Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-31-000-2010-00146-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-31-000-2010-00146-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 66001-23-31-000-2010-00146-02
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
31 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
Demandados: Municipio de Pereira y otro
Tema: Licencia de construcción. Silencio administrativo positivo.
Procedimiento para la protocolización del silencio administrativo
positivo. Requisitos. Usos del suelo. Plan de implantación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 22 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
I.1.1. Las pretensiones
1. El señor Silvio Giraldo Pineda, a través de apoderado judicial y en ejercicio de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo [en adelante CCA] presentó demanda, en la que
elevó las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que en el proceso administrativo mediante el cual se solicitó la
licencia de construcción del predio ubicado en Pereira en la Calle 22 N,
(sic) 14-02, identificado con la ficha catastral N. (sic) 01-06-0132-0001-
000, matrícula inmobiliaria N. (sic) 290-155413 (sic), operó el fenómeno
del silencio administrativo positivo conforme a la Ley 388 de 1997.
2. Que como consecuencia de la declaración anterior es válida la escritura
pública N. (sic) 342 del 29 de enero de 2010 de la Notaría Primera de
Pereira, y que por lo tanto constituye una licencia de construcción en los
términos de la Ley 388 de 1997.
3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 000006 sin fecha (sic),
expedida por la Curaduría Primera de Pereira, notificada personalmente
al señor Silvio Giraldo Pineda el 1º (sic2) de febrero de 2010, mediante la
1
Folios 2 a 19, cuaderno 1. La adición obra a folios 24 a 25, cuaderno 1.
2
La notificación del citado acto se realizó el día 18 de febrero de 2010 y no el 1° de febrero de 2010.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
cual se revoca el Silencio Administrativo Positivo contenido en la Escritura
Pública No. 342 del 29 de enero de 2010 de la Notaría Primera del Círculo
de Pereira.
[…]”.
I.1.2. Los hechos
2. Los hechos relevantes invocados por la defensa del actor, en síntesis, son los
siguientes:
3. El señor Silvio Giraldo Pineda es propietario de un lote de terreno ubicado en el
perímetro urbano del municipio de Pereira, en la calle 22 No. 14-02, el cual consta
de un área de 362 metros cuadrados, cuyos linderos se encuentran definidos en la
Escritura Pública 1597 de 21 de abril de 2009 de la Notaría Primera del Círculo de
Pereira.
4. El día 30 de septiembre de 2009 (fecha de radicado: 2 de octubre de 2009), el
actor presentó solicitud de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana
Primera de Pereira para el proyecto de local comercial ubicado en la calle 22 No.
14-02.
5. El 4 de noviembre de 2009, la citada curaduría levantó acta de observaciones y
correcciones núm. 001697, para aclarar algunos puntos de la solicitud, otorgándole
un plazo de treinta (30) días hábiles para responder al requerimiento.
6. Según oficio de fecha 13 de noviembre de 2009, el señor Silvio Giraldo Pineda,
por conducto de su arquitecto, Álvaro Iván Giraldo Marín, dio respuesta a los
numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 8 del acta de observaciones y correcciones referida ut
supra. Por su parte, en esa misma fecha, el ingeniero civil Andrés Toro Henao dio
respuesta a los numerales 5°, 6° y 7°, dando cumplimiento de esta manera a lo
solicitado por la curaduría urbana en el acta de observaciones.
7. Desde el día siguiente a la fecha -presentación de las respuestas dadas a las
observaciones- se reanudó el término que tenía el Curador Urbano Primero de
Pereira para pronunciarse sobre la solicitud de licencia de construcción. Por ende,
restaban (24) días hábiles para completar los cuarenta y cinco (45) días hábiles con
que contaba para resolver la petición, de conformidad con el artículo 28 del Decreto
564 de 20063.
8. El día 9 de diciembre de 2009, la Curaduría Urbana Primera de Pereira, en el
trámite interno de la licencia revisó la documentación presentada por el demandante
-el día 13 de noviembre de 2009-, quedando consignada la siguiente anotación: “[…]
reingreso noviembre 13 de 2009 … el proyecto debe tramitar plan de implantación
ante la Secretaría de Planeación, artículo 295 Acuerdo 23 de 2006. Los planos
3
“[…] Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones;
a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por
viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones […]”.
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Demandante: Silvio Giraldo Pineda
deben estar impresos con las intensidades necesarias, fecha de revisión diciembre
09 de 2009 […]”.
9. El anterior documento no le fue notificado a la parte demandante y, además de
ello, contiene una exigencia que constituye un error por cuanto el plan de
implantación previsto en el artículo 295 del Plan de Ordenamiento Territorial resulta
exigible solo para los usos especiales, según el artículo 26 del Decreto 449 de
20094. En este caso, el uso solicitado para la construcción era el de “[…] servicios
[…]”, por lo que dicho requerimiento no le era aplicable.
10. El día 21 de diciembre de 2009, vencía el término para que el Curador Urbano
Primero de Pereira se pronunciara sobre la solicitud de la licencia de construcción,
el cual debió contarse de la siguiente manera:
TÉRMINO TOTAL: 45 DÍAS HÁBILES (artículo 28 del Decreto
564 de 2006)
Fecha de radicación de la solicitud: 2 de octubre de 2009
Fecha del acta de observaciones y correcciones 4 de noviembre de
núm. 01697: 2009.
Desde el 5 de octubre de 2009 (día siguiente al de la radicación de la
solicitud) hasta el 4 de noviembre de 2009, habían transcurrido 21 días
hábiles para que el Curador Urbano de Pereira se pronunciara sobre la
solicitud de licencia.
Fecha de radicación de las respuestas al acta 13 de noviembre de 2009.
de observaciones y correcciones núm. 01697:
Conclusión: a partir del día hábil siguiente –17 de noviembre de 2009 (el
lunes fue festivo)- se reanudó el conteo para completar los 45 días hábiles,
los cuales se cumplieron el día 21 de diciembre de 2009, sin que durante
dicho período se le haya notificado acto administrativo alguno a la parte
demandante.
11. A pesar de lo anterior, transcurrieron 70 días hábiles entre el 2 de octubre de
2009 y el 28 de enero de 2010 sin que el Curador Urbano Primero de Pereira
notificara acto administrativo relacionado con el trámite de la licencia.
12. El 29 de enero de 2010, el señor Silvio Giraldo Pineda compareció ante la
Notaría Primera del Círculo de Pereira para protocolizar el silencio administrativo
positivo.
13. A través de la Escritura Pública 342 de 29 de enero de 2010, la Notaría Primera
del Círculo de Pereira protocolizó el acto ficto derivado del silencio administrativo
positivo. Para ello, la referida autoridad revisó los términos y los documentos
aportados, de conformidad con el Decreto 564 de 2006.
4
“[…] Por el cual se adopta el Estatuto de Usos de Suelos […]”.
4
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Demandante: Silvio Giraldo Pineda
14. La Curaduría Urbana Primera de Pereira expidió la Resolución 00115 de 21 de
enero de 2010, mediante la cual declaró desistida la solicitud de licencia de
construcción.
15. En el expediente de la curaduría aparece un reporte de la secretaría sobre las
citaciones telefónicas el día 26 de enero de 2010, hora 9:24 am, al número de
teléfono 3147922278, que pertenece al arquitecto Álvaro Iván Giraldo Marín. En el
listado de Comcel solo aparece una llamada a dicho celular, sin que conste el
registro de otras llamadas al mismo número y tampoco al teléfono 3161713 que
corresponde al señor Silvio Giraldo Pineda, quien jamás supo de la llamada.
16. El día 30 de enero de 2010, hora: 10:49 am, el señor Silvio Giraldo Pineda
recibió una comunicación por parte de la curaduría la cual fue remitida a través de
la empresa deprisa. Según el artículo 44 del CCA, el envío debió realizarse dentro
de los 5 días siguientes a la expedición del acto, que venció el 28 de enero de 2010,
por lo que se hizo de manera extemporánea.
17. El día 1° de febrero de 2010, el actor se hizo presente en la Curaduría Urbana
Primera de Pereira, lugar en el cual le fue notificado el contenido de la Resolución
00115 de 21 de enero de 2010 citada ut supra. Al notificarse del contenido de esa
resolución, el actor dejó constancia escrita que para esa fecha ya se había
protocolizado el silencio administrativo positivo, lo cual ocurrió el día 29 de enero de
2010.
18. El Curador Urbano Primero de Pereira expidió la Resolución 000006 de 2010,
mediante la cual revocó el silencio administrativo positivo protocolizado en la
Escritura Pública 342 de 29 de enero de 2010, argumentando que fue obtenido por
medios ilegales o fraudulentos.
19. Mediante Escritura Pública 864 de 3 de marzo de 2010, la Notaría Primera del
Círculo de Pereira dejó sin efectos la Escritura Pública 342 de 29 de enero de 2010.
I.1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación
20. El actor invocó como infringidas las siguientes normas: los artículos 29 de la
Constitución Política; 27, 28, 33, 64, 65 y 104 del Decreto 564 de 24 de febrero de
20065 y; 3, 44, 69, 73, 74 y 138 del Código Contencioso Administrativo.
21. Argumentó que la curaduría transgredió el debido proceso toda vez que tenía
45 días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud de licencia, por lo que, una vez
transcurrido dicho término sin que la administración se pronuncie, se entiende
configurado el silencio administrativo positivo en favor del administrado. Adujo que
el silencio administrativo positivo pretende castigar la inactividad de la
administración por no dar respuesta oportuna a esta clase de peticiones.
5
“[…] Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones;
a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por
viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones […]”.
5
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
22. Aseguró que, aunque se expidió la Resolución 00115 del 21 de enero de 2010,
mediante la cual la Curaduría Urbana Primera de Pereira declaró desistida la
solicitud de licencia de construcción, el contenido de tal acto administrativo no se
notificó en debida forma, según el artículo 33 del Decreto 564 de 2006, modificado
por el Decreto 4397 de 2006, en concordancia con el artículo 44 del CCA.
23. Explicó que el actor, amparado en el artículo 28 del Decreto 564 de 2006,
protocolizó el silencio administrativo positivo mediante Escritura Pública 342 de 29
de enero de 2010 de la Notaría Primera del Círculo de Pereira.
24. Adujo que la Notaría Primera del Círculo de Pereira verificó los documentos
aportados, y no evidenció que la actuación del señor Silvio Giraldo Pineda estuviese
precedida de mala fe.
25. Mencionó que el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo contempla,
como causales de revocación de los actos administrativos las siguientes: (i) cuando
sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley; (ii) cuando no estén
conformes con el interés público o social o atenten contra él y, (iii) cuando con ellos
se cause un agravio injustificado a una persona.
26. Sostuvo que el acto demandado incurre en falsa motivación, puesto que no
explicó las razones por las cuales la decisión revocada se oponía de manera
manifiesta a la Constitución Política o a la ley; no era concordante con el interés
público o social o atentara contra él o, causaba un agravio injustificado a una
persona.
I.2. Trámite impartido a la demanda
27. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Risaralda y
el magistrado sustanciador, mediante autos del 6 de julio de 20106 y 27 de
septiembre de 20107, admitió la demanda y su correspondiente reforma8.
28. El apoderado del municipio de Pereira interpuso recurso de reposición en contra
del auto admisorio de la demanda9 y el 10 de febrero de 201110, el Tribunal
Administrativo de Risaralda no repuso la anterior decisión.
6
Folios 22 a 23, cuaderno 1.
7
Folios 30 a 31, cuaderno 1.
8
Se destaca que, dentro del término de ejecutoria del auto admisorio de la demanda, el apoderado de la parte actora allegó
escrito en el que solicitó incluir como demandado al municipio de Pereira. La primera instancia, en auto de 27 de septiembre
de 2010, adoptó las siguientes determinaciones: (i) no se accedía a la petición de incluir como demandado al municipio de
Pereiro pues dicha entidad ya había sido vinculada en el auto admisorio; (ii) negar la petición encaminada a incluir como
demandada a la Curaduría Urbana Primera, dado que no cuentan con personería jurídica lo que se traduce en la imposibilidad
de ser sujeto pasivo y, (iii) ordenar la notificación personal del auto admisorio de la demanda al señor Luis Fernando Montes
Posada, Curador Urbano Primero de Pereira (folio 30 cuaderno1).
9
Por considerar: (i) que la entidad territorial no tenía ninguna responsabilidad por los actos administrativos expedidos por el
Curador Urbano Primero de Pereira; (ii) que no se había agotado el trámite del requisito previo de procedibilidad de la
conciliación prejudicial
10
Folios 122 a 124, cuaderno 1.
6
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
I.3. Las contestaciones de la demanda
I.3.1. La contestación de la demanda por el Curador Urbano Primero de
Pereira, Luis Fernando Montes Posada11
29. El señor Luis Fernando Montes Posada, por conducto de apoderada judicial,
contestó la demanda.
30. En relación con los hechos esgrimidos por el actor, señaló lo siguiente: (i) el
señor Silvio Giraldo Pineda no es propietario de un lote terreno sino de una
edificación donde funciona ininterrumpidamente el establecimiento de comercio
“[…] Ay Hombe […]” desde su construcción; (ii) los documentos aportados por el
actor no cumplían con los requerimientos exigidos por el Decreto 564 de 2006; (iii)
el Curador Urbano Primero expidió el acta de observaciones y correcciones núm.
001697 de 4 de noviembre de 2009; (iv) el actor no atendió a los requerimientos
planteados en el acta de observaciones, razón por la cual, lo procedente era
declarar el desistimiento de la solicitud; (v) la Curaduría Urbana Primera de Pereira
expidió la Resolución 00115 del 21 de enero de 2010, mediante la cual formalizó el
desistimiento de la solicitud de la licencia de construcción, acto que le fue notificado
en debida forma el día 26 de enero de 2010, a través de llamada telefónica y luego
por correo certificado; (vi) en el trámite de revisión de la documentación se advirtió
sobre la necesidad de que los planos estuvieran impresos con las intensidades
necesarias para que las cotas fueran legibles y (vii) sí era exigible el plan de
implantación por tratarse de un establecimiento de alto impacto.
31. Frente al fondo del asunto, resaltó que era procedente la revocatoria directa del
acto ficto derivado del silencio administrativo positivo, dado que el señor Silvio
Giraldo Pineda no cumplió con los requerimientos exigidos en el acta de
observaciones.
32. Propuso como excepción la falta de agotamiento de la vía gubernativa. Para tal
propósito, señaló que el demandante no interpuso recurso contra la Resolución
00115 del 21 de enero de 2010 “[…] Por la cual se formaliza un desistimiento […]”
que finiquitó la actuación administrativa y tampoco impugnó la Resolución 000006
de 2010 “[…] Por la cual se revoca un silencio administrativo […]”.
I.3.2. La contestación de la demanda por el municipio de Pereira12
33. El municipio de Pereira, por conducto de apoderada judicial, señaló que el
silencio administrativo en materia de licencias urbanísticas es una figura jurídica que
se encuentra condicionada a que se trate de una petición presentada en debida
forma, es decir, debe cumplir con el lleno de los requisitos exigidos por la legislación
y, en ningún caso, en contravención de las normas urbanísticas.
11
Folios 85 a 100, cuaderno 1.
12
Folios 128 a 148, cuaderno 1.
7
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
34. Explicó que la solicitud presentada por la parte actora no cumplía con los
requisitos exigidos en el artículo 18 del Decreto 564 de 2006, por las siguientes
razones: a) los planos eran ilegibles; b) los numeral 5, 6, 7 y 8 no fueron resueltos
y c) no se presentó el plan de implantación, ya que el proyecto se ubicaba en los
usos de alto impacto.
35. Advirtió que en sendos procesos sancionatorios administrativos adelantados
por la Secretaría de Gobierno Municipal se dejó claro el impacto negativo generado
por la actividad desarrollada en el establecimiento de comercio “[…] Ay hombe […]”,
el cual se encuentra dentro del ítem previsto en el artículo 295 del Acuerdo 23 de
2006 – Servicio de Diversión y Esparcimiento-.
36. Anotó que, según el artículo 27 del Decreto 564 de 2006, modificado por el
Decreto 4397 de 2006, el plazo que tenía el curador urbano para resolver la solicitud
de licencia se suspendió por 30 días hábiles, que venció el 26 de enero de 2010.
37. Adujo que el 21 de enero de 2010, la Curaduría Urbana Primera de Pereira
expidió la Resolución 00115, por la que se declaró desistida la solicitud de licencia
de construcción presentada por el señor Silvio Giraldo Pineda, por no subsanar los
defectos indicados en el acta de observaciones y correcciones núm. 001697 de 4
de noviembre de 2009 y, además, porque el proyecto no contaba con un plan de
implantación que era necesario según el artículo 295 del Acuerdo 23 de 2006.
38. Manifestó que, para notificar el anterior acto administrativo, la señora Catalina
Ramírez Pardo llamó al teléfono reportado por el señor Silvio Giraldo Pineda y
además de ello, el día 29 de enero de 2010 se remitió citación por correo certificado.
39. Explicó que el acto acusado se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico. En
este caso, además, se constató que la solicitud de licencia de construcción no
correspondía a obra nueva, sino a una edificación existente, ya que en el predio del
actor funcionaba el establecimiento comercial “[…] Ay Hombe […]”.
40. Por último, el municipio de Pereira propuso las siguientes excepciones: (i) falta
de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la Curaduría Urbana Primera de
Pereira no es una dependencia del municipio y, por ende, no era posible estructurar
en contra de la entidad territorial un juicio de reproche por las actuaciones de los
curadores; (ii) inexistencia de nexo causal, toda vez que el daño antijurídico no se
configuró como consecuencia de la actuación del municipio y, (iii) oposición a la
cuantía porque el actor no ha sufrido daño alguno puesto que el establecimiento de
comercio “[…] Ay Hombe […]” sigue prestando sus servicios de venta y consumo
de licor.
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Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
I.4. Trámite impartido al proceso en primera instancia
41. Mediante auto de 5 de julio de 201113, se negó el llamamiento en garantía de la
compañía de seguros La Previsora S.A.14.
42. Según auto de 24 de julio de 201315 se dio apertura al período probatorio.
Posteriormente, a través de proveído de 20 de agosto de 201316, se corrió traslado
a las partes a fin de que presentaran sus alegatos de conclusión.
43. La parte demandante17 reiteró los argumentos de la demanda. El municipio de
Pereira18, por su parte, replicó los argumentos de la contestación de la demanda. El
Curador Urbano Primero de Pereira y el Procurador Judicial II para Asuntos
Administrativos guardaron silencio.
I.5. La sentencia de primera instancia19
44. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante fallo de 22 de noviembre de
2013, declaró no probadas las excepciones propuestas por el municipio de Pereira
y el Curador Urbano Primero de Pereira20 y denegó las pretensiones de la
demanda21.
45. El objeto de la controversia fue delimitado en los siguientes términos:
“[…] [S]e centra en determinar si, tal y como lo afirma la parte
demandante, operó el fenómeno del silencio administrativo positivo frente
a la solicitud elevada ante la Curaduría Urbana Primera de Pereira para
la concesión de la licencia de construcción del predio ubicado en Pereira,
en la calle 22 No. 14-02, identificado con la ficha catastral No. 01-06-132-
0001-000, matrícula inmobiliario (sic) No. 290-155413 (sic); si es válida la
escritura pública No. 342 del 29 de enero de 2010, de la Notaría Primera
de Pereira; y si la Resolución No. 0006 sin fecha, por medio de la cual el
Curador Urbano Primero de Pereira revoca el silencio administrativo
positivo, está ajustada a la legalidad […]”.
13
Folios 154 a 157, cuaderno 1.
14
En contra de esa decisión, la apoderada del municipio de Pereira interpuso recurso de reposición, la cual fue confirmada
por la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de auto de 15 de noviembre de 2012.
15
Folios 300 a 302, cuaderno 2.
16
Folio 303, cuaderno 1-1.
17
Folios 304 a 309, cuaderno 1-1.
18
Folios 310 a 317, cuaderno 1-1.
19
Folios 320 a 382, cuaderno 1-1.
20
Consideró que las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y de inexistencia de nexo causal propuestas
por el municipio de Pereira no estaban llamadas a prosperar, pues en este caso tanto el curador urbano, en su calidad de
particular que cumple funciones públicas y el municipio de Pereira, como ente territorial encargado de velar por el cumplimiento
de las normas urbanísticas tienen vocación para comparecer al presente proceso como parte pasiva.
Estimó que la excepción relativa a la “[…] oposición a la cuantía por no existir daño que obligue a reparar […]” propuesta por
el municipio de Pereira no se trataba de una excepción previa propiamente dicha.
Alegó que no estaba llamada a prosperar la excepción de falta de requisito del agotamiento de la vía gubernativa porque (a)
la Resolución 00115 de 21 de enero de 2010 no fue demandada en el proceso, razón por la cual no era procedente efectuar
pronunciamiento alguno en relación con la misma y (b) la Resolución 000006 de 2010, no hizo referencia explícita a los
recursos que contra ella procedían; por ende, el administrado podía acudir directamente su legalidad ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.
21
El quo, al abordar lo relativo a su competencia, subrayó lo siguiente: “[…] [P]rocederá a proferir la decisión que en derecho
corresponda, lo cual se hará en ÚNICA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 131, numeral 1º, del
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) dado que si bien se observa que la apoderada determinó una cuantía
de $176.750.917 (sic)21, debe advertirse que la misma debe establecerse por el valor de las pretensiones y en ellas no se
observa ninguna petición que esté encaminada a obtener algún resarcimiento de orden económico y, en tal virtud, este
proceso carece de cuantía […]”. (Negrilla del texto).
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Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
46. El a quo aludió a las normas que regulan el trámite de las licencias de
construcción previsto en el Decreto 564 de 2006. En particular, analizó los artículos
14 -solicitud de licencia-; 15 –radicación de la solicitud-; 26 -revisión del proyecto-;
27 -acta de observaciones- y 28 -término para la expedición de las licencias y la
configuración del silencio administrativo positivo-.
47. Según el artículo 28 del Decreto 564 de 2006, las entidades competentes y los
curadores urbanos tienen un plazo máximo de 45 días hábiles para pronunciarse
sobre las solicitudes de licencia, contados desde la fecha en que la solicitud se haya
radicado en debida forma.
48. El Tribunal de primera instancia efectuó el cómputo del silencio administrativo,
cuyas reglas se resumen así:
Fecha de radicación de la solicitud: 2 de octubre de 2009
Fecha del acta de observaciones y correcciones núm. 01697: 4 de noviembre de
2009.
Desde el 5 de octubre de 2009 (día siguiente al de la radicación de la solicitud)
hasta el 4 de noviembre de 2009, habían transcurrido 21 días hábiles.
El solicitante contaba con un plazo de treinta (30) días hábiles para dar respuesta
al requerimiento. Durante este plazo -30 días- se suspendió el término para la
expedición de la licencia (artículo 27 del Decreto 564 de 2006), esto es, hasta el
día 18 de diciembre de 2009.
Por ende, los 24 días restantes se reiniciaron a partir del 21 de diciembre de 2009
y vencieron el día 26 de enero de 2010 – fecha de vencimiento-.
Para esa fecha (26 de enero de 2010), el actor ya conocía de la existencia de la
Resolución 00115 de 21 de enero de 2010, que formalizó el desistimiento de la
solicitud.
La notificación de la Resolución 00115 de 21 de enero de 2010 fue realizada
mediante llamada telefónica el 26 de enero de 2010 y, posteriormente, por correo
certificado, medios eficaces según el artículo 44 del CCA.
49. Consideró que en el sub lite, la Notaría Primera del Círculo de Pereira, al
protocolizar el silencio administrativo positivo partió de la falsa premisa que el
demandante no había sido notificado de decisión alguna por parte de la curaduría
en relación con la licencia de construcción pues “[…] tal y como quedó demostrado
el señor Silvio Giraldo para el día que acudió a la Notaría, esto es, el 29 de enero,
ya conocía de la expedición de la Resolución No. 00115 del 21 de enero de 2010,
por medio de la cual se declaró desistida su solicitud de licencia de construcción
[…]”.
50. En consecuencia, argumentó que “[…] la Resolución No. 00006 “por la cual se
ordena la revocatoria directa de un silencio administrativo positivo” no está viciada
10
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
de nulidad, por cuanto como quedó examinado y en ella se expresa, “el silencio
administrativo positivo NUNCA debió protocolizarse, porque el solicitante
conocía ya una decisión del despacho respecto a su solicitud […]”. (Negrilla y
subrayado del texto)
I.6. El recurso de apelación22
51. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda con el fin de que sea
revocada23.
52. Encontró probado que: (i) el señor Silvio Giraldo Pineda radicó licencia de
construcción para el proyecto del local comercial el día 2 de octubre de 2009; (ii) la
Curaduría Urbana Primera de Pereira expidió el acta de observaciones y
correcciones núm. 001697 el día 4 de noviembre de 2009, otorgándole un plazo de
30 días hábiles con el fin de corregir y aclarar las observaciones mencionadas en
la referida acta -para esa fecha habían transcurrido 21 días hábiles-; (iii) el
demandante, a través del arquitecto Álvaro Iván Giraldo Marín y del ingeniero civil
Andrés Toro Henao procedió a subsanar la respuesta el día 13 de noviembre de
2009; (iv) a partir del 14 de noviembre de 2009, se reanudó nuevamente el término
de la administración para pronunciarse respecto de la solicitud, el cual venció el día
21 de diciembre de 2008 y, (v) la Resolución 00115 de 21 de enero de 2010, por
medio de la cual se formalizó el desistimiento de la solicitud de licencia de
construcción, se notificó el 1° de febrero de 2010, esto es, dicho acto se expidió y
notificó por fuera del término previsto en el artículo 28 del Decreto 564 de 2006.
53. Argumentó que la interpretación del a quo que exige cumplir con los 30 días
hábiles de que trata el artículo 28 del Decreto 564 de 2006 resulta equivocada pues,
en el sub lite, no era necesario esperar a que se cumpliera todo el plazo otorgado -
30 días hábiles- dado que las observaciones solicitadas por la curaduría fueron
subsanadas antes del vencimiento de dicho término -13 de noviembre de 2009-.
54. Señaló que el actor cumplió a cabalidad con las observaciones y correcciones
solicitadas y, no como de manera equivocada lo interpretó la Curaduría Urbana
Primera de Pereira, al señalar que los planos eran ilegibles.
55. Mencionó que la exigencia relacionada con el trámite del plan de implantación
debió requerirse dentro del acta de observaciones y correcciones núm. 001697 de
4 de noviembre de 2009.
56. Al respecto, aseguró que la norma es clara en señalar que, una vez efectuada
la revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica del proyecto, el
curador competente levantará, por una sola vez si a ello hubiere lugar, un acta de
22
Folios 385 a 391, cuaderno 1-1.
23
El apelante precisó que, aunque no se determinó un valor económico en las pretensiones de la demanda “[…] el
resarcimiento económico quedó establecido en el acápite de la cuantía”. Solicitó la aplicación del principio “[…] Iura Novit
Curia […]”, que obliga al juez a interpretar el derecho con prescindencia del invocado por las partes
11
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
observaciones y correcciones que deben hacerse al proyecto, así como los
documentos adicionales que deben aportarse para decidir sobre la solicitud.
57. Insistió en que el plan de implantación previsto en el artículo 295 del Plan de
Ordenamiento Territorial resulta exigible solo para los usos especiales, según el
artículo 26 del Decreto 449 de 2009. En este caso, era claro que el uso solicitado
para la construcción del proyecto era el de servicios, por lo que, a juicio del
apelante, no era aplicable dicha exigencia.
58. En síntesis, señaló que en el presente caso se configuró el silencio
administrativo positivo.
I.7. El trámite del recurso de apelación en segunda instancia
59. El día 6 de febrero de 201424, la magistrada encargada de la sustanciación del
proceso, mediante auto proferido en esa fecha, concedió el recurso de apelación25.
60. El día 30 de noviembre de 201526, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante. Según auto de 25 de mayo de
201627, se corrió traslado a las partes para que presenten sus alegatos de
conclusión y al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera
concepto.
61. El municipio de Pereira señaló que: (i) en el presente caso operó la caducidad
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de la Resolución
00115 de 21 de enero de 2010, acto que fue notificado de manera personal el 1° de
febrero de 2010; (ii) se presentó una falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad respecto de la citada Resolución 00115 de 21 de enero de 2010 y;
(iii) operó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo el
entendido que no resulta posible imputar daño a esa entidad territorial.
62. Adujo que la parte demandante “[…] pretende que en aplicación del principio
general del derecho iura novit curia el juez, como perito del derecho […]” subsanar
las deficiencias procesales de la demanda y del petitum señalado en el líbelo, lo
cual sería contrario no solo a los mandatos de optimización sino también a las reglas
del proceso contencioso administrativo.
63. El Curador Urbano Primero de Pereira y el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.
24
Folio 393, cuaderno 1-2.
25
En dicho auto se indicó: “[…] [S]i bien es cierto que en las consideraciones de la sentencia proferida el 22 de noviembre
de 2013 se determinó que de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 131 del Código Contencioso
Administrativo, el presente asunto corresponde a un proceso de única instancia, se concede en el efecto suspensivo el
recurso de apelación interpuesto y sustentado por la parte actora contra el mencionado fallo dentro del término legal
establecido para ello, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado admitió y tramitó la impugnación del auto del 5 de julio
de 2011 […]”.
26
Folio 4, cuaderno Consejo de Estado.
27
Folio 15, cuaderno Consejo de Estado.
12
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Demandante: Silvio Giraldo Pineda
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
64. Esta Sala de decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
abordará: (i) su competencia; (ii) el acto demandado; (iii) el problema jurídico; (iv) el
marco jurídico sobre las licencias de construcción y el silencio administrativo
positivo; (v) hechos de relevancia probatoria; (vi) análisis del caso concreto y (vii)
pronunciamiento sobre la condena en costas.
II.1. La competencia
65. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA 28 y el artículo 13
del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer en segunda instancia del recurso interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda29.
II.2. El acto demandado
66. El acto acusado corresponde a la Resolución 000006 de 2010, mediante la cual
la Curaduría Urbana Primera de Pereira revocó el silencio administrativo positivo
protocolizado en la Escritura Pública 342 de 29 de enero de 2010, que es del
siguiente tenor:
“[…] CURADURÍA URBANA PRIMERA
PEREIRA
RESOLUCIÓN No. 000006
“Por la cual se ordena la revocatoria directa de un silencio administrativo
positivo”
EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PEREIRA, en uso de sus
facultades Constitucionales y legales en especial las conferidas por
los artículos 69 y 73 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso
Administrativo), artículo 37 del Decreto 564 de 2006 y la Resolución
2146 de noviembre 27 de 2006 y,
[…]
ANÁLISIS DEL ACTO REVOCADO
28
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.
29
En el sub examine, se encuentra acreditado que, aunque en las pretensiones de la demanda no se solicitó como
restablecimiento del derecho una suma determinable en valor pecuniario, lo cierto es que, en el acápite denominado “[…]
cuantía y procedimiento […]”, la parte demandante estimó la cuantía en $176.750.971, es decir, se fijó en la suma en más de
300 salarios mínimos legales vigentes, correspondientes a los perjuicios económicos que sufrió con ocasión de la expedición
de la Resolución 000006 de 12 de febrero de 2010. (Al respecto, se puede consultar Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 18 de agosto de 2016, radicado:11001-03-26-000-2016-00023-00
(56204), MP: Marta Nubia Velásquez Rico).
13
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Demandante: Silvio Giraldo Pineda
Con la expedición del silencio administrativo positivo contenido en la
Escritura Pública 342 del 29 de enero de 2010, se violan las siguientes
disposiciones legales:
El Artículo 42 del Decreto 01 de 1984, Establece:
“Art. 42. Procedimiento para invocar el silencio administrativo
positivo. La persona que se hallare en las condiciones previstas en las
disposiciones legales que establece el beneficio del silencio administrativo
positivo, protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 5°.,
junto con su declaración jurada de no haberle sido notificada una decisión
dentro del término previsto…” (subrayado fuera de texto)
Para la expedición de la escritura pública el señor Silvio Giraldo, presentó
declaración jurada de no haberle sido notificada una decisión
personal de la decisión, lo que no corresponde a la realidad dado que
para la fecha se le había avisado telefónicamente la expedición de la
Resolución de desistimiento.
Aunado a lo anterior y como lo manifiesta la Doctrina, citada aquí en
palabras del Doctor Miguel González Rodríguez, "Solamente en los casos
expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio de la
administración equivale a decisión positiva. Los términos que tenga la
administración para resolver las peticiones iniciales que se le hagan,
serán los señalados en ésas (sic) disposiciones especiales que regulan
una materia o actividad administrativa determinada, y no el de tres meses
que el estatuto señala en el art. 40 para que se dé el silencio
administrativo negativo. Esos términos para decidir, comienzan a contarse
a partir del día en que se inició la actuación, siempre y cuando la
petición que la origina cumpla con los requisitos de ley, especial o
la ordinaria". (negrilla fuera de texto)
Conforme a lo expuesto el silencio administrativo positivo NUNCA debió
protocolizarse, no solo porque el solicitante conocía ya una decisión del
despacho respecto a su solicitud, sino porque conforme a lo establecido
en el artículo 28 del Decreto 564 de 2006, el silencio administrativo
positivo aplicaría transcurridos cuarenta y cinco (45) días hábiles para
pronunciarse sobre la solicitud de licencia sin que lo haya hecho la entidad
encargada (lo que no aplica para el caso de marras) pero en ningún caso
en contravención de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, lo
que debió verificarse por el Notario Público con los Curadores Urbanos o
con la Secretaria (sic) de Planeación Municipal, antes de expedir la
escritura correspondiente.
Como puede verificarse en el expediente, el licenciamiento de este
proyecto, estaría en contravención con las normas urbanísticas
vigentes, dado que pretendió licenciarse como obra nueva una
edificación existente, cuando en su lugar debió solicitarse licencia de
demolición y construcción de obra nueva, además porque no se ha
formulado el plan de implantación que requiere el proyecto por tratarse de
un uso de alto impacto, y porque no se cumplió con los requerimientos
efectuados por la Curaduría Primera dentro del trámite del mismo.
De otra parte el Decreto Nacional 564 de 2006, establece:
“Artículo 1. Licencia urbanística. Es la autorización previa, expedida
por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, para
adelantar obras de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de
predios; de construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento
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Demandante: Silvio Giraldo Pineda
estructural, modificación, demolición de edificaciones, y para la
intervención y ocupación del espacio público, en cumplimiento de las
normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de
Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen o
complementen y en las leyes y demás disposiciones que expida el
Gobierno Nacional" (negrillas propias).
Como ya se ha manifestado la licencia solicitada no corresponde a una
obra nueva, sino a una edificación existente, con el agravante de que el
proyecto presentado para licenciar, no corresponde con el existente en la
obra física.
Al definir la Licencia de Construcción el Decreto 564 de 2006, señala:
“Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorización
previa para desarrollar edificaciones en uno o varios predios, de
conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial,
los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás
normatividad que regule la materia” (negrilla propia)
Esta norma hace una clara alusión a la sumisión que al Plan de
Ordenamiento Territorial deben hacer todas las edificaciones. El permitir
configurar el silencio administrativo, mediante procedimientos como el
descrito en los antecedentes de la actuación, en que abusando de la
buena fe del notario público se obtiene en principio, la legalidad para
actuar, a sabiendas del desistimiento de su solicitud, sería ampliamente
dañino del ordenamiento espacial (sic) contenido en el Plan de
Ordenamiento Aprobado.
Concluyendo lo anterior, se considera que dado que el particular recibió
respuesta oportuna, como queda demostrado en el expediente, que no
agotó los recursos que procedían contra el acto y que la mala fe y el dolo
en la actuación del particular no puede generar derechos, máxime como
en éste (sic) caso que quedaría expuesto el ordenamiento urbano, con el
actuar descrito en éste (sic) acto administrativo abiertamente contrario a
derecho, la Curaduría Primera de Pereira.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Revóquese el silencio administrativo positivo
contenido en la Escritura Pública 342 del 29 de enero de 2010, de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva y considerativa de ésta (sic)
providencia.
ARTICULO SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, ordénese al
Notario Primero de la ciudad de Pereira, proceder a cancelar la escritura
pública No. 342 del 29 de enero de 2010.
ARTICULO TERCERO. Con objeto de proteger a terceros de buena fe,
se ordena publicar la parte resolutiva de ésta (sic) providencia en un diario
de amplia circulación local.
[…]”. (Negrilla, cursivas y subrayado del texto)
II.3. El problema jurídico
67. De conformidad con los argumentos de la alzada, la Sala debe analizar la
legalidad de la Resolución 000006 de 2010, mediante la cual el Curador Primero
15
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Demandante: Silvio Giraldo Pineda
Urbano de Pereira revocó el silencio administrativo positivo protocolizado en la
Escritura Pública 342 de 29 de enero de 2010. En tal virtud, se debe establecer si
procedía o no la revocatoria del acto ficto o presunto derivado del silencio
administrativo positivo en el trámite de licencia de construcción adelantado por el
señor Silvio Giraldo Pineda ante la Curaduría Urbana Primera de Pereira para
construir un local comercial.
II.4. Marco jurídico sobre las licencias de construcción y el silencio
administrativo positivo
68. Concepto de licencia de construcción. La licencia de construcción es la
autorización previa para desarrollar edificaciones en uno o varios predios, según el
Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y
complementen y demás normatividad que regule la materia30.
69. Modalidades de la licencia de construcción. Son modalidades, las
siguientes: (i) obra nueva: es la autorización para adelantar obras de edificación en
terrenos no construidos; (ii) ampliación: es la autorización para incrementar el área
construida de una edificación existente, entendiéndose por área construida la parte
edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y áreas sin cubrir o techar; (iii) adecuación: es la autorización para cambiar
el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la permanencia del inmueble
original; (iv) modificación: es la autorización para variar el diseño arquitectónico o
estructural de una edificación existente, sin incrementar su área construida; (v)
restauración: es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y
adaptar una edificación declarada como bien de interés cultural o parte de ella, con
el fin de mantener el uso original o permitir el desarrollo de otro uso garantizando
en todo caso la conservación de los valores urbanos, arquitectónicos, estéticos e
históricos establecidos en su declaratoria; (vi) reforzamiento estructural: es la
autorización para intervenir o reforzar la estructura de uno o varios inmuebles, con
el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismorresistente de
acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997 o la norma que la adicione,
modifique o sustituya y su reglamento; (vii) demolición: es la autorización para
derribar total o parcialmente una o varias edificaciones existentes en uno o varios
predios; y (viii) cerramiento: es la autorización para encerrar de manera
permanente un predio de propiedad privada31.
70. Solicitud y documentos exigibles. Toda solicitud de licencia de urbanismo
deberá acompañarse de los documentos enlistados en el artículo 18 del Decreto
30
Artículo 7° del Decreto 564 de 2006.
31
Ibidem.
16
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564 de 200632. Tratándose de licencia de construcción se debe presentar los
documentos enlistados en el artículo 22 ibidem33.
71. Procedimiento para la expedición de la licencia. El procedimiento se
encuentra integrado por las siguientes etapas: (i) la citación a vecinos colindantes34;
(ii) intervención de terceros35; (iii) la revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística
y arquitectónica a fin de verificar el cumplimiento del proyecto con las normas
urbanísticas, de edificación y estructurales vigentes36 y; (iv) la expedición del acta
de observaciones y correcciones que debe expedirse, por una sola vez, si a ello
hubiere lugar, en la que se debe informar al solicitante sobre las actualizaciones,
correcciones o aclaraciones que debe realizar al proyecto y los documentos
adicionales que debe aportar para decidir sobre la solicitud; en este caso, el
solicitante contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para dar respuesta al
requerimiento, el cual podrá ser ampliado, a solicitud de parte hasta por un término
adicional de quince (15) días hábiles y durante este plazo se suspenderá el término
para la expedición de la licencia37.
72. En esta perspectiva, el actor es de la tesis de que la suspensión opera desde la
fecha en que se expida el acta de observaciones hasta que el solicitante subsane
las deficiencias advertidas. El a quo, por su parte, interpreta que la suspensión de
32
Son: “[…] 1. Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, cuya fecha de
expedición no sea superior a un mes antes de la fecha de la solicitud; 2. El formulario único nacional para la solicitud de
licencias adoptado mediante la Resolución 0984 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la
norma que la adicione, modifique o sustituya, debidamente diligenciado por el solicitante; 3. Si el solicitante de la licencia
fuera una persona jurídica, deberá acreditarse la existencia y representación de la misma mediante el documento legal idóneo,
cuya fecha de expedición no sea superior a un mes; 4. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado; 5. Copia del documento que acredite el pago o declaración privada con pago del impuesto predial de los últimos cinco años
en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, donde figure la nomenclatura alfanumérica o identificación del
predio. En los casos donde exista un acuerdo de pago, se requerirá constancia de la Secretaría de Hacienda o quien haga
sus veces, estableciendo que el interesado se encuentra dando cumplimiento al mismo; 6. Plano de localización e
identificación del predio o predios objeto de la solicitud; 7. La relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto
objeto de la solicitud. Se entiende por predios colindantes aquellos que tienen un lindero en común con el inmueble o
inmuebles objeto de solicitud de licencia; 8. En el evento que el proyecto sometido a consideración tenga por objeto el
desarrollo de programas de vivienda de interés social, el titular de la licencia así lo manifestará bajo la gravedad del juramento
y de ello se dejará constancia en el acto administrativo que resuelva la solicitud de licencia. […]”. 33
Son: “[…] 1. Copia de la memoria de los cálculos estructurales, de los diseños estructurales, de las memorias de otros
diseños de los elementos no estructurales y de los estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar la estabilidad
de la obra, elaborados de conformidad con las normas de construcción sismorresistentes vigentes al momento de la solicitud,
rotulados y firmados por los profesionales facultados para este fin, quienes se harán responsables legalmente de los diseños
y de la información contenida en ellos. 2. Una copia en medio impreso y una copia magnética del proyecto arquitectónico,
elaborado de conformidad con las normas urbanísticas y arquitectónicas vigentes al momento de la solicitud debidamente
rotulado y firmado por un arquitecto con matrícula profesional, quien se hará responsable legalmente de los diseños y de la
información contenida en ellos. Los planos arquitectónicos y constructivos deben contener como mínimo la siguiente
información: a) Plantas; b) Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada escala formal indicada
de fácil lectura. Cuando el proyecto esté localizado en suelo inclinado, los cortes deberán indicar la inclinación real del terreno;
c) Fachadas; d) Planta de cubiertas; e) Cuadro de áreas. 3. Si la solicitud de licencia se presenta ante una autoridad distinta
a la que otorgó la licencia original, se adjuntarán las licencias anteriores, o el instrumento que hiciera sus veces junto con sus
respectivos planos. Cuando estas no existan, se deberá gestionar el reconocimiento de la existencia de edificaciones regulado
por el Título II del Decreto 564. Esta disposición no será aplicable tratándose de solicitudes de licencia de construcción en la
modalidad de obra nueva. 4.
Concepto favorable sobre la intervención propuesta expedido por el Ministerio de Cultura, o de
alguna de las filiales del Consejo de Monumentos Nacionales donde existan, o en su defecto, por la entidad que haga sus
veces, cuando el objeto de la licencia sea la intervención de un bien de interés cultural, en los términos que se definen en la
Ley 397 de 1997 o en las normas del Plan de Ordenamiento Territorial respectivo. 5. Cuando se trate de licencias para la
ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural o demolición de inmuebles sometidos al régimen de
propiedad horizontal, copia del acta del órgano competente de administración de la propiedad horizontal o del documento que
haga sus veces, según lo disponga el respectivo reglamento de propiedad horizontal vigente, autorizando la ejecución de las
obras solicitadas. Estas licencias deberán acoger lo establecido en los respectivos reglamentos. […]”. 34
Artículo 24 ibidem. 35
Artículo 25 ibidem. 36
Artículo 26 ejusdem. 37
Artículo 27 ibidem. Modificado por el artículo 3 del Decreto 4397 de 2006. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de febrero de 2014, MP: Guillermo Vargas Ayala, radicado: 25000-23-24-
000-2007-00352-01.
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los términos opera por el plazo de treinta (30) días hábiles, independientemente de
que se subsanen las deficiencias con anterioridad al vencimiento de dicho término.
73. En efecto, el a quo al referirse al alcance de esta norma señaló:
“[…] Así pues, el término se reinició el día 21 de diciembre de 2009, día
hábil siguiente al vencimiento del plazo – artículo 121 del C.P.C. en
concordancia con el artículo 65 del Código de Régimen Político y
Municipal, Ley 4ª de 1913)38, pues los treinta días de que trata la norma
vencieron el 18 de diciembre de 2009.
Por lo tanto, como ya habían transcurrido 21 días de los 45 con que cuenta
el Curador para efectuar pronunciamiento en relación con la solicitud
elevada por el señor Silvio Giraldo, se tiene que el día 26 de enero de
2010 fenecía dicho término. Así pues, tal y como quedó analizado
anteriormente, para ese momento ya se había proferido la Resolución No.
00115 (21 de enero) y ese mismo día 26 de enero una funcionaria de la
Curaduría Urbana Primera de Pereira informó al interesado (señor Giraldo
Pineda), por un medio eficaz, como lo es la llamada telefónica al número
314-7922278, sobre su expedición, con el fin de lograr la notificación
personal, por tal motivo no puede decirse que el Curador en el término
establecido guardó silencio y no le hizo saber al peticionario de alguna
decisión, pues probado en autos está que se informó dentro del plazo
legal la existencia de la Resolución que declaraba desistida dicha solicitud
[…]”. (Negrilla y subrayado del texto)
74. De conformidad con el artículo 27 del Decreto 564 de 2006 “[…] [e]l solicitante
contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para dar respuesta al
requerimiento. Este plazo podrá ser ampliado, a solicitud de parte, hasta por un
término adicional de quince (15) días hábiles […]”. A renglón seguido, la referida
norma señala que “[…] [d]urante este plazo se suspenderá el término para la
expedición de la licencia […]”. (Negrilla fuera del texto).
75. A juicio de la Sala, y atendiendo el principio hermenéutico que apunta a
reconocer el efecto útil de la norma, la suspensión no opera de manera automática
por el término de treinta (30) días hábiles como lo interpretó el a quo, sino hasta la
fecha en que el solicitante radique en debida forma la respuesta al acta de
observaciones y correcciones.
76. El término para resolver la solicitud, el silencio administrativo positivo y
el procedimiento. Las autoridades competentes tienen un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles para pronunciarse sobre las solicitudes de
licencia, contados desde la fecha en que la solicitud haya sido radicada en debida
forma39.
77. El silencio administrativo positivo se configura si en el plazo establecido en la
norma, la autoridad competente no se ha pronunciado sobre la solicitud de licencia.
38
(Cita original): Artículo 62. LEY 4 DE 1913. “En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden
suprimidos los feriados y vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el
calendario; pero si el último día fue feriado o de vacancia, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”. (Negrilla y
subrayado fuera de texto).
39
Artículo 28 ejusdem.
18
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Demandante: Silvio Giraldo Pineda
En estos eventos se entiende que la solicitud se resolvió favorablemente, pero, en
ningún caso, en contravención de las normas urbanísticas y de edificación vigentes,
quedando obligadas la autoridad municipal o distrital responsable o el curador
urbano a expedir las constancias y certificaciones requeridas para evidenciar la
aprobación del proyecto presentado.
78. El procedimiento previsto para la invocación del silencio administrativo
positivo, en virtud de la remisión a las normas del Código Contencioso
Administrativo, se encuentra contemplado en el artículo 42 del CCA 40.
79. Efectos de la licencia. El otorgamiento de la licencia determinará la
adquisición de los derechos de construcción y desarrollo, ya sea parcelando,
urbanizando o construyendo en los predios objeto de esta en los términos y
condiciones expresados en la respectiva licencia41.
80. Desistimiento. El solicitante podrá desistir de la misma mientras no se haya
notificado el acto administrativo mediante el cual se aprueba o niega la solicitud
presentada. Cuando el solicitante de la licencia no haya dado cumplimiento a los
requerimientos exigidos en el acta de observaciones y correcciones dentro de los
términos allí indicados, la solicitud se entenderá desistida y se procederá al archivo
del expediente mediante acto administrativo42.
II.5. Hechos de relevancia probatoria
81. En el presente caso, se encuentran probados los siguientes hechos:
82. El señor Silvio Giraldo Pineda es propietario de un lote ubicado en la calle 22
No. 14-02, el cual consta de un área de 362 metros cuadrados, cuyos linderos se
encuentran definidos en la Escritura Pública 1597 de 21 de abril de 2009 de la
Notaría Primera del Círculo de Pereira, en el cual funciona el establecimiento
comercial “[…] Ay Hombe […]43”.
40
“[…] PROCEDIMIENTO PARA INVOCAR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 42. La persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el
beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 5º, junto con su
declaración jurada de no haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto.
La escritura y sus copias producirá (sic) todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió, y es deber de todas
las personas y autoridades reconocerla así.
Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículo se entenderá que ellos carecen de valor
económico […]”.
41
Artículo 29 del Decreto 564 de 2006.
42
Artículo 30 del Decreto 564 de 2006.
43
Cfr: folio 106, cuaderno 1 principal.
19
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
83. El actor presentó solicitud de licencia de construcción, bajo la modalidad de obra
nueva44, para el proyecto de local comercial ubicado en la Calle 22 No. 14-02, con
fecha de radicación del 2 de octubre de 2009, a la cual se le asignó el número de
radicado: 09099625.
84. El día 4 de noviembre de 200945, la Curaduría Urbana Primera de Pereira
expidió acta de observaciones y correcciones núm. 001697, en la cual quedaron
plasmadas las siguientes anotaciones:
“[…] 1. Los planos arquitectónicos y estructurales deben imprimirse en
blanco y negro, no a color, lo cual está haciendo totalmente ilegible la
lectura de cotas y detalles generales.
2. En el plano # 1 de localización general, deben aparecer debidamente
acotadas las dimensiones de los andenes y zonas verdes de las calles 22
y 22Bis, así como las secciones reglamentadas para la avenida 30 de
Agosto. Similarmente, deben ajustarse o aclararse las dimensiones de los
linderos de acuerdo al certificado 610 del IGAC de Abril de 2009 y a la
escritura 1597 de la Notaría Primera.
3. Similarmente en el plano #3, deben aparecer explícitamente acotadas
las dimensiones de los andenes y zonas verdes de las calles 22 y 22BIS,
así como las secciones reglamentadas para la avenida 30 de Agosto. Los
andenes deben ser continuos, para garantizar la movilidad. La rampa de
acceso al parqueadero no debe entonces interrumpir el andén. De
acuerdo a la revisión arquitectónica en donde se superpone el proyecto
arquitectónico presentado sobre el perfil del lote ajustado por el IGAC, se
observa el no cumplimiento del retiro reglamentario para andén y zona
verde de la calle 22Bis.
4. En los cortes de los planos # 4, 5 y 6 deben aparecer explícitamente
acotadas las dimensiones de los andenes y zonas verdes de las calles 22
y 22Bis.
5. En los planos estructurales deben aparecer expresamente las
características de uno de los métodos definidos en G.11.2.3.
Similarmente, debe aparecer la lista de los requisitos de G.11.4.7 en forma
expresa, la lista de los requisitos de G.11.4.8, y aclarar si estos últimos
requisitos fueron tenidos en cuenta y como (sic).
44
Folios 55 y 120. Anexo 1.
45
Folios 12 a 13. Anexo 1.
20
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
[…]
6. Debido a la presencia de combinación de sistemas estructurales en
altura, se debe aclarar si se cumplieron los requisitos de la tabla A.3.-5.
[…]
7. Aclarar porqué el sistema de muros confinados en el sector de Vestier,
bodega, y baños está apoyado sobre una placa aérea porticada.
8. Como este establecimiento corresponde a aquellos dedicados a prestar
servicios y generar actividades de diversión y esparcimiento
público, que tienen como característica la venta y consumo de licor,
lo cual puede producir un alto impacto social y ambiental, debido al
ruido generado, a la demanda de zonas de parqueo, al flujo peatonal y
vehicular, entre otros, se debe acoger a la normativa específica sobre
niveles de ruido, y en cada caso señalar los mecanismos para la
mitigación de los impactos generados por éste, pantallas, doble vidrio,
aislamientos, entre otros, aclarar en los planos arquitectónicos las
medidas adoptadas para esta mitigación. […]”. (Negrilla fuera del texto)
85. A través del oficio con sello de recibido de la Notaría Primera del Círculo de
Pereira de fecha 13 de noviembre de 200946, el señor Álvaro Iván Giraldo Marín, en
su calidad de arquitecto del proyecto, dio respuesta a los puntos 1°, 2°, 3°, 4° y 8
del acta de observaciones referida ut supra, en los siguientes términos:
“[…] 1. Punto 1 Adjunto planos arquitectónicos impresos a blanco y negro.
2. Punto 2 adjunto plano de localización general, con las dimensiones de
los andenes y zonas verdes de las calles 22 y 22 bis, así como las
secciones reglamentadas para la avenida 30 de agosto, al igual aclaración
y ajuste de los linderos de acuerdo al certificado 610 del IGAC de abril
2009 y a la escritura de la notaria (sic) primera.
3. Punto 3. Adjunto plano No. 3 con las correcciones solicitadas (sic)
4. Adjunta planos No. 4, 5 y 6 con las correcciones solicitadas (sic)
5. Con respecto al punto 8, me permito adjuntar la planimetría
arquitectónica, con las indicaciones respecto a las medidas tomadas para
esta mitigación (sic)
Con respecto a los puntos 5, 6 y 7 la información respectiva será brindada
por el ingeniero civil respectivo (sic) […]”
86. El mismo día 13 de noviembre de 200947, el ingeniero civil Andrés Toro Henao
dio respuesta a los numerales 5°, 6° y 7° de la referida acta en relación con las
observaciones estructurales del proyecto, en el siguiente sentido:
“[…] 5. En los planos estructurales deben aparecer expresamente las
características de uno de los métodos definidos en G.11.2.3.
Similarmente, debe aparecer la lista de los requisitos de G.11.4.7 en forma
46
Folio 15 Anexo 1.
47
Folios 16 a 19 Anexo 1.
21
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
expresa, la lista de los requisitos de G. 11.4.8, y aclarar si estos últimos
requisitos fueron tenidos en cuenta y como (sic).
[…]
R/ Se utilizará el método (b) de recubrimiento el cual consiste en la
aplicación de revestimientos en forma de pintura. Estas podrán ser a base
de silicatos solubles en agua, resinas de urea, carbohidratos, aloginabos
(sic) y emulsiones polivinílicas y aplicado según las recomendaciones del
fabricante. Una de las opciones en el mercado es Pintura Intumescente
de Pintuco, la cual se degrada formando una película aislante al calor,
cuando se supera la temperatura máxima, superior a 400 grados
centígrados. […]
[…]
6. Debido a la presencia de combinación de sistemas estructurales en
altura, se debe aclarar si se cumplieron los requisitos de la tabla A.3.-5.
R/ De acuerdo con la Tabla A.3.5 – Mezcla de sistemas estructuras en
altura. Se permite que la parte superior flexible puede ser analizada y
diseñada como una estructura separada, apoyada para efecto de las
fuerzas horizontales por la parte más rígida inferior, usando el valor
apropiado de Ro y para el caso de muros confinados y de edificaciones
en madera es Ro = 1.5. […]
[…]
7. Aclarar porque (sic) el sistema de muros confinados en el sector de
Vestier, bodega, y baños está apoyado sobre una placa aérea aporticada.
R/ La zona de muros confinados se considero (sic) para el cálculo como
una edificación independiente apoyada sobre la placa y pórtico del
parqueadero tal como lo expresado en la Tabla A.3.5 para la Mezcla de
sistemas estructuras en altura y que es permitido por la NSR-98. […]
[…]
8. Como este establecimiento corresponde a aquellos dedicados a prestar
servicios y generar actividades de diversión y esparcimiento público, que
tienen como característica la venta y consumo de licor, lo cual puede
producir un alto impacto social y ambiental, debido al ruido generado, a la
demanda de zonas de parqueo, al flujo peatonal y vehicular, entre otros,
se debe acoger a la normativa específica sobre niveles de ruido, y en cada
caso señalar los mecanismos para la mitigación de los impactos
generados por éste, pantallas, doble vidrio, aislamientos, entre otros,
aclarar en los planos arquitectónicos las medidas adoptadas para esta
mitigación.
R/ No corresponde al ingeniero calculista establecer las medidas de
mitigación de ruido.
Conclusiones:
1. No se modifica el diseño estructural del sistema del pórtico para el
parqueadero, inclusive teniendo en cuenta las indicaciones de la Tabla
A.3-5.
2. Se entrega nuevamente los planos estructurales incluyendo las
recomendaciones del Título G. […]”. (Subrayado del texto)
22
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
87. El día 9 de diciembre de 2009, la Curaduría Urbana Primera de Pereira, en el
trámite interno de la licencia expidió la siguiente acta de observaciones48, en la cual
se lee lo siguiente:
88. La Curaduría Urbana Primera de Pereira expidió la Resolución 00115 de 21 de
enero de 201049, mediante la cual declaró desistida la solicitud de licencia de
construcción. En los considerandos del referido acto se indicó lo siguiente:
“[…] Que además de lo anterior, el proyecto por encontrarse dentro de los
usos de alto impacto del grupo de servicios debía tramitar plan de
implantación ante la Secretaría de Planeación Municipal de Pereira (art.
295 del Acuerdo 23 de 2006) y los planos debían presentarse impresos
en una escala en las que las cotas sean legibles, situación que no se
verificó para este proyecto.
[…]
Que el 13 de noviembre de noviembre (sic) de 2009, mediante oficio
allegado por el solicitante se cumplió parcialmente con algunos de los
requerimientos efectuados en acta de observaciones, notificada el 05 de
noviembre de 2009, sin que se cumpliera con la totalidad de los
requerimientos efectuadas en el acta de observaciones y correcciones.
Que vencido el término concedido en el acta de observaciones y
correcciones para cumplir con los requerimientos efectuados, no se dio
cumplimiento a la totalidad de las observaciones.
[…]”.
48
Folio 76. Anexo 1.
49
Folios 6 a 7. Anexo 1.
23
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Declarar desistida la solicitud de Licencia de
Construcción modalidad obra nueva en el predio ubicado en la CALLE 22
N° 14-02, identificado con la ficha catastral N° 01-06-0132-0001-000
radicada en legal y debida forma en este despacho bajo el número
09099625 el día 02 de octubre de 2009, conforme a lo dispuesto en la
parte considerativa de este acto administrativo.
[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto)
89. Para efectos de surtir la notificación de la Resolución 00115 de 21 de enero de
2010, citada ut supra, reposan los siguientes elementos de prueba:
• Reporte de la secretaría sobre las citaciones telefónicas el día 26 de enero
de 2010, hora 9:24 am, al número de teléfono 3147922278, que pertenece al
arquitecto Álvaro Giraldo50:
• Detalle de las llamadas telefónicas del celular de propiedad del señor Luis
Fernando Montes Posada51.
• Envío de comunicación el día 29 de enero de 201052, hora: 17.28, por la
empresa deprisa, al señor Silvio Giraldo Pineda.
• Constancia de notificación personal de 1° de febrero de 201053 al señor Silvio
Giraldo Pineda en el siguiente sentido:
50
Cfr. Folio 27. Anexo 1.
51
Folios 28 a 34, Anexo 1.
52
Cfr. Folio 26 reverso. Anexo 1.
53
Cfr. Folio 25. Anexo 1.
24
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
En dicho documento, valga resaltar, el señor Silvio Giraldo Pineda dejó la siguiente
constancia54:
54
Cfr. Folio 26. Anexo 1.
25
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
90. El día 29 de enero de 2010, el señor Silvio Giraldo Pineda compareció ante la
Notaría Primera del Círculo de Pereira, con el fin de que se protocolizara el acto
ficto derivado del silencio administrativo positivo55.
91. A través de la Escritura Pública 342 de 29 de enero de 2010 56, la Notaría
Primera del Círculo de Pereira protocolizó el acto ficto derivado del silencio
administrativo positivo.
92. El Curador Urbano Primero de Pereira expidió la Resolución 000006 de 2010 57,
mediante la cual revocó el silencio administrativo positivo protocolizado en la
Escritura Pública 342 de 29 de enero de 2010. El contenido de esta resolución fue
notificado de manera personal el 18 de febrero de 201058.
93. El contenido del referido acto fue publicado en el periódico “[…] LA TARDE
[…]”59.
94. Mediante Escritura Pública 864 de 3 de marzo de 201060, la Notaría Primera del
Círculo de Pereira dejó sin efectos la Escritura Pública 342 de 29 de enero de 2010.
95. Consta la copia de la actuación adelantada por la Dirección Operativa de la
Secretaría de Gobierno del municipio de Pereira en contra del establecimiento de
comercio “[…] Ay Hombe […]61” por violación a las normas de urbanismo, a su vez
anulado mediante la Resolución 3413 de 13 de octubre de 2009.
96. Se aportaron igualmente copias del Acuerdo 23 de 200662 y del Decreto 449 de
2007.
II.6. Análisis del caso concreto
97. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia de 22 de noviembre
de 2013, consideró que la resolución enjuiciada se encontraba ajustada al
ordenamiento jurídico, toda vez que el señor Silvio Giraldo Pineda, a fin de
protocolizar el silencio administrativo positivo, presentó declaración juramentada de
no haberle sido notificada decisión alguna respecto del trámite de la licencia, lo cual
no corresponde a la realidad.
98. Adujo que, según el artículo 28 del Decreto 564 de 2006, el plazo para resolver
la solicitud de licencia de construcción presentada por el señor Silvio Giraldo Pineda
vencía el 26 de enero de 2010. Para esa fecha, aseguró, ya se había expedido la
Resolución 00115 de 21 de enero de 2010, que formalizó el desistimiento de la
licencia de construcción, la cual se notificó el día 26 de enero de 2010, mediante
55
Folios 49, 50 y 51. Anexo 1.
56
Folio 50. Anexo 1.
57
Folios 44 a 49. Anexo 1.
58
Folio 66. Anexo 1.
59
Folio 65. Anexo 1.
60
Folio 38. Anexo 1.
61
Anulado mediante Resolución 3413 de 13 de octubre de 2009 (Anexos 2 y 3).
62
“[…] Por el cual se adopta la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Pereira […]”. Anexo 6.
26
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
llamada telefónica y, luego por correo certificado, cumpliendo lo dispuesto en el
artículo 44 del CCA.
99. La parte actora, inconforme con esa decisión apeló el fallo de primera instancia,
argumentando que el plazo con que contaba la Curaduría Urbana Primera de
Pereira para resolver la solicitud de licencia vencía el 28 de diciembre de 2009 y,
para ese momento, no se le había notificado acto administrativo sobre la solicitud
de licencia de construcción.
100. Además de ello, resaltó que, si bien se expidió la Resolución 00115 de 21 de
enero de 2010, por medio de la cual se formalizó el desistimiento de la solicitud de
licencia de construcción, este acto administrativo se le notificó de manera personal
solo hasta el día 1° de febrero de 2010, esto es, cuando ya había transcurrido el
término previsto en el artículo 28 del Decreto 564 de 2006.
101. También consideró que a pesar de que en el trámite interno de la licencia se
emitió un documento en el cual se indicó: “[…] reingreso noviembre 13 de 2009 […]
el proyecto debe tramitar plan de implantación ante la Secretaría de Planeación,
artículo 295 Acuerdo 23 de 2006. Los planos deben estar impresos con las
intensidades necesarias, fecha de revisión diciembre 09 de 2009 […]”, este no le
fue notificado a la parte demandante. Igualmente agregó que el plan de implantación
no era aplicable al trámite de licenciamiento, según el artículo 295 del Plan de
Ordenamiento Territorial, puesto que este resulta exigible para los “[…] usos
especiales […]” y, no para el “[…] uso de servicios […]” -artículo 26 del Decreto 449
de 2009 -Estatuto de Usos del Suelo.
102. Conforme se indicó ut supra, el silencio administrativo positivo se encuentra
condicionado al cumplimiento de dos requisitos esenciales: (i) el transcurso del
plazo establecido en la ley, sin que la autoridad competente se haya pronunciado
sobre la solicitud de licencia y, (ii) que la petición respectiva no contravenga las
normas urbanísticas y de edificación vigentes, quedando obligadas la autoridad
municipal o distrital responsable o el curador urbano, a expedir las constancias y
certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobación del proyecto
presentado.63 Cabe resaltar que dichos requisitos deben concurrir de manera
conjunta, es decir, para la configuración del silencio administrativo positivo se exige
la coexistencia de ambas exigencias.
• Análisis del primer requisito. Transcurso del término de 45 días hábiles
sin que la administración se pronuncie sobre la solicitud de la licencia
de construcción
103. En el presente caso, la Sala estima que, de conformidad con el artículo 28
del Decreto 564 de 2006, la Curaduría Urbana Primera de Pereira tenía un plazo de
45 días hábiles para pronunciarse acerca de la solicitud de la licencia presentada
por el señor Silvio Giraldo Pineda, el cual empezó a contabilizarse desde el día
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de febrero de 2014, MP:
Guillermo Vargas Ayala, radicado: 25000-23-24-000-2007-00352-01.
27
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
siguiente a la fecha de radicación de la solicitud -5 de octubre de 2009 - y finalizó el
día 21 de diciembre de 2009, tal y como se ilustra en la siguiente gráfica:
Radicación Acta de Respuesta al acta Término que estuvo Fecha para resolver
de la solicitud observaciones de observaciones suspendido la solicitud de
licencia de
construcción
El día 2 de Acta de 1. El 13 de noviembre 7 días hábiles (desde el 4 de
octubre de observaciones y de 2009 el señor noviembre de 2009 al 13 de A partir del día 17 de
2009 correcciones núm. Álvaro Iván Giraldo noviembre de 2009). noviembre66 se
001697 de 4 de Marín, en su calidad reanudaron los
noviembre de de arquitecto del términos para resolver +
2009. proyecto, dio 24 días hábiles que
respuesta a los faltaban = 21 de
puntos 1°, 2°, 3°, 4° y diciembre de 2009.
En esta solicitud, 8 del acta de
se le indicó al observaciones.
peticionario que Conclusión: fecha límite
tenía un plazo de 2. El mismo día 13 de para resolver la
30 días hábiles noviembre de 2009, el solicitud: 21 de
para dar ingeniero civil Andrés diciembre de 200967.
respuesta al Toro Henao dio
requerimiento. respuesta a los
Este plazo podía numerales 5°, 6° y 7°
ser ampliado, a de la referida acta en
solicitud de la relación con las
parte por un observaciones
término adicional estructurales del
de 15 días hábiles. proyecto.
Durante este
plazo se
suspenderá el
término para la
expedición de la
licencia.
A partir del día
siguiente, esto es,
desde el día 5 de
octubre de 200964
hasta el 4 de
noviembre de
2009, habían
transcurrido 21
días hábiles65.
“Artículo 27. Acta de “Artículo 28. Término
observaciones y para la expedición de
correcciones68. Efectuada la licencias. Las entidades
revisión técnica, jurídica, competentes y los
estructural, urbanística y curadores urbanos,
arquitectónica del proyecto, según el caso, tendrán
el curador urbano o la un plazo máximo de
autoridad municipal o distrital cuarenta y cinco (45)
competente para expedir días hábiles para
licencias levantará por una pronunciarse sobre las
sola vez, si a ello hubiere solicitudes de licencia,
lugar, un acta de contados desde la
observaciones y fecha en que la solicitud
correcciones en la que se haya sido radicada en
informe al solicitante sobre legal y debida forma.
las actualizaciones, Vencido este plazo sin
64
Los días 3 y 4 fueron festivos.
65
Los días 12 de octubre de 2009 y 2 de noviembre de 2009 fueron feriados.
66
Los días 14, 15 y 16 fueron feriados.
67
El día 8 de diciembre fue feriado.
68
Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 4397 de 2006.
28
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
correcciones o aclaraciones que los curadores
que debe realizar al proyecto urbanos o las
y los documentos adicionales autoridades se hubieren
que debe aportar para decidir pronunciado, se
sobre la solicitud. aplicará el silencio
administrativo positivo
El solicitante contará con un en los términos
plazo de treinta (30) días solicitados pero en
hábiles para dar respuesta al ningún caso en
requerimiento. Este plazo contravención de las
podrá ser ampliado, a normas urbanísticas y
solicitud de parte, hasta por de edificación vigentes,
un término adicional de quedando obligadas la
quince (15) días hábiles. autoridad municipal o
Durante este plazo se distrital responsable o el
suspenderá el término para la Curador Urbano, a
expedición de la licencia. expedir las constancias
y certificaciones que se
requieran para
evidenciar la
aprobación del proyecto
presentado. La
invocación del silencio
administrativo positivo,
se someterá al
procedimiento previsto
en el Código
Contencioso
Administrativo”.
104. De acuerdo con lo anterior, para el día 21 de diciembre de 2009, la Curaduría
Urbana Primera de Pereira no había emitido ninguna decisión sobre el trámite de
licencia adelantado por el señor Silvio Giraldo Pineda.
105. Nótese que, si bien en el trámite respectivo se emitió la Resolución 00115,
mediante la cual se declaró desistida la solicitud de licencia de construcción, este
acto solo se expidió hasta el día 21 de enero de 2010 y se notificó de manera
personal el día 1° de febrero de 201069, esto es, por fuera del plazo previsto en el
artículo 28 del Decreto 564 de 2006.
• Análisis del segundo requisito: que la solicitud respectiva no
contravenga las normas urbanísticas y de edificación vigentes
106. La Curaduría Urbana Primera de Pereira, en la resolución enjuiciada, adujo
que el silencio administrativo positivo se protocolizó en contravención de las normas
urbanísticas vigentes, a su vez definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en
especial, porque (i) la solicitud se presentó como obra nueva, cuando debió
solicitarse bajo la modalidad de demolición y construcción de obra nueva; (ii) no se
formuló el plan de implantación y (iii) no se dio cumplimiento a la totalidad de los
requerimientos efectuados por la curaduría, en especial, porque los planos eran
ilegibles.
69
Decreto 564 de 2006. “Artículo 33. Notificación personal de licencias. Modificado por el art. 5, Decreto Nacional 4397 de
2006. El nuevo texto es el siguiente: El acto administrativo que resuelva la solicitud de licencia será notificado
personalmente al solicitante, y a cualquier persona que se hubiere hecho parte dentro del trámite. Para ello, se citarán en los
términos de que trata el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
La constancia del envío de la citación se anexará al expediente.
En el evento que el solicitante de la licencia sea un poseedor, se deberá notificar personalmente del acto que resuelve la
solicitud al propietario inscrito del bien objeto de la licencia.
Efectuada la notificación personal se hará entrega al notificado de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión”.
29
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
107. El establecimiento “[…] Ay Hombe [...]” tiene como característica la venta y
consumo de licor. De conformidad con el Decreto 449 de 2009, se considera como
un uso de alto impacto dentro del grupo de servicios, concretamente, se encuentra
incluido dentro del ítem 19.6.2 en el siguiente sentido:
“[…] 19.6. USOS DE ALTO IMPACTO DEL GRUPO SERVICIOS Y SU
REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA
[…]
19.6.2. SERVICIOS CON VENTA Y CONSUMO DE LICOR
19.6.2.1. DEFINICIÓN:
Corresponde a aquellos establecimientos dedicados a prestar servicios y
generar actividades de diversión y esparcimiento público, que tienen
como característica la venta y consumo de licor, lo cual puede producir un
alto impacto social y ambiental, debido al ruido generado, a la demanda
de zonas de parqueo, al flujo peatonal y vehicular, entre otros.
19.6.2.2. REQUERIMIENTOS
Adicional a la reglamentación genérica para el Subgrupo S, al cual
pertenezcan de acuerdo a sus características, se deberán ajustar a la
siguiente regulación:
Este tipo de establecimientos se debe acoger a la normativa específica
sobre niveles de ruido, y en cada caso señalar los mecanismos para la
mitigación de los impactos generados por éste, pantallas, doble vidrio,
aislamientos, entre otros.
En los establecimientos dedicados al expendio y consumo de alimentos,
se deberá tener en cuenta el cumplimiento de la normativa específica
sanitaria y ambiental sobre olores y emisiones, de tal forma que se mitigue
el impacto, y el desarrollo de la actividad no afecte otros usos en el
entorno. En los sitios donde Sea necesario instalar campanas, extractores
o similares, los ductos para la extracción de gases o humos, deberán
quedar instalados de tal forma que no afecten el entorno de conformidad
con lo establecido en el Decreto 948 de 1995 reglamentario de la ley 99
de 1993, la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Adicionalmente,
Estos (sic) sistemas deberán garantizar la expulsión de gases, sin afectar
en ningún caso usos colindantes, lo que representa que estos deben
conducir la emisión por encima de las edificaciones […]”. (Negrilla del
texto y subrayado fuera del texto)
108. Puntualmente, el artículo 295 del Acuerdo 23 de 2006, define los “[…] Usos
Especiales […]” como aquellos que por su alto impacto urbano y ambiental deben
presentar un plan de implantación, en los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO 295.- USOS ESPECIALES (ES). Corresponden a este
grupo los usos o actividades clasificables, por su tipología de actividad,
en uno de los grupos anteriores, pero que por su alto impacto urbano y
ambiental implícito, se justifica su reclasificación especial de las demás,
al momento de localizarlos sobre el territorio Municipal. Estos usos
deberán presentar un Plan de Implantación para su desarrollo.
Corresponden a este grupo las siguientes Actividades Especiales:
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Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
ES1: Comercio al por mayor.
ES2: Comercio al detal de Combustibles y similares.
ES3: Servicio de Diversión y esparcimiento.
ES4: Cementerios, parques cementerios, hornos crematorio (sic), osarios,
ES5: Servicios de Depósito y Almacenamiento de mercancías
relacionadas con Zonas Logísticas tales como puertos secos, áreas de
bodegaje y almacenamiento, entre otros.
ES6: Equipamientos de escala urbana o municipal y los de escala
metropolitana o regional.
E57: Manipulación, distribución, comercio de explosivos y materiales
radioactivos, los cuales representan riesgo porque manipulan estos
materiales.
ES8: Los Usos que generen gran impacto ambiental y urbanísticos, tales
como: rellenos sanitarios, tratamientos de residuos sólidos o líquidos,
entre otros.
PARAGRAFO.- (sic) Se deben contemplar las distancias mínimas
permitidas entre el sitio de ubicación del Uso Especial y las viviendas,
construcciones públicas, sistemas de servicios públicos, vías, etc. De
acuerdo con las normas técnicas y normatividad vigente. […]” (Negrilla del
texto y subrayado fuera del texto)
109. En el sub examine quedó probado, entonces, que el actor protocolizó el acto
ficto derivado del silencio administrativo positivo ante la notaría, a pesar de que no
era procedente la invocación de dicha figura pues, como lo evidenció el curador, en
el trámite de licenciamiento el actor no formuló el plan de implantación el cual era
necesario por tratarse de un uso de alto impacto.
110. Conforme lo ha indicado esta Sección en sentencias de 29 de abril de 201570
y de 29 de febrero de 202471, las licencias de construcción se encuentran
subordinadas al interés general y deben expedirse con sujeción a las normas del
Plan de Ordenamiento Territorial. Así las cosas, “[…] [e]l Plan de Ordenamiento
Territorial constituye, entonces, el instrumento básico para desarrollar el proceso de
ordenamiento del territorio que comprende el conjunto de objetivos, directrices,
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para
orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo
(artículo 9 de la Ley 388 de 1997) […]”72 .
111. El simple transcurso del tiempo no era suficiente para la configuración del
silencio administrativo positivo, toda vez que la solicitud de licencia debía cumplir
con los requisitos exigidos en el Decreto 564 de 2006, entre los cuales cobra
relevancia la sujeción a las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de
Ordenamiento Territorial.
70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 29
de abril de 2015, radicado: 25000-23-24-000-2011-00329-01(AP).
71
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Germán Eduardo Osorio Cifuentes,
radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02.
72
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Germán Eduardo Osorio Cifuentes,
radicado: 25000-2324-000-2007-00114-02.
31
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
112. Merece la pena traer a colación los argumentos de la sentencia de 29 de abril
de 201573, oportunidad en la cual se indicó lo siguiente:
“[…] Como se deriva de los anteriores razonamientos, haciendo
abstracción de las particularidades de los distintos reglamentos que se
han ocupado de puntualizar el régimen de esta figura en el Derecho
colombiano, se puede afirmar que la licencia de construcción es un acto
administrativo (i) que encierra una autorización de la autoridad
competente, (ii) sujeto a un plazo establecido por las normas aplicables y
(iii) a unas condiciones determinadas para el caso concreto, (iv) que
habilita el desarrollo de esta particular actuación urbanística , (v) que
origina una situación jurídica de carácter individual, (vi) cuya validez está
supeditada al ordenamiento jurídico en conjunto. En esa medida cuando
una licencia carece de algunos de los elementos axiológicos de todo acto
administrativo o contraviene lo dispuesto en la ley o en el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) respectivo es susceptible de declararse
nula por el Juez de lo Contencioso Administrativo.
Dada la relevancia de esta última normativa, la Sala debe resaltar la
importancia del respeto del POT por las licencias expedidas por las
autoridades urbanísticas. En efecto, en tanto que instrumento básico para
la ordenación del territorio municipal, el POT prefigura un modelo de
ciudad y establece las reglas particulares para el aprovechamiento y
transformación de las diferentes porciones del suelo municipal,
contribuyendo así a la definición del estatuto jurídico de la propiedad
urbana. Al ser expresión de la función social de la propiedad y perseguir
la realización de fines de interés general como la protección del medio
ambiente, el derecho a gozar del espacio público, la protección del
patrimonio histórico cultural, la prevención de desastres, la salubridad
pública, el derecho a la vivienda digna y, entre otros, al acceso a una
infraestructura de servicios públicos adecuada, las normas del POT fijan
con carácter de orden público las condiciones generales esenciales
que deben ser atendidas por los particulares al ejercer el ius
aedificandi que les otorga su derecho de propiedad y condiciona el
contenido y la validez de las licencias de construcción […]”. (Negrilla
fuera del texto)
113. Adicionalmente, en el predio de propiedad del actor ubicado en la calle 22 No.
14-02 ya existía una edificación existente, por lo que, no podía otorgarse licencia de
construcción para “[…] obra nueva […]”, modalidad propia que se utiliza para
adelantar trabajos de edificación en terrenos no construidos74.
114. Resulta claro, entonces, que en el presente caso sí procedía la revocatoria del
acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo positivo en el trámite de
licencia de construcción adelantado por el señor Silvio Giraldo Pineda ante la
Curaduría Urbana Primera de Pereira para construir un local comercial, motivo por
el cual, la Sala confirmará la sentencia de 22 de noviembre de 2013, proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia.
73
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 29
de abril de 2015, radicado: 25000-23-24-000-2011-00329-01(AP).
74
Artículo 7° del Decreto 564 de 2006.
32
Radicación núm.: 66001 2331 000 2010 00146 02
Demandante: Silvio Giraldo Pineda
II.7. Pronunciamiento sobre condena en costas
115. La Sala, siguiendo el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 9 de julio de 199875, no condenará en costas en segunda instancia a la
parte vencida, esto es, a la parte demandante, puesto que su conducta no estuvo
precedida de mala fe ni de la intención de entorpecer el proceso y se enmarcó en
los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de noviembre de 2013, proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
75
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.
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