Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2019-00022-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2019-00022-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 85001-23-33-000-2019-00022-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00022-01
Demandante: Corporación Nacional de Desarrollo
Demandado: Contraloría General de la República
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Responsabilidad fiscal. Principio de planeación en materia
contractual. Cesión de la posición contractual. Concurrencia de
culpas en la producción del daño. Solidaridad de la condena.
Decisión: Confirma el fallo de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Corporación Nacional de
Desarrollo1 en contra de la sentencia de 13 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda2
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo3, CONADE, por conducto de apoderado judicial, demandó a la Contraloría
General de la República, con el objeto de que se accediera a las siguientes pretensiones4:
PRIMERA: Se declare la nulidad del Auto No. 1082 del 26 de julio de 2018, proferido por
la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y suscrito por el señor Contralor
Delegado Intersectorial No. 12, Grupo para el Conocimiento y Trámite del Proceso de
Responsabilidad Fiscal Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción,
mediante el cual se falló con responsabilidad fiscal en contra de mi representada dentro del
proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. PRF-2014-02601 UCC-PRF-085-2013.
SEGUNDA: Que, consecuentemente, es nulo el Auto No. 1166 del 22 de agosto de 2018,
por medio del cual se resolvió el recurso de reposición instaurado contra el fallo No. 1082
1 En adelante CONADE.
2 La demanda fue admitida mediante auto de 21 de marzo de 2019. Índice 22 del aplicativo Samai.
Documento: CUADERNO TRIBUNAL 03(.pdf). Folio 508.
3 En adelante CPACA.
4 Demanda obrante a folios 1 a 29. Índice 22 del aplicativo Samai. Documento: CUADERNO TRIBUNAL
01(.pdf).
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00022-01
Demandante: Corporación Nacional de Desarrollo
Demandado: Contraloría General de la República
del 26 de julio de 2018, expedido por el Contralor Delegado Intersectorial No. 12 del Grupo
para el Conocimiento y Trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
TERCERA: Así mismo, es nulo el Auto ORD-80112-0202-2018 del 30 de agosto de 2018,
que resolvió el grado de consulta y el recurso de apelación presentado dentro del proceso
de responsabilidad fiscal, expedido por el Contralor General de la República.
CUARTA: Se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso de cobro coactivo o
jurídico adelantado por la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva, con ocasión de la sanción patrimonial impuesta a mi representada
por el valor de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($3.347.598.634,50), en solidaridad con otros presuntos responsables
fiscales, dentro del fallo de responsabilidad fiscal proferido por la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA mediante Auto No. 1082 del 26 de julio de 2018.
QUINTA: Que, como consecuencia de las declaraciones y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la entidad demandada, CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, dejar sin ningún efecto jurídico el proceso de responsabilidad fiscal No. UCC-
PRF-085-2013 adelantado en contra de mi representada y atacado mediante la presente
demanda.
SEXTA: Que, como consecuencia de las declaraciones y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene revocar la sanción patrimonial impuesta a mi representada por el valor
de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($3.347.598.634,50), en solidaridad con otros presuntos responsables
fiscales, dentro del fallo de responsabilidad fiscal proferido por la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA mediante Auto No. 1082 del 26 de julio de 2018.
SÉPTIMA: Que, como consecuencia de las declaraciones y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva eliminar el registro realizado de mi representada en el Boletín de
Responsables Fiscales.
OCTAVA: Que, como consecuencia de las declaraciones y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la Procuraduría General de la Nación eliminar el registro realizado de
mi representada en los antecedentes disciplinarios de dicha entidad.
NOVENA: Que se condene a las costas y agencias en derecho que ocasione el presente
procedimiento, a favor de la poderdante y a cargo de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA.
1.2. Los actos demandados
Auto núm. 1082 del 26 de julio de 2018, mediante el cual la Contraloría General de la
República dictó fallo de primera instancia dentro del proceso de responsabilidad fiscal
No. PRF-2014-02601 / UCC-PRF-085-2013, en los siguientes términos:
PRIMERO: Fallar con Responsabilidad Fiscal, en forma solidaria, en cuantía de TRES MIL
TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
M/cte. ($3.347.598.634,50), INDEXADO al 30 de junio de 2018, de conformidad con lo
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expuesto en la parte motiva de la presente decisión, de conformidad con el artículo 53 de
la Ley 610 de 2000, en contra de:
• JHON MILLER DOMÍNGUEZ LIÉVANO, […] Gerente de las Empresas Públicas de
Recetor S.A.S. E.S.P., para la época de ocurrencia de los hechos.
• MARIA VICTORIA MORA FONSECA, […] en su calidad de representante legal de la
EMPRESA COOPERATIVA PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ENTIDADES
TERRITORIALES “EMCOOP LTDA.”, identificada con Nit. 820.004.352-0, integrante de la
Unión Temporal NUEVO DESARROLLO URBANO DE RECETOR UNO, contratista
cedente del contrato de obra EPRO 008 de 2010 para la época de ocurrencia de los hechos.
• J.J. CONSTRUCTORES Y CIA. LTDA., […] integrante de la Unión Temporal NUEVO
DESARROLLO URBANO DE RECETOR UNO, contratista cedente del contrato de obra
EPRO 008 de 2010 para la época de ocurrencia de los hechos.
• CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ, […] miembro del Consorcio INGEPAZ, contratista
cedente (sic) del contrato de obra EPRO 008 de 2010 para la época de ocurrencia de los
hechos.
• MARTHA YORLENY JIMÉNEZ ARANGUREN, […] miembro del Consorcio INGEPAZ,
[…], contratista cedente (sic) del contrato de obra EPRO 008 de 2010 para la época de
ocurrencia de los hechos.
• DIEGO IGNACIO ARENAS, […] miembro del Consorcio D&A 079, Nit. 900.404.860-7,
contratista del contrato de consultoría No. 0257 de 2011 para la interventoría del contrato
de obra EPRO 008 de 2010 para la época de ocurrencia de los hechos. Respecto del hecho
generador del daño II) y III), de conformidad con las consideraciones.
• CONSTRUCCIONES DEICO LTDA., […] miembro del Consorcio D&A 079, Nit.
900.404.860-7, contratista del contrato de consultoría No. 0257 de 2011 para la
interventoría del contrato de obra EPRO 008 de 2010 para la época de ocurrencia de los
hechos. Respecto del hecho generador del daño II) y III), de conformidad con las
consideraciones.
• NIXON HILTON PACHECO VEGA, […] supervisor de la Secretaría de Obras Públicas de
la Gobernación de Casanare del Contrato de Consultoría No. 257 de 2011. Respecto del
hecho generador del daño II) y III), de conformidad con las consideraciones.
• CRISTIAN ANDRÉS ORTEGA, […] quien obró como supervisor del Contrato EPRO 0008-
2010. Respecto del hecho generador del daño II), de conformidad con las consideraciones.
• RODRIGO TADEO FLECHAS RAMÍREZ, […] en su condición de Director de Contratación
para la época de ocurrencia de los hechos, quien suscribió los convenios
interadministrativos No. 0067 y 0069 de fecha 04 de noviembre de 2010 y el contrato de
consultoría No. 0257 del 14 de febrero de 2011 en nombre y representación del
Departamento de Casanare. Respecto del hecho generador del daño I), II) y III), de
conformidad con las consideraciones.
• ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES, […] en condición de secretario de Obras
Públicas y Transporte del Departamento de Casanare para la época de ocurrencia de los
hechos, quien en virtud de lo señalado en la cláusula sexta de los convenios
interadministrativos No. 0067 y 0069 de 2010 ejercía la vigilancia y supervisión de dichos
acuerdos contractuales y quien revisó y avaló los estudios previos a la celebración de dichos
convenios. Respecto del hecho generador del daño I) y II), de conformidad con las
consideraciones.
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• HELBERT HERIBERT NIÑO REYES, […] quien se desempeñó como Gerente de
Empresas Públicas de Recetor S.A.S. E.S.P. para la época de ocurrencia de los hechos y,
en esa condición, certificó que los estudios y diseños de la construcción del acueducto para
el buen desarrollo urbano del municipio de Recetor, propiedad del municipio, una vez
revisados técnica, financiera, ambiental y económicamente eran viables y cumplían con las
normas técnicas legales vigentes, normas RAS 200, lo cual beneficiaría a la comunidad
objeto del proyecto. Respecto del hecho generador del daño I) y II), de conformidad con las
consideraciones […].
Auto núm. 1166 del 22 de agosto de 2018, mediante el cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra el anterior fallo con responsabilidad fiscal, así:
PRIMERO: NO REPONER la decisión adoptada en el Fallo No. 1082 del 26 de julio de
2018, de acuerdo con las razones expuestas en el presente proveído.
SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por los doctores: Germán
Soto Díaz, apoderado de confianza del señor Jhon Miller Domínguez y de Nixon Hilton
Pacheco Vega; Javier Alirio Medina, apoderado de confianza de la señora María Victoria
Mora Fonseca y apoderado de J.J. Construcciones y Cía. Ltda.; Andrés Sierra Amazo,
apoderado de confianza de la Corporación Huellas de Paz; Martha Yorleny Jiménez
Aranguren; Melany Daniela Castañeda Villamil, defensora de oficio de Cristian Andrés
Ortega y María del Alma Cerchiaro Monsalve, defensora de oficio de Armando Alfredo
Vargas Fuentes; Lucas Abril Lemus, apoderado de confianza de Diego Ignacio Arenas;
María Angélica Ramírez Arciniegas, apoderada de confianza de Construcciones Deico Ltda
[…].
Auto ORD-80112-0202-2018 del 30 de agosto de 2018, mediante el cual el Contralor
General de la República resolvió el grado jurisdiccional de consulta y los recursos de
apelación formulados contra la decisión de primera instancia, en los siguientes términos:
PRIMERO: REVOCAR EN GRADO DE CONSULTA el numeral octavo del artículo segundo
del Auto número 1082 de 26 de julio de 2018, en el sentido de Fallar con responsabilidad
fiscal […].
SEGUNDO: CONFIRMAR EN GRADO DE CONSULTA, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y
9 del artículo segundo del Auto No. 1082 de 26 de julio de 2018, por las cuales se falló con
responsabilidad fiscal, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal número UCC-PRF-
085-2013, con base en los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente
providencia.
TERCERO: CONFIRMAR EN GRADO DE CONSULTA, los numerales 9 y 11 del artículo
primero del Auto No. 1082 de 26 de julio de 2018, por los cuales se Falló con
Responsabilidad Fiscal y los responsables fueron representados por apoderado de oficio,
dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal número UCC-PRF-085-2013, con base en
los argumentos expuestos en la presente providencia.
CUARTO: CONFIRMAR EN SEDE DE APELACIÓN lo dispuesto en el Auto número 1082
de 26 de julio de 2018, proferido por el Contralor Delegado Intersectorial 12 de la Unidad
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, respecto del proceso de
responsabilidad fiscal número UCC-PRF-085-2013, con base en los argumentos expuestos
en la parte considerativa de la presente providencia […].
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1.3. Fundamentos de hecho
El 4 de noviembre de 2010, el departamento de Casanare y el municipio de Recetor
suscribieron los convenios interadministrativos núms. 0067 y 0069, cuyo objeto
correspondía, respectivamente, a la construcción del sistema de acueducto para el nuevo
desarrollo urbanístico del municipio y a la construcción de 54 sistemas individuales de
abastecimiento y potabilización de agua para uso humano en población dispersa del
sector rural.
El 3 de diciembre de 2010, el municipio de Recetor suscribió con Empresas Públicas de
Recetor S.A.S. E.S.P. los contratos interadministrativos núms. 809 y 810, mediante los
cuales se acordó la ejecución de las actividades previstas en los convenios antes
referidos.
A su vez, el 21 de diciembre de 2010, Empresas Públicas de Recetor S.A.S. E.S.P.
celebró el contrato de obra pública EPR-0008 con la Unión Temporal Nuevo Desarrollo
Urbano de Recetor Uno, integrada por EMCOOP Ltda. y J.J. Constructores y Cía. Ltda.,
por valor de $4.858’298.900, con el propósito de ejecutar las obras asociadas a los
referidos convenios.
El 23 de diciembre de 2010, se suscribió el acta de inicio del contrato de obra, cuya
ejecución fue suspendida en varias ocasiones por más de un año. El 14 de febrero de
2011, el departamento de Casanare contrató la interventoría técnica, administrativa,
financiera y ambiental de la obra, mediante contrato de consultoría núm. 0257 suscrito
con el Consorcio D&A 079, por valor de $325’774.618.
Durante la ejecución contractual se efectuaron desembolsos al contratista y,
posteriormente, mediante otrosí suscrito el 27 de julio de 2011, se modificó la forma de
pago inicialmente pactada en el contrato de obra.
El 28 de agosto de 2011, se celebró un negocio jurídico de cesión de derechos,
obligaciones y utilidades derivados del contrato de obra pública EPR-0008 entre la Unión
Temporal Nuevo Desarrollo Urbano de Recetor Uno y el Consorcio INGEPAZ,
conformado, entre otros, por la Corporación Huellas de Paz (hoy CONADE). Dicha cesión
fue autorizada por la contratante, Empresas Públicas de Recetor S.A.S. E.S.P., por lo
que el Consorcio INGEPAZ asumió la posición contractual correspondiente.
Durante una visita realizada el 1º de noviembre de 2012, la Contraloría General de la
República encontró que las obras asociadas a los convenios se encontraban inconclusas
y que parte de la infraestructura proyectada no había sido terminada ni puesta en
funcionamiento.
Con fundamento en esos hechos, mediante auto núm. 001443 de 4 de septiembre de
2013, la Contraloría General de la República ordenó la apertura del proceso de
responsabilidad fiscal núm. UCC-PRF-085-2013. Posteriormente, a través del auto
001804 de 28 de julio de 2014, la actuación fue adicionada respecto de nuevos presuntos
responsables fiscales.
La demandante sostuvo que la Corporación Huellas de Paz fue vinculada al proceso fiscal
en calidad de integrante del Consorcio INGEPAZ. El 30 de julio de 2015, se recibió
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versión libre del representante legal de la Corporación, diligencia en la que se aportaron
distintos elementos de prueba relacionados con los hechos objeto de investigación.
Más adelante, mediante auto 0682 de 15 de mayo de 2018, la Contraloría General de la
República profirió auto de imputación de responsabilidad fiscal contra varios investigados,
entre ellos, la Corporación Huellas de Paz, «sin que se presentaran descargos».
La actuación culminó con el auto 1082 de 26 de julio de 2018, por medio del cual la
Contraloría General de la República declaró fiscalmente responsable a la Corporación
Huellas de Paz, en forma solidaria con otros responsables, por un detrimento patrimonial
cuantificado en la suma de $3.347’598.634,50.
Contra dicha decisión, la demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el
de apelación. De igual forma, promovió un incidente de nulidad que fue rechazado por
extemporáneo.
Posteriormente, mediante auto núm. 1166 de 22 de agosto de 2018, la Contraloría
resolvió el recurso de reposición y mantuvo la decisión adoptada en el fallo de
responsabilidad fiscal. A su vez, mediante Auto ORD-80112-0202-2018 de 30 de agosto
de 2018, el Contralor General de la República decidió el grado de consulta y el recurso
de apelación, confirmando la determinación impugnada.
1.4. Normas vulneradas y concepto de violación
La demandante señaló como vulnerados el preámbulo y los artículos 2, 13, 23 y 29 de la
Constitución Política; el artículo 63 del Código Civil; las Leyes 80 de 1993, 95 de 1890,
610 de 2000, 1150 de 2007 y 1474 de 2011; así como los Decretos 2170 de 2002 y 2474
de 2008. Con fundamento en ello, formuló los siguientes cargos de nulidad5:
▪ Falsa motivación
La Contraloría General de la República omitió valorar circunstancias fácticas y
probatorias que, en su criterio, conducían a una conclusión distinta respecto de la
responsabilidad atribuida a la Corporación Huellas de Paz.
Indicó que la propia entidad de control reconoció dentro del fallo fiscal que el daño
patrimonial tenía origen en deficiencias de planeación, particularmente en los estudios y
diseños que antecedieron la celebración de los convenios interadministrativos núms.
5 Para efectos metodológicos y de claridad expositiva, la Sala sistematiza los planteamientos de la
demanda en cuatro cargos: i) falsa motivación; ii) desviación de poder; iii) violación del debido proceso; y
iv) ausencia de gestión fiscal como presupuesto de la responsabilidad fiscal.
En particular, bajo el cargo de falsa motivación se agrupan los argumentos relacionados con las deficiencias
de planeación del proyecto, los estudios y diseños de la obra, la cesión contractual, la imputación de hechos
anteriores a la vinculación de la Corporación Huellas de Paz al proyecto, la ausencia de culpa grave, la
confianza legítima, la configuración de circunstancias constitutivas de fuerza mayor y la ruptura del nexo
causal. Asimismo, bajo el cargo de violación del debido proceso se integran los cuestionamientos relativos
a la presunta falta de valoración de las pruebas aportadas por la investigada, el desconocimiento de los
derechos de defensa y contradicción y la alegada infracción de las reglas probatorias previstas en la Ley
610 de 2000. Por su parte, los cargos de desviación de poder y ausencia de gestión fiscal se presentan de
manera independiente, en atención a la autonomía argumentativa con la que fueron desarrollados en la
demanda.
Esta estructura responde exclusivamente a fines de orden y comprensión del debate jurídico y no implica
alteración, restricción, ni reformulación de las censuras propuestas por la parte actora.
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0067 y 0069 de 2010 y del contrato de obra pública EPR-0008 de 2010. A partir de ello,
afirmó que las causas determinantes del detrimento patrimonial eran anteriores a la
vinculación del Consorcio INGEPAZ y, por ende, ajenas a la actuación de la Corporación
Huellas de Paz.
Expuso que la Contraloría le atribuyó responsabilidad por hechos ocurridos con
anterioridad a la cesión contractual, relacionados con deficiencias en estudios, diseños y
demás aspectos de planeación que no se encontraban bajo el control de la entidad
demandante. En esa medida, afirmó que no se acreditó el nexo causal exigido para
estructurar la responsabilidad fiscal ni la culpa grave requerida por la Ley 610 de 2000.
Agregó que la Contraloría incurrió en una indebida individualización de
responsabilidades, pues atribuyó a la Corporación Huellas de Paz consecuencias
derivadas de actuaciones de otros intervinientes del proyecto, sin diferenciar el grado de
participación de cada uno de ellos en la producción del daño patrimonial.
Por otra parte, argumentó que durante la ejecución del proyecto se presentaron diversas
circunstancias ajenas a la voluntad del contratista, entre ellas, inconsistencias en los
diseños, dificultades relacionadas con la disponibilidad de predios y servidumbres,
problemas de orden público, falta de infraestructura vial y fenómenos naturales,
situaciones que, a su juicio, constituían eventos de fuerza mayor o circunstancias no
imputables a la demandante y que debieron ser valoradas dentro del proceso fiscal.
Asimismo, invocó el principio de confianza legítima para sostener que el consorcio
cesionario asumió la ejecución del contrato con fundamento en los estudios y diseños
suministrados por las entidades estatales intervinientes, bajo la expectativa de que estos
satisfacían las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto.
▪ Desviación de poder
Afirmó, en términos generales, que la Contraloría General de la República ejerció sus
competencias desconociendo los fines que justifican la función de control fiscal, toda vez
que omitió valorar integralmente el material probatorio obrante en el expediente y atribuyó
responsabilidad a la Corporación Huellas de Paz sin considerar las circunstancias que,
en su criterio, la exoneraban de responsabilidad.
Señaló que dicha actuación condujo a la expedición de decisiones que vulneraron los
derechos fundamentales invocados en la demanda, particularmente los derechos a la
igualdad, de petición y al debido proceso.
▪ Violación al debido proceso
Manifestó que durante el trámite del proceso de responsabilidad fiscal se desconocieron
las garantías previstas en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y en la Ley
610 de 2000.
Expuso que las pruebas aportadas por el representante legal de la Corporación Huellas
de Paz durante la diligencia de versión libre no fueron objeto de análisis ni valoración por
parte de la Contraloría General de la República, a pesar de que estaban dirigidas a
demostrar la ausencia de responsabilidad de dicha entidad en los hechos investigados.
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Indicó que la demandada no fue imparcial en el ejercicio del control fiscal, y omitió
apreciar integralmente el acervo probatorio, en contravía de lo previsto en el artículo 26
de la Ley 610 de 2000, disposición que impone valorar las pruebas en conjunto y
conforme a las reglas de la sana crítica.
Añadió que tampoco se dio aplicación efectiva a las disposiciones que garantizan el
derecho a solicitar y aportar pruebas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, pues
los elementos probatorios allegados por la investigada no fueron objeto de análisis en las
decisiones que culminaron la actuación administrativa.
Finalmente, sostuvo que la falta de valoración integral de las pruebas condujo a que la
responsabilidad fiscal fuera establecida sin examinar adecuadamente los hechos que,
según afirmó, explicaban la imposibilidad de ejecutar el proyecto y descartaban la
existencia de culpa grave atribuible a la Corporación Huellas de Paz.
▪ Ausencia de gestión fiscal como presupuesto de responsabilidad
La demandante sostuvo que la responsabilidad fiscal únicamente puede predicarse de
quienes ejercen gestión fiscal o administran bienes o recursos públicos. En ese sentido,
reiteró que la Corporación Huellas de Paz no recibió, administró ni dispuso de recursos
estatales y que su participación dentro del Consorcio INGEPAZ no implicó el ejercicio de
actividades constitutivas de gestión fiscal.
Con base en ello, concluyó que los actos acusados desconocieron las disposiciones que
regulan la responsabilidad fiscal, al atribuirle un detrimento patrimonial sin que
concurrieran los presupuestos sustanciales exigidos por la Constitución y la ley para ese
efecto.
1.5. Contestación de la demanda6
La Contraloría General de la República se opuso a las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que los argumentos que se expusieron para sustentar el cargo de falsa
motivación carecían de fundamento, pues la demandante no identificó de manera
concreta las pruebas presuntamente omitidas ni explicó cómo su valoración habría
conducido a una decisión diferente. Agregó que la responsabilidad fiscal se fundamentó
en el acervo probatorio recaudado durante la actuación y que la Corporación Huellas de
Paz, pese a haber sido notificada del auto de imputación, no presentó descargos ni
solicitó pruebas para desvirtuar los cargos formulados en su contra.
Señaló que el Consorcio INGEPAZ aceptó la cesión contractual en el estado en que se
encontraban los contratos, asumiendo los derechos y obligaciones derivados de estos.
Asimismo, indicó que, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, los
integrantes del consorcio responden solidariamente por las obligaciones surgidas de la
contratación estatal.
Añadió que la Corporación Huellas de Paz sí tuvo participación en la gestión de recursos
vinculados al contrato, razón por la cual fue considerada gestora fiscal. En ese sentido,
6 Índice 22 del aplicativo Samai. Documento: CUADERNO TRIBUNAL 03(.pdf). Folios 519 a 556.
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sostuvo que se encontraba sometida a los deberes de diligencia, eficiencia y adecuada
destinación de los recursos públicos, cuya inobservancia dio lugar a la declaratoria de
responsabilidad fiscal a título de culpa grave.
Frente a los argumentos relacionados con la confianza legítima, la fuerza mayor y la
ausencia de culpa grave, manifestó que tales circunstancias no desvirtuaban los
elementos estructurales de la responsabilidad fiscal establecidos en el artículo 5 de la
Ley 610 de 2000 y que, además, no fueron demostradas oportunamente dentro de la
actuación administrativa.
En relación con el cargo de violación del debido proceso, afirmó que las pruebas fueron
valoradas de manera integral y que la demandante contó con las oportunidades
procesales previstas en la ley para ejercer su defensa, aportar pruebas y controvertir las
decisiones adoptadas. Por ello, consideró que la inconformidad planteada obedecía, en
realidad, a una discrepancia con las conclusiones arribadas en el proceso fiscal.
Finalmente, propuso la excepción de inepta demanda, al estimar que el concepto de
violación no desarrolló de manera suficiente las causales de nulidad invocadas contra los
actos acusados7.
II. LA SENTENCIA APELADA
En sentencia del 13 de febrero de 20208, el Tribunal Administrativo de Casanare resolvió
lo siguiente:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por la CORPORACIÓN
NACIONAL DE DESARROLLO - CONADE (antes CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ) en
contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por las razones indicadas en
la parte considerativa.
SEGUNDO: No CONDENAR en costas en esta instancia.
TERCERO: En firme esta providencia, ORDENAR devolver el remanente de las sumas
consignadas para gastos del proceso, en caso de que existan.
El Tribunal consideró que la controversia planteada por la demandante se concretaba en
los cargos de falsa motivación y desviación de poder.
En relación con la falsa motivación, recordó que esta causal se configura cuando los
hechos que fundamentan la decisión administrativa no se encuentran probados o cuando
la administración omite valorar hechos demostrados que, de haber sido considerados,
habrían conducido a una decisión sustancialmente distinta.
7 Frente a este punto, en la audiencia inicial celebrada el 6 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo
de Casanare indicó que la excepción propuesta involucraba aspectos propios del fondo de la controversia
y que, por tanto, su análisis correspondía a la sentencia y no a la etapa prevista para la resolución de
excepciones previas. Índice 22 del aplicativo Samai. Documento: CUADERNO TRIBUNAL 03(.pdf). Folios
519 a 556. Cd. No 2.
8 Índice 22 del aplicativo Samai. Documento: CUADERNO TRIBUNAL 03(.pdf). Folios 660-670.
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Señaló que la demandante invocó esta última hipótesis, pero incumplió la carga de
precisar cuáles eran los hechos omitidos, las pruebas que los acreditaban y la incidencia
que tendrían en la decisión cuestionada. Indicó que no basta afirmar que existían pruebas
no valoradas, sino que corresponde identificar los hechos demostrados, señalar los
medios de prueba que los sustentan y explicar por qué habrían conducido a una solución
diferente.
Añadió que, en los hechos de la demanda y en el concepto de violación, la actora se
limitó a afirmar que las pruebas aportadas durante la versión libre de su representante
legal no fueron tenidas en cuenta, sin desarrollar de manera concreta la censura
formulada.
Aun así, examinó los actos demandados y concluyó que la Contraloría sí realizó una
valoración suficiente del material probatorio obrante en el expediente. Destacó que el
contrato de obra conserva su unidad jurídica pese a la cesión y que el cesionario
responde por su ejecución integral, salvo salvedades expresamente aceptadas por la
entidad contratante, circunstancia que no se acreditó en el proceso. Igualmente, resaltó
que el Consorcio INGEPAZ recibió el contrato a entera satisfacción, en plena ejecución
y en el estado en que se encontraba, sin formular observaciones.
Señaló que la Corporación Huellas de Paz, como integrante del Consorcio INGEPAZ,
asumió el manejo de recursos públicos derivados del contrato y que las obras
comprometidas no fueron ejecutadas, situación que dio lugar a la declaratoria de
incumplimiento contractual mediante Resolución 016 de 6 de noviembre de 2012. Agregó
que los informes técnicos elaborados por funcionarios de la Contraloría evidenciaban que
las obras se encontraban inconclusas y carecían de funcionalidad, circunstancia que
acreditaba la afectación al patrimonio público.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que los actos acusados se encontraban
debidamente motivados y que no se configuraba la causal alegada.
Respecto de la desviación de poder, recordó que este vicio supone la utilización de una
competencia administrativa para fines distintos de aquellos previstos por el ordenamiento
jurídico. Sin embargo, la demandante no explicó cuál habría sido la finalidad particular o
arbitraria perseguida por la Contraloría al expedir los actos demandados. Por el contrario,
consideró que tales decisiones se encontraban suficientemente fundamentadas y que el
material probatorio demostraba que la demandante contribuyó, al menos a título de culpa
grave, a la afectación patrimonial que le fue imputada.
Finalmente, con fundamento en el artículo 88 del CPACA, señaló que los actos
administrativos gozan de presunción de legalidad mientras no sean anulados o
suspendidos por la jurisdicción contencioso-administrativa, presunción que no fue
desvirtuada en este caso.
III. RECURSO DE APELACIÓN
La Corporación Huellas de Paz interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia. En el escrito de sustentación manifestó que reiteraba «los conceptos
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expresados en la demanda» y precisó que, puntualmente, desarrollaría los siguientes
cargos de inconformidad9:
▪ Violación del debido proceso y del derecho de defensa en el trámite de primera
instancia
La apelante sostuvo que durante el trámite de la primera instancia se vulneraron sus
derechos al debido proceso y a la defensa. Señaló que el Tribunal no fijó fecha para
«audiencia de fallo», ni citó a la parte demandante para dicha actuación. Indicó además
que, pese a la renuncia presentada por el apoderado inicial, esta no fue aceptada
formalmente, circunstancia que impidió el reconocimiento de personería jurídica a la
abogada Gloria Elcy Montes García como nueva apoderada de la demandante.
Afirmó que, como consecuencia de ello, no fueron tenidos en cuenta los alegatos de
conclusión presentados por dicha profesional, en los cuales se exponían las razones por
las que la Corporación no debía ser declarada responsable de los hechos investigados
por la Contraloría.
▪ Falsa motivación del acto administrativo por atribuirse a la Corporación una
responsabilidad que no le correspondía dentro del desarrollo del Contrato de Obra
Pública EPRO008 de 2010
La apelante insistió en que la responsabilidad fiscal le fue atribuida con fundamento en
circunstancias que no le eran imputables dentro de la ejecución contractual. En particular,
cuestionó que se le hubiera atribuido responsabilidad por las deficiencias en la planeación
del proyecto, las falencias en la labor de interventoría y la administración de los recursos
entregados a título de anticipo.
En relación con las deficiencias de planeación identificadas por la Contraloría, sostuvo
que los estudios y diseños de las obras fueron elaborados, revisados y aprobados por
distintos profesionales y entidades con anterioridad a la celebración del contrato de obra
e, incluso, antes de la vinculación del Consorcio INGEPAZ al proyecto. Por tal razón,
afirmó que no podía responsabilizársele por eventuales falencias técnicas cuya
elaboración y aprobación correspondieron a terceros.
Señaló que la propia entidad de control había identificado deficiencias en la labor de
interventoría ejercida por el Consorcio D&A 079, al considerar que esta no controló
adecuadamente la ejecución de la obra ni evitó su paralización. Con fundamento en ello,
sostuvo que existían responsabilidades atribuibles a otros intervinientes del proyecto y
que la participación de la Corporación en los hechos investigados era sustancialmente
menor a la reconocida en los actos demandados, de manera que una adecuada
valoración del material probatorio debía conducir a la nulidad de las decisiones adoptadas
en su contra.
Respecto de la indebida administración de los recursos entregados a título de anticipo,
manifestó que la Contraloría le atribuyó responsabilidad por recibir y gestionar el 50 %
del valor del contrato, pese a que una parte sustancial de dichos recursos había sido
manejada por la Unión Temporal Nuevo Desarrollo Urbano de Recetor Uno antes de la
cesión contractual. Según expuso, una vez asumió la posición contractual como
9 Índice 22 del aplicativo Samai. Documento: CUADERNO TRIBUNAL 03(.pdf). Folios 679-681.
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cesionario, el Consorcio INGEPAZ recibió efectivamente la suma de $546’355.238,32,
por lo que resultaba improcedente atribuirle responsabilidad por valores superiores.
Como refuerzo de lo anterior, agregó que, para el momento de la cesión, la obra
registraba una ejecución del 2%, se había consumido aproximadamente el 87% del plazo
contractual y una porción significativa de los recursos ya había sido desembolsada. Con
fundamento en ello, sostuvo que la responsabilidad atribuida al consorcio debía
corresponder a su participación efectiva en la ejecución contractual y a los recursos
realmente recibidos, y no a la totalidad del detrimento patrimonial determinado por la
Contraloría.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
4.1. Mediante providencia del 1º de diciembre de 202010, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por CONADE. Posteriormente, en auto del 19 de marzo de 202111
se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto.
4.2. CONADE12 reprodujo, en esencia, los argumentos expuestos en el recurso de
apelación. La Contraloría General de la República13 solicitó confirmar la sentencia
recurrida y reiteró las razones de defensa planteadas desde la contestación de la
demanda. El Ministerio Público guardó silencio.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, de conformidad con lo
previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 14
(modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), que regula la distribución
de negocios entre las secciones.
5.2. Cuestión previa: de las irregularidades en el trámite de primera instancia
La apelante sostuvo que en el trámite inicial se vulneraron sus derechos al debido
proceso y de defensa, debido a que el Tribunal no fijó fecha para realizar la «audiencia
de fallo» y omitió reconocer oportunamente personería a la abogada Gloria Elcy Montes
García, circunstancia que, en su criterio, impidió que fueran tenidos en cuenta los
alegatos de conclusión presentados por dicha profesional.
10 Índice 3 del aplicativo Samai.
11 Índice 8 del aplicativo Samai.
12 Índice 15 del aplicativo Samai.
13 Índice 17 del aplicativo Samai.
14 Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
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En primer lugar, no es cierto que el Tribunal estuviera obligado a celebrar la audiencia de
alegaciones y juzgamiento de que trata el artículo 182 del CPACA15. Ello, en atención a
que, mediante Auto del 5 de diciembre de 201916 declaró precluido el período probatorio
y, con fundamento en el artículo 181 ibidem, dispuso correr traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión por escrito, al considerar innecesaria la celebración de
dicha audiencia.
De ahí que, la ausencia de citación a la audiencia de que trata el artículo 182 del CPACA
en el presente caso no constituye una irregularidad procesal o una vulneración de las
garantías procesales, toda vez que el juez de primera instancia decidió prescindir de esa
actuación en ejercicio de una facultad expresamente prevista en la ley, sin que obre en
el expediente cuestionamiento alguno de las partes frente a esa determinación.
En segundo lugar, tampoco se advierte afectación material derivada del reconocimiento
posterior de la personería de la nueva apoderada. Obra en el expediente que el 19 de
diciembre de 201917 el abogado Andrés Sierra Amazo presentó renuncia al poder
conferido por la parte demandante. Ese mismo día, la abogada Gloria Elcy Montes García
allegó poder otorgado por el representante legal de CONADE y alegó de conclusión.
Posteriormente, mediante Auto del 6 de marzo de 202018, el Tribunal declaró terminado
el poder del apoderado inicial «a partir del 20/1/2020» y, en la misma providencia,
reconoció personería a la abogada Gloria Elcy Montes García para actuar en
representación de la demandante.
La apelante sostuvo que, para la fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia
-13 de febrero de 2020-, aún no se había reconocido formalmente su personería y que,
por esa razón, los alegatos de conclusión presentados no fueron tenidos en cuenta por
el Tribunal. Sin embargo, las piezas procesales obrantes en el expediente demuestran
una situación distinta.
La Sala observa que en la sentencia de primera instancia el Tribunal dejó constancia
expresa de la presentación de los alegatos de conclusión de la parte demandante y
reseñó los argumentos allí expuestos. En particular, señaló que en esa oportunidad
procesal la actora reiteró los planteamientos contenidos en la demanda e incorporó otros
15 “Artículo 182. Audiencia de alegaciones y juzgamiento: Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del
artículo anterior, esta audiencia deberá realizarse ante el juez, sala, sección o subsección correspondiente
y en ella se observarán las siguientes reglas:
1. En la fecha y hora señalados se oirán los alegatos, primero al demandante, seguidamente a tos terceros
de la parte activa cuando los hubiere, luego al demandado y finalmente a los terceros de la parte pasiva si
los hubiere, hasta por veinte (20) minutos a cada uno. También se oirá al Ministerio Público cuando este a
bien lo tenga. El juez podrá interrogar a los intervinientes sobre lo planteado en los alegatos.
2. Inmediatamente, el juez, de ser posible, informará el sentido de la sentencia en forma oral, aún en el
evento en que las partes se hayan retirado de la audiencia y la consignará por escrito dentro de los diez
(10) días siguientes.
3. Cuando no fuere posible indicar el sentido de la sentencia la proferirá por escrito dentro de los treinta
(30) días siguientes. En la audiencia el Juez o Magistrado Ponente dejará constancia del motivo por el
cual no es posible indicar el sentido de la decisión en ese momento”.
16 Índice 22 del aplicativo Samai. Documento: CUADERNO TRIBUNAL 03(.pdf). Folios 575.
17 Índice 22 del aplicativo Samai. Documento: CUADERNO TRIBUNAL 04(.pdf). Folios 600.
18 Índice 22 del aplicativo Samai. Documento: CUADERNO TRIBUNAL 04(.pdf). Folios 685.
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relacionados con la proporción de recursos efectivamente recibidos por el Consorcio
INGEPAZ y con la existencia de circunstancias que, a su juicio, excluían su
responsabilidad19.
Lo anterior demuestra que el escrito fue recibido, incorporado al expediente y conocido
por el juez de primera instancia, de manera que no puede concluirse que hubiera sido
excluido del debate procesal por falta de reconocimiento formal de personería.
En ese contexto, la Sala no advierte que el reconocimiento posterior de la personería
hubiese impedido a la demandante intervenir en la actuación, presentar alegatos de
conclusión o ejercer los recursos procedentes contra la decisión adoptada. Por el
contrario, la sentencia de primera instancia dejó constancia de los argumentos expuestos
en los alegatos finales y la misma profesional que los suscribió interpuso posteriormente
el recurso de apelación, el cual fue concedido por el Tribunal20.
En esas condiciones, la irregularidad alegada carece de incidencia material sobre las
garantías procesales de la parte actora y no tiene entidad suficiente para invalidar la
actuación surtida en primera instancia. Procede, entonces, el estudio de los restantes
cargos formulados en el recurso de apelación.
5.3. Delimitación de la controversia
Previo abordar el fondo del asunto, la Sala considera necesario precisar el alcance de la
controversia sometida a su conocimiento.
De conformidad con el artículo 320 del CGP21, aplicable por remisión del artículo 306 de
la Ley 1437 de 201122, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine
la decisión impugnada en relación con los reparos concretos formulados por el apelante.
Sobre el particular, esta Sección23 ha explicado que corresponde al extremo apelante
cumplir una carga mínima de sustentación, consistente en exponer las razones por las
cuales considera que la decisión de primera instancia es errada. No basta la
manifestación genérica de inconformidad, la solicitud de revocatoria ni la reiteración de
los argumentos expuestos en la demanda. Lo que exige el ordenamiento es la
formulación de reparos concretos dirigidos a controvertir los fundamentos fácticos y
jurídicos del fallo, pues son esos cuestionamientos los que delimitan la competencia del
juez de segunda instancia.
19 Índice 22 del aplicativo Samai. Documento: CUADERNO TRIBUNAL 03(.pdf). Folios 660-670.
20 Índice 22 del aplicativo Samai. Documento: CUADERNO TRIBUNAL 03(.pdf). Folios 686.
21 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
22 «Artículo 37.- Recurso de Apelación. El recurso de apelación procederá contra la sentencia que se dicte
en primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil (…)»
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de julio de
2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2004-00228-01; sentencia
de 30 de junio de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-
00171-01; sentencia de 20 de enero de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de
radicación 25000-23-25-000-2012-90514-01; sentencia de 4 de septiembre de 2025, C.P. Oswaldo Giraldo
López, núm. único de radicación 25000-23-41-000-2013-00352-01; sentencia de 19 de marzo de 2026,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000-23-26-000-2007-00197-01, entre otras.
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En el escrito de apelación la demandante manifestó que reiteraba «los conceptos
expresados en la demanda»; sin embargo, esa afirmación no satisface, por sí misma, la
carga de sustentación exigida para el recurso de apelación. Como se explicó, no basta
con expresar una inconformidad general frente a la decisión recurrida ni con reproducir
los planteamientos formulados en etapas anteriores del proceso, sino que corresponde
al apelante identificar y desarrollar los reparos concretos dirigidos contra los fundamentos
fácticos y jurídicos de la sentencia impugnada.
En consecuencia, dicha remisión genérica a los argumentos de la demanda no habilita al
juez de segunda instancia para efectuar un nuevo examen integral de todos los cargos
allí formulados, sino únicamente de aquellos que fueron objeto de reparos concretos en
la sustentación del recurso y respecto de los cuales se predica el desacuerdo con la
decisión de primera instancia.
En ese contexto, en el presente caso, la competencia de la Sala se circunscribe a verificar
si los actos administrativos demandados incurrieron en falsa motivación: i) al atribuir a la
Corporación Huellas de Paz responsabilidad derivada de las deficiencias de planeación
y diseño que antecedieron a la cesión del contrato de obra pública EPR-0008; ii) al no
valorar adecuadamente la incidencia que tuvo la deficiente labor de interventoría
desplegada por el Consorcio D&A 079 en la no ejecución de las obras y en la producción
del detrimento patrimonial; y iii) al hacer extensiva su responsabilidad a la totalidad del
detrimento patrimonial declarado, pese a que el Consorcio INGEPAZ asumió la ejecución
del contrato cuando una parte significativa del plazo contractual ya se había agotado y
buena parte de los recursos habían sido desembolsados al contratista inicial.
5.4. Análisis de los argumentos de la apelación en el caso concreto
Antes de abordar los argumentos específicos formulados en la apelación, la Sala
considera pertinente referirse a los antecedentes contractuales y administrativos que
dieron origen a la actuación objeto de controversia, así como a los aspectos relevantes
del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General de la
República, en la medida en que estos proporcionan el contexto necesario para determinar
si los actos administrativos demandados se encuentran o no afectados por el vicio de
falsa motivación alegado.
▪ Antecedentes contractuales y administrativos relevantes
El 4 de noviembre de 2010, el departamento de Casanare suscribió con el municipio de
Recetor el Convenio Interadministrativo No. 0067, cuyo objeto consistió en la
construcción del sistema de acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del municipio
de Recetor. El convenio fue celebrado por valor de $3.173’843.974,73 y con un plazo de
ejecución de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio24.
En esa fecha, las entidades también suscribieron el Convenio Interadministrativo No.
0069, cuyo objeto consistió en la construcción de 54 sistemas individuales de
abastecimiento y potabilización de agua para uso humano en población dispersa del área
rural del municipio de Recetor. El convenio fue celebrado por valor de $1.684’630.243 y
con un plazo de ejecución de 9 meses25.
24 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 1. págs. 15-17.
25 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 1. págs. 18-20.
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El 3 de diciembre de 2010, el municipio de Recetor y Empresas Públicas de Recetor
S.A.S. E.S.P. suscribieron el contrato interadministrativo núm. 809, cuyo objeto consistió
en aunar esfuerzos para la construcción del sistema de acueducto para el nuevo
desarrollo urbanístico del municipio de Recetor. El contrato se celebró por valor de
$3.173’843.974,73 y con un plazo de ejecución de 11 meses26.
En esa misma fecha, las mismas partes suscribieron el contrato interadministrativo núm.
810, cuyo objeto fue aunar esfuerzos para la construcción de 54 sistemas individuales de
abastecimiento y potabilización de agua para uso humano en población dispersa del área
rural del municipio de Recetor, departamento de Casanare. El contrato fue celebrado por
valor de $1.684’630.243 y con un plazo de ejecución de 8 meses27.
El 21 de diciembre de 2010, Empresas Públicas de Recetor S.A.S. E.S.P. celebró el
contrato de obra pública EPRO-008 con la Unión Temporal Nuevo Desarrollo Urbano de
Recetor Uno, integrada por EMCOOP Ltda. y J.J. Constructores y Cía. Ltda., con el fin
de ejecutar las obras previstas en los referidos convenios. El contrato fue pactado por
valor de $4.858’298.900 y con un plazo de ejecución de 11 meses28. El objeto del contrato
fue el siguiente:
OBJETO. El contratista se obliga para con LA EMPRESA a realizar la 1. CONSTRUCCIÓN
DE 54 SISTEMAS INDIVIDUALES DE ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUA
PARA USO HUMANO EN POBLACIÓN DISPERSA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO
DE RECETOR, DEPARTAMENTO DE CASANARE. 2. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE ACUEDUCTO PARA EL NUEVO DESARROLLO URBANÍSTICO DEL MUNICIPIO DE
RECETOR, DE CASANARE, de conformidad con la oferta presentada dentro del proceso
de Invitación Pública Abierta de Mayor Cuantía No. 008 de 2010 […].
El 23 de diciembre de 2010, se suscribió el acta de inicio del contrato de obra pública
EPRO-008 de 2010 y, de conformidad con el «Informe Contrato de Consultoría No. 0257
de 2011», la ejecución del contrato fue suspendida el 28 de diciembre de 2010 por un
término de 2 meses, reiniciada el 28 de febrero de 2011, y posteriormente prorrogada por
dos 2 meses adicionales el 30 de diciembre de 201129.
El 14 de febrero de 2011, el departamento de Casanare suscribió el contrato de
consultoría No. 0257 con el Consorcio D&A 079 cuyo objeto consistió en realizar la
interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato de obra pública
EPRO-008 de 2010. El contrato fue celebrado por valor de $325.774.61830.
El 28 de agosto de 2011, la Unión Temporal Nuevo Desarrollo Urbano de Recetor Uno,
en calidad de cedente, y el Consorcio INGEPAZ, en calidad de cesionario, celebraron un
contrato de cesión de derechos, obligaciones y utilidades, en el que se estipuló lo
siguiente31:
26 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 2. págs. 202-210.
27 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 2. págs. 211-219.
28 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 1. págs. 7-14.
29 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 1. págs. 25.
30 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 1. págs. 445 a 642.
31 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 1. págs. 52-55.
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• La cesión comprendía los derechos, obligaciones y utilidades derivados de los
contratos de obra pública núm. EPRO0012009R de 2009 y EPRO-008 de 2010.
• Respecto del contrato de obra pública EPRO-008 de 2010, se dejó constancia de
que tenía por objeto la construcción de 54 sistemas individuales de abastecimiento
y potabilización de agua para uso humano en población dispersa del área rural del
municipio de Recetor y la construcción del sistema de acueducto para el nuevo
desarrollo urbanístico de dicho municipio.
• Para la fecha de la cesión, el contrato se encontraba en ejecución.
• El cesionario recibió los contratos «en plena ejecución y en el estado en que se
encuentren», junto con el avance de obra ejecutado, los materiales, suministros,
logística y demás actividades desarrolladas hasta el 28 de agosto de 2011. Sobre
el particular, en la cláusula sexta se estipuló que el «CONSORCIO INGEPAZ [...]
recibe a entera satisfacción los contratos números No EPRO0012009R de 2009 y
EPRO 008 de 2010, en plena ejecución y en el estado en que se encuentren», y
que «la continuidad en su ejecución como los gastos y materiales que generen los
contratos [...] serán de plena responsabilidad, compromiso y encargo del
cesionario CONSORCIO INGEPAZ [...] quien con el presente acto jurídico acepta
todas y cada una de las condiciones».
• El cedente se obligó a entregar al cesionario los materiales e insumos existentes
en obra, así como la documentación relacionada con la ejecución contractual. En
la cláusula séptima se dispuso que entregaría «una copia completa de toda la
documentación desde el inicio hasta la fecha [...], los cuales se incluyen contratos,
actas y demás documentos que se hayan recibido tales como planos y diseños
por parte de la entidad contratante para la ejecución de los Objetos Contractuales,
así mismo los ajustes que se hayan realizado a los mismos».
• Se dejó constancia de que el contrato EPRO-008 de 2010 tenía un valor inicial de
$4.858’298.900, que se habían desembolsado anticipos por $728’739.143 y que
existía un saldo actual por ejecutar de $4.129’599.757.
• Como contraprestación de la cesión, el Consorcio INGEPAZ se obligó a cancelar
a la cedente la suma de $1.042.000.000, correspondiente, según la cláusula
quinta, al «precio global» fijado por el «experticio técnico realizado por concepto
de avance de las obras ejecutadas, materiales, suministros en obra, logística y
adecuación en general hasta la fecha», precisándose además que «estos recursos
provienen del restante del anticipo correspondientes al contrato No. EPRO 008 de
2010».
• Finalmente, el Consorcio INGEPAZ asumió la ejecución de los contratos cedidos
y las obligaciones derivadas de estos. En tal sentido, la cláusula décima segunda
estableció que el cesionario se comprometía a ejecutar las obras «siguiendo
precisas instrucciones, especificaciones técnicas, plazo, precio, condiciones,
calidades, materiales, actas parciales, avances y personal», quedando el cedente,
a partir de la firma del acuerdo, «exonerada de toda responsabilidad que se llegare
a desprender de las obligaciones contractuales».
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Mediante oficio de 29 de agosto de 2011, la representante legal de la Unión Temporal
Nuevo Desarrollo Urbano de Recetor Uno informó a Empresas Públicas de Recetor
S.A.S. E.S.P. su decisión de ceder el contrato de obra pública núm. EPRO-008 de 2010
al Consorcio INGEPAZ, y señaló que dicha decisión obedecía a circunstancias de orden
público32.
Mediante oficio de 29 de agosto de 2011, el Gerente de Empresas Públicas de Recetor
S.A.S. E.S.P. aceptó y autorizó la cesión de derechos, obligaciones y utilidades derivada
del contrato de obra pública EPRO-008 de 2010 en favor del Consorcio INGEPAZ. En
dicha comunicación se indicó que el cesionario cumplía las condiciones requeridas para
continuar la ejecución contractual y que asumiría las obligaciones derivadas de los
contratos cedidos, en los términos establecidos en el negocio de cesión33.
El 30 de agosto de 2011, Empresas Públicas de Recetor S.A.S. E.S.P. expidió el
comprobante de egreso No. 000041, en el que consta una transferencia por valor de
$546.355.238 a favor del Consorcio INGEPAZ. En el documento se indicó como concepto
del pago: «Segundo desembolso 35% del valor del contrato de obra EPR0008 de
2010»34.
El 1º de noviembre de 2012, funcionarios de la Contraloría General de la República
realizaron visitas técnicas a las obras ejecutadas en desarrollo de los Convenios
Interadministrativos 0067 y 0069 de 2010. En ambas diligencias se dejó constancia de
que las obras se encontraban suspendidas por falta de interventoría. Asimismo, se
verificó la existencia de diferentes estructuras asociadas a los proyectos, entre ellas
bocatomas, desarenadores, tanque de almacenamiento, planta de tratamiento y línea de
32 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 1. págs. 52.
33 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 1. págs. 58.
34 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 23. págs. 4625.
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conducción, evidenciándose que varias de ellas se encontraban inconclusas o fuera de
funcionamiento35.
Mediante Resolución No. 016 del 6 de noviembre de 2012, la Gerente de Empresas
Públicas de Recetor S.A.S. E.S.P. declaró el incumplimiento del contrato de obra pública
EPRO-008 de 2010 por parte del Consorcio INGEPAZ. Para sustentar dicha decisión
expuso, entre otros, los siguientes aspectos36:
• Se indicó que el plazo inicial de ejecución era de 11 meses y que este había sido
suspendido y prorrogado, por lo que la fecha de terminación quedó fijada para el
23 de marzo de 2012.
• Se señaló que «el 31 de enero se suspendió la Ejecución de la Obra, motivada en
que la Interventoría contratada por la Gobernación, manifestó que no es posible
continuar con el seguimiento y control del contrato de obra».
• Respecto del estado de ejecución, se dejó constancia de que «a la fecha de la
Suspensión del Contrato EPRO 008, el porcentaje de ejecución en tiempo era del
87%», mientras que «el porcentaje de ejecución en Obra no superaba el 15%».
• Asimismo, se indicó que la interventoría había solicitado hacer efectiva la cláusula
contractual de multas, «teniendo en cuenta los reiterados incumplimientos en que
ha incurrido el Contratista y que a la fecha, según el nuevo programa de trabajo
presentado por el propio Consorcio INGEPAZ, (...) hay un atraso aproximado del
30%».
• Se afirmó que, pese a los requerimientos efectuados por la entidad contratante,
no fue posible obtener un informe detallado sobre la inversión de los recursos
entregados a título de anticipo.
• Finalmente, se dejó constancia de que la representante legal del Consorcio
INGEPAZ no compareció a suscribir el acta de reinicio prevista por Empresas
Públicas de Recetor S.A.S. E.S.P.
Con fundamento en lo anterior, la entidad concluyó que lo reseñado «evidencia un claro
incumplimiento por parte de la Contratista, generando la afectación grave del servicio» y,
en consecuencia, declaró el incumplimiento del contrato EPRO-008 de 2010 por parte del
Consorcio INGEPAZ.
▪ Las actuaciones surtidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal
Mediante Auto 001443 de 4 de septiembre de 201337, la Contraloría General de la
República ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal No. UCC-PRF-085-
2013, con fundamento en el hallazgo fiscal No. 13 remitido por la Contraloría Delegada
para el Sector Minas y Energía. Respecto de esta decisión se destaca lo siguiente:
35 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 1. págs. 61.
36 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 1. págs. 62-63.
37 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 2. págs. 250-251.
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• La actuación se dirigió contra diversos intervinientes del proyecto para la
construcción del sistema de acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del
municipio de Recetor, entre ellos servidores públicos del departamento de
Casanare, del municipio de Recetor, contratistas de obra e interventoría, así como
contra los integrantes del Consorcio INGEPAZ, dentro de los cuales se encontraba
la Corporación Huellas de Paz, vinculada en su condición de miembro del
contratista cesionario del contrato de obra pública EPR-0008 de 2010.
• La Contraloría identificó como entidades afectadas al departamento de Casanare
y al municipio de Recetor, al considerar que los recursos transferidos para la
ejecución de los convenios interadministrativos 0067 y 0069 de 2010 no
cumplieron la finalidad para la cual fueron destinados debido a la inejecución de
las obras proyectadas. La cuantía inicial del daño fiscal fue estimada en
$2.751’052.151, suma que, según la entidad de control, correspondía al total de
recursos girados al contratista de obra y al anticipo entregado al contratista de
interventoría.
• Para efectos de la apertura del proceso, la Contraloría atribuyó el presunto
detrimento patrimonial a tres circunstancias: i) deficiencias en la planeación,
particularmente en los estudios y diseños que antecedieron los Convenios
Interadministrativos 0067 y 0069 de 2010 y el contrato de obra pública EPR-0008
de 2010; ii) indebida administración de los recursos entregados a título de anticipo,
al considerar que no fueron destinados íntegramente a la ejecución de las obras;
y iii) deficiencias en la interventoría ejercida por el Consorcio D&A 079, que
habrían contribuido a la paralización e incumplimiento del proyecto.
• En cuanto a la vinculación de la Corporación Huellas de Paz, la Contraloría señaló
que esta integraba el Consorcio INGEPAZ, cesionario del contrato de obra pública
EPR-0008 de 2010, y sostuvo que, durante los meses en los que asumió la
ejecución contractual, no logró superar el atraso que presentaban las obras ni
culminar su ejecución. Por tal razón, consideró que podía haber contribuido al
daño patrimonial investigado.
Mediante Auto 001855 del 7 de noviembre de 2013, la Contraloría decretó la práctica
de un informe técnico con el fin de profundizar en las circunstancias que dieron origen al
hallazgo fiscal y obtener elementos de juicio sobre el estado de las obras, la ejecución
contractual y la destinación de los recursos públicos comprometidos en los convenios
interadministrativos 0067 y 0069 de 2010.
Mediante Auto 000662 del 25 de febrero de 2014, la Contraloría General de la República
corrió traslado a los sujetos procesales del informe técnico presentado por el ingeniero
Jorge Álvaro Cala Flórez el 7 de febrero de 2014, en el cual se consignaron, entre otras,
las siguientes conclusiones38:
Se concluye de la visita técnica de las obras del convenio interadministrativo No. 067 de
2010 y parte del contrato de obra No. EPRO008/2010, cuyo objeto es: ‘Construcción del
sistema de acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del municipio de Recetor’, se
encuentran totalmente inconclusas y que lo realmente ejecutado coincide con lo
descrito en el informe final de interventoría, es decir tan solo se encuentra ejecutado en
38 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 4. págs. 669-744.
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su totalidad el tanque de almacenamiento y una mínima parte de la planta de tratamiento,
quedando por ejecutar la totalidad de las actividades referentes a construcción de
bocatoma, desarenador, red de conducción, pasos elevados, red de distribución,
laboratorio de aguas blancas y crudas e instalaciones eléctricas.
Se concluye de la visita técnica de las obras del convenio interadministrativo No. 069 de
2010 y parte del contrato de obra No. EPRO008/2010, cuyo objeto es: ‘Construcción 54
sistemas individuales de abastecimiento y potabilización de agua para uso humano en
población dispersa en el área rural del municipio de Recetor, Departamento de Casanare’,
se encuentran totalmente inconclusas y que lo realmente ejecutado coincide con lo
descrito en el informe final de interventoría […], tan solo se han construido parcialmente
diez (10) de ellos […], lo que equivale a decir que a la fecha no se encuentra construido en
forma completa ni siquiera uno (1) de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y
potabilización de agua para uso humano […].
Se concluye que las obras del convenio interadministrativo No. 067 de 2010 y parte del
contrato de obra No. EPRO008/2010, se encuentran totalmente inconclusas y en estado
de abandono desde hace un poco más de dos (2) años, razones por las cuales a la fecha
no han funcionado, ni prestado servicio alguno, existiendo serias dudas sobre la calidad
y estabilidad de las mismas, en razón al deficiente control en su ejecución por parte
del contratista y del interventor, así como a la ausencia de ensayos técnicos
requeridos […], situaciones que generan el incumplimiento del alcance del contrato;
evidenciándose que los recursos invertidos no cumplen con la finalidad identificada en los
estudios previos y que dieron origen al objeto del convenio y contrato de obra, cual era
brindar a la comunidad un servicio de agua potable en forma continua y de calidad […].
Se concluye que las obras del convenio interadministrativo No. 069 de 2010 y parte del
contrato de obra No. EPRO008/2010, se encuentran totalmente inconclusas y en
estado de abandono desde hace un poco más de dos (2) años […], existiendo serias
dudas sobre la calidad y estabilidad de las mismas, en razón al deficiente control en su
ejecución por parte del contratista y del interventor, así como a la ausencia de ensayos
técnicos requeridos para el recibo de lo ejecutado (incluidos los referentes a la calidad del
agua a la salida de las mini plantas de tratamiento), situaciones que generan el
incumplimiento del alcance del contrato; evidenciándose que los recursos invertidos no
cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos y que dieron origen al objeto
del convenio y contrato de obra, cual era solucionar la carencia del servicio de agua potable
de 54 familias del sector rural de Recetor, en condiciones de calidad y mejorando las
condiciones de salubridad y calidad de vida de dichas familias. [Se destaca]
Por Auto núm. 1509 de 19 de octubre de 2015, la Contraloría General de la República
se ordenó la vinculación de nuevos presuntos responsables.
Mediante Auto 1457 del 1º de septiembre de 2017, la Contraloría General de la
República decretó, de oficio, la práctica de un nuevo informe técnico dentro del proceso
de responsabilidad fiscal, con el fin de complementar y actualizar los elementos de juicio
relacionados con el estado de las obras, la ejecución contractual y la cuantificación del
presunto daño patrimonial materia de investigación39.
Mediante Auto 1853 del 13 de octubre de 2017, la Contraloría General de la República
corrió traslado a los sujetos procesales del informe técnico presentado por el ingeniero
Víctor Hugo Rojas Castellanos, con el fin de que ejercieran su derecho de contradicción
39 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 15. págs. 3065-3073.
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frente a las conclusiones allí consignadas. A continuación, se destacan los apartes más
relevantes de dicho informe40:
Una vez efectúa la visita técnica y evaluada la información técnica aportada se puede
manifestar que las obras ejecutadas en este proyecto y recibidas a satisfacción a través del
acta de recibo parcial No 1 y 2 ubicadas en el punto 17 vía vereda Volcanes […] las cuales
son:
• Tanque de almacenamiento de agua en concreto el cual no se encuentra en
funcionamiento ni tampoco cuenta con la infraestructura necesaria para su puesta en
marcha.
• Infraestructura para la planta de tratamiento que registra la construcción de bases y el
refuerzo para muros (acero expuesto).
• Canal en concreto.
No están en funcionamiento ni están prestando servicio alguno no satisfaciendo la
necesidad planteada en los estudios previos por lo que hace estas ejecuciones no
funcionales en estado de abandono inconclusas y en deterioro continuo […].
En el proyecto de construcción de 54 sistemas individuales de abastecimiento y
potabilización de aguas para uso humano en población dispersa en el área rural de
municipio de Recetor […]. No están en funcionamiento ni están prestando servicio alguno
no satisfaciendo la necesidad planteada en los estudios previos por lo que hace estas
ejecuciones no funcionales en estado de abandono inconclusas y en deterioro continuo […].
La cuantificación de las obras ejecutadas en el Municipio de Recetor con ocasión del
contrato EPRO 008 – 2010 que no presenta funcionalidad por los motivos técnicos
anteriormente expresados según el acta de recibo parcial No.1 y No. 2 y teniendo en cuenta
que mediante la resolución 016 de noviembre de 2012 se declara el incumplimiento del
contrato, la cuantía se estima en $318’033466,98 valor total de las actas.
Se concluye que los valores no amortizados del anticipo y por obras no funcionales en
estado de abandono inconclusas y en deterioro continuo valoradas según acta de recibo
parcial 1 y 2 con ocasión de la ejecución del contrato EPRO 008 de 2010 […] basado en el
análisis técnico efectuado es de $2.476.112.456,39”.
“En el Contrato de obra EPRO 008 de 2010 no se amortizaron cuantías entregadas a
manera de anticipo por valor de $2.158.078.989,41, como se observa en el siguiente
detalle:
40 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 18. págs. 3504-3746.
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Una vez efectúa la visita técnica y evaluada la información técnica aportada se puede
manifestar que las obras ejecutadas en este proyecto y recibidas a satisfacción a través del
acta de recibo parcial No 1 y 2 […] no están en funcionamiento ni están prestando servicio
alguno no satisfaciendo la necesidad planteada en los estudios previos por lo que hace
estas ejecuciones no funcionales en estado de abandono inconclusas y en deterioro
continuo.
La cuantificación de las obras ejecutadas en el Municipio de Recetor con ocasión del
contrato EPRO 008 – 2010 que no presenta funcionalidad por los motivos técnicos
anteriormente expresados según el acta de recibo parcial No 1 y No 2 y teniendo en cuenta
que mediante la resolución 016 de noviembre de 2012 se declara el incumplimiento del
contrato, la cuantía se estima en $318.033.466,98 valor total de las actas […].
Mediante Auto 0682 del 15 de mayo de 2018, la Contraloría General de la República
imputó responsabilidad fiscal a varios de los intervinientes en la ejecución de los
convenios interadministrativos 0067 y 0069 de 2010 y del contrato de obra pública EPRO-
008 de 2010, entre ellos la Corporación Huellas de Paz, en calidad de integrante del
Consorcio INGEPAZ41. De dicha determinación se destaca lo siguiente:
• En relación con el daño patrimonial, la entidad de control sostuvo que existía un
detrimento al patrimonio del Estado por valor de $2.476.112.456,39, derivado de
las deficiencias en la planeación del proyecto, particularmente en los estudios y
diseños que antecedieron los convenios interadministrativos 0067 y 0069 de 2010
y el contrato de obra pública EPRO-008 de 2010, así como del abandono de las
obras ejecutadas, circunstancias que ocasionaron la pérdida de funcionalidad de
41 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 20. págs. 3864-3947.
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la infraestructura construida y la frustración de los fines perseguidos con la
inversión pública.
• Frente a la conducta y el nexo de causalidad señaló que, al aceptar la cesión
contractual, el consorcio recibió el contrato «en plena ejecución y en el estado en
que se encontrara», junto con los derechos, obligaciones y responsabilidades
derivados de este.
• Según la entidad, la conducta reprochable de la Corporación consistió en no haber
logrado superar el atraso que presentaba la obra al momento de la cesión,
incumplir las obligaciones asumidas como contratista cesionario, no propugnar por
la correcta ejecución del contrato y no garantizar que los recursos públicos
comprometidos cumplieran la finalidad para la cual habían sido destinados42.
• Como integrante del Consorcio INGEPAZ, asumió el manejo de recursos públicos
y, por tanto, actuó como gestora fiscal directa, sometida a los principios de eficacia,
eficiencia y responsabilidad que rigen la gestión fiscal. En ese sentido, consideró
que incumplió los deberes de lealtad, buena fe y colaboración con la
administración, dado que las obras ejecutadas no correspondían con aquellas que
debían ser entregadas para satisfacer las necesidades de la comunidad
beneficiaria.
• A juicio de la entidad, dicha conducta fue determinante en la producción del daño
patrimonial, pues permitió que se perdieran recursos públicos invertidos en una
obra que no fue terminada, no entró en funcionamiento y no cumplió la finalidad
para la cual fue contratada. Sobre este aspecto afirmó expresamente que el nexo
causal se configuraba porque el Consorcio INGEPAZ recibió recursos para
ejecutar una obra que finalmente «no cumple con los fines para los cuales se ideó
su construcción».
• Concluyó que la conducta de la Corporación Huellas de Paz había sido
desplegada con culpa grave e imputó responsabilidad fiscal solidaria por la pérdida
de los recursos invertidos en el proyecto -estimados en el daño-.
Por Auto núm. 1082 del 26 de julio de 2018, la Contraloría General de la República
profirió fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso PRF-2014-02601/UCC-PRF-
085-2013. Reiteró que el daño patrimonial era de $2.476’112.456,39, suma que,
indexada, ascendía a $3.347.598’634,50. En lo que concierne a la Corporación Huellas
de Paz, integrante del Consorcio INGEPAZ, se presentaron las siguientes
consideraciones43:
42 Puntualmente, en el auto de imputación se dijo que la Corporación Huellas de Paz «incumplió el contrato,
pues durante los 5 meses en que asumió la construcción de la obra, no superó el retraso que presentaba
la contratista cedente en la ejecución de la misma y, por ende, no la llevó a culminación […]. Tal y como
está demostrado a lo largo del proceso […] la conducta de la CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ […] fue
negligente, pues la obra no se entregó y no está prestando ningún servicio a la comunidad […]. Todo lo
anterior, nos permite concluir que el presunto responsable obró de forma negligente, pues no aunó
esfuerzos propugnando porque los recursos públicos cumplieran la finalidad para la cual estaban
destinados […]. La conducta desplegada por el presunto responsable […] fue determinante para que se
perdieran los recursos pues fue éste quien recibió […] el pago por la ejecución de una obra que no cumple
con los fines para los cuales se ideó su construcción».
43 C.D. obrante a folio 31. Cuaderno PRF No. 18. págs. 4661-4795.
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La omisión, por parte de la CORPORACION HUELLAS DE PAZ, en su calidad de integrante
del consorcio INGEPAZ, contratista cesionario del contrato EPRO 008 de 2010, en el
ejercicio de las obligaciones contractuales objeto de una obra con inversión de cuantiosos
recursos públicos, con problemas iniciales de diseño, fue determinante para que se
materializara la afectación del patrimonio público pues su omisión permitió […] que los
recursos públicos pagados al contratista no cumplieron con la finalidad para el cual fue
contratada, toda vez que la construcción del sistema de acueducto para el nuevo desarrollo
urbanístico del Municipio de Recetor y la construcción de 54 sistemas individuales de
abastecimiento y potabilización de agua para uso humano en población dispersa en el área
rural del Municipio de Recetor no operaran, es una obra inconclusa que no ha sido
puesta en funcionamiento.
[…]
La CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ, quien como miembro del Consorcio ‘INGEPAZ’ a
quien le cedieron los derechos y obligaciones del contrato EPRO088 de 2010, en su calidad
de contratista, asumió el manejo de los dineros públicos que recibió y por lo tanto
actuó en calidad de Gestor Fiscal directo y estaba sometida a cumplir con los mismos
principios de celeridad, eficacia y eficiencia predicables de los servidores públicos,
por cuanto al ser contratada por el Estado debía aunar esfuerzos con este para
contribuir a la concreción de sus fines, cosa que no hizo.
[…]
Tal y como está demostrado a lo largo del proceso, así como en los informes presentados
por los funcionarios de la CGR, la conducta de la CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ,
como miembro del Consorcio ‘INGEPAZ’ fue negligente, pues la obra no se entregó y no
está prestando ningún servicio a la comunidad del Municipio de Recetor, así como
tampoco amortizó el valor entregado como anticipo del contrato EPRO 008 de 2010.
[…]
Así mismo la Corporación Huellas de Paz en su calidad de contratista a quien le cedieron
el contrato de obra EPRO 008 de 2010, a pesar de las falencias que ya traía el mismo, por
las múltiples suspensiones, forma de administrar los recursos y la evidente falta de
planeación que se veía en la construcción de la obra contratada, suscribió contrato de
cesión, y asumió el manejo de los dineros públicos que recibió y por lo tanto actúa
en calidad de Gestor Fiscal directo.
[…]
De lo anterior, resulta evidente que el contratista de forma determinante contribuyó
con su actuar a generar el daño al patrimonio del Estado que aquí se endilga.
[…]
También omitió la CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ […] el cumplimiento del deber de
lealtad, buena fe y responsabilidad con la administración en el sentido que las obras
cobradas al municipio debían corresponder con las efectivamente ejecutadas y entregadas,
tal como se verifica en los informes técnicos […]. Así como tampoco encuentra el Despacho,
que se haya amortizado la totalidad del anticipo entregado al contratista unión temporal
‘Nuevo Desarrollo Urbano de Recetor Uno.
[…]
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En este sentido, el Despacho mantiene la calificación a título de CULPA GRAVE” (...) y se
ordenará fallar con responsabilidad fiscal en contra de la CORPORACION HUELLAS DE
PAZ (...) quien responde por el daño ocasionado al patrimonio público, y solidariamente con
los implicados en cuantía de TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS,
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($3.347.598.634,50), indexados a 30 de junio de
2018. [Se destaca]
La Corporación Huellas de Paz interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación. En lo sustancial, sostuvo que no ejerció gestión fiscal ni administró recursos
públicos derivados del contrato EPRO-008 de 2010; que las causas que condujeron a la
inejecución de las obras obedecieron a circunstancias ajenas a su voluntad, tales como
deficiencias en los diseños, dificultades relacionadas con los predios requeridos para la
ejecución del proyecto, condiciones de acceso a la zona y suspensiones ordenadas por
la interventoría; y que las falencias que afectaron el proyecto eran atribuibles a problemas
de planeación imputables a otras entidades e intervinientes44.
Mediante Auto núm. 1166 del 22 de agosto de 2018, la Contraloría General de la
República resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Corporación Huellas de
Paz, así45:
• En relación con la afirmación según la cual la Corporación nunca ejerció gestión
fiscal ni administró recursos públicos, la Contraloría concluyó que el argumento no
estaba llamado a prosperar. Señaló que, al asumir los derechos y obligaciones
derivados del contrato de obra pública EPRO-008 de 2010, la Corporación se
convirtió en «gestor fiscal» y asumió «el manejo de los dineros públicos que
recibió». Asimismo, desestimó la afirmación según la cual nunca recibió recursos
públicos, al advertir que el 30 de agosto de 2011 las Empresas Públicas de Recetor
transfirieron «$546’355.238» al Consorcio INGEPAZ, razón por la cual «no es
cierto como aduce el Doctor […] que su defendido no recibió ni un solo peso».
• Respecto de las circunstancias invocadas por la defensa como constitutivas de
fuerza mayor -entre ellas, las deficiencias de diseño, los inconvenientes
relacionados con los predios, las dificultades de acceso y las suspensiones
ordenadas por la interventoría-, consideró que tales circunstancias no
desvirtuaban la responsabilidad atribuida al contratista cesionario. En particular,
destacó que la Corporación recibió el contrato «a pesar de las falencias que ya
traía el mismo» y concluyó que «existe un daño patrimonial causado al Estado,
existe una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible al gestor fiscal [...] y
existe un nexo de causalidad entre tal conducta y el daño, demostrado en el fallo».
Por tal razón, mantuvo la calificación de la conducta a título de culpa grave.
• Finalmente, frente al argumento según el cual las falencias obedecían a errores
de planeación imputables al departamento de Casanare, al municipio de Recetor
44 Índice 22 del aplicativo Samai. Documento: CUADERNO TRIBUNAL 03(.pdf). Folios 309 a 342.
45 Índice 22 del aplicativo Samai. Documento: CUADERNO TRIBUNAL 03(.pdf). Folios 350 a 385.
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y a Empresas Públicas de Recetor, la Contraloría sostuvo que el deber de
planeación también vincula a quienes contratan con el Estado, quienes deben
abstenerse de asumir obligaciones contractuales cuando resulte evidente que el
objeto contractual no podrá ejecutarse adecuadamente. Desde esa perspectiva,
estimó que las deficiencias iniciales del proyecto no eximían de responsabilidad a
quien, conociéndolas, aceptó la cesión y asumió la ejecución de la obra.
• Con fundamento en tales consideraciones, concluyó que los argumentos
expuestos en el recurso no desvirtuaban los elementos de la responsabilidad fiscal
y que los razonamientos del fallo «se encuentran incólumes, por lo que no se
accederá al recurso de reposición y, En consecuencia, se concede el recurso de
apelación».
Finalmente, por Auto núm. ORD-80112-0202 del 30 de agosto de 2018, el Despacho
del Contralor General de la República resolvió el grado de consulta y los recursos de
apelación interpuestos dentro del proceso PRF-2014-02601/UCC-PRF-085-2013. En lo
que concierne a la Corporación Huellas de Paz, integrante del Consorcio INGEPAZ, se
presentaron las siguientes consideraciones:
[N]o le es dable a este ente de control omitir la responsabilidad que le asistía a la
Corporación Huellas de Paz por la cesión del Contrato EPRO 008 de 2010, pues la
Corporación no podía eximirse de responsabilidad tal y como lo afirma el recurrente, toda
vez que por su calidad técnica, estaba en la disposición de conocer los diseños de la
obra así como sus componentes geológicos geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos
así como los factores de cimentación y de la obra, razón por la cual no le es dable
omitir su responsabilidad por objetos que no se encontraban bajo su dominio o
control.
[…]
Al ser integrante de un consorcio, la CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ de acuerdo con
lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, responde solidariamente de todas y cada
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del
contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.
De lo anterior se desprende que la responsabilidad en el presente proceso fiscal, le asiste
a todos los integrantes del consorcio, siendo así, que en virtud del contrato de cesión, la
Corporación tuvo el manejo de bienes o fondos públicos objeto del Contrato EPRO 008 de
2010, tal y como se evidencia en la transferencia de fondos equivalentes al 35% del
valor del contrato, convirtiéndose de este modo en gestor fiscal sujeto de control y
responsabilidad fiscal.
[…]
El recurrente no expresa los motivos por los cuales para él, la administración infringió el
principio de Confianza Legítima [...] la administración al iniciar un proceso de contratación
debe comprobar los requisitos mínimos de capacidad y experiencia técnica administrativa
y financiera de su colaborador - contratista, y otra situación muy diferente, es que con el
actuar de su contratista, la administración no haya podido concluir satisfactoriamente
la obra inicialmente planeada, razón por la cual el contratista omitió uno de los fines
de la contratación estatal, es decir la continua y eficiente prestación de los servicios
públicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la ley 80 de 1993.
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[…]
A la Corporación se le cedieron los derechos y obligaciones del contrato EPRO088 de 2010
y en su calidad de contratista, asumió el manejo de los dineros públicos que recibió y
por lo tanto actuó en calidad de Gestor Fiscal directo y estaba sometida a cumplir con
los mismos principios de celeridad, eficacia y eficiencia predicables de los servidores
públicos, por cuanto al ser contratada por el Estado debía aunar esfuerzos con este para
contribuir a la concreción de sus fines.
[…]
La conducta de la CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ, como miembro del Consorcio
INGEPAZ. Fue negligente, pues la obra no se entregó y no está prestando ningún servicio
a la comunidad del Municipio de Recetor, así como tampoco amortizó el valor entregado
como anticipo del contrato EPRO 008 de 2010.
[…]
La conducta desplegada por el presunto responsable tal y como se ha venido explicando,
fue determinante para que se perdieran los recursos pues fue éste quien recibió de parte
de las Empresas Públicas de Recetor S.A.S E.S.P, el pago por la ejecución de una
obra que no cumple con los fines para los cuales se ideó su construcción.
Considerando que la responsabilidad fiscal está enmarcada por la existencia de un gestor
fiscal, una conducta culposa o dolosa y por un nexo causal entre las dos y que el recurrente
no desmintió ninguno de los tres elementos de responsabilidad fiscal, este argumento no
está llamado a prosperar.
[…]
[A]l contrato le fue declarado el incumplimiento, toda vez que no superó el 15% de la
ejecución, en consecuencia no es dable argumentar al recurrente la falta de valoración de
pruebas [...] de manera posterior a la declaración de incumplimiento realizada por la
administración y una vez enjuiciado fiscalmente.
[…]
La Corporación Huellas De Paz, al ser parte de un consorcio, es a su vez un contratista del
Estado, y al haber recibido dineros del erario para realizar la construcción de un sistema de
acueducto para el desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, lo hace gestor fiscal y
en consecuencia objeto de control y responsabilidad por los daños que con su acción
u omisión haya causado al Estado.
Así las cosas, este Despacho encuentra acertado desechar los argumentos de alzada del
doctor Sierra, apoderado de confianza de la Corporación Huellas de Paz – Integrante del
Consorcio INGEPAZ, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acápite.
[Se destaca]
A) Estudio de los cargos de falsa motivación formulados en el recurso de
apelación
Falsa motivación por atribución de responsabilidad derivada de estudios y diseños
anteriores a la cesión del contrato de obra pública EPR-0008
La apelante sostuvo que la responsabilidad fiscal le fue atribuida con fundamento en
deficiencias de planeación que no le eran imputables. En particular, afirmó que los
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estudios y diseños que sirvieron de soporte al proyecto fueron elaborados, revisados y
aprobados por distintas entidades y profesionales antes de la celebración del contrato de
obra pública EPRO-008 de 2010 e, incluso, antes de que el Consorcio INGEPAZ
asumiera la posición contractual mediante la cesión del 28 de agosto de 2011. En ese
contexto, argumentó que no podía responsabilizársele por errores técnicos o falencias de
diseño originados en etapas anteriores del proyecto, sobre las cuales no tuvo
participación ni capacidad de decisión.
El principio de planeación constituye «uno de los pilares en la actividad contractual, el
cual impone que la decisión de contratar no puede ser el resultado de la imprevisión, la
improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a las
necesidades reales de la comunidad, y en ese sentido, tal principio emerge con obviedad
de los deberes, la diligencia, el cuidado, la eficiencia y la responsabilidad con que ha de
conducir sus actuaciones todo administrador público»46.
La jurisprudencia de esta Corporación también ha precisado que el principio de
planeación no solo impone deberes a la entidad estatal, sino también al contratista, quien,
debido a su experiencia y conocimientos especializados, está llamado a contribuir a la
adecuada estructuración y ejecución del negocio jurídico. Sobre el particular47:
Este deber es exigible, en primer término, a la entidad contratante, quien tiene la carga de
“comunicar a los interesados las circunstancias relevantes que puedan incidir en el
cumplimiento de los fines del contrato”48.
La Sección Tercera del Consejo de Estado también ha precisado que al contratista le
asisten deberes en la etapa previa a la celebración del contrato y de su incumplimiento se
derivan responsabilidades que no puede eludir, en tanto su participación en el proceso parte
de la base de los conocimientos especializados y la experiencia que ostenta y que
contribuyen a la consideración, valoración y calificación de su oferta49.
El contratista tiene el deber de colaborar con la administración, en observancia del principio
de planeación, de manera que, entre otros, le corresponde poner de presente a la entidad
las deficiencias de planificación que advierta para que sean subsanadas, además debe
abstenerse de participar en la celebración de un contrato en el que evidencie que,
por fallas en su planeación, el objeto contractual no podrá ejecutarse50.
El criterio para establecer si el contratista incumplió con el deber de colaboración es verificar
si conocía o debía conocer las deficiencias en dicho aspecto51. [Negrillas por fuera del texto
original]
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de
2008, expediente 1998-08431(8031). En igual sentido, sentencia de 10 de diciembre de 2015, expediente
2012-00012-01(51489).
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de junio de 2026, radicado no.
014-00190-02 (65190), C.P.: Zoranny Castillo Otálora.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2026, radicado no.
71667, C.P.: Diego Enrique Franco Victoria.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2020, radicado no.
46057, C.P.: María Adriana Marín; sentencia del 25 de noviembre de 2025, radicado no. 64130, C.P.:
María Adriana Marín.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de abril de 2020. Radicación No.
25000- 23-26-000-2007-00097(48676), C.P.: Alberto Montaña Plata.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre de 2025, radicado
No. 64130, C.P.: María Adriana Marín; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de
2026, radicado No. 71667, C.P.: Diego Enrique Franco Victoria.
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Por su parte, el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 8052 de 1993 prevé que, «cuando el
objeto de la contratación incluya la realización de una obra, […] la entidad contratante
deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del
proyecto y su impacto social, económico y ambiental». Se trata de una exigencia que
materializa el principio de planeación y que tiene por finalidad asegurar que la ejecución
contractual se funde en soportes técnicos suficientes que permitan determinar la
viabilidad de la obra y prever los riesgos asociados a su desarrollo53.
Ahora bien, de cara al análisis propuesto, la Sala advierte que no hay duda de que la
entidad contratante incumplió el deber de planeación al no contar con estudios y diseños
completos y adecuados para la ejecución de los convenios interadministrativos 0067 y
0069 de 2010 y del contrato de obra pública EPR-0008 de 201054.
No obstante, como se expuso previamente, el principio de planeación no impone
obligaciones únicamente a la entidad estatal, sino también al contratista, quien, debido a
su experiencia y conocimientos especializados, debe advertir las deficiencias de
planificación que identifique y abstenerse de asumir obligaciones contractuales cuando
resulte evidente que el objeto contractual no podrá ejecutarse en las condiciones
previstas.
En el presente asunto, el Consorcio INGEPAZ asumió la posición contractual de la Unión
Temporal Nuevo Desarrollo Urbano de Recetor Uno, en virtud del contrato de cesión
celebrado el 28 de agosto de 2011. Como lo ha explicado la jurisprudencia, esta figura
«implica que un sujeto, el cesionario, pasa a ocupar el lugar de otro dentro de un vínculo
contractual, sin que se transmitan de manera separada e individual los créditos y las
deudas, sino la posición contractual (C. Co., art. 887). La cesión no comporta la
terminación del contrato respecto del cual una de las partes es sustituida por otra, sino
que el negocio jurídico se mantiene vigente sin solución de continuidad»55.
En esas condiciones, no resulta posible sostener que el Consorcio INGEPAZ, del cual
hacía parte la Corporación Huellas de Paz, hubiera permanecido ajeno a las condiciones
técnicas bajo las cuales venía ejecutándose el proyecto al momento de asumir la posición
contractual. En efecto, en el contrato de cesión se estipuló que el cedente entregaría al
cesionario, junto con los materiales e insumos existentes en obra, la totalidad de la
documentación relacionada con la ejecución contractual, incluidos expresamente los
planos, diseños y los ajustes efectuados a estos. De esta manera, el propio negocio
jurídico evidencia que el cesionario tuvo acceso a la información técnica del proyecto
antes de asumirlo.
52 Modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011.
53 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia
de 7 de mayo de 2021, radicado: 25000-23-26-000-2009-00498-01 (43055), MP: María Adriana Marín.
54 Así lo reconoció la propia Contraloría General de la República al identificar como primer hecho generador
del daño patrimonial las deficiencias en la planeación del proyecto, circunstancia que condujo a la
declaratoria de responsabilidad fiscal de varios servidores públicos vinculados a las etapas de
estructuración y contratación del proyecto, entre ellos el Director de Contratación del departamento de
Casanare, el Secretario de Obras Públicas y Transporte de esa entidad territorial y quien se desempeñó
como Gerente de Empresas Públicas de Recetor S.A.S. E.S.P.
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de marzo de 2026 no. 2012-00748-
03 (70.848) C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
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A ello se suma que, en la cláusula sexta del contrato de cesión se dejó constancia de que
el Consorcio INGEPAZ recibía los contratos «a entera satisfacción [...] en plena ejecución
y en el estado en que se encuentren», sin que se consignara observación, reserva o
salvedad alguna relacionada con los estudios, diseños o condiciones técnicas de las
obras. A su vez, en la cláusula décima segunda el cesionario se obligó a continuar su
ejecución conforme a las especificaciones técnicas, condiciones y parámetros
previamente definidos.
En tales condiciones, la Sala considera que el Consorcio INGEPAZ se encontraba en
posibilidad de conocer las deficiencias que afectaban la ejecución del proyecto y, por
consiguiente, de advertirlas, promover su corrección o abstenerse de asumir la posición
contractual si consideraba que comprometían su viabilidad.
Por consiguiente, el hecho de que los estudios y diseños hubieran sido elaborados con
anterioridad a la cesión no excluye, por sí mismo, toda posibilidad de atribuir
responsabilidad al contratista cesionario. Lo relevante es que este asumió
voluntariamente la posición contractual con acceso a la información técnica existente y
con la obligación de ejecutar adecuadamente el objeto contratado.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que los actos demandados no incurrieron en
falsa motivación por el solo hecho de haber considerado relevantes las deficiencias de
planeación anteriores a la cesión. En efecto, la responsabilidad atribuida a la Corporación
Huellas de Paz no se fundó en su participación en la elaboración de los estudios y
diseños, sino en haber asumido la posición contractual con acceso a la información
técnica disponible y en las actuaciones y omisiones que le fueron atribuidas durante la
etapa de ejecución contractual. En consecuencia, el cargo no prospera.
Falsa motivación por no considerar la incidencia de la deficiente interventoría del
Consorcio D&A 079
La apelante sostuvo que la Contraloría General de la República no valoró
adecuadamente la incidencia que tuvo la interventoría en la frustración del proyecto.
Señaló que el órgano de control identificó deficiencias en la actuación del Consorcio D&A
079, por lo que consideró que existían responsabilidades atribuibles a otros intervinientes
y que la participación de la Corporación Huellas de Paz en los hechos investigados fue
menor a la reconocida en los actos acusados.
En efecto, en el proceso de responsabilidad fiscal se determinó que uno de los hechos
generadores del daño fiscal fue «la no ejecución de la obra derivada de la presunta
deficiencia en la prestación del servicio de interventoría ofrecido por el Consorcio D&A
079, con base en el Contrato de Consultoría N°0257 de 14 de febrero de 2011, ya que
no fue eficiente ni eficaz en controlar la adecuada realización de la obra y no previno
oportunamente la paralización del contrato»56.
Por ese hecho, la Contraloría General de la República declaró fiscalmente responsables
a Diego Ignacio Arenas y a Construcciones Deico Ltda., integrantes del Consorcio D&A
079, así como al supervisor del contrato de consultoría núm. 0257 de 2011 por parte de
la gobernación de Casanare, circunstancia que evidencia que se consideró las
56 Así se estableció en el Auto No. 001443 de 4 de septiembre de 2013 (apertura del proceso de
responsabilidad fiscal), en el Auto No. 0682 de 15 de mayo de 2018 (imputación de responsabilidad fiscal),
en el Auto No. 1082 de 26 de julio de 2018 (fallo con responsabilidad fiscal), y en los Autos No. 1166 de 22
de agosto de 2018 y ORD-80112-0202-2018 de 30 de agosto de 2018, que confirmaron dicha decisión.
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deficiencias en la interventoría como uno de los hechos generadores del daño patrimonial
investigado.
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 610 de 200057, la responsabilidad fiscal se
estructura a partir de tres elementos: una conducta dolosa o culposa atribuible a una
persona que realiza gestión fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal entre
ambos.
Por su parte, el artículo 53 de la misma ley dispone que hay lugar a proferir fallo con
responsabilidad fiscal cuando «obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia
del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación
cuando menos con culpa del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el
comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario».
Aunque estas disposiciones aluden en singular al gestor fiscal y a la conducta generadora
del daño, ello no significa que en un mismo proceso no puedan concurrir varias conductas
idóneas y eficientes en la producción de un mismo resultado dañoso. En esa línea, el
artículo 119 de la Ley 1474 de 201158 prevé que, en los procesos de responsabilidad
fiscal en los cuales se demuestre la existencia del daño patrimonial del Estado derivado
de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente
el ordenador del gasto, el contratista y las demás personas que concurran al hecho.
La norma reconoce que un mismo daño puede tener origen en la actuación concurrente
de varios sujetos, sin que la responsabilidad de uno excluya la de los demás. La
solidaridad allí prevista opera en favor del Estado para efectos del resarcimiento del
detrimento patrimonial, sin perjuicio de que cada responsable haya contribuido a su
causación mediante una conducta propia y autónoma59.
Desde esa perspectiva, el hecho de que la deficiente labor de interventoría hubiera sido
identificada por la Contraloría General de la República como uno de los factores que
contribuyeron al detrimento patrimonial no excluye ni desplaza la responsabilidad
atribuida a la Corporación Huellas de Paz. La conducta del Consorcio D&A 079 y la del
Consorcio INGEPAZ no fueron consideradas por la entidad de control como
circunstancias excluyentes entre sí, sino como causas concurrentes de un mismo
resultado dañoso, cada una susceptible de generar responsabilidad fiscal.
Fue precisamente por esa actuación concurrente que la Contraloría estimó comprometida
la responsabilidad de la Corporación. En efecto, los informes técnicos rendidos por los
ingenieros Jorge Álvaro Cala Flórez y Víctor Hugo Rojas Castellanos concluyeron que
las obras ejecutadas en desarrollo de los convenios interadministrativos 0067 y 0069 de
57 «Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los
siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.
• Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores».
58 «Artículo 119. Solidaridad. En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de
repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de
sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del
gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que
concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial».
59 Sobre la solidaridad en los procesos de responsabilidad fiscal y la concurrencia de culpas en la
producción de un mismo daño, véase, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de enero de 2023, radicación 25000-23-41-000-2017-
00164-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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2010 se encontraban «totalmente inconclusas y en estado de abandono», y que ninguno
de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización de agua había sido
construido de manera completa.
Según el informe técnico rendido por el ingeniero Víctor Hugo Rojas Castellanos, dentro
del contrato de obra EPRO-008 de 2010 «no se amortizaron cuantías entregadas a
manera de anticipo por valor de $2.158.078.989,41», mientras que las obras ejecutadas
y recibidas mediante las actas parciales núms. 1 y 2, valoradas en $318.033.466,98,
carecían de funcionalidad.
A ello se suma que, según se dejó consignado en la Resolución núm. 016 del 6 de
noviembre de 2012, para diciembre de 2011 -apenas cuatro meses después de que el
Consorcio INGEPAZ asumiera la posición contractual mediante la cesión- la interventoría
advirtió que el contratista ya incumplía el cronograma que él mismo había presentado
para la ejecución de la obra, con un «atraso aproximado del 30%».
Estas circunstancias permiten concluir que, con independencia de las falencias que
pudieran atribuirse a la interventoría en el ejercicio de sus funciones de seguimiento y
control, la ejecución material de las obras permaneció bajo la responsabilidad
directa del Consorcio INGEPAZ. Fue precisamente el incumplimiento de esa obligación
contractual lo que, según la Contraloría, impidió que los recursos públicos comprometidos
cumplieran la finalidad para la cual habían sido destinados.
En consecuencia, la Sala considera que la identificación de deficiencias en la labor de
interventoría no desvirtúa la motivación de los actos acusados ni demuestra la
inexistencia del nexo causal atribuido a la Corporación Huellas de Paz, por tanto, el cargo
no prospera.
Falsa motivación por atribución integral del detrimento patrimonial pese a la participación
parcial del cesionario en la ejecución contractual
La apelante cuestionó la responsabilidad que le fue atribuida por la Contraloría respecto
del detrimento patrimonial declarado. Sostuvo que el Consorcio INGEPAZ no recibió la
totalidad de los recursos tenidos en cuenta para su cuantificación y que, al momento de
asumir la posición contractual mediante la cesión, la obra registraba un avance
aproximado del 2 %, se había consumido una parte significativa del plazo contractual y
una porción importante de los recursos ya había sido desembolsada al contratista
original. Con fundamento en ello, afirmó que la responsabilidad fiscal atribuida al
consorcio no guardaba correspondencia con su participación efectiva en la ejecución del
contrato ni con los recursos que efectivamente recibió y administró.
Como se explicó párrafos atrás, el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011 prevé que, en los
procesos de responsabilidad fiscal, cuando varias personas concurran en la producción
de un mismo daño patrimonial, responderán solidariamente frente al Estado. Por tanto,
«la solidaridad parte del supuesto de una culpa compartida, de ahí que el pago pueda
exigirse de uno o de ambos deudores que desaparece en el evento de que uno de los
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implicados resulte exonerado»60. Sobre el alcance de dicha figura, esta Sala ha precisado
que61:
[L]a responsabilidad solidaria no es un parámetro de imputación, ni hace más gravosa la
situación del apelante. Lo dicho por cuanto la responsabilidad solidaria no modifica la
cuantía del daño causado al erario, ni equivale a que el actor deba pagar de manera
individual la totalidad de las sumas de dinero establecidas como detrimento patrimonial,
sino que la solidaridad implica que el monto total de la condena pueda ser exigible a
cualquiera de los declarados fiscalmente responsables, quienes, a su vez, pueden repetir
contra los demás.
Precisamente el artículo 1579 del Código Civil dispone que “el deudor solidario que ha
pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda
subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada
respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la
deuda”.
A la luz de lo anterior, la Sala no comparte la premisa de la apelante según la cual la
responsabilidad fiscal debía reducirse en atención al momento en que el Consorcio
INGEPAZ asumió la ejecución contractual o a los recursos que efectivamente recibió. En
efecto, aun si se aceptara que su participación en la ejecución de la obra fue menor que
la de otros intervinientes, ello no desvirtúa la procedencia de la responsabilidad solidaria
derivada de su concurrencia en la producción del detrimento patrimonial declarado.
En otras palabras, la circunstancia de que el Consorcio INGEPAZ hubiera asumido la
ejecución del contrato cuando una parte significativa del plazo contractual ya se había
agotado y algunos recursos hubieran sido desembolsados con anterioridad al contratista
inicial, no implica que la responsabilidad fiscal deba limitarse a esa etapa de ejecución ni
que el detrimento patrimonial deba fraccionarse de acuerdo con el porcentaje de
participación de cada responsable.
Por consiguiente, el argumento según el cual la responsabilidad de la Corporación
Huellas de Paz debía corresponder únicamente a los recursos efectivamente recibidos
por el Consorcio INGEPAZ o al período durante el cual este ejecutó el contrato no tiene
la virtualidad de desvirtuar la motivación de los actos demandados.
En consecuencia, la Sala concluye que la circunstancia de que el Consorcio INGEPAZ
hubiera intervenido en una etapa avanzada de la ejecución contractual no demuestra que
la Contraloría General de la República hubiera incurrido en falsa motivación al declararlo
solidariamente responsable por el detrimento patrimonial investigado. Por tanto, el cargo
no prospera.
5.5. Condena en costas
La Sala no condenará en costas en la presente instancia, comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de enero
de 2023, radicación 25000-23-41-000-2017-00164-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
61 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, radicación
2014-00287-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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Radicado: 85001-23-33-000-2019-00022-01
Demandante: Corporación Nacional de Desarrollo
Demandado: Contraloría General de la República
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de febrero de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, conforme con lo señalado en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, devolver el expediente al
tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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