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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-26-000-2007-00197-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-26-000-2007-00197-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Número único de radicación: 25000-23-26-000-2007-00197-01 Actora: CORPORACIÓN MÉDICA CDM S.A. EN LIQUIDACIÓN TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-26-000-2007-00197-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00197-01
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: CORPORACIÓN MÉDICA CDM S.A. EN LIQUIDACIÓN

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA QUE DENEGÓ
LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. EL RECURSO DE
APELACIÓN CARECE DE SUSTENTO ARGUMENTATIVO.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la

parte actora contra la sentencia de 11 de octubre de 2013,

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca1, Sección

Tercera, Subsección “C”, en Descongestión, que denegó las

pretensiones de la demanda y declaró probada la excepción de falta

de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de la

Protección Social2.

1
En adelante el Tribunal.

2
Mediante auto de 17 de agosto de 2021, la Sección Tercera, Subsección A, de esta Corporación
ordenó remitir el expediente de la referencia a esta Sección, teniendo en cuenta que los actos
demandados fueron expedidos dentro de un proceso de liquidación y que no se trata de actos
contractuales.

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2

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Actora: CORPORACIÓN MÉDICA CDM S.A. EN LIQUIDACIÓN

I. ANTECEDENTES

I.1- La CORPORACIÓN MÉDICA CDM S.A. EN LIQUIDACIÓN,

en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en

adelante CCA, mediante apoderado, presentó demanda contra la

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, CAJANAL S.A. E.P.S.

EN LIQUIDACIÓN3, en la que formuló las siguientes pretensiones:

PRETENSIONES PRINCIPALES

1°. Que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 291 de 8

de noviembre 2005, “Por la cual se decide sobre las

reclamaciones de créditos presentadas oportunamente contra

CAJANAL S.A. E.P.S. en liquidación; los bienes que integran la masa

de la liquidación y los que gozan del beneficio de exclusión de la

masa a liquidar, las reclamaciones aceptadas como sumas de

dinero excluidas de la masa de la liquidación; los créditos aceptados

con cargo a la masa de la liquidación, el valor y las condiciones en

que es reconocido cada uno de estos créditos; los privilegios y la

prelación para los pagos de los créditos reconocidos; las objeciones

presentadas y las causales de rechazo de los créditos no

3
En adelante CAJANAL.

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aceptados”; 300 de 15 de noviembre 2005, “Por la cual se aclara

el considerando 9.6 de la Resolución 291 de 8 de noviembre de

2005 expedida en el proceso liquidatorio CAJANAL S.A. EPS en

liquidación"; y 903 de 30 de noviembre de 2006, “Por la cual se

resuelve el recurso de reposición interpuesto por la sociedad

CORPORACIÓN MÉDICA CMD S.A. EN LIQUIDACIÓN, identificada

con NIT 800.003.568, contra las Resoluciones 291 de 8 de

noviembre de 2005 y 300 de 15 de noviembre de 2005, expedida

dentro del proceso de liquidación de CAJANAL S.A. E.P.S. en

liquidación”.

2º. Que como consecuencia de la anterior declaración se

restablezca el derecho a la empresa CORPORACIÓN MEDICA

CMD S.A. EN LIQUIDACIÓN, indemnizando los perjuicios

causados con la expedición de las resoluciones núms. 291 y 300

de 2005; y 903 de 2006.

3º. Con base en las declaraciones anteriores, se condene a

CAJANAL a pagar los perjuicios materiales causados a la actora, con

ocasión de la expedición y ejecutoria de las resoluciones núms.

291 de 2005 y 300 de 2005; y 903 de 2006, que asciende a la

suma de $2.366.999.538.69, que incluye el valor de las facturas no

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reconocidas, más los intereses corrientes y/o moratorios causados

desde la presentación para pago por CAJANAL EPS EN

LIQUIDACIÓN, así como corrección monetaria y cualquiera otro

índice de ajuste monetario de tal suma.

4º. Que se condene a CAJANAL al pago de las costas, agencias en

derecho y demás gastos del proceso.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

1°. Que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 291 y

300 de 2005, mediante las cuales se resolvió la reclamación

presentada en tiempo oportuno por la actora en liquidación

obligatoria, sobre las acreencias, que CAJANAL adeudaba al

momento de entrar en liquidación obligatoria; y 903 de 2006,

mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto

contra las resoluciones 291 y 300 de 2005.

2º. Que como consecuencia de la anterior declaración se

restablezca el derecho a la empresa CORPORACIÓN MÉDICA

CMD S.A. EN LIQUIDACIÓN, indemnizando los perjuicios

causados con la expedición de las resoluciones núms. 291 y 300

de 2005; y 903 de 2006, a través de la cual se resolvió el recurso

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de reposición interpuesto en contra las resoluciones 291 y 300

de 2005.

3°. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se

ordene a CAJANAL a reconocer y pagar el 60% del valor de la

facturación presentada para su cobro por parte de la

CORPORACIÓN MÉDICA CMD S.A. EN LIQUIDACIÓN y no

reconocidas conforme a lo establecido por el Decreto 723 de 4 de

marzo de 19974, modificado por el Decreto 046 de 19 de enero de

20005.

I.2- Como sustento de sus pretensiones, en síntesis, la actora,

adujo los siguientes hechos:

1º. Que la CORPORACIÓN MEDICA CMD S.A. es una IPS que

celebró varios contratos para la prestación de servicios de salud de

I, II, III y IV nivel, en la cual se atendieron usuarios y beneficiarios

adscritos a CAJANAL.

4
“Por el cual se dictan disposiciones que regulan algunos aspectos de las relaciones entre las
entidades territoriales, las entidades promotoras de salud y los prestadores de servicios de salud”.

55
“Por el cual se adiciona el Decreto número 882 de 1998, sobre margen de solvencia, se modifica el
artículo 4° del Decreto 723 de 1997, los artículos 2° y 19 del Decreto 1804 de 1999 y se dictan otras
disposiciones para garantizar la correcta aplicación y destino de los recursos del sistema de seguridad
social en salud”.

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2º. Agregó que durante la relación contractual se generaron

diversas facturas con sus debidos soportes, para su reconocimiento

y pago, a CAJANAL.

3º. Adujo que en los artículos 3º y 4º del Decreto 723 de 1997 se

establecieron aspectos de las relaciones entre las entidades

promotoras de salud (EPS) y los prestadores de servicios de salud

(IPS); que de la mencionada norma se desprende que los saldos

pendientes por motivos de glosas u objeciones se pagarán en la

medida en que dichas objeciones sean resueltas; que en todo caso

se pagará el 60% del valor de lo objetado; y que el parágrafo del

referido artículo 4º citado, señaló que aun cuando no se cumplan

los requerimientos de plazos establecidos la EPS no se exonera del

pago de los servicios efectivamente prestados por la IPS, lo que

desvirtúa a todas luces el fenómeno de prescripción.

4º. Que el 19 de abril de 2005 la actora entró en liquidación por

auto 610-000505, expedido por la Superintendencia de Sociedades

Intendencia Regional Medellín.

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5º. Indicó que Gobierno Nacional, mediante Decreto 4409 de 30 de

diciembre de 20046, ordenó la disolución y liquidación de la

sociedad CAJANAL S.A. EPS.

6º. Sostuvo que una vez iniciado el proceso liquidatario, la actora

realizó la presentación oportuna de las reclamaciones radicadas

núms. 860, 863, 874, 877, 879, 933, 1187, 1182, 1174, 1179,

879, 1164, 1189, 1083, a través de los cuales pretendía el

reconocimiento y pago de las facturas que comprenden dicha

reclamación y que ascienden a la suma de ($2.970.740.567.41).

7º. Agregó que CAJANAL, luego del proceso de auditoría médica,

contable y jurídico, a la reclamación realizada por la actora, expidió

las resoluciones núms. 291 de 8 de noviembre y 300 de 15

de noviembre de 2005, mediante las cuales impuso una serie de

glosas médicas, contables y jurídicas, contenidas en el Anexo 8 de

la Resolución núm. 291, y el valor final a reconocer fue de

$4.446.038, como quedó establecido en dicho Anexo 8.

6
“Por el cual se dispone la disolución y liquidación de la Sociedad Cajanal S.A. E.P.S.”.

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8º. Anotó que el 6 de diciembre de 2005, la actora interpuso

recurso de reposición contra las resoluciones núms. 291 y 300

de 2005.

9º. Manifestó que CAJANAL, con el fin de organizar internamente

su contabilidad, citó al representante legal de la corporación actora

para justificar los valores asentados en descuentos no aplicados y

supuestamente no legalizados por la demandante y que ascienden

a la suma de $2.230.532.156; anticipos por valor de $64.462.462;

y sanciones por $178.331.650.

10º. Señaló que CAJANAL mediante la Resolución núm. 903 de

30 de noviembre de 2006, notificada el 15 de diciembre de 2006,

decidió el recurso de reposición interpuesto contra las

resoluciones 291 y 300 de 2005, a través del cual resolvió

reconocer la suma de $565.614.523.72 y ordenó descontar la suma

de $40.881.583 como anticipos sin legalizar, $178.331.650 por

sanciones y multas, y la suma de $1.336.896.245 por descuentos

de saldos deudores varios, de acuerdo con el Anexo 16. Asimismo,

confirmó en todas sus demás partes las resoluciones núms. 291

de 8 de noviembre de 2005 y 300 de 15 de noviembre de

2005.

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11º. Con fundamento en la inconformidad sobre los fundamentos

jurídicos que sirvieron para negar sus reclamaciones, solicitó

audiencia con la liquidadora, en la que se llegó a la conclusión de

que los descuentos aplicados estaban justificados y respecto a la

prescripción, a pesar de haber aportado los respectivos avales, la

Liquidadora, no la reconoció.

12º. La Superintendencia de Sociedades, Intendencia de Medellín,

le envió órdenes perentorias a la Liquidadora de CAJANAL, en el

sentido de que no podía aplicar deducciones o compensaciones,

sobre lo cual la mencionada entidad accedió y decidió modificar el

valor reconocido, para finalmente reconocer la suma de

$603.741.028.72, sin indicar que facturas fueron reconocidas por

este valor.

I.3- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los

artículos 3º y 4º del Decreto núm. 723 de 1997; 8º del Decreto

núm. 046 de 2000 y el Decreto núm. 2150 de 5 de diciembre de

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19957; y las leyes núms. 446 de 7 de julio de 19988 y 962 de 8 de

julio de 20059.

En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:

Sostuvo que CAJANAL, con la expedición de las resoluciones

acusadas, violó el ordenamiento jurídico, especialmente, lo

concerniente a la normatividad sobre prescripción, documentos,

títulos ejecutivos complejos, ya que estaba obligada a asumir el

costo de la prestación de los servicios de salud y no lo hizo en la

forma en que dichas normas lo ordenaban, en tanto que los

servicios fueron oportunamente prestados y su pago fue solicitado,

con la presentación de las facturas junto con los soportes y que

estaban refrendadas por el sello de recibido de la EPS, en algunos

casos, y, en otros, con la firma de uno de sus funcionarios.

Y que, además, no aplicó objetivamente los principios de auditoría

médica que deben observarse dentro de proceso a todas las

7
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública”.
8
“Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del
Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se
dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.
9
“Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos.

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facturas junto con sus soportes; y que se le aplicó una normativa

que no le era aplicable, por encontrarse en estado de liquidación.

Expresó que existió desconocimiento de normas sustanciales y

procesales, de hechos determinantes y vulneración al principio

constitucional de la buena fe, así como falsa motivación en la

argumentación de los actos acusados, al imponer una serie de

glosas médicas contables y jurídicas contenidas en el Anexo 8, las

que fueron clasificadas dentro de los códigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

10, 18 y 19, entre otras.

Asimismo, en relación con la falta de requisitos de facturación,

comprobación de derechos, falta de soportes, que se señalan en la

resolución de reconocimiento de acreencias, manifestó que los

mismos no se compadecen con la realidad, porque los servicios

fueron oportunamente prestados y su pago fue solicitado con las

facturas.

Explicó que existió desconocimiento de los títulos ejecutivos

complejos, teniendo en cuenta que la Ley considera que el proceso

liquidatorio de una empresa estatal, por medio del cual se revisan

todas las cuentas y se entra a reconocer todas las acreencias, se

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debe tener en cuenta que los contratos junto con las facturas

cambiarias de compra venta, por medio de las cuales se cobran los

servicios asistenciales prestados, constituyen un título valor

complejo y, por lo tanto, su reconocimiento está condicionado a su

ejecución y plazo.

Expresó que CAJANAL se enriqueció sin justa causa, como

consecuencia de que la actora le prestó servicios asistenciales de

salud y entregó medicamentos a los usuarios y a sus beneficiarios

adscritos; sin embargo, la demandada no le ha pagado por dichos

servicios.

Adujo que no es de recibo y no tiene explicación lógica ni

jurídicamente que un derecho pueda ser declarado prescrito o

desistido, por la omisión en adelantar un trámite administrativo

inocuo de solicitar un cobro de una deuda, cuando resulta evidente

que el deudor tiene la obligación de pagar lo que se debe, cuando

oportunamente y con anterioridad a la instauración del respectivo

proceso liquidatorio ya se había solicitado ante la Gerencia General

de CAJANAL la liquidación de algunos de los contratos, conforme

estaba establecido contractualmente y además un acuerdo de pago.

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I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1. CAJANAL, mediante apoderado, contestó la demanda y para

oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo

siguiente:

Que la decisión adoptada por el liquidador de CAJANAL estuvo ajustada

a derecho, no fue arbitraria ni discrecional, sino el producto de un

proceso técnico de auditoría, el cual se soporta en las normas

especiales aplicables y en los soportes y pruebas existentes que le

permitían tener certeza sobre los créditos reclamados y reconocidos,

razón por la cual la calificación dada a la actora, como acreedor, debe

ser declarada legal en su totalidad.

Alegó la inaplicabilidad de normas supletivas o sectoriales

relacionadas con el aporte de documentos y reconocimiento de

facturas a una EPS sometida a proceso de liquidación, para lo cual

señaló que el propio legislador ha dispuesto, en el artículo 23 del

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, -EOSF-, que el proceso al

que se encontraba sometido CAJANAL es un proceso concursal y

universal, además de que las normas que rigen este proceso tienen

un carácter preferente respecto de cualquier otro tipo de

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normatividad, el cual se rige por sus disposiciones especiales; y

que en las cuestiones procesales no previstas en tales normas, que

correspondan a actuaciones orientadas a la expedición de actos

administrativos, se aplicarán las disposiciones de la parte primera

del CCA y los principios de los procedimientos administrativos.

Explicó que el proceso liquidatorio es un proceso que se encuentra

regulado por una normatividad especial, que obliga al liquidador a

generar instrumentos que le permitan tener certeza sobre el

reconocimiento de los créditos reclamados al proceso liquidatorio; y

que aplicar la normatividad aplicable al sector salud, sería desconocer

el impedimento para desarrollar su objeto social y la naturaleza y

origen mismo de la orden de liquidación.

Adujo la inexistencia de falsa motivación, ya que existe adecuada

aplicación de la prescripción y la caducidad a los créditos

reclamados al proceso liquidatario; que la actora se contradijo

cuando señaló la improcedencia de la prescripción en las facturas o

títulos complejos por prestación de servicios de salud; que se

expidieron facturas cambiarías de compraventa (régimen común),

las cuales prestan mérito ejecutivo y son este el título complejo

reclamado que soportará el reconocimiento de la obligación.

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También sostuvo, acerca de la inexistencia de enriquecimiento sin

causa, que la Corte Suprema de Justicia ha establecido claramente

que para poder impetrar dicha acción se requiere que el

empobrecimiento sufrido por la demandante sea injusto y que el

desequilibrio económico se haya producido sin una causa jurídica.

Por lo tanto, dado el carácter especial es imposible que el

enriquecimiento sin causa se configure en el proceso de liquidación

bajo estudio, en razón a que el proceso se ha desarrollado

respetando toda la normatividad procesal y sustancial que enmarca

la calificación de cada una de las cuentas reclamadas, y soportadas

en la carga procesal que tiene cada acreedor de demostrar la

existencia de su crédito.

Propuso la excepción de "Falta de competencia de la Sección Tercera

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca", toda vez que la actora

en ningún momento presentó la acción prevista en el artículo 87 del

CCA; que no se trata de un proceso de naturaleza contractual,

situación que hace evidente que el presente proceso debe ser remitido

a la Sección Primera del Tribunal, en la cual se surten todos los

procesos relacionados con la calificación de acreencias por parte del

liquidador de CAJANAL.

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I.4.2. El MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, mediante

apoderado, también contestó la demanda y para oponerse a la

prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

Que los actos administrativos demandados están fundamentados en la

Constitución Política y en el especial régimen legal que rige en los

procesos de liquidación forzosa administrativa.

Señaló que no participó directa ni indirectamente en la expedición de

los actos demandados, ni de la relación jurídica sustancial que origina

las pretensiones de la demanda; y que no es el sucesor procesal de

CAJANAL.

Propuso las siguientes excepciones:

• "Falta de legitimación en la causa por pasiva", al estar plenamente

demostrado que el mencionado Ministerio en ningún caso y en ninguna

circunstancia resolvió la reclamación oportuna que la demandante

presentó al proceso liquidatario de CAJANAL, lo cual lo excluye de

cualquier responsabilidad de la decisión que con ocasión a la

reclamación de la actora haya emitido CAJANAL.

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Además, indicó que no puede responder por presuntas situaciones

jurídicas que no conoció, y que correspondieron al espectro exclusivo

de CAJANAL, establecimiento público descentralizado que gozaba de

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio

independiente, lo cual permitía un ejercicio autónomo de sus facultades

legales y constitucionales y a la asunción de sus responsabilidades.

• "Inexistencia de la obligación" por ausencia de causa legal de la

obligación, la cual se fundamenta en el Decreto núm. 4409 de 2004,

por medio del cual se ordenó la supresión y liquidación de CAJANAL

S.A., que en ningún momento le transfiere las obligaciones, activos o

pasivos de la mencionada entidad liquidada. Por lo tanto, no está

llamado a responder, porque no es ni ha sido sucesor procesal de

extinta entidad.

• "Fuerza mayor", ya que la declaratoria de supresión y liquidación

de CAJANAL fue dada por el Decreto 2502 de 19 de julio de 200510,

y constituye una fuerza mayor derivada de un mandato legal que se

encuentra en firme y goza de presunción de legalidad y que alteró

la satisfacción oportuna de los compromisos previamente

adquiridos.

10
“Por el cual se reglamenta el artículo 437-1 del Estatuto Tributario”.

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• "Inexistencia de la solidaridad entre las demandadas”, toda vez

que no existe en el ordenamiento jurídico norma que establezca la

solidaridad entre CAJANAL, entidad hoy liquidada, y el Ministerio de

la Protección Social, razón por la cual no se puede presumir dicha

solidaridad.

• "Prescripción y caducidad”, frente a todos aquellos derechos y/o

acciones, en los que haya operado la prescripción desde el

momento en que se hicieron exigibles, y en razón a los cuales no

haya sido interrumpida.

• "Inepta demanda", porque los actos demandados no tienen la

vocación jurídica para serlo; se trata de actos que no son

susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción de lo

contencioso administrativo, toda vez que no deciden

definitivamente sobre un asunto. Los actos que definieron y

consolidaron la situación jurídica de la demandante fueron las

resoluciones núms. 291 y 300 de 2005; y 903 de 2006, las

cuales fueron notificadas a la parte actora, otorgándole la

posibilidad de ser recurridas.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

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Mediante sentencia de 11 de octubre de 2013 el TRIBUNAL denegó

las pretensiones de la demanda y declaró probada la excepción de

falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de la

Protección Social, toda vez que en ningún momento esta entidad

suscribió contrato alguno con la actora ni es sucesor procesal de las

obligaciones contractuales de CAJANAL11.

Para denegar las pretensiones de la demanda, el a quo razonó, así:

Señaló que los actos acusados se expidieron dentro del proceso

liquidatorio de CAJANAL, en virtud del cual esta entidad solo

conserva su capacidad para realizar los actos, operaciones y

contratos necesarios para su pronta liquidación, como se advierte

en los considerandos núms. 1.11 y 1.12 de la Resolución núm.

291 de 8 de noviembre de 2005.

Expresó que teniendo en cuenta que el cobro de los créditos

reclamados por la demandante se realizaron dentro de un proceso

de disolución y liquidación, regulado por la ley de manera especial,

mediante las disposiciones que fundamentan los actos

11
No hubo pronunciamiento del Tribunal de primera instancia con respecto a las demás excepciones
propuestas.

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administrativos acusados, es claro que se estableció la

normatividad especial con la cual se realizó el proceso liquidatorio

de la actora, razón por la cual no se puede tener en cuenta otra

normatividad para darle aplicación, para efectos de obtener el pago

solicitado por la demandante.

Advirtió que la actora debió señalar cuáles eran las normas que sí

son aplicables al proceso de disolución y liquidación de CAJANAL

S.A., que fueron desconocidas en el curso del proceso y no traer a

colación, como se observa en el contenido de la demanda, una

normativa ajena a este para estructurar el cargo de nulidad que se

estudia.

Anotó que, en consecuencia, el cargo no prospera, toda vez que las

normas traídas a colación por la actora no son las aplicables en el

proceso de disolución y liquidación de la demandada, ya que al

inicio del proceso liquidatorio se señaló bajo que normas especiales

se iba a realizar la liquidación de CAJANAL, razón por la cual no se

violó el ordenamiento jurídico colombiano.

Sostuvo que las resoluciones núms. 291 de 8 de noviembre de

2005 y 300 de 15 de noviembre de 2005 fueron allegadas en

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copias auténticas, mientras que la Resolución núm. 903 de 30

de noviembre de 2006 fue allegada en copia simple, razón por la

cual carece de valor probatorio, toda vez que se tratan de copias de

documentos públicos, que para que puedan ser aducidas o

apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial deben reunir

las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de

Procedimiento Civil12, entre las cuales se encuentra la diligencia de

autenticación.

Precisó que las copias simples no son medios de convicción que

puedan tener la capacidad de hacer constar o demostrar los hechos

que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción,

en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su

valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el citado

artículo 254.

Manifestó que las resoluciones núms. 291 de 8 de noviembre

de 2005 y 300 de 15 de noviembre de 2005 fueron allegadas

en debida forma, pero que la Resolución núm. 903 de 30 de

noviembre de 2006 carece de autenticación, razón por la cual no

se realizará su análisis con relación a la legalidad de este acto

12
En adelante C.P.C.

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administrativo, porque no cumple con los requisitos legales

establecidos en la ley.

Explicó que se verificó que para resolver el recurso de reposición se

llevó a cabo una inspección, con el fin de constatar o verificar la

validez de las facturas, es decir, que cumplieran con todos los

requisitos legales, por lo que las glosas fueron concretamente

auditadas, y además existían varias causales que llevaban al

rechazo de las reclamaciones presentadas oportunamente entre

ellas: que las glosas que no fueron levantadas y que se encuentran

detalladas en el Anexo 12; que el acreedor no allegó la totalidad de

los soportes base para levantar las glosas, establecidas en el Anexo

8 de las resoluciones núms. 291 y 300 de 2005, las cuales no

permiten establecer con claridad y certeza la existencia de

obligación alguna a cargo de CAJANAL y a favor de la actora.

Señaló que de conformidad a estos hallazgos, realizados en el

proceso de auditoría, se procedió a modificar las resoluciones

núms. 291 y 300 de 2005.

Puntualizó que no existió trasgresión al ordenamiento colombiano,

toda vez que el proceso liquidatorio se realizó de conformidad con

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unas normas especiales, las cuales fueron citadas en la Resolución

núm. 291 de 8 de noviembre de 2005.

Mencionó que según lo dispuesto por el artículo 177 del C.P.C.,

"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas

que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen", que en el

caso en estudio la parte actora no cumplió con la carga procesal de

allegar en copia auténtica de la Resolución núm. 903 de 30 de

noviembre de 2006 y sus anexos; y que, de igual forma, trajo a

colación normas que no fueron tenidas en cuenta dentro del

proceso liquidatorio, argumentando que con la expedición de las

resoluciones expedidas por CAJANAL se presenta violación al

ordenamiento jurídico.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora sustentó el recurso de apelación, de la siguiente

manera:

“[…] JOHN WILLIAM ALVAREZ VASQUEZ, mayor de edad,
domiciliado y residente en Medellín, abogado titulado y en
ejercicio, identificado como aparece al pie de mi respectiva
firma, en calidad de apoderado judicial de la parte
demandante en el proceso de la referencia, y estando
dentro del término legal, me permito presentar recurso
de apelación en contra de la sentencia proferida por
el despacho en la cual negó las pretensiones de la

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demanda y en aras al principio de la economía
procesal, le solicito a los Honorables Magistrados del
Consejo de Estado, considerar y tener en cuenta los
alegatos de conclusión presentados ante el H.
Tribunal Administrativo, cuyo razonamiento
comportan la misma argumentación que sirve de
fundamento para sustentar el recurso de apelación.
[…]” (Destacado fuera de texto).

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1. La parte actora, en la oportunidad pertinente, presentó

alegatos de conclusión en los cuales, en síntesis, reiteró los cargos

de anulación de los actos administrativos demandados invocados en

la demanda.

IV.2. El MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL13

reiteró los argumentos de defensa expuestos en la contestación de

la demanda, en el sentido de que es un organismo del orden

nacional, que por disposición constitucional y legal no puede asumir

funciones que por expreso mandato legal y constitucional se han

asignado a otros organismos; y que no participó directa ni

indirectamente en la expedición de los actos acusados.

13
Antes Ministerio de la Protección Social.

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IV. 3. CAJANAL también reiteró los argumentos expuestos en la

contestación de la demanda, para lo cual señaló que no se

desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados,

porque no existe prueba técnica que contradiga la auditoría integral

realizada por el proceso liquidatorio; y que es improcedente aplicar

los decretos 723 de 1997 y 046 de 2000 al proceso que fue

sometido CAJANAL, por cuanto este se rige por disposiciones

especiales.

IV.4. En esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las

resoluciones núms. 291 de 8 de noviembre 2005, “Por la cual

se decide sobre las reclamaciones de créditos presentadas

oportunamente contra CAJANAL S.A. E.P.S. en liquidación; los

bienes que integran la masa de la liquidación y los que gozan del

beneficio de exclusión de la masa a liquidar, las reclamaciones

aceptadas como sumas de dinero excluidas de la masa de la

liquidación; los créditos aceptados con cargo a la masa de la

liquidación, el valor y las condiciones en que es reconocido cada

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uno de estos créditos; los privilegios y la prelación para los pagos

de los créditos reconocidos; las objeciones presentadas y las

causales de rechazo de los créditos no aceptados”, y 300 de 15 de

noviembre 2005, “Por la cual se aclara el considerando 9.6 de la

Resolución 291 de 8 de noviembre de 2005 expedida en el proceso

liquidatorio CAJANAL S.A. EPS en liquidación"; y 903 de 30 de

noviembre de 2006, “Por la cual se resuelve el recurso de

reposición interpuesto por la sociedad CORPORACION MEDICA CMD

S.A. EN LIQUIDACION, identificada con NIT 800.003.568, contra las

Resoluciones 291 de 8 de noviembre de 2005 y 300 de 15 de

noviembre de 2005, expedida dentro del proceso de liquidación de

CAJANAL S.A. E.P.S. en liquidación”.

Dichos actos fueron expedidos por el Liquidador de CAJANAL S.A.

E.P.S. EN LIQUIDACIÓN, teniendo en cuenta que mediante el

Decreto 4409 de 30 de diciembre de 2004 el Gobierno Nacional, en

uso de la facultad que le otorgó el artículo 52 de la Ley 489 de 29

de diciembre de 199814, ordenó la disolución y liquidación de la

sociedad CAJANAL S.A. E.P.S., cuya naturaleza jurídica era la de

Empresa Industrial y Comercial del Estado.

14
“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones.”

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PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar si, con base en los argumentos

expuestos en el recurso de apelación, es procedente revocar la

sentencia de 11 de octubre de 2013, mediante la cual el a quo

declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa

por pasiva del Ministerio de la Protección Social y denegó las

súplicas de la demanda.

DE LA FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE

APELACIÓN

A partir de la interpretación del artículo 320 del Código General del

Proceso15 y del artículo 212 del Código Contencioso

Administrativo16, esta Sección, de forma reiterada17, ha sostenido

15
Aplicable de forma plena en la jurisdicción de lo contencioso administrativo a partir del 1° de enero
de 2014, en virtud de lo decidido en el auto de 25 de junio de 2014, proferido por la Sala Plena de
esta Corporación en el proceso identificado con el numero único de radicación 25000-23-36-000-
2012-00395-01(49299.
16
“[…] ARTICULO 212. APELACIÓN DE LAS SENTENCIAS. El recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia se interpondrá y sustentará ante el a quo. Una vez sustentado el recurso, se
enviará al superior para su admisión. Si el recurso no es sustentado oportunamente, se declarará
desierto por el inferior. El término para interponer y sustentar la apelación será de 10 días, contados
a partir de la notificación de la sentencia. Recibido el expediente por el superior y efectuado el
reparto, el recurso, si reúne los requisitos legales, será admitido mediante auto que se notificará
personalmente al Ministerio Público y por estado a las otras partes. Las partes, dentro del término de
ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir pruebas, que solo se decretarán en los casos
previstos en el artículo 214 de Código Contencioso Administrativo. Para practicarlas se fijará un
término hasta de diez (10) días. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso o vencido el término
probatorio, se ordenará correr traslado a las partes por el término común de diez (10) días para
alegar de conclusión y se dispondrá que vencido este, se dé traslado del expediente al Ministerio
Público, para que emita su concepto. Vencido este término se enviará el expediente al ponente para
que elabore el proyecto de sentencia. Este se debe registrar dentro del término de treinta (30) días y
la Sala o Sección tendrá quince (15) días para fallar. Se ordenará devolver el expediente al tribunal
de origen para obedecimiento y cumplimiento […]”.

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que quien interpone un recurso de apelación contra una sentencia

debe sustentar los reparos concretos de su inconformidad contra la

providencia recurrida.

La carga argumentativa que exige el recurso de apelación no se

suple con transcribir los razonamientos previamente expuestos al

interior del proceso, es necesario que el interesado exprese de

forma concreta las razones de su inconformidad con la providencia

recurrida, dado que es a partir de estas que será fijado el ámbito de

competencia del juez de segunda instancia.

Sobre este aspecto, en sentencia de 3 de julio de 201418, esta

Sección señaló:

“[...] 7.1.1.- Estudiados los argumentos que contiene el
recurso de apelación, se advierte que estos no se
encuentran dirigidos a controvertir el fallo de primera
instancia sino a reiterar los argumentos expuestos en la
demanda, lo que conduce indefectiblemente a confirmar la
decisión del Tribunal, toda vez que la alzada no tiene la
suficiencia argumentativa que permita vislumbrar algún
yerro en el que haya incurrido el a quo.

7.1.2.- En efecto, la sociedad apelante dedicó sus esfuerzos
en reiterar uno por uno los cargos, hechos y decires
expuestos en el líbelo introductorio del proceso. Fue en la
oportunidad para alegar de conclusión que se refirió en

17
Además de las sentencias que adelante se citarán, se pueden consultar, entre otras, las siguientes:
Sentencia de 7 de junio de 2012, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación
73001-23-31-000-2007-00153-01; y, Sentencia de 8 de agosto de 2013, C.P. María Claudia Rojas
Lasso, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2004-90693-01.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de julio
2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2004-00228-01.

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concreto en los posibles errores argumentativos e
interpretativos en que pudo incurrir el Tribunal al expedir el
fallo impugnado. No obstante, conforme se pasará a
explicar enseguida, no era esa la fase del proceso idónea
para controvertir la decisión de primera instancia.

7.1.3.- Según se desprende del artículo 350 del C. P. C. al
que se acude por remisión expresa del artículo 267 del C. C.
A., el recurso de apelación tiene por objeto “que el superior
estudie la cuestión decidida en la providencia de primer
grado y la revoque o reforme”. Por otra parte, el artículo
212 del C. C. A. modificado por el artículo 67 de la Ley 1395
de 12 de julio de 2010, impone a quien haga uso del
recurso que sustente el mismo, esto es, que exponga
las razones de su inconformidad con la decisión de
primera instancia.

7.1.4.- Bajo los parámetros normativos aludidos, resulta
fácil concluir que el recurso de apelación se encuentra
establecido para que el afectado con una decisión judicial le
formule reparos, inconformidades o cuestionamientos, lo
que conlleva a que la parte que lo interponga dirija su
sustentación a esos aspectos […]” (Destacado fuera de
texto).

Dicha posición fue reiterada, en sentencia de 30 de junio de 201619,

así:

“[…] Para el caso sub judice, luego de confrontar los
argumentos expresados por el apoderado de la sociedad
demandante, la Sala observa que los argumentos
contenidos en el recurso de apelación, son exactamente los
mismos argumentos esgrimidos en el texto de la demanda
sin diferencia alguna salvo en el orden en que fueron
relacionados por el apoderado de la demandante, pero en
todo caso lo cierto es que no formuló ningún reproche,
cuestionamiento, reparo o inconformidad respecto de los
argumentos esgrimidos en la sentencia de primera
instancia, con fundamento en los cuales se adoptaron las
decisiones cuestionadas.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
junio 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00171-
01.

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Cotejado el escrito de la apelación, la Sala encuentra que se
está ante el mismo supuesto fáctico del fallo que se está
reiterando del pasado 16 de junio, en el que se dijo lo
siguiente:

[…]

En efecto, comparados minuciosamente cada uno de los
párrafos del escrito de apelación, se verificó que
corresponden de forma idéntica a los del escrito de la
demanda, por tanto quedó acreditado que el apoderado
de la demandante no expresó manifestación de
inconformidad alguna respecto de las razones por las
cuales, el a quo declaró probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva respecto de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CAR, menos aún controvirtió o manifestó su oposición
por la decisión de la primera instancia de inhibirse de
pronunciar sobre la violación de varias disposiciones
legales invocadas como vulneradas, al advertir que
carecían de fundamentación respecto del concepto de
la violación [...]” (Destacado fuera de texto).

De igual forma, en sentencia de 20 de enero de 202020, esta Sala

sostuvo:

“[…] En aplicación a lo anterior, en el sub lite la Sala encuentra
que el recurso de apelación objeto de este pronunciamiento se
encuentra desprovisto de una real sustentación, pues la parte
actora no aduce argumento alguno dirigido a atacar la decisión
de instancia que dispuso negar las pretensiones de la
demanda, en el entendido consistente en que “la demanda
adolece de serios reparos de carácter técnico, como quiera que
su sustentación resulta impertinente, habida cuenta la absoluta
desconexión del principio citado como violado y el hecho que
sustenta la infracción”.

En efecto, si el objeto del recurso de apelación es que el
superior analice la decisión adoptada en la sentencia
objeto de alzada, resulta imperioso que el recurrente
exponga las razones por las cuales no comparte las

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
enero de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-25-000-
2012-90514-01.

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consideraciones que se tuvieron en cuenta en dicho
momento.

Así pues, no cabe duda que el memorial contentivo de la
impugnación carece de las razones y argumentos por los
cuales se considera que la decisión del Tribunal de
instancia es equivocada y que se debe declarar la
nulidad de los actos acusados, incumpliendo de esta
forma la carga procesal que en este escenario le
corresponde como apelante […]” (Destacado fuera de
texto).

Asimismo, en sentencia de 4 de septiembre de 202521, esta Sección

sostuvo:

“[...] Pues bien, encuentra la Sala que, tras examinar los
fundamentos del fallo recurrido y del recurso de apelación,
dicha providencia debe confirmarse, como en efecto se
procederá en la parte resolutiva de esta sentencia, por
cuanto el apelante no formula ningún motivo de
inconformidad respecto de los fundamentos del proveído
impugnado que permita a esta Corporación efectuar algún
pronunciamiento; por el contrario, lo que se observa es la
transcripción literal de los cargos resumidos en los
numerales 1.3.1.7. y 1.3.1.8. de esta providencia, sin que
determine en modo alguno una razón jurídica que
controvierta la providencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Así las cosas, es evidente la inconducencia y falta
total de pertinencia de los motivos de inconformidad
en que se fundamenta el recurso, respecto de la
sentencia impugnada y con lo decidido en ésta.
En efecto, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 247 del
CPACA, es menester que el memorialista precise los motivos
de inconformidad sobre el fallo, circunstancia sin la cual el
Juez de Segunda Instancia no puede entrar a hacer un
estudio sobre el fondo del asunto, pues se trata de una
carga que le asiste al recurrente y que constituye el lindero

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de
septiembre de 2025, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-41-000-2013-
00352-01.

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o el límite por medio del cual el superior puede dirimir el
debate. […]” (Destacado fuera de texto).

Cabe resaltar que dicho criterio, relacionado con la carencia

argumentativa del recurso de apelación, también ha sido

ampliamente acogido en múltiples providencias proferidas por las

demás secciones de esta Corporación, entre otras, en las sentencias

de 6 de noviembre22, 20 de noviembre23, 1o. de diciembre de

202524 y recientemente por la Sección Primera en la sentencia de 5

de febrero de 202625.

Así las cosas, cuando el recurrente no controvierte los argumentos

en que se sustentó la providencia objeto de apelación o cuando no

son claros los motivos de oposición expuestos en el recurso frente a

lo sostenido por el a quo, corresponde al juez confirmar la decisión

de primera instancia.

La Sala reitera que al juez en cada instancia le está vedado

pronunciarse sobre cuestiones o asuntos de fondo que no fueron

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Wilson Ramos
Giron, núm. único de radicación 05001-23-33-000-2018-00411-01.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar, núm. único de radicación 25000-23-42-000-2020-00972-01.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, C.P.
Diego Enrique Franco Victoria, núm. único de radicación 08001-23-33-000-2015-00747-01.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2003-01807-01.

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objeto del debate procesal, toda vez que su competencia está

circunscrita al ámbito del proceso.

Precisado lo anterior y una vez analizado el recurso de apelación

transcrito en el acápite “III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE

APELACIÓN” de la presente providencia, la Sala advierte que el

recurrente manifiesta estar en desacuerdo con la decisión de

primera instancia sin exponer argumento alguno en concreto que

controvierta los fundamentos jurídicos, probatorios y

jurisprudenciales que soportaron el fallo apelado.

En efecto, en el recurso de apelación el recurrente se limita a

señalar que se deben “considerar y tener en cuenta los alegatos de

conclusión presentados ante el H. Tribunal Administrativo, cuyo

razonamiento comportan la misma argumentación que sirve de

fundamento para sustentar el recurso de apelación”, sin que en

parte alguna se haya referido a los argumentos que sirvieron de

fundamento para denegar las súplicas de la demanda, circunstancia

esta que le impide a la Sala, como juez de segunda instancia, emitir

pronunciamiento alguno al respecto.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que en el recurso de

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apelación la parte demandante no controvirtió los argumentos que

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca expuso en la sentencia

de 11 de octubre de 2013, proferida dentro del radicado de la

referencia, la Sala considera que la alzada carece de aptitud

sustancial, de ahí que deba confirmarse el fallo de primer grado y

así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Ahora, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta

asumida por las partes no se evidenció temeridad ni mala fe en la

actuación procesal, razón por la cual no hay lugar a ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de octubre de 2013,

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia.

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TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez

ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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