Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00114-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00114-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2007-00114-02
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
29 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICADO: 25000-2324-000-2007-00114-02
DEMANDANTES: JOHNNY PETER HESHUSIUS LOGREIRA - HILDA GLADYS
ADRIANA PINZÓN LÓPEZ
DEMANDADO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA- CUNDINAMARCA
TEMA: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN-
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los señores Johnny Peter
Heshusius Logreira e Hilda Gladys Adriana Pinzón López, parte demandante en
este proceso, contra la sentencia de 8 de septiembre de 2016, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” negó
las pretensiones de la demanda1.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
I.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, los señores Johnny Peter
Heshusius Logreira e Hilda Gladys Adriana Pinzón López instauraron demanda con
miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas2:
“Primera Pretensión Principal: Que se decrete la nulidad de la
Resolución No. 364 del 28 de Mayo de 2006 expedida por la Oficina de
Planeación Municipal de Chía, por medio de la cual se niega una solicitud
de Licencia de Construcción para Obra Nueva.
Segunda Pretensión Principal: Que se declare la nulidad de la
Resolución No. 1607 del 14 de Noviembre de 2006, expedida por la
Alcaldía Municipal de Chía, por medio de la cual se resuelve el recurso de
Apelación interpuesto en contra de la Resolución No. 364 del 28 de Mayo
de 2006.
1 El presente expediente se encuentra digitalizado en la Sede Electrónica SAMAI. Expediente radicado: 25000-
2324-000-2007-00114-02.
2 Folios 2 a 34 del Cuaderno 1.
Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
Tercera Pretensión Principal: Como consecuencia de la declaratoria de
nulidad de los anteriores actos administrativos, se restablezca en su
derecho a mis representados, ordenando la expedición del acto
administrativo por medio del cual se concede la licencia de construcción
solicitada.
Cuarta Pretensión Principal: Se condene a la entidad demandada al
pago de los intereses comerciales y moratorios establecidos en el Artículo
177 del Código Contencioso Administrativo, que se causen entre la fecha
de ejecutoria de la sentencia y la fecha efectiva de pago de las condenas
indemnizatorias citadas en las pretensiones de la demanda.
Quinta Pretensión Principal: Que se condene en costas y agencias en
derecho a la Curadora demandada.
Primera Pretensión Subsidiaria de la Tercera Pretensión Principal: En
caso que la Pretensión Tercera Principal no prospere, subsidiariamente
solicito que como consecuencia de la declaratoria de nulidad señalada en
las pretensiones primera, y segunda principales, se restablezca en el
derecho a mis representados, a través del pago de una indemnización de
perjuicios por daño emergente y lucro cesante derivados de la Negación
de la Solicitud de Licencia de Construcción, perjuicios estimados en la
suma de:
1. Daño Emergente: Corresponde a todos los gastos ocasionados a la
fecha, que tengan relación de causalidad con el proyecto denominado
Urbanización Hacienda Don Carlos.
El cual se estima en la suma de Ochocientos ocho millones,
seiscientos setenta y cinco mil doscientos pesos m/cte
($808.675.200) invertida en el proyecto a realizarse.
(…)
2. Lucro Cesante: Corresponde a las ganancias dejadas de percibir ante
la imposibilidad de la terminación de las obras del proyecto y sus
ganancias.
(…)
TOTAL LUCRO CESANTE: setecientos veintiún millones, trescientos
un mil, doscientos ochenta pesos ($721.301.280)
3. Total daño emergente más lucro cesante: Mil quinientos
veintinueve millones novecientos setenta y seis mil, cuatrocientos
ochenta pesos m/cte (1.529.976.480)
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA TOTALIDAD DE LAS
PRETENSIONES PRINCIPALES ANTES FORMULADAS. Se declare
que por las causas que resulten probadas en el proceso, a los
demandantes les asiste el derecho a que SE LES REPAREN LOS DAÑOS
que les han ocasionado en sus derechos subjetivos por razón de la
expedición de la Resolución 364 de 2006 y la Resolución 1607 de 2006,
expedidas por la Oficina de Planeación Municipal de Chía y la Alcaldía
municipal de Chía”.
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Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
I.1.2. Los hechos de la demanda
2. Como principales hechos relevantes que sirvieron de fundamento para la
demanda, el apoderado de los actores explicó que:
2.1. El día 27 de octubre de 2005, los señores Johnny Peter Heshusius Logreira e
Hilda Gladys Adriana Pinzón López radicaron solicitud de licencia de parcelación
para el predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20058333 y
Cédula Catastral 00-00-0006-0138-000, lote número cuatro (4) sin dirección,
ubicado en la Vereda de Yerbabuena del municipio de Chía para desarrollar el
proyecto denominado “Condominio Residencial Don Carlos”. Esta petición se
tramitó con el número de radicado 097751/05 y, para ello, los actores acreditaron el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos en el Decreto 1600 de 2005.
2.2. El día 10 de marzo de 2006, según consta a través del formulario radicado con
el núm. 3187/06, los señores Johnny Peter Heshusius Logreira e Hilda Gladys
Adriana Pinzón López solicitaron licencia de construcción para el predio identificado
con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20058333 y Cédula Catastral 00-00-0006-
0138-000 ubicado en la Vereda de Yerbabuena, antes referido.
2.3. La solicitud de licencia de parcelación y la petición de licencia de construcción
se tramitaron de manera simultánea ante la Oficina de Planeación Municipal de Chía
para el predio antes referido.
2.4. La Oficina de Planeación Municipal de Chía, en el trámite de solicitud de licencia
de parcelación, omitió pronunciarse en el término previsto en el artículo 27 del
Decreto 1600 de 2005, por lo que operó el silencio administrativo positivo.
2.5. Mediante la Escritura Pública 1045 del 9 de mayo de 2006 de la Notaría 39 del
Círculo de Bogotá D.C. se procedió a protocolizar el silencio administrativo positivo
correspondiente a la solicitud de licencia de parcelación radicada con el número
097751/05.
2.6. El día 5 de junio de 2006, ante la Oficina de Planeación Municipal de Chía, se
radicó la Escritura Pública 1045 del 9 de mayo de 2006 en el trámite de la solicitud
de parcelación.
2.7. En lo que respecta al trámite de la solicitud de la licencia de construcción
identificada con el radicado 3187/06, la Oficina de Planeación Municipal de Chía no
expidió en ningún momento el acta de observaciones exigida por el artículo 27 del
Decreto 564 de 2006. En consecuencia, se podría inferir razonablemente que,
desde la perspectiva de la administración, el interesado ha cumplido con los
requisitos establecidos por la ley para la aprobación de dicho permiso.
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Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
2.8. La Oficina de Planeación Municipal de Chía, expidió la Resolución 364 de 28 de
mayo de 2006, por medio de la cual negó la solicitud de licencia de construcción
presentada por los señores Hilda Gladys Adriana Pinzón López y Johnny Peter
Heshusius Logreira, para el inmueble identificado con el Folio de Matrícula
Inmobiliaria 50N-20058333 y Cédula Catastral 00-00-0006-0138-000, ubicado en la
Vereda de Yerbabuena. El anterior acto administrativo fue notificado por edicto fijado
en la cartelera de la entidad el día 16 de agosto de 2006.
2.9. Los actores interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación
contra la Resolución núm. 364 de 2006 con el fin de que la decisión recurrida sea
revocada y se ordenara la expedición de una nueva licencia de construcción.
2.10. La Oficina de Planeación Municipal de Chía no se pronunció sobre el recurso
de reposición interpuesto contra la Resolución 364 de 28 de mayo de 2006, pues
remitió el expediente, sin contestación alguna, a la Alcaldía Municipal de Chía, esto
es, a su superior jerárquico a fin de que resolviera el recurso de apelación; actuación
que viola de manera clara y manifiesta el debido proceso.
2.11. La Alcaldía Municipal de Chía, a través de la Resolución 1607 del 14 de
noviembre de 2006 resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la
Resolución 364 de 28 de mayo de 2006 confirmando la negativa del otorgamiento
de la licencia de construcción.
I.1.3. El concepto de violación
3. Las normas invocadas como infringidas son: los artículos 2°, 29 y 83 de la
Constitución Política; los artículos 5°, 7, 18, 22, 27 y 41 del Decreto 564 de 2006 3;
los artículos 2° (numeral 2°), 3° y 4°del Decreto 097 de 20064; la Ley 160 de 19945;
los artículos 20 y 214 del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía
adoptado mediante el Acuerdo 17 de 2000 y; el artículo 24 de la Ley 388 de 1997 6.
El concepto de violación se fundó en los siguientes cargos de nulidad: (i) en la falsa
motivación; (ii) en la infracción de las normas superiores en que debía fundarse y,
(iii) en la desviación de poder.
3 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos
humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones”.
4 “Por el cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural y se expiden otras
disposiciones”.
5 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un
subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan
otras disposiciones”.
6 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
(i) Primer reproche de nulidad. Falsa Motivación
• La existencia de la licencia de parcelación
4. La defensa de los actores consideró que no era cierto que el predio identificado
con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20058333 y Cédula Catastral 00-00-0006-
0138-000 no contara con licencia de parcelación, como requisito previo para obtener
la licencia de construcción puesto que:
(ii) La solicitud de parcelación se radicó el día 27 de octubre de 2005 y el trámite de
licencia de construcción se inició el día 10 de marzo de 2006, es decir, ambas
peticiones se estaban tramitando de manera simultánea; aclarando que ello se
encuentra permitido por la normatividad vigente y;
(ii) Dentro del trámite de solicitud de licencia de parcelación para el referido predio
operó el silencio administrativo positivo, pues la administración no se pronunció
dentro del término previsto en el artículo 27 del Decreto 1600 de 2005, precisando
que el mismo fue protocolizado mediante Escritura Pública 1045 de 9 de mayo de
2006 de la Notaría 39 del Círculo de Bogotá D.C.
• “Aplicación indebida de los artículos 18, 20 y 22 del Decreto 564 de
2006”
5. Subrayó que los artículos 18 y 22 del Decreto 564 de 2006 enlistan los
documentos exigidos para obtener la licencia de construcción, que sí fueron
aportados por los actores. Agregó que erró la administración al exigir el permiso de
vertimientos de la Corporación Autónoma Regional con fundamento en los artículos
195 y 210 del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía, pues dicho
documento se exige solo para el trámite de licencia de parcelación y, no, para el de
construcción.
(ii) Segundo reproche de nulidad. Violación de las normas en que debía
fundarse
• “Violación de las Normas del Acuerdo 17 de 2000 (Plan de
Ordenamiento Territorial de Chía”
6. La violación de las normas del Acuerdo 17 de 2000 – Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio de Chía- se sustenta en la tesis de que el predio objeto de
solicitud de licencia de construcción se encuentra en Zona de Bosque Protector
(ZPB), la cual contempla, como uso condicionado, la construcción de vivienda de
condominio (artículo 214 del POT), siempre que se incorpore dentro del diseño la
recuperación del bosque natural, se tenga en cuenta el control de incendios
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Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
forestales así como la protección del suelo y demás recursos, requisitos que fueron
cumplidos.
• “Violación normas contenidas en el Decreto 097 de 2006”
7. Contrario a lo afirmado por la entidad demandada, explicó que la solicitud de
licencia de construcción no desconoció los artículos 2° (numeral 2°), 3 y 4 del
Decreto 097 de 2006, toda vez que:
(i) El predio se encuentra ubicado en Zona de Bosque Protector (ZBP), en la cual
resulta viable el desarrollo del proyecto “Condominio Residencial Don Carlos”,
teniendo en cuenta que su diseño comprende el desarrollo, conservación y
recuperación del bosque natural.
(ii) La Oficina de Planeación y la Alcaldía Municipal de Chía interpretaron de manera
errónea el artículo 3° del Decreto 097 de 2006, en tanto que el Plan de
Ordenamiento Territorial incorpora la posibilidad de desarrollar parcelaciones de
vivienda campestre o en condominio en la Zona de Bosque Protector (ZBP) sujeta
a ciertos requisitos como son la conservación y recuperación del bosque nativo.
Luego, al encontrarse dentro de la excepción prevista en la referida norma, no hay
razón para considerar que no se pueden expedir licencias de parcelación y de
construcción en suelo rural.
(iii) El artículo 4° del Decreto 097 de 2006 no resulta aplicable, pues si bien es cierto
que la subdivisión de predios rurales no permite fraccionamientos por debajo de la
extensión mínima, ello solo aplica a la Unidad Agrícola Familiar para usos
agropecuarios y no al uso de vivienda campestre.
• “Violación normas contenidas en el Decreto 564 de 2006”
8. Explicó que la Oficina de Planeación Municipal de Chía, en el trámite de licencia
de construcción no expidió el acta de observaciones y correcciones, tal y como lo
estipula el artículo 27 del Decreto 561 de 2006, lo cual llevó a entender que la
documentación presentada por los solicitantes se encontraba completa y que el
proyecto cumplía las normas urbanísticas y de construcción vigentes.
• “Violación del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia”
9. Expuso que la Oficina de Planeación Municipal de Chía omitió tramitar el
recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 364 de 2006, toda vez
que dicha dependencia ordenó remitir el expediente contentivo del trámite
administrativo a su superior jerárquico, esto es, a la Alcaldía Municipal de Chía para
que procediera a desatar el recurso de apelación, sin haber resuelto el recurso de
reposición. Esta actuación irregular desconoce el artículo 29 de la Constitución
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Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
Política, así como los artículos 50 del Código Contencioso Administrativo y 36 del
Decreto 564 de 2006.
(iii) Tercer reproche de nulidad. Desviación de poder
10. El apoderado de los actores considera que la administración del municipio de
Chía ha mostrado su desacuerdo con las políticas de desarrollo en suelo rural
establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía, lo cual
ha dado lugar a la expedición de actos administrativos que persiguen fines
diferentes a los previstos por el ordenamiento jurídico.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
11. Por intermedio de apoderado judicial, el Municipio de Chía, vinculada al
proceso como parte demandada contestó de manera oportuna la demanda para
oponerse a la prosperidad de las pretensiones7. Como sustento de lo anterior,
argumentó que:
(i) El acto administrativo ficto derivado del silencio administrativo positivo en el
trámite de licencia de parcelación resulta contrario a la ley y, por ende, no puede
producir los efectos jurídicos propios de un acto administrativo que nace a la vida
jurídica bajo el amparo de legalidad;
(ii) La solicitud de licencia de construcción no cumplía los requisitos formales y
sustantivos para su aprobación, pues no era viable al contravenir el ordenamiento
legal vigente y;
(iii) El hecho de que la administración no haya resuelto el recurso de reposición en
la vía gubernativa no constituye, per se, una violación al debido proceso. Ello
obedece a que transcurrido un plazo de dos (2) meses contados a partir de la
interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado
decisión expresa sobre ellos, se entiende que la decisión es negativa (artículo 60
del CCA) y el administrado puede acudir directamente a la jurisdicción. Además, el
recurso de reposición es facultativo y, por ende, no es obligatorio como sí ocurre
con la apelación, según lo indica el inciso 5° del artículo 51 del CCA.
12. El ente territorial planteó los siguientes medios exceptivos: (i) de inepta
demanda tras considerar que los demandantes se limitaron, de manera general, a
relacionar unas normas generales “sin llegar a concretizarlas” y agregó que tampoco
desarrolló el concepto de violación y, (ii) de “[a]usencia de causales que invaliden
las actuaciones acusadas o que desvirtúen la presunción de legalidad que les
asiste”.
7 Folios 138 a 143 del Cuaderno 2 del Tribunal.
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Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
III. ANTECEDENTES DEL PROCESO
13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”,
profirió fallo el día 1° de julio de 2010, por medio del cual negó la excepción de
inepta demanda por falta de requisitos sustantivos propuesta por el municipio de
Chía y declaró probada, de oficio, la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda por no haberse demandado la totalidad de los actos administrativos
expedidos en la vía gubernativa8.
14. En contra de la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación9, el cual fue resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado,
corporación judicial que adoptó fallo el día 30 de octubre de 2014 10, en virtud del
cual ordenó revocar el fallo impugnado para, en su lugar, disponer que el a-quo se
pronunciara de fondo respecto de las pretensiones de la demanda de cara a
garantizar el derecho a las dos instancias, como componente que forma parte del
derecho de acceso a la administración de justicia y al debido proceso11. Los
argumentos que sirvieron de sustento a dicha decisión fueron los siguientes:
(i) En vigencia del Código Contencioso Administrativo y de la lectura del artículo 138
del CCA se desprende la obligación de demandar, junto con el acto principal, todas
las decisiones adoptadas en la vía gubernativa, como condición para entrabar la
relación jurídico procesal con miras a hacer procedente un pronunciamiento de
fondo sobre las pretensiones como resultado del ejercicio del derecho de acción.
Por ende, en principio, la parte actora debió demandar las decisiones contenidas en
los siguientes actos administrativos: (a) la Resolución 364 de 28 de mayo de 2006
por medio de la cual se negó la licencia de construcción; (b) la Resolución 651 de
10 de octubre de 2006, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición
interpuesto y, (c) la Resolución 1607 de 14 de noviembre de 2006, por la cual se
resolvió el recurso de apelación.
(ii) No era posible exigirle a la parte actora el cumplimiento de la obligación de
demandar todas y cada una de las decisiones adoptadas en la vía gubernativa, en
particular, el acto a través del cual se resolvió el recurso de reposición, tras advertir
que se produjo una irregularidad en la notificación personal del referido acto
administrativo en los términos del artículo 44 del CCA. No obstante ello, destacó
que dicha irregularidad no constituía un vicio invalidante del acto administrativo.
8 Folios 435 a 448 del Cuaderno 2 del Tribunal.
9 Folios 452 a 471 del Cuaderno 2 del Tribunal.
10 Folios 63 a 93 del Cuaderno Principal 1 del Consejo de Estado.
11 La parte resolutiva del referido fallo indicó: “PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de 1º de julio de 2010,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para disponer, en su lugar, que el a-quo se pronuncie
de fondo respecto de las pretensiones de la demanda. El Tribunal deberá decidir el asunto de la referencia de
manera inmediata, con sujeción a la directriz de oportunidad prevista en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen”.
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Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
15.En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” profirió la decisión judicial objeto de
cuestionamiento en esta oportunidad.
IV. LA SENTENCIA IMPUGNADA
16. Conforme se indicó con anterioridad, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, adoptó decisión judicial el día 8
de septiembre de 2016. En dicho fallo, luego de hacer un recuento de los
presupuestos de hecho y del trámite procesal surtido, procedió al análisis del marco
jurídico aplicable y del acervo probatorio y, con base en ello, resolvió negar las
pretensiones de la demanda.
(i) Estudio del primer reproche de nulidad. Falsa Motivación
17. El a quo negó la prosperidad del cargo de nulidad por falsa motivación de los
actos administrativos enjuiciados, con base en los siguientes argumentos:
18. A partir de los antecedentes administrativos que reposan en el expediente se
demostró que los aquí demandantes solicitaron ante la Alcaldía Municipal de Chía
una licencia de parcelación el día 27 de octubre de 2005, bajo el radicado No.
097751 y mediante Escritura Pública 1045 de 9 de mayo de 2006 de la Notaría 39
del Círculo de Bogotá D.C. se protocolizó el silencio administrativo positivo,
conforme lo sugieren los actores.
19. Sin embargo, a juicio del a quo, para el momento en que se radicó la solicitud
de licencia de construcción -10 de marzo de 2006- la licencia de parcelación aún no
se había aprobado, pues la protocolización del silencio administrativo positivo
acaeció el día 9 de mayo de 2006. Según el tribunal de primer grado, los actores
tenían el deber de presentar, al momento en que radicaron la solicitud de la licencia
de construcción, la decisión que otorgó la licencia de parcelación resultado de la
configuración del silencio administrativo positivo, lo cual no ocurrió.
20. Adicionalmente, la primera instancia, de acuerdo con la interpretación del
artículo 28 del Decreto 564 de 24 de febrero de 2006, señaló que la aplicación del
silencio administrativo positivo, en ningún caso, se puede realizar en contravención
de las normas urbanísticas y de edificación vigentes. Por eso, la norma exige que
las autoridades distritales o municipales o el curador urbano expidan las constancias
y certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobación del proyecto
presentado, documentos que no fueron aportados.
21. También precisó que la negativa a otorgar la licencia de construcción se justificó
en la inobservancia de los requisitos previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial
del municipio de Chía para el desarrollo de construcciones que se permiten en la
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Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
Zona de Bosque Protector (ZBP), esto es, el relativo al concepto favorable de la
Corporación Autónoma Regional (artículo 210 del POT), el cual no se obtuvo dentro
del trámite de licencia de construcción12.
(i) Estudio del segundo reproche de nulidad. Infracción de las
normas superiores
• Violación de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento
Territorial adoptado mediante el Acuerdo 17 de 2000
22. Argumentó que el proyecto en cuestión sí cumplía con las condiciones previstas
en el artículo 214 del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía, pues
incorporaba la recuperación del bosque natural, tenía en cuenta el control de
incendios forestales y contemplaba la protección del suelo y demás recursos, según
se desprendía de las conclusiones del dictamen pericial rendido por el auxiliar de
justicia, Alfonso Pérez Orejuela, obrante en el expediente, las cuales fueron
transcritas.
23. Empero, aclaró que la decisión de negar la licencia de construcción se justificó
en el incumplimiento de la exigencia prevista en los artículos 93 y 237 del Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Chía, específicamente, la relativa al
concepto favorable de la Junta Técnica de Planeación y/o oficina de Planeación
para la aprobación y funcionamiento del uso. Y aclaró que en el proceso judicial no
existía prueba de que se haya expedido dicho concepto.
• Violación de las normas contenidas en el Decreto 097 de 2006.
24. La primera instancia consideró que tampoco estaba llamado a prosperar el
reproche relacionado con el presunto desconocimiento de los artículos 2 (numeral
2°), 3° y 4° del Decreto 097 de 2006.
12 El a quo, además, observó que en el trámite de la negativa del otorgamiento de la licencia de construcción se
incurrió en los siguientes yerros: “(i) (La construcción no se ciñe al Decreto 097 de 2006 ni a la Ley 160 de 1994,
pues se pretende realizar obras de urbanismo para adelantar construcciones sobre los predios, lo que
constituiría un núcleo poblacional prohibido por el decreto aludido y el levantamiento de edificaciones no
dedicadas a la explotación económica del predio de acuerdo con su condición rural. (ii) De acuerdo con el
artículo 195 del Plan de Ordenamiento Territorial de Chía, en las áreas destinadas a parcelación campestre,
donde este uso sea compatible o condicionado, no se aprobará ningún proyecto sin la debida concesión de
agua expedida por la CAR o por la autoridad competente, la disponibilidad real de agua, la potabilización, la
recolección y tratamiento de las aguas residuales y la recolección y disposición de residuos sólidos; igualmente,
se deberá contemplar un sistema efectivo de recolección, tratamiento y utilización de las aguas lluvias. (iii) El
predio se encuentra ubicado en Zona de Bosque Protector, cuyo uso principal es la protección del bosque y
actividades de recuperación y renovación de la flora nativa, de conformidad con el artículo 214 del Plan de
Ordenamiento Territorial de Chía, que permite además como uso condicionado la vivienda del propietario u otro
tipo de vivienda en condominio, cuyo diseño incorpore la recuperación del bosque natural y la protección del
suelo, por ende para los usos condicionados el funcionamiento en el área de actividad está supeditado al
tratamiento al cual se somete la misma y se requiere el concepto favorable por parte de la Oficina de Planeación.
(iv) La realización de una parcelación para construir 4 unidades de vivienda, riñe con el uso principal establecido
para la ZBP, es decir, contraria lo previsto en el artículo 2 del Decreto 097 de 2006, artículo 31 de la Ley 99 de
1993, numeral 3.4 del Acuerdo 16 de 1998 y la Resolución 76 de 1977. (v) No se allegó la licencia de
parcelación”.
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Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
25. Sobre este aspecto, mencionó que la sola circunstancia de que el Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Chía contemple las áreas destinadas al
uso condicionado de vivienda en condominio no garantizaba que se haya
incorporado a la legislación agraria y ambiental correspondiente.
26. Por otro lado, reconoció que, pese a que el artículo 4° del Decreto 097 de 2006
no resultaba aplicable en el sub lite, uno de los motivos centrales de la negativa del
otorgamiento de la licencia de construcción consistió en la omisión, por parte de los
demandantes, de presentar el concepto favorable de la CAR en el trámite
administrativo, el cual no reposa en el expediente.
• Violación del Decreto 564 de 2006
27. Señaló que el artículo 27 del Decreto 564 de 2006 señala que, una vez
efectuada la revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica del
proyecto, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para
expedir licencias levantará por una sola vez, si a ello hubiere lugar, un acta de
observaciones y correcciones en la que se informe al solicitante sobre las
actualizaciones, correcciones o aclaraciones que debe realizar al proyecto y los
documentos adicionales que debe aportar para decidir sobre la solicitud.
28. Sobre este aspecto, el a quo consideró que “(…) no se hizo necesario en el
presente caso la expedición de dicha acta por cuanto la solicitud de la licencia de
construcción se radicó el 6 de marzo de 2006, a la cual se anexaron algunos
documentos y, al poco tiempo, esto es, el 25 de abril de 2006, la División de
Urbanismo-Planeación de la Alcaldía Municipal de Chía se dirigió a la División
Jurídica de Planeación adjuntando ´el expediente en cuestión, con el fin de
NEGARLO, siendo que el urbanismo no ha sido aprobado y adicionalmente se
encuentra afectado por el DECRETO 097 de este año´”. Es decir, “no era
indispensable señalar al solicitante alguna actualización, corrección y aclaración
que debiera realizarse al proyecto, ni los documentos adicionales que debía aportar,
pues se había proferido una normatividad que prohibía la expedición de la licencia
(Decreto 097 de 2006), lo que imposibilitaba continuar con el trámite de la misma”.
• Violación del artículo 29 de la Constitución Política
29. Manifestó que la Resolución 651 del 10 de octubre de 2006, a través de la cual
se resolvió el recurso de reposición interpuesto por los demandantes contra la
Resolución 364 del 28 de mayo de 2006, se notificó por edicto fijado el 18 de octubre
de 2016 y desfijado el 31 de octubre de 2016, tras intentarse la notificación personal.
Y en todo caso, la eventual irregularidad advertida por el Consejo de Estado, en
sentencia de 30 de octubre de 2014, no constituye un vicio invalidante del acto
administrativo.
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Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
(ii) Estudio del tercer cargo de nulidad. Desviación de poder.
30. Finalmente, y siguiendo los desarrollos jurisprudenciales de esta Corporación,
consideró que los actores omitieron probar, de manera clara y fehaciente, en qué
consistieron los fines contrarios a los perseguidos por el ordenamiento jurídico. Por
lo tanto, el referido reproche de nulidad no estaba llamado a prosperar.
V. EL RECURSO DE APELACIÓN
31. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia. Como argumentos de alzada, la defensa
judicial planteó los siguientes cuestionamientos que se resumen en el mismo orden
en que fueron planteados:
• “La licencia de parcelación como requisito previo al trámite de licencia
de construcción
32. Precisó que, contrario a lo indicado en las decisiones censuradas, no era
necesario adelantar el trámite de parcelación antes que la licencia de construcción,
ya que el Decreto 564 de 2006 admite la posibilidad de que ambas actuaciones se
inicien de manera conjunta. En consecuencia, la administración no estaba
autorizada para invalidar la solicitud de licencia de construcción argumentando que
la petición de parcelación no se había agotado de manera previa.
33. Agregó que, con la protocolización del silencio administrativo positivo, los
actores se hicieron acreedores de la licencia de urbanismo, quedando pendiente la
aprobación de la licencia de construcción.
34. Sostuvo que el artículo 28 del Decreto 564 de 2008 establece como único
requisito para la consolidación del silencio administrativo positivo el simple
transcurso del paso del tiempo. En esa medida, la validez de esa figura no se
encuentra condicionada al cumplimiento de formalidades adicionales, como la
solicitud de constancias y certificaciones que evidencien la aprobación del proyecto.
35. Por estos motivos, argumentó que la hermenéutica del a quo desconoció el
criterio de interpretación gramatical previsto en el artículo 27 del Código Civil
conforme al cual “[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor
literal a pretexto de consultar su espíritu”.
• “Exigencia de documentos que no corresponden a los exigidos por la
ley para la expedición de la licencia de construcción por parte de la
Oficina de Planeación Municipal de Chía”
36.Subrayó que el fallo recurrido realizó una interpretación errónea de la exigencia
específica del concepto de la CAR prevista en el artículo 210 del Plan de
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Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
Ordenamiento Territorial del municipio de Chía pues se debían diferenciar dos
situaciones diferentes, a saber: “[…] la primera que consiste en la consecución de
la correspondiente licencia de construcción y que en el caso que nos atañe fue
negada arbitrariamente por la administración, mientras la segunda es un documento
adicional que debe tramitarse por separado, pero en ningún momento puede
entenderse como requisito del primero, por lo cual el argumento del Tribunal no es
correcto”.
37. Agregó que los requisitos para la expedición de las licencias “única y
exclusivamente” se rigen por el Decreto 564 de 2006. Aclaró que esa norma se
expidió con fundamento en el numeral 7° del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, el
cual confirió la facultad al ejecutivo para establecer los documentos que deben
aportarse en el trámite de las licencias de construcción.
38. Comentó que los demandantes cumplieron todos los requisitos del artículo 18
del Decreto 564 de 2006 en el trámite de licencia de construcción, por lo que la
administración no podía incorporar exigencias adicionales a las previstas en esa
norma. Para respaldar su afirmación, presentó a través de una gráfica los requisitos
que fueron cumplidos.
• “La Oficina de Planeación Municipal de Chía se separó de la actuación
reglada exigida por el ordenamiento jurídico para el proceso (de)
expedición de licencias de construcción, generando con ello la
ilegalidad del acto administrativo producto de este, y vulnerando el
derecho al debido proceso de mis mandantes consagrado en el artículo
29 de la Constitución Nacional”
39. Explicó que el procedimiento administrativo encaminado a la expedición de
licencias urbanísticas se encontraba reglamentado por el Decreto 564 de 2006, que
establecía la necesidad de expedir, por una sola vez, el acta de observaciones,
aclaraciones o correcciones del proyecto, una vez efectuada la revisión técnica,
jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica del proyecto, con el fin de que se
aporten los documentos adicionales para resolver la petición (artículo 27).
40. Anotó que la interpretación de la sentencia controvertida según la cual “no era
indispensable señalar al solicitante alguna actualización, corrección o aclaración
frente al proyecto, ni los documentos adicionales que debía aportar, pues se había
proferido una nueva normatividad que prohibía la expedición de la licencia (decreto
097 de 2006), lo cual imposibilitaba continuar con el trámite de la misma” resulta
errada. Para ello, argumentó que el Decreto 097 de 2006 no prohibía la expedición
de licencias ni mucho menos establecía excepciones al agotamiento de esta etapa
del procedimiento.
41.Tal omisión, a su juicio, constituía una típica manifestación arbitraria de la
administración que vicia la legalidad de la Resolución 364 de 28 de mayo de 2006,
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Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
pues “una actuación pública se ve comprometida siempre que no se cumplen los
fines constitucionales que buscan permitir al administrado ejercer su derecho a la
defensa en las oportunidades que señala un procedimiento reglado, conforme lo ha
señalado la Corte Constitucional en sentencia C-599 de 1992”.
• “El proyecto de mis mandantes sí incorporó la recuperación del Bosque
Natural, la protección del suelo y demás recursos ecológicos, por lo
tanto mi mandante obró de conformidad con el artículo 214 del Plan de
Ordenamiento Territorial de Chía”
42. Aseveró que la solicitud de licencia de construcción se ajustó a los parámetros
exigidos por el artículo 214 del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Chía para la construcción de condominios en un terreno de uso condicionado. Dicha
conclusión fue respaldada por el dictamen pericial elaborado por el auxiliar de
justicia Alfonso Pérez Orjuela y el propio tribunal lo reconoció en el fallo objeto de
controversia.
43. Ahora, la primera instancia, a pesar de que reconoce lo anterior, argumentó la
ausencia del concepto favorable de la junta técnica de planeación y/o oficina de
planeación. No obstante, a juicio de los recurrentes, dicho documento a pesar de
encontrarse previsto en el artículo 93 del Plan de Ordenamiento Territorial, no es
exigible para la expedición de las licencias de construcción.
44. Por ello, indicó que “(…) las consideraciones frente a la violación del Acuerdo
017 de 2000 planteada por la Sala no son correctas, en el entendido que mis
poderdantes como quedó demostrado en el proceso cumplieron con las exigencias
que el POT tiene para el uso condicionado del suelo cuando se trata de proyectos
de vivienda en condominio”.
• “El Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 017 de 2000) cumplía con
los requerimientos técnicos exigidos por el Decreto 097 de 2006 con
anterioridad a la expedición de este último”
45. Estimó que el a quo efectuó una interpretación errada del artículo 3° del Decreto
097 de 2006 pues consideró que incorporaba una prohibición. A juicio de la defensa
de los demandantes, lo correcto era analizar si las disposiciones exigidas en la
mencionada norma se encontraban incorporadas en el Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio de Chía.
46. Explicó que el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía cumple
con los requisitos exigidos en el Decreto 097 de 2006, específicamente, los relativos
a la “identificación y delimitación de las áreas destinadas al uso” (en este caso la
construcción de condominios o viviendas campestres en suelo rural –artículo 212-)
y la “definición de las normas urbanísticas de parcelación” según la legislación
agraria y ambiental (en el artículo 214).
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Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
47. Aseguró que la interpretación adecuada era partir de la premisa de que el Plan
de Ordenamiento Territorial se presumía legal y, por lo tanto, cumplía con todos los
requisitos que prevé el ordenamiento jurídico, incluida la “sujeción a la legislación
agraria”.
• “La indebida notificación del recurso de reposición sobre la Resolución
364 de 2006 vulneró el derecho a la defensa de los accionantes”
48. Reconoció que el Consejo de Estado, a través de sentencia de 30 de octubre
de 2014, indicó que la notificación de la decisión que resolvió el recurso de
reposición no se surtió en debida forma y se trataba de una irregularidad que no
invalidó el procedimiento de la vía gubernativa. No obstante, no podía dejarse a la
discrecionalidad de la administración efectuar la notificación de los actos
administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
49. La Sala de Decisión analizará los siguientes aspectos: (i) la competencia de la
Sala; (ii) los problemas jurídicos por resolver; (iii) los actos administrativos
enjuiciados en este proceso; luego (iv) analizará los principales aspectos de
relevancia probatoria, (v) el estudio de los problemas jurídicos y, (vi) para terminar,
se plasmarán unas conclusiones.
VI.1. La competencia
50. De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo 13 y
el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena
de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
decidir, en segunda instancia, los recursos de apelación presentados contra las
sentencias adoptadas por los diferentes tribunales administrativos del país.
VI.2. Los problemas jurídicos por resolver en el caso sub examine
51. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la Sala procederá a analizar si se debe revocar la sentencia de 8 de
septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” que negó las pretensiones de la demanda, en
tanto que, según se plantea en la alzada, en el trámite de licencia de construcción
13 “Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión”.
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Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
adelantado por los señores Johnny Peter Heshusius Logreira e Hilda Gladys
Adriana Pinzón López en la modalidad de obra nueva sobre el predio identificado
con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20058333 y Cédula Catastral 00-00-0006-
0138-000, ubicado en la Vereda de Yerbabuena del municipio de Chía, para
desarrollar el proyecto denominado “Condominio Residencial Don Carlos” se
desconocieron los artículos 2°, 29 y 83 de la Constitución Política; los artículos 5°,
7, 18, 22, 27 y 41 del Decreto 564 de 200614; los artículos 2° (numeral 2°), 3° y 4°
del Decreto 097 de 200615; la Ley 160 de 199416; los artículos 20 y 214 del Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Chía adoptado mediante el Acuerdo 17
de 2000 y; el artículo 24 de la Ley 388 de 199717. Para ello deberá analizarse:
(i) Primer problema jurídico: Si operó el silencio administrativo positivo frente al
trámite de parcelación adelantado por los demandantes, luego de haber sido
protocolizado el silencio administrativo positivo mediante la Escritura Pública 1045
de 9 de mayo de 2006 de la Notaría 39 del Círculo de Bogotá D.C.
(ii) Segundo problema jurídico: Si en el trámite de licencia de construcción
adelantado por los demandantes era exigible el concepto de la CAR, según lo
señala el artículo 210 del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía.
(iii) Tercer problema jurídico: Si el proyecto en cuestión se encuentra acorde con lo
dispuesto en el artículo 214 del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Chía;
(iv) Cuarto problema jurídico: Si se transgredió el debido proceso en el trámite
dirigido a obtener la licencia de construcción, puesto que no se expidió el acta de
observaciones, aclaraciones o correcciones del proyecto de que trata el artículo 27
del Decreto 564 de 2006 y;
(v) Quinto problema jurídico: Si la indebida notificación de la Resolución 651 de 10
de octubre de 2006, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la decisión que negó la licencia de construcción, constituye un
vicio invalidante de la actuación administrativa.
VI.3. Los actos administrativos demandados
52. Los actos administrativos demandados en este proceso corresponden a:
14 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos
humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones”.
15 “Por el cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural y se expiden otras
disposiciones”.
16 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un
subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan
otras disposiciones”.
17 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
(i) La Resolución 364 del 28 de mayo de 2006, por medio de la cual la Oficina de
Planeación Municipal de Chía negó la solicitud de licencia de construcción para
«Obra Nueva» presentada por los señores Johnny Peter Heshusius Logreira e Hilda
Gladys Adriana Pinzón López para el predio identificado con el Folio de Matrícula
Inmobiliaria 50N-20058333 y Cédula Catastral 00-00-0006-0138-000, ubicado en la
Vereda de Yerbabuena del municipio de Chía. Este acto administrativo en su parte
resolutiva ordenó lo siguiente:
“RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de licencia de construcción para
el inmueble distinguido con la cédula catastral 00-00-0006-0138-000,
ubicado en la vereda de Yerbabuena con matrícula inmobiliaria No. 50N-
20058333, presentada por los Señores Adriana Pinzón López (…) y
Johnny Heshusius L (…)
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a los señores Adriana
Pinzón López (…) y Johnny Heshusius L (…) en su calidad de
propietarios, o quien haga sus veces, el contenido de la presente
resolución.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución proceden los
recursos de Reposición y Apelación los cuales deben interponerse por
escrito, ante la Dirección de Planeación del Municipio de Chía, en la
diligencia de notificación personal o dentro de los cinco (5) días siguientes
a ella, o a la desfijación del edicto según el caso.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en el Municipio de Chía a los veintiocho (28) días del mes de mayo
del año Dos mil seis (2006)”.
(ii) La Resolución 1607 de 14 de noviembre de 2006, por medio de la cual la Alcaldía
Municipal de Chía resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la
decisión de negar la licencia de construcción. Este acto administrativo en su parte
resolutiva dispuso:
“RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 364 del 28 de
mayo de 2006 proferida por la Dirección de Planeación del Municipio de
Chía, en atención a las consideraciones expuestas en la parte motiva de
la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la
presente resolución al doctor JUAN MANUEL GONZALEZ GARAVITO,
(…), en su calidad de apoderado de los señores JOHNNY PETER
HESHUSIUS LOGREIRA e HILDA GLADYS ADRIANA PINZON LOPEZ,
en los términos señalados en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo.
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Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su
expedición y contra la misma no procede recurso alguno por encontrarse
agotada la vía gubernativa.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Chía, a los catorce (14) del mes de noviembre de dos mil seis
(2006)”
VI.4. Aspectos de relevancia probatoria.
53. Mediante formulario radicado el día 10 de marzo de 2006, los actores
presentaron solicitud de licencia de construcción de “obra nueva” para el predio
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20058333 y Cédula Catastral
00-00-0006-0138-000, lote número cuatro (4), ubicado en la Vereda de Yerbabuena
del municipio de Chía para desarrollar el proyecto denominado “Condominio
Residencial Don Carlos”.
54. A través de la Resolución 364 del 28 de mayo de 2006, la Oficina de
Planeación Municipal de Chía negó la solicitud de licencia de construcción para
«Obra Nueva» presentada por los señores Johnny Peter Heshusius Logreira e Hilda
Gladys Adriana Pinzón López para el predio identificado con el Folio de Matrícula
Inmobiliaria 50N-20058333 y Cédula Catastral 00-00-0006-0138-000, ubicado en la
Vereda de Yerbabuena del municipio de Chía, el cual se encuentra ubicado en suelo
rural y en Zona de Bosque Protector (ZBP)18.
55. En contra de la anterior decisión, los actores interpusieron de manera oportuna
el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, que fueron desatados a
través de las Resoluciones 651 de 10 de octubre de 2006 y 1607 de 14 de
noviembre de 2006, en el sentido de confirmar la decisión de negar la licencia de
construcción19.
18 Los motivos que justificaron la negativa a otorgar la licencia de construcción fueron: (i) No se incorporó la
licencia de parcelación, según lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 564 de 2006; (ii) La realización de una
parcelación para construir cuatro (4) unidades de vivienda riñe con el uso principal establecido para la Zona de
Bosque Protector (ZBP); (iii) La construcción desconocía lo dispuesto en los artículos 2° (numeral 2°), 3 y 4 del
Decreto 097 de 2006 y la Ley 160 de 2004; (iv) No se cumplieron los requisitos previstos en el Decreto 097 de
2006, en especial, el relativo al concepto favorable de la CAR y tampoco “la disponibilidad real de agua, la
potabilización, la recolección y tratamiento de las aguas residuales y la recolección y disposición de residuos
sólidos”
19 Los argumentos esgrimidos por la administración municipal en la Resolución 651 de 10 de octubre de 2006,
fueron los siguientes:(i) La obtención previa de la licencia de urbanización o parcelación constituye un requisito
necesario para solicitar la licencia de construcción, pues “(…) la administración no podría estudiar, tramitar y
resolver el proyecto arquitectónico sin contar con la definición del proyecto urbanístico”; (ii) El artículo 214 del
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía establece los usos permitidos en la Zona de Bosque
Protector, y dentro de los usos condicionados se contempla la vivienda. No obstante, dentro de los usos
prohibidos se encuentra la urbanización. (iii) El uso condicionado solo se puede desarrollar con sujeción a las
normas de tratamiento que regula el área y de acuerdo con el concepto favorable de la Oficina de Planeación
del municipio. (iv) La Zona de Bosque Protector comprende las áreas boscosas silvestres o cultivadas que por
su naturaleza ameritan ser protegidas y conservadas. (v) La solicitud de licencia desconoce lo dispuesto en el
artículo 3° del Decreto 097 de 2006 señala que no se podrán expedir licencias de parcelación o construcción
autorizando parcelaciones en suelo rural para vivienda campestre, mientras no se incorpore en el Plan de
Ordenamiento Territorial la identificación y delimitación precisa de las áreas destinadas a este uso, con la
definición de las normas urbanísticas de parcelación, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria
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Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
VI.5. Análisis de legalidad de la licencia de construcción
VI.5.1. Análisis del primer problema jurídico. De la configuración del silencio
administrativo positivo
56. El Tribunal de primera instancia, en la sentencia controvertida, encontró
demostrado que los ahora demandantes solicitaron ante la Alcaldía Municipal de
Chía una licencia de parcelación el día 27 de octubre de 2005, bajo el radicado núm.
097751 y mediante Escritura Pública 1045 de 9 de mayo de 2006 de la Notaría 39
del Círculo de Bogotá D.C. se protocolizó el silencio administrativo positivo,
conforme lo sugieren los actores.
57. Sin embargo, a juicio del a quo, para el momento en que se radicó la solicitud
de licencia de construcción -10 de marzo de 2006- la licencia de parcelación aún no
se había aprobado, pues la protocolización del silencio administrativo positivo
acaeció el día 9 de mayo de 2006.
58. Adicionalmente, la primera instancia consideró que para la configuración del
silencio administrativo positivo previsto en el artículo 28 del Decreto 564 de 2006,
se debían respetar las normas urbanísticas y de edificación vigentes. Y la misma
norma condiciona la aplicación de dicha figura a que se expidan las constancias y
certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobación del proyecto
presentado, documentos que no fueron aportados.
59. Por su parte, los apelantes, en contraposición a los argumentos del a quo,
consideraron que el Decreto 564 de 2006 reconoce la posibilidad de adelantar
dichos trámites de manera separada o, conjuntamente. También, a juicio de los
recurrentes, el silencio administrativo positivo operó por el simple transcurso del
tiempo y una vez efectuado el acto de protocolización del silencio administrativo a
través de la Escritura Pública 1045 de 9 de mayo de 2006.
y ambiental. (vi) El desarrollo de una parcelación, por más que contemple la conservación de determinadas
franjas del área de bosque resulta contraria con el tratamiento de la zona de bosque protector, que consiste en
la recuperación del mayor porcentaje posible del bosque natural, la recuperación de las zonas afectadas y la
preservación del paisaje natural. De modo que la autorización de parcelaciones para vivienda en condominio
violaría ostensiblemente el artículo 2, numeral 2°, del Decreto 097 de 2006. (vii) “Las zonas destinadas a
vivienda campestre en el Plan de Ordenamiento Territorial de Chía son las indicadas en los artículos 222 y 223
del mismo, las cuales son ajenas a la Zona de Bosque Protector. Por consiguiente, el art. 3 del decreto 097 de
2006 se refiere a tal tipo de áreas, y no a las que se encuentran en suelos de protección, como es el caso de
las zonas de bosque protector, en las cuales el uso de vivienda campestre en condominio resulta abiertamente
contradictorio con el uso principal y compatible de esas zonas”.
Finalmente, los argumentos esgrimidos por la administración municipal en la Resolución 1607 de 14 de
noviembre de 2006 fueron los siguientes: (i) La obtención previa de la licencia de urbanización o parcelación
constituye un requisito necesario para solicitar la licencia de construcción, lo cual no ocurrió en el presente caso;
(ii) Según el artículo 210 del Plan de Ordenamiento Territorial, el uso principal de la Zona de Bosque Protector
consiste en la recuperación y conservación forestal y, además, toda construcción requiere de concepto favorable
de la CAR. (iii) El artículo 3 del Decreto 97 de 2006 incorpora una prohibición que cobija a las solicitudes de
licencias de parcelación o construcción de parcelaciones en suelo rural para vivienda campestre que se
encuentren en trámite. Por ser una norma de orden público es de estricto cumplimiento. (iv) El proyecto objeto
de estudio contempla la realización de una parcelación para construir cuatro unidades de vivienda campestre,
lo cual resulta contrario a las normas del Plan de Ordenamiento Territorial.
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Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
60. Con el fin de analizar el cuestionamiento propuesto por los recurrentes, en
primer término, se debe definir si a la luz de lo dispuesto en el Decreto 564 de 2006,
era necesario tramitar primero la licencia de parcelación antes que la solicitud de
licencia de construcción.
61. El parágrafo 3° del artículo 7° del Decreto 564 de 200620, señala lo siguiente:
“Artículo 7°. Licencia de construcción y sus modalidades. Es la
autorización previa para desarrollar edificaciones en uno o varios predios,
de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los
instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad
que regule la materia. Son modalidades de la licencia de construcción las
siguientes:
(…)
“Parágrafo 3°. Los titulares de licencias de parcelación y
urbanización tendrán derecho a que se les expida la correspondiente
licencia de construcción con base en las normas urbanísticas y
reglamentaciones que sirvieron de base para la expedición de la licencia
de parcelación o urbanización, siempre y cuando se presente alguna de
las condiciones siguientes:
a) Que la solicitud de licencia de construcción se radique en legal y
debida forma durante la vigencia de la licencia de parcelación o
urbanización, o;
b) Que el titular de la licencia haya ejecutado la totalidad de las obras
contempladas en la misma y entregado y dotado las cesiones
correspondientes”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
62. Por su parte, el artículo 41 del referido decreto consagra la posibilidad de que
se conceda en un mismo acto administrativo la licencia de urbanización y de
construcción con una vigencia de treinta y seis (36) meses, en los siguientes
términos:
“Artículo 41. Vigencia de las licencias21. Las licencias de urbanización,
parcelación y construcción, tendrán una vigencia de veinticuatro (24)
meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12)
meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos
administrativos por medio de los cuales fueron otorgadas.
Cuando en un mismo acto se conceda licencia de urbanización y
construcción, éstas tendrán una vigencia de treinta y seis (36) meses
20 Las normas del Decreto 564 de 2006 se encuentran compiladas en el Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio." Norma
vigente al momento en que se expidió la licencia de construcción. Se puede consultar: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de marzo de 2016, CP: María Elizabeth
García González, radicado: 25000-23-41-000-2013-00127-01.
21 El texto que se cita corresponde al texto original.
20
Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
prorrogable por un período adicional de doce (12) meses, contados a
partir de la fecha de su ejecutoria. (…)” (Negrilla fuera del texto).
63. De las normas transcritas se colige que los titulares de las licencias de
parcelación y urbanización deben radicar en debida forma y durante la vigencia de
la misma la solicitud de la licencia de construcción. Ahora, la misma norma prevé la
posibilidad de que en una misma actuación administrativa se conceda licencia de
urbanización y construcción, facilitando la ejecución y planificación de proyectos que
requieran de ambos trámites.
64. En el presente caso quedó demostrado que los ahora demandantes primero
tramitaron la licencia de parcelación (27 de octubre de 2005) y, luego, la licencia de
construcción (10 de marzo de 2006).
65. En relación con este aspecto, los actores alegan que dentro del trámite de
solicitud de licencia de parcelación para el referido predio operó el silencio
administrativo positivo, el cual fue protocolizado mediante Escritura Pública 1045 de
9 de mayo de 2006 de la Notaría 39 del Círculo de Bogotá D.C.
66. Sobre el particular, esta Sala considera pertinente realizar las siguientes
precisiones frente a la configuración del silencio administrativo positivo.
67. El artículo 28 del Decreto 564 de 24 de febrero de 200622, frente a la
configuración del silencio administrativo positivo señala lo siguiente:
«Artículo 28. Término para la expedición de licencias. Las entidades
competentes y los curadores urbanos, según el caso, tendrán un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pronunciarse sobre las
solicitudes de licencia, contados desde la fecha en que la solicitud haya
sido radicada en legal y debida forma. Vencido este plazo sin que los
curadores urbanos o las autoridades se hubieren pronunciado, se aplicará
el silencio administrativo positivo en los términos solicitados pero en
ningún caso en contravención de las normas urbanísticas y de
edificación vigentes, quedando obligadas la autoridad municipal o
distrital responsable o el Curador Urbano, a expedir las constancias y
certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobación del
proyecto presentado. La invocación del silencio administrativo positivo, se
someterá al procedimiento previsto en el Código Contencioso
Administrativo». (Negrilla fuera de texto)
68. En esta perspectiva, se encuentra que el silencio administrativo positivo se
configura si, luego de transcurrido un plazo de cuarenta y cinco (45) días sin que las
entidades competentes emitan un pronunciamiento sobre la licencia - contados a
partir de la fecha de radicación de la solicitud-, se entiende que la decisión es
positiva “pero en ningún caso en contravención de las normas urbanísticas y de
22 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos
humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones”.
21
Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
edificación vigentes”. En todo caso, la misma norma impuso una obligación a cargo
de las autoridades competentes tendiente a “expedir las constancias y
certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobación del proyecto
presentado”. El sentido de esa norma es claro y no admite dudas en su
interpretación.
69. Al respecto, esta Sala de Decisión, y luego de haber revisado el sistema de
gestión judicial SAMAI, pudo constatar que bajo el radicado 25000-2324-000-2007-
0046323, los ahora demandantes presentaron una demanda dirigida a controvertir
los siguientes actos administrativos expedidos dentro del trámite de licenciamiento
de parcelación sobre el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria. 50N-
20058333 y Cédula Catastral. 00-00-0006-0138-000, Lote. 4, sin dirección, ubicado
en la Vereda de Yerbabuena del municipio de Chía, para desarrollar el proyecto
denominado “Condominio Residencial Don Carlos”:
(i) La Resolución 666 de 25 de octubre de 2006 “Por medio de la cual se
resuelve un trámite de revocatoria directa del silencio administrativo
positivo protocolizado mediante escritura pública nro. 1045 del 9 de mayo
de 2006 “licencia (ficta de parcelación para el proyecto denominado
condominio residencial don Carlos)”, expedida por la Oficina de
Planeación Municipal de Chía;
(ii) La Resolución 002 de 11 de enero de 2007 “Por la cual se resuelve un
recurso de reposición interpuesto contra la resolución 666 del 25 de
octubre de 2006”, expedida por la Oficina de Planeación Municipal de
Chía;
(iii) La Resolución 662 de 9 de mayo de 2007 “Por medio de la cual se
resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución nro. 666
de octubre de 2006 “por medio de la cual se resuelve un trámite de
revocatoria directa del silencio administrativo positivo protocolizado
mediante escritura pública nro. 1045 de mayo 9 de 2006”, expedida por
la Alcaldía Municipal de Chía.
70. En dicho proceso se dejó constancia de los siguientes hechos de relevancia
probatoria:
a) “El día 27 de octubre de 2005 fue radicada la solicitud de licencia de
parcelación para el predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria
No. 50N-20058333 y Cédula Catastral 00-00-0006-0138-000, lote número
cuatro (4) sin dirección, ubicado en la Vereda de Yerbabuena del Municipio
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de
2018, CP: Alberto Yepes Barrero (en descongestión), radicado: 25000-2324-000-2007-00463, Actores: JOHNNY
PETER HESHUSIUS LOGREIRA y OTRO, demandado: Municipio de Chía.
22
Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
de Chía, para desarrollar el Proyecto denominado Condominio Residencial
Don Carlos”.
b) “Mediante Oficio No. 161773 de 12 de noviembre de 2005 la División de
Urbanismo de la Secretaría de Planeación de Chía realizó las siguientes
observaciones sobre el Proyecto del Condominio Residencial Hacienda Don
Carlos: (i) la disponibilidad del servicio de alcantarillado; (ii) los planos no
deben venir enmendados; (iii) no podrá subdividir deberá proponer una
propiedad horizontal; (iv) anexar y graficar concepto paisajístico (Según
UMATA ); (v) graficar parqueaderos según el artículo 75 del POT; (vi)
discriminar servicios comunales en cuadro de áreas”.
c) “Por Escritura Pública No. 1045 de 9 de mayo de 2006 de la Notaria 39 del
Círculo de Bogotá D.C., se protocolizó el silencio administrativo positivo
correspondiente a la solicitud de licencia de parcelación radicada el 27 de
octubre (de) 2005, toda vez que la administración no emitió respuesta dentro
del término de los 45 días hábiles siguientes a su presentación, conforme lo
estipula el artículo 27 del Decreto 1600 de 2005”.
d) “El 5 de junio de 2006, se radicó en la Oficina de Planeación del Municipio de
Chía la Escritura Pública No. 1045 del 9 de mayo de 2006, por medio de la
cual se protocolizó el silencio administrativo positivo referente a la licencia de
parcelación solicitada el 27 de octubre de 2005 bajo el radicado Nro. 097751”.
e) “Mediante escrito de 7 de junio de 2006 la División Jurídica de la Dirección
de Planeación estableció las razones por las que el silencio administrativo
positivo presentado el 5 de junio del mismo año, debía ser negado”.
f) “La Oficina de Planeación Municipal de Chía por Resolución Nro. 666 de
octubre 25 de 2006, revocó de manera directa el silencio administrativo
positivo invocado mediante escritura pública número 1045 de 9 de Mayo de
2006”.
g) “Con Resolución Nro. 002 de 11 de enero de 2007 la Alcaldía Municipal de
Chía, resolvió de manera negativa el recurso de reposición interpuesto por la
parte actora contra la Resolución Nro. 666 de octubre 25 de 2006, decisión
que fue confirmada en sede de apelación por el Alcalde Municipal de Chía, a
través de la Resolución Nro. 662 de 9 de mayo de 2007”.
71.Cabe añadir que el Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia de 16 de
agosto de 2018, confirmó la decisión de primer grado adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en
descongestión, por medio de la cual se denegó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de esa decisión, se indicó lo siguiente:
23
Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
“En efecto, la Sala evidencia que la parte recurrente no aportó los
documentos previstos en el artículo 19 del Decreto 1600 de 2005,
compilación que cobró vigencia desde el día de su publicación en el Diario
Oficial Nro. 45917 de 23 de mayo de 2005 -la solicitud de licencia de
parcelación fue de octubre de 2005-, y estaba vigente al momento de la
actuación censurada, razón por la que la solicitud de licencia de
parcelación no fue radicada en debida forma y, por lo tanto, no era
posible para el Municipio otorgar una licencia de esta naturaleza sin
la mediación de los documentos aprobados o autorizaciones en
cuanto al manejo de vertimientos y residuos sólidos.
Así las cosas, se advierte que, al quedar desvirtuado el presente cargo
con la comprobada omisión en la que incurrieron los apelantes, se
deniega y mantendrá la legalidad de los actos acusados en cuanto a ello
se refiere.
(…)
La Sala constata que el proyecto lejos de tener como objeto la
recuperación del bosque, propendía por la venta de viviendas
destinadas al bienestar y recreación, lo que, sin necesidad de hacer
mayores elucubraciones, riñe con las especiales condiciones de
protección previstas por el citado POT a favor de la Zona de Bosque
Protector en la que se ubica el predio involucrado, sin demostrar un
verdadero interés en el área boscosa, silvestre o cultivada que por su
naturaleza bien sea de orden biológico, genético, estético,
socioeconómico o cultural, amerita ser resguardada y conservada.
(…)
La Sala considera que luego del análisis de los cargos antecedentes, es
ostensible que el acto presunto se encontraba entre las causales de
revocación dispuestas en el artículo 6924 del C.C.A, motivo por el cual,
conforme a lo establecido en el artículo 7325 del mismo Código, era posible
revocar el acto administrativo sin el consentimiento del particular, aun en
materia ambiental”. (Negrilla fuera de texto)
72. De acuerdo con lo anterior, la solicitud de parcelación en mención desconoció
la normativa prevista en el Decreto 1600 de 2005 y en el artículo 214 del Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Chía, en lo concerniente a la recuperación
del bosque natural, la protección del suelo y demás recursos, lo que conlleva a que
24 (Cita original): Código Contencioso Administrativo, artículo 69 “Causales de Revocación. Los actos
administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus
inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”
25 (Cita original): Código Contencioso Administrativo, artículo 73 “Revocación de Actos de Carácter Particular y
Concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular
y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y
escrito del respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio
administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto
ocurrió por medios ilegales.
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para
corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión”.
24
Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
no sea procedente la aplicación del silencio administrativo positivo pues dicha figura
procede en materia urbanística siempre que se sujete a las normas urbanísticas y
de edificación vigentes, lo cual no se demostró.
73. Además de ello, según los hechos antes descritos, quedó probado que, si bien
mediante Escritura Pública 1045 de 9 de mayo de 2006 de la Notaría 39 del Círculo
de Bogotá D.C. se protocolizó el silencio administrativo positivo correspondiente a
la solicitud de licencia de parcelación, la misma administración con posterioridad,
adelantó el trámite de revocatoria directa tras encontrar que se configuraron las
causales previstas en el artículo 69 del CCA.
74. Ello motivó a que la Oficina de Planeación Municipal de Chía, mediante la
Resolución 666 de 25 de octubre de 2006, dispuso revocar de manera directa el
silencio administrativo positivo protocolizado mediante la Escritura Pública 1045 de
9 de mayo de 2006. Esta decisión fue confirmada por la administración en las
Resoluciones 002 de 11 de enero de 2007 y 662 de 9 de mayo de 2007 al desatar,
respectivamente, los recursos de reposición y de apelación y el control de legalidad
de las mismas ya fue efectuado por esta jurisdicción, concluyendo que dichas
resoluciones se ajustaban a derecho.
VI.5.2. Análisis del segundo problema jurídico. Del cumplimiento de los
requisitos para otorgar la licencia de construcción, específicamente, el
concepto de la CAR de que trata el artículo 210 del POT
75. El Tribunal de primera instancia precisó que la negativa a otorgar la licencia de
construcción se justificó en la inobservancia de los requisitos previstos en el Plan
de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía para el desarrollo de
construcciones que se permiten en la Zona de Bosque Protector (ZBP),
concretamente, el concepto favorable de la Corporación Autónoma Regional
(artículo 210 del POT), el cual no se obtuvo dentro del trámite de licencia de
construcción.
76. Por su parte, los recurrentes consideran que los requisitos para la expedición
de las licencias “única y exclusivamente” se rigen por el Decreto 564 de 2006 y, en
esa medida no le era dable a la administración incorporar exigencias adicionales a
las previstas en esa norma.
77. Para resolver el motivo de alzada, debe empezarse por precisar que, en el
presente caso no se discute lo relativo al cumplimiento o no de los requisitos
enlistados en el Decreto 564 de 2006 - sino la exigencia prevista en el artículo 210
del POT que establece la obligatoriedad de contar con el concepto de la CAR. Por
ello, debe la Sala, en primer término, entrar a analizar si el trámite de la licencia de
construcción objeto de análisis se encontraba o no sujeto al cumplimiento de las
normas del POT y desde ya se anuncia que la respuesta es positiva.
25
Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
78. Los distintos desarrollos jurisprudenciales de esta Sección han coincidido en
señalar que la licencia de construcción es un acto administrativo de carácter
particular -naturaleza- por medio del cual la autoridad competente confiere una
autorización o permiso para adelantar una actuación urbanística, bien sea para la
construcción de obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración,
reforzamiento estructural, demolición o cerramiento -contenido-. Como actos
subordinados a la defensa del interés general, deben respetar las exigencias del
Plan de Ordenamiento Territorial26.
79. La sujeción a dicho instrumento se desprende de varios enunciados normativos,
como el artículo 99 de la Ley 388 de 1997 27 que señala que las licencias se
otorgarán con sujeción al Plan de Ordenamiento Territorial, a los planes parciales y
a las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan y de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 99 de 1993 y en su reglamento (numeral 2°). Además, se
encuentran las referencias explícitas que hace el mismo Decreto 564 de 2006.
80. En efecto, el Decreto 564 de 24 de febrero de 200628, define las licencias
urbanísticas como la autorización previa otorgada por el curador urbano o la
autoridad municipal o distrital competente, para adelantar obras de urbanización,
parcelación, loteo o subdivisión de predios; de construcción, ampliación,
adecuación, reforzamiento estructural, modificación, demolición de edificaciones, y
para la intervención y ocupación del espacio público. El otorgamiento de las
licencias se encuentra sujeta al cumplimiento de las normas urbanísticas y de
edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos
que lo desarrollen o complementen. También deberán cumplir las leyes y demás
disposiciones que expida el Gobierno Nacional (artículo 1°).
81. La misma norma indica que la licencia de construcción es la autorización previa
para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público,
de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento
Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás
normatividad vigente (artículo 11 ibidem).
82. El Plan de Ordenamiento Territorial constituye, entonces, el instrumento básico
para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio que comprende el conjunto
de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la
utilización del suelo (artículo 9 de la Ley 388 de 199729).
26 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Guillermo Vargas
Ayala, sentencia de 29 de abril de 2015, radicado: 25000-23-24-000-2011-00329-01(AP).
27 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
28 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos
humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones”.
29 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
26
Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
83. Sobre este asunto esta Sección en sentencia de 29 de abril de 2015, discurrió
en el siguiente sentido:
“(…) (L)a Sala debe resaltar la importancia del respeto del POT por
las licencias expedidas por las autoridades urbanísticas. En efecto,
en tanto que instrumento básico para la ordenación del territorio municipal,
el POT prefigura un modelo de ciudad y establece las reglas particulares
para el aprovechamiento y transformación de las diferentes porciones del
suelo municipal, contribuyendo así a la definición del estatuto jurídico de
la propiedad urbana. Al ser expresión de la función social de la propiedad
y perseguir la realización de fines de interés general como la protección
del medio ambiente, el derecho a gozar del espacio público, la protección
del patrimonio histórico cultural, la prevención de desastres, la salubridad
pública, el derecho a la vivienda digna y, entre otros, al acceso a una
infraestructura de servicios públicos adecuada, las normas del POT fijan
con carácter de orden público las condiciones generales esenciales
que deben ser atendidas por los particulares al ejercer el ius
aedificandi que les otorga su derecho de propiedad y condiciona el
contenido y la validez de las licencias de construcción”. (Negrilla fuera
de texto)
84. Precisado lo anterior, el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía,
adoptado mediante el Acuerdo 17 de 2000, artículo 210, es claro en señalar que
cuando se trata de una licencia de construcción sobre Zona de Bosque Protector
(ZBP), es necesario el concepto favorable de la CAR. Así se desprende de su tenor
literal:
“ARTÍCULO 210. ZONA DE BOSQUE PROTECTOR.
Son Artículo 210. Zona de Bosque Protector
Son aquellas áreas boscosas silvestres o cultivadas que por su naturaleza
bien sea de orden biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural
ameritan ser protegidos y conservados.
(…)
Toda construcción requerirá de licencia expedida por la Oficina de
Planeación o el curador urbano y concepto favorable de la CAR”.
(Negrilla fuera de texto)
85. Nótese que las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial
regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza
y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la
ordenación del territorio. Por consiguiente, otorgan derechos e imponen cargas a
los particulares, por lo que, en el presente caso, resulta claro que el otorgamiento
de la licencia de construcción estaba condicionado al cumplimiento de las normas
del Plan de Ordenamiento Territorial, específicamente, el relativo al concepto previo
de la CAR, el cual no fue aportado en el trámite de la solicitud.
86. Si bien le asiste razón a los recurrentes en el sentido de que el concepto
favorable de la junta técnica de planeación y/o oficina de planeación previsto en el
artículo 93 del Plan de Ordenamiento Territorial de Chía se exige para la aprobación
27
Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
y funcionamiento de los usos condicionados30, no debe perderse de vista que uno
de los motivos centrales de la negativa del otorgamiento de la licencia de
construcción consistió en la omisión, por parte de los demandantes, de presentar el
concepto favorable de la CAR en el trámite administrativo, el cual no obra en el
expediente.
87. En esa medida, la acusación en que se funda el recurso de alzada no está
llamada a prosperar pues no es cierto que en el trámite de licencia de construcción
se hayan exigido requisitos adicionales a los previstos en el Decreto 564 de 2006.
Ello por cuanto no le era dable al municipio otorgar la licencia de construcción sin
contar con el concepto favorable de la CAR, según lo ordena el artículo 210 del Plan
de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía como instrumento básico para
desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal y encargado de
definir las condiciones necesarias para que los particulares adelanten las
actuaciones urbanísticas para el adecuado uso del suelo y del espacio público.
88. Estos motivos convierten en impróspero el motivo de alzada.
VI.5.3. Análisis del tercer problema jurídico. El proyecto sí incorporó lo
dispuesto en el artículo 214 del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio
de Chía
89. El Tribunal de primer grado consideró que el predio objeto de controversia se
encuentra en suelo rural y en Zona de Bosque Protector (ZBP), la cual sí permite
como uso condicionado la construcción de vivienda en condominio siempre que
incorporara la recuperación del bosque natural, se considere el control de incendios
forestales y se proteja el suelo y demás recursos. Estas condiciones fueron
cumplidas por el proyecto, según lo ratificaron las conclusiones del dictamen pericial
rendido en el proceso.
90. A pesar de ello, advirtió que “(…) lo previsto en el artículo 214 del POT de CHÍA
se debe analizar con lo consagrado en los artículos 93 y 237 ibidem, en los que se
advierte la definición de ´uso condicionado´, observando la exigencia de un
concepto favorable de la Junta Técnica de Planeación y/o Oficina de Planeación
para la aprobación y funcionamiento del uso, aspecto que como ya se anotó también
sirvió de fundamento para la decisión de negar la licencia de construcción-
30 “Articulo 93. Definiciones Las categorías de uso se definen de la siguiente manera:
93.1 Uso Principal: es el uso deseable que coincide con la función especifica de la zona y que ofrece las
mayores ventajas para el desarrollo sostenible.
93.2 Uso Compatible: son aquellos que no se oponen al principal y concuerdan con la potencialidad,
productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.
93.3 Usos Condicionados: Son aquellos que presenten algun grado de incompatibilidad con el uso principal
y ciertos riesgos ambientales controlables por la autoridad ambiental o por el municipio. Requieren para su
aprobación y funcionamiento del concepto favorable de la Junta Técnica de Planeación y la Licencia Ambiental
cuando sea necesaria.
93.4 Usos Prohibidos: son aquellos incompatibles con el uso principal de una zona, con los propósitos de
preservación ambiental o de planificación y por consiguiente implican graves riesgos de tipo ecológico y/o
social”.
28
Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
Resolución No. 364 de 28 de mayo de 2006, acto acusado- pues no obra prueba
que demuestre la existencia de dicho concepto”.
91. Los recurrentes consideran que la solicitud de licenciamiento sí cumplió con las
exigencias previstas en el artículo 214 del POT, pues el proyecto sí incorporó la
recuperación del bosque natural, la protección del suelo y demás recursos
ecológicos.
92. Teniendo en cuenta que la solicitud de licencia de construcción presentada por
los señores Johnny Peter Heshusius Logreira e Hilda Gladys Adriana Pinzón López
se realizó sobre el predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-
20058333 y Cédula Catastral 00-00-0006-0138-000, lote número cuatro (4) sin
dirección, ubicado en la Vereda de Yerbabuena del municipio de Chía, el cual se
encuentra ubicado en suelo rural y en Zona de Bosque Protector (ZBP), debe la
Sala entrar a analizar las normas del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio
de Chía que regulan los usos en esta zona.
93. Específicamente, el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía
contempla la posibilidad que los usos de protección puedan ubicarse en zonas
urbanas, rurales y suburbanas e incorpora la siguiente clasificación:
“Subcapítulo 4. USOS DE PROTECCIÓN
Estos pueden estar ubicados en zonas urbanas, rurales y suburbanas y su objeto
es la regulación del caudal de las quebradas de las cuencas, la recarga de los
acuíferos, la protección de la diversidad florística y faunística, la regulación de los
ecosistemas, la conservación de los suelos y la preservación del paisaje natural,
entre otros aspectos. Sus subclases y las correspondientes definiciones para los
fines de este Acuerdo son las siguientes:
a. Zona de bosque protector
b. Zona de reserva forestal protectora
c. Zonas de protección del sistema hídrico – Zona periférica de protección de
humedales.
d. Zonas de riesgo
e. Áreas de protección relacionadas con servicios públicos
f. Área histórica, cultural, arquitectónica y de protección del paisaje”.
94. La Zona de Bosque Protector (ZBP) comprende el conjunto de áreas boscosas
silvestres o cultivadas que, por su naturaleza, ya sea biológica, genética, estética,
socioeconómica, o cultural, ameritan en primera instancia, ser protegidas y
conservadas (artículo 34 del Plan de Ordenamiento Territorial).
95.Adicionalmente, el artículo 210 del Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio de Chía señala:
“Artículo 210. Zona de Bosque Protector
Son aquellas áreas boscosas silvestres o cultivadas que por su naturaleza
29
Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
bien sea de orden biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural
ameritan ser protegidos y conservados.
Su uso principal: es la recuperación y conservación forestal.
Se pretende por diferentes mecanismos recuperar el bosque natural en el
mayor porcentaje posible, recuperar geomorfológicamente las zonas
alteradas dándoles un tratamiento especial a la agricultura y ganadería
existente para minimizar los impactos causados por estos.
Especificaciones:
a. Control y vigilancia sobre talas y quemas.
• Mantenimiento de caminos y carreteables existentes. Nuevos accesos
deben ser de tres (3) a seis (6) m de ancho y limitarse sólo a los sectores
bajos de las laderas o de menor pendiente, previo estudio ambiental y
paisajístico.
b. En el caso de recreación de tipo pasivo o contemplativo, sólo se
permitirán las instalaciones de acogida e infraestructuras mínimas (centro
de visitantes, caminos, miradores).
c. Las vías intermunicipales que, por necesidad, requieren atravesar estas
zonas, las cuales deben tener un diseño paisajístico adaptado al medio
boscoso y a las pendientes fuertes. Estas vías serán por lo menos del tipo
V-7 y podrán estar dotadas de una franja con destino a ciclovía, como parte
integral del perfil vial.
d. Senderos de tipo peatonal en piedra.
e. Miradores, construidos en puntos altos y destinados a la observación del
paisaje.
Toda construcción requerirá de licencia expedida por la Oficina de
Planeación o el curador urbano y concepto favorable de la CAR.
Parágrafo 1. La utilización del suelo en las zonas de reserva forestal
declaradas en parte del municipio o en las que en el futuro se declaren por
parte de las entidades competentes, se regirá por lo establecido en los
artículos 206 a 210 del decreto 2811 de 1974 y el decreto 877 de 1976”.
96. Igualmente, el artículo 214 incorpora el uso principal, compatible, condicionado y
prohibido dentro de la Zona de Bosque Protector, en los siguientes términos:
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Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
97. Adicionalmente, la misma norma contempla unas normas específicas:
98. Finalmente, la misma norma señala las características ambientales, sanitarias
y paisajísticas que deben cumplirse:
“CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES, SANITARIAS Y PAISAJÍSTICAS
Ambiental: - Todos los predios deberán constituir una franja de vegetación
nativa o corredor biológico bordeando los costados lateral y posterior de
10 metros, de ancho. El borde anterior deberá combinar el aislamiento
con vegetación ornamental.
La ocupación que comprende el área construida y el equipamiento no
podrá exceder del 20% del total del predio, y el 80% restante deberá ser
objeto de un proyecto de revegetalización con especies nativas,
tratamientos para el control de erosión si es el caso y demás impactos
ambientales.
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Agua potable: todo proyecto deberá tener resuelto su requerimiento
de agua potable. Se prohíbe la perforación de pozos profundos o aljibes
que alteren el flujo de aguas subterráneas. Igualmente, no se podrá
obstruir quebradas, ni alterar sus cauces, tampoco intervenir los
nacimientos de agua, salvo que tengan permiso y diseños aprobados por
la CAR.
Aguas servidas: cada proyecto deberá presentar una propuesta de
tratamiento de aguas cuya resultante genere vertimientos de
acuerdo con las disposiciones vigentes. Respecto al DBO5 coliformes
totales, sólidos suspendidos, etc.; por ninguna razón se podrán hacer
vertimientos al cauce del agua sin el tratamiento previo.
Residuos sólidos: Si no existe el servicio de recolección se deberá
presentar una propuesta para el manejo por parte de la comunidad o del
proyecto ante la Oficina de Planeación. Quedan prohibidas las quemas de
cualquier tipo de materiales salvo permiso otorgado por la CAR.
Paisajismo: todo proyecto de vivienda o parcelación campestre debe
incorporar el diseño de paisaje a partir de componentes vegetales como
tapete verde, plantas de borde, arbustos, árboles y propuesta ornamental
de manera que recupere y enriquezca la unidad o unidades paisajísticas
del área de localización.
Las unidades de paisaje que presentan afloramientos rocosas naturales
no podrán alterarse, sino incorporarse al diseño general del paisaje
propuesto […]” (Negrilla fuera de texto).
99. Según lo anotado, el artículo 214 del Acuerdo 17 de 2000, dentro de la Zona de
Bosque Protector (ZBP), contempla como uso condicionado la vivienda en
condominio, siempre y cuando el diseño incorpore la recuperación del bosque
natural y se tenga en cuenta el control de incendios forestales, así como la
protección del suelo y demás recursos. También, y desde una interpretación
sistemática de la norma, además de las condiciones anotadas, debe cumplir con las
normas específicas y las características ambientales, sanitarias y paisajísticas
definidas en la misma disposición.
100. En el sub examine, consta el dictamen pericial rendido por el auxiliar de justicia,
el cual fue practicado en la primera instancia con el objeto de verificar los siguientes
puntos: (i) “que el diseño en mención incorpora la recuperación del bosque natural
y tiene en cuenta el control de incendios forestales y la protección del suelo y demás
recursos” y, (ii) “la construcción ilegal de viviendas, con el fin que exista una prueba
fáctica que si las entidades competentes siguen incurriendo en violaciones con
relación al proceso establecido para estos trámites e interpretando erróneamente la
normatividad vigente, entorpeciendo con estas actuaciones injustificadamente los
trámites de desarrollo y construcción en el sector, dicha situación será
incrementada, haciendo que las construcciones ilegales se propaguen ya que al
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acudir de buena fe ante la administración se están decidiendo trámites
deliberadamente, sin fundamento normativo y legal apropiado31”.
101. En lo que tiene que ver con el primer punto, la referida experticia arribó a la
siguiente conclusión:
“(….) Una vez realizada la visita en terreno, se observó que el predio
objeto de licencia donde se pretende desarrollar el Conjunto Residencial
Hacienda Don Carlos cuenta con un diseño paisajístico en donde es de
vital importancia la recuperación del Bosque Natural. El Proyecto plantea
amplias Zonas Verdes con presencia de especies arbustivas como
Eugenia Hollys, JazminesAlcaparros y Magnolios Alisos.
Así las cosas, el desarrollo del proyecto no sólo plantea la recuperación
del Bosque Nativo a través de la preservación de diferentes especies
arbustivas sino además la protección del suelo mediante la conservación
y mantenimiento de zonas recubiertas de césped que permiten el
desarrollo de actividades contemplativas propias de las Zonas de Bosque
Protector.
Lo anterior se puede verificar con los planos anexos al presente
documentos (sic) en donde se observa la naturaleza existente y la
planteada dentro del proyecto, cumpliendo estrictamente con las
condiciones determinadas por la UMATA en el oficio anteriormente
mencionado.
Así las cosas, las especies arbustivas sembradas en el predio son las
siguientes:
(…)
Por otra parte, el predio cuenta con un cerramiento en malla metálica con
arbustos sembrados de manera contigua a la malla a lo largo de todo el
lindero del inmueble, separándolo de está (sic) forma de los predios
vecinos. Las características de la cerca construida alrededor del predio
permite (sic) la conservación y recuperación de las condiciones
ambientales del inmueble, de los recursos naturales preservando de esta
manera las condiciones ambientales de la zona donde se encuentra
ubicado, cumpliendo además con las exigencias determinadas por la
Administración Municipal.
Lo anterior, es posible de verificar en el registro fotográfico que se anexa
al presente estudio (Fotos F6, F7 y F8), donde se observa el cerramiento
y la siembra de vegetación sobre el lindero del predio al costado Oriental,
Sur y Norte del inmueble.
En este orden de ideas, el proyecto cumple con los requerimientos en
materia de recuperación, conservación y mantenimiento de la Zona
de Bosque Protector toda vez que sin lugar a dudas tiene
componentes vegetales como tapete verde, árboles de diferentes
especies, enriqueciendo de esta manera el paisaje del área donde se
localiza el inmueble. Ello se verifica en la fotografía F10.". (Negrilla fuera
de texto)
31 Carpeta que contiene el dictamen.
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102. En lo relativo al segundo aspecto, la referida experticia también advirtió que en
el sector donde se encuentra la Zona de Bosque Protector (ZBP) existían muchas
construcciones que no cumplían con las normas contenidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Chía, tras señalar lo siguiente:
“Una vez realizada la verificación del sector donde se ubica la Zona de
Bosque Protector en el Municipio de Chía se observó la existencia de
muchas construcciones que no cumplen con las normas contenidas en el
Plan de Ordenamiento Territorial de Chía contenido en el Acuerdo 017 de
2006 (sic).
(…)
En este orden de ideas, en la Fotografía F2 y F9 es evidente que es
inmueble se encuentra actualmente en construcción, sin embargo no es
visible la valla que debe ser fijada en el predio, cumpliendo lo
establecido día el artículo 24 del citado Decreto 564 de 2.006, según
el cual desde el día siguiente a la fecha de radicación en legal y debida
forma de solicitudes de proyectos de parcelación, urbanización y
construcción de obra nueva, el peticionario de la licencia deberá instalar
una valla en lugar visible desde la Vía pública en la que se advierta a
terceros sobre la iniciación del trámite administrativo tendiente a la
expedición de la licencia urbanística.
(…)
No obstante lo anterior, en la citada fotografía es evidente que no existe
el cumplimiento del anterior requisito, así como tampoco se cumple el
aislamiento requerido por el Acuerdo 017 de 2.000, según el cual para
el uso residencial individual y/o campesino se debe prever un
asilamiento de (5) metros sobre vías troncales o principales públicas
y dos (2) metros sobre caminos peatonales. Aislamientos laterales
mínimos de 3 metros y posterior de 5 metros. La violación de dicha norma
en materia de aislamientos es igualmente evidente en las Fotografías F5
y F6.
Por otra parte, las normas ya citado Acuerdo 017 de 2.000 establece que
el cerramiento lateral y posterior debe tener como máximo 2.50 metros y
contar con una transparencia mínima del 50%; cerramiento anterior del
80%. No obstante, dicha previsión en la Fotografía F3 se verifica la
existencia de un cerramiento en piedra, que no cumple con las
condiciones
Ahora bien, actualmente se encuentra en construcción un Conjunto
de casas, de tres pisos, siendo claro que de acuerdo con el artículo 214
del Acuerdo 017 de 2.000, la altura máxima permitida es de dos pisos y
de lo teniendo en cuenta que éste constituye un área de último piso de la
construcción inmediata a la cubierta de segundo piso, tratada como
buhardilla piso adicional, cuyas características arquitectónicas la
determina como una construcción complementaria al piso anterior y en
ningún caso como tercer piso, cuya área no debe exceder del cuarenta
por ciento (40%) del área de construcción del segundo piso.
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Demandantes: Johnny Peter Heshusius Logreira y otra
Así las cosas, es claro que existe un sin número de construcciones que
actualmente se encuentran en desarrollo, que no solo no cumplen con las
normas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio
de Chía sino que además no cuentan con licencia de construcción
debidamente solicitada ante la Autoridad competente, como lo dispone
el decreto 564 de 2.006”. (Negrilla fuera de texto).
103. En esas condiciones, la Sala considera que, aunque el proyecto analizado
incorporó, en su diseño, la recuperación del bosque natural y la protección del
suelo, las conclusiones de la experticia no ofrecen la certeza suficiente para
determinar que este cumplía con la totalidad de las exigencias del Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Chía.
104. En efecto, el dictamen se limitó a demostrar que el proyecto cumplía con los
requerimientos en materia de recuperación, conservación y mantenimiento de la
Zona de Bosque Protector (ZBP); no obstante, nada se dice respecto del control de
incendios forestales y mucho menos si cumplía con las normas específicas relativas
al área máxima permitida, la densidad, el tipo de construcción, la altura, los
cerramientos, por mencionar algunos aspectos. Tampoco se estudió si cumplía las
características ambientales, sanitarias y paisajísticas enunciadas en el artículo 214
del POT del municipio de Chía.
105. Por tal virtud, resulta evidente que no es posible determinar que el proyecto
analizado contara con las condiciones previstas en el artículo 214 del Plan de
Ordenamiento Territorial, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 210
ibidem. En consecuencia, el motivo de alzada no está llamado a prosperar.
106. Ahora bien, en relación con el argumento de que la licencia de construcción no
desconoció lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 097 de 2006, ya que, según
se señala en el escrito de impugnación, el Acuerdo 17 de 2000 cumple los requisitos
previstos para la “identificación y delimitación de las áreas destinadas al uso” y para
la “definición de las normas urbanísticas de parcelación según la legislación agraria
y ambiental”, es importante señalar que le asiste razón a los actores en el sentido
de señalar que el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía se
encuentra amparado por el principio de presunción de legalidad. Empero, la solicitud
de licencia de construcción no satisfizo las exigencias previstas en el POT para
permitir la construcción del denominado “Condominio Residencial Don Carlos”
ubicado dentro de la Zona de Bosque Protector, conforme se indicó anteriormente.
VI.5.4. Análisis del cuarto problema jurídico. De la transgresión al debido
proceso pues no se expidió el acta de observaciones, aclaraciones o
correcciones del proyecto de que trata el artículo 27 del Decreto 564 de 2006
107. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”
señaló que en el presente caso no era necesaria la expedición del acta de
observaciones y correcciones de que trata el artículo 27 del Decreto 564 de 2006,
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tras advertir que el trámite de licencia de construcción objeto de análisis se
encontraba afectado por la expedición del Decreto 097 de 2006, es decir, “se había
proferido una normatividad que prohibía la expedición de la licencia (Decreto 097
de 2006), lo que imposibilitaba continuar con el trámite de la misma”.
108. Por su parte, los recurrentes son de la tesis de que la interpretación del tribunal
resulta errada, pues el Decreto 564 de 2006 no establece excepciones frente al
agotamiento de esta etapa del procedimiento, la cual resulta obligatoria.
109. El artículo 27 del Decreto 564 de 200632, norma invocada como infringida prevé
lo siguiente:
“Artículo 27. Acta de observaciones y correcciones. Efectuada la
revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica del
proyecto, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente
para expedir licencias levantará por una sola vez un acta de
observaciones y correcciones en la que se informe al solicitante sobre las
actualizaciones, correcciones o aclaraciones que debe realizar al
proyecto y los documentos adicionales que debe aportar para decidir
sobre la solicitud.
El solicitante contará con un plazo de treinta (30) días calendario para dar
respuesta al requerimiento. Este plazo podrá ser ampliado, a solicitud de
parte, hasta por un término adicional de quince (15) días calendario.
Durante este plazo se suspenderá el término para la expedición de la
licencia”.
110. Del contenido de la citada norma se desprende que el acta de observaciones
y de correcciones tiene como finalidad informar al solicitante acerca de las
actualizaciones, correcciones o aclaraciones que deba realizar el proyecto. En otras
palabras, el solicitante debe llevar a cabo alguna de las siguientes acciones:
"actualizar", "corregir" o "aclarar", como respuesta al acta de observaciones emitida
por la autoridad competente en el trámite dirigido a obtener la licencia de
construcción.
111. En el presente caso, se probó que mediante formulario radicado el día 10 de
marzo de 2006, los actores presentaron solicitud de licencia de construcción de
“obra nueva” para el predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-
20058333 y cédula catastral 00-00-0006-0138-000, lote número cuatro (4), ubicado
en la Vereda de Yerbabuena del municipio de Chía.
112. Asimismo, en el presente caso consta que mediante oficio de 25 de abril de
2006 dirigido a la División Jurídica de Planeación -esto es, poco tiempo después de
haberse radicado la solicitud de licencia- la División de Urbanismo – Planeación de
la Alcaldía Municipal de Chía informó lo siguiente:
32 El texto transcrito corresponde al texto original. Cabe agregar que esta norma fue modificada por el artículo
3 del Decreto 4397 de 2006, el cual entró a regir el 6 de diciembre de 2006-
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Radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02
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“Referencia: Negación.
Respetada Doctora:
Adjunto a la presente me permito enviar el expediente en cuestión, con el
fin de NEGARLO, siendo que el urbanismo no ha sido aprobado y
adicionalmente se encuentra afectado por el Decreto 097 de este año”.
113. En esas condiciones, a juicio de la Sala, no era necesario agotar dicha etapa
pues no había lugar a ello, si se tiene en cuenta que la licencia de construcción no
era viable sin la obtención previa de la licencia de construcción. Y ello obedece a
una razón lógica, pues, sino están definidas las condiciones a partir de las cuales
se puede edificar el predio correspondiente, no resultaba viable otorgar la respectiva
licencia de construcción.
114. Nótese que la licencia de parcelación consiste en la autorización previa para
ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural y suburbano, la creación
de espacios públicos y privados, y la ejecución de obras para vías e infraestructura
que garanticen la auto prestación de los servicios domiciliarios que permitan
destinar los predios resultantes a los usos permitidos por el Plan de Ordenamiento
Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y la normatividad
agraria y ambiental aplicable a esta clase de suelo (artículo 5° del Decreto 564 de
2006). Por su parte, la licencia de construcción consiste en la autorización previa
para desarrollar edificaciones en uno o varios predios, de conformidad con lo
previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen
y complementen y demás normatividad que regule la materia (artículo 7° ibidem).
115. Adicionalmente, el predio en mención, en principio, se encontraba afectado por
el artículo 3° del Decreto 097 de 2006, norma que prohibió la expedición de licencias
de parcelación o construcción autorizando parcelaciones en suelo rural hasta tanto
no se incorpore en el Plan de Ordenamiento Territorial la identificación y delimitación
precisa de las áreas destinadas a este uso, con la definición de las normas
urbanísticas de parcelación, a partir de la entrada en vigencia de dicha norma, e
incluso, se debe resaltar que dicha prohibición cobijó “a las solicitudes de licencias
de parcelación o construcción de parcelaciones en suelo rural para vivienda
campestre, que actualmente se encuentran en trámite”.
116. En esas condiciones, y en la misma línea argumentativa del a quo, en el trámite
de licenciamiento objeto de análisis no era necesaria la expedición del acta de
observaciones y correcciones. Este acto administrativo, como se mencionó
anteriormente, tiene como finalidad que el solicitante proporcione las
“actualizaciones”, las “correcciones” o “aclaraciones que debe realizar el proyecto”
y “los documentos adicionales” con el fin de adoptar una decisión sobre la solicitud
respectiva.
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117. Esto conduce a afirmar que la autoridad competente debe valorar, en cada caso
particular, si se debe o no expedir el acta de observaciones siempre que sea
necesario para fines de actualización, aclaración o corrección de la documentación
presentada con miras a adoptar una decisión.
VI.5.5. Análisis del quinto problema jurídico. Si la indebida notificación de la
Resolución 651 de 10 de octubre de 2006, por medio de la cual se resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra la decisión que negó la licencia de
construcción constituye un vicio invalidante de la actuación administrativa
118. En relación con este aspecto, esta Sala de Decisión, en concordancia con la
sentencia recurrida, considera que dicho aspecto ya fue analizado en la sentencia
de 30 de octubre de 2014, proferida en este proceso. Sobre el particular, el referido
fallo anotó que hubo una irregularidad en la notificación personal de la Resolución
651 de 10 de octubre de 2006, por medio de la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la decisión que negó la licencia de construcción.
119. No obstante, cabe señalar que los diferentes desarrollos jurisprudenciales de
esta Corporación, de manera pacífica, han apuntado a señalar que la indebida
notificación no es un vicio invalidante del acto administrativo, pues dicha
irregularidad afecta la eficacia del acto u oponibilidad. Así, en sentencia de 30 de
septiembre de 2021 se reflexionó en el siguiente sentido:
“(…) debe precisarse que la indebida notificación de los recursos no es
una causal que afecte la validez del acto administrativo, sino que, según
las normas aplicables, constituye una causal de ineficacia, que, en todo
caso, faculta al interesado para acudir directamente ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, como se procede a explicar a
continuación: Se ha considerado que el acto administrativo tiene como
elementos esenciales los de existencia, que han sido ubicados en el
órgano y su contenido; los de validez, que son relativos a la voluntad y las
formalidades o el procedimiento, y la eficacia u oponibilidad, sumergidas
en las ritualidades para hacerlo eficaz y capaz de producir efectos
jurídicos. Los presupuestos de eficacia, por tanto, son aquellos requisitos
indispensables para que el acto existente y válido produzca finalmente los
efectos que estaría llamado a producir. La notificación del acto
administrativo se constituye, entonces, en una obligación para la
administración y en un presupuesto necesario de eficacia y oponibilidad
del acto frente a su destinatario. La falta o la irregularidad de esta genera
como consecuencia que el acto administrativo sea ineficaz, esto es, que
no produzca los efectos para los cuales se profirió, en consideración a que
la publicidad del acto administrativo es un requisito indispensable para
que las decisiones administrativas sean obligatorias33”.
33Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso, Sección Segunda, Subsección B, radicado: 05001-23-33-000-
2012-00797-01 (2058-16), sentencia de 30 de septiembre de 2021, MP: César Palomino Cortés.
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VI.6. Conclusiones
120. Los problemas jurídicos planteados en el proceso se responden así:
(i) No es posible predicar la configuración del silencio administrativo positivo
frente al trámite de licencia adelantado por los demandantes el día 27 de
octubre de 2005, respecto del predio identificado con el Folio de Matrícula
Inmobiliaria No. 50N-20058333 y Cédula Catastral 00-00-0006-0138-000,
lote número cuatro (4) sin dirección, ubicado en la Vereda de Yerbabuena
del municipio de Chía, para desarrollar el Proyecto denominado
“Condominio Residencial Don Carlos”, por cuanto, según los hechos
descritos, dicha solicitud se realizó en contravención de las normas
urbanísticas y de edificación vigente.
(ii) Según el artículo 99 de la Ley 388 de 1997 las licencias se otorgan con
sujeción al plan de ordenamiento territorial, a los planes parciales y a las
normas urbanísticas que los desarrollan y complementan y en el presente
caso no se aportó el concepto previo de la CAR previsto en el artículo 210
del POT del municipio de Chía.
(iii) A pesar de que el proyecto objeto de análisis incorporó la recuperación
del bosque natural y la protección del suelo en su diseño, según lo
ratifican las conclusiones del dictamen pericial rendido en el proceso, el
mismo no ofrece certeza en relación con el cumplimiento de todas las
exigencias previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial, como ocurre
con el control de incendios, el cumplimiento de las normas específicas
(área máxima permitida, la densidad, el tipo de construcción, la altura, los
cerramientos), por mencionar algunos aspectos.
(iv) En el presente caso, no era necesario que la administración expidiera el
acta de observaciones o aclaraciones de que trata el artículo 27 del
Decreto 564 de 2006 y;
(v) La irregularidad advertida en la notificación de la Resolución 651 de 10
de octubre de 2006, por medio de la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la decisión que negó la licencia de
construcción no configura un vicio invalidante del acto administrativo
puesto que la notificación atañe a la eficacia del acto, esto es, a su
oponibilidad frente a terceros.
121. Así las cosas, se concluye que los argumentos planteados por los recurrentes
no lograron desvirtuar la presunción de legalidad de los actos enjuiciados. Por estos
motivos, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” que negó las pretensiones de la
demanda.
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122. Por último, esta Sala se abstendrá de condenar en costas en tanto que no
concurren los supuestos del artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de septiembre de 2016, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”,
negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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