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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00032-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00032-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia recurrida el cual quedará así: ««PRIMERO.- NIEGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por los señores Pedro Josías Aldana Yara (Sic), José Pacomio Barón Santisteban, Bertha Cecilia Carreño Carreño, Lida María Álzate Vélez, Elba Ligia Barrera, Rigoberto Becerra, Fresneda, Adalberto Carrillo Laguado, Rosa Elena Enciso Churque, Clara Inés Cruz, Luz Graciela Garzón Peña, María Esperanza Romero, Luz Mery González Murcia, Pedro Huérfano, Alexander Alberto Marín González, Ana Cecilia Molina Alvarado, José Parmenio Montañez, María Estella Murcia de González, Luz Marina Peñalosa Alberto, José Demetrio Pinzón Moreno, Esperanza Piraban Cristancho, Diana Esperanza Quiceno Ballesteros, Flor María Ramos Barreto, Blanca Cecilia Rodríguez Cañón, Héctor Gustavo Rubiano Jején, Reinalda Ruiz Martin, María Nohora Triana Vanegas, Fredy Orlando Valderrama Prieto y Olga Teresa Rubiano Jegen, a través de apoderada judicial, contra Distrito Capital - Secretaría Distrital de Planeación, Distrito Capital - Secretaria Distrital de Ambiente, Distrito Capital - Alcaldía Mayor, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Superintendencia de Notariado y Registro» 78 (Negrillas dentro del texto) SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO:NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2010-00032-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

25 de junio de 2026

Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00032 01 acumulado
con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 25000 23 24 000 2010 00032 01 acumulado con el
proceso 25000 23 24 000 2010 00031 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros1
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretarias Distritales de Planeación y de
Ambiente, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - E.S.P. y
Superintendencia de Notariado y Registro
Tesis: No es cierto que el Tribunal en la sentencia de primera instancia realizó un
estudio superficial del objeto de la litis al no incluir dentro de dicha providencia como
demandante a la señora Olga Teresa Rubiano Jegen.
No es cierto que la EAAB no tuviera facultades para acotar un humedal en el Distrito
de Bogotá.
No es cierto que la EAAB solo tenía potestades para elaborar el insumo técnico para
el acotamiento de rondas.
No es nulo por falta de competencia el acto administrativo por medio del cual la
EAAB acotó la ronda hídrica de un humedal en Bogotá.
No es cierto que el acto que acotó el humedal de Techo se fundamentó en una
plancha obsoleta elaborada por el IGAC para esos efectos.
No era necesario vincular a los demandantes al trámite de emisión del acto que
acotó el humedal de Techo.
No es nulo por desconocimiento del debido proceso el acto administrativo que
declara el estado crítico en un humedal si los demandantes no fueron vinculados al
trámite de su expedición.
No es cierto que los actos administrativos que declararon la alerta naranja en un
humedal y prohibieron el registro de escrituras sobre los inmuebles ubicados en el
área de dicho ecosistema se fundamentaran en un acto que no era oponible y que
perdió fuerza ejecutoria.

1 José Pacomio Barón Santisteban, Bertha Cecilia Carreño Carreño, Lida María Álzate Vélez, Elba

Ligia Barrera, Rigoberto Becerra Fresneda, Adalberto Carrillo Laguado, Rosa Elena Enciso Churque,
Clara Inés Cruz, Luz Graciela Garzón Peña, María Esperanza Romero, Luz Mery González Murcia,
Pedro Huérfano, Alexander Alberto Marín González, Ana Cecilia Molina Alvarado, José Parmenio
Montañez, María Estella Murcia de González, Luz Marina Peñalosa, Alberto José Demetrio Pinzón
Moreno, Esperanza Piraban Cristancho, Diana Esperanza Quiceno Ballesteros, Flor María Ramos
Barreto, Blanca Cecilia Rodríguez Cañón, Héctor Gustavo Rubiano Jején, Reinalda Ruíz Martín,
María Nohora Triana Vanegas y Fredy Orlando Valderrama Nieto.
1

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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00032 01 acumulado
con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

No es nulo por vulneración de normas superiores el acto administrativo que declaró
la alerta naranja en Bogotá si para su emisión no era necesaria la autorización
previa del Concejo Distrital de la ciudad.
No es cierto que la Superintendencia de Notariado y Registro incumplió sus deberes
al gravar los predios de los demandantes con la medida emanada del Decreto 457
de 2008.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide en segunda instancia las demandas acumuladas presentadas en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por el señor Pedro
Josías Aldana Gara, José Pacomio Barón Santisteban, Bertha Cecilia Carreño
Carreño, Lida María Álzate Vélez, Elba Ligia Barrera, Rigoberto Becerra Fresneda,
Adalberto Carrillo Laguado, Rosa Elena Enciso Churque, Clara Inés Cruz, Luz
Graciela Garzón Peña, María Esperanza Romero, Luz Mery González Murcia,
Pedro Huérfano, Alexander Alberto Marín González, Ana Cecilia Molina Alvarado,
José Parmenio Montañez, María Estella Murcia de González, Luz Marina Peñalosa,
Alberto José Demetrio Pinzón Moreno, Esperanza Piraban Cristancho, Diana
Esperanza Quiceno Ballesteros, Flor María Ramos Barreto, Blanca Cecilia
Rodríguez Cañón, Olga Teresa Rubiano Jejen , Héctor Gustavo Rubiano Jején,
Reinalda Ruíz Martín, María Nohora Triana Vanegas y Fredy Orlando Valderrama
Nieto, contra la Resolución 250 de 30 de junio de 1994, «Por la cual se acotan las
rondas hidráulicas de las chucuas de la Conejera y Techo, el lago de Santa María
del Lago, se definen sus zonas de manejo y preservación ambiental, y se establece
el acotamiento de rondas de los cuerpos de agua rodeados por elementos definidos
del espacio público en el Distrito Capital», expedida por la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá, el Decreto 457 de 23 de diciembre de 2008 «Por el cual
se declara el estado crítico o alerta naranja en el humedal de techo, ubicado en la
jurisdicción del distrito capital», expedido por el Alcalde Mayor del Distrito Capital de
Bogotá, el Oficio 2-2009-15216, mediante el cual se previene a los notarios y a los
registradores públicos de extender o registrar actos sobre los inmuebles ubicados
en el área del Humedal de Techo, expedido por la Secretaria de Planeación Distrital
de Bogotá y la anotación 2009-57802 efectuada por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, en los folios de matrícula inmobiliaria
de los inmuebles que son de propiedad de los demandantes

I. ANTECEDENTES

2

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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00032 01 acumulado
con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

1.1 Pretensiones de las demandas

1. Las pretensiones en el radicado 2010-00032 son:2

« 1. Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCIÓN 250 DE 30 DE JUNIO DE
1994, expedida por el Gerente General de la E.A.A.B., "Por la cual se acotan
las rondas hidráulicas de las chucuas de La Conejera y Techo, el lago de Santa
María del Lago, se definen sus zonas de manejo y preservación ambiental, y se
establece el acotamiento de rondas de los cuerpos de agua rodeados por
elementos definidos del espacio público en el Distrito Capital".

2. Que se declare la NULIDAD del DECRETO 457 DE 23 DE DICIEMBRE DE
2008, expedido por el Alcalde Mayor del Distrito Capital, "Por el cual se declara
el estado crítico o alerta naranja en el Humedal de Techo, ubicado en
jurisdicción del Distrito Capital".

3. Que se declare la NULIDAD del OFICIO N° 2-2009-15216 DE LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, por el que se previene a los
Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos de extender o registrar actos
sobre los predios ubicados en el área del Humedal de Techo.

4. Que se declare la NULIDAD de la ANOTACIÓN CON RADICACIÓN NO.
2009-57802 efectuada por la OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
BOGOTÁ -ZONA CENTRO, siguiendo instrucciones de la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, en los folios de
matrícula de los inmuebles de que son propietarios quienes demandan a través
de esta representación

Declarativas de restablecimiento:

1. Que se ordene a la Administración Distrital REDELIMITAR el área oficial del
Humedal de Techo, su zona de ronda y manejo ambiental, de acuerdo a las
condiciones físicas y técnicas que correspondan a la realidad del humedal,
excluyendo de dicha delimitación al barrio SAN JUAN DE CASTILLA, de
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 95 del Decreto 190 de 2004, Plan de
Ordenamiento Territorial.

2. Que se ordene LEVANTAR la inscripción que recae sobre los predios
ubicados en el Barrio San Juan de castilla, de fecha 11 de junio de 2009, que
los excluye del comercio, y como consecuencia se restablezca la libre
disposición del derecho de propiedad sobre ellos.

Subsidiaria:

Que en subsidio de lo anterior, se ordene a la Administración Distrital adelantar
el proceso de compra, según lo dispuesto por los arts. 58 y siguientes de la Ley
388 de 1997.

Indemnizatorias:

Que se condene al DISTRITO CAPITAL, a la SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO, a que indemnice el daño antijurídico material y
moral causado a mis poderdantes, propietarios de los inmuebles ubicados en el
barrio SAN JUAN DE CASTILLA, a raíz del perjuicio causado a su tranquilidad
y bien nombre al que se han visto expuestos en los medios de comunicación al
ser tildados de invasores y a los derivados de la exclusión de los bienes del
comercio, inscrita en los Folios de Matrícula Inmobiliaria de cada inmueble en
fecha 11 de junio de 2009. El monto de la indemnización corresponderá a la

2 Índice 00051 de SAMAI, documento denominado 8 CUADERNO PRINCIPAL, folios 62 y siguientes

3

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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00032 01 acumulado
con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

acreditación individual de daño y perjuicios que sea probado dentro del
proceso»3.

2. Las pretensiones en el expediente radicado 2010-00031 se transcriben a
continuación:4

«2. PRETENSIONES:
En la eventual demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
se formularían las siguientes pretensiones:

Declarativas de Nulidad:

1. Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCIÓN 250 DE 30 DE JUNIO DE
1994, expedida por el Gerente General de la E.A.A.B., "Por la cual se acotan
las rondas hidráulicas de las chucuas de La Conejera y Techo, el lago de Santa
María del Lago, se definen sus zonas de manejo y preservación ambiental, y se
establece el acotamiento de rondas de los cuerpos de agua rodeados por
elementos definidos del espacio público en el Distrito Capital".

2. Que se declare la NULIDAD del DECRETO 457 DE 23 DE DICIEMBRE DE
2008, expedido por el Alcalde Mayor del Distrito Capital, "Por el cual se declara
el estado crítico o alerta naranja en el Humedal de Techo, ubicado en
jurisdicción del Distrito Capital".

3. Que se declare la NULIDAD del OFICIO N° 2-2009-15216 DE LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, por el que se previene a los
Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos de extender o registrar actos
sobre los predios ubicados en el área del Humedal de Techo.

4. Que se declare la NULIDAD de la ANOTACIÓN CON RADICACIÓN NO.
2009-57802 efectuada por la OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
BOGOTÁ -ZONA CENTRO, siguiendo instrucciones de la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, en los folios de
matrícula de los inmuebles de que son propietarios quienes demandan a través
de esta representación

Declarativas de restablecimiento:

1. Que se ordene a la Administración Distrital REDELIMITAR el área oficial del
Humedal de Techo, su zona de ronda y manejo ambiental, de acuerdo a las
condiciones físicas y técnicas que correspondan a la realidad del humedal,
excluyendo de dicha delimitación al barrio LAGOS DE CASTILLA II SECTOR,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 95 del Decreto 190 de 2004, Plan de
Ordenamiento Territorial.

2. Que se ordene LEVANTAR la inscripción que recae sobre los predios
ubicados en el Barrio Lagos de Castilla, de fecha 11 de junio de 2009, que los
excluye del comercio, y como consecuencia se restablezca la libre disposición
del derecho de propiedad sobre ellos.

Subsidiaria Primera:

Que en subsidio de lo anterior, se ordene a la Administración Distrital adelantar
el proceso de compra, según lo dispuesto por los arts. 58 y siguientes de la Ley
388 de 1997.

Subsidiaria Segunda:

3 Visible a folios 4 y 5 del Cuaderno del Tribunal
4 Índice 00051 de SAMAI, documento denominado 8 CUADERNO PRINCIPAL, folios 62 y siguientes

4

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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00032 01 acumulado
con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

En subsidio de la subsidiaria primera:

Que se declare que la Resolución 250 de 1994 no ha sido publicada en la gaceta
distrital.

Que en consecuencia, la Resolución 250 de 1994 no es oponible a los
demandantes, como tampoco le son oponibles los actos administrativos que
citan a la mencionada Resolución, como es el Decreto 457 de 2008.

Subsidiaria Tercera:

En subsidio de la segunda pretensión subsidiaria:

Que se ordene a los demandados con competencia para el efecto, que las áreas
ocupadas por las propiedades inmuebles de quienes demandan, sean
compensadas con áreas aledañas al humedal de tal manera que se restituya el
espejo de agua con lotes en los que no exista consolidación urbana.

Pretensiones de Restablecimiento:

Que se condene de manera solidaria al DISTRITO CAPITAL, a la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, a que indemnice el
daño antijurídico material y moral causado a mis poderdantes, propietarios de
los inmuebles ubicados en el barrio LAGOS DE CASTILLA II SECTOR,
afectados en su tranquilidad y buen nombre por la exposición de que han sido
objeto en los medios de comunicación al ser tildados de invasores y a los
derivados de la exclusión de los bienes del comercio, inscrita en los Folios de
Matrícula Inmobiliaria de cada inmueble en fecha 11 de junio de 2009.

El monto de la indemnización corresponderá a la acreditación individual de daño
y perjuicios que sea probado dentro del proceso»5

1.2. Los actos administrativos enjuiciados

3. La parte resolutiva de la Resolución 250 del 30 de junio de 1994 se transcribe
enseguida:

«Resolución núm. 250 de 30 de junio de 1994

“Por la cual se acotan las rondas hidráulicas de las chucuas de la Conejera y
Techo, el lago de Santa María del Lago, se definen sus zonas de manejo y
preservación ambiental, y se establece el acotamiento de rondas de los cuerpos
de agua rodeados por elementos definidos del espacio público en el Distrito
Capital”

(…)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Acotar como límite externo de las Zonas de Ronda y de
Manejo y Preservación Ambiental de la Chucua de La Conejera la línea formada
por la unión de los puntos cuyas coordenadas aparecen en los planos No. 1 y 2
elaborados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y que
hacen parte de la presente Resolución, acotamiento dentro del cual la Zona de

5 Visible a folios 3 a 7 del Cuaderno del Cuaderno del Tribunal.

5

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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00032 01 acumulado
con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

Manejo y Protección Ambiental está constituida por una franja de quince (15)
metros de ancho.

PARÁGRAFO 1: Para efectos del acotamiento anterior, se consideró como
cuerpo de agua de la chucua de La Conejera la cartografía oficial del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi emitida inmediatamente después de la expedición
del Código de Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 2811 de 1974). Las
planchas correspondientes son las números E-18, E-19, E-28 y E-29 de 1981.

PARAGRAFO 2: El acotamiento de la Chucua de La Conejera definido con
anterioridad para la Urbanización el Rincón de Santa Inés (Compartir - Suba),
mediante Resolución 576 del 27 de Diciembre de 1988 expedida por el
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Artículo 20, zonas de
cesión de uso público, afectación Zona Ronda de Río, seguirá vigente.

ARTICULO SEGUNDO: Acotar como límite externo de las Zonas de Ronda y
de Manejo y Preservación Ambiental del Lago de Santamaría del Lago la línea
formada por la unión de los puntos cuyas coordenadas aparecen en el plano
No. 3 elaborado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y que
hace parte de la presente Resolución, acotamiento dentro del cual la Zona de
Manajo y Protección Ambiental está constituida por una franja de quince (15)
metros de ancho.

PARÁGRAFO: Para efectos del acotamiento anterior, se consideró como
cuerpo de agua del Lago de Santa María del Lago, la cartografía oficial del
Instituto Geográfico Agustin Codazzi emitida inmediatamente después de la
expedición del Código de Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 2811
de 1974). Las planchas correspondientes son las números E-89 de 1980 y E-
99 de 1979.

ARTICULO TERCERO: Acotar como límite externo de las Zonas de Ronda y
de Manejo y Preservación Ambiental de la Chucua de Techo la línea formada
por la unión de los puntos cuyas coordenadas aparecen en el planos No. 3
elaborado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y que hace
parte de la presente Resolución, acotamiento dentro del cual la Zona de Manejo
y Protección Ambiental está constituida por una franja de quince (15) metros de
ancho.

PARÁGRAFO: Considerar como cuerpo de agua de la chucua de Techo, la
cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi emitida
inmediatamente después de la expedición del Código de Recursos Naturales
Renovables (Decreto Le 2811 de 1974). La plancha correspondiente es la H-46
de 1978.

ARTÍCULO CUARTO: Definir que para los cuerpos de agua ubicados en zonas
urbanísticamente conformadas y rodeadas por otros elementos ya definidos del
espacio público, tales como parques y vías, el acotamiento de las Zonas de
Ronda y de Manejo y Preservación Ambiental corresponde al límite de los
mencionados espacios públicos.

PARÁGRAFO: Los acotamientos de Zonas de Ronda y de Manejo y Protección
Ambiental para proyectos urbanísticos presentados a la Empresa en lotes para
desarrollar, seguirán efectuándose por las dependencias que tienen a su cargo
el estudio de tales proyectos, observando el procedimiento ya establecido.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias»6

4. El Decreto 457 del 23 de diciembre de 2008 prevé:

6 Ibidem.

6

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Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

« DECRETO 457 DE 2008
(Diciembre 23)
Por el cual se declara el estado crítico o alerta naranja en el Humedal de
Techo, ubicado en jurisdicción del Distrito Capital
EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las
conferidas por el artículo 1º numerales 6 y 9, así como los artículos 65 y
66 de la Ley 99 de 1993; los artículos 35 y 38 numeral 18 del Decreto Ley
1421 de 1993 y el artículo 15 del Acuerdo 19 de 1996, y

CONSIDERANDO:

(…)

DECRETA:

Artículo 1°.- Declarar el Estado Crítico o Alerta Naranja en el Humedal de
Techo y su zona o área de influencia, por un término de doce (12) meses,
contados a partir de la expedición del presente Decreto, con el objeto de atender
la problemática de orden ambiental que se presenta en ese Ecosistema, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo.- El Estado Crítico o Alerta Naranja, deberá ser atendido de
conformidad con lo previsto en el artículo 15, numeral 2º del Acuerdo 19 de
1996.

Durante su vigencia la Secretaría Distrital de Ambiente está facultada para
emitir con destino a esta área normas o estándares ambientales más estrictos
que los existentes para el resto de la ciudad y el Alcalde Mayor de la Ciudad,
en caso de requerirlo, solicitará al Concejo autorización para tomar las medidas
presupuestales, policivas y administrativas necesarias para controlar la
situación.

Artículo 2°-. La Secretaría Distrital de Ambiente coordinará el proceso de
recuperación del Humedal de Techo, sin perjuicio de las funciones que le
corresponden a las entidades participantes en el proceso, y demás autoridades
competentes, conforme se indicó en la parte motiva del presente Decreto.

Artículo 3°.- Establecer las siguientes responsabilidades a cada una de las
Entidades participantes en el proceso de recuperación del Humedal de Techo,
sin perjuicio de las funciones propias de competencia de la Secretaría Distrital
de Ambiente, conforme lo señala el Decreto 561 de 2006:

1.- La Alcaldía Local de Kennedy deberá adelantar el trámite de las querellas
policivas a fin de lograr la recuperación del espacio público que compone el
Humedal de Techo, priorizando específicamente en las que se disponga la
demolición o sellamiento de las construcciones, edificaciones u obras cuya
ubicación se encuentre dentro del humedal y su zona de ronda hidráulica o su
zona de manejo y preservación ambiental, de conformidad con la delimitación
adoptada por el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y/o las normas o
actos administrativos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

También aunará esfuerzos en forma conjunta con la Secretaría Distrital de
Ambiente y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público, para diseñar y ejecutar una estrategia de sensibilización y protección
para la conservación de este ecosistema, conforme con lo señalado en el
presente Decreto.

Adicionalmente, remitirá a la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control
de Vivienda y/o Subdirección de Prevención y Seguimiento de la Secretaría

7

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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00032 01 acumulado
con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

Distrital del Hábitat, las quejas por presuntas ventas ilegales con el fin de iniciar
las investigaciones correspondientes.

2.- La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB -ESP, se
encargará de realizar las obras de recuperación del ecosistema, las cuales
deben contemplar el saneamiento predial sobre la Zona de Manejo y
Preservación Ambiental -ZAMPA- saneamiento básico, los diseños y obras de
adecuación hidrogeomorfológica y los diseños de recuperación física y
rehabilitación ecológica de las zonas de ronda y zona de manejo y preservación
ambiental, bajo los lineamientos de la Secretaría Distrital de Ambiente, para lo
cual, se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 83 del Decreto 190
de 2004, para efectos del proceso de recuperación del Humedal, de acuerdo
con lo establecido para el manejo de las áreas declaradas como parte del
Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital en el Plan de Manejo
Ambiental.

En tal sentido, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB-
ESP., deberá remitir el Plan de Manejo Ambiental ajustado a los requerimientos
de la Secretaría Distrital de Ambiente para su aprobación mediante acto
administrativo y, entre tanto, esta empresa en coordinación con la Secretaría
Distrital de Ambiente realizará las labores de mantenimiento del Humedal, de
conformidad con el esquema convenido entre las dos entidades.

Adicionalmente, continuará adelantando las acciones administrativas y penales
pertinentes en contra de las personas que de manera fraudulenta se surtan del
servicio de agua en el área del Humedal.

3.- La Secretaría Distrital de Gobierno, en coordinación con la Alcaldía Local de
Kennedy, y con el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría
Distrital del Hábitat, la Secretaría Distrital de Planeación, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público y la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, aunarán esfuerzos, para diseñar y ejecutar estrategias tendientes al
control de la construcción en el área del humedal, la contaminación por
disposición de escombros y avisos comerciales, para la promoción y la
participación ciudadana y el ejercicio del control social, para la defensa y
protección del humedal y su zona de ronda hidráulica y zona de manejo y
preservación ambiental.

4.- La Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la
Secretaría Distrital del Hábitat, de acuerdo con el ámbito de sus competencias,
recepcionará las quejas por venta ilegal de predios en el Humedal de Techo,
llevará a cabo las acciones de vigilancia y control para prevenir la ocupación y
enajenación ilegal, y adelantará las actuaciones administrativas
correspondientes, acorde con las atribuciones que le confiere el Decreto 121 de
2008 y demás normas concordantes, dando cuenta de ello al Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS, Grupo Medio Ambiente y a la Fiscalía
General de la Nación.

Adicionalmente, en su calidad de presidente de la Comisión de Veedurías de
las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C., y en el marco de dicha comisión, la
Secretaría Distrital del Hábitat será la encargada de coordinar y hacer
seguimiento a las Curadurías Urbanas, con el fin de que se abstengan de
otorgar licencias de urbanismo y construcción a proyectos urbanísticos en el
área del Humedal de Techo, para lo cual realizará un análisis de las licencias
expedidas en la zona constitutiva de dicho humedal y sus áreas colindantes,
instaurará los recursos, acciones y denuncias pertinentes en los casos en que
las mismas no se ajusten a la normatividad urbanística, y señalará a los
Curadores lo relativo al cumplimiento de las normas de Urbanismo y de
Construcción vigentes así como las consecuencias de orden legal que acarrea
la inobservancia de dichas disposiciones.

8

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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00032 01 acumulado
con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

5.- La Secretaría Distrital de Planeación, oficiará a la Superintendencia de
Notariado y Registro para solicitarle que prevenga a los notarios y a los
registradores de instrumentos públicos, en el sentido de evitar la escrituración
y registro de predios ubicados en el área del Humedal.

6.- La Empresa de Energía de Bogotá, CODENSA S.A. E.S.P., la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá y demás empresas prestadoras del servicio de
telefonía, revisarán la legalidad de las redes instaladas en el asentamiento ilegal
Lagos de Castilla II Sector, y por consiguiente, adoptarán las medidas
pertinentes con el objeto de salvaguardar lo estipulado para esta materia en el
ordenamiento jurídico.

7.- La Secretaría Distrital de Ambiente, además de coordinar el proceso de
recuperación del Humedal de Techo, cumplirá las funciones propias de su
competencia, conforme a lo señalado en el Decreto 561 de 2006 y, en especial,
adelantará e impulsará las actuaciones administrativas ambientales de carácter
sancionatorio en contra de los presuntos infractores de la normatividad
ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993.

Así mismo, emitirá el acto administrativo de aprobación del Plan de Manejo
Ambiental del Humedal, una vez sea remitido el documento ajustado por la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá e implementará los diseños
de recuperación física y rehabilitación ecológica de las zonas de ronda y zona
de manejo y preservación ambiental, remitidos por la EAAB-ESP.

Parágrafo.- Las anteriores responsabilidades y funciones se desarrollarán sin
perjuicio de la competencia que le asiste a los demás organismos
administrativos y de control del orden Nacional y Distrital, como la Procuraduría
General de la Nación - Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, la
Personería Distrital de Bogotá y el Departamento Administrativo de Seguridad -
DAS, Grupo Medio Ambiente, entre otros.

Artículo 4°.- Se prohíbe la construcción, urbanización, rellenos, disposición de
tierra o escombros y cualquier otra conducta que atente contra el Humedal de
Techo y su zona de ronda hidráulica y zona de manejo y preservación
ambiental.

Parágrafo.- El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, dará lugar a la
imposición de las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias a que
hubiere lugar, las cuales podrán ser impuestas por las diferentes autoridades
distritales, de acuerdo con el ámbito de sus competencias.

Artículo 5°.- El seguimiento y control de lo estipulado en el presente Decreto
estará a cargo de un grupo de trabajo constituido por el Director Legal o Jefe de
la Oficina Jurídica de la Secretarías Distritales de Ambiente, Hábitat, Gobierno,
Planeación, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-
ESP., de la Alcaldía Local de Kennedy, del Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público y de la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital, con su respectivo acompañamiento técnico. El grupo estará
presidido por la Secretaría Distrital de Ambiente y deberá presentar cada cuatro
meses a la Dirección Jurídica Distrital, un informe de gestión sobre el
cumplimiento de las acciones y obligaciones de cada una de las entidades
responsables en el proceso de declaratoria de la Alerta.

Artículo 6°.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a
la Secretaría Distrital de Ambiente, a la Secretaría Distrital de Planeación, a la
Secretaría Distrital de Gobierno, a la Secretaría Distrital del Hábitat, a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a la Alcaldía Local de
Kennedy, al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público,
a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, al Instituto Distrital de
Recreación y Deporte – IDRD, a la Personería de Bogotá, al Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS, y a la Procuraduría General de la Nación -
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.
9

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con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

Artículo 7°.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en
el Registro Distrital»7

5. En el Oficio 2-2009-15216 se señaló:

«Doctor ORLANDO GARCIA HERREROS
Representante Legal
Superintendencia De Notariado y Registro
Dirección: Calle 26 No 13-49 Int 201
Teléfono: 2812369 y 3282121 Ciudad
Ref: Sin.
Asunto: Decreto 457 de 2008 Alerta Naranja Humedal de Techo.
Respetado Doctor Garcia:

El Decreto 457 de diciembre 23 de 2008 "Por el cual se declara el estado crítico
o alerta naranja en el Humedal de Techo, ubicado en jurisdicción del Distrito
Capital", ordena en su articulo 3 numeral 5; "La Secretaría Distrital de
Planeación, oficiará a la Superintendencia de Notariado y Registro para
solicitarle que prevenga a los notarios y a los registradores de instrumentos
públicos, en el sentido de evitar la escrituración y registro de predios ubicados
en el área del Humedal".

En cumplimiento del citado mandato, esta Secretaría se permite remitirle el
listado magnético con 409 registros, correspondientes a los predios que
conforme a la cartografía y bases de datos entregados por la Unidad
administrativa Especial de Catastro en el año 2009, se encuentran total o
parcialmente dentro de los límites del Humedal de Techo. Para que esa entidad
proceda de acuerdo con sus competencias»8

6. La anotación 2009-57802 prevé:

«

»9.

1.2. Concepto de la violación

7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.

10

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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00032 01 acumulado
con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

1.2.1. Proceso Radicado 2010 00032. Demandantes Pedro Josias Aldana
Gara, José Pacomio Santisteban Barón y Cecilia Carreño Bertha propietarios
de inmuebles del barrio San Juan de Castilla.

7. Como normas desconocidas invocaron los artículos 6, 29, 58, 79, 121 y 122
de la Constitución Política; 106 de la Ley 142 de 1994; 1, 35, 59 y 66 del Código
Contencioso Administrativo (en adelante CCA); 3, 14, 28, 31 y 66 de la Ley 99 de
1993; 2 del Decreto Distrital 1132 de 1987; 138 y 142 del Acuerdo Distrital 6 de 1990
y 4 de la Resolución 423 de 2002 emitida por la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá.

8. En el acápite de hechos, los demandantes aludieron a la ubicación y a la
historia registral del barrio San Juan de Castilla y señalaron entre otros aspectos,
que antes de adquirir sus predios acudieron a la Secretaría Distrital de Planeación
quien les informó que dichos inmuebles no presentaban limitaciones, circunstancia
de la que también daba cuenta las respectivas escrituras públicas de cada bien.
Asimismo, indicaron que tenían una confianza legítima en la medida en que en la
zona existían desarrollos urbanísticos de gran envergadura, tanto de carácter
distrital como privado.

9. Anotaron que el cuerpo de agua que eventualmente se constituye en el
humedal de Techo fue disminuido y contaminado por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá (en adelante EAAB), quien lo atravesó con una tubería que
recoge aguas residuales. Además, aseguraron que, en otros sectores distintos al
mencionado barrio, se ha desecado el cuerpo de agua mediante depósitos de tierra.

10. Señalaron que lo que hoy queda en el afluente es gracias a sus actividades
de conservación ya que han impedido que terceros pretendan invadirlo y destruirlo.
Se refirieron a daños ambientales por parte de la administración distrital de Antanas
Mockus en el año 1995.

11. Alegaron que como consecuencia de los actos demandados el 11 de junio
de 2009 se inscribió en los folios de matrícula inmobiliaria de sus inmuebles la
anotación con radicado 2009-57802, mediante la cual se les prohibió registrar
escrituras, así como cualquier acto de transferencia o gravamen, todo ello en
cumplimiento de lo previsto en el Decreto Distrital 547 de 2008.

12. En relación con el cargo de falta de competencia, luego de citar los artículos
6, 121 y 122 de la Carta Política y 1 del CCA alegaron que el Gerente General de la
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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00032 01 acumulado
con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

EAAB carecía de competencia para acotar la ronda hidráulica de la chucua de
Techo. Sobre el particular anotaron que conforme a la Ley 142 de 1994 las
empresas prestadoras de servicios públicos tienen como objeto la prestación de
dichos servicios y que de acuerdo con el artículo 32 ibidem, en el desarrollo de sus
actividades se rigen por el derecho ordinario el cual no contempla el ejercicio de
facultades propias de las autoridades ambientales.

13. Precisaron que el Acuerdo Distrital 6 de 1990, en su artículo 141, asignó a la
EAAB la competencia para realizar el acotamiento y la demarcación de las rondas
de los ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales dentro del territorio del Distrito
pero no de humedales, labor que debía reflejarse en la cartografía oficial con el
apoyo técnico del entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

14. Alegaron que en todo caso que las mencionadas facultades habían perdido
sustento como consecuencia de la expedición de la Constitución Política de 1991,
la Ley 99 de 1993 y la entrada en vigor de la Ley 142 de 1994, ya que el artículo 31
y 66 de la Ley 99 de 1993 asignó las competencias ambientales a los grandes
centros urbanos.

15. En el cargo de falta de motivación reprocharon que la Resolución 250 de
1994 fue emitida sin el debido sustento técnico. En particular, indicaron que para
determinar la existencia del humedal, así como la línea de marea máxima, el cauce
permanente, sus dimensiones y el acotamiento de la ronda, era necesario
considerar criterios biofísicos, ecológicos, geográficos, socioeconómicos y
culturales sin que estos fueron tenidos en cuenta.

16. Afirmaron que para la realización del acotamiento se utilizó como único
elemento la plancha H-46 de 1978, sin contar con un estudio previo que analizara
la correspondencia entre el espejo de agua del humedal de Techo y ese documento,
ni que determinara el cauce del humedal, su marea máxima o su verdadera
extensión y ronda. Asimismo, expresaron que la ausencia de motivación técnica
condujo a incluir erróneamente al barrio San Juan de Castilla dentro del área
demarcada pese a que ese barrio se encontraba por fuera de esa zona.

17. Mencionaron que se desconoció el numeral 3 del artículo 1 de la Ley 99 de
1993 ya que no se priorizó al ser humano sobre lo ambiental. Precisaron que si bien
los efectos antrópicos pudieron haber generado una transformación de lo que en
épocas anteriores fue el lago de la Sabana de Bogotá, lo cierto es que no se podía
desconocer la buena fe exenta de culpa de los propietarios actuales de los predios
12

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con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

que en el pasado pudieron construir en un humedal. En ese sentido, afirmaron que
no resultaba procedente atribuirles responsabilidad por decisiones administrativas
orientadas a revertir procesos de urbanización.

18. De otro lado, aseveraron que se vulneró el debido proceso ya que no fueron
vinculados a los procedimientos que derivaron en la emisión de los actos enjuiciados
lo que implicó un desconocimiento de los artículos 29 de la Constitución Política y
12, 15 y 28 del CCA.

19. Alegaron que la Resolución 250 de 1994 no fue publicada en el Registro
Distrital por lo que resultaba inoponible y por ende no tenían conocimiento de la
existencia de un humedal en la zona. En consecuencia, precisaron que los demás
actos censurados se encontraban viciados de ilegalidad por contravenir los artículos
43 y 48 del Código Contencioso Administrativo, así como el artículo 2 del Decreto
Distrital 1132 de 1987 y el artículo 4 de la Resolución 423 de 2022 ya que se
fundamentaron en un acto que no había sido comunicado.

20. Señalaron que la aplicación de la Resolución 250 de 1994 por parte del
Distrito Capital sin que fuera oponible a terceros generó perjuicios, lo que de
conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política y el CCA los facultaba para
solicitar el restablecimiento del derecho y la reparación de los daños ocasionados,
al verse afectados sus predios sin existir una delimitación del humedal debidamente
publicada.

21. Sobre la «expedición irregular que conlleva a desviaciones de poder en la
expedición del Decreto Distrital 457 de 2008»10, precisaron que a través del anotado
Decreto la Alcaldía de Bogotá declaró el estado crítico o alerta naranja en el
Humedal de La Conejera. Indicaron que conforme al artículo 15 del Acuerdo Distrital
19 de 1996, el Alcalde Mayor del Distrito Capital podía declarar alguno de los
estados de alarma ambiental por contaminación, atendiendo a lo previsto en dicha
norma y a las circunstancias ambientales particulares del área objeto de la
declaratoria de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 y la Resolución
618 de 2003.

22. Mencionaron que como para la emisión de la Resolución 250 de 1994 no se
elaboró un Plan de Manejo Ambiental, así como de una caracterización de las
aguas, del entorno socioambiental y de la flora y fauna del humedal, no era posible

10 Visible a folio 83 del Cuaderno del Tribunal.

13

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con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

establecer el deterioro sufrido y su magnitud, lo que imposibilitaba la declaratoria de
la alerta naranja en el Decreto 457 de 2008.

23. Señalaron que en el marco de la mesa de trabajo distrital de la acción popular
del Humedal del Burro surgió la iniciativa de declarar la alerta naranja respecto del
Humedal de Techo ante la existencia de una advertencia previa sobre la
interposición de una acción popular relacionada con este último. En consecuencia,
manifestaron que el verdadero propósito del Decreto Distrital 547 de 2008 era
evidenciar una gestión que en realidad buscaba ocultar años de abandono y desidia
administrativa.

24. Arguyeron que el artículo 15 del Acuerdo 19 de 1996 impuso al Alcalde Mayor
de Bogotá el deber de obtener autorización previa del Concejo Distrital para adoptar
medidas presupuestales, policivas y administrativas orientadas a atender
situaciones de alerta ambiental. No obstante, aseveraron que en el presente asunto
se expidió el anotado decreto sin dicha autorización, pese a que no se configuraba
una situación imprevista o sobreviniente que lo justificara.

25. Indicaron que la orden de impedir la escrituración y registro de los predios
ubicados en el área del humedal de Techo y de retirar del comercio los inmuebles
del barrio San Juan de Castilla, no encontraba sustento en la Ley 99 ni como medida
preventiva ambiental y que la Ley 9ª de 1989 solo prevé esta posibilidad para
efectos de expropiación, supuesto que no se configuraba.

26. Señalaron que la decisión de sacar bienes del comercio generaba efectos
presupuestales inmediatos ya fuera por la indemnización derivada del daño
antijurídico o por la necesidad de adquirir los bienes afectados. Por ello, alegaron
que conforme a la Ley Orgánica de Presupuesto no era posible expedir un acto
administrativo de esta naturaleza sin contar con el respectivo Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que respaldara el gasto.

27. Sostuvieron que las anotaciones demandadas que fueron efectuadas por la
Superintendencia de Notariado y Registro eran nulas como efecto de la ilegalidad
de los demás actos enjuiciados. Igualmente, recalcaron que la «Superintendencia y
la Oficina de Registro, obraron (Sic) de manera ciega, se limitaron a tomar el listado
remitido por Catastro Distrital que da cuenta de los folios de matrícula respectivo y

14

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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00032 01 acumulado
con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

procedieron a realizar la anotación, sin consideración ninguna a su legalidad o
ilegalidad»11.

28. Finalmente, afirmaron que se desconoció el derecho de propiedad, al debido
proceso y de confianza legítima bajo similares consideraciones a las antes
resumidas en este acápite.

1.2.2. Proceso radicado 2010 00031 demandantes Lida María Álzate Vélez,
Elba Ligia Barrera, Rigoberto Becerra Fresneda, Adalberto Carrillo Laguado,
Rosa Elena Enciso Churque, Clara Inés Cruz, Luz Graciela Garzón Peña, María
Esperanza Romero, Luz Mery González Murcia, Pedro Huérfano, Alexander
Alberto Marín González, Ana Cecilia Molina Alvarado, José Parmenio
Montañez, María Estella Murcia de González, Luz Marina Peñalosa, Alberto
José Demetrio Pinzón Moreno, Esperanza Piraban Cristancho, Diana
Esperanza Quiceno Ballesteros, Flor María Ramos Barreto, Blanca Cecilia
Rodríguez Cañón, Olga Teresa Rubian Jején, Héctor Gustavo Rubiano Jején,
Reinalda Ruíz Martín, María Nohora Triana Vanegas y Fredy Orlando
Valderrama Nieto, propietarios de inmuebles en el barrio Lagos de Castilla II.

29. En dicho trámite los accionantes reiteraron lo expuesto en el proceso 2010
00032 y agregaron lo que se expone enseguida:

30. Expresaron que la Resolución 250 de 1994 imponía a la administración la
adopción de diversas acciones, tales como la expedición del acto administrativo de
determinación de la zona de humedal por parte de la Secretaría Distrital de
Planeación, la realización del inventario catastral y la incorporación de las
afectaciones ambientales en los folios de matrícula inmobiliaria. Asimismo,
señalaron que debían adelantarse medidas de preservación ambiental para evitar
la reducción del espejo de agua del humedal por rellenos posteriores, así como
abstenerse de realizar intervenciones que afectaran el ecosistema.

31. No obstante, afirmaron que ninguna de dichas actuaciones fue ejecutada
antes de la expedición del Decreto 457 de 2008, razón por la cual la Resolución 250
de 1994 había perdido fuerza ejecutoria, en tanto habían transcurrido más de 5 años
sin que la administración adelantara las actuaciones necesarias para su
cumplimiento. En esa medida, alegaron que el citado decreto era nulo, pues se
fundamentó en un acto administrativo que ya no producía efectos.

11 Visible a folio 98 del Cuaderno del Tribunal.

15

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con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

32. Al respecto, literalmente se expresó en la demanda:

«Ninguna de éstas acciones o alguna otra de ejecución de la Resolución 250
de 1994 se produjo hasta la expedición del Decreto 457 de 2008. En
consideración a la ausencia de acción administrativa se produce la
consecuencia de la fuerza ejecutoria, respecto a particulares afectados, de la
Resolución 250 de 1994.

Cuando el Decreto 457 de 2008 y los actos administrativos de registro que
inmovilizan el derecho de dominio de que son titulares mis poderdantes, se
produce, están dándole eficacia y ejecutoriedad a un acto que las ha perdido»12

33. En ese sentido, arguyeron que para el año 2008 la Resolución 250 de 1994
había perdido fuerza ejecutoria y que tanto ese acto como el Decreto 457 de 2008
vulneraban el artículo 66 del CCA y el artículo 83 de la Constitución Política.

II. CONTESTACIONES DE LAS DEMANDAS

2.1. La Superintendencia de Notariado y Registro respondió el libelo
introductorio en el proceso 2010-00032 señalando que se abstenía de referirse a
los cargos de vulneración en contra de los actos demandados ya que no fueron
emitidos por esa entidad, ni tuvo injerencia en el trámite de emisión de estos13.

2.2. En el proceso 2010-00031 la citada superintendencia guardó silencio.

2.3. El Distrito Capital de Bogotá contestó la demanda en el proceso 2010-00032
bajo las siguientes consideraciones:

34. En relación con los cargos de falta de competencia de la EAAB y de falta de
motivación, expresó que de conformidad con los artículos 73, 76 y 78 del Decreto
Distrital 190 de 2004 la zona de manejo y preservación ambiental correspondía a
una franja de terreno de propiedad pública o privada contigua a la ronda hidráulica
destinada principalmente a facilitar la transición entre la ciudad construida y la
estructura ecológica, así como a la restauración ecológica y a la construcción de
infraestructura para el uso público orientado a la defensa y control del sistema
hídrico.

35. Anotó que el artículo 81 ibidem estableció que uno de los componentes del
Sistema de Áreas Protegidas -SAP correspondía a los Parques Ecológicos de
Humedal. Asimismo, señaló que el parágrafo 2 del artículo 86 del Decreto Distrital

12 Visible a folio 88 del Cuaderno del Tribunal.
13 Visible a folios 299 a 302 del Cuaderno del Tribunal.

16

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190 de 2004 autorizaba a la EAAB para realizar los estudios y acciones necesarias
dirigidas al mantenimiento, recuperación y conservación de los humedales en sus
distintos componentes, incluyendo el seguimiento técnico de las zonas de ronda y
de manejo y preservación ambiental.

36. Indicó que el artículo 95 del mismo decreto disponía que los parques
ecológicos de humedales comprenden la Zona de Manejo y Preservación Ambiental
(ZMPA), la ronda hidráulica y el cuerpo de agua como una unidad ecológica, cuyo
alinderamiento debía establecerse en los respectivos planes de manejo, conforme
a lo previsto en el Anexo 2 del referido acto.

37. En ese contexto, aseveró que la Resolución 250 de 1994 fue expedida por la
EAAB dentro del ámbito de sus competencias y que dicha regulación fue
posteriormente reproducida en el Plan de Ordenamiento Territorial para efectos de
la delimitación del humedal de Techo, acto que no fue demandado.

38. En relación con el cargo de expedición irregular y desviación de poder, anotó
que las siguientes normas habilitaban al Alcalde Mayor de Bogotá para la emisión
del Decreto 457 de 2008: (i) el artículo 31 del Decreto Ley 2811 de 1974, (ii) el
Acuerdo 19 de 1996, (iii) la Resolución 618 de 2003.

39. Concretó que las medidas adoptadas para el Humedal de Techo
comprendían actuaciones relacionadas con querellas y procedimientos
administrativos frente a construcciones y edificaciones ilegales, la escrituración y
registro de predios ubicados en el humedal, la ejecución de obras de adecuación
hidromorfológica, la prevención de la contaminación por disposición de escombros,
la regulación de avisos comerciales, así como la defensa y protección del humedal
y su zona hidráulica.

40. Resaltó que el Alcalde Mayor de Bogotá podía solicitar autorización al
Concejo para declarar la alerta naranja de manera facultativa, siendo obligatoria
únicamente en caso de requerirse la adopción de medidas extraordinarias o
especiales de carácter presupuestal, policivo o administrativo. Asimismo, señaló
que este asunto fue ampliamente discutido en el Comité Jurídico Distrital de la
Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de que las entidades en caso de necesitar el
ejercicio de dicha facultad gestionaran la correspondiente solicitud para cumplir las
obligaciones previstas en el decreto. Sin embargo, precisó que no se consideró
necesaria la adopción de medidas especiales para atender la problemática del
Humedal de Techo en tanto las obligaciones asignadas a las entidades distritales
17

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Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

se encontraban dentro de su ámbito propio de competencia y podían ser atendidas
con los presupuestos ya existentes.

41. En ese orden, anotó que el Decreto 457 de 2008 no se emitió como
consecuencia de algún interés personal o de otra índole.

42. Resaltó que el Decreto 457 de 2008 sí fue publicado en el Registro Distrital
el 24 de diciembre de 2008, circunstancia que se encontraba acreditada con el
respectivo certificado expedido por la Oficina de Registro Distrital.

43. Posteriormente, adujo que los actos enjuiciados gozan de la presunción de
legalidad y a la necesidad de protección del humedal por tratarse de un bien de uso
público.

44. Como excepciones propuso la que denominó como «ausencia de causales
que invaliden los actos demandados» 14 . Sobre la «indebida acumulación de
pretensiones por pluralidad de demandantes» 15 , destacó no se cumplieron los
requisitos previstos en el inciso 3 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil
ya que los eventuales perjuicios respecto de cada uno de los demandantes eran
distintos e independientes por lo que debían ser analizados de manera separada en
atención a que cada caso requería pruebas diferentes.

45. De otro lado, anotó que existía una «indebida acumulación de pretensiones
por heterogeneidad de pretensiones» 16 ya que se pretendía la nulidad de actos
generales de una parte y, de otra, la ilegalidad de acto particulares.

46. En relación con la «indebida individualización de pretensiones» 17 sostuvo
que se pidió la nulidad del Oficio No. 2-2009-1521, así como de la anotación con
radicado No. 2009-57802 realizada por la Oficina de Instrumentos Públicos de
Bogotá – Zona Centro, siguiendo instrucciones de la Superintendencia de Notariado
y Registro. No obstante, adujo que dichos actos no fueron debidamente
individualizados, en tanto no se precisó su fecha, ni la autoridad a la que iban
dirigidos, ni la oportunidad en que fueron notificados.

47. Sobre la «ineptitud sustantiva de la demanda por inexistencia de los actos

14 Visible a folio 335 ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem.

18

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administrativos demandados»18, afirmó que el Oficio No. 2-2009-15216, expedido
por la Secretaría Distrital de Planeación, así como la anotación con radicado No.
2009-57802 realizada por la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona
Centro no constituían actos administrativos, por lo que no procedían las
pretensiones de la demanda frente a estos.

48. Sobre la «caducidad de la acción» 19 señaló que la Resolución 250 fue
expedida por el Gerente General de EAAB el 30 de junio de 1994 y que el Decreto
457 fue expedido por el Alcalde Mayor del Distrito Capital el 23 de diciembre de
2008. Por ende, precisó que el término de 4 meses previsto en el artículo 136 del
CCA comenzó a contarse desde el primero de julio de 1994 y desde el 24 de
diciembre de 2008 respectivamente, por lo que los plazos de radicación oportuna
de la demanda vencieron el primero de noviembre de 1994 y el 25 de abril de 2009,
de modo que el libelo introductorio era extemporáneo ya que fue radicado después
de esas fechas.

49. Por último, propuso la excepción de «indebida escogencia de la acción»20,
toda vez que la Resolución 250 de 1994 y el Decreto 457 de 2008 eran actos
generales y, por ende, no podían ser controvertidos a través de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho.

2.3.1. En el proceso 2010-00031 la mencionada entidad reiteró los argumentos
antes expuestos21

2.4. Por su parte, la EAAB respondió el libelo introductorio en el proceso 2010
00032, esgrimiendo el análisis que se sintetiza enseguida:

50. Dijo que la delimitación vigente del Humedal de Techo correspondía a la
adoptada mediante el artículo 95 del Decreto Distrital 190 de 2004, compilatorio del
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. En consecuencia, aseveró que
los cargos de la demanda debieron dirigirse en contra de ese acto y no en contra de
la Resolución 250 de 1994.

51. Propuso la excepción de «caducidad de la acción» 22 pues adujo que el
término para la presentación oportuna de la demanda contra el Decreto 457 de 2008

18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Visible a folios 298 a 332 del Cuaderno del Tribunal
22 Visible a folio 393 del Cuaderno del Tribunal.

19

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debía contabilizarse a partir de su publicación en el Registro Distrital No. 4124 del
24 de diciembre de 2008, por lo que el plazo transcurrió entre el 25 de diciembre de
2008 y el 27 de abril de 2009. No obstante, el libelo introductorio fue radicado el 21
de enero de 2010, de modo que era extemporáneo.

52. Asimismo, alegó que incluso si el cómputo se realizara de manera errónea a
partir de la inscripción de la medida en los folios de matrícula inmobiliaria el 11 de
junio de 2009 la demanda también resultaría extemporánea toda vez que fue
presentada el 20 de enero de 2010 pese a que el término para ello, aun
considerando la interrupción derivada de la solicitud de conciliación extrajudicial,
vencía el 12 de enero de 2010.

53. Sobre la «supuesta ineficacia de la Resolución 250 de 1994 impide que el
Juez se pronuncie sobre los cargos de nulidad»23, alegó que la supuesta falta de
publicidad de ese acto generaba su ineficacia, situación que no exige de declaración
judicial y que opera de pleno derecho, de ahí que el Juez no pueda pronunciarse
sobre el fondo del asunto.

54. De otro lado, expresó que la falta de publicación de un acto administrativo no
era una causal de nulidad, sino que lo hacía inoponible frente a terceros.

55. Asimismo, señaló que no ocasionó ningún daño antijurídico ya que no
participó en el trámite de emisión de los Decretos Distritales 190 de 2004 y 457 de
2008, decisiones que son las que realmente afectaron las situaciones concretas de
los accionantes.

56. A su vez, en el proceso 2010-00031 la anotada entidad guardó silencio

III. ACUMULACIÓN DE PROCESOS

57. En auto del 29 de noviembre de 2012, la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca acumuló los procesos 2010 00031 y
2010 00032.

IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

58. En sentencia del 10 de agosto de 2017, la Subsección A de la Sección

23 Ibídem.

20

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Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de
la demanda con fundamento las siguientes consideraciones:

59. En relación con la oportunidad para demandar la Resolución 250 del 30 de
junio de 1994 expedida por la EAAB y el Decreto 457 del 23 de diciembre de 2008
proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. señaló que conforme a la
jurisprudencia de esta Corporación, es posible demandar actos de carácter general
a través de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho siempre que se
interponga dentro de los 4 meses siguientes a su publicación y que de ellos se derive
la creación, modificación o extinción de una situación jurídica particular.

60. Precisó que las demandas fueron admitidas bajo el entendido de que aunque
se trataba de actos generales, los particulares afectados solo tuvieron conocimiento
de la medida que en ellos se adoptó en el momento en que se realizó la anotación
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el 11 de junio de 2009. Por ende,
concluyó que la demanda fue incoada en forma oportuna ya que fue radicada dentro
de los 4 meses contados a partir de ese momento.

61. Entre tanto, aludió a los hechos probados en el plenario y posteriormente
pasó a resolver los cargos de las demandas en los siguientes términos:

62. Frente a la falta de competencia, mencionó que conforme con los artículos
141 del Acuerdo Distrital 6 de 1990 y 66 de la Ley 99 de 1993, para el año 1994 la
EAAB era la entidad competente para realizar el acotamiento y la demarcación en
el terreno de las rondas de ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales dentro del
territorio del Distrito Especial de Bogotá.

63. Señaló que, si bien el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 facultó a los
municipios, distritos y áreas metropolitanas para adelantar tales actuaciones, dicha
disposición no implicaba que la EAAB hubiera perdido dicha competencia. Por el
contrario, indicó que esa norma permitía a las entidades territoriales con población
igual o superior a un millón de habitantes ejercer dentro de su perímetro urbano las
competencias atribuidas a las corporaciones autónomas regionales. En ese sentido,
destacó que la EAAB como parte de la estructura administrativa distrital se
encontraba facultada para realizar la delimitación del humedal de Techo mediante
la Resolución 250 de 1994.

64. Arguyó que el numeral 9 del artículo 313 de la Constitución Política de 1991
atribuyó a los concejos la facultad de dictar las normas necesarias para el control,
21

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la prevención y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. En ese
sentido, precisó que no correspondía al Concejo Distrital la ejecución operativa del
acotamiento de humedales sino la asignación de dichas funciones para ese
propósito, lo cual se materializó en favor de la EAAB mediante el Acuerdo No. 6 de
1990.

65. En ese sentido, señaló que la anotada empresa armonizó lo dispuesto en el
artículo 63 del Acuerdo 6 de 1990 con el artículo 141 ibidem y, en consecuencia,
procedió a acotar y demarcar las rondas del humedal de Techo.

66. Dijo que la protección del patrimonio ambiental del Distrito Capital puede
implicar la actuación concurrente de diversas entidades públicas. En ese sentido,
indicó que, si bien a la Secretaría Distrital de Planeación le corresponden funciones
en materia de usos del suelo y al Departamento Administrativo del Medio Ambiente
competencias generales de manejo y protección ambiental, ello no excluye el
ejercicio de atribuciones por parte de otras entidades distritales.

67. Respecto de la falta de motivación, dijo que conforme con el artículo 6 del
Decreto 2113 de 1992 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es la entidad
encargada de producir la cartografía oficial del país, elaborar el catastro nacional de
la propiedad inmueble, realizar inventarios de las características de los suelos,
adelantar investigaciones geográficas, así como coordinar la infraestructura
colombiana de datos espaciales.

68. En ese orden, señaló que no era cierto que la Resolución 250 de 1994
carecía de fundamento técnico, toda vez que conforme al artículo tercero de la
Resolución 250 de 1994, el acotamiento se realizó con base en la plancha H-46 de
1978 la cual fue elaborada por el mencionado instituto quien insistió que era la
máxima autoridad catastral del país.

69. Sobre el desconocimiento del derecho al debido proceso, alegó que el
capítulo 5 del Acuerdo Distrital 19 de 1996 no contemplaba un procedimiento
administrativo previo que garantizara la participación de las personas afectadas por
la medida de declaratoria de emergencia, lo cual se justificaba en la gravedad y
urgencia de las situaciones que daban lugar a la declaratoria de Alerta Naranja. No
obstante, arguyó que dicha circunstancia no dejaba desprotegidos a los afectados
en la medida en que podían acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
para impugnar la decisión adoptada y controvertir los fundamentos de hecho y de
derecho que sirvieron de base para la expedición de ese acto.
22

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70. En cuanto a la falta de publicación de la Resolución 250 de 1994, expuso que
ese aspecto no es un requisito para la validez de la decisión sino para su eficacia y
por lo tanto no generaba la nulidad del acto que se impugnaba.

71. Frente a los reparos de desviación de poder respecto del Decreto Distrital
457 de 2008, dijo que fue expedido con fundamento en un estudio técnico que
evidenció diversas problemáticas ambientales en el humedal de Techo derivadas
de fenómenos antrópicos que ocasionaron daños a su ecosistema. En
consecuencia, señaló que con base en las facultades conferidas por la Ley 99 de
1993, el Decreto Ley 1421 de 1993 y el Acuerdo 19 de 1996, se adoptaron medidas
urgentes orientadas a la protección del ecosistema del referido humedal.

72. En lo referente al Oficio 2-2009-15216 emitido por la Secretaría Distrital de
Planeación, dijo que no se trataba de un acto administrativo que fuera pasible de
control judicial ya que en este no se adoptó una determinación sino que tuvo como
finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, numeral 5, del Decreto
457 de 2008, mediante el cual se ordenó oficiar a la Superintendencia de Notariado
y Registro para que instruyera a notarios y registradores de instrumentos públicos
para evitar la escrituración y registro de predios ubicados en el área del humedal de
Techo.

73. Finalmente, en relación con la anotación 2009-57802 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos – Zona Centro, señaló que dicha entidad actuó
en cumplimiento de un deber legal, este es, la función de registrar las decisiones
administrativas que sean de su resorte. En ese sentido, precisó que a la
Superintendencia de Notariado y Registro no le correspondía ejercer control de
legalidad sobre los demás actos demandados, máxime cuando las autoridades
distritales eran las competentes para impartir tales órdenes.

V. RECURSO DE APELACIÓN

74. La parte actora interpuso recurso de alzada en contra de la sentencia de
primera instancia bajo las siguientes consideraciones:

75. En primer lugar, reprochó que el Tribunal dentro del proceso 2010-00031
realizó un estudio superficial del objeto de la litis ya que no incluyó en la providencia
recurrida a la señora Olga Teresa Rubiano Jejen como demandante, pese a que
esta ostentaba dicha calidad.
23

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con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
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76. De otro lado, precisó que los 25 accionantes en el proceso 2010-00031 eran
propietarios de una vivienda desarrollada urbanísticamente con acceso a servicios
públicos. Sobre el proceso 2010-00032, destacó que en el proceso 2010-00032 los
demandantes eran propietarios de inmuebles destinados a parqueaderos de
vehículos automotores los cuales contaban con redes secundarias de servicios
públicos y una vía en excelente estado de conservación. Asimismo, se indicó que
como consecuencia de los actos demandados no habían podido desarrollar
urbanísticamente dichos bienes ni enajenarlos.

77. Por ende, controvirtió que en la sentencia no se analizó la existencia de un
perjuicio derivado del desequilibrio en las cargas públicas, presuntamente generado
con ocasión de las medidas adoptadas en aras de la protección del medio ambiente.

78. En relación con el cargo de falta de competencia para emitir la Resolución
250 de 1994, expresó que conforme al inciso segundo del artículo 142 del Acuerdo
Distrital 6 de 1990, la determinación de las zonas de manejo y preservación
ambiental en las áreas de ronda correspondía al Departamento Administrativo de
Planeación Distrital, hoy Secretaría de Planeación Distrital. De ahí que no fuera
cierto que en ese acuerdo se hubiera otorgado facultades a la EAAB para emitir la
anotada decisión demandada.

79. Refirió que en el artículo 142 ibidem únicamente se limitó a establecer que la
EAAB debía elaborar un insumo técnico que sería considerado por el referido
departamento para la determinación de las mencionadas zonas.

80. Dijo que conforme a los artículos 139 y 140 ibidem las facultades de la EAAB
en materia de acotamiento se limitaban a la ronda de ríos, embalses, lagunas,
quebradas y canales dentro del territorio del Distrito, comprendiendo la demarcación
del cauce natural y de la ronda hidráulica. Destacó que no existía una disposición
en el referido acuerdo que habilitara a la anotada empresa para declarar la
existencia de un humedal y proceder a su delimitación.

81. Señaló que, con posterioridad a la emisión de la Carta del 91, dichas materias
quedaron en cabeza de las autoridades municipales conforme a lo dispuesto en el
artículo 66 de la Ley 99 de 1993.

82. Indicó que las empresas de servicios públicos domiciliarios como la EAAB,
únicamente pueden desarrollar las actividades principales y complementarias que
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se encuentran definidas por el artículo 14 de la Ley 142 de 1994, por lo que no les
corresponde ejercer funciones propias de autoridad ambiental ni declarar la
existencia de humedales o delimitarlos. Agregó que el Tribunal atribuyó
indebidamente tales competencias a la EAAB bajo el principio de coordinación, lo
cual según se indicó, no podía justificar la asunción de funciones que corresponden
de manera exclusiva al Concejo y a las autoridades ambientales del Distrito.

83. En relación con la falsa motivación de la Resolución 250 de 1994, alegó que
la afirmación según la cual la plancha H-46 de 1978 fue elaborada por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi resultaba superflua y se apartaba de la realidad de la
zona en la que se delimitó el humedal. Anotó que para esos efectos la EAAB debió
tener en cuenta criterios biofísicos, ecológicos, geográficos, socioeconómicos y
culturales del humedal.

84. Expuso que no era suficiente como soporte técnico una plancha elaborada
aproximadamente 16 años antes de la emisión del citado acto demandado dada la
complejidad de la materia ambiental en la zona. En ese orden, expuso que el
Tribunal omitió analizar el carácter obsoleto de dicha plancha e insistió en que la
Resolución 250 de 1994 fue adoptada sin un estudio previo que permitiera verificar
la correspondencia entre el espejo de agua del Humedal de Techo y dicha
cartografía, así como determinar el cauce del humedal, su marea máxima, su
verdadera extensión y su ronda al momento de su expedición. Por ende, alegó que
la citada resolución carecía de una motivación seria, adecuada y suficiente, ello en
detrimento de lo previsto en los artículos 141 y 142 del Acuerdo Distrital 6 de 1990.

85. En relación con la infracción al debido proceso, anotó que dicho cargo no se
limitaba al Decreto 457 de 2008, sino que también se extendía a la Resolución 250
de 1994. Alegó que la necesidad de vincular previamente a las personas que
puedan verse afectadas por la expedición de un acto constituye un principio que
debe ser observado en todas las actuaciones administrativas, de conformidad con
la primera parte del CCA.

86. Indicó que el carácter urgente de una actuación orientada a la protección
ambiental no justificaba su realización sin considerar a las personas que resultarían
afectadas, máxime cuando la emisión del Decreto 457 de 2008 tuvo como objeto
evadir la responsabilidad por parte del Distrito respecto de las acciones populares
que fueron interpuestas en su contra por la contaminación del humedal de Techo.

87. Dijo que la Resolución 250 de 1994 no fue publicada en el Registro Distrital,
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en contravía de lo previsto en el literal f) del numeral 2 del artículo 2 del Decreto
Distrital 1132 de 1987, circunstancia que según indicó se acreditaba con el oficio
radicado 2-2009-40607 suscrito por la Subdirectora de Imprenta Distrital. Precisó
que la controversia no radicaba en la nulidad de ese acto por falta de su publicación,
sino en que al no producir efectos frente a terceros no podía servir de fundamento
para la expedición de los demás actos enjuiciados, so pena de desconocer lo
previsto en los artículos 83 de la Constitución Política y 48 y 63 del Código
Contencioso Administrativo.

88. En ese sentido, sostuvo que la aplicación de la Resolución 250 de 1994 por
parte del Distrito Capital sin que fuera oponible a terceros generó perjuicios a los
demandantes, lo que conforme al artículo 90 de la Constitución Política y al Código
Contencioso Administrativo, los habilitaba para solicitar el restablecimiento del
derecho y la reparación de los daños causados. Reiteró, además, que dicha
resolución debía ser notificada a los afectados directos y que al igual que el Decreto
457 de 2008, debía estar precedida de procesos de socialización y participación
comunitaria.

89. Indicó que la Resolución 250 de 1994 imponía a la administración la
realización de diversas actuaciones, entre ellas la expedición por parte de la
Secretaría Distrital de Planeación del acto administrativo de determinación de la
zona de humedal, la elaboración del inventario catastral y la incorporación de las
afectaciones ambientales en los folios de matrícula inmobiliaria. Afirmó que ninguna
de dichas actuaciones, ni otras dirigidas a la ejecución de la Resolución 250 de
1994, fueron realizadas antes de la expedición del Decreto 457 de 2008, lo que
condujo a la pérdida de fuerza ejecutoria del primer acto frente a los particulares
afectados. Anotó que, si bien los actos administrativos de carácter general no
decaen, lo cierto era que los efectos de la Resolución 250 de 1994 eran concretos
y particulares al afectar directamente a los propietarios de predios ubicados en el
área del humedal de Techo.

90. En consecuencia, expresó que el Decreto 457 de 2008 y la Anotación 2009-
57802 no podían fundamentarse en la Resolución 250 de 1994 ya que ese acto
perdió ejecutoria al no haberse efectuado las acciones previstas en este dentro de
los 5 años siguientes a su emisión.

91. Sobre la desviación de poder del Decreto 457 de 2008, señaló que dicho
acto tenía evidentes efectos económicos que no fueron respaldados por el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. Además, indicó que no

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podía ser expedido sin la autorización previa del Concejo Distrital que habilitara la
declaratoria de alerta naranja en la zona de acuerdo con el numeral 2 del artículo
15 del Acuerdo Distrital 19 de 1996.

92. Mencionó que el Distrito Capital con el propósito de proteger el supuesto
Humedal de Techo, únicamente podía ejercer las atribuciones sancionatorias
previstas en la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997, esto es en materia ambiental
y urbanística, garantizando en todo caso el debido proceso. Indicó que el Alcalde
Mayor habría incurrido en abuso de poder al disponer la salida del comercio de los
bienes de los demandantes sin contar con autorización previa del Concejo,
desconociendo sus derechos de propiedad. Asimismo, señaló que dicha actuación
no obedecía a un proceso de expropiación sin que previamente hubiera una
declaratoria de utilidad pública para la ejecución de obras o proyectos de interés
general, tales como infraestructura social, vial, de transporte o de preservación
ambiental.

93. Resaltó que el vicio de desviación de poder se evidenciaba en la medida en
que la declaratoria de alerta naranja se habría concebido en el marco de mesas de
trabajo de las autoridades distritales, en las cuales se discutían los efectos de una
sentencia proferida en una acción popular relacionada con el Humedal del Burro y
en las que dichas autoridades tenían conocimiento de la existencia de otra acción
popular respecto del humedal de Techo, circunstancia de la que daban cuenta las
actas del Comité Jurídico Distrital que fueron aportadas como pruebas de la
demanda.

94. Anotó que para la emisión del Decreto 457 de 2008 las condiciones de
contaminación y los estándares de calidad ambiental debían determinarse conforme
a los lineamientos del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974, así como a la
reglamentación expedida por el Director del Departamento Técnico Administrativo
del Medio Ambiente – DAMA mediante la Resolución 618 de 2003. No obstante,
expresó que al momento de expedir la Resolución 250 del 30 de junio de 1994, la
EAAB no realizó una caracterización de las aguas del supuesto Humedal de Techo,
ni del entorno socioambiental, la flora y la fauna, por lo que no existía una línea base
que permitiera establecer el deterioro ambiental ni su magnitud. Asimismo, indicó
que en ese acto no existía un Plan de Manejo Ambiental para la protección del
anotado humedal.

95. En relación con la Anotación 2009-57802 indicó que el daño debía calcularse
con base en una comparación con el provecho económico que habrían obtenido
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otros propietarios no afectados por la medida adoptada mediante el Decreto 457 de
2008, en relación con el desarrollo de sus predios durante el tiempo en que la
anotación permaneció en el registro público. Asimismo, señaló que el perjuicio
también se derivaba de la imposibilidad de desarrollar los inmuebles en las
condiciones permitidas para otros predios, como consecuencia de la restricción al
ejercicio pleno del derecho de disposición.

96. Adujo que pese a haberse levantado la medida ordenada en los actos
enjuiciados, lo cual permitía presumir su irrazonabilidad e ilegalidad, ello no impedía
que medidas similares pudieran ser adoptadas nuevamente por la administración.
Alegó que dichas medidas debían conducir a la regularización de la situación
jurídica de los predios de propiedad de los demandantes, ubicados en un sector
cercano al humedal objeto de controversia.

97. Agregó que la Superintendencia de Notariado y Registro incumplió sus
deberes al gravar la matrícula inmobiliaria de los predios de los demandantes sin
advertir que dicha medida resultaba desproporcionada, en tanto afectaba el derecho
de propiedad y restringía la libre disposición de los inmuebles. Alegó que inclusive
la Secretaría de Planeación Distrital de la Alcaldía de Bogotá, en un documento
cuyo radicado no identificó y que aseguró aportó con la demanda, reconoció que la
medida adoptada de sacar los bienes del comercio era desproporcional.

98. Por último, indicó que los perjuicios fueron acreditados en el proceso 2010-
00032 mediante el dictamen pericial practicado en la primera instancia. De otro lado,
precisó que en el proceso 2010-00031 objetó la experticia y en ese mismo escrito,
solicitó la práctica de un nuevo dictamen al considerar que el existente presentaba
vacíos de carácter investigativo y probatorio, sin que el Tribunal se hubiera
manifestado sobre dicha objeción.

VI. TRÁMITE DE LA APELACIÓN

99. En auto del 27 de septiembre de 2018 se admitió el recurso de apelación 24 .
En proveído del 9 de diciembre de 2019 el Despacho sustanciador negó el decreto
de las pruebas documentales solicitadas en segunda instancia25.

100. En providencia del 7 de febrero de 2020, se corrió traslado para alegar de

24 Visible a folio 4 del Cuaderno Principal.
25 Visible a folio 58 del Cuaderno Principal

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con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

conclusión. El Distrito Capital de Bogotá 26 , el demandante 27 , la
Superintendencia de Notariado y Registro 28 y la EAAB 29 reiteraron sus
argumentos expuestos en sus respectivas intervenciones.

101. Además, la EAAB agregó, frente a la publicidad de la Resolución 250 de
1994, que tanto en la demanda como en los testimonios practicados en primera
instancia se reconoció que en el año 1995 el entonces alcalde Antanas Mockus
adelantó acciones orientadas a evitar invasiones y el deterioro de los humedales.

102. En ese sentido, sostuvo que los accionantes tenían conocimiento desde ese
momento del acotamiento del Humedal de Techo, por lo que el término para la
interposición oportuna de la demanda debía contabilizarse a partir de esa fecha de
modo que había operado el fenómeno de caducidad frente a ese acto.

VII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

103. El Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto en este asunto

VIII. CONSIDERACIONES

8.1. Competencia de la Sala

104. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
lo ordenado en los artículos 129 y 132 (numeral 3) del C.C.A. y en el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 201930, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

105. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala
a decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.

8.2. Cuestión previa. Del argumento agregado por la EAAB en su escrito de
alegatos de conclusión

106. Pues bien, la Sala advierte que en el escrito mediante el cual la EAAB
descorrió el traslado para alegar de conclusión, se sostuvo que tanto en la demanda

26 Visible a folios 69 a 72 del Cuaderno Principal.
27 Visible a folios 124 a 180 del Cuaderno Principal.
28 Visible a folios 194 a 197 del Cuaderno Principal.
29 Visible a folio 102 a 180 del Cuaderno Principal.
30 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

29

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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00032 01 acumulado
con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

como en los testimonios practicados en el trámite de instancia los accionantes
reconocieron que en el año 1994 el entonces alcalde de Bogotá adelantó
actuaciones orientadas a la recuperación de los humedales en la ciudad. Con
fundamento en ello, afirmó que los actores conocieron el contenido de la Resolución
250 de 1994 desde ese mismo año, por lo que el término para la presentación
oportuna de la demanda debía contabilizarse a partir de ese momento.

107. Siendo ello así, lo que se advierte es que en la sentencia recurrida el Tribunal
negó la excepción de caducidad propuesta por dicha empresa esgrimiendo que los
accionantes solo tuvieron conocimiento de lo dispuesto en el aludido acto cuando
se realizó la anotación en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el 11 de
junio de 2009. Por ende, concluyó que la demanda fue presentada en forma
oportuna ya que fue radicada dentro de los 4 meses contados a partir de ese
momento.

108. En ese orden, es claro que el referido reparo es extemporáneo en la medida
en que la EAAB no interpuso recurso de apelación en los términos del artículo 212
del CCA que prevé:

«Artículo 212. Apelación de sentencias. El recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia se interpondrá y sustentará ante el a quo. Una
vez sustentado el recurso, se enviará al superior para su admisión. Si el recurso
no es sustentado oportunamente, se declarará desierto por el inferior.

El término para interponer y sustentar la apelación será de 10 días, contados a
partir de la notificación de la sentencia.

Recibido el expediente por el superior y efectuado el reparto, el recurso, si reúne
los requisitos legales, será admitido mediante auto que se notificará
personalmente al Ministerio Público y por estado a las otras partes.

Las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso,
podrán pedir pruebas, que solo se decretarán en los casos previstos en el
artículo 214 de Código Contencioso Administrativo. Para practicarlas se fijará
un término hasta de diez (10) días.

Ejecutoriado el auto admisorio del recurso o vencido el término probatorio, se
ordenará correr traslado a las partes por el término común de diez (10) días
para alegar de conclusión y se dispondrá que vencido este, se dé traslado del
expediente al Ministerio Público, para que emita su concepto.
Vencido este término se enviará el expediente al ponente para que elabore el
proyecto de sentencia. Este se debe registrar dentro del término de treinta (30)
días y la Sala o Sección tendrá quince (15) días para fallar.

Se ordenará devolver el expediente al tribunal de origen para obedecimiento y
cumplimiento» (Subrayas de la Sala).

30

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Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

109. Además, es pertinente recordar que el artículo 320 del CGP, aplicable por la
remisión prevista en el artículo 267 del CCA31 establece que el recurso de apelación
tiene por finalidad que el superior decida la controversia únicamente respecto de los
puntos concretos que fueron objeto de impugnación en la alzada. La primera norma
en cuestión prevé:

«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 71» (Subrayas de la Sala).

110. En consecuencia, no procede el análisis del aludido reparo en esta sede.

8.3. De la controversia sobre el análisis del Tribunal en la sentencia de
primera instancia

111. Se analizará si es cierto que el Tribunal en la sentencia de primera instancia
realizó un estudio superficial del objeto de la litis al no incluir dentro de dicha
providencia como demandante a la señora Olga Teresa Rubiano Jegen.

112. De entrada, la Sala encuentra que le asiste razón al demandante al señalar
que el Tribunal en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia no incluyó
a la referida ciudadana. Veamos:

«PRIMERO.- NIEGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesta por los señores Pedro Josías Aldana
Yara (Sic), José Pacomio Barón Santisteban, Bertha Cecilia Carreño Carreño,
Lida María Álzate Vélez, Elba Ligia Barrera, Rigoberto Becerra, Fresneda,
Adalberto Carrillo Laguado, Rosa Elena Enciso Churque, Clara Inés Cruz, Luz
Graciela Garzón Peña, María Esperanza Romero, Luz Mery González Murcia,
Pedro Huérfano, Alexander Alberto Marín González, Ana Cecilia Molina
Alvarado, José Parmenio Montañez, María Estella Murcia de González, Luz
Marina Peñalosa Alberto, José Demetrio Pinzón Moreno, Esperanza Piraban
Cristancho, Diana Esperanza Quiceno Ballesteros, Flor María Ramos Barreto,
Blanca Cecilia Rodríguez Cañón, Héctor Gustavo Rubiano Jején, Reinalda Ruiz
Martin, María Nohora Triana Vanegas y Fredy Orlando Valderrama Prieto, a
través de apoderada judicial, contra Distrito Capital -Secretaría Distrital de
Planeación, Distrito Capital - Secretaria Distrital de Ambiente, Distrito Capital -
Alcaldía Mayor, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,
Superintendencia de Notariado y Registro»32 (Negrillas dentro del texto)

31 Artículo 267. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se

seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos
y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.

32 Visible a folio 318 del Cuaderno del Tribunal.

31

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con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

113. No obstante, esa omisión no implica que el Tribunal haya realizado un
análisis superficial de la controversia ya que la señora Olga Teresa Rubiano Jegen
integraba el extremo activo de la litis dentro del proceso 2010-0031, cuyos cargos
resultaban coincidentes con el trámite 2010-00032 y que fueron efectivamente
analizados y resueltos en la sentencia de primera instancia en el sentido de
negarlos.

114. En consecuencia, la ausencia de su mención en la parte resolutiva no
desvirtúa la integralidad del estudio efectuado por el a quo que, evidentemente, es
extensible a la señora Olga Teresa Rubiano Jegen, como quiera que se trata de un
error involuntario y no de la conciencia explícita de comprender que el
discernimiento vertido en la providencia apelada no le era aplicable.

115. Con todo, se modificará el numeral primero de la sentencia recurrida con el fin
de incluir expresamente a la señora Olga Teresa Rubiano Jegen, quien como se vio
fue omitida por un error involuntario del a quo.

8.4. Del cargo de falta de competencia

8.4.1. De las funciones relacionadas con el acotamiento de humedales de la
EAAB

116. La Sala resolverá si es nulo por falta de competencia el acto administrativo
por medio del cual la EAAB acotó la ronda hídrica de un humedal en Bogotá, si se
sostiene que esa empresa sólo tenía facultades para acotar las rondas de ríos,
embalses, lagunas, quebradas y canales dentro del territorio del Distrito, pero no
específicamente de un humedal.

117. Pues bien, en los artículos 53 y 54 de Acuerdo 6 de 1990 se indicó:

«Artículo 53.- Zonificación. Es la división del territorio del Distrito Especial de
Bogotá con el fin de regular en forma ordenada los usos del terreno y su
intensidad, así como las características urbanísticas y arquitectónicas de las
áreas y edificaciones que se destinan a los diversos usos.

Artículo 54.- Uso. Es la utilización que se le da a los elementos materiales de
la estructura urbana en las distintas actividades ciudadanas.

Algunos usos se fundan en derechos de los ciudadanos en general, como son
las diversas formas del Uso Público a las que están destinados los bienes de
uso público de propiedad pública; otros usos se fundan en las actividades
propias de las Empresas de Servicios Públicos, como es el uso de las redes,

32

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con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

instalaciones y obras de infraestructura de servicios públicos por parte de ellas
y de los usuarios, conforme a lo que al respecto prevean los respectivos
reglamentos de suscripción; otros usos son necesarios para el cumplimiento de
las funciones públicas en general, como los usos que se le dan a los edificios
públicos para la prestación de los servicios administrativos; finalmente, otros
usos tienen su fundamento en el derecho de propiedad y en el ejercicio de las
libertades públicas, en especial la libertad de empresa, como son los usos
residenciales, los usos comerciales y los usos industriales, así como también
algunos de los usos para fines cívicos o institucionales, que se sustraen de la
actividad propiamente pública y ciertas formas específicas del uso o disfrute
colectivos que pueden darse en la propiedad privada conforme al Artículo 5 de
la Ley 9 de 1989» (Subrayas de la Sala).

118. A su vez, el artículo 63 ibidem dispuso:

« Artículo 63º.- Primer nivel de zonificación. El Primer Nivel de Zonificación,
comprende las siguientes formas de Zonificación, según la naturaleza de los
elementos de la estructura urbana, los valores urbanísticos y las actividades
que tutelan las normas respectivas:

A. Zonificación para el manejo de los elementos naturales de la estructura
urbana, para la preservación y fomento de aquellos usos e intensidades de los
mismos, que sean compatibles con la defensa de dichos elementos y para la
exclusión o restricción de aquellos usos que los afecten o impacten
negativamente.

Pertenece, por tanto, al Primer Nivel de Zonificación la sectorización del
territorio para el establecimiento y regulación de:

• El Sistema Hídrico del Distrito Especial de Bogotá, en lo que se refiere a las
áreas y elementos naturales que conforman el mismo y que, sin ser de uso
público, requieren un tratamiento especial para la protección del mencionado
sistema, como son las Zonas de Manejo y Preservación de las Rondas de Ríos,
Quebradas, Embalses y Lagunas.

• El Sistema Orográfico del Distrito Especial de Bogotá. (Cerros Orientales,
Cerros de Suba y La Conejera, Cerros Sur-Occidentales, Guacamayas y Juan
Rey).

• El Sistema de Parques, Zonas Verdes y Forestales, Zonas Oxigenantes,
Amortiguadoras y Zonas de Preservación de Elementos Estéticos Naturales del
Paisaje. (Parques Metropolitanos, Jardín Botánico, Zonas Arborizadas, Zonas
Verdes de Uso Público y de Uso Privado, Zonas Recreativas al Aire Libre,
Parques Cementerios, Clubes Campestres, Áreas Verdes y Arborizadas
destinadas a Establecimientos Educativos o Institucionales de otros órdenes,
etc.).

B. Zonificación para el manejo del patrimonio cultural de la ciudad y de los
valores históricos, arquitectónicos, urbanísticos y de identidad urbana, para la
preservación y fomento de los usos e intensidades de los mismos, que sean
compatibles con la preservación de los mencionados valores y para la exclusión
o restricción de aquellos usos que los amenacen o pongan en peligro.

C. Zonificación para la preservación del uso público y en general, para el manejo
y utilización del espacio público.

Por lo tanto, pertenece al Primer Nivel de Zonificación la sectorización del
territorio para el establecimiento y regulación de:

• Zonas Viales;
• Zonas Recreativas de Uso Público;

33

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• Zonas de Uso Público del Sistema de Rondas de Ríos, Quebradas,
Canales, Embalses y Lagunas;
• Zonas de Cesión Obligatoria Gratuita al Patrimonio Público de Bienes de
Uso Público por parte de los Propietarios y Urbanizadores;
• Elementos Arquitectónicos y Naturales de los Bienes Inmuebles de
Propiedad Privada y de los Bienes Fiscales que deben ser destinados al Uso
Publico;

D. Zonificación para el manejo y preservación de las obras de infraestructura de
servicios públicos.

Por lo tanto, pertenece al Primer Nivel de Zonificación la sectorización del
territorio para el establecimiento y regulación de Zonas de Servicios Públicos y
Franjas de Control Ambiental de tales zonas.

E. Zonificación para el manejo y preservación de las estructuras destinadas al
servicio público y del patrimonio público inmobiliario en general; para la
regulación de los usos, que se asignen a los inmuebles del patrimonio público
y para la exclusión o restricción de aquellos usos que impliquen riesgo para su
integridad y estabilidad, o para el bienestar de los habitantes.

Por lo tanto, pertenece al Primer Nivel de Zonificación la sectorización del
territorio para el establecimiento y regulación de Edificios Públicos y
establecimientos destinados a los servicios administrativos y estatales en
general.

Zonificación para el manejo y preservación de los Usos Institucionales en
edificios de carácter privado apropiados para tales usos. (Universidades,
Colegios, Hospitales, etc.)» (Subrayas de la Sala).

119. En ese contexto, dentro del capítulo VIII denominado «Rondas de Ríos,
Quebradas, Canales, Embalses y Lagunas y Zonas y Manejo y Preservación
Ambiental de las mismas» el artículo 141 ibidem previó:

«Artículo 141º.- Acotamiento. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá hará el acotamiento y demarcará en el terreno, todas las rondas de los
ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales dentro del territorio del Distrito
Especial de Bogotá y en especial las cuencas de Torca, Conejera, Salitre,
Jaboque, Fucha, Tunjuelo, Tintal y Soacha, velará por su preservación y
solicitará a las autoridades la protección que las leyes le otorgan a los bienes
de uso público.

El acotamiento tendrá una representación cartográfica elaborada con asesoría
técnica del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la cual
será incluida en la Cartografía Oficial del Distrito Especial de Bogotá, para todos
los efectos» (Subrayas de la Sala).

120. En ese marco, lo que se observa es que el propósito del artículo 141 del
Acuerdo 6 de 1990 consistió en atribuir a la EAAB la competencia para acotar y
demarcar las rondas hídricas dentro del territorio distrital como instrumento para su
identificación, delimitación y preservación.

121. Ahora, es claro que la mencionada norma no alude de manera expresa a los
humedales; no obstante, es importante precisar que para la época de expedición
del acto acusado no existía ninguna previsión normativa que diera cuenta de esos
34

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ecosistemas.

122. En efecto, ni en el Decreto 2811 de 1974 ni la Ley 99 de 1993 se evidencia
regulación alguna al respecto. Solo fue con la expedición de la Ley 357 de 1997,
que el Congreso de la República aprobó la «Convención Relativa a los Humedales
de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas»
(Convención de Ramsar), buscando establecer mecanismos orientados a su
protección y a la conservación de la diversidad e integridad del ambiente.

123. El artículo 1º ibidem, los definió como «las extensiones de marismas, pantanos
y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja
no exceda de seis metros».

124. Como resultado de la Convención de Ramsar, en la Séptima Reunión de la
Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención sobre los Humedales33,
se aprobaron los «Lineamientos para elaborar y aplicar Políticas Nacionales de
Humedales» en los cuales se fijaron los elementos para lograr su conservación. En
cumplimiento de lo acordado en dicha Reunión y de lo dispuesto en el numeral 24
del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 34 , el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible expidió, en junio de 2002, la «Política Nacional para Humedales
Interiores de Colombia»35.

125. De acuerdo con lo establecido en la Convención Ramsar se clasificaron los
humedales en marinos o costeros e interiores, cada uno con un sistema,
subsistema, clase y subclase. Allí mismo, y luego de definir el marco general, el
diagnóstico, los principios de la política, las estrategias, líneas programáticas, metas

33 Realizada en San José (Costa Rica) del 10 al 18 de mayo de 1999.
34 “Artículo 5º.- Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente:
(…)
24. Regular la conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, en las zonas marinas y costeras, y coordinar las actividades de las entidades
encargadas de la investigación, protección y manejo del medio marino, de sus recursos vivos, y de
las costas y playas; así mismo, le corresponde regular las condiciones de conservación y manejo de
ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales”.
35 Los objetivos que allí se trazaron conducían a: »«Integrar los humedales del país en los procesos

de planificación de uso del espacio físico, la tierra, los recursos naturales y el ordenamiento del
territorio, reconociéndolos como parte integral y estratégica del territorio, en atención a sus
características propias, y promover la asignación de un valor real a estos ecosistemas y sus recursos
asociados, en los procesos de planificación del desarrollo económico.
Fomentar la conservación, uso sostenible y rehabilitación de los humedales del país de acuerdo a
sus características ecológicas y socio económicas.
Promover y fortalecer procesos de concienciación, y sensibilización a escala nacional, regional y
local, respecto a la conservación y uso sostenible de humedales».

35

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y acciones, el Ministerio se ocupó de concretar los instrumentos de articulación y
funcionamiento de la gestión para la conservación y uso sostenible de los
humedales, encontrando que en el punto legal el país carecía de normatividad que
regulara todo lo concerniente. Sobre el punto indicó:

«En la actualidad no existe en Colombia una normatividad específica para la
conservación, protección y manejo de estos ecosistemas, encontrándose sólo
en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección
del Medio Ambiente, algunos aspectos relacionados con el aprovechamiento de
las aguas superficiales y subterráneas, dominio de las aguas y sus cauces y de
los modos de adquirir derecho al uso de las aguas.

La ausencia de un marco legal específico para humedales, ha ocasionado la
pérdida y alteración de los mismos debido al deterioro de los procesos naturales
como consecuencia de la agricultura intensiva, la urbanización, la
contaminación, la construcción, de represas el traslado regional de aguas y
otras formas de intervención en el sistema ecológico e hidrológico.

Aunque no se ha cuantificado su pérdida, es claro que se está ocasionando un
impacto importante en las comunidades locales que depende de estos recursos
y por ende en los servicios ambiéntales que generan.

En este sentido la Convención Ramsar, en las Directrices sobre el uso
sostenible de humedales y en su Plan Estratégico insta a las Partes
Contratantes a realizar los exámenes de la legislación a partir de los
lineamientos para examinar leyes e instituciones a fin de promover la
conservación y uso sostenible de los humedales.

Teniendo en cuanta lo anterior, y en el marco de la Ley 357 de 1997, los
objetivos operativos y acciones específicas que se presentan a continuación
apuntan a evitar la pérdida de humedales y a regular las actividades que causen
un impacto sobre los humedales y establecer criterios de protección, mitigación,
seguimiento y ejecución de las leyes.

Meta 1
Examinar la legislación vigente y las políticas sectoriales para establecer
deficiencias para el manejo de humedales y proponer un desarrollo
reglamentario de la ley 357

Acciones:

▪ El Ministerio del Medio Ambiente a partir de la revisión de la normatividad
vigente, formulará y expedirá un Decreto reglamentario específico sobre
conservación y uso sostenible de humedales, con base en los
lineamientos de la Convención Ramsar.
▪ El Ministerio del Medio Ambiente, promoverá la participación de las
entidades del SINA, el Comité Nacional de Humedales, las
Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales, el sector
productivo, la Sociedad Civil, las comunidades locales, en la
formulación, concertación y expedición del Decreto normativo específico
para humedales.
▪ Las CAR y CDS con base al Decreto reglamentario específico para
humedales, generan normas regionales y locales para la protección de
los humedales de su jurisdicción.»

126. Acatando el lineamiento que buscaba precisar un régimen claro de protección
de humedales, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

36

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expidió la Resolución 0157 del 12 de febrero de 2004 36, en la cual, además de
precisar su ámbito de aplicación, es decir, los «humedales continentales y marino
costeros» 37 , señaló que eran bienes de uso público 38 , aspecto éste que fue
desarrollado vía concepto por la Sala de Consulta y Servicio Civil en dos
oportunidades39 y por esta Sección en una sentencia expedida el 21 de junio de
2018, que analizó a profundidad tal condición40.

127. En ese contexto normativo e histórico, la Sala considera que la interpretación
del artículo 141 del Acuerdo 6 de 1990 no puede efectuarse de manera literal con
miras a descartar la competencia de la EAAB para delimitar las zondas de ronda de
ecosistemas hídricos distintos a los que de manera enunciativa señala el artículo
141 del Acuerdo 6 de 1990. Por el contrario, dicha disposición debe entenderse
conforme a las condiciones factuales en que fue expedida, de suerte que no
habiendo regulación sobre los humedales era imposible que el citado Acuerdo los
incluyera.

128. Bajo esa perspectiva, atendiendo no solo al explicado escenario en el que fue
expedido el Acuerdo 6 de 1990, sino al propósito mismo del artículo 141 ibidem, se
colige que la atribución que el citado Acuerdo le reconoce a la EAAB está orientada
a que procure la protección de las zonas de ronda de las fuentes hídricas de suerte
que se garantice la salvaguarda integral de los cuerpos de agua y de los
ecosistemas asociados a estos, por lo que la Sala considera que la EAAB sí contaba
con competencia para acotar la ronda hídrica del Humedal de Techo.

129. Resulta pertinente traer a colación lo expuesto por esta Corporación en
sentencia del 28 de mayo de 2015, en la que se indicó:

«Ahora, en lo referente al argumento sobre que el dictamen pericial allegado al
plenario demostró la inexistencia real de humedal de Capellanía, pese a que la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado mediante acto administrativo señaló su
existencia en los inmuebles de la parte demandante, la Sala considera que de
conformidad con la ley 357 de 1997, son humedales las extensiones de
marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes,
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros.

36 “Por el cual se reglamentan el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales, y se

desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la Convención Ramsar”
37 Artículo 1.
38 Artículo 2.
39 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 28 de octubre de 1994,

proferido en el expediente número 642, M.P. Dr. Javier Henao Hidrón.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 26 de julio de 2007. Rad. 1825.
C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
40 Consejo de Estado. Sección Primera. Proceso número 25000-23-24-000-2013-00008-01 (AP).

M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
37

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Es así, que lo humedales representan un recurso ambiental con incidencia
ecológica, científica, recreacional y paisajística, que al ser terrenos cuyo
cubrimiento es de agua, forma parte del sistema hídrico y cuya conservación se
encuentra dentro de las políticas de Desarrollo Urbano en el Distrito Especial
de Bogotá, como se deduce lo prescrito en el artículo 8, numeral 2, literal a) del
Acuerdo 6 de 1990.41

Seguidamente, el Acuerdo 19 de 1994 declaró como reservas ambientales
naturales de interés público y patrimonio ecológico del Distrito, entre otros, el
humedal la Cofradía o Capellanía, mientras el citado Acuerdo 6 de 1990, en su
artículo 141 dispuso:

“Artículo 141. Acotamiento. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá hará el acotamiento y demarcará en el terreno, todas las rondas
de los ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales dentro del territorio
del Distrito Especial de Bogotá y en especial las cuencas de Torca,
Conejera, Salitre, Jaboque, Fucha, Tunjuelo, Tintal y Soacha, velará por
su preservación y solicitará a las autoridades la protección que las leyes
le otorgan a los bienes de uso público.

El acotamiento tendrá una representación cartográfica elaborada con
asesoría técnica del Departamento Administrativo de Planeación Distrital,
la cual será incluida en la Cartografía Oficial del Distrito Especial de
Bogotá, para todos los efectos.” (Subrayado fuera del texto)

Con base en lo anterior, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado manifestó en
oficio 562101 calendado doce (12) de septiembre de mil novecientos noventa y
cinco (1995), que las manzanas A y B, lotes 1 y lotes 1 y 2 respectivamente, “se
encuentran afectadas por el Humedal La Capellanía de acuerdo a la Resolución
N° 0194 de Junio (sic) 7 de 1995 expedida por la Gerencia General de la EAAB-
ESP”, y por tal motivo se produjo la suspensión de la licencia de urbanismo
sobre los mencionados inmuebles.

La normatividad antes mencionada otorgó a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado la función específica de acotamiento y demarcación de todas las
rondas de los ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales dentro del territorio
del Distrito Especial de Bogotá, por ende, es a esta entidad a la que le
corresponde determinar la existencia de humedales y su respectiva
demarcación»42 (Subrayas de la Sala).

8.4.2. De las funciones relacionadas con el acotamiento de humedales de la
EAAB

130. La Sala resolverá si es nulo por falta de competencia el acto administrativo

41 “Son Políticas de Desarrollo Urbano en el Distrito Especial de Bogotá, y en orden prevalente, las

siguientes: (…)
2. Conservación y rehabilitación de los elementos naturales que conforman los recursos ecológicos
y ambientales de la ciudad, en particular los siguientes, en concordancia con las definiciones
científicas sobre el particular y con sujeción a la normatividad nacional. A) El sistema hidrográfico del
Distrito Especial de Bogotá y su integración a los usos urbanos circundantes. (Adecuación hidráulica,
saneamiento, tratamiento físico y arborización ornamental de las rondas, zonas amortiguadoras y de
reserva y espacios públicos adyacentes al Río Bogotá y sus afluentes, a las lagunas, quebradas,
embalses, canales y obras de ingeniería hidráulica).” Acuerdo 2 de 1993, Acuerdo 3 de 1993,
Acuerdo 19 de 1994, Acuerdo 14 de 1996, Acuerdo 16 de 1996, Acuerdo 19 de 1996, Acuerdo 26
de 1996, Acuerdo 31 de 1996 y Acuerdo 2 de 1997.
42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C.

Proceso radicado número 25000 23 26 000 2002 00396 01. Consejera Ponente: Olga Mélida Valle
de la Hoz.
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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00032 01 acumulado
con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

por medio del cual la EAAB acotó la ronda hídrica de un humedal en Bogotá, si en
criterio de los recurrentes solo tenía potestades para elaborar el insumo técnico para
el acotamiento de rondas.

131. La Sala a este respecto pone de presente que los libelistas confunden la
facultad prevista en el artículo 141 del Acuerdo Distrital 6 de 1990 con la establecida
en el artículo 142 ibidem.

132. En efecto, esta última norma no regula el acotamiento de las rondas hídricas
sino la determinación de las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental las cuales
corresponden a áreas contiguas a aquellas y tienen por finalidad contribuir a su
protección y conservación. En ese sentido, esa norma asignó al Departamento
Administrativo de Planeación Distrital la competencia para definir y delimitar dichas
zonas, con base en los estudios técnicos elaborados por la empresa demandada.

133. La disposición en comento prevé:

«Artículo 142º.- Zonas de manejo y preservación ambiental de las rondas.
Para la protección de la ronda, se prevé una Zona de Manejo y Preservación
Ambiental, que aunque no está incluida dentro de dicha ronda, es parte del
espacio público y se define como la zona contigua a la ronda, que contribuye a
su mantenimiento, protección y preservación ambiental, establecida con el
fin principal de garantizar la permanencia de las fuentes hídricas naturales.

Corresponde al Departamento Administrativo de Planeación Distrital
determinar en detalle las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las
Rondas, con base en los estudios técnicos que prepare la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, señalarlas cartográficamente, informar
de ello al Departamento Administrativo de Catastro Distrital para lo de su
competencia y ordenar su demarcación sobre el terreno cuando lo juzgue
conveniente, para lo cual la mencionada empresa y las autoridades de policía
prestarán la colaboración necesaria.

El establecimiento y demarcación de las Zonas de Manejo y Preservación
Ambiental de las Rondas, tiene por objeto prever el espacio público del sistema
hídrico de la ciudad, con miras a su paulatina consolidación, informar a la
ciudadanía sobre la política distrital a este respecto, y sentar las bases para la
gestión continuada de adquisición de predios.

La Zona de Manejo y Preservación Ambiental del río Bogotá, sumada a la
Ronda Hidráulica, formarán una franja de 300 metros a lo largo del río, medida
desde su eje de rectificación.

Para que se pueda variar esta medida para sectores específicos en los decretos
de Asignación de Tratamiento o en los actos de legalización, se requerirá de
conceptos previos y favorables de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá y de la Junta de Planeación Distrital, en los que se expliquen las razones
excepcionales de orden técnico o de conveniencia, por las cuales la Zona de
Manejo y Preservación Ambiental del río Bogotá deba ser de dimensiones
distintas.

También estarán comprendidas dentro de la Zona de Manejo y Preservación
Ambiental del río Bogotá aquellas áreas que se requieran para lagunas de
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Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

amortiguación y para las obras de rectificación del río.

Las normas específicas para el manejo y utilización de la Zona de Manejo y
Preservación Ambiental, serán adoptadas dentro del contexto del Tratamiento
de Preservación del Sistema hídrico, conforme a las siguientes reglas:

1. Las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las Rondas son áreas
no explotables con actividades extractivas o cualesquiera otras que perjudiquen
la idoneidad del terreno para el cumplimiento cabal de su función propia.
2. Las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las Rondas que se
encuentran dentro de las Áreas Urbanas, sólo podrán ser utilizadas para
uso forestales.
3. Las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las Rondas que se
encuentran dentro de las Áreas Suburbanas, Zonas de Reserva Agrícola y
Áreas Rurales, podrán ser utilizadas para otros usos agrícolas, como
dependencias de fincas de mayor extensión y siempre que las edificaciones de
la finca se encuentren por fuera de las Zonas de Manejo y Preservación
Ambiental de las Rondas.
4. Las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las Rondas no podrán
ser subdivididas, ni segregadas de los inmuebles a los cuales pertenecen, salvo
para efectos de ser transferidas al dominio público.
5. Las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las Rondas no son
edificables, ni urbanizables, ni son susceptibles de ser rellenadas, modificadas
o trabajadas, con las excepciones que se señalan en los siguientes numerales.
6. Las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las Rondas que se
encuentren en las Áreas Suburbanas, no podrán ser incorporadas como nuevas
Áreas Urbanas, salvo que dentro del régimen concertado, se prevean como
zonas verdes de urbanizaciones u otras zonas de cesión gratuita, en
proporcionas superiores a las exigidas por las reglamentaciones urbanísticas y
siempre que sea cedida la totalidad del área del inmueble incorporado que se
encuentre delimitada dentro de las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental.
7. Lo anterior es aplicable también a los inmuebles sin desarrollar que se
encuentren dentro de las áreas urbanas» (Subrayas de la Sala).

134. Por lo explicado el cargo no prospera.

8.4.3. De las funciones en materia ambiental de la EAAB

135. Se absolverá si es nulo por falta de competencia el acto administrativo por
medio del cual la EAAB acotó la ronda hídrica de un humedal en Bogotá, si se alega
que esa empresa no podía ejercer funciones en materia ambiental.

136. Con miras a resolver ese interrogante debe indicarse que el artículo 66 de la
Ley 99 de 1993 determinó que a los grandes centros urbanos les corresponde
ejercer como autoridades ambientales en el área de su jurisdicción. La mencionada
norma prevé:

«Artículo 66. Competencias de grandes centros urbanos. Los municipios,
distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a
un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las
mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo
que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias
ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda
otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del

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territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o
metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos
y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos
tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños
ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.

Los municipios distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo
asumirán ante las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de
trasferir el 50% del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas
dentro del perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes
contaminantes conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de
dicho perímetro, según el grado de materias contaminantes no eliminadas con
que se haga el vertimiento» (Subrayas de la Sala).

137. Así las cosas, es pertinente señalar que de conformidad con el numeral 2 del
artículo 49 del Acuerdo 105 de 1955 se creó la EAAB como un establecimiento
público en los siguientes términos:

«Artículo 49. Como una de las garantías en pro del Fideicomisario y de los
tenedores de bonos, así del empréstito de que trata la escritura número 4286
de 20 de diciembre de 1946, de la Notaría Primera de este Circuito, como del
empréstito sobre que versa la presente escritura, según lo atrás estipulado, el
Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, ,en uso de la autorización que le
confiere el artículo 1 del Decreto Legislativo número 3300 de 15 de noviembre
de 1954, constituye y organiza aquí los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado del Distrito Especial de Bogotá en entidad administrativamente
autónoma, con personería jurídica independiente y patrimonio propio que se
denominará "Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá" tendrá su
domicilio en la capital de la República, y cuyo gobierno y administración se
regirán por los siguientes estatutos:

(…)

2) Naturaleza de la personaría jurídica. La nueva entidad tendrá el carácter
de un establecimiento público, separado del Distrito e independiente de éste.
Administrará el acueducto y el alcantarillado, como servicios públicos, con miras
al bien general, pero aprovechando los sistemas comerciales que aseguren el
sostenimiento, desarrollo y ensanche de los mismos servicios» (Subrayas de la
Sala).

138. Bajo este marco normativo, resultaba viable que el Concejo de Bogotá en
ejercicio de su autonomía administrativa y de lo previsto en el artículo 66 de la Ley
99 de 1993 delegara funciones específicas en materia ambiental a la EAAB dada la
especialidad de esa empresa en la gestión del ciclo del agua y el saneamiento
básico en el Distrito Capital. Ello en aplicación de los numerales 1, 6 y 9 del artículo
313 de la Carta Política que prevén:

«Artículo 313. Corresponde a los concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo
del municipio.

(…)

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus

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dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos
y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades
de economía mixta.

(…)

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural del municipio»

139. Precisamente en ejercicio de dichas competencias constitucionales y legales,
el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 6 de 1990 «por medio del cual se adopta
el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito de Bogotá y se dictan otras
disposiciones», cuyo artículo 145 asignó a la EAAB funciones relacionadas con la
administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de las rondas y zonas
de manejo y preservación ambiental. La citada disposición señaló:

«Artículo 145º.- Administración, mantenimiento y aprovechamiento económico
de las rondas y zonas de manejo y preservación ambiental de las rondas de
propiedad del distrito o de sus entidades descentralizadas. La Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, tendrá la administración, mantenimiento
y aprovechamiento económico de las rondas y zonas de manejo y preservación
ambiental que se adquieran por parte del Distrito Especial de Bogotá o de sus
entidades descentralizadas y podrá contratarlas en los términos del inciso 1 del
artículo 7 de la Ley 9 de 1989, con sujeción a las formas y requisitos de
contratación a que estén sometidas y dentro del contexto de los contratos de
derecho privado de la administración, siempre que sea con el objeto principal
de preservar y mejorar el entorno del sistema hídrico.

Las Rondas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las Rondas no
podrán ser encerradas en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce
y disfrute visual de las áreas verdes, sin perjuicio de la posibilidad de
cerramiento efectivo y edificación en los sectores destinados a instalaciones
propias de los servicios públicos a cargo de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá.

Por tanto, las áreas verdes, solo podrán ser encerradas, para efectos de
mantenimiento y perfeccionamiento de los valores ambientales y paisajístico y
específicamente los del sistema hídrico, o en general para efectos de seguridad,
previa autorización y aprobación del diseño urbanístico del cerramiento por
parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, siempre y
cuando la transparencia del cerramiento sea de un 90% como mínimo, de
suerte que se garantice a la ciudadanía el disfrute visual de las áreas verdes»
(Subrayas de la Sala).

140. Así las cosas, se advierte que las funciones atribuidas a la EAAB mediante el
artículo 145 del Acuerdo 6 de 1990 guardaban correspondencia con la naturaleza
jurídica de dicha entidad y con las competencias que el Concejo de Bogotá podía
ejercer para organizar la administración distrital, reglamentar la prestación de los
servicios públicos y adoptar medidas dirigidas a la preservación del patrimonio
ecológico del Distrito. En ese contexto, la asignación a la EAAB de funciones
relacionadas con la administración y manejo de las rondas y zonas de preservación
ambiental del sistema hídrico resultaba acorde con el objeto y las actividades
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propias de dicha empresa..

141. Asimismo, en criterio de la Sala no es cierto el Tribunal hubiera atribuido
competencia a la EAAB con fundamento exclusivo en el principio de coordinación.
Por el contrario, en la providencia demandada dicha autoridad judicial señaló que
dadas las competencias concurrentes existentes en materia ambiental y la
especialidad técnica de la EAAB en la gestión del recurso hídrico resultaba viable
que esa entidad ejerciera funciones relacionadas con la protección y manejo
ambiental de los humedales junto con otras entidades distritales con el propósito de
garantizar la preservación del ecosistema del Distrito Capital; veamos:

« De otro lado, el demandante aduce que la EAAB habría usurpado
competencias propias de la Secretaría Distrital de Planeación y del
Departamento Administrativo del Medio Ambiente; sin embargo, debe
entenderse que las características que entraña la tarea de protección del
patrimonio ambiental del Distrito Capital pueden implicar la actividad
concurrente de varias entidades públicas de ese nivel.

En tal sentido, si bien coincide el Tribunal en que a la Secretaría mencionada
se le han asignado funciones en materia de usos del suelo y al Departamento
Administrativo aludido competencias generales en cuanto al manejo y
protección ambiental; el ejercicio de tales atribuciones puede ocurrir sin
desmedro de otras ejercidas por restantes dependencias del Distrito Capital,
entre ellas la EAAB, que por su afinidad con los elementos del componente
ambiental agua también tienen asignadas atribuciones por disposición del
concejo Distrital (Artículo 141 del Acuerdo No. 06 de 1990)»43 (Subrayas de la
Sala).

142. Por último, y dado que el accionante refiere que a las empresas de servicios
públicos únicamente les está permitido adelantar las funciones previstas en el
artículo 14 de la Ley 142 de julio 1994, lo que evidencia la Sala es que dicha norma
no se encontraba vigente al momento de emisión de la Resolución 250 de 30 de
junio de 1994, lo que impide su análisis ya que el juicio de validez de un acto
administrativo debe realizarse con fundamento en el ordenamiento jurídico vigente
al momento de su expedición.

143. Con todo, la aplicación de dicha norma es irrelevante, ya que como se vio la
aludida empresa sí contaba con facultades en materia ambiental de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo 6 de 1990, en concordancia con el artículo 66 de la
Ley 99 de 1993.

8.5. Del cargo de falsa motivación

43 Visible a folio 310 del Cuaderno del Tribunal.

43

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144. Es menester resolver si es nulo por falsa motivación el acto administrativo por
el cual se acotó un humedal, si se alega que se fundamentó en una plancha
elaborada por el IGAC que resultaba obsoleta para esos efectos.

145. Sobre el alcance de la anotada causal de nulidad, esta Sección ha
señalado44:

«El citado vicio de nulidad debe ser entendido desde tres (3) enfoques distintos,
a saber: la falsa motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la
indebida motivación, aspectos estos que deben ser analizados siempre desde
el contenido mismo del acto censurado, es decir, atendiendo su alcance interno,
lo que impone que el análisis haga referencia a lo que expone el acto
administrativo en la parte motiva y en la resolutiva.

Pues bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento
acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen como fundamento para
expedir la decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el Juez no
tiene opción diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la
mencionada argumentación, si ellos son determinantes para la decisión que el
acto toma.

Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado a atacar
los supuestos jurídicos empleados en la parte motiva y que sustentan la
expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que la normativa que
invoca la Administración no tiene el alcance para definir la situación jurídica en
el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad será la de desaparecer del
orden jurídico por ilegal.

Finalmente, la indebida motivación surge del análisis de la congruencia que
debe existir entre la parte motiva y la resolutiva, pues esta última debe ser la
consecuencia lógica de lo indicado en aquélla» (Subrayas del texto original).

146. Al respecto lo que se advierte es que el anotado reproche se enmarca en un
cuestionamiento por indebida motivación del acto administrativo, en tanto se alega
que las razones expuestas en la decisión no resultan suficientes ni adecuadas para
el fin que se pretende alcanzar con su expedición. En ese orden, la discusión se
centra en los fundamentos que sustentan la actuación de la Administración.

147. Pues bien, para el acotamiento del humedal de Techo la EAAB consideró la
plancha H-46 de 1978 emitida por el IGAC. De lo anterior da cuenta el artículo 3 de
la Resolución 250 del 1994 que prevé:

«Artículo Tercero: Acotar como límite externo de las Zonas de Ronda y de
Manejo y Preservación Ambiental de la Chucua de Techo la línea formada por
la unión de los puntos cuyas coordenadas aparecen en el planos No. 3
elaborado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y que hace
parte de la presente Resolución, acotamiento dentro del cual la Zona de Manejo
y Protección Ambiental está constituida por una franja de quince (15) metros de
ancho.

44 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, sentencia del

29 de agosto de 2024 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2015 00201 00.
44

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Parágrafo: Considerar como cuerpo de agua de la chucua de Techo, la
cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi emitida
inmediatamente después de la expedición del Código de Recursos Naturales
Renovables (Decreto Le 2811 de 1974). La plancha correspondiente es la H-46
de 1978» (Subrayas de la Sala).

148. Es relevante destacar que de acuerdo con el artículo 264 del Decreto 1541 de
197845, vigente al momento de emisión del acto enjuiciado, corresponde al IGAC la
cartografía del recurso hídrico del país; veamos:

«Artículo 264. El Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", IGAC, con la
colaboración del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente -INDERENA-, del Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras,
INGEOMINAS, y del Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y
Adecuación de Tierras, HIMAT, levantará la representación cartográfica del
recurso hídrico» (Subrayas de la Sala).

149. Así las cosas, la cartografía empleada para el acotamiento del Humedal de
Techo fue elaborada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, esto es, la entidad
competente para la representación cartográfica del recurso hídrico en el país
conforme al artículo 264 del Decreto 1541 de 1978, de ahí que la utilización de dicha
plancha constituya el fundamento técnico idóneo para sustentar la delimitación
adoptada por la Administración

150. Ahora, no se evidencia en el plenario ningún elemento técnico que desvirtúe
que la enunciada plancha no era suficiente para la delimitación del humedal y que,
en cambio, existían otros elementos que orientaban el juicio hacia una conclusión
diferente.

151. Por ende, es evidente que los accionantes incumplieron la obligación prevista
en el artículo 167 del Código General del Proceso aplicable a este asunto por la
remisión prevista en el artículo 267 del CCA46 según la cual corresponde a las partes
acreditar los supuestos de hecho en que fundan sus pretensiones.

«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica
o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable
para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se

45 « Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto-ley 2811 de 1974: "De las aguas no

marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973»
46 «Articulo 267. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá

el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo»
45

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considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará
a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la
respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas
en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
prueba» (Subrayas de la Sala).

152. En suma, el cargo no prospera

8.6. Del cargo de desconocimiento al debido proceso

8.6.1. De la falta de vinculación de los accionantes al trámite administrativo
de emisión de la Resolución 250 de 1994.

153. Se absolverá si es nulo por infracción al derecho al debido proceso el acto
administrativo por el cual se acotó un humedal si se alega que los accionantes no
fueron vinculados a la actuación administrativa a pesar de que se vieron
perjudicados con su emisión.

154. En primer lugar, se verificará si el fundamento del anotado cargo es cierto.

155. En este punto la Sala advierte a partir de la revisión de los certificados de
libertad y tradición aportados por los accionantes, que ninguno adquirió sus
inmuebles con anterioridad a la expedición de la Resolución 250 de 30 de junio de
1994. De ahí que no sea cierto que fuera necesaria su vinculación de manera previa
a la emisión de esa decisión.

156. Prueba de ello son los respectivos certificados de libertad y tradición aportados
por los accionantes en los que se verifica que: (i) los señores Pedro Josías Aldana
Gara, José Pacomio Barón Santisteban y Bertha Cecilia Carreño Carreño
adquirieron sus inmuebles el 28 de marzo de 200547, (ii) Lida María Álzate Vélez EL
1 de septiembre de 200348, (iii) Elba Ligia Barrera el 17 de junio de 200849, (iv)
Rigoberto Becerra Fresneda el 16 de abril de 200750, (v) Adalberto Carrillo Laguado

47 Visible a folio 274 del Cuaderno del Tribunal.
48 Visible a folio 139 del Cuaderno del Tribunal.
49 Visible a folio 151 del Cuaderno del Tribunal.
50 Visible a folio 164 del Cuaderno del Tribunal.

46

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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00032 01 acumulado
con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

el 3 de octubre de 199451, (vi) Rosa Elena Enciso Churque el 14 de marzo de 199552,
(vii) Clara Inés Cruz el 12 de diciembre de 2007, (viii) Luz Graciela Garzón Peña y
María Esperanza Romero el 8 de mayo de 200453, (ix) Luz Mery González Murcia
el 16 de enero de 200954, (x) Pedro Huérfano el 24 de julio de 200455, (xi) Alexander
Alberto Marín González el 23 de julio de 200756, (xii) Ana Cecilia Molina Alvarado el
30 de noviembre de 199957, (xiii) José Parmenio Montañez el 30 de enero de 199558,
(xiv) María Estella Murcia de González el 13 de agosto de 200559, (xv) Luz Marina
Peñalosa el 27 de agosto de 200760, (xvi) Alberto José Demetrio Pinzón Moreno el
10 de marzo de 200161, (xvii) Esperanza Piraban Cristancho el 17 de noviembre de
199862, (xviii) Diana Esperanza Quiceno Ballesteros el 10 de octubre de 200863, (xix)
Flor María Ramos Barreto el 19 de abril de 200464, (xx) Blanca Cecilia Rodríguez
Cañón el 27 de julio de 200265, (xxi) Olga Teresa Rubiano Jejen y Héctor Gustavo
Rubiano Jején el 14 de julio de 199566 (xxii) Reinalda Ruíz Martín el 27 de febrero
de 200667, y (xxiii) María Nohora Triana Vanegas el 19 de julio de 2007.

157. Por último, en cuanto a Fredy Orlando Valderrama Nieto, se observa que si
bien aportó un contrato de adquisición del inmueble suscrito el 18 de septiembre de
1993, la tradición del dominio solo se perfeccionó mediante el registro de la escritura
pública el 4 de abril de 1995; veamos:

«

» (Resaltado en rojo de la Sala).

51 Visible a folio 175 del Cuaderno del Tribunal.
52 Visible a folio 201 del Cuaderno del Tribunal.
53 Visible a folio 219 del Cuaderno del Tribunal.
54 Visible a folio 241 del Cuaderno del Tribunal.
55 Visible a folio 249 del Cuaderno del Tribunal.
56 Visible a folio 258 del Cuaderno del Tribunal.
57 Visible a folio 263 del Cuaderno del Tribunal.
58 Visible a folio 291 del Cuaderno del Tribunal.
59 Visible a folio 307 del Cuaderno del Tribunal.
60 Visible a folio 317 del Cuaderno del Tribunal.
61 Visible a folio 342 del Cuaderno del Tribunal.
62 Visible a folio 353 del Cuaderno del Tribunal.
63 Visible a folio 366 del Cuaderno del Tribunal.
64 Visible a folio 379 del Cuaderno del Tribunal.
65 Visible a folio 393 del Cuaderno del Tribunal.
66 Visible a folio 425 del Cuaderno del Tribunal.
67 Visible a folio 439 del Cuaderno del Tribunal.

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con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

158. Así, es menester indicar que el artículo 756 del Código Civil prevé que la
tradición de los bienes inmuebles se efectuará con la respectiva inscripción de la
escritura en el registro de instrumentos públicos; veamos:

«Artículo 756. Tradición de bienes inmuebles. Se efectuará la tradición del
dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro
de instrumentos públicos.

De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de
uso, constituidos en bienes raíces, y de los de habitación o hipoteca»

159. Lo anterior es relevante, pues para la fecha de expedición de la Resolución
250 de 1994 el señor Fredy Orlando Valderrama Nieto no ostentaba la calidad de
titular inscrito del inmueble y el acto de compraventa le era inoponible a la
administración distrital. En consecuencia, no asistía a la EAAB la obligación legal
de vincularlo al trámite administrativo adelantado para la expedición del referido
acto.

160. Es claro entonces que los accionantes debieron conocer con anterioridad a la
adquisición del derecho de propiedad de los respectivos inmuebles la situación
jurídica de los mismos con fundamento en el primero de los actos demandados.

161. En consecuencia, el cargo no prospera ya que parte de un fundamento
erróneo.

8.6.2. De la falta de vinculación de los accionantes al trámite administrativo
de expedición del Decreto 457 de 2008

162. De otro lado, se resolverá si es nulo por desconocimiento al debido proceso el
acto administrativo que declaró el estado crítico o alerta naranja en un humedal si
se señala que no fueron vinculados al trámite de su expedición a los propietarios
que se encontraban en esa zona.

163. A efectos de resolver dicho interrogante en contra del Decreto 457 de 2008,
es menester indicar que como advirtió el Tribunal en la sentencia recurrida el trámite
para la expedición de los estados de alarma en Bogotá se encuentra contemplado
en el Acuerdo 19 de 1996 «Por el cual se adopta el Estatuto General de Protección
Ambiental del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se dictan normas básicas
necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los
recursos naturales y el medio ambiente».

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164. El artículo 15 ibidem define los estados de alarma como episodios de
contaminación que ameriten medidas transitorias de protección especial por parte
de la administración distrital para contrarrestarlos. La norma en cuestión prevé:

«Artículo 15º.- De los Estados de Alarma por Contaminación. En casos de
ocurrencia, o de amenaza evidente de episodios de contaminación y
proliferación de elementos contaminantes del aire, las aguas o los suelos, en
los términos señalados en el artículo 8 del Decreto - Ley 2811 de 1974, y que
ameriten medidas especiales por parte de la Administración para
constrarrestarlos, el Alcalde Mayor podrá declarar alguno de los siguientes
estados de alarma:

1. Estado de prevención o Alerta Amarilla. Cuando se observen situaciones
o tendencias que amenacen la calidad ambiental de un área, se declarará el
Estado de Prevención o Alerta Amarilla hasta por doce meses. Este estado
podrá prolongarse hasta tanto se detengan o reviertan las situaciones o
tendencias que motivaron la declaratoria. El DAMA podrá emitir para estas
áreas normas o estándares ambientales más estrictos que los vigentes para el
resto de la ciudad.

2. Estado Crítico o Alerta Naranja. Cuando en un área de la ciudad se
determine que los estándares de calidad ambiental permisibles han sido
superados de conformidad con las normas vigentes, podrá declararse hasta
por doce meses el Estado Crítico o Alerta Naranja. En estos casos el DAMA
podrá dictar normas ambientales más estrictas para el área. El Alcalde Mayor
deberá, en caso de requerirlo, solicitar al Concejo autorización para tomar las
medidas presupuestales, policivas y administrativas necesarias para controlar
la situación.

3. Estado de Emergencia o Alerta Roja. Cuando en toda la ciudad, o en área
de ella, ocurra un evento de carácter ambiental que de manera evidente
amenace la vida humana, el Alcalde Mayor declarará el Estado de Emergencia
o Alerta Roja, hasta por un plazo de tres meses, que será prorrogable por un
término igual, previa autorización del Concejo Distrital. Dentro de este Estado
de Emergencia el Alcalde Mayor podrá tomar todas las medidas
presupuestales, contractuales, policivas y administrativas que requiera para
conjurar la situación de acuerdo con las leyes respectivas. Dentro de este
término el Alcalde Mayor deberá informar al Concejo Distrital sobre las medidas
que se adopten.

Las condiciones ambientales en que deban declararse cada uno de los
anteriores estados de alarma, serán reglamentados por el Director del
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA-, con
sujeción a lo dispuesto en las normas vigentes que serán difundidas conforme
a lo establecido en los Acuerdos respectivos» (Subrayas de la Sala).

165. Dicho acto fue reglamentado por el Departamento Técnico Administrativo del
Medio Ambiente – DAMA en la Resolución 618 de 2003, en cuyo artículo 1 señaló:

«Artículo 1-. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo 19
de 1996 y el artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974, se declararán los estados
de alarma ambiental cuando quiera que se presenten alguno o algunos de los
siguientes factores que amenacen o deterioren el ambiente:

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables.
b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras.
c) Las alteraciones nocivas de la topografía.
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d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas.
e) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua.
f) Los cambios nocivos del lecho de las aguas.
g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y
vegetales o de recursos genéticos.
h) La introducción y propagación de enfermedades y plagas.
i) La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales
dañinas o de productos o sustancias peligrosas.
j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales.
k) La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria.
l) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios.
m) El ruido nocivo.
n) El uso inadecuado de sustancias peligrosas.
o) La eutrificación, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en
lagos y lagunas.
p) La concentración de población humana urbana o rural en condiciones
habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud»

166. Por su parte el artículo 3 definió los estados críticos o de alerta naranja así:

«Artículo 3.- El estado crítico o alerta naranja corresponde al segundo nivel de
alerta y se configura cuando en un área determinada del Distrito Capital, los
estándares de calidad ambiental permisibles han sido superados de
conformidad con las normas vigentes, es decir, cuando la calidad ambiental
continúa degradándose y son necesarias medidas especiales de control. En
Alerta Naranja pueden causarse alteraciones manifiestas en el medio ambiente
o en la salud humana.

El estado de calidad ambiental podrá medirse tomando como parámetros los
estándares establecidos en normas del orden nacional o distrital y en ausencia
de éstas se aplicarán los estándares señalados en disposiciones
internacionales. En Alerta Naranja, los resultados de la medición de los niveles
de contaminación superan los estándares de calidad ambiental permisibles»
(Subrayas de la Sala).

167. En ese contexto, de las normas transcritas no se advierte la existencia de un
procedimiento que contemple instancias de participación ciudadana previa a la
declaratoria de los estados de alarma, lo cual se explica en la naturaleza de las
medidas que allí se regulan orientadas a atender de manera inmediata situaciones
de riesgo o deterioro ambiental. En otras palabras, la inminencia que caracteriza
este tipo de decisiones exige una respuesta oportuna por parte de la administración,
lo que impide la implementación de trámites de participación previos.

168. Igualmente, la Sala considera improcedente aplicar los principios generales
del CCA para fundamentar la vinculación de los accionantes al trámite de emisión
del Decreto 457 de 2008. Ello, porque el artículo 1 del CCA prevé que sus
disposiciones tienen carácter supletorio cuando no exista una regulación especial
sobre la materia y que tal aplicación es viable siempre que sea compatible con la
actuación administrativa respectiva.

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169. Se tiene entonces que existen normas especiales que disciplinan la
declaratoria de estados de alarma, esto es el Acuerdo 19 de 1996 y la Resolución
618 de 2003, normas que desplazan la aplicación de las reglas generales del
procedimiento administrativo, sobre todo porque este no resulta compatible con la
naturaleza de las decisiones que en aquel marco se deben adoptar.

170. En efecto, el artículo 1 del CCA dispuso:

«Artículo 1o. Campo de aplicación. Las normas de esta parte primera del
código se aplicarán a los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas
del Poder Público en todos los órdenes, a las entidades descentralizadas, a la
Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público, a la Contraloría General
de la República y contralorías regionales, a la Corte Electoral y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, así como a las entidades privadas,
cuando unos y otras cumplan funciones administrativas. Para los efectos de
este Código, a todos ellos se les dará el nombre genérico de "autoridades".

Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán
por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte
primera que sean compatibles.

Estas normas no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que
por su naturaleza, requieren decisiones de aplicación inmediata, para evitar o
remediar una perturbación de orden público en los aspectos de defensa
nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de personas y cosas.

Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y
remoción» (Subrayas de la Sala).

171. En consecuencia, la administración distrital no estaba obligada a vincular a los
propietarios de los predios ubicados en la zona objeto de la declaratoria de alerta
naranja, pues ni el Acuerdo 19 de 1996 ni la Resolución 618 de 2003 prevén una
etapa de citación, intervención o contradicción de terceros eventualmente afectados
con la medida ambiental. Por el contrario, el diseño normativo de dichos
instrumentos responde a la necesidad de permitir la adopción inmediata de medidas
orientadas a prevenir, mitigar o contrarrestar situaciones de deterioro ambiental.

172. Bajo esa lógica, la ausencia de vinculación previa de los demandantes al
trámite que culminó con la expedición del Decreto 457 de 2008 no configura una
vulneración al debido proceso administrativo, de modo que el cargo no prospera.

8.7. De la controversia sobre la publicación y pérdida de fuerza ejecutoria de
la Resolución 250 de 1994

173. De manera previa a plantear los problemas que corresponde resolver, la Sala
advierte que los accionantes sostienen que el Decreto 457 de 2008 y la anotación

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registral 2009-57802 son ilegales en tanto se fundamentaron en la Resolución 250
de 1994 pese a que, en su criterio, dicho acto administrativo no fue publicado en el
Registro Distrital y además había perdido fuerza ejecutoria debido a que las
medidas allí previstas no fueron efectuadas dentro de los 5 años siguientes a su
expedición.

174. En ese contexto, resulta necesario verificar si en efecto, la expedición del
Decreto 457 de 2008 y de la anotación registral 2009-57802 tuvo como fundamento
la Resolución 250 de 1994, pues de tal soporte depende el análisis de los reproches
formulados por la parte actora relacionados con la falta de publicación y la pérdida
de fuerza ejecutoria de ese acto administrativo.

175. Pues bien, como se ha visto a lo largo de esta providencia a través de la
Resolución 250 de 1994, demandada, la EAAB acotó, entre otros, el Humedal de
Techo en la ciudad de Bogotá.

176. Posteriormente, con la emisión del artículo 95 del Decreto Distrital 190 de
2004 68 se señaló expresamente que la delimitación del Humedal de Techo
corresponde a los límites fijados en el anexo 2 del acto acabado de mencionar, esto
es el Decreto 190 de 2004. Veamos:

« Artículo 95. Parque Ecológico Distrital. Identificación.

Los Parques Ecológicos Distritales de Montaña son:

1. Cerro de La Conejera.
2. Cerro de Torca.
3. Entrenubes (Cuchilla del Gavilán, Cerro de Juan Rey, Cuchilla de
Guacamayas).
4. Peña Blanca.
5. La Regadera.

Los Parques Ecológicos Distritales de Humedal son:

1. Humedal de Tibanica.
2. Humedal de La Vaca
3. Humedal del Burro.
4. Humedal de Techo.
5. Humedal de Capellanía o La Cofradía.
6. Humedal del Meandro del Say.
7. Humedal de Santa María del Lago.
8. Humedal de Córdoba y Niza.
9. Humedal de Jaboque.
10. Humedal de Juan Amarillo o Tibabuyes
11. Humedal de La Conejera
12. Humedales de Torca y Guaymaral

68 «Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de

2000 y 469 de 2003»
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Parágrafo 1. Los Parques Ecológicos Distritales de Humedal incluidos en el
presente Artículo incluyen la zona de manejo y preservación ambiental (ZMPA),
la ronda hidráulica y el cuerpo de agua, como una unidad ecológica.
El alinderamiento de los humedales corresponde al establecido en los planes
de manejo respectivos, los cuales aparecen en el anexo No. 2 de este Decreto
y están señalados en el Plano denominado "Estructura Ecológica Principal" que
hace parte de esta revisión.

Parágrafo 2. En caso de modificación del alinderamiento de la zona de manejo
y preservación de los humedales existentes o de la creación de nuevos
humedales, con base en los correspondientes estudios técnicos de soporte, la
administración presentará la nueva delimitación al Concejo Distrital, para su
aprobación e incorporación a la Estructura Ecológica Principal.

Parágrafo 3. La delimitación del Parque Ecológico
Distrital Entrenubes corresponde a la establecida en el estudio denominado
"Elaboración de la topografía, trazado, estacamiento y registros topográficos del
límite del parque Entrenubes", realizado por el Departamento Administrativo del
Medio Ambiente (DAMA) en abril de 1999» (Subrayas de la Sala).

177. Por su parte, el aludido anexo 2 es el siguiente:

«

»

178. En ese contexto, para la fecha de expedición del Decreto 457 de 2008 y del

53

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Oficio 2-2009-15216, la delimitación del Humedal de Techo correspondía a la
establecida en el Decreto Distrital 190 de 2004 y su anexo 2, mediante el cual se
incorporó el alinderamiento de los humedales a la estructura ecológica principal del
Distrito.

179. Ahora, no se pasa por alto que en los considerandos del Decreto 457 de
2008, demandado se dijo lo que se presenta a continuación en relación con límites
del Humedal de Techo:

« Que conforme a las coberturas del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá- POT, el límite y el área del Humedal de Techo corresponden al mismo
que fue establecido en la Resolución 0250 del 30 de junio de 1994, de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá».

180. En ese sentido, si bien el Decreto 457 de 2008 señaló que el límite y el área
del Humedal de Techo coinciden con los establecidos en la Resolución 250 de 1994,
lo cierto es que para la época de su expedición dicha delimitación ya se encontraba
incorporada en el Plan de Ordenamiento Territorial, por lo que la regulación vigente
correspondía a la prevista en el Decreto Distrital 190 de 2004 y su anexo 2. En
consecuencia, no es cierto que el Decreto 457 de 2008 y la anotación registral 2009-
57802 se hubieran fundamentado en un acto inoponible a terceros por du falta de
publicación y que había perdido fuerza ejecutoria, por lo que el cargo no está
llamado a prosperar.

8.8. De la falta del Certificado de Disponibilidad Presupuestal

181. En lo que respecta a la exigencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
se observa que los actores en el recurso de alzada no indicaron las normas en que
estaría consagrada dicha exigencia, circunstancia que impide su análisis en virtud
de lo establecido en el artículo 320 del CGP aplicable por la remisión prevista en el
artículo 267 del CCA69, según el cual la apelación tiene como fin que el superior
analice los reparos concretos formulados en contra de la providencia recurrida.

182. La primera norma en comento prevé:

«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión.

69 «Artículo267. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos
y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo».
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Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 71»

183. Ahora, no se pasa por alto que los accionantes en los respectivos escritos de
demanda señalaron que dicha exigencia se encuentra en el Estatuto General del
Presupuesto. No obstante, no identificaron la disposición concreta en la que se
encuentra tal requerimiento; veamos.

« De igual manera, conforme con el Estatuto General de Presupuesto, todo acto
administrativo que genere una erogación, debe contar con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal correspondiente»70

184. En tales condiciones y por la aplicación de los artículos 170 del CCA, 281 del
Código General del Proceso y 55 de la Ley 270 de 1995 y el carácter rogado de
esta Jurisdicción no es viable que el Juez acometa de oficio el análisis del cargo
buscando el precepto dentro de la Ley Orgánica de Presupuesto que pudiera
entenderse trasgredido y además desarrollar el alcance de la infracción en el sentido
de indicar que las decisiones aquí cuestionadas se enmarcaban en actos que
generaban erogaciones.

185. Al respecto, en sentencia del 12 de junio de 2014 se manifestó:

«Al respecto, cabe advertir que el Juez Contencioso Administrativo no puede
realizar el estudio de legalidad del acto administrativo acusado con base en
normas no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no
explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones de
inconstitucionalidad o ilegalidad, expuestas en la demanda.

Sobre el particular, es oportuno traer a colación la sentencia de 27 de noviembre
de 2003 de esta Sección (Expedientes Acumulados núms. Rad.: 1101-03-24-
000-2002-00398-01 y 1101-03-24-000-2002-00080-01 (8456 y 7777), Actores:
José Darío Forero Fernández, Hugo Hernando Torres y otro, Consejera ponente
doctora Olga Inés Navarrete Barrero), en la que se precisó:

“Respecto de la interposición de demandas de nulidad ante lo contencioso
administrativo, es necesario recordar que la justicia contencioso administrativa es
“rogada” es decir, que solo puede pronunciarse respecto de los hechos y normas
que se hayan esgrimido en la demanda de donde resulta que la precisa y
adecuada cita de los fundamentos de derecho y de las normas violadas viene a
constituir el marco dentro del cual puede moverse el juzgador. Así lo ha expresado
esta Corporación a través de sus fallos de los cuales se destaca el siguiente
pronunciamiento:

“En atención al carácter de "justicia rogada" que tiene la justicia administrativa,
el juez no puede realizar el estudio de legalidad con normas no invocadas en la
demanda, pues la expresión tanto de los fundamentos de derecho que se
invocan como vulnerados, así como el concepto de la violación, constituyen el
marco dentro del cual puede moverse el juez administrativo. Así lo ha señalado

70 Visible a folio 28 del Sistema de Gestión SAMAI.

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en reiterada jurisprudencia esta Corporación. En distintos fallos se ha dicho:
"Esta jurisdicción es por esencia rogada. Ello significa que es el accionante, en
el señalamiento que hace de las disposiciones transgredidas con los actos
administrativos que acusa, quien determina el marco de juzgamiento. No le está
permitido al juez administrativo confrontar el acto impugnado con normas no
invocadas en la demanda ni atender a conceptos de violación diferentes a los
expuestos en el libelo En otros términos, al juzgador solo le es dado analizar el
acto enjuiciado a la luz de las disposiciones que se indican como violadas y por
los motivos planteados en el escrito introductorio". (Confr. Sentencia Consejo
de Estado, Sección Segunda. Radicación 8051. C.P. Joaquín Barreto Ruíz.
Noviembre 29 de 1995). En otro fallo se ratifica este criterio en la siguiente
forma: "El juez administrativo no tiene competencia para realizar un control
general de legalidad. Está limitado por la demanda que constituye el marco de
litis por manera que no puede analizar un acto que no se acusa". (Cfr. Consejo
de Estado. Sección Quinta. C.P: Miren de La Lombana. Radicación 1468).
Cuando la ley habla de citar las disposiciones violadas no se cumple con este
requisito con la simple cita del ordenamiento al cual pertenecen las normas
infringidas, sino que éstas deben señalarse con toda precisión. El control que
realiza el Consejo de Estado no es un control general de legalidad que
supondría la confrontación con todos los ordenamientos superiores
relacionados con el acto acusado, labor que resultaría imposible de ejecutar.
Resulta procedente la prosperidad de la excepción de inepta demanda
propuesta por la apoderada del Ministerio de Agricultura”. (Cfr. Consejo de
Estado. Sección Primera. M.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero. Expediente:
6536. Fecha: 02/04/18).” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Consecuente con el precedente jurisprudencial enunciado, considera la Sala
que el Juez Contencioso Administrativo no puede realizar el estudio de legalidad
del acto administrativo acusado con fundamento en normas superiores de
derecho no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no
explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones de
inconstitucionalidad o ilegalidad, expuestas en la demanda, que constituyen el
marco de la litis o del juzgamiento.

En otras palabras, al Juez le está vedado pronunciarse sobre cuestiones o
asuntos de fondo que no fueron objeto del debate en el proceso, conforme lo
ha sostenido esta Sección en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en
sentencia de 7 de junio de 2012 (Expediente núm. 73001-23-31-000-2007-
00153-01, Actor: Ricardo Guarnizo Morales, Consejera ponente doctora María
Elizabeth García González), en la cual se dijo que:

“Reitera la Sala que al juez en cada instancia le está vedado pronunciarse sobre
cuestiones o asuntos de fondo que no fueron objeto del debate procesal, toda
vez que su competencia está circunscrita al ámbito del proceso»71 (Subrayas
de la Sala).

186. Debe recordarse que con la demanda el accionante delimita el objeto del litigio
(pretensión) y la causa petendi (hechos y fundamentos de derecho) que se
ventilarán en el proceso, de tal suerte que los demás sujetos procesales tengan
absoluta certeza de que es sobre ello y nada más que ello, sobre lo que deberán
pronunciarse en su respectiva contestación.

71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 12 de

junio de 2014. Proceso radicado número: 25000 23 24 000 2005 00434 01. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
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con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

187. Además, lo dicho está ligado al principio de congruencia, que es una garantía
del derecho al debido proceso, cuyo objeto no es otro que asegurar que en la
sentencia únicamente sean abordados aspectos relacionados con los hechos y
pretensiones aducidos en la demanda y su contestación, así como en las demás
oportunidades procesales previstas en el ordenamiento jurídico para que las partes
alleguen argumentos que deban ser tratados en la sentencia. Sobre el particular, el
artículo 281 del CGP dispuso:

«Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley» (Subrayas del
Despacho).

188. Debe señalarse que dicha interpretación en modo alguno puede lesionar los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y el principio de
primacía del derecho sustancial sobre el formal. Por el contrario, la Corte
Constitucional, al estudiar sobre la legalidad del numeral 4 del artículo 137 del CCA
manifestó que no resultaba desproporcionado que se exigiera al demandante en un
procedimiento contencioso administrativo que identificara la norma que fue
vulnerada por un acto enjuiciado e indicara su concepto de violación, puesto que
dicha circunstancia contribuye a la racional, eficiente y eficaz administración de
justicia, al asegurar que la decisión del Juez se enmarcará dentro de la delimitación
de la problemática jurídica a considerar, mediante la determinación del objeto del
litigio y su causa petendi; veamos:

«2.3. El numeral 4 del art. 137 del Código Contencioso Administrativo establece,
entre los requisitos de la demanda, el señalamiento de los fundamentos de
derecho de las pretensiones y que cuando se trate de la impugnación de un
acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el
concepto de su violación.

A juicio de la Corte, la exigencia que contiene el segmento normativo acusado,
cuando se demandan actos administrativos, encuentra su justificación en lo
siguiente:

Los actos administrativos constituyen la forma o el modo usual en que se
manifiesta la actividad de la administración, con miras a realizar las múltiples
intervenciones en la actividad de los particulares, que en cumplimiento de los
cometidos que le son propios autoriza el derecho objetivo.

La existencia de un régimen de derecho administrativo como el que nos rige,
implica que la administración a través de dichos actos unilateralmente crea
situaciones jurídicas impersonales y abstractas o define situaciones jurídicas
subjetivas, es decir, que imponen obligaciones o reconocen derechos a favor
de particulares.

La administración no requiere acudir al proceso judicial para declarar lo que es
derecho en un caso concreto e imponer obligaciones a cargo del administrado,
pues ella al igual que el juez aplica el derecho cuando quiera que para hacer
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Demandante: Pedro Josías Aldana Gara y otros

prevalecer el interés público y dentro de la órbita de su competencia necesite
actuar una pretensión frente a un particular, en virtud de una decisión que es
ejecutiva y ejecutoria.

La necesidad de hacer prevalecer los intereses públicos o sociales sobre los
intereses particulares y de responder en forma inmediata a la satisfacción de
las necesidades urgentes de la comunidad, determina que los actos
administrativos, una vez expedidos conforme a las formalidades jurídicas y
puestos en conocimiento de los administrados, se presuman legales y tengan
fuerza ejecutiva y ejecutoria, es decir, sean obligatorios para sus destinatarios
y pueden ser realizados materialmente aun contra la voluntad de éstos.

Los anteriores caracteres que se predican del acto administrativo tienen su
fundamento constitucional en el régimen de derecho administrativo que
institucionaliza nuestra Constitución, con fundamento en los arts. 1, 2, 3, 4, 6,
83, 84, 90, 91, 92, 113, 115, 121, 122, 123-2, 124, 150-2-4-5-7-8-9-19-21-22-
23-25, 189, 209, 210, 211, 236, 237 y 238, entre otros.

Reitera la Corte, que si la administración debe realizar sus actividades con el
propósito de satisfacer en forma inmediata y oportuna los intereses públicos o
sociales, ajustada a los principios de legalidad y buena fe, dentro de los límites
de su competencia, observando los criterios de igualdad, moralidad, publicidad,
imparcialidad, eficiencia eficacia, economía y celeridad, y sujeta a un régimen
de responsabilidad, la consecuencia necesaria es que sus actos gozan de la
presunción de legalidad y son oponibles y de obligatorio cumplimiento por sus
destinatarios.

La naturaleza y características propias del acto administrativo, que se han
puesto de presente anteriormente, justifican plenamente que el legislador,
dentro de la libertad de configuración de las normas procesales que regulan el
ejercicio de las acciones contencioso administrativas, haya dispuesto que
cuando se impugna un acto administrativo deban citarse las normas violadas y
explicarse el concepto de la violación. En efecto:

Si el acto administrativo, como expresión de voluntad de la administración que
produce efectos jurídicos se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio, le
corresponde a quien alega su carencia de legitimidad, motivada por la
incompetencia del órgano que lo expidió, la existencia de un vicio de forma, la
falsa motivación, la desviación de poder, la violación de la regla de derecho o el
desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, la carga procesal de
cumplir con las exigencias que prevé la norma acusada.

Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el
juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de
los actos administrativos, mas aún cuando dicha búsqueda no sólo dispendiosa
sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de
disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo
tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador
haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye
además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en
cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece
enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en
la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto
de la violación»72 (Subrayas de la Sala).

189. En suma, la Sala se abstendrá de analizar de fondo el mencionado reparo.

72 Corte Constitucional. Sentencia C- 197 del 7 de abril de 1999. Magistrado Ponente: Antonio
Barrera Carbonell.
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8.9. De la necesidad de la autorización del Concejo Distrital para la
declaratoria de alerta naranja en un humedal

190. Antes de plantear el problema que corresponda, la Sala advierte que los
accionantes plantearon el cargo de desviación de poder señalando que se
desconoció el numeral 12 del artículo 15 del Acuerdo Distrital 19 de 1996, en tanto
no se solicitó autorización previa del Concejo Distrital para la declaratoria de alerta
naranja en el Humedal de Techo.

191. Sobre la desviación de poder, la jurisprudencia ha entendido que este vicio
se configura “cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los
límites de su competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin
incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de
buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los
específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva
competencia”73.

192. Por ende, su declaración precisa acreditar tanto: (i) la competencia del ente
que expide el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente
impuestas, y en especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al
promulgar la decisión cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso
concreto.

193. Esto último implica tomar en consideración tanto los fines generales (bien
común) como los específicos impuestos por la legalidad a la actuación concreta
enjuiciada (protección de la seguridad documental, agilización de trámites, defensa
del patrimonio público, etc.) y contrastarlos con los que el demandante afirma que
motivaron la decisión cuestionada; de modo que allí donde se acredite que se
procuró un fin distinto al señalado por la ley (el personal de quien tomó la
determinación, el de un tercero, el de la misma entidad, el de otra entidad, etc.),
pese a la apariencia de legalidad de lo actuado y resuelto, habrá lugar a su
anulación. Pero ello presupone, se reitera, la prueba efectiva de los intereses
desviados del fin legalmente prescrito.

194. Siendo ello así, no se advierte que el reproche de los recurrentes se connote
en el vicio de desviación de poder, pues no se busca demostrar que la
administración hubiera perseguido una finalidad distinta o contraria a la prevista por

73 Ver Sentencia C-456 de 1998.

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el ordenamiento jurídico al expedir el acto acusado, sino que se limita a cuestionar
el supuesto desconocimiento del numeral 12 del artículo 15 del Acuerdo Distrital 19
de 1996 por no haberse solicitado autorización previa al Concejo Distrital. En esa
medida, se analizará la inconformidad planteada como un cargo de infracción de
normas superiores

195. Así, tendrá que definirse si es nulo por vulneración de normas superiores el
acto administrativo que declaró la alerta naranja en Bogotá, si se alega que fue
emitido sin la autorización previa del Concejo Distrital de la ciudad.

196. Pues bien, el numeral 2 del artículo 15 del Acuerdo Distrital 19 de 1996 que
fue invocado como infringido, prevé:

«Artículo 15º.- De los Estados de Alarma por Contaminación. En casos de
ocurrencia, o de amenaza evidente de episodios de contaminación y
proliferación de elementos contaminantes del aire, las aguas o los suelos, en
los términos señalados en el artículo 8 del Decreto - Ley 2811 de 1974, y que
ameriten medidas especiales por parte de la Administración para
constrarrestarlos, el Alcalde Mayor podrá declarar alguno de los siguientes
estados de alarma:

(…)

2. Estado Crítico o Alerta Naranja. Cuando en un área de la ciudad se
determine que los estándares de calidad ambiental permisibles han sido
superados de conformidad con las normas vigentes, podrá declararse hasta por
doce meses el Estado Crítico o Alerta Naranja. En estos casos el DAMA podrá
dictar normas ambientales más estrictas para el área. El Alcalde Mayor deberá,
en caso de requerirlo, solicitar al Concejo autorización para tomar las medidas
presupuestales, policivas y administrativas necesarias para controlar la
situación» (Subrayas de la Sala).

197. De la disposición transcrita se advierte que la solicitud de autorización al
Concejo Distrital no constituye un requisito previo y obligatorio para la declaratoria
del estado crítico o de alerta naranja, sino que tiene carácter potestativo y procede
únicamente cuando se requiera adoptar medidas presupuestales, policivas o
administrativas para atender la situación. En ese sentido, la intervención del
Concejo depende de que la Administración estime necesario acudir a ese tipo de
medidas, de modo que si estas no se requerían el Alcalde Mayor estaba habilitado
válidamente para emitir la declaratoria sin dicha autorización.

198. Por ende, el cargo no prospera.

8.10. De las medidas sancionatorias y el trámite de expropiación

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199. En este punto se advierte que los accionantes sostienen que el Distrito
Capital incurrió en desviación de poder al expedir el Decreto 457 de 2008, bajo el
entendido de que las medidas de protección allí previstas únicamente podían
adoptarse mediante procedimientos sancionatorios o de expropiación. En ese
sentido, alegaron que como en el presente asunto no se adelantó ninguno de dichos
procedimientos, se desconocieron las Leyes 99 de 1993 y 9 de 1989.

200. Sobre el particular, la Sala es del criterio que ese cuestionamiento no se
connota propiamente en un cargo de desviación de poder pues los accionantes no
atribuyen a la administración la persecución de una finalidad distinta o contraria a la
prevista por el ordenamiento jurídico al expedir el Decreto 457 de 2008. Por el
contrario, su inconformidad se dirige a cuestionar el supuesto desconocimiento de
las Leyes 99 de 1993 y 9 de 1989, al considerar que las medidas adoptadas solo
podían implementarse en el marco de procedimientos sancionatorios o de
expropiación. En esa medida, el planteamiento formulado corresponde realmente al
cargo por infracción de normas superiores, por lo que así será analizado.

201. Así, se absolverá si es nulo por vulneración de normas superiores el acto
administrativo que declaró la alerta naranja en Bogotá, si se alega que las medidas
de protección allí establecidas sólo eran viables a través de procedimientos
sancionatorios o de expropiación.

202. Con miras a resolver ese problema es oportuno traer nuevamente a colación
lo previsto en la parte resolutiva del Decreto 457 de 2008:

«DECRETA:

Artículo 1°.- Declarar el Estado Crítico o Alerta Naranja en el Humedal de
Techo y su zona o área de influencia, por un término de doce (12) meses,
contados a partir de la expedición del presente Decreto, con el objeto de atender
la problemática de orden ambiental que se presenta en ese Ecosistema, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo.- El Estado Crítico o Alerta Naranja, deberá ser atendido de
conformidad con lo previsto en el artículo 15, numeral 2º del Acuerdo 19 de
1996.

Durante su vigencia la Secretaría Distrital de Ambiente está facultada para
emitir con destino a esta área normas o estándares ambientales más estrictos
que los existentes para el resto de la ciudad y el Alcalde Mayor de la Ciudad,
en caso de requerirlo, solicitará al Concejo autorización para tomar las medidas
presupuestales, policivas y administrativas necesarias para controlar la
situación.

Artículo 2°-. La Secretaría Distrital de Ambiente coordinará el proceso de
recuperación del Humedal de Techo, sin perjuicio de las funciones que le
corresponden a las entidades participantes en el proceso, y demás autoridades
competentes, conforme se indicó en la parte motiva del presente Decreto.
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Artículo 3°.- Establecer las siguientes responsabilidades a cada una de las
Entidades participantes en el proceso de recuperación del Humedal de Techo,
sin perjuicio de las funciones propias de competencia de la Secretaría Distrital
de Ambiente, conforme lo señala el Decreto 561 de 2006:

1.- La Alcaldía Local de Kennedy deberá adelantar el trámite de las querellas
policivas a fin de lograr la recuperación del espacio público que compone el
Humedal de Techo, priorizando específicamente en las que se disponga la
demolición o sellamiento de las construcciones, edificaciones u obras cuya
ubicación se encuentre dentro del humedal y su zona de ronda hidráulica o su
zona de manejo y preservación ambiental, de conformidad con la delimitación
adoptada por el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y/o las normas o
actos administrativos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

También aunará esfuerzos en forma conjunta con la Secretaría Distrital de
Ambiente y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público, para diseñar y ejecutar una estrategia de sensibilización y protección
para la conservación de este ecosistema, conforme con lo señalado en el
presente Decreto.

Adicionalmente, remitirá a la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control
de Vivienda y/o Subdirección de Prevención y Seguimiento de la Secretaría
Distrital del Hábitat, las quejas por presuntas ventas ilegales con el fin de iniciar
las investigaciones correspondientes.

2.- La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB -ESP, se
encargará de realizar las obras de recuperación del ecosistema, las cuales
deben contemplar el saneamiento predial sobre la Zona de Manejo y
Preservación Ambiental -ZAMPA- saneamiento básico, los diseños y obras de
adecuación hidrogeomorfológica y los diseños de recuperación física y
rehabilitación ecológica de las zonas de ronda y zona de manejo y preservación
ambiental, bajo los lineamientos de la Secretaría Distrital de Ambiente, para lo
cual, se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 83 del Decreto 190
de 2004, para efectos del proceso de recuperación del Humedal, de acuerdo
con lo establecido para el manejo de las áreas declaradas como parte del
Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital en el Plan de Manejo
Ambiental.

En tal sentido, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB-
ESP., deberá remitir el Plan de Manejo Ambiental ajustado a los requerimientos
de la Secretaría Distrital de Ambiente para su aprobación mediante acto
administrativo y, entre tanto, esta empresa en coordinación con la Secretaría
Distrital de Ambiente realizará las labores de mantenimiento del Humedal, de
conformidad con el esquema convenido entre las dos entidades.
Adicionalmente, continuará adelantando las acciones administrativas y penales
pertinentes en contra de las personas que de manera fraudulenta se surtan del
servicio de agua en el área del Humedal.

3.- La Secretaría Distrital de Gobierno, en coordinación con la Alcaldía Local de
Kennedy, y con el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría
Distrital del Hábitat, la Secretaría Distrital de Planeación, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público y la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, aunarán esfuerzos, para diseñar y ejecutar estrategias tendientes al
control de la construcción en el área del humedal, la contaminación por
disposición de escombros y avisos comerciales, para la promoción y la
participación ciudadana y el ejercicio del control social, para la defensa y
protección del humedal y su zona de ronda hidráulica y zona de manejo y
preservación ambiental.

4.- La Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la
Secretaría Distrital del Hábitat, de acuerdo con el ámbito de sus competencias,
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recepcionará las quejas por venta ilegal de predios en el Humedal de Techo,
llevará a cabo las acciones de vigilancia y control para prevenir la ocupación y
enajenación ilegal, y adelantará las actuaciones administrativas
correspondientes, acorde con las atribuciones que le confiere el Decreto 121 de
2008 y demás normas concordantes, dando cuenta de ello al Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS, Grupo Medio Ambiente y a la Fiscalía
General de la Nación.

Adicionalmente, en su calidad de presidente de la Comisión de Veedurías de
las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C., y en el marco de dicha comisión, la
Secretaría Distrital del Hábitat será la encargada de coordinar y hacer
seguimiento a las Curadurías Urbanas, con el fin de que se abstengan de
otorgar licencias de urbanismo y construcción a proyectos urbanísticos en el
área del Humedal de Techo, para lo cual realizará un análisis de las licencias
expedidas en la zona constitutiva de dicho humedal y sus áreas colindantes,
instaurará los recursos, acciones y denuncias pertinentes en los casos en que
las mismas no se ajusten a la normatividad urbanística, y señalará a los
Curadores lo relativo al cumplimiento de las normas de Urbanismo y de
Construcción vigentes así como las consecuencias de orden legal que acarrea
la inobservancia de dichas disposiciones.

5.- La Secretaría Distrital de Planeación, oficiará a la Superintendencia de
Notariado y Registro para solicitarle que prevenga a los notarios y a los
registradores de instrumentos públicos, en el sentido de evitar la escrituración
y registro de predios ubicados en el área del Humedal.

6.- La Empresa de Energía de Bogotá, CODENSA S.A. E.S.P., la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá y demás empresas prestadoras del servicio de
telefonía, revisarán la legalidad de las redes instaladas en el asentamiento ilegal
Lagos de Castilla II Sector, y por consiguiente, adoptarán las medidas
pertinentes con el objeto de salvaguardar lo estipulado para esta materia en el
ordenamiento jurídico.

7.- La Secretaría Distrital de Ambiente, además de coordinar el proceso de
recuperación del Humedal de Techo, cumplirá las funciones propias de su
competencia, conforme a lo señalado en el Decreto 561 de 2006 y, en especial,
adelantará e impulsará las actuaciones administrativas ambientales de carácter
sancionatorio en contra de los presuntos infractores de la normatividad
ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993.

Así mismo, emitirá el acto administrativo de aprobación del Plan de Manejo
Ambiental del Humedal, una vez sea remitido el documento ajustado por la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá e implementará los diseños
de recuperación física y rehabilitación ecológica de las zonas de ronda y zona
de manejo y preservación ambiental, remitidos por la EAAB-ESP.

Parágrafo.- Las anteriores responsabilidades y funciones se desarrollarán sin
perjuicio de la competencia que le asiste a los demás organismos
administrativos y de control del orden Nacional y Distrital, como la Procuraduría
General de la Nación - Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, la
Personería Distrital de Bogotá y el Departamento Administrativo de Seguridad -
DAS, Grupo Medio Ambiente, entre otros.

Artículo 4°.- Se prohíbe la construcción, urbanización, rellenos, disposición de
tierra o escombros y cualquier otra conducta que atente contra el Humedal de
Techo y su zona de ronda hidráulica y zona de manejo y preservación
ambiental.

Parágrafo.- El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, dará lugar a la
imposición de las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias a que
hubiere lugar, las cuales podrán ser impuestas por las diferentes autoridades
distritales, de acuerdo con el ámbito de sus competencias.

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Artículo 5°.- El seguimiento y control de lo estipulado en el presente Decreto
estará a cargo de un grupo de trabajo constituido por el Director Legal o Jefe de
la Oficina Jurídica de la Secretarías Distritales de Ambiente, Hábitat, Gobierno,
Planeación, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-
ESP., de la Alcaldía Local de Kennedy, del Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público y de la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital, con su respectivo acompañamiento técnico. El grupo estará
presidido por la Secretaría Distrital de Ambiente y deberá presentar cada cuatro
meses a la Dirección Jurídica Distrital, un informe de gestión sobre el
cumplimiento de las acciones y obligaciones de cada una de las entidades
responsables en el proceso de declaratoria de la Alerta.

Artículo 6°.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a
la Secretaría Distrital de Ambiente, a la Secretaría Distrital de Planeación, a la
Secretaría Distrital de Gobierno, a la Secretaría Distrital del Hábitat, a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a la Alcaldía Local de
Kennedy, al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público,
a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, al Instituto Distrital de
Recreación y Deporte – IDRD, a la Personería de Bogotá, al Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS, y a la Procuraduría General de la Nación -
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Artículo 7°.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en
el Registro Distrital»74

203. De la lectura de la parte resolutiva del Decreto 457 de 2008 lo que se
evidencia es que los demandantes parten de una comprensión equivocada de la
naturaleza jurídica del acto acusado al asumir que mediante este se adoptaron
medidas sancionatorias o expropiatorias que debían agotar los trámites previstos
en las Leyes 99 de 1993 y 9 de 1989, cuando lo cierto es que el referido acto tuvo
como finalidad implementar acciones administrativas y ambientales dirigidas a la
protección y recuperación del ecosistema del humedal, bajo el escenario de la
declaratoria de alerta naranja prevista en el Acuerdo Distrital 19 de 1996.

204. En ese sentido, las medidas allí previstas no correspondieron al ejercicio de
potestades sancionatorias urbanísticas o ambientales, razón por la cual la
invocación de las Leyes 99 de 1993, 9 de 1989 y 388 de 1997, es del todo
impertinente

205. En suma, el cargo no prospera.

8.11. Del cargo relacionado con la falta de caracterización de aguas y la
inexistencia del PMA del Humedal de Techo

206. Antes de plantear el problema jurídico correspondiente, la Sala advierte que
los recurrentes atribuyeron al Decreto 457 de 2008 un supuesto vicio de desviación
de poder, al considerar que la Resolución 250 de 1994, acto en el cual, según los

74 Ibidem.

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accionantes, se fundamentó, fue expedida sin contar previamente con estudios
técnicos sobre las aguas, el entorno socioambiental, la flora y la fauna del Humedal
de Techo. Asimismo, sostuvieron que para ese momento no existía una línea base
que permitiera establecer el grado de deterioro ambiental del ecosistema ni un Plan
de Manejo Ambiental orientado a su protección.

207. Sin embargo, como se vio en el numeral 8.7. de esta providencia no es cierto
que la Resolución 250 de 1994 constituya el fundamento del Decreto 457 de 2008,
de ahí que el fundamento del cargo sea erróneo y por tal motivo no tenga vocación
de prosperidad.

8.12. De la acción popular del Humedal del Burro

208. Se determinará si es nulo por desviación de poder el acto administrativo que
declaró el estado de emergencia del Humedal de Techo si se alega que ello fue
concebido como producto de la concertación de las mesas de trabajo relacionadas
con la acción popular del Humedal del Burro.

209. En aras de resolver dicho interrogante es menester traer a colación la parte
considerativa del Decreto 457 de 2008:

« CONSIDERANDO:

Que en el Parque Ecológico Distrital Humedal de Techo existen diversas
problemáticas de orden ambiental, generadas como consecuencia de la
ocurrencia de fenómenos antrópicos que han afectado tanto el cuerpo hídrico,
como su zona de ronda y zona de manejo y preservación ambiental y por
consiguiente a las especies de flora y fauna, hechos que en su conjunto han
deteriorado ambientalmente el ecosistema, causándole grave daño. Esta
fenomenología, se puede resumir en los siguientes aspectos:

1.- Fragmentación del ecosistema y reducción de la superficie legalmente
establecida, afectando el flujo natural de agua del humedal, debido a la
dinámica urbana ilegal en constante progreso, representada en la construcción
de viviendas y vías de acceso a los asentamientos.
2.- Alteración de su régimen hidráulico y disminución de su capacidad de
amortiguación hídrica.
3.- Contaminación del humedal por conexiones erradas, existencia de
vertimientos industriales y desborde de las aguas del interceptor Kennedy en
época de invierno dado que se excede la capacidad de conducción del mismo.
4.- Presencia de vectores y olores ofensivos causados por la acumulación de
residuos putrescibles y la degradación de materia orgánica debido a la baja
circulación del agua en el humedal.
5.- Procesos de relleno y compactación a partir de la disposición de residuos
sólidos, incluyendo escombros, generando contaminación del suelo y agua.
6.- Disminución de hábitats propicios para el desarrollo de la fauna y flora típica,
consecuencia de los rellenos por invasión y la contaminación de sus aguas por
eutroficación del humedal, proliferación de malezas acuáticas y dominio de
enea en el cuerpo del humedal.

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7.- Afectación de la biota del humedal, principalmente de avifauna afectando
por pérdida sus sitios de refugio y anidación.
8.- Compactación del suelo por pastoreo y ramoneo del follaje por consumo
animal.
9.- Presencia ilegal de actividades industriales, de comercio y servicios al
interior del límite legal del humedal que generan impactos ambientales
negativos.
10.- La ubicación de vallas comerciales sin los respectivos permisos.
11.- Contaminación auditiva por fuentes fijas (industria metal-mecánica,
maderera y actividades de construcción) y móviles (ingreso de vehículos de
carga y particulares al humedal).
12.- Falta de apropiación ciudadana y desconocimiento de los valores, usos y
funciones del ecosistema por parte de la ciudadanía, que genera una valoración
socio-ambiental negativa del humedal.

Que el ecosistema correspondiente al Humedal de Techo está ubicado en la
Localidad de Kennedy, tiene una extensión de 11.60 hectáreas y se encuentra
limitado al oriente, con el conjunto residencial Castilla Real; al norte, con predios
en proceso de urbanización; al suroccidente, con lotes privados donde se
ubican bodegas de repuestos automotores y plásticos entre otras; y al sur, con
los barrios Castilla y Valladolid.

Que conforme a las coberturas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá-
POT, el límite y el área del Humedal de Techo corresponden al mismo que fue
establecido en la Resolución 0250 del 30 de junio de 1994, de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Que el Humedal de Techo se encuentra fragmentado en tres porciones por los
rellenos a los que ha sido sometido, por la construcción del asentamiento ilegal
denominado Lagos de Castilla II Sector, el paso del interceptor Kennedy y el
carreteable de acceso al asentamiento ilegal localizado dentro de la zona de
reserva vial para la futura construcción de la Avenida Agoberto Mejía.

Que la zona occidental del citado humedal conserva algunas condiciones físicas
y bióticas propias de los humedales; la zona central está intervenida por el
asentamiento ilegal que cuenta con toda la infraestructura vial y de servicios
domiciliarios de carácter irregular y el área oriental del humedal es la más
reducida y altamente contaminada.

Que no obstante el deterioro del referido humedal, el patrimonio biótico permite
contar con diversas especies de aves como tinguas piquirojas, tingua azul,
garciopolos, monjitas garzas azules, el pellar, los cerrojillos, el bobito, la lechuza
y el atrapamoscos. Además, es paso obligado de chorlos playeros, tinguas
azules, cerrojillo, garza real, bobitos y mirlos y aún mantiene vertebrados como
los curies e invertebrados como moluscos, zigopteros, coleópteros y opiliones.
Entre las especies vegetales presentes están el junco, la enea o espadaña, el
botoncillo, la lengua de vaca, el barbasco de pantano, la sombrilla de agua, el
buchón, la lenteja de agua, kikuyo y árboles como sauces, saúcos, alisos,
cerezos y acacias.

Que así mismo el Humedal de Techo, su Ronda Hidráulica y Zona de Manejo y
Preservación Ambiental, han sido objeto de un proceso de poblamiento ilegal,
toda vez que allí se han adelantado prácticas irregulares consistentes en relleno
y construcción, que finalmente han permitido la presencia de diversos
asentamientos subnormales y la disminución de la capacidad de amortiguación
hídrica por la alteración de su régimen hidráulico.

Que conforme a la información de la Secretaría Distrital del Hábitat, en el
asentamiento ilegal Lagos de Castilla II Sector, existen 245 ocupaciones
ilegales, con 116 consolidadas, 61 en proceso constructivo, 64 lotes y 4
provisionales; evidenciando en la evolución del número de ocupaciones ilegales
construidas, que de 107 en 2003 pasó a 245 en junio de 2008.

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Que el informe de dicha Secretaría vislumbra la dirección exacta, el tipo de
material y el ocupante de la mayoría de los inmuebles. Así mismo, de
conformidad con la cartográfica Distrital, dicho asentamiento ilegal ocupa 5,6
hectáreas, lo cual representa un 44,13% del área total del Humedal, según
consta en las fichas correspondientes.

Que como quiera que estos asentamientos son de origen ilegal, no poseen las
licencias urbanísticas correspondientes.
Que la Ley 357 de 1997, mediante la cual se aprobó "La Convención Relativa a
los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de
Aves Acuáticas" de Ramsar, Irán de 1971, consideró los humedales como
reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y una
flora características, especialmente de aves acuáticas.
Que con anterioridad a la expedición de la Ley 357 de 1997, mediante el
Acuerdo 19 de 1994, el Concejo de Bogotá declaró a los humedales como
reservas ambientales naturales de interés público y patrimonio ecológico del
Distrito Capital.
Que conforme al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, los humedales
del Distrito Capital hacen parte del Sistema Hídrico como componente de la
estructura ecológica principal, y en tal sentido deben ser protegidos y
preservados sus elementos constitutivos, como principales conectadores
ecológicos del territorio urbano y rural, toda vez que tales elementos
comprenden:

1. Las áreas de recarga de acuíferos.
2. Cauces y rondas de nacimientos y quebradas.
3. Cauces y rondas de ríos y canales.
4. Humedales y sus rondas.
5. Lagos, lagunas y embalses.
Que igualmente, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en su artículo
95, identifica el Humedal de Techo como uno de los Parques Ecológicos
Distritales de Humedales, el cual incluye su cuerpo de agua, su ronda hidráulica,
y su zona de manejo y preservación ambiental como una unidad ecológica,
estableciendo además el régimen de usos para este tipo de parques, así:
1. Usos principales: Preservación y restauración de flora y fauna nativos,
educación ambiental.
2. Uso compatible: Recreación pasiva.
3. Usos condicionados: Centros de recepción, educación e información
ambiental para los visitantes del parque; senderos ecológicos, peatonales y
para bicicletas; dotacional de seguridad ligado a la defensa y control del parque;
demás infraestructura asociada a los usos permitidos.
4. Usos prohibidos: Agrícola y pecuario, forestal productor, recreación activa,
minero industrial de todo tipo, residencial de todo tipo, dotacionales salvo los
mencionados como permitidos.

Que el mismo artículo determina los requisitos a cumplir para los usos
condicionados.

Que el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, considera como factores que
deterioran y amenazan el medio ambiente los siguientes:

a) La Contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente
con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de
la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar
la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos,
o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración
ambiental de las precedentemente descritas. La contaminación puede ser física,
química o biológica;
b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;
c) Las alteraciones nocivas de la topografía;
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d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;
e) La sedimentación en los recursos y depósitos de agua;
f) Los cambios nocivos del lecho de las aguas.
g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o
vegetales o de recursos genéticos;
h). La introducción y propagación de enfermedades y de plagas;
i). La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales
dañinas o de productos de sustancias peligrosas;
j). La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;
k). La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria;
l). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios;
m). El ruido nocivo;
n). El uso inadecuado de sustancias peligrosas;
o). La eutrificación, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en
lagos y lagunas.
p). La concentración de población humana urbana o rural en condiciones
habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud.

Que en atención a la gravedad de la problemática ambiental descrita, el Distrito
Capital de Bogotá actuando a través sus Entidades, ha adelantado un proceso
encaminado a la recuperación del Humedal de Techo, para lo cual se hace
necesario adoptar medidas excepcionales, a fin de recuperar ambientalmente
este ecosistema.

Que dada la importancia que reviste el Humedal de Techo, y de conformidad
con la jerarquía normativa de carácter general, contenida en los artículos 8º, 79,
80 y 82 de la Constitución Política, que en su orden establecen la obligación del
Estado en materia de protección a las riquezas naturales de la Nación, la
diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial
importancia ecológica; e igualmente, señalan las obligaciones de prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental para garantizar su restauración y
conservación en el contexto de la integridad del espacio público, con arreglo al
principio de sostenibilidad y de interés público que revisten, se hace necesario
intervenir este ecosistema para garantizar su protección y restauración.

Que en desarrollo de las normas antes citadas, el Decreto Ley 1421 de 1993 o
Estatuto Orgánico de Bogotá en su artículo 35 señala como atribución del
Alcalde Mayor de Bogotá, en condición de primera autoridad de policía, de
conformidad con la Ley 99 de 1993, artículo 1º numerales 6º, y 9º, artículo 65,
numeral 6, y artículo 66, y el Código de Policía de Bogotá D,C., impartir las
órdenes, adoptar las medidas y utilizar los medios de policía y dictar las normas
necesarias para garantizar el control, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico dentro de su territorio.

Que así mismo, de conformidad con el artículo 38, numeral 18 del Decreto Ley
1421 de 1993, el Alcalde Mayor de Bogotá está facultado para dictar los actos
y tomar las medidas que autoricen la ley y los acuerdos Distritales en los casos
de emergencia e informar al Concejo sobre su contenido y alcance.

Que el Acuerdo Distrital 19 de 1996, mediante el cual se adoptó el Estatuto
General de Protección Ambiental del Distrito Capital, señala en su artículo 15
los Estados de Alarma por Contaminación, estableciendo que en casos de
ocurrencia o de amenaza evidente de episodios de contaminación y
proliferación de elementos contaminantes del aire, las aguas o los suelos, en
los términos señalados en el artículo 8º del Decreto 2811 de 1974, y que
ameriten medidas especiales por parte de la Administración para
contrarrestarlos, el Alcalde Mayor podrá declarar cualquiera de los estados de
alarma establecidos, que según las circunstancias pueden ser Estado de
Prevención o Alerta Amarilla, Estado Crítico o Alerta Naranja y Estado de
Emergencia o Alerta Roja.

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Que con base en las visitas técnicas adelantadas por la Secretaría Distrital de
Ambiente en el Humedal de Techo y su área de influencia se evidenció la
gravedad de la fenomenología, con las correspondientes afectaciones y daños
de orden ambiental que se han ocasionado en el humedal, teniendo como
parámetro los estándares establecidos en las normas Nacionales y Distritales y
las señaladas en disposiciones internacionales, de conformidad con lo
autorizado por el Acuerdo 19 de 1996 y la Resolución 618 de 2003 del entonces
DAMA.

Que teniendo en cuenta la presencia de los factores de contaminación aludidos,
y con fundamento en los artículos 15, numeral 2º, del Acuerdo 19 de 1996 y 3º
de la Resolución 618 de 2003, cuando los estándares de calidad ambiental
permisibles han sido superados, de conformidad con las normas vigentes, y
continúan degradándose, se declarará el Estado Crítico o Alerta Naranja hasta
por doce (12) meses; por tal motivo, se procederá a establecer dicho estado,
con el fin de iniciar las acciones que conlleven el proceso de recuperación del
citado Humedal.

Que las disposiciones invocadas facultan a la Secretaría Distrital de Ambiente
a emitir, para las áreas que son objeto de su alcance normas o estándares
ambientales más estrictos que los vigentes para el resto de la ciudad, y al
Alcalde Mayor para solicitar al Concejo, en caso de requerirlo, autorización para
tomar medidas presupuestales, policivas y administrativas necesarias para
controlar la situación.

Que de acuerdo con lo expuesto, se encuentra conducente y pertinente declarar
el Estado Crítico o Alerta Naranja en el Humedal de Techo y su zona o área de
influencia, dentro de la comprensión territorial del Distrito Capital, sin perjuicio
de las acciones administrativas a que haya lugar y que correspondan a otras
autoridades del orden territorial y ambiental, tal como lo prevén los artículos 1º,
numerales 6º y 9º, 31 y 65, numeral 5º de la Ley 99 de 1993.
Que en desarrollo del Estado Crítico o Alerta Naranja que se decreta, la
Secretaría Distrital de Ambiente, como autoridad ambiental dentro de su
jurisdicción territorial, adelantará las acciones pertinentes para el caso del
Humedal de Techo.

Que en mérito de lo expuesto;» (Subrayas de la Sala)

210. De lo anterior se colige que la emisión del Decreto 457 de 2008 obedeció a
la existencia de una grave problemática ambiental en el Humedal de Techo,
caracterizada por procesos de ocupación ilegal, rellenos, contaminación del recurso
hídrico, alteración de su régimen hidráulico, disminución de hábitats y deterioro
general del ecosistema, lo que comprometía su integridad ecológica. En ese
contexto, la declaratoria del estado crítico o alerta naranja tuvo como finalidad
adoptar medidas orientadas a la protección, recuperación y preservación del
humedal, en atención a la superación de los estándares de calidad ambiental y a la
necesidad de intervenir de manera inmediata para contrarrestar su deterioro.

211. Ahora bien, aun cuando eventualmente la situación del Humedal de Techo
hubiese sido abordada como resultado de las mesas de trabajo relacionadas con el
Humedal El Burro, tal aspecto no desvirtúa las razones que motivaron la expedición
del Decreto 457 de 2008 en tanto estas se sustentan en la existencia misma y

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concreta de una problemática ambiental y por ende se busca la protección y
recuperación del aludido ecosistema.

8.13. De la Anotación 2009-57802

212. De otro lado, se absolverá si es nula una anotación registral por infracción
normas superiores, si se alega que la Superintendencia de Notariado y Registro
incumplió sus deberes al gravar los predios de los demandantes con una medida
desproporcionada que afectaba sus derechos de propiedad.

213. Con miras a resolver ese interrogante resulta pertinente señalar que el numeral
1 del artículo 2 del Decreto 1250 de 197075 vigente para el momento de emisión del
acto acusado, dispone que están sujetos a registro los actos administrativos que
impliquen la constitución, modificación o imposición de limitaciones al derecho de
dominio sobre bienes inmuebles.

« Artículo 2º. Están sujetos a registro:

1. Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique
constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación,
gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho
real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito
hipotecario o prendario» (Subrayas de la Sala).

214. A su vez, en el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 457 de 2008, prevé:

«Artículo 3°.- Establecer las siguientes responsabilidades a cada una de las
Entidades participantes en el proceso de recuperación del Humedal de Techo,
sin perjuicio de las funciones propias de competencia de la Secretaría Distrital
de Ambiente, conforme lo señala el Decreto 561 de 2006:

(…)

5.- La Secretaría Distrital de Planeación, oficiará a la Superintendencia de
Notariado y Registro para solicitarle que prevenga a los notarios y a los
registradores de instrumentos públicos, en el sentido de evitar la escrituración
y registro de predios ubicados en el área del Humedal

215. En ese contexto, la Sala advierte que contrario a lo manifestado por los
accionantes, la Superintendencia de Notariado y Registro actuó en cumplimiento de
un deber legal previsto en el numeral 1 del artículo 2 del Estatuto de Registro de
Instrumentos Públicos, toda vez que la anotación registral cuestionada se efectuó
en atención a la orden impartida en el Decreto 457 de 2008 respecto de los predios
ubicados en el área del Humedal de Techo.

75 « Por el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos»
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con el proceso 25000 23 24 000 2010 00032 01
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216. Por ende, el cargo no prospera ya que parte de un fundamento erróneo, a
saber, que la entidad demandada emitió la anotación enjuiciada incumpliendo sus
deberes legales.

8.14. De los perjuicios causados a los accionantes

217. De otro lado, se advierte que los accionantes alegaron la existencia de
diversos perjuicios derivados de los actos enjuiciados. En particular, sostuvieron: (i)
que se configuró un desequilibrio en las cargas públicas impuesto a los propietarios
de los inmuebles ubicados en el área del humedal, (ii) que la falta de publicación de
la Resolución 250 de 1994 les ocasionó daños antijurídicos en los términos del
artículo 90 de la Constitución Política y (iii) que respecto de la anotación registral
2009-57802, el perjuicio debía calcularse con fundamento en el provecho
económico que habrían obtenido otros propietarios no afectados por las
restricciones derivadas del Decreto 457 de 2008.

218. Al respecto, la primero que la Sala observa es que habida cuenta de que la
acción impetrada fue la prevista en el artículo 85 del CCA, se entiende que tales
reparos se orientan a sustentar las pretensiones de restablecimiento del derecho y
de reparación. Si ello es así, el examen de dichos perjuicios resulta improcedente
toda vez que la prosperidad de esas pretensiones se encuentra supeditado a la
declaratoria de invalidez del acto administrativo.

219. Así, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad que ampara a las
decisiones acusadas, estas conservan los atributos que le son propios y por ende
no es viable que el juez aborde el estudio de esas súplicas consecuenciales, pues
no existe un acto ilícito que sirva de causa jurídica para ordenar el resarcimiento
pretendido.

220. En ese mismo sentido, esta Sección en fallo del 4 de septiembre de 2025
señaló:

« 8.5. Pronunciamiento sobre la pretensión de restablecimiento del derecho

De otro lado, se tendrá que absolver si es procedente estimar las pretensiones
de restablecimiento del derecho si no se ha definido la prosperidad de las
pretensiones de nulidad.

Ahora bien, la recurrente aduce que deben tenerse en cuenta los parámetros
del dictamen pericial decretado y practicado en el plenario y debidamente
acreditado el lucro cesante, daño emergente y los perjuicios inmateriales que le
fueron irrogados por causa de la expedición de los actos censurados. Para el

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efecto, resulta pertinente traer a colación cuál fue el objeto de dicha prueba
pericial en la demanda:

(…)

Mientras que, en la audiencia inicial, en la cual se decretó esa prueba, el
Tribunal resolvió:

(…)

Se advierte entonces que la demandante funda su disenso con la sentencia de
primera instancia aludiendo a la necesidad de tener debidamente probada su
pretensión de restablecimiento del derecho. No obstante, debe serle recordado
a la enunciada sociedad que tal ordenamiento sólo es procedente una vez se
defina la validez de tales actos, esto es, una vez el Juez encuentre acreditada
la pretensión de nulidad, comoquiera que el restablecimiento es una
consecuencia inexorable de la declaración de invalidez siempre que así se
encuentre acreditado.

Bajo tal perspectiva, y habida cuenta de que no logró desvirtuar la presunción
de validez de las decisiones que acusa en esta sede, no es viable acceder a las
súplicas de restablecimiento y por ello también procede la confirmación de la
sentencia de primera instancia»76

8.14.1. En consecuencia, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre las
pretensiones de restablecimiento del derecho y de reparación del daño alegado por
los accionantes en tanto no se desvirtuó la legalidad de los actos acusados.

8.15. Condena en costas

221. De conformidad con el artículo 171 del CCA, en consonancia con el artículo
55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo
en la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u
oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de
colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de
recursos con un interés meramente dilatorio”77.

222. En el caso concreto la parte demandante acudió al proceso sin abusar de su
derecho a acceder a la Administración de Justicia; por tanto, no hay lugar a imponer
condena en costas.

223. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

76 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 4 de

septiembre de 2025. Proceso radicado 25000 23 41 000 2013 00352 01. Consejero Ponente:
Oswaldo Giraldo López.
77 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C. P.

Ricardo Hoyos Duque.
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FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia recurrida el cual
quedará así:

««PRIMERO.- NIEGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesta por los señores Pedro Josías Aldana
Yara (Sic), José Pacomio Barón Santisteban, Bertha Cecilia Carreño Carreño,
Lida María Álzate Vélez, Elba Ligia Barrera, Rigoberto Becerra, Fresneda,
Adalberto Carrillo Laguado, Rosa Elena Enciso Churque, Clara Inés Cruz, Luz
Graciela Garzón Peña, María Esperanza Romero, Luz Mery González Murcia,
Pedro Huérfano, Alexander Alberto Marín González, Ana Cecilia Molina
Alvarado, José Parmenio Montañez, María Estella Murcia de González, Luz
Marina Peñalosa Alberto, José Demetrio Pinzón Moreno, Esperanza Piraban
Cristancho, Diana Esperanza Quiceno Ballesteros, Flor María Ramos Barreto,
Blanca Cecilia Rodríguez Cañón, Héctor Gustavo Rubiano Jején, Reinalda Ruiz
Martin, María Nohora Triana Vanegas, Fredy Orlando Valderrama Prieto y Olga
Teresa Rubiano Jegen, a través de apoderada judicial, contra Distrito Capital -
Secretaría Distrital de Planeación, Distrito Capital - Secretaria Distrital de
Ambiente, Distrito Capital - Alcaldía Mayor, Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, Superintendencia de Notariado y Registro» 78
(Negrillas dentro del texto)

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO:NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Aclara voto

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley

78 Visible a folio 318 del Cuaderno del Tribunal.

73

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