de excepción del interesado; (iii) el acto que acoge cualquiera de las causales
de pérdida de ejecutoria de un acto administrativo, es demandable ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo; y, (iv) al juez de tutela le está vedado
inmiscuirse en la aplicación de alguna de las causales que motivan la pérdida de
ejecutoria de un acto administrativo, ya que la ley asigna un competente para ello.
[…]”66. (Negrilla del texto)

170. Igualmente, se ha sostenido que la pérdida de fuerza ejecutoria no
constituye una causal de nulidad de los actos administrativos, dado que no es una
circunstancia que afecte la validez de estos67.

171. Esta Sala de la Corporación68 ha señalado las diferencias entre la pérdida
de la fuerza ejecutoria y la nulidad del acto en los siguientes términos:

“[…] Ahora bien, lo que en efecto aconteció en el plenario fue que luego de haberse
emitido tanto el acto de creación de la citada Secretaría como el de clasificación, el
Juez de lo Contencioso Administrativo expulsó del orden jurídico el primero de ellos,
y evidentemente, para el 30 de septiembre de 201069, desapareció el fundamento
del segundo, configurándose una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria
consignada en el numeral 2 del artículo 66 del CCA.

Coincide la Sala con el Ministerio Público cuando afirma que no es procedente
confundir tal fenómeno con el de la nulidad, pues es claro que este último tiene lugar
cuando quiera que se encuentra un vicio en la competencia, en la expedición, en

65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera Ponente: Nubia

Margoth Peña Garzón. Sentencia 24 de octubre de 2019. Radicación núm.: 13001233100120040228001.
66 Corte Constitucional. Sentencia T-120-2012. C.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando

Sánchez Sánchez. Sentencia de 2 de diciembre de 2021. Radicación Núm.: 11001032400020070035600
(Acumulado 11001032400020070035700).
68 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 26 de

septiembre de 2019; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 11001032400020030032101
[…]”.
69 Fecha en la que se produjo la sentencia de segunda instancia conformando la nulidad del Acuerdo No. 035

de 1996 expedido por el Concejo Municipal de Fusagasugá.

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los motivos o en los fines pero al momento de expedirse el acto que se enjuicia.
Obsérvese que todos ellos tienen que ver con el atributo principal de este tipo de
decisiones, es decir, con el de legalidad; mientras que el segundo (pérdida de fuerza
ejecutoria), tiene que ver con en el ejecutoriedad, que no es nada distinto que la
determinación del momento a partir del cual un acto administrativo puede producir
efectos jurídicos.

Para uno y otro, existen competencias claras en el orden jurídico, a saber: (i) el Juez
Administrativo es el llamado a controlar la legalidad de los actos administrativos y
en general de todos los tipos de actuación de la Administración Pública; y (ii) para
el control sobre las situaciones descritas en el artículo 66 del CCA la ley ha definido
tal facultad en cabeza de la misma entidad pública advirtiendo que la misma opera
de pleno derecho […]”.

172. Esta Sección de la Corporación70 ha precisado sobre el particular: “[…] i) la
derogatoria o el decaimiento del acto administrativo acusado no restablece per se
el orden jurídico supuestamente vulnerado, sino que acaba con la vigencia de la
norma con efectos hacia el futuro y ii) porque aún si una normativa ha sido
derogada o ha operado sobre la misma la figura del decaimiento, sigue
amparado por el principio de legalidad que le protege y que solo se pierde
ante pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se
desprende que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la
derogatoria o su decaimiento, sino la decisión del juez que lo anula, o lo
declara ajustado a derecho […]”. (Negrilla fuera de texto)

173. En el caso sub examine, comoquiera que la pérdida de fuerza ejecutoria
afecta la eficacia del acto administrativo, es decir, su capacidad de producir
efectos jurídicos, y no los requisitos de validez del mismo, nada obsta para que la
Sala se pronuncie sobre estos últimos71. En efecto, la pérdida de fuerza ejecutoria
del acto, al desaparecer sus fundamentos de hecho o de derecho, no genera la
nulidad del acto, opera hacia el futuro y no corresponde a esta jurisdicción su
declaración. Por tanto, se realizará el estudio de los demás argumentos expuestos
por la parte demandante en el recurso de apelación. Además, para la Sala es claro
que nada impedía el cumplimiento de las normas que regulaban la materia, del
contrato celebrado entre las partes y de sus prórrogas, los cuales fueron

70 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
noviembre de 2019, radicado: 11001-03-24-000-2006-00163-01, MP: Hernando Sánchez Sánchez […]”.
71 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 16 de

diciembre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación
05001233100020080108201 […]”.

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constituidos cuando la parte demandante inició el proyecto del parque cementerio.

De la inexistencia del contrato núm. 784 de 1971

174. La parte demandante adujo que el contrato núm. 784 del 20 de diciembre
de 1971 es inexistente por nulidad absoluta, debido a la falta de un elemento
esencial: la condición o plazo para la celebración del negocio jurídico.

175. Sobre este particular, la Sala considera que el análisis debe ceñirse
estrictamente a los términos de los actos acusados. Aunque en ellos se hace
alusión al citado contrato y a su prórroga, como fundamento para sostener la
validez de las zonas de cesión entregadas al Distrito, tal estructura argumentativa
escogida por la administración, es decir, fundamentarse en el mencionado
contrato, no implica que la demanda judicial de los actos acusados y los que
resolvieron los recursos impliquen, al mismo tiempo, la impugnación de los actos
jurídicos en los que se apoyan, como es el caso del citado contrato de cesión de
zonas a favor del Distrito, máxime cuando en el caso sub examine no se trata de
una acción de tipo contractual, ni se discute la validez del o inexistencia mismo.

El plan de regularización y manejo no requería incluir el reconocimiento de
zonas de cesión relacionado en el acta de entrega por falta de entidad
jurídica suficiente

176. La parte demandante adujo que el acta de entrega núm. 132 del 5 de
noviembre de 1985 no tiene la entidad jurídica suficiente para hacer exigibles las
zonas de cesión de los planos anexos al Decreto 927 de 1971, y no cumplió con
el procedimiento previsto en el Acuerdo 65 de 1967. Además, no existió licencia
de construcción, por lo que se entiende que no hubo un plano definitivo ni la cesión
de las zonas al Distrito.

177. Al respecto, la Sala advierte que el trámite de la licencia de urbanismo
previsto en el Capítulo IV del Acuerdo núm. 65 de 196772 es diferente al

72 "Por el cual se señalan las normas y el procedimiento que deben cumplirse para urbanizar terrenos en el

área del Distrito Especial de Bogotá y se dictan otras disposiciones".

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procedimiento que se debe desarrollar para lograr un plan de regularización y
manejo establecido en el artículo 460 del Decreto núm. 619 de 2000, "por el cual
se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito
Capital".

178. Así, el trámite que se debía adelantar para obtener licencias de urbanismo
era el previsto en el Acuerdo núm. 65 de 1967 y la decisión era expedida por la
Secretaría de Obras Públicas del Distrito. En el caso sub examine, dicho
procedimiento fue adelantado y no se culminó según lo señala la parte
demandante en la demanda73.

179. Por otra parte, el procedimiento que se debe desarrollar para lograr un plan
de regularización y manejo se reguló en el artículo 460 del Decreto núm. 619 de
2000, "por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de
Bogotá, Distrito Capital", norma vigente para el momento en que la parte
demandante solicitó el estudio de dicho plan el 30 de julio de 2001 74, que
constituye el asunto materia de la presente controversia y no el trámite adelantado
para la obtención de las licencias mencionadas.

180. Las cesiones efectuadas por la parte demandante al Distrito Capital de
Bogotá ocurrieron mediante el Acta de Recibo Provisional núm. 132 del 5 de
noviembre de 198575, suscrita por el Gerente General de la parte demandante, el
ingeniero de la Procuraduría de Bienes y la parte demandada.

181. De este modo, la Procuraduría de Bienes del Distrito recibió materialmente,
a título de cesión gratuita por parte de la demandante, las zonas de cesión de uso
público contenidas en los planos núm. B103/1, B103/1-1, B103/4, B103/4-1,
B103/4-2, B103/4-3, B103/4-4, que fueron incorporadas en las planchas H93 y
H94 del Instituto Agustín Codazzi y el Decreto núm. 0927 de 17 de agosto de
1971, así como el Contrato núm. 0784 de 20 de diciembre de 1971, documentos
aprobados por la parte demandada y que obran en el expediente 76. En tales

73 Cfr. Folio 65 del cuaderno núm. 1.
74 Cfr. Folios 1 a 4 del cuaderno de anexos de la demanda.
75 Cfr. Folio 42 del cuaderno de antecedentes administrativos.
76 Cfr. Folios 3 a 13 y 14 a 20 de los antecedentes administrativos.

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planos, se definieron y determinaron por su extensión, ubicación, cabida y linderos
y las zonas de cesión de uso público, que, a título gratuito, fueron entregadas por
la parte demandante y recibidas materialmente por el Distrito, según se establece
en el acta de recibo núm. 132 del 5 de noviembre de 1985.

182. En ese sentido, la parte demandante no puede desconocer sin fundamento
jurídico alguno las cesiones de uso público realizadas por su representante legal,
que fueron debidamente recibidas por la Procuraduría de Bienes, cuya
documentación de soporte fue aprobada por la parte demandada.

183. Aunado a lo anterior, la Sala analizará si deben mantenerse las cesiones
en el plan de regularización y manejo solicitado por la parte demandante.

184. El artículo 460 del Decreto núm. 619 de 2000 dispone que los usos
dotacionales metropolitanos, urbanos y zonales existentes a la fecha de entrada
en vigor del presente plan que no cuentan con licencia o cuya licencia solo cubra
parte de sus edificaciones, por iniciativa propia o en cumplimiento de una orden
impartida por la Administración Distrital, deberán someterse a un proceso de
regularización y manejo aprobado por la parte demandada. La expedición de la
resolución mediante la cual se apruebe y adopte el plan de regularización y
manejo será condición previa y necesaria para que proceda la solicitud de
reconocimiento o de licencia ante los curadores urbanos.

185. En ese orden, los usos dotacionales metropolitanos, urbanos y zonales
deben someterse a los planes de regularización y manejo, por lo que la Sala
pasará a verificar si el predio de propiedad de la parte demandante contaba con
las características señaladas.

186. En el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de
Comercio de Bogotá77 se señala que el objeto social de la parte demandante es
el siguiente:

77 Cfr. Folios 99 a 102 del cuaderno 1 del expediente.

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“[…] OBJETO SOCIAL: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES EL EJERCICIO DE
TODAS LAS ACTIVIDADES COMERCIALES PARA:

1. LA PROSPECCION, CONSTRUCCION, Y ADMINISTRACION DE
CEMENTERIOS EN TODAS SUS FORMAS, CON TODOS SUS ESTUDIOS,
OBRAS, NEGOCIOS ASI COMO PRESTAR LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN
TODAS SUS AREAS Y FACETAS, Y EN GENERAL LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON ESTAS ACTIVIDADES;

2. DESARROLLAR Y COMERCIALIZAR PLANES Y PROGRAMAS
RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS:

3. CELEBRAR Y EJECUTAR CONTRATOS DE CONCESION U OTRAS FORMAS
DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA PARA LA ADMINISTRACION
DE PARQUES, CEMENTERIOS DE CARACTER ESTATAL.

4. LAS DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION Y
ADMINISTRACION DE PARQUES CEMENTERIOS Y EN GENERAL CON LA
PRESTACIÓN DE SERVICIO FUNERARIOS […]”.

187. El artículo 332 del Decreto núm. 619 de 2000 prevé que el área de actividad
dotacional es aquella designada como suelo para la localización de los servicios
necesarios para la vida urbana y para garantizar el recreo y esparcimiento de la
población, independientemente de su carácter público o privado. Dentro de esta
área, se identifica la zona de servicios urbanos básicos, definida para la edificación
e instalación de servicios relacionados con cementerios y servicios funerarios.

188. En el caso sub examine, el predio propiedad de la parte demandante
corresponde a un área de actividad dotacional con zona de servicios urbanos
básicos, dado que allí se localizan los cementerios y servicios funerarios conforme
a lo dispuesto en el artículo 332 del Decreto núm. 619 de 2000. En consecuencia,
era procedente solicitar el estudio para la obtención de un plan de regularización
y manejo, como efectivamente lo hizo la parte demandante. Dicha solicitud fue
atendida por la entidad demandada en el Oficio núm. 2-2001-19859 del 18 de
octubre de 2001, en el que se señaló:

“[…] De acuerdo a la información suministrada en la solicitud y teniendo en cuenta
el cuadro anexo No. 2 - Clasificación de Usos del Suelo- del Decreto 619, el
proyecto del Cementerio Jardines del Apogeo se define principalmente como un
uso Dotacional de Servicios Urbanos Básicos tipo cementerios y servicios
funerarios de escala metropolitana, el cual se permite como un uso principal en las
Áreas de Actividad Dotacional. En consideración a lo anteriormente mencionado
este Departamento se permite informarle que:

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1. El proyecto para el Cementerio de Jardines del Apogeo, se enmarca dentro de
las condiciones necesarias para adelantar un Plan de Regularización y Manejo, por
lo tanto puede continuar con la etapa de Formulación […]"78.

189. A su turno, el artículo 7 del Decreto 904 de 4 de diciembre de 2001 79
dispone el procedimiento para la expedición de los planes de regularización y
manejo en dos etapas: la primera, una consulta preliminar; y la segunda, la
formulación del Plan.

190. El artículo 8 del mismo decreto prevé que, durante la consulta preliminar
del plan de regularización y manejo, se deben radicar ciertos documentos, entre
los que se destaca: "b. Un documento que describa el tipo de uso dotacional que
se pretende regularizar, especificando el tipo y número de usuarios, así como un
cuadro de áreas general que incluya área de los predios, área construida y área
libre." En tal documento, se debían especificar las áreas cedidas a la Procuraduría
de Bienes del Distrito, como efectivamente ocurrió, mediante el Acta de Recibo
Provisional núm. 132 del 5 de noviembre de 1985, en la que se indicaron
claramente las zonas cedidas y las destinadas al uso público, sumando un total
de 328.062,52 metros cuadrados.

“[…]
Las zonas de cesión y destinadas al uso público que se reciben suman un total de
328.062.52 metros cuadrados los cuales se discriminan así:

A. Para vías vehiculares 36.793 18 M2

B. Para vías peatonales 8.458.00 M2

C. Para parqueaderos 19.291.80 M2

D. Para zonas verdes y afectaciones 263.519.54 M2 […] "

191. En el Oficio núm. 2-2001-19859 del 18 de octubre de 200180, la parte
demandada respondió a la consulta preliminar presentada por la parte
demandante. En esta etapa inicial del trámite, se indicó claramente que las
cesiones dispuestas mediante el Decreto núm. 927 de 1971 y el Contrato núm.

78 Cfr. Folios 58 a 62 del cuaderno de antecedentes administrativos
79
“[…] Por el cual se reglamenta el artículo 460 del Decreto 619 de 2000, mediante la definición del
procedimiento para el estudio y aprobación de los Planes de Regularización y Manejo […]”.
80 Cfr. Folios 5 a 9 del cuaderno de anexos de la demanda

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0784 de 20 de diciembre de 1971 formaban parte de las exigencias establecidas
por la parte demandada para la obtención del plan de regularización y manejo.

“[…] Mediante el Decreto 0937 de agosto 17 de 1971 se reglamentó el Cementerio
Parque JARDINES DEL APOGEO, hacen parte del mencionado decreto los planos:
B103/1, B103/1-1, B103/4, B103/4-1, B103/4-2, B103/4-3 y B103/4-4, en estos
planos se indican las respectivas cesiones tipo A.

Mediante Acta de Recibo provisional No. 132 del 5 de noviembre de 1985, la
Procuraduría de Bienes del Distrito, con la participación del delegado del
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, recibieron materialmente a
título de cesión gratuita de Jardines del Apogeo Ltda. las zonas de cesión.

[…] El Artículo 266 del Decreto 619 de 2000 establece: "Zonas de uso público por
destinación en proyectos urbanísticos y en actos de legalización. Para todos los
efectos legales, las zonas definidas como de uso público en los proyectos
urbanísticos aprobados por las autoridades competentes y respaldados por la
correspondiente licencia de urbanización, quedaran afectas a este fin específico,
aun cuando permanezcan dentro del dominio privado, con el solo señalamiento que
de ellas se haga en tales proyectos.

[…] De acuerdo a lo anterior el proyecto puede replantear las cesiones tipo A,
cumpliendo con las normas de localización y su uso vigente, manteniendo la misma
dimensión de área a ceder dentro del predio del proyecto, siempre y cuando sea
antes de la terminación de las obras, y del registro de la escritura de constitución
de la urbanización en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, siempre que
se cumpla la normatividad que les dio origen y no se vulnere el interés colectivo ni
los derechos de terceros.

[…] 3. Adicionalmente en la formulación del plan se debe diligenciar el cuadro de
usos y áreas que se anexa al presente oficio.

4. Para la formulación del Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Jardines
del Apogeo, es importante tener en cuenta todas las consideraciones anteriores
entendiendo el proyecto no sólo como una intervención arquitectónica puntual sobre
un predio específico, sino también como una operación integra adecuadamente al
entorno urbano a través de intervenciones en el espacio público, la red vial y la
accesibilidad.

En relación con lo anterior, es importante recalcar que el proyecto debe garantizar
que no generará el más mínimo impacto sobre la comunidad del área de influencia
de los barrios vecinos, en aspectos de tráfico, seguridad, aspectos ambientales,
espacio público, estacionamientos en espacio público […]”.

192. En ese sentido, la Corte Constitucional, en sentencia del 20 de julio de
201181,, señaló sobre las cesiones gratuitas obligatorias: “[…] son aquellas que
deben realizar los propietarios de predios con fines urbanísticos a favor del distrito;
dichas zonas se destinan al uso público como vías, parques, zonas verdes, entre

81 Sentencia T-575 de 25 de julio de 2011

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otros, sin que medie pago de indemnización, por ser un acto de enajenación
voluntaria que el Estado puede exigir en ejercicio de sus facultades para dictar
normas de planificación urbanística. Esta figura está regulada en la Ley 9 de 1989,
modificada por la Ley 388 de 1997 y en los respectivos Planes de Ordenamiento
Territorial de cada municipio […]”.

193. En el caso sub examine, las zonas fueron cedidas de manera gratuita por
la parte demandante a favor del Distrito para vías vehiculares y peatonales,
parqueaderos, zonas verdes y afectaciones. Dichas áreas debían indicarse en la
etapa de consulta preliminar conforme a lo previsto en el numeral 1º, literal b, del
artículo 8 del Decreto núm. 904 de 2001, al presentar el documento que relaciona
el área general.

194. La Sala advierte que el artículo 460 del Decreto núm. 619 de 2000 dispone
que uno de los objetivos de los planes de regularización y manejo es establecer
las acciones necesarias para la generación de espacio público, su adecuación,
dotación y recuperación, las soluciones viales, de estacionamientos y los servicios
de apoyo para el buen funcionamiento del uso, que en ese momento fue necesario
para mitigar los impactos urbanísticos negativos, como la exhumación de
cadáveres y los usos complementarios. Por lo tanto, se debían mantener las áreas
cedidas para uso público al Distrito.

195. Lo anterior se confirma con lo previsto en el artículo 9 del Decreto núm. 904
de 2001, que para la etapa de formulación establece que el interesado debe
presentar varios documentos, dentro de los cuales se encuentra: “[…] 1. Un
documento de diagnóstico de los predios objetos del plan de regularización y del
área de influencia definida en la consulta preliminar, que incluye: a. La condición
actual de las vías y los espacios públicos, el tráfico, los estacionamientos, las
condiciones físicas de las edificaciones, los usos y la infraestructura pública. […]”.
Esto permite desestimar que se pueda ceder una menor proporción en las zonas
de cesión o abstenerse de hacerlo, más aún cuando no existe norma que disponga
lo contrario.

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196. La parte demandante tenía la obligación de mantener las zonas de cesión
en el plan de regularización y manejo, lo cual omitió en el oficio núm. 1-2002-
27927 del 23 de octubre de 2002, con el que anexó el documento de formulación,
y en el cual se afirmó: “[…] 2.3.3 CESIONES Dentro del Plan de Regularización y
Manejo desde el punto de vista de su planteamiento urbanístico no se prevén
zonas de cesión para parques y equipamientos, como quiera que la conservación
del uso dotacional de parque cementerio excluye esta obligación urbanística por
los razonamientos jurídicos expuestos en al (sic) anexo No. I. […]”82.

197. Por lo tanto, dado que la parte demandante no estableció en la formulación
del plan de regularización y manejo las cesiones discutidas, la parte demandada
podía válidamente negar la viabilidad de la propuesta en los actos acusados.

De la inexistencia de obligación de otorgamiento de las zonas de cesión para
los predios sobre los que se fuera a desarrollar usos
institucionales/dotaciones

198. La parte demandante adujo que es inexistente la obligación de
otorgamiento de zonas de cesión para los predios sobre los cuales se iban a
desarrollar usos institucionales y dotacionales y que se han previsto incentivos
para conformar en una menor proporción en las zonas de cesión e incluso su
ausencia.

199. En el caso sub examine, las zonas de cesión de uso público obligatorias y
gratuitas, destinadas al uso público por la parte demandada y definidas en los
planos aprobados por el Decreto núm. 0927 de 1971, quedaron afectadas a ese
fin específico de interés general y, en ese orden, son inalienables y no prescriben
a favor del particular, incluso si permanecen en su poder.

200. Comoquiera que la cesión de las zonas de uso público se llevó a cabo en
el año 1985, el Acuerdo núm. 6 de 8 de mayo de 1990, "Por medio del cual se
adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá, y

82 Cfr. Folio 29 del cuaderno de anexos de la demanda.

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se dictan otras disposiciones", expedido por el Concejo de Bogotá, no era la
normativa aplicable en ese momento y, por ende, tampoco su Decreto
reglamentario 734 de 22 de noviembre de 1993 "por el cual se reglamenta el
Proceso de Desarrollo por urbanización en las Áreas (sic) Urbanas de Santa Fe
de Bogotá, Distrito capital”.

201. Aunado a lo anterior, en el expediente se encuentra acreditado que la parte
demandante no ha protocolizado mediante escritura pública la cesión de las zonas
de uso público. Es decir, la parte demandante desconoció la actuación
desarrollada por ella misma inicialmente, mediante el Acta de Recibo Provisional
núm. 132 del 5 de noviembre de 198583.

202. La Sección Primera de esta Corporación ha señalado que constituye
obligación del urbanizador respectivo protocolizar mediante escritura pública la
entrega de las zonas de cesión y que su omisión no impide que la entidad pública
pueda reclamar dichas áreas como bien de uso público.

“[…] La Sala encuentra que constituye deber del urbanizador entregar, mediante
escritura pública, las áreas de cesión obligatoria que pasan a ser bienes de uso
público, necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos
básicos y para el uso de los elementos constitutivos de amoblamiento urbano en
todas sus expresiones, para la circulación vehicular y peatonal, y para la recreación
pública pasiva o activa, las franjas de retiro sobre las vías, fuentes de agua,
parques, etc., conforme lo dispone el artículo 5° de la ley 9 de 1989 "Ley de Reforma
Urbana"

Acorde con lo establecido en el artículo 5° de la ley en mención, dentro del concepto
de espacio público se incluyen, todos los inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza,
por su uso o su afectación, a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas
que trascienden, por lo tanto, los límites de los intereses individuales de los
habitantes. Y el área correspondiente a las zonas de cesión obligatoria, constituye,
por lo tanto, espacio público.

En el caso en estudio la parte actora alegó que por el hecho de que la administración
no hubiera tramitado la respectiva escritura pública mediante la cual se cedían como
zonas de cesión el área, que debió en su oportunidad entregar el urbanizador, se le
vendió un área que luego, al reputarse como de uso público, no es pasible de recibir
licencia de construcción.

No comparte la Sala la conclusión a la que llega el actor en cuanto a que, por
la omisión en haber corrido escritura pública, no existan áreas de cesión y, por

83 Folios 215 y 216 del cuaderno núm. 1.

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lo tanto, el predio que adquirió de la Constructora Pablo Vl, es de propiedad privada,
pues en estos eventos no resulta aplicable la institución de la pérdida de fuerza
ejecutoria de los actos administrativos, sobre cuyo supuesto se pretende que la
administración no puede reclamar como bien de uso público el terreno que él
considera es de su exclusiva propiedad. En efecto, no existe en el caso en estudio,
acto administrativo que la administración no haya ejecutado dentro del término de
cinco años para oponer a la misma la excepción de pérdida de fuerza ejecutoria,
pues el hecho de la cesión gratuita de zonas verdes, es asunto de ley y como tal se
le indicó, al momento de autorizar la urbanización[…]”84. (Negrillas fuera de texto).

203. Asimismo, esta Sección de la Corporación ha señalado que la afectación
de un bien con la calidad de público, antes de la Ley 388 de 1997, existía
únicamente a partir del acta de entrega debidamente legalizada:

“[…] Los bienes de uso público son aquellos de propiedad pública, administrados
por el sujeto público titular del derecho de dominio para el uso y goce de la
comunidad. Tales bienes están sometidos a un régimen jurídico especial, se
encuentran por fuera del comercio en consideración a la utilidad que prestan en
beneficio común, y son inalienables, inembargables e imprescriptibles por
disposición constitucional (artículo 63 de la Carta)

[…] El artículo 117 de la Ley 388 de 1997 que adicionó el artículo 5 de la Ley 9 de
1989, dispuso que el espacio público que resulte de una urbanización y
construcción se incorpora con el registro de la escritura pública de construcción, en
la cual se deben determinar las áreas de cesión y las privadas, su localización y
linderos: la escritura
correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las ventas
del proyecto respectivo.

Una vez registrada la escritura de constitución de urbanización que contenga la
cláusula de cesión gratuita de las áreas públicas objeto de cesión, operará la cesión
de las áreas públicas a favor del Distrito Capital y dichas zonas estarán excluidas
del impuesto predial unificado.

De lo anterior se desprende que en el mismo acto de escrituración debe efectuarse
tanto la constitución de la urbanización como la cesión gratuita al Distrito Capital, la
cual debe registrarse, para que se abran los folios de matrícula inmobiliaria que
correspondan a la cesión; concluido este trámite, podrán ser tenidas dichas zonas
como de propiedad exclusiva del Distrito Capital.

En suma, antes de la Ley 388 de 1997 (18 de julio de 1997) la afectación de un
bien con la calidad de público existía sólo a partir del acta de entrega
debidamente legalizada; y, a partir de la citada ley, se requiere el registro de la
escritura pública de constitución de urbanización (artículo 117 de la Ley 388 de
1997), en la cual se incluya la cesión de áreas públicas al Distrito Capital. Sólo con
el cumplimiento de dichos requisitos, el predio se entiende excluido del impuesto
predial […]85". (Destacado por la Sala).

84 Sentencia de 30 de septiembre de 1999, H. Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación No. 5554,

Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero.
85 Sentencia de 14 de agosto de 2008, H. Consejo de Estado, Sección Cuarta, Radicación No. 25000-23-27-

000-2005-00294-01(16204), Consejero Ponente, Dr. Héctor J. Romero Diaz.

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204. Conforme a lo expuesto, las cesiones realizadas antes de la Ley 388 de
1997 quedaban afectadas desde el momento mismo de la entrega a la
Procuraduría de Bienes del Distrito mediante el Acta de Recibo Provisional Núm.
132 de 5 de noviembre de 1985 y, por ende, no era necesaria la escritura pública
debidamente registrada para confirmar esa afectación.

La presentación del plan de regularización y manejo no requería la
afectación de áreas para la conformación de zonas de cesión tipo A

205. La parte demandante argumentó que si un predio tenía uso institucional
antes de la entrada en vigencia del Acuerdo 6 de 1990 y no tenía segregaciones
para otros usos, quedaba incluido dentro de la excepción del Decreto 734 de 1993
y, por tanto, no debía prever cesiones tipo A para su desarrollo o regularización.

206. Sobre el particular, se reitera lo señalado anteriormente cuando se adujo
que la cesión de las zonas de uso público se llevó a cabo en el año 1985 y que el
Acuerdo núm. 6 de 8 de mayo de 1990 "Por medio del cual se adopta el Estatuto
para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá, y se dictan otras
disposiciones", expedido por el Concejo de Bogotá D.C., no era la disposición
aplicable en ese momento y, por ende, tampoco su Decreto reglamentario, el 734
de 22 de noviembre de 1993.

207. Además, la Sala reitera que bajo la vigencia del Acuerdo núm. 65 de 1967,
las zonas quedaban afectadas desde el momento mismo de la entrega a la
Procuraduría de Bienes del Distrito mediante el Acta de Recibo Provisional Núm.
132 de 5 de noviembre de 1985, como lo ha señalado la Sección Primera de esta
Corporación, y que para el momento en que se presentó la solicitud del plan de
regularización y manejo bajo la vigencia del Decreto 619 de 2000 y el Decreto 904
de 2001, debían mantenerse las áreas de cesión para uso público al Distrito.

Los predios objeto de un plan de regularización y manejo sometidos al
tratamiento de consolidación de sector urbano especial no tienen la
obligación de destinar cesiones públicas para parques y equipamientos

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208. La parte demandante argumentó que existe un vacío normativo respecto
de la obligación del urbanizador de reconocer zonas de cesión en favor del Distrito
dentro del proceso de implementación del plan de regularización y manejo que
debe ser llenado con el artículo 352 del Decreto Distrital núm. 619 de 2000 para
el tratamiento de desarrollo.

209. El artículo 8 de la Ley 153 de 1887 prevé la posibilidad hermenéutica de
recurrir a la analogía cuando no hay ley exactamente aplicable al caso
controvertido, evento en el cual se aplicarán las leyes que regulen casos o
materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas
generales de derecho.

210. La parte demandante pretende que se otorgue un tratamiento de
consolidación para sectores urbanos especiales; sin embargo, para que proceda
la analogía, no debe haber norma aplicable al caso concreto, lo que no ocurre en
el presente asunto. Como ya se analizó, los decretos reglamentarios del artículo
460 del Decreto 619 de 200086, si bien no establecen expresamente el tema de
las cesiones en los planes de regularización y manejo, tal exigencia surge cuando
se examinan los requisitos que deben ser satisfechos por el solicitante en la
documentación requerida para lograr la aprobación de la petición. Es decir, las
cesiones deben mantenerse en los planes mencionados; y, por consiguiente, no
procede la aplicación del artículo 352 del Decreto 619 de 2000, que regula el
tratamiento de desarrollo.

211. Por las razones expuestas, el argumento no prospera.

De la improcedencia del requerimiento de la determinación de las áreas de
control ambiental correspondientes a la Avenida Bosa y la Autopista Sur

212. La parte adujo que en el expediente obran pruebas que permiten evidenciar
la existencia previa de las zonas de control ambiental y la aludida transferencia de

86 - Decretos 1109 de 28 de diciembre de 2000 y 904 de 4 de diciembre de 2001-

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ellas a favor del Instituto de Desarrollo Urbano, siendo esta circunstancia una
justificación clara de la ausencia de las zonas de control ambiental exigidas.

213. Al respecto, el artículo 162 del Decreto 619 de 2000 dispone que las áreas
de control ambiental son franjas de terreno de cesión gratuita y no edificables, que
se extienden a lado y lado de las vías de las mallas arterial principal y arterial
complementaria, con el objetivo de aislar el entorno del impacto generado por
estas y para mejorar paisajística y ambientalmente la condición de las mismas.
Son de uso público y deben tener como mínimo 10 metros a cada lado de la vía.

214. En el caso sub examine, las franjas de terreno de cesión gratuita
corresponden al terreno cedido por la parte demandante mediante el Acta de
Recibo Provisional núm. 132. La parte demandada, en el Oficio núm. 2-2005-
33185 del 30 de diciembre de 2005, acto acusado, consideró que no era viable el
plan de regularización y manejo solicitado por la parte demandante,
fundamentándose, entre otras razones, en que: "[…] 7. Que no se contemplan
las áreas de control ambiental correspondientes a la Avenida Bosa y a la
Autopista Sur, como franjas de uso público, de cesión gratuita y no
edificables, exigidas con el objeto de aislar el entorno del impacto generado por
estas y para mejorar paisajística y ambientalmente su condición y del entorno
inmediato al Parque Cementerio. […]".

215. Al respecto, la Sala advierte que, para el momento en que la entidad
demandada negó la viabilidad del plan de regularización y manejo, el predio no
establecía tales áreas, como se evidencia en los siguientes documentos:

216. En el concepto vial del 7 de septiembre de 2001, de la Subdirección de
Planeamiento Urbano del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, en
el trámite del plan de regularización y manejo, se estableció que se debían
mantener las franjas de control ambiental de 10 metros en la Avenida Bosa y en
la Autopista Sur87.

87 Cfr. Folio 68 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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217. El concepto del Área de Tráfico, Transporte y Vías del Departamento
Administrativo de Planeación Distrital de 10 de junio de 2005 señala: "[…] 1. Si
bien es cierto en la propuesta del plan se mantienen las secciones transversales
de las vías señaladas en los planos topográficos B103/1-2 y B103/1-3, es decir la
Troncal Norte Quito Sur como vía tipo V-1 y la avenida Bosa, como vía tipo V-2 de
40.0 metros de ancho, no se está contemplando las zonas de control ambiental
de 10.0 metros de ancho, paralelas a dichas avenidas, señaladas en los planos
antes mencionados […]"88.

218. El Subsecretario Técnico de la Secretaría de Tránsito y Transporte informó
al Gerente de PROJEKTA LTDA el 7 de julio de 2005 que "[…] Igualmente, el
DAPD informa que el Cementerio debe dejar 10 metros de protección
ambiental y andenes de 6 metros (dos de zona dura y cuatro de zona verde), lo
cual no se cumple en terreno, situación que motivó al Instituto de Desarrollo
Urbano, para que se diseñara y se encuentre en construcción la ciclorruta por el
separador de la Avenida Bosa, con los consecuentes conflictos vehiculares,
peatonales y de ciclistas, los cuales se pueden mitigar únicamente con
señalización, pero no eliminan los riesgos de accidentes […]"89. (Negrillas fuera
de texto).

219. En el concepto suscrito por la Gerente del Taller del Espacio Público del
Departamento Administrativo de Planeación Distrital en marzo de 2006, dirigido al
Gerente de Planes Complementarios y Equipamientos, se colige que, según lo
previsto en el artículo 267 del Decreto 190 de 2004, los controles ambientales
podrán constituirse como alamedas. Conforme al anexo núm. 4 del Decreto
Distrital 215 de 2005, numeral 7°, "no podría excluirse dentro del PRM la
obligatoriedad de entregar las zonas de control ambiental perimetrales al
dotacional, sino que debe ser un compromiso dentro de dicho instrumento su
construcción"; y respecto a las tumbas existentes en la zona precisó que debían
reubicarse debido a que el subsuelo es espacio público según definición del
artículo 21 del POT90.

88 Cfr. Folios 152 y 153 del cuaderno de antecedentes administrativos.
89 Cfr. Folios 139 y 140 del cuaderno de antecedentes administrativos.
90 Cfr. Folios 212 a 213 del cuaderno de antecedentes administrativo.

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220. Al respecto, la Sala acoge lo señalado por el perito ingeniero William
Avendaño Castrillón, en su dictamen sobre el tema cuestionado de las áreas de
control ambiental, independientemente del tema de la enajenación por parte del
IDU para la ampliación de la Avenida Bosa y la Autopista Sur, teniendo en cuenta
que la cesión de tales áreas se efectuó con anterioridad a la entrega de las zonas
de cesión ocurrida en 1985:

"[…] Adicionalmente se hizo entrega de un área de 1.636.99 m2 corresponde a una
zona de control ambiental entregada por la sociedad Jardines del Apogeo al Distrito
Capital - DADEP mediante Acta de Recibo de Cesión Anticipado 215 del 16 de
Octubre de 2007 de acuerdo con el Registro Topográfico No. 38439 elaborado por
el Instituto de Desarrollo Urbano IDU. El Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público DADEP a su vez hizo entrega al Instituto de
Desarrollo Urbano IDU el treinta de Octubre del año 2007, como responsable de las
áreas de control ambiental, con el fin de que sea entregada al Instituto Para la
Economía Social-IPES (antes Fondo de Ventas Populares) […]”91.

221. Para la Sala, las zonas de control ambiental deben incluirse en la solicitud
del plan de regularización y manejo, lo cual encuentra respaldo en que la propia
parte demandante cedió dichas zonas desde un principio, actuación que no puede
ser desconocida y que fue debidamente entregada.

222. Además, en “el acta de entrega al Instituto de Desarrollo Urbano de la zona
de control ambiental entregada de manera anticipada al Distrito Capital por la parte
demandante”92 que sirvió de soporte del dictamen pericial, se observa la
existencia de las áreas de control ambiental las cuales fueron entregadas por la
demandante en su momento, lo que desvirtúa su argumento en el sentido de que
no deben tenerse en cuenta en el plan de regularización y manejo.

223. Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

Conclusiones de la Sala

224. La Sala considera que la parte demandante no desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos acusados, por cuanto no acreditó que el desistimiento tácito
requiera pronunciamiento expreso, no se vulneró la confianza legítima y las zonas

91 Cfr. Folio 106 del cuaderno núm. 5
92 Cfr. Folios 70 y 71 del cuaderno núm. 5

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de cesión debían ser previstas en el plan de regularización y manejo. Por tanto,
no se desvirtúan los fundamentos de la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En consecuencia, la Sala
confirmará la sentencia proferida en primera instancia

Condena en costas

225. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena
en costas, establece que, en los juicios que se adelanten ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo esta condena procederá “[…] teniendo en cuenta la
conducta asumida por las partes […]”, es decir, corresponde al juzgador valorar el
comportamiento de las partes, dentro del marco de su arbitrio juris.

226. Atendiendo a que, a juicio de la Sala, el comportamiento de la parte
demandante no estuvo precedido de la mala fe ni de la intención de entorpecer el
proceso, en atención a que, aunque resultó vencida en juicio, ello no conlleva
automáticamente la condena en costas, comoquiera que la actuación se enmarcó
en los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.

227. La Sala considera en virtud de la conducta asumida por las partes, que no
se cumplen los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará
en costas a la parte demandante, en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección “A”, Sección
Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 5 de septiembre de
2013, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

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SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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