Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2018-00411-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2018-00411-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2018-00411-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
6 de noviembre de 2025
Radicado: 05001-23-33-000-2018-00411-01 (29887)
Demandante: C&F International SAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., seis (06) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-00411-01 (29887)
Demandante: C&F International SAS
Demandada: UGPP
Temas: Aportes 2013. Oportunidad para notificar la liquidación oficial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 07 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que decidió2:
Primero: Negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por la sociedad C&F International SAS, en contra de la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-.
Segundo: Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Previo requerimiento para declarar y/o corregir3 y respuesta al mismo, la UGPP profirió
la Liquidación Oficial RDO-2016-00777 del 02 de septiembre de 2016, notificada el 13
de septiembre de 20164 por la cual determinó y modificó a C&F International SAS las
autoliquidaciones de aportes al SPS (Sistema de Protección Social) de los períodos
enero a diciembre del año 2013 e impuso sanción por inexactitud5.
Decisión contra la cual la actora interpuso recurso de reconsideración resuelto con la
Resolución RDC-2017-00335 del 14 de septiembre de 20176, en el sentido de disminuir
los ajustes liquidados y la sanción por inexactitud7.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones8:
1
SAMAI CE índice 3
2
SAMAI Tribunal índice 35
3
Notificado el 14 de diciembre de 2015.
4
SAMAI CE índice 11. Hecho no discutido, en el que coinciden las partes.
5
Determinó ajustes por mora e inexactitud de $426.084.500 e impuso sanción por inexactitud de $254.659.680
6
SAMAI CE índice 11 certificado 42ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO175rar(.rar) NroActua 11
7
Disminuyó ajustes de aportes a $417.898.300 y sanción por inexactitud a $250.107.840
8
SAMAI CE índice 11 certificado 27ED_SUBSANACIO_11SUBSANACIONDEDEMAN(.pdf) NroActua 11
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1
Radicado: 05001-23-33-000-2018-00411-01 (29887)
Demandante: C&F International SAS
«Declarar la nulidad de la Resolución No. RDO-2016-00777 del 02 de septiembre de 2016, emitida
por el Subdirector de Determinación de Obligaciones de la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, que liquidó oficialmente la
sanción por mora en el pago de los aportes al sistema de la protección social y por inexactitud en las
autoliquidaciones y pago de los aportes al sistema de la protección social, por el período de enero a
diciembre de 2013, por la suma de cuatrocientos veintiséis millones ochenta y cuatro mil quinientos
pesos m/cte ($426.084.500) y sanción por inexactitud en los periodos enero a diciembre de 2013 por
valor de doscientos cincuenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y nueve mil seiscientos
ochenta pesos ($254.659.680), por haber operado el fenómeno de la caducidad y porque mi
representada realizo el pago de aportes por los valores a los que estaba obligada en el periodo de
enero a diciembre de 2013.
Declarar la nulidad de la resolución RDC-2017-00335 del 14 de septiembre de 2017, notificada el 04
de octubre de 2017, que resolvió el recurso de reconsideración, por haber operado el fenómeno de
la caducidad y porque mi representada registró el pago de aportes por los valores a los que estaba
obligada en el periodo de enero a diciembre de 2013.
Que a título de restablecimiento del derecho a favor de mi representada se declare el archivo del
expediente para cobro de los aportes parafiscales del año 2013, porque ya se pagaron los aportes y
se encuentra a paz y salvo y porque la acción sancionatoria ha caducado».
Invocó como normas vulneradas los artículos 180 de la Ley 1607 de 2012 -modificado por
el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014- y 710 del ET (Estatuto Tributario)9; Ley 1151 de 2007 y
Decretos 169 de 2008 y 575 de 2013, bajo el siguiente concepto de violación10:
Como la respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir se presentó el 12 de marzo
de 2016, el plazo de seis meses que tenía la UGPP para proferir la liquidación oficial
previsto en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 vencía el 12 de septiembre del mismo
año -a su juicio, contados desde dicha respuesta-, por lo que, en su entender, fue extemporánea
su notificación el 13 de septiembre de 201611.
Refirió en forma genérica que «se incluyó en la liquidación conceptos que no recogían
pago por retribución del servicio, sino pagos desalarizados» -sin invocar normas
vulneradas y sin carga argumentativa ni demostrativa-, respecto de los cuales hizo una
simple mención en los hechos de la demanda en cuanto a que correspondían a «bonos
de resultado obsequios, bono de resultado variable y bonos por resultados»12.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora13. Indicó que como el
requerimiento para declarar y/o corregir fue notificado el 14 de diciembre del 2015 , los
tres meses para dar respuesta vencieron el 14 de marzo de 2016 y, por tanto, luego de
correr el plazo de seis meses previsto en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 -contados
desde el vencimiento del plazo para responder el requerimiento para declarar y/o corregir-, fue oportuna
la liquidación oficial notificada el 13 de septiembre de 2016.
Frente a la alusión genérica de la demandante referente al concepto señalado -bonos-, se
opuso porque, si bien la entidad en la liquidación oficial lo incluyó en el IBC al calificarlo
como salarial, al resolver el recurso de reconsideración recalculó la base al tenerlo como
no constitutivo de salario en tanto fue desalarizado.
9
Alude -en forma genérica- vulnerados los procedimientos previstos en el ET, libro V, títulos I, IV, V y VI.
10
SAMAI CE índice 11 certificado 23ED_ESCRITODE_07ESCRITODEDEMANDApd(.pdf) NroActua 11
11
Hecho no discutido, en el que coinciden las partes. Con todo, la actora agregó que, por demás es errado que la UGPP en la
resolución del recurso de reconsideración aludiera a que el plazo para notificar la liquidación oficial vencía el 15 de octubre de 2016.
12
Sin invocar norma violada ni desarrollar carga argumentativa ni demostrativa ni aludir al límite previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010.
13
SAMAI CE índice 11 certificado 34ED_CONTESTACI_18CONTESTACIONDEDEMA(.pdf) NroActua 11
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Demandante: C&F International SAS
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas14. Señaló que
fue oportuna la notificación de la liquidación oficial el 13 de septiembre de 2016 porque
la UGPP otorgó el término legal para responder el requerimiento para declarar y/o corregir
y, precluido dicho plazo -acorde con el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, al vencimiento
del término para responder el referido acto- expidió la liquidación oficial dentro de los seis
meses siguientes.
En relación con el concepto -bonos-, aludió a lo decidido en los actos demandados en
cuanto a que, si bien la UGPP en la liquidación oficial lo incluyó en el IBC al calificarlo
como salarial, en el recurso de reconsideración recalculó la base al tomarlo como no
constitutivo de salario en virtud de su desalarización. Al respecto, indicó que la actora no
cumplió con la carga de individualizar los casos en los que supuestamente persistió la
inclusión del pago desalarizado en el IBC.
Recurso de apelación
La actora apeló la decisión del a quo15. Reiteró que los seis meses que tenía la UGPP
para proferir la liquidación oficial, a su juicio, se cuentan desde la respuesta al
requerimiento para declarar y/o corregir presentada el 12 de marzo de 2016, por lo que
el plazo vencía el 12 de septiembre del mismo año, siendo extemporánea su notificación
el 13 siguiente16.
Sobre el concepto -bonos- la sociedad apelante -sin formular reparo frente a lo señalado
por el a quo- se limitó a expresar que «la entidad demandada incluyó indebidamente las
bonificaciones con pacto no salarial en el IBC».17
Pronunciamientos finales
Las partes guardaron silencio en esta etapa. El Ministerio Público rindió concepto18.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo el cargo de apelación
planteado por la demandante -apelante única- contra la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas. En concreto
corresponde establecer si la liquidación oficial fue notificada oportunamente.
Se advierte que la actora en la demanda refirió de forma genérica que «se incluyó en la
liquidación conceptos que no recogían pago por retribución del servicio, sino pagos
desalarizados», sin invocar al efecto normas vulneradas ni carga argumentativa ni menos
demostrativa, respecto de los cuales hizo una simple alusión en los hechos de la
demanda en cuanto a que correspondían a «bonos de resultado obsequios, bono de
14
SAMAI Tribunal índice 35. Sin condenar en costas, acorde con el artículo 188 del CPACA.
15
SAMAI Tribunal índice 38
16
Por demás, la UGPP pretendió confundir al señalar en la resolución de reconsideración que los seis meses vencieron el 15 de
octubre de 2016.
17
Aludió en forma genérica que el Consejo de Estado profirió sentencia de unificación sobre el IBC en la que se señaló el alcance del
límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 -como se reseñó, en la demanda no invocó esa norma como vulnerada, ni
carga argumentativa ni demostrativa, ni aludir al referido límite-.
18
SAMAI CE índice 20. Sobre la extemporaneidad del acto liquidatorio comparte la posición de la recurrente.
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resultado variable y bonos por resultados». Sobre el particular, el tribunal aludió a lo
decidido en los actos demandados en cuanto a que, si bien la UGPP en la liquidación
oficial incluyó el concepto -bonos- en el IBC al calificarlo como salarial, en el recurso de
reconsideración recalculó la base al tomarlo como no constitutivo de salario en virtud de
su desalarización, e indicó que al respecto la actora no cumplió con la carga de
individualizar los casos en los que supuestamente persistió la inclusión del pago
desalarizado en el IBC. Y en el recurso de apelación, la parte demandante -sin formular
reparo frente a lo señalado por el a quo- se limitó a expresar en forma genérica que «la entidad
demandada incluyó indebidamente las bonificaciones con pacto no salarial en el IBC».
La Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento frente a tal alusión genérica de la
apelación de la actora en tanto no presenta reparo concreto frente a lo considerado por
el tribunal, por lo que se incumplió con la carga argumentativa que recae en el recurrente
de alzada a la luz del artículo 320 del CGP, acorde con el cual, el objeto del recurso de
apelación se contrae a que el superior examine la cuestión decidida, únicamente frente a
los reparos concretos formulados por el recurrente19, lo que en el caso no ocurrió.
Análisis del caso concreto
2- El tribunal juzgó que fue oportuna la notificación de la liquidación oficial el 13 de
septiembre de 2016 porque la UGPP otorgó el término para responder el requerimiento
para declarar y/o corregir y, precluido dicho plazo -acorde con el artículo 180 de la Ley
1607 de 2012, al vencimiento del término para responder el referido acto- expidió la
liquidación oficial dentro de los seis meses siguientes. La actora se opuso a esa decisión
al señalar que los seis meses para proferir la liquidación, a su juicio, se cuentan desde la
respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir presentada el 12 de marzo de 2016,
por lo que el plazo vencía el 12 de septiembre del mismo año, siendo extemporánea su
notificación el 13 siguiente.
Así, el pronunciamiento que se reclama se concreta en determinar el momento a partir
del cual se cuentan los seis meses previstos en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 -
modificado por el artículo 50 de la Ley 1739 de 2914- para expedir y notificar la liquidación
oficial. Al efecto, se deberá determinar si dicho término corre desde el vencimiento del
plazo para dar respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir -como lo considera
la demandada y el tribunal- o, desde la fecha de presentación de la respuesta a ese acto
-como lo entiende la demandante-.
Para resolver se acude al criterio de decisión de la Sección contenido en la sentencia del
03 de octubre de 2024 (exp. 27952, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto20) reiterado en
reciente sentencia del 16 de octubre de 2025 (exp. 27224, CP. Claudia Rodríguez
Velásquez), providencias proferidas en asuntos con identidad fáctica y jurídica, donde se
precisó el momento desde el cual se cuenta el mencionado plazo.
El artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 -modificado por el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014-,
establece que «previo a la expedición de la liquidación oficial o la resolución sanción, la UGPP enviará
un requerimiento para declarar o corregir o un pliego de cargos, los cuales deberán ser respondidos por el
aportante dentro de los tres (3) meses siguientes a su notificación. Si el aportante no admite la propuesta
efectuada en el requerimiento para declarar o corregir o en el pliego de cargos, la UGPP procederá a
proferir la respectiva liquidación oficial o la resolución sanción, dentro de los seis (6) meses siguientes, si
hay mérito para ello».
19
Entre otras, sentencia del 19 de junio del 2025 (exp. 28871, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello)
20
Reitera las sentencias del 21 de octubre de 2021 (exp. 24673, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez), del 07 de septiembre de 2023
(exp. 27076, CP. Milton Chaves García) y del 08 de febrero de 2024 (exp. 27904, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto)
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En torno a esa norma, la Sección precisó en las referidas providencias y ahora reitera
que «la liquidación oficial debe emitirse [expedirse y notificarse] en el término legal [seis meses], una vez
transcurrido en su totalidad el término para que el administrado responda el requerimiento, en aras de
preservar el derecho de réplica de este, así como la integridad de los términos con que cuenta la
administración para emitir los actos liquidatorios».
Por lo demás, como lo ha expresado la Sala, tal interpretación «se acompasa con el artículo
710 del ET, según el cual, la administración deberá practicar la liquidación oficial de revisión dentro de los
seis (6) meses siguientes al vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial, sin que
este se vea alterado por hacerse de manera previa»21.
En el caso, como la administración notificó a la aportante el requerimiento para declarar
y/o corregir el 14 de diciembre de 2015, el plazo de tres meses para responderlo venció
el 14 de marzo de 2016 y, por contera, los seis meses de que trata el artículo 180 de la
Ley 1607 de 2012 para que la administración profiriera y notificara la liquidación oficial
corrieron entre el 15 de marzo del 2016 y el 15 de septiembre del mismo año. Por ende,
cuando la administración notificó a la demandante tal acto oficial el 13 de septiembre de
2016 -aspecto no discutido-, no había perdido competencia temporal para el efecto y, por
tanto, no le asiste razón a la recurrente22. No prospera el cargo.
En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.
Conclusión
3- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece que en el caso la liquidación oficial
fue notificada a la demandante oportunamente dentro de los seis meses establecidos en
el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 contados desde el vencimiento del plazo para
responder el requerimiento para declarar y/o corregir.
Costas
4- Acorde con la posición actual y mayoritaria de la Sección fijada en la sentencia del 23
de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP. Wilson Ramos Girón), con fundamento en los
artículos 188 del CPACA y 361 ss. del CGP, se condenará en costas -agencias en derecho-
en esta instancia a la parte demandante, en la medida en que se confirma la providencia
apelada y hubo una parte vencida en el proceso. Así, se fijarán como agencias en derecho
en esta instancia el equivalente a un smlmv al momento de la ejecutoria de la providencia.
Por lo tanto, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación de la
condena en costas, conforme con las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. En consecuencia,
ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la
parte motiva de esta sentencia.
21
Sentencia del 03 de octubre de 2024 (exp. 27952, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto)
22
Por lo demás, el dicho de paso en la resolución de reconsideración en cuanto a que el término de seis meses vencía el 15 de
octubre del 2016, no incide en la legalidad de los actos, máxime que las partes coinciden en que la notificación de la liquidación oficial
ocurrió el 13 de septiembre de 2016.
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5
Radicado: 05001-23-33-000-2018-00411-01 (29887)
Demandante: C&F International SAS
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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