Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2003-01807-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2003-01807-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2003-01807-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001-23-31-000-2003-01807-01
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Actora: ASOCIACIÓN CASAS Y URBANIZACIONES LA ROCA
TESIS: RECURSO DE APELACIÓN CARECE DE SUSTENTO
ARGUMENTATIVO. SE CONFIRMA SENTENCIA RECURRIDA.
REITERACION JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto
por el apoderado de la ASOCIACIÓN CASAS Y
URBANIZACIONES LA ROCA, en adelante la parte demandante,
contra la sentencia de 22 de septiembre de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró no probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por activa y denegó
las súplicas de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1. La parte demandante por medio de apoderado judicial y en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
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prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en
adelante CCA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y
condenas:
1ª. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a) La Resolución núm. 10340 de 18 de junio de 2002, “Por
medio de la cual se cancela una personería jurídica”, expedida por
el Gobernador de Antioquia.
b) La Resolución núm. 15813 de 20 de noviembre de 2002,
“Por medio de la cual se resuelve un recurso”, expedida por el
Gobernador de Antioquia, en el sentido de confirmar la decisión
recurrida.
2ª. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se condene al departamento de
Antioquia:
i) por la suma de $4.045.360.000, bajo el concepto de
daño emergente, “[…] por el excedente social dejado de
percibir con la NO realización […]” de los proyectos de
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vivienda Villas del Edén, Cerro los Olivos, Luis Eduardo
Rendón, San Javier del Portal y Trapiche Núcleo II;
ii) al pago de 1.000 salarios mínimos legales mensuales
legales vigentes, bajo el concepto de daño moral, “[…]
por las injurias oficializadas en el acto administrativo
Resolución Nro. 15813 […]”;
iii) a pagar al señor Carlos Mario Valencia Álvarez, Gerente
General Suplente y representante legal de la parte
demandante, la suma de $674.199.690 “[…] por
concepto de comisiones de éxito correspondientes al
16.66% del valor del excedente social, que le
corresponde de los proyectos frustrados por la
intervención del señor Gobernador de Antioquia, al
cancelar la personería jurídica de la ASOCIACIÓN CASAS
Y URBANIZACIONES LA ROCA e impedir desarrollar los
proyectos de vivienda que se relacionan […]”; y
iv) en costas y agencias en derecho.
I.2. La parte demandante fundó la demanda en los siguientes
hechos, que se sintetizan, así:
1º. Indicó que mediante la Resolución núm. 10340 de 18 de junio
de 2002, el Gobernador de Antioquia le canceló la personería
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jurídica, decisión que fue confirmada por medio de la Resolución
núm. 15813 de 20 de noviembre de 2002.
2º. Afirmó que, a su juicio, en los actos demandados el Gobernador
de Antioquia se extralimitó en su competencia al invocar en la
decisión de cancelación de la personería jurídica causales no
previstas en el artículo 7° del Decreto 1529 de 12 de junio de
19901, “Por el cual se reglamenta el reconocimiento y
cancelación de personerías jurídicas de asociaciones o
corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad
común, en los departamentos”.
3º. Sostuvo que en el procedimiento administrativo no estuvo en
discusión si estaba desviando su objeto social, contrariando el
orden público, incurriendo en actividades delictivas o atentando
contra las buenas costumbres, argumentos que, en su concepto,
utilizó el Gobernador de Antioquia para motivar los actos
cuestionados por el hecho de no haber facilitado al funcionario el
acceso a las instalaciones de la Asociación y a los documentos
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“[…] Artículo 7° Cancelación de la personería jurídica. El Gobernador del Departamento podrá
cancelar, de oficio o a petición de cualquier persona, la personería jurídica de las asociaciones o
corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común, o la inscripción de sus dignatarios,
incluyendo la del representante legal, además de los casos previstos en la ley, cuando sus actividades
se desvíen del objetivo de sus estatutos, o sean contrarias al orden público, a las leyes o a las buenas
costumbres.
La solicitud de cancelación de la personería jurídica se dirigirá al Gobernador acreditando la prueba de
configuración de la causal invocada y formulando los hechos y los fundamentos legales. Con la firma
de la solicitud se entenderá que la queja se presenta bajo la gravedad del juramento […]”.
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solicitados en los requerimientos efectuados en el transcurso de la
investigación para realizar la evaluación administrativa y contable.
4º. Señaló que en la actuación administrativa no fueron atendidas
las pruebas presentadas ni los argumentos esbozados en su
defensa, lo que, a su juicio, configuró abuso de autoridad y
desviación de poder, la que se evidenciaba de la simple lectura de
las resoluciones demandadas.
5º. Finalmente, manifestó que los actos cuestionados le causaron
graves perjuicios materiales, tales como daño emergente y lucro
cesante, así como perjuicios inmateriales, como daño moral y
pérdida del buen nombre.
I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte demandante adujo la
violación de los artículos 29 y 238 de la Constitución Política; 35,
59, 85, 152, 165 y 169 del Código Contencioso Administrativo; 7°
del Decreto 1529 de 1990; y los Decretos 2649 de 1993 y 2150 de
1995.
Señaló que los actos demandados incurrieron en falsa motivación,
violación del derecho al debido proceso, vulneración del principio de
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presunción de inocencia y desconocimiento del material probatorio
allegado.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El departamento de Antioquia, en adelante la parte demandada,
mediante apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, para lo cual, en síntesis, adujo:
Que el Gobernador de Antioquia canceló la personería jurídica de la
parte demandante con fundamento en la norma que regula las
entidades sin ánimo de lucro, especialmente, el artículo 7° del
Decreto 1529 de 1990.
Que el cargo formulado a la parte demandante en la actuación
administrativa consistió en no llevar la contabilidad, conforme a las
normas y principios generales establecidos en el Decreto 2649 de
1993 y en el Código de Comercio.
Que el perito contable designado para la investigación encontró que
los documentos aportados no reunían los requisitos exigidos en las
normas contables para ser considerados como soportes.
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Que en el proceso administrativo las pruebas aportadas por la parte
demandante fueron debidamente valoradas, con respeto por el
derecho fundamental al debido proceso, en observancia del cual,
además, se le otorgaron las oportunidades para ejercer su defensa y
contradicción y se practicaron las notificaciones de las decisiones en
debida forma, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 35 y 59
del CCA.
Que las pruebas fueron contundentes, claras y respaldan la
motivación de los actos controvertidos, en los cuales se advirtió que
la parte demandante no presentó los soportes legales para respaldar
cada una de las transacciones realizadas en los libros contables.
Que una de las pruebas recaudadas, esto es el acta de la Asamblea
General ordinaria de asociados, acreditó que el contador de la
ASOCIACIÓN CASAS Y URBANIZACIONES LA ROCA había certificado
que no era posible presentar informe sobre el estado de pérdidas y
ganancias comoquiera que dicha asociación no contaba con los
soportes de los ingresos.
Además de lo expuesto, formuló como excepción la falta de
legitimación en la causa por activa, que sustentó con los artículos
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151 y 166 de la Ley 222 de 19952, “Por la cual se modifica el
Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen
de procesos concursales y se dictan otras disposiciones”.
Para tal efecto, indicó que el señor Carlos Mario Valencia Álvarez no
podía otorgar poder para instaurar la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho de la referencia, toda vez que, como
resultado del trámite liquidatorio de la ASOCIACIÓN CASAS Y
URBANIZACIONES LA ROCA, sus funciones como Gerente General
Suplente y representante legal estaban suspendidas, circunstancia
que le impedía reclamar perjuicios por la cancelación de la personería
jurídica de la misma, teniendo en cuenta que la decisión
administrativa afectó única y exclusivamente a la persona jurídica y
no a los miembros de ella.
2
“[…] ARTICULO 151. APERTURA. La apertura del trámite liquidatorio implica:
1. La separación de los administradores de la entidad deudora, en los casos previstos en la presente
Ley. 2. La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo.
La apertura del trámite liquidatorio del deudor solidario, no conllevará la exigibilidad de las
obligaciones solidarias respecto de los otros codeudores. 3. La disolución de la persona jurídica, en tal
caso para todos los efectos legales, ésta deberá anunciarse siempre con la expresión "en liquidación
obligatoria", salvo que dentro del trámite se pacte su continuación, caso en el cual tal medida queda
sin efecto.
[…]
ARTICULO 166. FUNCIONES DEL LIQUIDADOR. El Liquidador tendrá la representación legal de la
entidad deudora y como tal desempeñará las funciones que adelante se le asignan, y en ejercicio de
ellas deberá concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la apertura del trámite y en
especial las siguientes:
1. Ejecutar todos los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación del
patrimonio rápida y progresiva. 2. Gestionar el recaudo de los dineros y la recuperación de los bienes
que por cualquier circunstancia deban ingresar al activo a liquidar, incluso los que correspondan a
capital suscrito y no pagado en su integridad, así como las prestaciones accesorias y las aportaciones
suplementarias. Igualmente, exigir de acuerdo al tipo societario las obligaciones que correspondan a
los socios. 3. Elaborar el inventario de los activos que conforman el patrimonio a liquidar, el cual
deberá presentar a la Superintendencia de Sociedades, dentro de los treinta días siguientes a la
aceptación del cargo […]”.
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También invocó las excepciones de “inexistencia de la obligación” y
“genérica” del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 22 de septiembre de 2014, el Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró no probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por activa, alegada por la parte
demandada, y denegó las súplicas de la demanda, con fundamento
en lo siguiente:
En primer lugar, respecto de la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa, señaló:
“[…] no tiene vocación de prosperidad porque para la época en
que se decretó la cancelación de la personería jurídica el citado
señor fungía como representante legal suplente y por ello podía
perfectamente pedir la nulidad de tales actos administrativos.
Ahora, lo relacionado con el derecho o no a pedir perjuicios, no
tiene que hacer parte del estudio de la excepción, máxime que
ello solo se procede a examinar, en el evento de que las
pretensiones de la demanda prosperen y sea necesario resolver
el restablecimiento del derecho […]”.
En segundo lugar, reseñó la totalidad de las pruebas aportadas al
expediente y practicadas en el proceso, dentro de las que destacó:
i) el dictamen pericial; ii) la respuesta de la Junta Nacional de
Contadores al exhorto núm. 281; iii) la respuesta enviada por la
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DIAN al requerimiento sobre las declaraciones de renta presentadas
por la parte demandante; y iv) el testimonio de León Darío Zapata
Cossio y el interrogatorio de parte del señor Carlos Mario Valencia
Álvarez.
En tercer lugar, expuso el marco normativo y jurisprudencial que
resultaba aplicable a la controversia, haciendo énfasis en el derecho
al debido proceso y las garantías que deben observarse en el
desarrollo de las actuaciones administrativas.
En cuarto lugar, con fundamento en el expediente administrativo,
resumió el procedimiento que se surtió en contra de la parte
demandante y extractó algunos apartes de los actos cuestionados.
En quinto y último lugar, analizó el caso concreto, así:
“[…] La parte actora aduce vulneración al debido proceso
porque no se le permitió ejercer el derecho de defensa ni
contradecir los argumentos que presentaron, hecho que no es
cierto según el análisis que se acaba de hacer, existió una
motivación acorde con la realidad de los hechos, porque desde
sus inicios se solicitó insistentemente la documentación de la
Asociación y no fue enviada en forma completa, ni entregada a
los funcionarios comisionados, aduciendo múltiples excusas
para entregarla cuando ya se había proferido la resolución que
cancelaba la personería jurídica, sin lograr desvirtuar los cargos
que se les imputaron.
Se aduce desviación de poder por parte del Gobernador,
basado en el interés que este funcionario tenía en la
Corporación Antioquia Presente, quien adelantaba para la
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época una negociación de un terreno con la Asociación, que al
final no se concretó, sin que para la Sala exista relación, por
cuanto en primer lugar el problema que dio lugar a la
cancelación de la personería jurídica fueron las irregularidades
en el manejo contable y financiero de la Asociación y segundo,
ninguna intervención tuvo este funcionario en el negocio
jurídico citado y la decisión estuvo a cargo del Comité
Financiero de esa Corporación.
No encuentra la Sala vulneración al debido proceso en lo
concerniente a la competencia del Gobernador para expedir los
actos impugnados, máxime que el Decreto 1529 de 1990,
determina que puede cancelar de oficio o a petición de parte la
personería jurídica de las instituciones de utilidad común, o la
inscripción de sus dignatarios, incluyendo la del representante
legal, cuando sus actividades se desvíen del objetivo de sus
estatutos, o sean contrarias al orden público, las leyes o las
buenas costumbres.
Por su parte los cánones 8º, 9º, 10, 11, 12 y 13 ibídem
contemplan el procedimiento para la cancelación de dicha
personería, el cual debe ser notificado a su representante legal,
decretando periodo probatorio y tomando las decisiones dentro
del término que allí se consagra, trámite que se cumplió en
esta oportunidad […]”.
En ese orden de ideas, concluyó que la parte demandante no logró
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos controvertidos, en
relación con los puntos de derecho sobre los cuales se fijó el litigio,
esto es, la vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa,
la falsa motivación y la desviación de poder.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
En el escrito contentivo del recurso de apelación el apoderado de la
parte demandante manifestó:
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“[…] Apelo la mal llamada sentencia -304-015. a partir de la
inexistencia de la misma, inexistencia confesada al intentar
construir y aparentar notificar una sentencia; logrando
técnicamente, tan, solo concretar la integración de la litis en
forma procesalmente plena; circunstancia a la que intitulo
FALLA, usando su poder para decir:
«1°.- SE DECLARA NO PROBADA LA EXCEPCION DE
FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA»
El título colocado a lo no realizado contiene precisamente lo
que nos permite a los ciudadanos Colombianos acudir ante el
poder judicial en busca de remedio para los grandes males que
se le causan a la ciudadanía en y como consecuencia de
actuaciones de apariencia legal pero que cuando se necesitan
intitular solo se les puede conceptualizar como “FALLA”, y
falla porque a este tribunal la integración de la Litis le llevó
algo mas de diez años, lo que me permite aseverar sin temor a
equivocarme que acometer el conocimiento de la situación
FÁCTICA, que me llevó hasta el ente judicial llevara el doble
porque una vez integrada la Litis, se hará el desarrollo de las
actuaciones en las cuales es más que evidente el asesinato
acontecido como una ejecución del ejercicio de poder del
Gobernador de Antioquia, el mismo que aparentando un
hacer legal en forma ilegitima construyó como arma un acto
administrativo desde el cual logró causar un daño exponencial
que se mantiene en el tiempo hasta tanto no se desarrolle
como técnicamente corresponde LA ACCIÓN DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A LA PERSONA
JURÍDICA ASOCIACIÓN CASAS Y URBANIZACIONES LA
ROCA; súplica procesal presentada en la forma y en el
momento en el cual nuestra estructura normativa lo exige,
pero se me ha comunicado como el poder jurisdiccional no ha
realizado el “PROCESO”, porque notifica como sentencia la
integración del fenómeno litigioso resolviendo una actuación de
la parte demandada, ejecutora de las conductas nocivas que
continúan acreciendo el daño en detrimento de la construcción
como acción de nuestro Estado Nación. La conceptualización de
la integración de la Litis, la misma que pretende notificar la
sentencia le llevó a nuestra estructura de poder judicial mas de
cuatro mil (4.000) días […]”. (Énfasis del texto original).
Además de lo anterior: i) reiteró la situación fáctica planteada en la
demanda; ii) pidió la revocatoria de la sentencia de 22 de
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septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en el proceso de la referencia; y, finalmente, iii) solicitó:
“[…] se admitan como pruebas, las que contienen los hechos que
hoy cursan como evidencia en otros escenarios judiciales, por lo
que ruego se pidan como pruebas trasladadas […] ampliación del
plazo para el desarrollo del trabajo logístico que se requiere, para
compilar la evidencia de lo rogado como acción, pruebas todas que
obran en el municipio de Bello, en la oficina de registro de
instrumentos públicos, en la Fiscalía General de la Nación, en la
inspección quinta de Bello y en la rama judicial Juzgados Civiles del
Circuito […]”.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
En esta etapa procesal las partes y el Ministerio Público guardaron
silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
El objeto del presente proceso recae sobre la legalidad de las
resoluciones números 10340 de 18 de junio de 2002 y 15813 de 20
de noviembre de 2002, mediante las cuales se canceló la personería
jurídica de la parte demandante y se confirmó tal decisión,
respectivamente.
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Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, con base en los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, es procedente revocar la
sentencia de 22 de septiembre de 2014, mediante la cual el a quo
declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa, alegada por la parte demandada, y denegó las súplicas
de la demanda.
De la falta de sustentación del recurso de apelación
A partir de la interpretación del artículo 320 del Código General del
Proceso3 y del artículo 212 del Código Contencioso Administrativo4,
esta Sección de forma reiterada5 ha sostenido que quien interpone
3
Aplicable de forma plena en la jurisdicción de lo contencioso administrativo a partir del 1° de enero
de 2014, en virtud de lo decidido en el auto de 25 de junio de 2014, proferido por la Sala Plena de
esta Corporación en el proceso identificado con el numero único de radicación 25000-23-36-000-
2012-00395-01(49299.
4
“[…] ARTICULO 212. APELACION DE LAS SENTENCIAS. El recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia se interpondrá y sustentará ante el a quo. Una vez sustentado el recurso, se
enviará al superior para su admisión. Si el recurso no es sustentado oportunamente, se declarará
desierto por el inferior. El término para interponer y sustentar la apelación será de 10 días, contados
a partir de la notificación de la sentencia. Recibido el expediente por el superior y efectuado el
reparto, el recurso, si reúne los requisitos legales, será admitido mediante auto que se notificará
personalmente al Ministerio Público y por estado a las otras partes. Las partes, dentro del término de
ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir pruebas, que solo se decretarán en los casos
previstos en el artículo 214 de Código Contencioso Administrativo. Para practicarlas se fijará un
término hasta de diez (10) días. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso o vencido el término
probatorio, se ordenará correr traslado a las partes por el término común de diez (10) días para
alegar de conclusión y se dispondrá que vencido este, se dé traslado del expediente al Ministerio
Público, para que emita su concepto. Vencido este término se enviará el expediente al ponente para
que elabore el proyecto de sentencia. Este se debe registrar dentro del término de treinta (30) días y
la Sala o Sección tendrá quince (15) días para fallar. Se ordenará devolver el expediente al tribunal
de origen para obedecimiento y cumplimiento […]”.
5
Además de las sentencias que adelante se citarán, se pueden consultar, entre otras, las siguientes:
Sentencia de 7 de junio de 2012, radicación número: 73001-23-31-000-2007-00153-01, Consejera
ponente: María Elizabeth García González; y, Sentencia de 8 de agosto de 2013, radicación número:
25000-23-24-000-2004-90693-01, Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso.
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un recurso de apelación contra una sentencia debe sustentar los
reparos concretos de su inconformidad contra la providencia
recurrida.
La carga argumentativa que exige el recurso de apelación no se
suple con transcribir los razonamientos previamente expuestos al
interior del proceso, es necesario que el interesado exprese de
forma concreta las razones de su inconformidad con la providencia
recurrida, dado que es a partir de estas que será fijado el ámbito de
competencia del juez de segunda instancia.
Sobre este aspecto, en sentencia de 3 de julio de 20146, esta
Sección señaló:
“[...] 7.1.1.- Estudiados los argumentos que contiene el
recurso de apelación, se advierte que estos no se encuentran
dirigidos a controvertir el fallo de primera instancia sino a
reiterar los argumentos expuestos en la demanda, lo que
conduce indefectiblemente a confirmar la decisión del Tribunal,
toda vez que la alzada no tiene la suficiencia argumentativa
que permita vislumbrar algún yerro en el que haya incurrido
el a quo.
7.1.2.- En efecto, la sociedad apelante dedicó sus esfuerzos en
reiterar uno por uno los cargos, hechos y decires expuestos en
el líbelo introductorio del proceso. Fue en la oportunidad para
alegar de conclusión que se refirió en concreto en los posibles
errores argumentativos e interpretativos en que pudo incurrir
el Tribunal al expedir el fallo impugnado. No obstante,
conforme se pasará a explicar enseguida, no era esa la fase del
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de julio
2014, CP Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 25000-23-24-000-2004-00228-01.
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proceso idónea para controvertir la decisión de primera
instancia.
7.1.3.- Según se desprende del artículo 350 del C. P. C. al que
se acude por remisión expresa del artículo 267 del C. C. A., el
recurso de apelación tiene por objeto “que el superior estudie
la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la
revoque o reforme”. Por otra parte, el artículo 212 del C. C. A.
modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 de 12 de julio de
2010, impone a quien haga uso del recurso que sustente el
mismo, esto es, que exponga las razones de su inconformidad
con la decisión de primera instancia.
7.1.4.- Bajo los parámetros normativos aludidos, resulta fácil
concluir que el recurso de apelación se encuentra establecido
para que el afectado con una decisión judicial le formule
reparos, inconformidades o cuestionamientos, lo que conlleva a
que la parte que lo interponga dirija su sustentación a esos
aspectos […]”.
Dicha posición fue reiterada, en sentencia de 30 de junio de 20167,
así:
“[…] Para el caso sub judice, luego de confrontar los
argumentos expresados por el apoderado de la sociedad
demandante, la Sala observa que los argumentos contenidos
en el recurso de apelación, son exactamente los mismos
argumentos esgrimidos en el texto de la demanda sin
diferencia alguna salvo en el orden en que fueron relacionados
por el apoderado de la demandante, pero en todo caso lo
cierto es que no formuló ningún reproche, cuestionamiento,
reparo o inconformidad respecto de los argumentos esgrimidos
en la sentencia de primera instancia, con fundamento en los
cuales se adoptaron las decisiones cuestionadas.
Cotejado el escrito de la apelación, la Sala encuentra que se
está ante el mismo supuesto fáctico del fallo que se está
reiterando del pasado 16 de junio, en el que se dijo lo
siguiente:
[…]
En efecto, comparados minuciosamente cada uno de los
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio
2016, CP María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 25000-23-24-000-2011-00171-01.
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Número único de radicación: 05001-23-31-000-2003-01807-01
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párrafos del escrito de apelación, se verificó que corresponden
de forma idéntica a los del escrito de la demanda, por tanto
quedó acreditado que el apoderado de la demandante no
expresó manifestación de inconformidad alguna respecto de
las razones por las cuales, el a quo declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR, menos aún controvirtió o manifestó su
oposición por la decisión de la primera instancia de inhibirse de
pronunciar sobre la violación de varias disposiciones legales
invocadas como vulneradas, al advertir que carecían de
fundamentación respecto del concepto de la violación [...]”
De igual forma, en sentencia de 20 de enero de 20208, esta Sala
sostuvo:
“[…] En aplicación a lo anterior, en el sub lite la Sala encuentra
que el recurso de apelación objeto de este pronunciamiento se
encuentra desprovisto de una real sustentación, pues la parte
actora no aduce argumento alguno dirigido a atacar la decisión
de instancia que dispuso negar las pretensiones de la
demanda, en el entendido consistente en que “la demanda
adolece de serios reparos de carácter técnico, como quiera que
su sustentación resulta impertinente, habida cuenta la absoluta
desconexión del principio citado como violado y el hecho que
sustenta la infracción”.
En efecto, si el objeto del recurso de apelación es que el
superior analice la decisión adoptada en la sentencia objeto de
alzada, resulta imperioso que el recurrente exponga las
razones por las cuales no comparte las consideraciones que se
tuvieron en cuenta en dicho momento.
Así pues, no cabe duda que el memorial contentivo de la
impugnación carece de las razones y argumentos por los cuales
se considera que la decisión del Tribunal de instancia es
equivocada y que se debe declarar la nulidad de los actos
acusados, incumpliendo de esta forma la carga procesal que en
este escenario le corresponde como apelante […]”.
Cabe resaltar que dicho criterio, relacionado con la carencia
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
enero de 2020 , CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 25000-23-25-000-
2012-90514-01.
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argumentativa del recurso de apelación, también ha sido
ampliamente acogido en múltiples providencias proferidas por las
demás secciones de esta Corporación, entre otras, en las recientes
sentencias de 6 de noviembre9, 20 de noviembre10 y 1o. de
diciembre de 202511.
Así las cosas, cuando el recurrente no controvierte los argumentos
en que se sustentó la providencia objeto de apelación o cuando no
son claros los motivos de oposición expuestos en el recurso frente a
lo sostenido por el a quo, corresponde al juez confirmar la decisión
de primera instancia.
La Sala reitera que al juez en cada instancia le está vedado
pronunciarse sobre cuestiones o asuntos de fondo que no fueron
objeto del debate procesal, toda vez que su competencia está
circunscrita al ámbito del proceso.
Precisado lo anterior y una vez analizado el recurso de apelación
transcrito y resumido en el acápite “III. FUNDAMENTOS DEL
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, magistrado ponente
Wilson Ramos Giron, expediente 05001-23-33-000-2018-00411-01.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”,
magistrado ponente Juan Enrique Bedoya Escobar, expediente 25000-23-42-000-2020-00972-01.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”,
magistrado ponente Diego Enrique Franco Victoria, expediente 08001-23-33-000-2015-00747-01.
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RECURSO DE APELACIÓN” de la presente providencia, la Sala
advierte que la recurrente manifiesta estar en desacuerdo con la
decisión de primera instancia sin exponer argumento alguno en
concreto que controvierta los fundamentos jurídicos, probatorios y
jurisprudenciales que soportaron el fallo apelado.
En efecto, en el recurso de apelación la recurrente se limita a hacer
afirmaciones genéricas y abstractas carentes de sustento y
coherencia jurídica y a reprochar el tiempo que se tomó el a quo
para proferir el fallo, sin que en parte alguna se haya referido a los
argumentos que sirvieron de fundamento para denegar las súplicas
de la demanda, circunstancia esta que le impide a la Sala, como
juez de segunda instancia, emitir pronunciamiento alguno al
respecto.
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que en el recurso de
apelación la parte demandante: i) reiteró la situación fáctica que
planteó en la demanda; ii) solicitó que se admitiera como prueba
“trasladada”, en segunda instancia, la “evidencia de otros
escenarios judiciales”, petición que el Despacho sustanciador
denegó mediante auto de 5 de abril de 2019 (folios 7 y 8 del
cuaderno de segunda instancia) por no encontrar acreditado los
presupuestos del artículo 214 del CCA y, además, por falta de
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precisión en la solicitud; y, iii) no controvirtió los argumentos que
el Tribunal Administrativo de Antioquia expuso en la sentencia de
22 de septiembre de 2014, proferida dentro del radicado de la
referencia, la Sala considera que la alzada carece de aptitud
sustancial, de ahí que deba confirmarse el fallo de primer grado,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Ahora, en lo que respecta a las costas, se tiene que de conformidad
con lo previsto en el artículo 17112 del CCA, no hay lugar a
condenar en costas, por cuanto en este asunto no se aprecia por la
Sala que el apelante haya actuado de manera temeraria ni de mala
fe, razones más que suficientes para aplicar, de acuerdo con lo
estatuido en este trámite procesal, el criterio subjetivo13 que
impone que se acredite la conducta de las partes para su fijación.
Finalmente, se tendrá al doctor Carlos Eduardo Bermúdez
Sanchez como apoderado de la Gobernación de Antioquia, de
conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en los
folios 16 a 18 del cuaderno físico núm. 3.
12
ARTÍCULO 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998. Condena en costas. En todos los
procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por
las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos
del Código de Procedimiento Civil.
13
Esa valoración estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad
durante el proceso.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de septiembre de
2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa, alegada por la parte demandada, y denegó las súplicas
de la demanda.
SEGUNDO: No CONDENAR en costas en esta instancia, por los
motivos expuestos.
TERCERO: Tener al doctor Carlos Eduardo Bermúdez Sanchez
como apoderado de la Gobernación de Antioquia, de
conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en los
folios 16 a 18 del cuaderno físico núm. 3.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de febrero de
2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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