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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00352-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00352-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS POR AGENCIAS EN DERECHO a Marketmedios en favor de la parte demandada, en la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, según lo explicado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2013-00352-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

4 de septiembre de 2025

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 00352 01
Demandante: Marketmedios Comunicaciones S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 00352 01
Actor: Marketmedios Comunicaciones S.A.
Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Ambiente (en adelante
SDA)
Tesis: No es procedente que en los alegatos de conclusión en segunda instancia se
incorporen cargos que no fueron indicados en el recurso de alzada.
No es procedente estudiar de fondo el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, si en dicho escrito la memorialista hace una transcripción literal de
los argumentos esgrimidos en la demanda.
No es procedente estimar las pretensiones de restablecimiento del derecho si no se
ha definido la prosperidad de las pretensiones de nulidad.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la
sociedad Marketmedios Comunicaciones S.A. contra la sentencia del 17 de julio de
2014, proferida por la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

I.LA DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), la sociedad Marketmedios Comunicaciones S.A.
(en adelante Marketmedios), interpuso demanda en contra de la Secretaría Distrital de
Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.1.

1 Visible a folios 8 a 51 del Cuaderno del Tribunal.

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 00352 01
Demandante: Marketmedios Comunicaciones S.A.

1.1. Pretensiones

«3. PRETENSIONES.

3.1. Que en virtud de lo establecido en el artículo 148 del Código de
Procedimiento Administrativa y de lo Contencioso Administrativo, se inaplique la
Resolución 2962 de 2011, acto administrativo en virtud del cual la Secretaría
Distrital de Ambiente, por la supuesta afectación al paisaje y su aprovechamiento
con Publicidad Exterior Visual en Movimiento, pero desconociendo la evidente
diferencia entre los términos “reglamentar” y “prohibir”, desbordando las
facultades concedidas por el legislador y sin que existieras justificaciones y
soportes de tipo técnico, legal – ambiental y/o administrativo la Secretaría
Distrital de Ambiente profirió la Resolución No. 2962 de 23 de mayo de 2011,
por medio de la cual el Secretario Distrital de Ambiente dijo regular las
características y condiciones para la fijación o instalación de Publicidad Exterior
Visual en Movimiento – Pantallas.

(…)

3.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 00493 del 1 de junio de
2012 por medio de la cual el Director de Control Ambiental de la Secretaría
Distrital de Ambiente “DECLARA LA PERDIDA DE VIGENCIA DE UN
REGISTRO TIPO PANTALLA LED Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES”, registro que fue otorgado a través de la Resolución No.
943 del 21 de febrero de 2011, para el elemento publicitario tipo pantalla LED,
instalado en la Carrera 15 No. 85-14 (Sentido Sur – Norte) de esta Ciudad.

3.3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 01029 del 03 de Septiembre
de 2012, por medio de la cual el Director de Control Ambiental de la Secretaría
Distrital de Ambiente resolvió el recurso de reposición interpuestos (Sic) contra
la Resolución No. 00493 del 1 de junio de 2012.

3.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se declare que la Publicidad Exterior
Visual tipo pantalla LED otorgado a través de la Resolución No. 943 del 21 de
febrero de 2011 para el elemento publicitario tipo pantalla LED instalado en la
Carrera 15 No. 85 – 14 (Sentido Sur – Norte) de esta Ciudad, cumple con todas
las condiciones legales y no se ordene el desmonte de la misma permitiendo el
funcionamiento de ésta.

3.5. Que se condene a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – SECRETARÍA
DISTRITAL DE AMBIENTE pagar a MARKETMEDIOS Comunicaciones S.A. los
perjuicios patrimoniales por concepto de daño emergente la suma de
TRESCIENDO ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL
SISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($
311.722.673.oo) y lucro cesante por valor de CUATRO MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA
Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.153.195.035.oo) generados por el
desmonte del elemento publicidad así como los valores dejados de percibir por
el no funcionamiento del elemento de Publicidad Exterior Visual tipo pantalla LED
Comercial instalado en la Carrera 15 No. 84 – 14 (Sentido Sur – Norte) de esta
Ciudad.

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 00352 01
Demandante: Marketmedios Comunicaciones S.A.

3.6 Que se condene a la Secretaría Distrital de Ambiente a pagar a
MARKETMEDIOS Comunicaciones S.A. la suma de CIEN (100) SMMLV por
concepto de perjuicios al buen nombre de la empresa que represento generados
por la pérdida de vigencia y el desmonte ordenado por la Secretaría Distrital de
Ambiente para el elemento de Publicidad Exterior Visual tipo pantalla LED
instalado en la Carrera 15 No. 85 – 14 (Sentido Sur – Norte) de esta ciudad.

3.7. Las sumas reconocidas, deberán ser indexados, más los interés (Sic) que
se causen y la corrección monetaria establecida por el banco emisor.

3.8. Que se me reconozca personería para actuar en el presente proceso, de
conformidad con el poder otorgado.»2

1.2. Los actos cuestionados.

1.2.1. La Resolución 493 del 1 de junio de 2012, dispuso en su parte resolutiva:

«RESOLUCION No. 00493

(…)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la pérdida de vigencia del registro otorgado
mediante Resolución 943 del 21 de febrero de 2011, a la empresa
MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A., por el elemento de publicidad
exterior visual tipo pantalla led, instalado en la Carrera 15 No. 85-14, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Ordenar a MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A.,
identificada con Nit 830.104.453-1, el desmonte del elemento Publicidad Exterior
Visual tipo Pantalla Led, instalada en la Carrera 15 No. 85-14 de esta ciudad, en
el término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la
comunicación de la presente resolución, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente decisión.

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el contenido de la presente Resolución al
Representante Legal de MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A., Nit.
830.104.453-1, o quien haga sus veces, en la Carrera 49 No. 91-63 de Bogotá D.C.

ARTÍCULO CUARTO. - Publicar la presente providencia en el boletín de la Entidad.
Lo anterior en cumplimiento del Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente Providencia procede Recurso de
Reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, el cual
deberá ser presentado ante la Dirección de Control Ambiental, ubicada en la
Avenida Caracas Mio. 54-38, con el lleno de los requisitos establecidos en los
Artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.»

1.2.2. La resolución 01029 de septiembre 3 de 2012 indicó en su parte resolutiva:

2 Visible a folios 11 a 13 del Cuaderno del Tribunal

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 00352 01
Demandante: Marketmedios Comunicaciones S.A.

«RESOLUCION No. 01029

POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION

EL DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL
DE AMBIENTE

(…)
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución No. 00493 del 01 de junio de
2012, en todas y cada una de sus partes, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ALBERTO PRIETO URIBE, en calidad de Representante Legal de
MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A., o a quien haga sus veces, en la
Carrera 49 No. 91-63 de Bogotá D.C.

ARTICULO TERCERO. Publicar la presente Providencia en el boletín de la Entidad
y remitir copia a la Alcaldía Local de Chapinero, para lo de su competencia. Lo
anterior en cumplimiento del Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO. Contra la presente Providencia no procede Recurso alguno
y con ella se entiende agotada la vía gubernativa.»

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas infringidas, se señalaron las previstas en los artículos 2, 4, 6, 13, 14, 29,
83, 121, 122, 123 y 333 de la Constitución Política, así como las previstas en los
artículos 1, 2, 47, 93, 97 del CPACA.

El planteamiento de la actora se dividió en tres (3) aspectos, que son: fundamentos de
derecho, fundamentos técnicos y fundamentos legales. En cada uno de ellos desarrolló
diferentes argumentaciones según pasan a exponerse:

1.3.1. Fundamentos de derecho

1.3.1.1. «FALTA DE COMPETENCIA DEL DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL PARA
DECLARAR LA PÉRDIDA DE VIGENCIA DE UN REGISTRO»3

3 Folio 13 del Cuaderno del Tribunal.

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Demandante: Marketmedios Comunicaciones S.A.

Aseguró que ni el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de ese mismo
año, ni el literal c) del artículo 1º de la Resolución No. 03074 de 2011, prevén que la
Dirección de Control Ambiental tenga la potestad para declarar la pérdida de vigencia de
un registro, máxime cuando en la normativa que rige la publicidad exterior visual, esto es,
la Ley 140 de 1994, no consagra dicha figura.

1.3.1.2. «ERRADA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE RIGEN EL SUBSISTEMA VIAL
A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ADOPTADO
MEDIANTE DECRETO DISTRITAL 619 DE 2000 CRITERIO TÉCNICO ADOPTADO COMO
FUNDAMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA»4

Con el fin de evaluar la aplicación de la norma que regula la Publicidad Exterior Visual en
Bogotá D.C., explicó que era necesario examinar los componentes del subsistema de
movilidad vial que fue creado a partir del Decreto Distrital 619 de 2000. Así, sostuvo que
el artículo 140 ibídem determinó que aquel estaba conformado por las: (i) malla arterial
principal, (ii) malla arterial complementaria, (iii) malla vía intermedia, (iv) malla vial local
y, (v) intersecciones.

Añadió que la mencionada norma en su artículo 154 definió los criterios generales para
la formulación de las secciones viales, mientras que, por su parte, el artículo 155 ibidem
las clasificó y fijó los anchos mínimos para desarrollarlas.

Sostuvo que, posteriormente, el artículo 128 del Decreto Distrital 469 de 2003 determinó
que la malla vial principal era la red de mayor jerarquía. Por otro lado, aludió a que en la
mencionada norma se eliminó el concepto de subsistema vial metropolitano.

El demandante agregó que el artículo 158 de tal disposición normativa, estableció los
anchos mínimos de las secciones transversales de las vías pertenecientes a las mallas
viales artería principal, artería complementaria, intermedia, local y rural, de la siguiente
manera:

4 Folio 14 ibídem.

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Demandante: Marketmedios Comunicaciones S.A.

Afirmó que el Decreto 190 de 2004 compiló las disposiciones contenidas en los
Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003. Asimismo, sostuvo que tal norma estableció las
secciones bases de las referidas mallas; así:

«1. Para la Malla Artería Principal y la Malla Arterial Complementaria: V – 0, V- 1,
V - 2 y V -3.
2. Para la malla vial intermedia: V – 4, V -5 y V -6.
3. Para la malla vial local: V-7, V-8 y V – 9.

Las vías se diferencian en su utilización por el tipo de transporte que opera sobre
ellas, de la siguiente manera:

1. Perfil A: Base.
2. Perfil B: Base, Troncal de buses.
3. Perfil C: Base, Metro.
4. Perfil D: Base Troncal de buses, Metro»5.

Igualmente, como anchos mínimos de las mallas viales se definieron:

“Vía V-0: 100 metros
Vía V-1: 60 metros
Vía V-2: 40 metros
Vía V-3: 30 metros (en sectores sin desarrollar)
28 metros (en sectores sin desarrollar)
Vía V- 3 E: 25 metros
Vía V-4: 22 metros
Vía V4R: 22 metros (en zonas rurales)
Vía V-5: 18 metros (para zonas industriales y acceso
a barrios)

5 Visible a folio 17 del Cuaderno del Tribunal.

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 00352 01
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Vía V-6: 16 metros (local principal en zonas
residenciales)
Vía V-7: 13 metros (local secundaria en zonas
residenciales)
Vía V-8: 10 metros (pública, peatonal, vehicular
restringida)
Vía V-9: 8 metros (peatonal)”6

En ese orden, expresó que en el Distrito capital el ancho de las secciones viales se ha
mantenido como una constante técnica para el diseño urbano y la asignación de
competencias en lo relacionado con el mantenimiento vial. Sin embargo, recalcó que lo
concerniente al concepto de vía metropolitana fue eliminado de la norma y que por ende,
sólo existen las vías en malla arterial principal y complementaria que incluye las vías V-
0, V-1, V-2 y V-3 (ancho superior a 28 metros), intermedia que corresponde a las vías V-
4, V-5 y V-6 (ancho entre 16 y 27.9 metros) y vial local clasificadas como V-7, V-8 y V-9
(anchos entre 8 y 15.9 metros).

Manifestó que, el literal f) del artículo 5º del Decreto Distrital 959 de 2000 previó los sitios
en los que estaba prohibida la publicidad exterior, particularmente sobre las vías
principales y metropolitanas. No obstante, aludió a que el Decreto 506 de 2003, en su
numeral 2.3. de artículo 2, dispuso que aquella prohibición aplicaba para la malla vial
principal y complementaria y para los inmuebles ubicados con frente sobre las mismas.

Añadió que la restricción antes mencionada debía estar acorde con las vías identificadas
en el Plan de Ordenamiento Territorial (en adelante POT) de Bogotá como malla arterial
principal y complementaria, esto es, aquellas cuya sección vial sea mayor a veintiocho
(28) metros y se identifiquen bajo la codificación V – 0, V -1, V-2 y V3.

Arguyó que, mediante Concepto Técnico No. 201100613 del 18 de febrero de 2011, el
Subdirector de Calidad Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente,
informó que la vía objeto de la solicitud con radicado 2011ER09019 del 31/01/2011
correspondiente al predio con matrícula inmobiliaria 50C-384305 y dirección la Carrera
15 No. 85 – 14 no correspondía a una vía clasificada como V-0, V-1, V-2 o V-3; por lo

6 Visible a folio 18 del Cuaderno del Tribunal.

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 00352 01
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que el elemento de publicidad exterior a instalar cumplía con las condiciones de los
Decretos Distritales 959 de 2000 y 506 de 2003.

Alegó que tal circunstancia motivó la expedición de la Resolución 943 del 21 de febrero
de 2011, que autorizó la instalación de un elemento publicitario tipo pantalla LED en la
zona. Así las cosas, reprochó que no era entendible que la misma Secretaría
posteriormente hubiere emitido el Concepto Técnico No. 03917 del 16 de mayo de 2012,
clasificando el lugar donde estaba instalado el mencionado elemento publicitario como
vía V-3, cuando las condiciones que había viabilizado el registro nunca cambiaron, razón
por la cual, a su juicio, está demostrado que existió una errada interpretación del POT de
Bogotá, que afectó los compromisos comerciales adquiridos por esa sociedad.

1.3.1.3. «LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN 2962 DE 2011 Y SU TRANSICIÓN NORMATIVA COMO
FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN OBJETO DE RECURSO»7

Adujo que la Resolución 2962 de 2011 determinó un régimen de transición con el
propósito de que fueran adecuados los elementos publicitarios a los nuevos postulados
normativos, sobre la base que requerían un mayor grado de conceptualización por
entidades tales como la Secretaría Distrital de Planeación y la Defensoría del Espacio
Público.

Señaló que tal régimen debió tener como fin que no se desconocieran situaciones
jurídicas ya consolidadas, y en consecuencia, la autoridad ambiental debía continuar
reconociendo los registros otorgados sobre publicidad exterior, como ocurrió, por
ejemplo, cuando la Alcaldía de Bogotá para el año 2008, inició un plan de contingencia
por la declaratoria de alerta amarilla por razones de orden ambiental, y la Secretaría de
Ambiente encontró sesenta y cinco (65) registros de publicidad otorgados, que fueron
respetados hasta su vencimiento.

En tal medida, arguyó que no se puede ordenar el desmonte de un elemento si «se
evidencian razones técnicas que ameritan revisión por parte de los técnicos de la
Secretaría pues comete la Administración el grave error de incurrir en un exceso de
discrecionalidad técnica que no es posible soportar por parte de mi representada que en
ningún momento la Autoridad ha hecho el menor requerimiento sobre el particular antes

7 Folio 8 ibídem.

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bien no ha obtenido respuesta alguna sobre su solicitud y sin mediar un debido proceso
se le ha ordenado el desmonte del elemento sin siquiera existir un concepto que
determine en la actualidad condiciones de deterioro y de grave afectación del paisaje
urbano que generen contaminación visual en los términos del Decreto 189 de 2011»8

Expresó que en la Resolución 2962 de 2011, que sirvió de sustento para la expedición
de los actos acusados, la Administración Distrital no contó con los estudios ni el análisis
técnico suficiente que le permitiera regular las condiciones, tamaños y alturas de las
pantallas LED. Sobre el particular, destacó que en la respuesta dada a esa empresa con
las comunicaciones No. 2012EE080161 del 3 de julio de 2012 y 2012EE091127 del 31
de julio de 2012, fue anexado un concepto técnico en el cual se fundamentó la expedición
de la mencionada Resolución regulatoria, con lo que se demuestran sus vicios de
ilegalidad.

1.3.1.4. «FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPUSO OBLIGACIÓN DE
DESMONTE»9

Afirmó que, los actos acusados carecen de motivación de fondo que permita determinar
con suficiencia las razones de interés general o la vulneración de derechos colectivos
por parte de esa sociedad que conllevaron a una infracción ambiental, debido a la
instalación de la pantalla tipo LED.

Precisó que el Ministerio de Ambiente ha indicado respecto del cumplimiento de la
normatividad en materia ambiental que las autoridades en sus actuaciones deben
observar la aplicación de los principios constitucionales que orientan el
aprovechamiento de un recurso, entre otros, el de desarrollo sostenible, sin que tal
circunstancia haya acaecido en el presente asunto.

Señaló que los actos cuestionados revocaron el registro válidamente concedido
mediante la Resolución 944 de 2011, sin que mediara un concepto técnico que indicara
cuál era el impacto que sustentaba la necesidad de declarar la pérdida de vigencia del
registro de publicidad exterior tipo pantalla LED.

8 Ibídem.
9 Folio 21 ibídem.

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 00352 01
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Destacó que los actos censurados tampoco definieron cuál era la causal de pérdida
de vigencia del registro a la luz de lo dispuesto en el artículo 93 del CPACA.

1.3.1.5. «VULNERACIÓN DEL PRINICPIO DE IGUALDAD POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN
DISTRITAL MATERIALIZADA CON LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN 493 DE 2012»10

Mencionó que, como fundamento de la orden de desmonte del elemento de publicidad,
se exponen las medidas especiales en materia de registro ambiental para vallas
comerciales que fueron adoptadas para el año 2008 y que no se encuentran vigentes, lo
que desconoce su derecho a la igualdad, toda vez que en la ciudad existen vallas que no
cumplen con la normativa ambiental y respecto de las cuales la Secretaría Distrital de
Ambiente no ha tomado ninguna decisión.

En efecto, sobre tal punto expresó:

«1. A menos de 160 metros se encuentran las siguientes vallas: carrera 30 con
63C, Autopista norte con 69, Avenida suba con 122, Avenida suba con 91, Avenida
calle 80 con 81, Autopista Norte con 195 y Avenida calle 80 con 24, incumpliendo
los requisitos técnicos previstos en la normatividad legal vigente y son
aprovechadas comercialmente.

2. Instalación de dos elementos tipo Pantalla LED en vía arterial (Avenida el Dorado
– Puente Aéreo y Zona de Carga) que no cumplen con las condiciones técnicas
fijadas por los Decretos 959 de 2000 y 506 de 2003 y Resolución 2962 de 2011.
Estos elementos nunca han contado con registro y a la fecha no han sido objeto de
requerimiento por parte de la Autoridad Ambiental y su aprovechamiento
económico ha sido en un periodo superior a tres (3) años.

3. Instalación de un elemento tipo pantalla LED ubicado en la zona T “Restaurante
1492” de la localidad de Chapinero que a pesar de cumplir con las especificaciones
técnicas de tamaño y altura fue fijada al interior del predio rompiendo la fachada y
extendiendo un brazo para el soporte de la pantalla que invade el área del
antejardín en contravía de lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 2962 de
2011. A la fecha no ha sido objeto de algún requerimiento por parte de la autoridad
ambiental, vulnerando la normativa vigente»11

Aseguró que, la instalación de los descritos elementos genera saturación visual,
afectando el paisajismo y reflejan una cultural de ilegalidad y evasión tributaria; además,
ponen en riesgo la seguridad de terceros por la falta de pólizas de responsabilidad civil.

10 Folio 22 ibidem.
11 Folio 23 ibidem.

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 00352 01
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1.3.1.6. «INDEFINICIÓN TÉCNICA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS
VÍAS ACORDE CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUE GENERA INCERTIDUMBRE
Y PRONUNCIAMIENTOS CONTRARIOS PARA DAR APLICACIÓN A LA RESOLUCIÓN 2962 DE 2011»12

Alegó que la incertidumbre jurídica que ha sido generada por la entidad demanda en
materia de publicidad exterior visual vulnera los principios al debido proceso, igualdad,
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad que son rectores en la actuación
de la Administración Pública.

Expresó que prueba del anterior señalamiento, es que no fue contestada la solicitud de
prórroga del término de vigencia del registro con pantallas LED que se radicó mediante
el consecutivo 2012ER019075 del 8 de febrero de 2012. Aseguró que tampoco ha
obtenido respuesta respecto de la solicitud de autorización de nuevas pantallas LED en
otros sectores de Bogotá que fueron pedidas ante la entidad demandada los días 1 de
diciembre de 2011, 10 de enero de 2012 y 3 de abril de ese mismo año.

Arguyó que, pese a que la Secretaría de Ambiente asegura que debe darse cumplimiento
a lo previsto en la Resolución 2962 de 2011, lo cierto es que no ha emitido la respuesta
pronta y oportuna que esperan los ciudadanos sobre sus solicitudes, generando así
inestabilidad para el sector de la publicidad.

1.3.1.7. «LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE GENERA CONSECUENCIAS
JURÍDICAS Y AGRAVIO A MI REPRESENTADA. APLICACÓN DE LA REOSLUCIÓN 2962 DE 2011 Y
FALTA DE COMPETENCIA PARA LA REGULACIÓN NORMATIVA ALLÍ PREVISTA»13

Manifestó que, las resoluciones que otorgaron los registros se fundamentaron en los
Acuerdos nro. 001 de 1998 y 012 de 2000, así como en los Decretos nro. 959 de 2000 y
506 de 2003, por lo que era necesario verificar la competencia de la autoridad ambiental
para regular la publicidad exterior visual en el Distrito Capital. Asimismo, dijo que la
Resolución nro. 2962 de 2011, representó un cambio normativo que sustento el acto
recurrido, el cual afecto gravemente a la demandante al ordenar el desmonte del
elemento publicitario.

12 Folio 24 ibídem.
13 Folio 25 ibídem.

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Demandante: Marketmedios Comunicaciones S.A.

En ese orden, afirmó que la Ley 140 de 1994 otorgó competencias a los Concejos
Municipales y Distritales para reglamentar el registro de control y el impuesto de
publicidad exterior de forma concurrente con el principio de gradación normativa. Por
ende, afirmó que en aplicación del citado principio corresponde al Concejo de Bogotá
determinar una política del paisaje urbano, generando así condiciones de estabilidad
jurídica, en especial para aquellas personas que desarrollan actividades relacionadas
con la publicidad exterior.

Señaló que de acuerdo con lo dicho por la Corte Constitucional en sentencias C – 535
de 1996 y 064 de 1998, la competencia de los Concejos Municipales y Distritales no es
absolutamente discrecional, sino que, por el contrario, deben consultar los principios de
libertad de empresa y libertad económica.

Definido lo anterior, arguyó que la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. no tenía atribuciones
para regular lo concerniente a la publicidad exterior visual dado que esa facultad era del
Concejo Distrital. Para dar sustento a tal afirmación trajo a colación una sentencia del
Consejo de Estado proferida el 19 de julio de 1995, en la que se estudió la legalidad del
Decreto 016 de 1994 y se concluyó que el entonces Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), no tenía facultades para reglamentar dicha
actividad.

1.3.1.8. «DE LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES Y RESIDUALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ
D.C. EN MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL»14

Luego de transcribir apartes de la sentencia C – 535 de 1996, aseguró que los Concejos
Municipales y Distritales son los encargados de regular lo relativo a publicidad exterior
visual, así como sus prohibiciones y restricciones, en virtud de lo previsto en la Ley 140
de 1994.

1.3.1.9. «VICIO DE FORMA O DE PROCEDIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE
APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
AMBIENTAL GENERANDO VULNERACIÓN DE DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA»15

14 Folio 26 ibídem.
15 Folio 28 ibídem.

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Demandante: Marketmedios Comunicaciones S.A.

Sostuvo que los actos acusados incurrieron en un vicio de forma en tanto impusieron una
sanción a esa empresa, esto es, la declaración de la pérdida de vigencia del registro y el
desmonte de la publicidad, todo ello a pesar de que no fue resuelta la petición que
inicialmente presentó Marketmedios relativa a la ampliación de la vigencia del
mencionado registro, circunstancia que vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y de defensa.

Manifestó que el procedimiento sancionatorio que adelantó la Secretaría de Ambiente
debía regirse con estricto apego a lo contemplado en la Ley 1333 de 2009. Sin embargo,
esa entidad sancionó a Marketmedios con base en la aplicación de parámetros que no
contaban con la debida certeza técnica frente a la tipificación de la vía, puesto que la
metodología empleada era desconocida e inexacta para la calificación de la sección vial.

Agregó que la entidad demandada en los actos acusados sancionó a Marketmedios pese
a que existe una grave indefinición técnica en evaluación ambiental que fue realizada
dentro del procedimiento administrativo y que determinó el incumplimiento de los
requisitos de la Resolución 2962 de 2001.

Así, aludió que la referida incertidumbre no podía ser cargada a Marketmedios, so pena
de desconocer su derecho constitucional al debido proceso, pues, por demás, se
encontraba en estado de indefensión técnica ante el uso de la facultad de policía
administrativa de la que era titular la Administración y en aplicación de la ya mencionada
Ley 1333 de 2009.

1.3.1.10. «LA TRANSICIÓN NORMATIVA Y LA ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
PUBLICIDAD DEBEN GENERAR CONDICIONES DE FAVORABILIDAD PARA PROPIETARIOS DE LOS
REGISTROS LLEVÁNDOLOS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA – VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO
DE PRECAUCIÓN DE BUENA FE O LA TUTELA A LA CONFIANZA PÚBLICA»16

Mencionó que «la decisión adoptada por la Administración Distrital en cabeza de la
Dirección de Control Ambiental, con la expedición de la Resolución 493 de 2015, fue con
abierto desconocimiento del fin teleológico de la Resolución 2962 de 2011, cual era la
adecuación de los elementos que debió buscar la autorregulación a los propietarios de
las pantalla tipo LED y no profiriendo sanciones sin anteceder la aplicación de un

16 Folio 29 ibídem.

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 00352 01
Demandante: Marketmedios Comunicaciones S.A.

procedimiento administrativo, para permitir su adecuación y condiciones que establezca
la Secretaría Distrital de Ambiente»17.

1.3.1.11. «RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE
CAMPAÑAS EDUCATIVAS, INSTITUCIONALES BOGOTÁ HUMANA Y DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL COMO MEDIO DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD»18

Argumentó que desde el punto de vista técnico y ambiental no era procedente declarar
la pérdida del registro y ordenar el desmonte de una pantalla tipo LED, dado que el mismo
era un elemento amigable con el medio ambiente, y que fue usado por la administración
distrital al amparo del principio de legalidad para cumplir con el Plan de Desarrollo de la
«Bogotá Humana», en el cual se promovió el desarrollo tecnológico en aras de generar
cultura e innovación y, por ende, con los preceptos institucionales de sostenibilidad
ambiental y eficiencia energética.

1.3.2. Fundamentos técnicos

La demandante trajo a colación distintas comunicaciones emitidas por la Secretaría de
Planeación Distrital, en las cuales se define la clasificación de la vía en la que se instaló
la publicidad LED cuyo registro fue revocado, anotando que en ninguno de los casos se
dejó claro el diámetro del ancho de la misma.
1.3.3. Fundamentos legales

1.3.3.1. Violación de los artículos 93, 95 y 97 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Manifestó que, de acuerdo con el previsto en el artículo 97 del CPACA, la administración
no podrá revocar un acto administrativo de carácter particular sin el consentimiento
expreso y escrito del respectivo titular. Sin embargo, en el caso en concreto esa empresa
no manifestó su aprobación en relación con la revocatoria de la Resolución No. 943 del
21 de febrero de 2011, que otorgó el registro del elemento de publicidad tipo LED.

17 Folio 30 ibidem
18 Ibídem.

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 00352 01
Demandante: Marketmedios Comunicaciones S.A.

Arguyó que, dado que esa sociedad no dio el consentimiento expreso para la revocatoria
directa del mencionado acto, la entidad demandada debía acudir ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo a efectos de solicitar su nulidad.

Señaló que la accionada tampoco podía dar aplicación al artículo 97 del CPACA, como
quiera que la Resolución 943 del 21 de febrero de 2011 no fue proferida a través de
medios ilegales o fraudulentos, o en contravía de lo dispuesto en la Constitución Política.

1.3.3.2. Violación del debido proceso administrativo

Afirmó que la entidad accionada violó su derecho fundamental al debido proceso al no
haberle solicitado su autorización con el fin de revocar la Resolución 943 del 21 de febrero
de 2011.

Indicó expresamente que “en el sub – examine se materializó una flagrante violación al
derecho fundamental de mi representada al debido proceso por parte de la Secretaría de
Ambiente al omitir la correspondiente autorización con el fin de darle trámite y de expedir
el acto administrativa (Sic) sancionatorio de revocatoria directa, actos administrativos
éstos que están siendo atacados a través de esta acción contenciosa administrativa”19.

1.3.3.3. Falsa motivación

Adujo que no existió concepto técnico que evidenciara las razones de impacto ambiental
que generaron la expedición de las decisiones impugnadas; y que, por el contrario, tan
sólo se alude a las Resoluciones números 2962 y 4575 de 2011, como fundamento de
aquéllas, eludiendo la aplicación de las causales de revocación previstas en el artículo
93 del CPACA.

Por lo anterior, cuando se expidió la Resolución 0493 de 2012 hubo desconocimiento de
los fines que debieron inspirar la Resolución 2962 de 2011, todo lo cual se tradujo en la
sanción impuesta a Marketmedios sin procedimiento administrativo agotado para ese
efecto.

19 Folio 46 ibidem.

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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Secretaría de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá contestó la demanda
en los siguientes términos20:

2.1. En relación con la falta de competencia del Director de Control Ambiental de la
Secretaría Distrital de Ambiente para declarar la pérdida de vigencia de un registro,
aseguró que la Resolución 3074 del 26 de mayo de 2011 delegó en cabeza de éste
la expedición de los actos que decidan de fondo las actuaciones administrativas
atribuidas a esa dirección por los Decretos 109 y 175 de 2009, relativos a asuntos
permisivos, sanciones y medidas preventivas, incluidos los actos administrativos de la
vía gubernativa.

Por ende, afirmó que el Director de Control Ambiental está facultado para expedir los
actos administrativos que contengan decisiones de fondo, entre los cuales se
encuentran aquellos que otorgan el registro del elemento de publicidad, y también el
que declara la pérdida de su vigencia.

2.2. En relación con la errada interpretación de las normas que rigen el subsistema vial a
partir de la expedición del POT adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, sostuvo
que no eran ciertas las afirmaciones de la empresa demandante, como quiera que el
literal f) del artículo 4º de la Resolución 2962 de 2011, prohíbe la instalación de publicidad
exterior visual en movimiento en inmuebles ubicados frente a vías tipo V-0, V-1, V-2, V-
3, V-3E, de acuerdo con lo ordenado en el POT contenido en el Decreto 190 de 2004.

Añadió que la clasificación que es dada a las vías no es un capricho de esa entidad
distrital, puesto que para el caso en concreto de la empresa Marketmedios, la definición
de la malla vial cuestionada fue realizada por la Secretaría de Planeación a través del
Concepto No. 2-2012-16419, en el cual se determinó que en el lugar donde se
encontraba el elemento de publicidad de la actora, esto es, en la carrera 15 No. 85-14 de
la ciudad de Bogotá D.C. era una vía tipo V – 3.

20 Visible a folio 108 a 122 del Cuaderno del Tribunal.

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 00352 01
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Por otro lado, explicó que al momento de expedir los actos acusados el periodo de
transición fijado en la Resolución 4575 de 2011 estaba vencido; por ende, como la
demandante no cumplió los requisitos establecidos en la Resolución 2962 de 2011, fue
declarada la pérdida de vigencia del registro.

2.3. En relación con la expedición de la Resolución 2962 de 2011 y su transición
normativa, y sobre el preciso punto del principio del rigor subsidiario, sostuvo que las
normas ambientales pueden hacerse más rigurosas, pero no más flexibles por parte de
las autoridades encargadas de su cumplimiento.

En ese orden, explicó que esa Secretaría en uso del citado principio emitió la Resolución
No. 2962 del 23 de mayo de 2011, por la cual se establecían las características y
condiciones para la fijación e instalación de publicidad exterior visual en movimiento –
pantallas, mientras que a través de la Resolución 4574 de 2011, se amplió el periodo de
transición para que los propietarios de los elementos previamente registrados se
allanaran a los nuevos requisitos determinados en el primer acto en comento.

2.4. Respecto del cargo de falta de motivación, puso de presente que los
planteamientos de la demanda son falsos, como quiera que esa Secretaría ordenó el
desmonte del instrumento de publicidad con fundamento en diferentes conceptos
técnicos y las Resoluciones 2962 y 4575 de 2011, así como en la Resolución 931 de
2008 que reglamenta el procedimiento de registro y desmonte.

Siendo ello así, aclaró que la orden de desmonte se originó en razón a que no fueron
realizadas las adecuaciones establecidas en la Resolución 2962 de 2011 dentro de su
periodo de transición.

2.5. En relación con la vulneración del principio de igualdad por parte de la
administración distrital, afirmó que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto
561 de 2006, esa Secretaría adelantó sus funciones y actuaciones con observancia de
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
control social.

Teniendo en cuenta lo anterior, expresó que la exigencia del cumplimiento del
ordenamiento jurídico no puede generar la vulneración del derecho a la igualdad, habida

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cuenta que «el hecho de no allanarse a las normas vigentes en materia de publicidad
exterior visual, en este caso tipo pantalla led, se encaminan a alegarse la violación por
parte de la administración al mencionado principio, además porque este principio se
aplica a iguales o entre iguales, y a no dudarlo los elementos publicitarios tipo valla a los
que se refiere el recurrente son muy distintos a la Pantalla Led, tipo del elemento que nos
ocupa»21.

2.6. En relación con la indefinición técnica por parte de la autoridad ambiental para la
clasificación de las vías acorde con el POT que genera incertidumbre y pronunciamientos
contrarios para dar aplicación a la Resolución 2962 de 2011, precisó que la Secretaría
de Planeación Distrital era la competente para dar una clasificación de los tipos de vías,
circunstancia que ocurrió a través del Concepto Técnico No. 2-2012-16419 con
fundamento en los Decreto Distritales 619 de 2000 y 059 de 2007.

Advirtió que la sociedad demandante desde el principio incumplió los requisitos que
estaban establecidos en los actos administrativos que dieron fundamento al registro
inicial, motivo por el cual, era procedente la declaratoria de pérdida de vigencia de este.

2.6. En lo atinente al cargo de aplicación de la Resolución 2962 de 2011 y falta de
competencia para la regulación normativa y residual del Concejo de Bogotá en materia
de publicas exterior visual. Adujo que, los artículos 4 y 63 de la Ley 99 de 1993 no
establecen una competencia del resorte exclusivo de los Concejos Municipales en
materia de regulación de la publicidad exterior visual, sino que por el contrario, en
aplicación del principio de rigor subsidiario contemplado en tal norma, las autoridades
ambientales están facultadas para expedir regulaciones que sean más rigurosas en
materia ambiental.

Adujo que la Corte Constitucional, en sentencia C-535 de 1996, al estudiar la
constitucionalidad de la Ley 140 de 1994, por la cual se reglamentó la Publicidad Exterior
Visual, indicó que si bien el Legislador estaba habilitado a establecer una regulación
básica a través de la mencionada norma, lo cierto es que aquella sólo está permitida
siempre que sea posible su desarrollo a nivel territorial en los ámbitos distritales,
municipales y las autoridades indígenas, en virtud del mentado principio.

21 Visible a folios 109 ibidem.

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2.7. Respecto del cargo de vicios en el procedimiento, alegó que esa entidad no ha
vulnerado el principio de legalidad ni al debido proceso de la actora, pues de la revisión
de las actuaciones administrativas, se extraía que las mismas estaban acordes con el
marco normativo que regula actuación ambiental.

2.8. En lo que hace a relación con la vulneración del principio de buena fe o tutela a la
confianza pública, explicó que las Resoluciones nro. 262 y 4575 de 2001, habían sido
publicadas en la página web de la entidad acusada y en la Gaceta Distrital, por lo que el
desconocimiento de la norma no era un eximente de responsabilidad en caso de
infracciones.

Respecto del principio de confianza, aseguro que en las citadas decisiones
administrativas se estableció un periodo de transición tendiente a que los propietarios de
los elementos previamente registrados acataran los nuevos requisitos que fueron fijados
en ellos, circunstancia que en el asunto de la referencia no ocurrió y que, por ende, trajo
como consecuencia la pérdida de vigencia del registro del elemento publicitario de la
demandante.

2.9. En relación con la responsabilidad social empresarial de Marketmedios
Comunicaciones S.A., afirmó que la citada inconformidad no era un cargo de nulidad en
contra de los actos censurados, dado que versaba sobre apreciaciones de tipo subjetivo
de la empresa demandante, las cuales están alejadas de la realidad procesal.

III.LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia calendada el 17 de julio de 2014, la Subsección “A” de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda.22 La decisión se apoyó en las siguientes
consideraciones:

3.1. Como primer asunto, procedió analizar la falta de competencia de la Secretaría
Distrital de Ambiente para proferir la Resolución nro. 2962 de 2011. Informó que,

22 Folios 210 a 280 del Cuaderno del Tribunal.

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mediante auto del 12 de marzo de 2013, el Juzgado Curto Administrativo del Circuito
de Bogotá, suspendió provisionalmente el citado acto administrativo, dentro del
proceso con radicado 11001 33 34 004 2012 00138 00.

Señaló que, de acuerdo con el numeral 1° del artículo 91 del CPACA, la suspensión
de las decisiones de la administración afecta su eficacia, más no su validez, por lo que
no pueden verse afectados los actos de carácter particular que tuvieron como
fundamento la misma y que hayan sido generados de manera previa a la imposición
de la medida cautelar. Tal como sucedió en el caso en estudio.

3.1.1. Ahora, sobre la pretensión de inaplicación de la Resolución 2962 de 2011,
sostuvo que a través de tal acto el secretario Distrital de Ambiente reguló las
características y condiciones para la fijación e instalación de publicidad exterior visual
en movimiento. En esa medida, afirmó que el mencionado acto estaba amparado bajo
el principio de legalidad previsto por el artículo 88 del CPACA.

No obstante, adujo que el artículo 12 de Ley 153 de 1887 estableció la excepción de
legalidad de una norma cuando aquella contravenga la Constitución y el ordenamiento
jurídico, razón por la cual era menester definir si la Resolución 2962 de 2011 era
contraria a la Ley y a la Constitución por usurpar las facultades atribuidas al Concejo
para regular los temas relativos a la Publicidad Exterior Visual en Movimiento –
Pantallas.

Así, expuso que en los artículos 3º literal d), 4º literal c) y 14 de la Ley 140 de 1994, se
estableció que los Concejos Distritales y Municipales tenían dentro de sus
competencias las de regular e incluso prohibir, bajo determinadas circunstancias, la
ubicación de la publicidad exterior visual en zonas urbanas.

Bajo la misma línea, señaló que conforme con los principios que rigen el ejercicio de
las funciones en materia ambiental, las entidades territoriales estaban facultadas para
regular aquellos asuntos no reglamentados, o previstos de manera general por normas
superiores, relacionados con la publicidad visual exterior en su respectivo territorio.

Indicó que, en cumplimiento de los previsto en el artículo 65 de la Ley 140 de 1994, el
Concejo Distrital emitió los siguientes actos: i) el Acuerdo nro. 1 de 1998, modificado

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por el Acuerdo 12 de 2000, los cuales hacían referencia a las prohibiciones y los sitios
en que debían ubicarse los elementos de publicidad visual exterior; ii) el Decreto 506
del 2003, que reglamentó los anteriores acuerdos; iii) el Acuerdo 257 de 2006, el cual
transformó al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA en la
Secretaría Distrital de Ambiente y iv) el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto
nro. 175 de 2009, que estableció las funciones de la citada secretaría.

Resaltó que, de los anteriores actos se extraía que el Concejo Distrital de Bogotá,
siempre ha reconocido la competencia que tiene la Secretaría Distrital de Ambienta,
en la regulación de temas como el uso de suelo urbano y rural y lo referente al POT,
así como los lineamientos ambientales a seguir.

Señaló que, el Decreto 189 de 2011 estableció los lineamientos ambientales sobre la
publicidad exterior visual en Bogotá, con el fin de preservar la calidad del paisaje;
también, incluye definiciones generales, instrumentos jurídicos de protección como el
registro ambiental, medidas de remoción y sanciones, así como estrategias y
programas de gestión ambiental. No obstante, no reguló específicamente la ubicación
de pantallas LED ni contempla prohibiciones al respecto.

Afirmó que, al efectuar un análisis comparativo entre el Decreto 190 de 2004, el
Decreto 506 de 2003 y la Resolución 2962 de 2011, se podía concluir que esta última,
se encontraba ajustada a la normativa previamente señalada, incluyendo la Ley 140
de 1994, el POT y los acuerdos del Concejo Distrital de Bogotá. Por lo tanto, la misma
se encontraba ajustada a derecho.

3.2. Dilucidado lo anterior, el Tribunal pasó a resolver lo concerniente a la falta de
competencia del director de Control Ambiental para declarar la pérdida de un registro,
manifestando que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la Lay 99
de 1993, el artículo 103 del Acuerdo 257 de 2006 y el literal g) del artículo 8º del
Decreto 109 de 2009, era procedente concluir que era potestad del secretario Distrital
de Ambiente delegar las funciones que considerara pertinentes.

En ese orden, aseguró que el secretario de Ambiente, a través de la Resolución 3691
del 13 de mayo de 2009, delegó al director de Control Ambiental la función de expedir

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los actos administrativos de registro, prórroga, traslado, desmonte o modificación de
la publicidad exterior visual tipo pantalla LED.

Por su parte, sostuvo que la Resolución 3074 del 26 de mayo de 2011 radicó en cabeza
del director de Control Ambiental las «funciones con base en las cuales se pueden
expedir actos de declaratoria de pérdida de vigencia de un registro»23.

Concluyó que el director de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente
se encontraba investido por acto de delegación no sólo para adoptar decisiones de
otorgamientos de permisos, sino también para proferir aquellas que los nieguen, así
como los que declaran la pérdida de vigencia de un registro.

3.3. Respecto del cargo de violación al debido proceso, indicó que en atención a los
principios regulatorios de la función ambiental, no era aplicable para el caso en
particular lo contemplado en los artículos 17 y siguientes de la Ley 1333 de 2009, ya
que existe una regulación especial sobre la materia, esto es, la Resolución nro. 931 de
2008, que fundamentó la expedición de la Resolución nro. 493 de 2012, mediante la
cual se declaró la pérdida de vigencia del registro de la demandante.

Procedió a discriminar cada una de las etapas que surtió la Dirección de Control
Ambiental para expedir la Resolución 01029 del 3 de septiembre de 2012, con el fin
de verificar si se había acatado lo previsto en el artículo 14 de la Resolución nro. 931
de 2008. Resaltó que, eran dos (2) las situaciones que generaban el procedimiento
sancionatorio de desmonte por la ubicación irregular de elementos de publicidad visual
exterior, que son: i) inducción a error al momento de la evaluación o posterior al registro
u que el elemento se haya modificado y ii) que la Secretaría no pueda revocar de
manera directa el registro y que la publicidad no cumpla con las especificaciones
técnicas y los requisitos legales.

De acuerdo con lo anterior, sostuvo que en el caso en concreto no aplicaba ninguna
de las situaciones descritas, pues la demandante directamente acudió ante la entidad
acusada para poner de presente que las condiciones técnicas de la publicidad tipo
pantalla LED, había cambiado, por lo que debía efectuarse un nuevo cálculo. Por lo

23 Visible a folio 341 del Cuaderno del Tribunal.

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tanto, la administración al realizar el seguimiento de la Resolución nro. 943 de 2011,
determinó que debía ser revocada de acuerdo con el concepto técnico.

3.4. En lo atinente al cargo de falsa motivación del acto que impuso la obligación de
desmonte, mencionó que la Resolución 493 de 2012 en su parte considerativa hizo
referencia a los derechos a gozar de un ambiente sano y a la planificación en el manejo
de los recursos naturales que están consagrados en los artículos 79 y 80 de la
Constitución Política; al igual que, lo que ha expuesto la jurisprudencia sobre el
patrimonio ecológico y la normativa legal sobre la materia.

En tal medida, el Tribunal precisó que el desarrollo sostenible ha sido comprendido
como una gama de instrumentos, entre ellos jurídicos, dentro de los cuales se
encuentra la imposición de sanciones e infracciones que permiten el beneficio de la
humanidad y la protección de la naturaleza.

Arguyó que dentro de tales instrumentos se encuentran los encaminados a la
regulación de la publicidad exterior visual, que constituyen mecanismos de protección
al patrimonio ecológico, dado que su eventual afectación puede derivar en una
vulneración al derecho a un ambiente sano.

Advirtió que si bien en los actos acusados no se establecieron de forma específica los
motivos por los cuales Marketmedios vulneró los derechos colectivos en materia
ambiental, lo cierto era que, ese hecho no implicaba que estos adolecieran de falta de
motivación o que de su contenido no se puedan identificar las razones mínimas por las
cuales la administración adoptó la decisión enjuiciada. Por lo tanto, el cargo no
prosperaba.

3.5. Como quinto cargo, estudió el de «indefinición técnica por parte de la autoridad
ambiental para la clasificación de las vías acorde con el POT que genera incertidumbre
y pronunciamiento contrarios para dar aplicación a la Resolución 2962 de 2011». Señaló
que, la Resolución 493 de 2012 se fundamentó en los escritos con radicados 2-2012-
16419 y 2-2012-18943 del 11 y 18 de abril de 2012, respectivamente, proferidos por la
Dirección de Vías de Transporte y Servicios de la Secretaría Distrital de Planeación a
petición de la Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría
Distrital de Ambiente, en las que se indicó que «la carrera 15 nro. 85-14 frente a la

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avenida carrera 15 vía tipo V-3 de 22 metros de ancho entre paramentos y
perteneciente a la Malla vial arterial»

Mencionó que, tales escritos sirvieron de base para la emisión del Concepto Técnico
No. 03917 del 16 de mayo de 2012 de la Subdirección de Calidad del Aire, Audiovisual
y Visual, quien determinó que el elemento de propiedad de Marketmedios había sido
instalado en una vía tipo V-3, superaba los quince (15) metros, el área es mayor a ocho
metros cuadrados (8m2) y por ende, sugirió derogar la Resolución nro. 943 de 2011 y
el desmonte del mismo.

En tal medida, consideró que la Resolución 495 de 2013 se fundamentó principalmente
en el Concepto No. 03917 del 16 de mayo de 2012 y en el contenido de las
Resoluciones 2962 y 4575 de 2011.

Advirtió que, el numeral 1 del artículo 10 del Decreto nro. 506 de 2003, contempló la
prohibición de instalar vallas en las zonas residenciales sobre las vías V-0, V-1 y V2,
mientras que la Resolución nro. 931 de 2008, estableció limites diferentes para las
pantallas LED. Lo que evidencia que, la decisión acusada se ajustó a los parámetros
contenidos en el concepto técnico que le dio origen.

Ahora bien, en lo concerniente a la clasificación de la mencionada vía, manifestó que
el artículo 166 del Decreto 190 de 1994 relacionó a las avenidas Paseo del Country
(carrera 15) y José María Escrivá de Balaguer (calle 85) como vías de la malla arterial
principal y complementaria que articulan la ciudad de Bogotá D.C.

Mientras que el artículo 177 ibídem estableció como anchos mínimos de las secciones
trasversales viales V-3 en 28 metros, y como V-4 aquellas con un ancho de 22 metros.

Por su parte, el numeral 2.3. del artículo 2º del Decreto Distrital 506 consagró la
prohibición de instalar publicidad exterior visual en movimiento sobre vías principales
y metropolitanas y las mallas arterial principal y complementaria de que trata el artículo
140 del mencionado acto, mientras que en la Resolución 2962 de 2011 fue prohibida
la publicidad exterior visual en movimiento en vías tipo V-3.

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Por ende, como la vía objeto del proceso de la referencia es tipo V–3 respecto de ella
se encuentra restringida la publicidad exterior visual.

3.6. Respecto al cargo de violación al principio de presunción de buena fe, afirmó
que la Secretaría Distrital de Medio Ambiente, a través de la Resolución 2962 de 2011,
fijó un periodo de transición con el fin de permitir que los propietarios de publicidad tipo
LED, a quienes de manera previa se le había concedido el permiso de registro de
instalación de publicidad visual exterior, pudieran adecuar los elementos a la nueva
normatividad. Agregó que tal plazo fue ampliado por la Resolución 4575 de 2011.

Por ende, explicó que, contrario a lo dicho por la accionante, sí existió un régimen de
transición que pretendió conciliar la confianza legítima que los particulares habían
depositado en la administración al haberse acogido a un marco legal inicial y la
adecuación de los registros que fueron otorgados a los nuevos postulados normativos.

3.7. Frente a la vulneración del principio a la igualdad, sostuvo que previo a la
expedición de la Resolución 493 de 2012, al Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva
y Visual emitió concepto técnico nro. 2011E56019 del 17 de mayo de 2011, para
determinar las condiciones técnicas y de seguridad que deberían cumplir los
elementos de publicidad exterior visual en movimiento, el cual sustento la Resolución
nro. 2962 de 2011.

Dijo que, de acuerdo con el numeral 1, literal A del artículo 3° del Decreto nro. 059 de
2007, definió que la Avenida José María Escrivá de Balaguer (calle 85) la avenida
Paseo del Country (Carrera 15) como suelo de protección según lo contemplado en el
artículo 146 del Decreto nro. 140 de 1994, vía en donde se encontraba ubicada la
pantalla LED, clasificada como estructura ecológica principal.

Resaltó que, era de conocimiento de la demandada que las condiciones en las que se
había otorgado el registro podrían cambiar, por lo cual, debía ajustar sus elementos a
los ajustes efectuados por la norma. Por ello el cargo no prospera.

3.8. Finalmente, en lo concerniente al cargo relativo a la responsabilidad social que
ha asumido Marketmedios, sostuvo que aquel no correspondía a un cargo de nulidad,
razón por la cual lo desestimó.

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Por último, ordenó condenar en costas a la parte vencida, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 392 y 392 del
CPC.

IV.El RECURSO DE APELACIÓN

La sociedad Marketmedios Comunicaciones S.A. interpuso oportunamente recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia24. Los fundamentos se
sintetizan así:

4.1. Advirtió que debe revocarse el fallo impugnado, para en su lugar, declarar la
prosperidad de las pretensiones, dado que las mismas fueron avaladas por el dictamen
pericial practicado durante el trámite de primera instancia, el cual goza de plena validez
al no haber sido objetado.

4.2. Por otro lado, reiteró los argumentos que fueron esbozados en la demanda en los
cargos denominados «La expedición del acto administrativo que genera
consecuencias jurídicas y agravios a mi representada, aplicación de la Resolución
2962 de 2011 y falta de competencia para la regulación normativa allí prevista» y
«Competencia concurrentes y residuales del Concejo de Bogotá D.C en materia de
publicidad exterior visual», para lo cual trajo una transcripción literal de lo expuesto en
el libelo introductorio.

Asimismo, citó una providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro de los procesos con radicado 2013-00242 y 2013-00344, en los
cuales se resolvió utilizar la excepción de ilegalidad a un caso particular y concreto,
que a su juicio, guarda similares fundamentos fácticos al presente asunto.

4.3. Entre tanto, señaló que para la estimación del daño emergente en el presente
asunto, debía tenerse en cuenta el carácter comercial de las actividades económicas
que realizaba esa empresa, así como todos los costos y gastos en que se incurrió para
la instalación de la pantalla LED y las utilidades que esperaba obtener de dicho

24 Visible a folios 283 a 329 del Cuaderno del Tribunal

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negocio. Afirmó que para la tasación de las mencionadas utilidades era posible acudir
por analogía a la jurisprudencia del Consejo de Estado en los casos en los cuales se
declara desierta la licitación de un contrato estatal o se decreta su nulidad, en los que
el criterio de indemnización ha sido determinado por la utilidad esperada por el
demandante por la ejecución de un contrato como contraprestación por la pérdida de
oportunidad.

Aseveró que también deben tenerse en cuenta los procedimientos comerciales
operacionales del gremio de comunicaciones que han sido definidos por la Asociación
de Medios de Comunicación.

En relación con el lucro cesante, expresó que fue acreditada la explotación de las
pantallas LED a la que había sido autorizada inicialmente por la entidad demandada.
Particularmente, sostuvo que al plenario fueron allegadas comunicaciones mediante
las cuales agencias publicitarias solicitaban a esa empresa el desmonte de la pauta
publicitaria contratada en razón a la mala imagen que generó la pérdida del registro.

En lo que tiene que ver con los perjuicios inmateriales, sostuvo que no se tuvieron en
cuenta las pruebas aportadas con la demanda al respecto, que fueron: i) la intervención
de la Secretaría Distrital Ambiental, Susana Muhamd González, quien ante el Concejo
de Bogotá el 29 de julio de 2012 realizó mala prensa y menoscabó el nombre de
Marketmedios y ii) las comunicaciones de prensa y los registros de medios, que
evidencian el impacto sufrido por dicha compañía.

Afirmó que, con ellas se demostraba el desprestigió que sufrió la actora, con la pérdida
del registro de elementos publicitarios.

Concluyó que, si en gracia de discusión no fueran encontrados acreditados los
perjuicios, debía aplicarse lo previsto en el artículo 193 del CPACA sobre la condena
en abstracto, razón por la cual habría que determinarse cuál es el monto de los
perjuicios que fueron causados a esa sociedad.

V.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

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5.1. Mediante auto del 7 de abril de 2015, el Despacho sustanciador rechazó por
extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por Marketmedios en contra de la
sentencia de primera instancia.

5.2. Mediante memorial del 23 de abril de 2015, la demandante interpuso recurso de
reposición en subsidio el de súplica contra la anterior decisión.

5.3. En proveído del 28 de mayo del mismo año, se rechazó la reposición y se ordenó
tramitar la súplica, la cual fue desatada, el 17 de marzo de 2016, por la Sala de esta
Sección, ordenando revocar el auto del 7 de abril de 2015.

5.4. Como consecuencia de lo anterior, se admitió el recurso de apelación el 12 de
diciembre de 2016.

5.5. Con auto del 28 de marzo de 2017, se corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión.

5.6. La empresa Marketmedios Comunicaciones S.A. descorrió el respectivo
traslado solicitando revocar el fallo primera instancia bajo los mismos argumentos
traídos en la demanda y en el escrito de apelación. traslado solicitando revocar el fallo
primera instancia bajo los mismos argumentos traídos en la demanda y en el escrito
de apelación. Adicionalmente, agregó los siguientes reparos:

Indicó que, en sentencia del 15 de septiembre de 2016, proferida dentro del proceso
radicado bajo el número 76001 2331 000 2002 04873 02, y en el fallo del 13 de mayo
de 2010, emitido en el proceso radicado 76001 23 31 000 2005 02338 02, esta Sección
precisó que la competencia para regular la publicidad exterior visual en los municipios
recae exclusivamente en el respectivo Concejo Municipal.

Sostuvo que no resulta admisible que un funcionario carente de competencia restrinja
de manera artificiosa y sin respaldo en conceptos técnicos las reglas aplicables a la
instalación de los mencionados elementos publicitarios. Resaltó, además, que su
empresa era la única que contaba con publicidad en movimiento en las vías
referenciadas en la demanda, por lo que, en la práctica, fue la destinataria de la
restricción impuesta mediante la Resolución No. 2962 de 2011.

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Destacó que no existía ningún concepto técnico que estableciera que la pantalla
instalada contraviniera norma ambiental alguna, ni que acreditara la existencia de un
nexo causal entre dicho elemento visual y los derechos colectivos que supuestamente
se pretendieron proteger mediante los actos administrativos enjuiciados. Así mismo,
señaló que no se realizó estudio alguno que demostrara que el referido elemento
afectara la calidad de vida de los ciudadanos, conforme a lo previsto en los artículos 4
y 18 de la Ley 23 de 1973, razón por la cual, en su concepto, la decisión demandada
también se encuentra viciada de nulidad.

Alegó que se vulneró el principio de confianza legítima y sus derechos adquiridos, en
la medida en que, con la expedición de los actos administrativos enjuiciados, se
restringió de manera injustificada el ejercicio legítimo de una actividad económica, a
través de un procedimiento irregular y sin la debida motivación.

Refirió que se desconoció el principio de buena fe, por cuanto la administración no
observó un comportamiento leal en el perfeccionamiento, desarrollo y extinción de las
relaciones jurídicas establecidas con la empresa.

5.2. Por su parte, la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá
guardó silencio.

VI.CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto en el proceso de la
referencia.

VII. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes

VIII. CONSIDERACIONES

8.1. Competencia.

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De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.

8.2. Hechos.

8.2.1. Mediante Resolución No. 0943 del 21 de febrero de 2011 expedida por la
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de
Ambiente de Bogotá D.C. fue otorgado a Marketmedios Comunicaciones S.A. el
registro de un elemento publicitario tipo pantalla LED que sería instalado en la Carrera
15 No. 85 – 14 (Sentido Sur – Norte) de esta ciudad.

8.2.2. Luego de proferido el mencionado acto administrativo, la Secretaría Distrital de
Ambiente emitió la Resolución 2962 del 23 de mayo de 2011, Por la cual se regulan las
características y condiciones para la fijación e instalación de publicidad exterior visual
en movimiento y se toman otras determinaciones.

8.2.3. En la mencionada disposición normativa se estableció un periodo de transición
de dos (2) meses para que los registros que hubieren sido otorgados con anterioridad
se allanaran a lo allí contemplado, so pena de perder su vigencia. Tal plazo fue
ampliado a ocho (8) meses por Resolución 4575 de 2011.

8.2.3. A través de oficio del 8 de febrero de 2012, con radicado No. 2012ER019075,
Marketmedios Comunicaciones S.A. solicitó a la Secretaría Distrital de Ambiente la
posibilidad de ampliar los citados términos y que fueran respetadas las condiciones en
las que fue concedido el registro inicialmente.

8.2.4. En Concepto Técnico No. 3917 del 16 de mayo de 2012, la Subdirección de
Calidad del Aire, Auditiva y Visual sugirió al Grupo Legal de Publicidad Exterior Visual
declarar la pérdida de la vigencia de la Resolución 943 del 21 de febrero de 2011,

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debido a que el elemento de publicidad estaba instalado en una vía tipo V-3,
circunstancia que no estaba permitida por Resolución 2962 del 23 de mayo de 2011.

8.2.5. Por medio de Resolución 00493 de 2012 fue declarada la pérdida de vigencia de
la Resolución 0943 del 21 de febrero de 2011.

8.2.6. Inconforme con tal decisión, la sociedad Marketmedios Comunicaciones S.A.
impetró recurso de reposición, el cual fue desatado de forma adversa a sus
pretensiones por Resolución 1029 del 3 de septiembre de 2012.

8.2.7. Contra las decisiones de la administración, la citada compañía presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

8.2.8. Mediante sentencia del 17 de julio de 2014, la Subsección “A” de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitió sentencia negando las
pretensiones.

8.3. Planteamiento

A efectos de resolver el recurso de alzada, la Sala advierte que el apoderado de
Marketmedios, en el escrito de alegatos de conclusión, incorporó los siguientes
reparos que no habían sido incluidos en el recurso inicial: (i) inexistencia de elementos
técnicos que justificaran la expedición del acto enjuiciado; (ii) ausencia de nexo causal
entre la instalación del elemento visual objeto de controversia y la vulneración de
derechos colectivos o la afectación de la calidad de vida de los ciudadanos; y (iii)
desconocimiento de los principios de confianza legítima, buena fe y de los derechos
adquiridos de la sociedad.

De otro lado, a efectos de resolver el recurso de alzada, se evidencia que el apoderado
de Marketmedios reiteró el análisis que tuvo en la demanda para que fuese decretada
la excepción de ilegalidad de la Resolución 2962 de 2011 y agregó que debía valorarse
el dictamen pericial practicado en primera instancia a efectos de determinar el valor a
reconocer por concepto de la pretensión de restablecimiento del derecho.

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Así pues, lo primero que debe dilucidarse es si procede estudiar de fondo el recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia, si la memorialista hace una
transcripción literal de los argumentos esgrimidos en la demanda para cuestionar lo
atinente a la decisión de negar la aplicación de la excepción de ilegalidad.

En caso de que la respuesta a la anterior cuestión sea afirmativa, tendrá que
establecerse si es procedente estudiar el cargo de aplicación de la excepción de
ilegalidad del acto que sirvió de fundamento a las decisiones impugnadas por falta de
competencia de aquélla.

Finalmente, deberá resolverse si es procedente estimar las pretensiones de
restablecimiento del derecho si no se ha definido la prosperidad de las pretensiones
de nulidad.

8.4. De los cargos añadidos por Marketmedios en el escrito para alegar de
conclusión

De manera previa a plantear el problema que corresponda, como quedó evidencia en
el planteamiento, la actora en el escrito de alegaciones finales de segunda instancia,
propuso varios cargos que no fueron planteados en el recurso de alzada, circunstancia
que amerita hacer un pronunciamiento previo en el sentido de indicar que no es
procedente su resolución en esta sede, pues los reparos que pudieran formularse
contra el fallo deben presentarse en el recurso de apelación y no en etapas posteriores
como la de alegatos de conclusión, so pena de desconocer derechos de raigambre
constitucional como los del debido proceso, defensa y contradicción de los demás
sujetos que intervienen para defender su posición.

Así las cosas, y por virtud de la aplicación del artículo 320 del Código General del
Proceso, tal inconformidad no será analizada por extemporánea. La norma en cita es
del siguiente tenor:

«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la

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providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 71».

8.4. Falta de sustentación del recurso de apelación. Excepción de ilegalidad
de la Resolución 2962 de 2011

En primer lugar, se tendrá que definir si es procedente estudiar de fondo el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, si en dicho escrito la memorialista
hace una transcripción literal de los argumentos esgrimidos en la demanda.

Pues bien, encuentra la Sala que, tras examinar los fundamentos del fallo recurrido y del
recurso de apelación, dicha providencia debe confirmarse, como en efecto se procederá
en la parte resolutiva de esta sentencia, por cuanto el apelante no formula ningún motivo
de inconformidad respecto de los fundamentos del proveído impugnado que permita a
esta Corporación efectuar algún pronunciamiento; por el contrario, lo que se observa es
la transcripción literal de los cargos resumidos en los numerales 1.3.1.7. y 1.3.1.8. de
esta providencia, sin que determine en modo alguno una razón jurídica que controvierta
la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Así las cosas, es evidente la inconducencia y falta total de pertinencia de los motivos
de inconformidad en que se fundamenta el recurso, respecto de la sentencia
impugnada y con lo decidido en ésta.

En efecto, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 247 del CPACA, es menester que
el memorialista precise los motivos de inconformidad sobre el fallo, circunstancia sin
la cual el Juez de Segunda Instancia no puede entrar a hacer un estudio sobre el fondo
del asunto, pues se trata de una carga que le asiste al recurrente y que constituye el
lindero o el límite por medio del cual el superior puede dirimir el debate.

En el mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación desde tiempos remotos:

«Al no haber expuesto el recurrente las razones que motivaron su disconformidad
con las motivaciones y conclusiones de la sentencia que puso fin a la primera
instancia, no le es permitido al ad quem hacer un nuevo estudio de fondo acerca

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de las pretensiones incoadas, sin incurrir en palmario quebranto de la norma
procedimental que exige la debida sustentación del recurso de apelación»25.

La anterior es sin duda una posición reiterada de esta Corporación, entre las que se
pueden observar las siguientes providencias, de las que se transcribirán los apartes
pertinentes:

En fallo del 23 de enero de 2020, emitido dentro del proceso número 25000 23 25 000
2012 90514 01, con Ponencia del Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato
Valdés, se acotó lo siguiente:

«Sobre este último aspecto, la Sala recuerda que el artículo 350 del CPC26 al que
se acude por remisión expresa del artículo 267 del CCA, dispone que el recurso
de apelación tiene por objeto “que el superior estudie la cuestión decidida en la
providencia de primer grado y la revoque o reforme”.

En este mismo sentido, el artículo 212 del CCA modificado por el artículo 67 de la
Ley 1395 de 12 de julio de 2010, impone a quien haga uso del recurso que sustente
el mismo, esto es, que exponga las razones de su inconformidad con la decisión
de primera instancia.

En este contexto se ha considerado que el recurso de apelación se encuentra
establecido para que el afectado con una decisión judicial le formule reparos,
inconformidades o cuestionamientos, lo que conlleva a que la parte que lo
interponga dirija su sustentación a esos aspectos.

Esta posición ha sido prohijada por la Sala de tiempo atrás, esto es, en las
sentencias de 3 de julio y 4 de septiembre de 201427, oportunidades en las cuales
esta Sección consideró lo siguiente:

“Sobre el punto de la sustentación del recurso de apelación, esta
Corporación ha precisado lo siguiente:

“Si bastara al recurrente afirmar en todos los casos, al impugnar una
decisión judicial, que se atiene a lo afirmado y sostenido en el curso de
la instancia, sobraría en absoluto la exigencia perentoria contenida en
el inciso segundo del artículo 212 del C.C.A.

La necesidad de que el recurrente aporte argumentos en contra de los
fundamentos del fallo apelado, los cuales constituyen la base de estudio
de la decisión de segundo grado, es reafirmado por el inciso subsiguiente
al sancionar con la deserción del recurso la omisión del requisito en
estudio.

25 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 6 de noviembre de 1987. Proceso Número: 338.

C.P. Samuel Buitrago Hurtado.
26 Aplicable al momento de la interposición del recurso de apelación.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de fechas 3

de julio y 4 de septiembre de 2014. Rad.: 2004 – 00228 y 2007 – 90029. Magistrado Ponente: doctor
Guillermo Vargas Ayala.

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Al no haber expuesto el recurrente las razones que motivaron su
disconformidad con las motivaciones y conclusiones de la sentencia
que puso fin a la primera instancia, no le es permitido al ad quem hacer
un nuevo estudio de fondo acerca de las pretensiones invocadas, sin
incurrir en palmario quebranto de la norma procedimental que exige la debida
sustentación del recurso de apelación.” (Sentencia de 6 de junio de 1987,
Exp: 338, C.P.: Dr. Samuel Buitrago Hurtado)

En otra oportunidad, señaló:

“Tal exigencia implica que el recurrente en el escrito de sustentación
señale el ámbito o marco procesal a que debe circunscribirse el juez ad
quem para decidir el recurso.

La competencia de éste queda pues limitada a confrontar la providencia
recurrida con los motivos de inconformidad aducidos por el recurrente.
No puede, por consiguiente, el juez de segundo grado analizar la
providencia recurrida en aspectos diferentes a los controvertidos en el
escrito de sustentación del recurso.” (Sentencia de 17 de julio de 1992,
Exp: 1951, C.P.: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz)

Posteriormente, manifestó:

De acuerdo con la jurisprudencia. “… el deber de sustentar este recurso
(el de apelación) consiste precisa y claramente en dar o explicar por
escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el
recurso, o sea para expresar la idea con un criterio tautológico,
presentar el escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica,
se acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con
el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o modificación.” (Corte
Suprema de Justicia, Providencia de agosto 30 de 1984, M.P. Dr. Humberto
Murcia Ballén, Código de procedimiento Civil, José Fernando Ramírez
Gómez, Colección Pequeño Foro, pág. 319) (Auto de Sala Unitaria de 17 de
marzo de 1995, Exp. 3250, C.P. Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez). (Negritas
de la Sala)

En esta ocasión la Sala prohíja y reitera los criterios atrás expuestos, en
cuanto a que el presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso
de apelación es la referencia clara y concreta que el recurrente haga de
los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar
su decisión, para efectos de solicitarle al superior jerárquico funcional
que decida sobre los puntos o aspectos que se plantean ante la
segunda instancia, tendientes a dejar sin sustento jurídico aquellos, pues
precisamente al juzgador de segundo grado corresponde hacer dichas
confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia merece ser o no
confirmada.

7.1.6.- Toda vez que la finalidad del recurso de apelación es que el
superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado
y la revoque o reforme, es necesario que en dicho recurso se expongan
las razones por las cuales no se comparten las consideraciones del a
quo, en orden a que el juzgador confronte los fundamentos de la
sentencia con los argumentos que sustentan la inconformidad del
apelante.

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Por consiguiente, cuando el recurso se muestra insuficiente dado que
se limita a reproducir el concepto de violación expuesto en la demanda,
tal y como acontece en este asunto, el Juez no tiene más remedio que
confirmar la decisión” (Negrillas y subrayado fuera texto).

La anterior posición fue reiterada por la Sala de decisión de la Sección Primera en
sentencia de fecha 3 de diciembre de 201828-29, tal y como se observa a
continuación:

“Para el caso sub judice, luego de confrontar los argumentos expresados por
el apoderado de la sociedad demandante, la Sala observa que los
argumentos contenidos en el recurso de apelación, son exactamente
los mismos argumentos esgrimidos en el texto de la demanda sin
diferencia alguna salvo en el orden en que fueron relacionados por el
apoderado de la demandante, pero en todo caso lo cierto es que no
formuló ningún reproche, cuestionamiento, reparo o inconformidad
respecto de los argumentos esgrimidos en la sentencia de primera
instancia, con fundamento en los cuales se adoptaron las decisiones
cuestionadas.

Cotejado el escrito de la apelación, la Sala encuentra que se está ante el
mismo supuesto fáctico del fallo que se está reiterando del pasado 16 de
junio, en el que se dijo lo siguiente:

“El recurrente no hace, en lo absoluto, motivación alguna que refute las
consideraciones expuestas por el a quo en el fallo recurrido, con lo cual
deja a esta Sala, desprovista de todo elemento que le permita revisar la
sentencia, en esa medida, la Sala no puede efectuar ningún juicio de
valor respecto del fallo objeto de apelación por lo que habrá de
confirmarse la sentencia del Tribunal”.

En efecto, comparados minuciosamente cada uno de los párrafos del
escrito de apelación, se verificó que corresponden de forma idéntica a
los del escrito de la demanda, por tanto quedó acreditado que el
apoderado de la demandante no expresó manifestación de
inconformidad alguna respecto de las razones por las cuales, el a quo
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR, menos aún controvirtió o manifestó su oposición
por la decisión de la primera instancia de inhibirse de pronunciar sobre
la violación de varias disposiciones legales invocadas como
vulneradas, al advertir que carecían de fundamentación respecto del
concepto de la violación” (Negrillas y subrayado fuera texto).

En aplicación a lo anterior, en el sub lite la Sala encuentra que el recurso de
apelación objeto de este pronunciamiento se encuentra desprovisto de una real
sustentación, pues la parte actora no aduce argumento alguno dirigido a atacar la
decisión de instancia que dispuso negar las pretensiones de la demanda, en el
entendido consistente en que “la demanda adolece de serios reparos de carácter
técnico, como quiera que su sustentación resulta impertinente, habida cuenta la

28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de junio

de 2016. Rad.: 2011 – 00171. Magistrada Ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso.
29 Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 16 de junio de 2016, Radicación 25000-23-

24-000-2003-00840-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; de 3 de julio de 2014, Radicación 25000-23-
24-000-2004-00228-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala; de 23 de julio de 2015, Radicación 73001-23-31-
000-2010-00082-01, C.P. María Elizabeth García González.

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absoluta desconexión del principio citado como violado y el hecho que sustenta la
infracción”.

En efecto, si el objeto del recurso de apelación es que el superior analice la
decisión adoptada en la sentencia objeto de alzada, resulta imperioso que el
recurrente exponga las razones por las cuales no comparte las consideraciones
que se tuvieron en cuenta en dicho momento.

Así pues, no cabe duda que el memorial contentivo de la impugnación carece de
las razones y argumentos por los cuales se considera que la decisión del Tribunal
de instancia es equivocada y que se debe declarar la nulidad de los actos
acusados, incumpliendo de esta forma la carga procesal que en este escenario le
corresponde como apelante.

Por lo anterior, la Sala reitera a este respecto las consideraciones expuestas en
las sentencias citadas en cuanto que en dichos eventos lo procedente es confirmar
la decisión de instancia de negar las pretensiones de la demanda, pero por las
falencias argumentativas que presenta el recurso de alzada, tal y como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído». (Negrillas y subrayas del
original).

En sentencia del 27 de mayo de 2010, proferida dentro del proceso número 2004-
01678 con ponencia del Consejero de Estado Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta:

«Vistos los términos del recurso se observa que no guardan correspondencia con
dicho objeto, y ni siquiera controvierten los argumentos o razones en que se
sustenta la sentencia apelada.

Por el contrario, los motivos de inconformidad de la entidad demandada frente a
dicha sentencia consisten en una objeción al a quo por no haber hecho
consideración alguna del Acuerdo 028 de 2 de agosto de 2005, que según el
memorialista modificó pertinente y adecuadamente los apartes suspendidos
provisionalmente del Acuerdo 037 de 2002, expedido por el mismo concejo municipal.

Debido a esa falta de alusión a dicho acuerdo, el memorialista llega incluso a
endilgarle a la sentencia apelada que se viola el principio de primacía del derecho
sustancial sobre el formal, porque ese acuerdo se presume legal, y está revestido de
ejecutividad, ejecutoriedad y estabilidad que le permiten ser aplicable al resto del
ordenamiento jurídico, y que con él fueron totalmente superados y encausados los
artículos y/o apartes decretados en suspensión provisional.

De esa argumentación lo que cabe deducir es que la entidad demandada no
cuestiona o censura la anulación declarada en la sentencia de las disposiciones
administrativas demandadas, sino el hecho de que en esa sentencia no se hubiera
mencionado la expedición del referido acuerdo 028 y reconocido sus atributos que
aduce el apelante, esto es, presunción de legalidad, ejecutividad, ejecutoriedad y
estabilidad.

Así las cosas, salta a la vista la inconducencia y falta total de pertinencia de los
motivos de inconformidad en que se fundamenta el recurso, con el objeto de la
sentencia impugnada y con lo decidido en ésta, e incluso con la clase de la acción
contencioso administrativa tramitada.

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En efecto, al juez de cada instancia le está vedado pronunciarse sobre cuestiones
o asuntos de fondo que no fueron objeto del debate procesal, toda vez que su
competencia está circunscrita al ámbito del proceso, de suerte que el asunto
susceptible de su conocimiento es el que hace parte de aquél, luego la Sala no
puede hacer pronunciamiento de fondo alguno sobre ese motivo de inconformidad
del apelante.

Carece de pertinencia con el asunto del sub lite, por cuanto el Acuerdo 028 de 2
de agosto de 2005 es distinto, separado y autónomo respecto del Acuerdo 037 de
2002, no obstante que lo modifica, y ninguna relación tiene con las condiciones
relativas a la legalidad cuestionada del Acuerdo 0 37 de 2000, menos cuando fue
expedido con posterioridad a éste, luego carece de incidencia sobre esa legalidad.

Por lo demás, lo que corresponde plantear y decidir en la sentencia de acción de
nulidad es la solicitud para que se anule un acto administrativo, y no para que se
declare su presunción de legalidad, su ejecutividad y su ejecutoriedad, por lo cual el
pronunciamiento de fondo que se ha de hacer se circunscribe a esa solicitud de la
demanda respectiva, sea accediendo a ella, o negándola»

Sentencia del 6 de marzo de 1997, Consejero Ponente Libardo Rodríguez Rodríguez,
proceso número 4159:

«Luego del estudio de los fundamentos del fallo recurrido y del recurso de apelación,
la Sala considera, sin necesidad de mayor esfuerzo, que dicha providencia debe
confirmarse, como en efecto se procederá en la parte dispositiva de esta sentencia,
no sólo por cuanto el apelante no formula ningún motivo de inconformidad respecto
de los fundamentos de la mencionada providencia que permitiese a esta Corporación
reexaminar los mismos, sino en razón de que lo argumentado por el recurrente pone
aún más en evidencia que el motivo determinante de la acción ejercida no fue la tutela
y garantía del orden jurídico y la defensa de la legalidad abstracta, sino el de obtener,
mediante la declaratoria de nulidad del acto acusado, un restablecimiento automático
del derecho, consistente en que la comunidad del Barrio Los Libertadores en la
ciudad de Arauca pudiese continuar prestando el servicio de transporte de pasajeros
en el paso del Río Arauca (Colombia) a El Amparo (Venezuela), el cual, como se
expresa en la demanda, desarrollaba hasta la expedición de dicho acto, que radicó
la prestación de ese servicio en la Empresa de Servicios Públicos de dicha localidad».

Síguese de lo atrás señalado que las razones en que se fundamenta el recurso no dan
lugar a la revocación de la sentencia y que, por lo mismo, no tiene vocación de prosperar,
de donde se ha de confirmar la sentencia apelada, como efectivamente se hará en la
parte resolutiva de esta sentencia.

8.5. Pronunciamiento sobre la pretensión de restablecimiento del derecho

De otro lado, se tendrá que absolver si es procedente estimar las pretensiones de
restablecimiento del derecho si no se ha definido la prosperidad de las pretensiones
de nulidad.

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Ahora bien, la recurrente aduce que deben tenerse en cuenta los parámetros del
dictamen pericial decretado y practicado en el plenario y debidamente acreditado el
lucro cesante, daño emergente y los perjuicios inmateriales que le fueron irrogados por
causa de la expedición de los actos censurados.

Para el efecto, resulta pertinente traer a colación cuál fue el objeto de dicha prueba
pericial en la demanda:

«B. DICTAMEN PERICIAL
Le solicito Honorable Magistrado decretar la práctica de un dictamen pericial y el
nombramiento de peritos con el fin de establecer a cuánto ascienden los perjuicios
materiales por concepto de daño emergente y lucro cesante causados a mi
representada por razón de la conducta abiertamente ilegal materializada por la
Secretaría Distrital de Ambiente, al tenor de lo normado en los artículos 211, 212
y subsiguientes del C. P. A. C. A, ley 1437 de 2011»30 (Subrayas de la Sala).

Mientras que, en la audiencia inicial, en la cual se decretó esa prueba, el Tribunal
resolvió:

«6.2. DECRÉTESE la prueba pericial solicitada por la parte actora visible a folio 53
del cuaderno principal, con el objeto ahí señalado. Para tal efecto, DESÍGNASE a
la auxiliar de la justicia, avaluador de daños y perjuicios, el señor DAVID RICARDO
SÁNCHEZ ALBARRACIN, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.010.193.845, dirección: calle 89 B No. 116 A-30 int. 36 apto 303 de la ciudad de
Bogotá, teléfonos 4312084 y 3124951813, e-mail: darisal80@hotmail.com; para
que determine y emita concepto de conformidad con lo solicitado en el referido
acápite.

En este estado se procede a asignarle al señor perito, gastos periciales por la suma
de $500.000, los que deberán pagarse dentro de los cinco (5) días siguientes a
esta diligencia, so pena de tenerse como desistida la prueba»31 (Subrayas de la
Sala).

Se advierte entonces que la demandante funda su disenso con la sentencia de primera
instancia aludiendo a la necesidad de tener debidamente probada su pretensión de
restablecimiento del derecho. No obstante, debe serle recordado a la enunciada
sociedad que tal ordenamiento sólo es procedente una vez se defina la validez de tales
actos, esto es, una vez el Juez encuentre acreditada la pretensión de nulidad, como

30 Folio 53 del Cuaderno del Tribunal.
31 Folio 137 del Cuaderno del Tribunal

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quiera que el restablecimiento es una consecuencia inexorable de la declaración de
invalidez siempre que así se encuentre acreditado.

Bajo tal perspectiva, y habida cuenta de que no logró desvirtuar la presunción de
validez de las decisiones que acusa en esta sede, no es viable acceder a las súplicas
de restablecimiento y por ello también procede la confirmación de la sentencia de
primera instancia.

8.6. De las costas

Bajo ese panorama, vistos los artículos 188 del CPACA32 y el citado 365 del CGP33,
en especial su numeral 8, y a lo expuesto sobre el punto por esta Corporación, la Sala
considera que hay lugar a imponer una condena en costas a la parte demandante, por
concepto de agencias en derecho, toda vez que, a este respecto, se comprueba que
la demandada compareció a este proceso y en esta instancia, por conducto de
apoderado debidamente constituido; por lo tanto, se dará aplicación al Acuerdo 1887
de 200334, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, y se impondrá a favor
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por este concepto y a cargo de Marketmedios, la suma

32 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”
33 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en
los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de
lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará
al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”. (Subrayas de la
Sala)
34 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

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equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. En lo demás, no se
condenará, pues no están acreditados otros gastos o expensas.

Es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado ha señalado que el criterio
objetivo valorativo de la condena en costas implica35: i) objetivo porque no resulta de
un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que
es resultado de su derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto36, y ii) valorativo
porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en
la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso
y con la actividad que el abogado efectivamente realizada dentro del proceso37.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS POR AGENCIAS EN DERECHO a
Marketmedios en favor de la parte demandada, en la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente, según lo explicado en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

35 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Primera. Providencia del 13 de septiembre de 2018,

C.P. Oswaldo Giraldo López, número de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, Consejero Ponente William
Hernández Gómez, Expediente número 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado,
Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018, Magistrado Ponente Milton Chaves García,
número de radiación 25000-23-37-0000-2014-01115-01.
36 Corte Constitucional. Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013.
37 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 7 de abril de 2016. Consejero

Ponente William Hernández Gómez. Número del expediente 15001-23-33-000-2012-00162-01.

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La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 4
de septiembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado Aclara voto

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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