Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00296-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Demanda: requisitos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00296-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2010-00296-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
26 de abril de 2018
DEMANDA – Requisitos / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD – Obligatoriedad / CONCILIACIÓN - Origen y desarrollo legislativo / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL - Como requisito de procedibilidad en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho / NORMATIVA PROCESAL - Es de orden público. Vigencia ipso facto a partir de su promulgación / LEY 1285 DE 2009 - Vigencia / VIGENCIA DE LA LEY - Reglamentación de una ley procesal no interrumpe su imperatividad / EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL – Probada / DEMANDA EN FORMA - Requisito procesal / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL - La admisión de la demanda no subsana la falta de acreditación de su trámite / CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA DEMANDA - Oportunidad / DECISIÓN ILEGAL - No ata al juez ni cobra ejecutoria / FALLO INHIBITORIO - Por no acreditar el requisito de la conciliación prejudicial / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a Sala considera para el caso sub examine que la demandante debió agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, por cuanto, como lo señaló el a quo, se evidencia que no se enmarca en ninguna de las excepciones legales para el cumplimiento del requisito, por cuanto, las pretensiones de la demanda contienen un interés eminentemente económico, representado en que la parte demandante solicita que se le reconozcan las inversiones efectuadas dentro del marco del Plan de Manejo Ambiental como cumplimiento de la obligación del 1% contenida en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y que, además, ésta solo tenga en cuenta la tasa por uso de agua y no la totalidad del costo del proyecto.
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL - Requisito de procedibilidad / DEMANDA DE ACTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA AMBIENTAL - Agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL - Debe agotarse cuando las pretensiones son de contenido económico / SUSPENSIÓN PROVISIONAL - No excusa a la parte actora de cumplir el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
La Sala concluye que la parte demandante debió agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, toda vez, que se evidencia que las pretensiones de su demanda contienen un interés eminentemente económico, como es el reconocimiento de las inversiones efectuadas por ella, sin que sea procedente el argumento de que la solicitud de suspensión provisional de los actos demandados se enmarca en los supuestos normativos indicados por el legislador para acudir directamente a la jurisdicción cuando se solicite el decreto y práctica de pruebas de medidas cautelares.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 97 NUMERAL 7 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 101 / LEY 23 DE 1991 / LEY 446 DE 1998 / LEY 640 DE 2001 / LEY 1285 DE 2009
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-24-000-2010-00296-01
Actor: B.P. EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED, ACTUALMENTE EQUION ENERGÍA LIMITED
Demandado: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, ACTUALMENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Referencia: Se resuelve recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 16 de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión
Referencia: CONCILIACIÓN PREJUDICIAL - Como requisito de procedibilidad en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho / SUSPENSIÓN PROVISIONAL - No excusa a la parte actora de cumplir el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial / FALLO INHIBITORIO - Al no cumplir el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra la sentencia de 22 de marzo de 2012 proferida por el de 16 de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión, mediante la cual mediante la cual declaró de oficio la excepción de inepta demanda por no agotamiento del requisito de procedibilidad referido a la conciliación extrajudicial, contenido en el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 y, por tanto, se inhibió de fallar sobre el fondo de la demanda presentada por B.P. EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED, actualmente EQUION ENERGÍA LIMITED, en adelante parte demandante, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, actualmente MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, en el Ministerio, y la AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, en delante de manera conjunta se denominan como la parte demandada.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones, y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
ANTECEDENTES
1. La demanda
La parte demandante, por medio de apoderado especial, presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., contra la parte demandada, con el fin de que se reconozcan las siguientes:
1.1 Pretensiones
La parte demandante pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
“[…] la Resolución No.158 de 29 de enero de 2008 expedida por la Nación – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la cual se modificó una Licencia Ambiental.
[…] la Resolución No. 2337 de 16 de diciembre de 2008 expedida por la Nación – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 158 de 29 de enero de 2008, modificando su artículo primero en el sentido de: (i) incluir una nueva obligación a BP y, así mismo, desconocer las inversiones efectuadas por dicha empresa antes de la expedición de las comentadas Resoluciones; y (ii) confirmándola en todo lo demás.
[…] la Resolución No. 776 de 27 de abril de 2008 expedida por la Nación – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante al cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 2337 de 16 de diciembre de 2008. […]”.
Solicitó, a título de restablecimiento del derecho lo que se extracta a continuación:
“[…] Se declare que la expedición de la Resolución No. 158 de 29 de enero de 2008, modificada por la Resolución No. 2337 de 16 de diciembre de 2008 modificando su artículo primero en el sentido de: (i) incluir una nueva obligación para BP y, así mismo, desconocer las inversiones efectuadas por dicha empresa antes de la expedición de las comentadas Resoluciones; y (ii) confirmándola en todo lo demás, evidencia las omisiones históricas del Ministerio respecto de la definición de actividades u obras que debían servir como parte del cumplimiento de la inversión forzosa de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, razón por la cual no puede ahora pretender desconocer, como en efecto lo hace en las Resoluciones demandadas, todas las inversiones ya efectuadas por BP desde el inicio del proyecto para la construcción y operación del Área de Pozos Cusiana VA y en beneficio de la cuenca hidrográfica del río Upanema.
[…] Se declare que BP cumplió la obligación de inversión de no menos del 1% del total del proyecto para la construcción y operación del Área de Pozos Cusiana VA, en la recuperación y preservación de la cuenca hidrográfica […].
[…] Se declare que en la Licencia Ambiental (Resolución No. 1634 de 26 de diciembre de 1995) otorgada para la construcción y operación del Área de Pozos Cusiana VA, modificada por la Resolución No. 1755 de 17 de noviembre de 2005, nada se dijo respecto de la inversión del 1% establecida en el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993.
[…] Se declare que Resolución No. 158 de 29 de enero de 2008, que modificó la Licencia Ambiental, así como la Resolución No. 2337 de 16 de diciembre de 2008, hicieron caso omiso de las inversiones ya efectuadas por BP en el área de influencia del proyecto para la construcción y operación del Área de Pozos Cusiana VA, […].
[…] Se declare que BP, como parte de su plan de manejo ambiental debidamente avalado por el Ministerio, y como parte del manejo ambiental que da a proyectos como el de construcción y operación del Área de Pozos Cusiana VA, pese a las omisiones del Ministerio que se evidencian con la expedición de las Resoluciones, realizó todas las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y, en especial, a la obligación de la inversión forzosa del 1% de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.
[…] Se declare que como resultado de las leyes 373 de 1997, 715 de 2001 y 812 de 2003, debe entenderse que para la aplicación de la inversión forzosa en los términos de ley se requiere que […].
[…] Se declare que no existía para BP obligación legal alguna de presentar un Plan de Inversiones del 1% por no existir tal requerimiento en la ley vigente al momento de expedición de la licencia ambiental […].
[…] Se declare que no existe obligación legal alguna de concertar con la Corporación Autónoma Regional las inversiones que se planeen efectuar para la recuperación, preservación y conservación de la cuenca, […].
[…] Se declare que BP, como parte de su plan de manejo ambiental debidamente avalado por el Ministerio, y como parte del manejo ambiental que da a los proyectos como como el de construcción y operación del Área de Pozos Cusiana VA, invirtió más del 1% del valor de las obras y actividades que generaron tasa por utilización del agua, y en tal sentido, han cumplido con el deber legal contenido en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, e incluido ahora en la Licencia Ambiental mediante la Resolución No. 158 de 29 de enero de 2008, modificada por la Resolución No.
2337 de 16 de diciembre de 2008, en el sentido de: […].”
“[…] Se declare que la inversión del 1% a que se refiere el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, se calcula sobre la inversión que ha generado la tasa por utilización del agua, dado que debe existir proporcionalidad entre la inversión del 1% y el uso efectivo del recurso hídrico, […].
[…] Se declare que la ley sólo hasta la expedición del Decreto 1900 de 2006 distinguió las inversiones que sirven para amortizar la inversión del 1% y en tal sentido, cualquier inversión realizada antes de la entrada en vigencia de dicha norma, […], ha debido servir para amortizar o evidenciar el cumplimiento del deber legal y el Ministerio ha debido considerar las inversiones ya efectuadas por la BP al expedir las Resoluciones impugnadas.
[…] Se declare que el Ministerio no puede desconocer las inversiones ambientales realizadas por BP como inversiones del 1% y en tal sentido, ha debido tenerlas en cuenta al momento de expedir la Resolución No. 158 de 29 de enero de 2008 y la Resolución No. 2337 de 16 de diciembre de 2008, […].
[…] Se declare que el Ministerio al momento de modificar la Licencia Ambiental solamente ha podido solicitar inversiones puntuales a BP respecto de las actividades u obras que generaron la tasa por utilización del agua, […].
[…] Se declare que la reglamentación del Decreto 1900 de 2006, que define las bases sobre las cuales puede calcularse el 1% es el único marco de referencia aplicable aún respecto de las licencias ambientales otorgadas con anterioridad a su expedición […]”.
1.2 Presupuestos fácticos
La parte demandante relató, como fundamento de sus pretensiones, los hechos que se extractan a continuación:
1.2.1 “[…] Mediante Resolución No. 1624 de 26 de diciembre de 1995, el Ministerio del Medio Ambiente […], otorgó licencia ambiental ordinaria para la construcción y operación del Área de Pozos Cusiana VA, […]”.
1.2.2 “[…] Mediante Resolución No. 340 de 15 de agosto de 1996, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía […], otorgó concesión de aguas a BP en el Área de Pozos Cusiana VA, teniendo como fuente de captación el río Upanema, […]”.
1.2.3 “[…] Mediante Resolución No. 200.15.06-0645 de 28 de junio de 2006, CORPORINOQUIA modificó la Resolución No. 349 de 15 de agosto de 1996 en el sentido de señalar que el término para el cual se otorgó la concesión de aguas es de cinco (5) años y adicionalmente, autorizó como fuente alternativa de captación al río Caja […]”.
1.2.4 “[…] Mediante comunicación radicada bajo el número 20061011-780CUSVA de 12 de octubre de 2006, BP allegó el estado de la inversión del 1% con su respectiva certificación por parte del revisor fiscal. […]”.
1.2.5 “[…] Mediante Resolución No. 158 de 29 de enero de 2008 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial modificó la licencia ambiental del proyecto para la construcción y operación del Área de Pozos Cusiana VA en el sentido de incluir la siguiente obligación: ‘[…] La Empresa BP EXPLORATION COMPANY – COLOMBIA- Limited de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 reglamentado por el Decreto 1900 de 2006, deberá destinar como mínimo un uno por ciento (1%) del valor del proyecto, en actividades de recuperación, preservación y vigilancia de la Cuenca Hidrográfica del Río Upanema, […], para lo cual deberá presentar en un plazo no mayor a dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de la presento resolución, un plan de inversiones con su respectivo cronograma de actividades, para la evaluación y aprobación por parte de este Ministerio.
Las actividades en que se resuelva realizar la inversión deben ser de las establecidas en el Decreto 1900 de 12 de junio de 2006, concertadas con la Corporación Autónoma Regional […].
Si al vencimiento del mencionado término, no existe concertación entre las partes, este Ministerio decidirá en que actividades se invertirá el valor del 1%. […]”.
1.2.6 “[…] Mediante comunicación radicada bajo el número 4120-E1-2488 de 5 de marzo de 2008, BP encontrándose dentro del término legal para hacerlo y dando pleno cumplimiento a los requisitos de ley, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 158 de 29 de enero de 2008, en el cual señaló: […]”.
1.2.7 “[…] Mediante Resolución No. 2337 de 16 de diciembre de 2008, El Ministerio resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 159 de 29 de enero de 2008 y en la parte resolutiva decidió modificar la Resolución No. 158 de 29 de enero de 2008 en el sentido de incluir el siguiente parágrafo:
‘PARÁGRAFO: Dentro del plan de inversión del 1% requerido, serán evaluados los documentos presentados, contentivos de aquellas actividades que hayan sido realizadas antes de la expedición del Decreto 1900 de 2006, siempre y cuando no correspondan a las obligaciones establecidas en el plan de manejo ambiental, ni en la licencia otorgada para el desarrollo del proyecto, mediante Resolución No. 1634 de 26 de mayo de 1995, modificada por la Resolución No. 1755 de 17 de noviembre de 2005, y cumplan con los objetivos de la inversión del 1%.’ […]”.
1.2.8 “[…] Mediante comunicación 4120-E16452 de 26 de enero de 2009, BP encontrándose dentro del término legal para hacerlo y dando pleno cumplimiento a los requisitos de ley, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 2337 de 16 de diciembre de 2008, en el que señaló: […].”.
1.2.9 “[…] Mediante Resolución No. 776 de 27 de abril de 2009, el Ministerio resolvió el recurso de reposición contra la Resolución No. 2337 de 16 de diciembre de 2008 declarándolo improcedente argumentado que el recurso interpuesto contra la resolución No. 158 de 29 de enero de 2008 pretendía que se reconocieran las inversiones efectuadas con anterioridad del Decreto 1900 de 2006 y este fue el punto que se resolvió mediante la Resolución No. 2337 de 16 de diciembre de 2008. […]”.
2.10 “[…] El artículo tercero de la Resolución 776 de 27 de abril de 2009 precisó que ‘Contra la presente resolución no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa. […]”.
1.3 Normas violadas
En criterio de la parte demandante, las resoluciones demandadas transgredieron los artículos 6, 58, 29, 79, 80 y 121 de la Constitución Política; los artículos 35, 59, 76 y 84 del Código Contencioso Administrativo; el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993; el parágrafo del artículo 16 de la Ley 373 de 6 de junio de 1997; el artículo 76.5.6 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001; el parágrafo del artículo 16 de la Ley 812 de 26 de junio de 2003; el artículo 1o del Decreto 1220 de 21 de abril de 2005; los artículos 312, 314 (literal h), 316, 317,318,319, 320 y 321 del Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974; los artículos 1 al 12 del Decreto 2857 de 13 de octubre de 1981; el artículo 204 del Decreto 1594 de 26 de junio de 1984; el artículo 19, 23 (numeral 5), 23 (parágrafo 1), 25 del Decreto 1729 de 6 de agosto de 2002; el artículo 6 del Decreto 155 de 22 de enero de 2004.
1.4 Concepto de la violación.
La parte demandante desarrollo el concepto de la violación, así:
1.4.1 “[…] La falsa interpretación del artículo 58 de la Constitución y del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 […]”
1.4.1.1 Afirmó que si bien es cierto que el artículo 58 de la Constitución Política estableció que la propiedad es inherente una función social y ecológica, ello no puede significar “[…] que esta función ecológica implica una carga ajena por completo al recurso natural y su uso o conservación […]”. Esto, por cuanto, en su criterio, la base para calcular el valor correspondiente al 1% del valor del proyecto no puede ser el monto global de éste, sino únicamente el correspondiente a la inversión que ha generado tasas por aprovechamiento del agua, conforme lo sugirió la Corte Constitucional en la Sentencia C-495 de 1996.
1.4.1.2 Agregó que la falta de reglamentación del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, atendida solo hasta la expedición del Decreto 1900 de 12 de junio de 2006, dificultaba saber qué clase de inversiones eran imputables al cumplimiento de la inversión forzosa establecida por dicha norma.
1.4.2 “[…] La interpretación errónea del parágrafo del art. 43 de la ley 99 de 1993 y de los artículos 1º, 4, 20, 21 y 33 del Decreto 1220 de 2005, que reglamentan lo atinente a la expedición y modificación de las licencias ambientales y entre ello, lo referido al Plan de Manejo Ambiental, e indebida aplicación del Parágrafo 2º del artículo 5º del decreto 1900 de 2006 […]”
1.4.2.1 Sostuvo que el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 no se puede interpretar de manera aislada respecto de lo previsto en el inciso primero de dicha norma, que regula la tasa por uso de agua con base en el criterio proporcional de la utilización efectiva del recurso, luego no se podría indicar que tal criterio no es aplicable a la disposición contenida en el parágrafo y que la inversión forzosa que éste impone se debe calcular con independencia del monto de agua empleado en el proyecto. En especial, cuando la Corte Constitucional, en la Sentencia C-495 de 1996, fue expresa en señalar que “[…] [l]a inversión forzosa que contiene el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, consistente en destinar el 1% del total de la inversión que ha generado tasas por utilización de agua, para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica, es una carga social que se desprende de la función social de la propiedad (art. 58 C.P.) […]”.
1.4.2.1 Planteó que, para ejemplificar lo anterior, que “[…] líneas de transmisión de energía a nivel nacional a 220KW, proyecto cuyo valor excede los USD 3.000.000.000 y en donde por razones de la operación se construye una locación pequeña para atender cierto uso limitado del recurso hídrico por parte de algunos trabajadores en cercanía a un río. La interpretación del Ministerio en este punto, es que así el tamaño del proyecto sea gigantesco y su costo significativo y el uso del recurso hídrico mínimo, debe la empresa respectiva asumir el 1% de los USD 3.000.000 sin consideración alguna a que sólo se toma una insignificante cantidad de agua de la fuente […]”; circunstancia que, afirma, no parece admisible a la luz de la norma legal.
1.4.2.2 Destacó que desde el inicio de la actividad licenciada, la parte demandante ha venido ejecutando inversiones orientadas a dar cumplimiento a la prescripción del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, no obstante lo cual el Ministerio se empeña en desconocerlas.
1.4.3 “[…] Por falta de aplicación de los artículos 6, 80, 121 y 123 de la Constitución, los artículos 312, 314 literal h), 316, 317, 318, 319, 320 y 321 del Decreto 2811 de 1974, los artículos 1 al 7 y 9 al 12 del Decreto 2857 de 1981, numeral 1 del artículo 1 y artículo 3 de la ley 99 de 1993, parágrafo del artículo 16 de la ley 373 de 1997, el artículo 76.5.6 de la ley 715 de 2001, artículos 4, 6, 7, 8, 9, 19, 23 numeral 5, 23 parágrafo 1 y 25 del Decreto 1729 de 2002, y el parágrafo del artículo 16 de la ley 812 de 2003 […]”
1.4.3.1 Aseveró que, en virtud de lo previsto por los artículos 6, 121 y 123 de la Constitución Política, el Ministerio únicamente podía haber exigido lo expresamente establecido en el parágrafo del artículo 43 de la ley 99.
1.4.3.2 Adujó que se vulnera el artículo 80 de la Constitución Política y el artículo 1º de la Ley 99, pues el Ministerio desconoce que la legislación ambiental tiene como propósito esencial garantizar el derecho a un medio ambiente sano y la realización del principio de desarrollo sostenible, ya que omite hacer del uso del recurso natural el aspecto fundamental para determinar la aplicación de un instrumento ambiental. Y afirma que ello es tanto como “[…] sostener que quien no genera un impacto ambiental debe cargar con el costo del impacto […]”; situación que desnaturaliza la esencia del Derecho Ambiental.
1.4.3.3 Indicó la falta de aplicación de los artículos 312, 314 literal h), 316, 317, 318, 319, 320 y 321 del Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974, los artículos 1 al 7 y 9 al 12 del Decreto 2857 de 13 de octubre de 1981, el artículo 76.5.6 de la Ley 715 y los artículos 4, 6, 7, 8, 9, 19, 23.5, 23 parágrafo 1 y 25 del Decreto 1729 de 6 de agosto de 2002, por cuanto estas disposiciones, ignoradas por el Ministerio, imponen “[…] que la autoridad ambiental defina la inversión del 1%, la cuenca hidrográfica, que se establezca un plan de ordenamiento de la misma, que se establezca un plan de ordenamiento de la misma, que se involucre en dicho plan los aspectos regulatorios de ahorro y uso eficiente del agua y que se establezcan los componentes dentro del respectivo plan de la cuenca que resultarán beneficiados con el 1% en discusión […]” . Y apunta que la “[…] Ninguno de estos requisitos previos no existió respecto del proyecto para la construcción y operación del Área de Pozos Cusiana VA al momento de su licenciamiento […]”.
1.4.3.4 Recalcó la falta de aplicación del artículo 6º del Decreto 155 de 22 de enero de 2004, que reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 e indica que la base gravable para el cálculo de la tasa por uso de agua es el volumen del recurso efectivamente captado. Afirma que siendo esa la regla aplicable al cómputo de la tasa por uso de agua prevista por el artículo 43, no se justifica que la inversión forzosa contemplada en el parágrafo de esta disposición no siga la misma lógica.
1.4.4 Indebida o falsa motivación.
1.4.4.1 Sostuvo que no existe fundamento jurídico ni fáctico para que el Ministerio haya expedido los actos demandados y haya establecido, en cabeza de la parte actora, una obligación como la que le fue impuesta.
1.4.4.2 Enfatizó que:
“[…] no existe ni el soporte jurídico ni fáctico para que el Ministerio haya expedido las Resoluciones e impuesto a BP una obligación desconociendo las inversiones realizadas por la Compañía en cumplimiento de la ley y mucho menos cuando dichas obligaciones no habían sido claramente definidas por el mismo ente. […]. No existía norma alguna que exigiera para la época de otorgamiento de la licencia ambiental la presentación del referido Plan de Inversión del 1% que exigen las Resoluciones demandadas; no existe norma laguna que libere al Ministerio de su deber legal de indicar las obras de recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca, ni de su obligación de cumplir con lo dispuesto por él mismo en la Licencia Ambiental; no existe obligación legal alguna de concertar con las corporaciones autónomas regionales las inversiones del 1% y no existe obligación legal alguna para presentar el citado Plan de Inversión del 1% para aprobación y aval del Ministerio entes de efectuar una inversión con cargo al 1%. […]”.
1.4.5 Violación del artículo 83 de la Constitución Política
1.4.5.1 Indicó que los actos demandados vulneran el principio de confianza legítima, porque habiéndose aprobado la licencia ambiental y el plan de manejo ambiental correspondiente por el Ministerio.
1.4.5.2 Manifestó que:
“[…] BP entendió que la autoridad ambiental había dado su aprobación respecto de proyectos y actividades de carácter general, incluidas aquellas encaminadas a beneficiar específicamente las cuencas y por ende destinadas a dar cumplimiento a la inversión forzosa del 1%. […]”.
1.4.5.3 Consideró que, en virtud de esa confianza legítima y obrando de buena fe, se ejecutaron inversiones equivalentes a lo previsto en la ley en la cuenca de donde se tomó el recurso hídrico, con el fin de dar cumplimiento a ese deber legal y se mantuvo siempre informado de ello al el Ministerio.
1.5 Solicitud de suspensión provisional y manifestación de no agotamiento del trámite de conciliación prejudicial
La parte demandante advirtió que acude directamente a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin agotar el trámite de conciliación prejudicial, porque, en su criterio, es improcedente en este caso, toda vez que la Ley 640 de 5 de enero de 2001, en su artículo 35, establece que cuando se solicite el decreto y práctica de medidas cautelares, cualquiera que sea el proceso de que se trate, es posible acudir directamente a la jurisdicción sin que se deba cumplir el requisito de conciliación prejudicial.
Solicitó, en consecuencia, la medida de suspensión provisional que tiene el carácter de medida cautelar especial para los procesos que se surten ante esta jurisdicción, en los cuales se controvierte la legalidad de los actos acusados; que la Jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, ha sostenido que la suspensión provisional que se puede solicitar en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, corresponde a una medida cautelar, por cuanto con ella se pretende, provisionalmente mientras se dicta sentencia de fondo, hacer cesar los efectos que producen los actos administrativos cuya nulidad se pretende.
Adicionalmente, indicó que el artículo 35 de la Ley 640 y el artículo 13 de la Ley 1285 de 22 de enero de 2009 disponen, expresamente, que ello solo es necesario en asuntos que sean conciliables y el artículo 2° del Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009 dispone que dicho trámite de la conciliación prejudicial solo resulta procedente tratándose de conflictos de contenido económico, luego, como el asunto no tiene tales características porque se trata de declarar la ilegalidad de la interpretación que hace el Ministerio del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, razón por la cual se trata de un asunto no conciliable, por tratarse de una controversia eminentemente jurídica y no de contenido económico, relacionada en forma directa e inescindible con la legalidad de los actos impugnados.
2. Admisión de la demanda
2.1 El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Primera, mediante auto de 13 de noviembre de 2009, rechazó la demanda presentada, con base en las siguientes razones:
“[…] Por tanto, la posible violación de las normas invocadas, solo puede ser analizada en la decisión que decida de fondo el asunto, es decir, la sentencia. Por tanto, al no ser procedente la suspensión de los actos demandados, dicha petición no sirve para obviar el cumplimiento del requisito de procedibilidad. En este orden de ideas, como dentro del expediente no obra constancia que acredite el cumplimiento de tal requisito, debe rechazarse el libelo. […]”.
2.2 La parte demandante presentó, mediante escrito de 29 de noviembre de 2009, recurso de apelación contra el auto del 13 de noviembre de 2009 proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Primera.
2.3 El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Primera, mediante auto de 1 de marzo de 2010, concedió el referido recurso de apelación y ordenó remitir el expediente ante Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2.4 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 13 de mayo de 2010, revocó el auto de 13 de noviembre de 2009 proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Primera, y ordenó que se procediera a efectuar el correspondiente análisis con respecto de los requisitos de la admisión de la demanda.
2.5 El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Primera, mediante auto de 21 de junio de 2010, rechazó la demanda y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en la siguiente consideración:
“[…] Al momento de la presentación de la demanda, la cuantía máxima de conocimiento de los Juzgados Administrativos era de $149.070.000,oo; por lo que la cuantía estimada por el acto excede el monto anteriormente calculado, razón por la cual este Despacho no es competente para conocer de la presente acción.
Por consiguiente, dado que de conformidad con el Art. 132 numeral 3o del Código Contencioso Administrativo el competente para conocer de la presente acción es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se remitirá el presente asunto a la mencionada instancia judicial a fin de que asuma la competencia por el factor de la cuantía, de la cual este Despacho carece por exceder el monto máximo establecido por el Art.134B ídem. […]”.
2.6 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, mediante auto del 24 de marzo de 2011, admitió la demanda presentada y denegó la suspensión provisional de los actos demandados.
El Tribunal consideró lo siguiente:
2.6.1 Respecto de la admisión de la demanda.
“[…] Por reunir los requisitos de ley se admitirá la demanda de la referencia. […]”.
2.6.2 Respecto de la solicitud de suspensión provisional
“[…] Estima la Sala que la primera exigencia fue cumplida por la parte actora, ya que la medida cautelar fue solicitada y sustentada en el mismo escrito de la demanda antes de su admisión.
Ahora bien, con relación al segundo requisito, la Sala observa que al confrontar el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, y las Resoluciones No. 158 del 29 de enero de 2008, No. 2337 del 16 de diciembre de 2008 y No. 776 del 27 de abril de 2009 demandadas no determina un estudio minucioso, que no propio de esta etapa procesal, sino de la sentencia.
Bajo las consideraciones anteriores, la Sala denegará la solicitud de suspensión provisional de los actos demandados. […]”.
3. Contestación de la demanda
La parte demandada, por medio de apoderado especial, presentó escrito de contestación de la demanda, se opuso a todas y cada una de las pretensiones, argumentando que carecen de fundamento fáctico y jurídico, así:
3.1 “[…] este Ministerio simplemente aclaró la cuenca sobre la cual se debe hacer la inversión de no menos del 1%, y no se compete la afirmación hecha por la empresa frente a que se impuso una obligación ya cumplida por la BP, […]”:
3.2 “[…] este Ministerio nunca ha pretendido desconocer las actividades realizadas por BP […] y prueba de ello es que solicitó información del estado de cumplimiento de la obligación para determinar cuáles cumplían con los objetivos de la inversión de no menos del 1% y había sido desarrolladas en beneficio de la Cuenca del ríó Upanema. […]”.
3.3 “[…] La evaluación de las inversiones presentada por la empresa tienen por objeto verificar que estas cumplen con el objetivo de la inversión del 1% y que se localizan al interior de la cuenca hidrográfica correspondiente, así mismo, permite asegurar que las actividades y obras reportadas por la empresa para tenerse en cuenta dentro de la inversión del 1% no hacen parte del Plan de Manejo Ambiental del proyecto ni de las demás obligaciones establecidas en la Resolución de licencia ambiental u otros actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental regional y en ningún momento se busca desconocer la información remitida por la empresa. […]”.
3.4 “[e]l parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 consagra expresamente la obligación que tiene todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, de destinar no menos de un 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. La autoridad ambiental que otorgue la licencia ambiental determinará las obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca.”
3.5 Descartó que lo expresado en la Sentencia C-495 de 1996 por la Corte Constitucional, respecto de la base que se debe tomar para efectos de liquidar el valor de la inversión forzosa del 1% establecido por el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993, tenga el carácter de precedente vinculante, por cuanto no se enmarca dentro de las exigencias que jurisprudencialmente se han fijado a ellos, a saber: que emane de la ratio decidendi de un conjunto de sentencias que resuelven un problema jurídico similar al que se trata.
3.6 “[…] la sentencia citada hace referencia a la constitucionalidad de la existencia de la norma en relación con la igualdad de las cargas tributarias y no en relación con la aplicación particular de cada una de las tasas allí referidas […]”.
3.7 Explicó que, a diferencia de lo que plantea la demanda, debe el juez ceñirse al texto de la artículo 43 de la Ley 99 de 1993, siendo este explícito en señalar que el 1% debe calcularse sobre la totalidad de la inversión:
“[…]
Ley 99 de 1993, Artículo 43, Parágrafo
Sentencia C-495/96
PARÁGRAFO. Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica.
La inversión forzosa que contiene el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, consistente en destinar el 1% del total de la inversión que ha generado tasas por utilización de aguas, para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica.
[…]”
3.8 “[…] esta comparación literal permite observar que la Corte Constitucional adicionó una frase que no existe en la ley y que pierde fuerza a la luz de lo expuesto previamente por ser una modificación del texto de la norma que no lo está permitido en las circunstancias planteadas de dicho caso y que adicionalmente solo se encuentra en una sentencia (y no un grupo de sentencias) cuyo ratio decidendi no corresponde a la materia de estudio del caso particular que nos convoca […]”.
3.9 Hizo énfasis en que, a diferencia de lo que plantea la parte demandante, nada tiene que ver la tasa por uso de agua con la inversión forzosa del 1%, como se evidencia en el siguiente cuadro:
“[…]
Gravamen
Hecho
Generador
Sujeto
activo
Sujeto
Pasivo
Base gravable
Destinación
Tasa Compensatoria
Utilizar el agua
Autoridad
ambiental
Usuario de aguas
Sistema y método del art. 42 Ley 99 de 1993
Compensación gastos de mantenimiento y renovabilidad del recurso hídrico
Inversión Forzosa del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993
Todo proyecto que para su ejecución tome directamente agua tomada de fuente natural que tenga licencia ambiental
Autoridad ambiental que obliga a cumplir a través de LA
Beneficiario de la licencia ambiental
No menos del 1% del total de la inversión. En discusión todo lo demás-
Obras de recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca que establezca la licencia ambiental – Directamente por el propietario del proyecto
[…]”
3.10 Subrayó que el argumento expuesto por el demandante en relación con la vulneración de la confianza legítima carece de fundamento legal y jurisprudencial.
3.11 Aseveró que resulta equivocado el señalamiento hecho por el demandante en relación con la vulneración del debido proceso, pues el acto administrativo se expidió tras haberse agotado el procedimiento administrativo respectivo, del cual tuvo conocimiento y participó el demandante.
3.12 Advirtió el demandado, que el Decreto 1900 de 2006 no estableció a ningún tipo de exoneración en cuanto al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y, por tanto, el demandante tiene el deber legal y constitucional de cumplir con lo allí señalado, así como con las cargas que le imponga la licencia y el plan de manejo ambiental.
4. La sentencia proferida en primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B en Descongestión, en sentencia de 16 de septiembre de 2013, declaró de oficio la “[…] excepción de inepta demanda por no agotamiento del requisito de procedibilidad referido a la conciliación extrajudicial contenido en el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 […]” y, por tanto, se declaró inhibida de fallar sobre el fondo del asunto.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B en Descongestión, fundamentó su decisión en los argumentos que se resumen a continuación:
4.1. La parte demandante entendió como improcedente el cumplimiento del requisito señalado en el artículo 35 de la Ley 640, referente a la conciliación prejudicial, dado que prevé la exoneración del mencionado trámite cuando se ha solicitado con la demanda el decreto y práctica de medidas cautelares como acaeció en el presente asunto.
4.2 La parte demandante indicó que el artículo 13 de la Ley 1282 dispone que deberá surtirse dicho trámite solo en aquellos asuntos de naturaleza conciliable y en conflictos de contenido económico, situación que es diferente al presente caso, en el que se tiene por objeto la declaración de ilegalidad de la interpretación que hace la parte demandada del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99.
4.4. El a quo se acogió al precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de 27 de enero de 2011, en la cual la Sección Primera del Consejo de Estado, en un asunto similar, al resolver un recurso de apelación interpuesto por la misma parte demandante con las mismas razones que ahora expone, contra una sentencia del Tribunal, consideró que por tratarse de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte demandante debía acogerse a la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, previo a instaurar la demanda.
4.5 Asimismo, consideró que no le asiste razón al parte demandante, por cuanto, se advierte que sí se debió cumplir con el requisito de procedibilidad relativo a la conciliación prejudicial, pues se evidencia que las pretensiones de la demanda contienen un interés eminentemente económico, representado en el reconocimiento de las inversiones efectuadas dentro del marco del Plan de Manejo Ambiental, para que se tengan en cuenta como el cumplimiento de la obligación contenida en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, consideración que implica un gravamen de carácter pecuniario que no se puede desconocer.
4.6 Aclaró que:
“[…] Se estima entonces que el propósito perseguido por la medida cautelar y la suspensión provisional es distinto, motivo por el que no puede basarse el accionante en tal solicitud para no cumplir con el requisito de procedibilidad, contenido en la Ley 1285 de 2009 y 1395 de 2010. […]”.
4.7 Concluyó que:
“[…] Así las cosas encuentra la Sala, que los argumentos presentados por la BP, como consideración previa en los alegatos de conclusión carecen de sustento, por cuanto si es necesario en casos como el presente, en donde se evidencia un interés económico referente al reconocimiento de las inversiones del 1% realizadas en el Plan de Manejo Ambiental en acatamiento de la obligación estipulada en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, agotar el requisito previo de conciliación prejudicial, exigencia que la norma contienen y que no se puede desconocer.
Así mismo advierte la Corporación que la medida cautelar a que hace alusión la parte accionante, consistente en deprecar la suspensión provisional de los actos acusados que modificó las obligaciones contenidas en la licencia ambiental, no guardan relación con las medidas cautelares, previstas para evitar la insolvencia del deudor, contenidas en el Código Civil razón por la cual no es de recibo la tesis planteada por la parte demandante.
De conformidad con lo expuesto, la Sala procede a declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda por falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad, en consecuencia se inhibirá para pronunciarse respecto al fondo del asunto, en razón a encontrar que revisado el expediente no reposa constancia de conciliación prejudicial que le permitiera al accionante acudiera ante esta jurisdicción, ya que la demanda interpuesta se presentó después de la entrada en vigencia de la normatividad que exige llevar acabo la audiencia de conciliación extrajudicial. (Ley 1285 de 22 de enero de 2009). […]”.
5. El recurso de apelación presentado por la parte demandante
La parte demandante, mediante escrito de 8 de octubre de 2013, interpuso y sustentó el recurso de apelación, con el fin de que se revoque sentencia de 16 de septiembre de 2013 proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B en Descongestión, y se proceda a efectuar un estudio de fondo de las pretensiones de la demanda, con base en los argumentos que se resumen a continuación:
5.1 Expresó su inconformidad contra las consideraciones del a quo respecto de que las pretensiones de la demanda contenían un interés económico, representado en el reconocimiento de las inversiones que ya había ejecutado, lo cual lo llevó a concluir que se estaba ante un asunto de naturaleza conciliable y que también.
5.2 Manifestó que no compartía la conclusión del a quo sobre que la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos demandados no excusaba a la parte demandante de intentar la conciliación, porque dicha excepción únicamente hacía referencia a las medidas cautelares establecidas por el Código de Procedimiento Civil y no a las del Código Contencioso Administrativo.
5.3 Estimó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acudió a las normas de la Ley 640 para declarar probada la excepción de inepta demanda, pero no consideró que en virtud de lo establecido en el artículo 35, inciso final, de dicha ley, ha debido estudiar de fondo el asunto.
5.5 Aclaro que en la demanda se solicitó el decreto y práctica de la medida cautelar de suspensión provisional de los actos demandados, motivo por el cual era obvia la aplicación de la excepción dispuesta en el artículo 35 de la Ley 640, según el cual no era preciso acudir al requisito de conciliación prejudicial.
5.6 Sostuvo que la suspensión provisional tiene el carácter de medida cautelar especial para los procesos que se surten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los cuales se controvierte la legalidad de los actos administrativos; que la doctrina en materia contencioso administrativa, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, han sostenido que la suspensión provisional que se puede solicitar en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, corresponde a una medida cautelar, por cuanto con ella se pretende, provisionalmente, mientras se dicta la sentencia de fondo, hacer cesar los efectos que producen los actos administrativos, cuya nulidad se pretende.
5.7 Adujo que la Ley 1285 dispone que la conciliación prejudicial es requisito de procedibilidad en materia contencioso administrativa, siempre que se trate de asuntos conciliables, lo cual no sucede para este caso; que el Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009, que reglamentó el artículo 13 de la Ley 1285, señala en su artículo 2° que los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa son aquellos de “[…] carácter particular y contenido económico […]”, aspectos que no se enmarcan dentro de los supuestos argumentativos discutidos dentro del proceso, pues, reitera, se trata de una controversia jurídica en la que no es posible exigir la conciliación como requisito de procedibilidad.
5.8 Insistió en que la controversia que dio origen a la demanda versa sobre la interpretación que el Ministerio hace del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, luego el objeto del proceso corresponde a un asunto no conciliable, por tratarse de una controversia eminentemente jurídica y de legalidad que no tiene contenido económico, como se advierte de sus pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, a saber:
Se declare que los actos acusados desconocen que entre el uso del recurso y la inversión del 1% debe existir una proporcionalidad asociada a la tasa por uso del agua, toda vez que el Ministerio interpreta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, como si aquel no fuera parte integral de éste.
Se declare que en la motivación de los actos impugnados se desconoce que de las actividades encaminadas a dar cumplimiento a la inversión del 1% de que trata el mencionado parágrafo, podían hacer parte del Plan de Manejo Ambiental, y que no existe norma alguna que excluya o limite esa responsabilidad.
Se declare que ni el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 ni ninguna otra norma, indica que las actividades para dar cumplimiento a la inversión forzosa del 1% no puedan ser incluidas o estar relacionadas con las actividades del Plan de Manejo Ambiental, si en últimas todas ellas tienen un mismo fin, cual es, la protección y preservación del medio ambiente.
5.9 Expuso que para este caso, es evidente, que el Tribunal Administrativo rechazó la demanda, afirmando equivocadamente que la simple entrada en vigencia de la Ley 1285, específicamente en su artículo 13, había establecido, sin lugar a excepciones, la obligatoriedad de agotar la conciliación extrajudicial previo a presentar cualquiera de las acciones procesales establecidas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, olvidando por completo que el artículo 13 únicamente reguló lo relacionado con la conciliación como requisito de procedibilidad, sin referirse en absoluto a la excepción prevista, para dicha regla, en el artículo 35 de la Ley 640, según la cual no es necesario recurrir primero a la conciliación cuando quien demanda solicita el decreto y práctica de medidas cautelares como la suspensión provisional.
5.10 Presentó un análisis histórico de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y sus características, y trae a colación doctrina y jurisprudencia sobre el particular tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, que han sostenido que la suspensión provisional que se puede solicitar en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, corresponde a una medida cautelar como tal, por lo tanto encaja perfectamente dentro de los parámetros establecidos en el artículo 35 de la Ley 640, para acudir directamente a Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sin necesidad de agotar el requisito de la conciliación prejudicial.
5.11 Indicó que se evidencia una indebida interpretación de las normas que no se ajusta al contenido de las normas supuestamente en conflicto y que tampoco tiene relación con los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones en el marco de un proceso judicial.
6. Trámite del recurso de apelación en la segunda instancia
El Despacho sustanciador de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 6 de febrero de 2014, admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B en Descongestión.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia y concepto del Ministerio Público
7.1 Alegatos de conclusión de la parte demandante
La parte demandante, mediante escrito de 30 de junio de 2015, presentó los alegatos de conclusión reiterando los argumentos y la solicitud del recurso de apelación interpuesto.
7.2 Alegatos de conclusión de la parte demandada
La parte demandada guardó silencio.
7.3 Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
II. Consideraciones de la Sala
2.1 Competencia
La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia del presente asunto, en los términos del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el numeral 3 del artículo 132 ibídem; y, el artículo 13 del Acuerdo 58 de septiembre 15 de 1999, modificado por el Acuerdo 55 de agosto 5 de 2003 ambos expedidos por la Sala Plena de ésta Corporación.
La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte demandante en el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia de 16 de septiembre de 2013 proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B en Descongestión, mediante la cual se denegó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, (hoy artículo 328 del Código General del Proceso), aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) requisitos de procedibilidad del recurso de apelación interpuesto y la verificación de ausencia de causales de nulidades procesales; iii) el problema jurídico; iv) la naturaleza de la excepción previa de inepta demanda y su diferencia con el agotamiento del requisito de procedibilidad; v) La procedencia de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el caso sub examine (reiteración jurisprudencial); y vi) conclusión.
2. Requisitos de procedibilidad del recurso de apelación interpuesto y la verificación de ausencia de causales de nulidades procesales que invalide lo actuado
Visto el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, en materia de recurso de apelación contra sentencias, y el auto admisorio del mismo proferido el 6 de febrero de 2014 por el despacho sustanciador de la Sección Primera del Consejo de Estado, la Sala encuentra que el recurso de apelación se ajusta a los supuestos normativos de procedibilidad de dicho recurso, por cuanto, se interpuso y sustento por la parte demandante, a través del respectivo apoderado especial, ante el a quo, dentro del terminó de los diez (10) días contados a partir de la notificación de la sentencia, esto es, la sentencia fue notificada en edicto fijado el 20 de septiembre de 2013 y desfijado el 24 de septiembre de 2013 y el escrito de recurso de apelación se presentó el 8 de octubre de 2013.
Asimismo, la Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.
3. Los actos administrativos demandados
Se procederá a transcribir los apartes más relevantes de las resoluciones objeto de la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, sin perjuicio de la transcripción que de los mismos se haga al analizar cada uno de los cargos presentados, así:
3.1 Resolución nro. 158 de 29 de enero de 2009, “Por la cual se modifica una Licencia Ambiental”
La mencionada resolución, entre otros asuntos, resolvió lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar la Resolución No. 1634 del 26 de mayo de 1995, modificada por la Resolución No. 1755 del 17 de noviembre de 2005, […] en el sentido de adicionar la siguiente obligación:
La empresa BP EXPLORATION COMPANY LIMITED, … de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993 reglamentado por el Decreto 1900 de 2006, deberá destinar como mínimo un uno por ciento (1%) del valor del proyecto, en actividades de recuperación, preservación y vigilancia en la Cuenca Hidrográfica del Río Upanema, […] , para lo cual deberá presentar en un plazo no mayor a dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, un plan de inversiones con su respectivo cronograma de actividades, para la evaluación y aprobación por parte de este Ministerio.
Las actividades en que se resuelva realizar la inversión deben ser de las establecidas en el Decreto 1900 del 12 de junio de 2006, concertadas con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía –CORPORINOQUÍA- y ejecutadas directamente por la empresa BP EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTD.
Si al vencimiento del mencionado término, no existe concertación entre las partes, este Ministerio decidirá en qué actividades se invertirá el valor del 1%. […]”.
3.2 Resolución nro. 2337 de 16 de diciembre de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”
La mencionada resolución, entre otros asuntos, resolvió lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución N° 1916 de 31 de octubre de 2008, […]”.
4. El problema jurídico
La parte demandante, en su recurso de apelación, solicita que se revoque la sentencia proferida en primera instancia, por medio de la cual se declaró probada de oficio “[…] la excepción de inepta demanda por no agotamiento del requisito de procedibilidad referido a la conciliación extrajudicial […]”, que se realice un estudio de fondo del asunto y se acceda a las pretensiones de la demanda.
Entonces la Sala, antes de referirse al asunto de fondo, si fuere del caso, procederá a pronunciarse acerca de la procedencia de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir a esta jurisdicción.
5. Naturaleza de la excepción previa de inepta demanda y su diferencia con el agotamiento del requisito de procedibilidad
La demanda ha sido entendida como el instrumento o el mecanismo a través del cual las personas ejercen su derecho de acción, es decir, la posibilidad de acudir ante la jurisdicción en procura de sus intereses, con el fin de obtener una decisión de fondo, de ahí que uno de los presupuestos procesales para proferir sentencia sea la demanda en forma.
Lo anterior resulta importante para señalar que la demanda debe cumplir con unos requisitos formales, previamente establecidos por el legislador, los cuales, para el asunto bajo estudio, estaban establecidos en los artículos 137, 138 y 139 del Código Contencioso Administrativo (vigentes al momento de admitir la demanda que da origen al presente proceso), en relación con la claridad y la precisión de los hechos y de las pretensiones, los fundamentos de derecho, las pruebas que se pretenden hacer valer y la dirección para notificaciones, entre otros aspectos que resultan relevantes y, por tanto, son analizados desde el estudio de admisión que efectúa la autoridad judicial competente .
El Código Procedimiento del Civil, en su artículo 97, numeral 7, contempla la “[…] ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones […]” como una excepción previa, susceptible de ser propuesta por el demandado, de ahí que deba entenderse que este medio exceptivo está llamado a prosperar cuando la demanda carece de los requisitos de forma previstos en la ley o cuando no se cumplen las reglas para la figura procesal de la acumulación de pretensiones, pero no es la excepción que se debe invocar cuando se ha omitido alguno o algunos de los requisitos de procedibibilidad de la acción, como lo es la conciliación prejudicial.
En el caso sub examine, se observa que el a quo declaró de manera oficiosa esta excepción como consecuencia del indebido agotamiento del requisito de procedibilidad -conciliación prejudicial- respecto de una de las pretensiones, cuando jurídicamente, de manera expresa, real y material, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fundamenta su decisión inhibitoria en el no agotamiento de mencionado requisito de procedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; situación que conlleva a que la Sala deba precisar la denominación que formalmente debió haber invocado el Tribunal como excepción de oficio.
La Sala comparte lo indicado por esta Sección, en sentencia de 21 de mayo de 2015, respecto de que los jueces deben inhibirse para fallar cuando han declarado de oficio la “excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial” en los procesos relacionados con las acciones de nulidad y restablecimiento, cuyas consideraciones se extractan así:
“[…] Para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el Código Contencioso Administrativo en concordancia con la Ley 1285 de 2009 y su Decreto Reglamentario el Decreto 1716 de 2009 ordenaron que debían acreditarse los siguientes requisitos: (i) agotar la vía gubernativa (artículos 135 y 138 del C.C.A.) (ii) solicitar de manera previa a la presentación de la demanda la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento del artículo 28 de la Ley 1285 de 2009 y el mencionado decreto reglamentario, y (iii) presentar la demanda dentro de un término especial dispuesto en el numeral dos del artículo 136 del C.C.A. que es de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del acto.
[…]
Revisado el expediente se observa que la actora no allegó la constancia de la solicitud de conciliación prejudicial, lo que indica que no cumplió con el requisito de procedibilidad indicado para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
[…]
Lo anterior implica que de manera forzada la Sección declare probada la excepción de falta de agotamiento del mencionado requisito y en consecuencia emita un fallo inhibitorio, pues tal circunstancia impide que se resuelva de fondo la petición de la demandante. […]” (Destacados de la Sala)
En el presente caso, la Sala evidencia que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo que ver con el incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, pero que erradamente dicho Tribunal la denominó como una “[…] excepción de inepta demanda […]”, cuando, a juicio de la Sala, ha debido referirse a esta como excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, razón por la cual se procederá a aclarar, en la parte resolutiva de esta providencia, lo concerniente al nombre de la excepción que invocó el a quo.
Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto.
6. La procedencia de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el caso sub examine. Reiteración jurisprudencial
En un asunto similar, la misma parte demandante en este proceso, sociedad BP EXPLORATION COMPANY LIMITED, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones nro. 2125 de 6 de diciembre de 2007, 623 de 31 de marzo de 2009 y 1222 de 26 de junio de 2009, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
En esa oportunidad el contenido de los actos administrativos acusados hace referencia, entre otros aspectos, a la obligación que le asiste a la parte demandante de “[…] destinar como mínimo un uno por ciento (1%) del valor del proyecto, en actividades de recuperación, preservación y vigilancia de la Cuenca Hidrográfica del río Unete […]”.
Asimismo, en dicho caso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda por considerar que al tratarse de una acción de nulidad y restablecimiento, debía observarse lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1285, que exige como requisito de procedibilidad el intento de conciliación extrajudicial.
Por lo anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la providencia proferida por el Tribunal, el cual fue decidido por esta Sección, mediante la sentencia de 27 de enero de 2011, confirmó la providencia recurrida.
La Sala, en esta oportunidad, prohíja en su totalidad la referida sentencia de 27 de enero de 2011, por cuanto existen identidad de partes e idénticos elementos fácticos y jurídicos en los dos procesos, así:
“[…] En el caso sub examine, la controversia gira en torno a resolver tres problemas jurídicos, a saber, determinar si la Ley 1285 de 2008 es aplicable en el caso objeto de estudio; establecer si el asunto de que tratan las resoluciones acusadas, es conciliable; y si la solicitud de suspensión provisional excusa a la parte actora de cumplir con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.
Estima la Sala pertinente precisar el origen de la conciliación como requisito de procedibilidad en nuestro ordenamiento jurídico, en aras de dar claridad sobre el asunto planteado para solución.
Conforme lo observó la Sala en providencia de 30 de agosto de 2007, la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos fue introducida en nuestra legislación desde el Decreto 2158 de 1948, adoptado como legislación permanente mediante el Decreto 4133 de 1948, por el cual se expidió el Código Sustantivo del Trabajo, encontrando un nuevo impulso a partir de la reforma del Código de Procedimiento Civil, efectuada mediante Decreto 2282 de 1989.
Con la expedición de la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998 y desarrollada por la Ley 640 de 2001 se extendió al Derecho Administrativo. Allí se precisó que en los procesos contencioso administrativos sólo es procedente en los conflictos de carácter particular y contenido económico, es decir, aquellos que se tramiten en ejercicio de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del C.C.A.
En dicha Ley, se previó que la conciliación en asuntos contenciosos administrativos, podría ser prejudicial. Para tal fin, no constituía un requisito de procedibilidad de la acción.
Por su parte, la Ley 446 de 1998, que modificó la Ley 23 de 1991, estableció en su artículo 70, que el artículo 59 de la anterior Ley quedaría así:
Artículo 70. Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59 de la Ley 23 de 1991, quedará así:
“Artículo 59. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1º. En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se hayan propuesto excepciones de mérito.
Parágrafo 2º. No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario”. (Negrilla y subrayado fuera de texto)
Insiste la Sala en que en ese momento, la conciliación en las acciones de nulidad y restablecimiento era posible de forma judicial o prejudicial, pero en ningún momento, constituía un requisito de procedibilidad de la acción.
Así mismo, según se infiere del texto transcrito solo era viable para los asuntos de carácter particular y de contenido económico, pero nunca en asuntos de carácter tributario.
Sólo fue a partir de la entrada en vigencia del artículo 37 de la Ley 640 de 2001, tal como fue publicada en el Diario Oficial No. 44.303 de 24 de enero de 2001 en cumplimiento del Decreto 131 de 2001 y según la corrección que le hizo el artículo 2º de éste, que se dispuso la conciliación como requisito de procedibilidad en algunas acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo. Allí se estableció:
“ARTICULO 37. Requisito de procedibilidad en asuntos de lo contencioso administrativo. Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes, individual o conjuntamente, deberán formular solicitud de conciliación extrajudicial, si el asunto de que se trate es conciliable. La solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a la entidad o al particular, según el caso, y de las pruebas que fundamenten las pretensiones”.
En dicho momento legislativo, la conciliación como requisito de procedibilidad sólo era exigible en las acciones de reparación directa y de controversias contractuales. (Art. 86 y 87 del C.C.A.)
De tal forma, que sólo fue hasta la expedición de la Ley 1285 de 2009, que se estableció la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Ahora bien, sobre la aplicación de la conciliación como requisito de procedibilidad de la acción, recuerda la Sala que el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, estableció su obligatoriedad para los asuntos que sean conciliables.
“ARTÍCULO 13. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:
“Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial.” (Negrilla fuera de texto)
Por su parte, el artículo 28 de la Ley 1285 dispone que dicha exigencia rige a partir de su promulgación. Por lo tanto, al ser una norma procesal es de aplicación inmediata, según lo dispone el artículo 6° del Código de Procedimiento Civil.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que para el caso objeto de estudio, es menester antes de proveer sobre la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, verificar si el asunto era conciliable, y en consecuencia, si era obligación de la parte actora, aportar constancia del intento de conciliación.
Para el efecto, reitera la Sala que dicho requisito se entenderá cumplido de acuerdo con lo previsto en la Ley 640 de 2001, cuando se efectúe la audiencia sin que se logre el acuerdo o cuando vencido el término de 3 meses contados a partir de la presentación de la solicitud, la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa. En este último evento, se podrá acudir directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de conciliación.
Con todo, puede acudirse directamente a la jurisdicción cuando bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la demanda, se manifieste que se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de trabajo del demandado o que éste se encuentra ausente y no se conoce su paradero.
Los asuntos conciliables en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, están entonces, guiados por la disposición que tenga la persona del bien jurídico, presuntamente afectado por el acto administrativo, es decir, al tenor de la Ley 446 de 1998, en los que sean susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley.
Ahora bien, contrario a lo afirmado por la parte actora considera la Sala que es necesario confirmar el auto apelado toda vez que los actos administrativos acusados son de contenido económico y es posible conciliar sus efectos económicos.
El contenido de los actos administrativos acusados hace referencia, entre otros aspectos, a la obligación que le asiste a la parte actora de “…destinar como mínimo un uno por ciento (1%) del valor del proyecto, en actividades de recuperación, preservación y vigilancia de la Cuenca Hidrográfica del río Unete…”. Destinación que a todas luces tiene una naturaleza económica y cuantificable según el valor del proyecto.
En este sentido resalta la Sala que el artículo 71 de la Ley 446 de 1998 dispone que todo acto administrativo podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si se da alguna de las causales del artículo 69 del C.C.A., que para el caso concreto es la causal contenida en el numeral 3° del citado artículo, ya que con la decisión adoptada en el acto acusado de obligarla a destinar el 1% del proyecto mencionado, se le podría causar un agravio en su patrimonio.
Lo anterior se evidencia a folios 228 a 231, donde la demandante reclama que se le excuse del citado pago por ser contrario al ordenamiento jurídico, dinero que considera debe ser excluido de los actos acusados.
El asunto tratado envuelve la existencia de un derecho subjetivo en cabeza de la parte actora; derecho de naturaleza económica y en consecuencia susceptible de transacción, desistimiento y allanamiento.
De igual forma se observa que no se trata de un asunto tributario y por lo mismo no resulta aplicable lo dispuesto en la Ley 640 de 2001, donde de manera expresa excluye la conciliación como requisito de procedibilidad, en dichos asuntos.
Lo anterior, permite concluir a la Sala que el asunto estudiado es de aquellos que son conciliables y por tanto, la actuación del juez de primera instancia, de exigir el cumplimiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad fue ajustada a derecho.
Por último, sobre si la solicitud de suspensión provisional excusa a la parte actora de cumplir con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, observa la Sala que el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 dispone:
ARTICULO 35. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa, laboral y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas.
Realizada la audiencia sin que se haya logrado acuerdo conciliatorio total o parcial, se prescindirá de la conciliación prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil o de la oportunidad de conciliación que las normas aplicables contemplen como obligatoria en el trámite del proceso, salvo cuando el demandante solicite su celebración.
El requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo, o cuando vencido el término previsto en el inciso 1o. del artículo 20 de esta ley la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de conciliación.
Con todo, podrá acudirse directamente a la jurisdicción cuando bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la presentación de la demanda, se manifieste que se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de trabajo del demandado, o que este se encuentra ausente y no se conoce su paradero.
Cuando en el proceso de que se trate, y se quiera solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente a la jurisdicción. De lo contrario, tendrá que intentarse la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, de conformidad con lo previsto en la presente ley.
PARAGRAFO. Cuando la conciliación extrajudicial en derecho sea requisito de procedibilidad y se instaure la demanda judicial, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 22 y 29 de esta ley el juez impondrá multa a la parte que no haya justificado su inasistencia a la audiencia. Esta multa se impondrá hasta por valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Consejo Superior de la Judicatura. (Negrilla y subrayado fuera de texto)
Esta Sala ha entendido que las medidas cautelares de que trata el citado artículo hacen referencia a aquellas previstas en el Código de Procedimiento Civil y que tienen como finalidad evitar que el deudor se insolvente luego del intento de conciliación extrajudicial para impedir la efectividad del decreto de medidas cautelares.
Por su parte, la suspensión provisional prevista en el artículo 152 del C.C.A. suspende un acto administrativo, por manifiesta infracción entre las normas invocadas como vulneradas, cuando las entidades estatales o las particulares que cumplan funciones administrativas expiden un acto administrativo manifiestamente ilegal. De ello se sigue que al guardar una naturaleza y finalidad distintas, no pueden ser asimiladas.
En consecuencia, la solicitud de suspensión provisional no excusa a la parte actora de cumplir con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. […]”.
Asimismo, se prohíja lo decidido por esta Sección, en providencia de veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016), al “[…] confirmar la sentencia de la sentencia de 11 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión […]”, “[…] mediante la cual declaró de oficio la excepción de inepta demanda por no agotamiento del requisito de procedibilidad referido a la conciliación extrajudicial, contenido en el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 y, por tanto, se inhibió de fallar sobre el fondo de la demanda […]”, presentada, en ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento, por la B.P. Exploration Company Colombia Limited (Hoy Equion Energía Limited) contra Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, respecto de actos administrativos de contenido similar a los del presente caso.
En dicha oportunidad, cuya sentencia en primera instancia sustentó su decisión inhibitoria en similares argumentos a la sentencia proferida en primera instancia de caso sub judice, esta Sección consideró lo siguiente:
“[…] La actora en su recurso de apelación solicita que se revoque la sentencia de primera instancia por medio de la cual se declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda por no agotamiento del requisito de procedibilidad referido a la conciliación extrajudicial, que se realice un estudio de fondo del asunto y se acceda a las pretensiones de la demanda.
Entonces la Sala, antes de referirse al asunto de fondo si fuere del caso, procede a pronunciarse acerca de la procedencia de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir a esta Jurisdicción.
En un asunto similar, la misma actora en este proceso, sociedad BP EXPLORATION COMPANY LIMITED, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 2125 de 6 de diciembre de 2007, 623 de 31 de marzo de 2009 y 1222 de 26 de junio de 2009, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
En esa oportunidad el contenido de los actos administrativos acusados hace referencia, entre otros aspectos, a la obligación que le asiste a la parte actora de “…destinar como mínimo un uno por ciento (1%) del valor del proyecto, en actividades de recuperación, preservación y vigilancia de la Cuenca Hidrográfica del río Unete…”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda por considerar que al tratarse de una acción de nulidad y restablecimiento, debía observarse lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, que exige como requisito de procedibilidad el intento de conciliación extrajudicial.
Por lo anterior, la actora interpuso recurso de apelación contra la providencia proferida por el Tribunal, y mediante sentencia de 27 de enero de 2011 (expediente núm. 2009-00430, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), que la Sala, en esta oportunidad, prohíja en su totalidad por cuanto existen idénticos elementos fácticos y jurídicos, confirmó el proveído recurrido.
[…]
Siendo así, es fuerza concluir que en el presente caso, la actora debió agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, porque como bien lo señaló el a quo, se evidencia que las pretensiones de la demanda contienen un interés eminentemente económico, representado en que BP solicita que se le reconozcan las inversiones efectuadas dentro del marco del Plan de Manejo Ambiental como cumplimiento de la obligación del 1% contenida en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y que, además, ésta solo tenga en cuenta la tasa por uso de agua y no la totalidad del costo del proyecto.
Por lo anterior, la Sala confirmará la providencia apelada, en cuanto se inhibió de pronunciarse sobre el fondo del asunto, como en efecto lo hará en la parte considerativa de esta providencia. […]” (Destacados de la Sala).
Adicionalmente, la Sala, en sentencia de 11 de mayo de 2017, efectuó las siguientes precisiones:
“[…] Al respecto, la Sala recuerda que la “demanda en forma” es un requisito procesal que debe ser controlado por el Juez y por las partes durante la etapa de la admisión de la demanda o en la contestación a la misma a través de la formulación de las respectivas excepciones previas.
En efecto, las partes pueden ejercer el control de las cuestiones de carácter procesal que surgen al inicio del proceso a través de los instrumentos que consagra el ordenamiento jurídico, esto es, mediante el ejercicio de los recursos ordinarios , con la interposición de un incidente de nulidad , o con la formulación de excepciones procesales (denominadas excepción previas).
En lo atinente a la actuación del juez, la Sala resalta que además del análisis previo realizado en la etapa de admisión, de conformidad con el artículo 306 del CPC, hoy artículo 282 del CGP, éste tiene el deber de reconocer oficiosamente en la sentencia un hecho que constituyen una excepción cuando lo halle probado.
En este contexto, para la Sala no le asiste razón al recurrente cuando afirma que por el hecho de haberse admitido la demanda se entendió subsanada la falta de acreditación del requisito de procedibilidad de la conciliación, por cuanto el control de los presupuestos procesales de la demanda no solo se puede realizar al momento de la admisión de la misma sino también en la sentencia, de oficio o petición de parte, cuando se resuelven las excepciones previas formuladas, de conformidad con el artículo 170 del CCA aplicable al caso sub examine. […]”. (Destacado de la Sala)
La Sección, en auto de 18 de septiembre de 2014, ha efectuado las siguientes consideraciones sobre las excepciones al cumplimiento del citado presupuesto de procedibilidad:
“[…] Recapitulando entonces tenemos que actualmente existen las siguientes excepciones a la regla general de cumplimiento del requisito de procedibilidad en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo relacionado con la acreditación de haber solicitado previamente a la presentación de la demanda, la conciliación ante el Ministerio Público:
a. Cuando el asunto es de carácter tributario.
b. Cuando se adelante un proceso ejecutivo.
c. Para acudir a Tribunales de Arbitramento a resolver asuntos de carácter contractual en aplicación del artículo 121 de la Ley 446 de 1998.
d. Cuando el demandante solicite medidas cautelares de carácter patrimonial.
e. Cuando una entidad pública funja como demandante. […]”.
En virtud de lo anterior, la Sala considera para el caso sub examine que la demandante debió agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, por cuanto, como lo señaló el a quo, se evidencia que no se enmarca en ninguna de las excepciones legales para el cumplimiento del requisito, por cuanto, las pretensiones de la demanda contienen un interés eminentemente económico, representado en que la parte demandante solicita que se le reconozcan las inversiones efectuadas dentro del marco del Plan de Manejo Ambiental como cumplimiento de la obligación del 1% contenida en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y que, además, ésta solo tenga en cuenta la tasa por uso de agua y no la totalidad del costo del proyecto.
7. CONCLUSIÓN
La Sala concluye que la parte demandante debió agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, toda vez, que se evidencia que las pretensiones de su demanda contienen un interés eminentemente económico, como es el reconocimiento de las inversiones efectuadas por ella, sin que sea procedente el argumento de que la solicitud de suspensión provisional de los actos demandados se enmarca en los supuestos normativos indicados por el legislador para acudir directamente a la jurisdicción cuando se solicite el decreto y práctica de pruebas de medidas cautelares.
En virtud de lo expuesto, la Sala confirmará la providencia apelada, en cuanto se inhibió de pronunciarse sobre el fondo del asunto, como en efecto lo hará en la parte considerativa de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A :
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia apelada, en el entendido que la excepción, declarada de oficio por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es la de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, por las razones expuestas.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día veintiséis (26) de abril de 2018.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Cfr. Folio 1 del cuaderno principal de primera instancia.
Cfr. Folio 149 a 266 del cuaderno principal de primera instancia.
Decreto 01 de 02 de enero de 1984. “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua […]”.
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
“[…] Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario […]”.
“[…] Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales […]”.
“[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente […]”.
“[…] Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto- Ley 2811 de 1974 sobre Cuencas Hidrográficas y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos […]”.
“[…] Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del Artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones […]”.
“[…] Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones […]”
“[…] Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia […]”.
“[…] Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001 […]”
Cfr. Folios 269 a 276 del cuaderno principal de primera instancia.
Cfr. Folios 277 a 297 del cuaderno principal de primera instancia.
Cfr. Folio 302 del cuaderno principal de primera instancia.
Cfr. Folios 302 a 303 del cuaderno principal de primera instancia.
Cfr. Folios 304 a 310 del cuaderno principal de primera instancia.
Cfr. Folio 345 del cuaderno principal de primera instancia.
Cfr. Folios 316 a 343 del cuaderno principal de primera instancia.
Cfr. Folios 455 a 497 del cuaderno principal de primera instancia
Consejo de Estado. Sección Primera, nro. único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00241-01, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.
Cfr. Folios 499 a 523 del cuaderno principal de primera instancia.
Cfr. Folio 4 del cuaderno principal de segunda instancia.
Cfr. Folios 18 a 34 y 41 a 57 del cuaderno principal de segunda instancia.
“[…] Artículo129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. […]”.
“[...] Artículo 132. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
[…]
3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales. […]”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado":
“[…] Artículo 1. Distribución de negocios entre las secciones. El artículo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999, por el cual se expidió el reglamento del Consejo de Estado, quedará así:
Artículo 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES.
Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Primera:
[…]
2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”.
“[…] Artículo 357. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. […]” (Destacado de la Sala).
“[…] Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo […]”.
“[…] Artículo 212. Modificado por el art. 51, Decreto Nacional 2304 de 1989, Modificado por el art. 67, Ley 1395 de 2010 En el Consejo de Estado el recurso de apelación de las sentencias proferidas en primera instancia tendrá el siguiente procedimiento.
Recibido el expediente y efectuado el reparto, se dará traslado al recurrente por el término de tres (3) días para que sustente el recurso, si aún no lo hubiere hecho. Si el recurso no se sustenta oportunamente, se lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia objeto del mismo.
Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, será admitido mediante auto que se notificará personalmente al Ministerio Público y por estado a las otras partes.
Las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir pruebas, que sólo se decretarán en los casos previstos en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo. Para practicarlas se fijará un término hasta de diez (10) días.
Ejecutoriado el auto admisorio del recurso o vencido el término probatorio, se ordenará correr traslado a las partes, por el término común de diez (10) días, para alegar de conclusión y se dispondrá que, vencido éste, se dé traslado del expediente al Ministerio Público por diez (10) días, para que emita su concepto.
Vencido este término se enviará el expediente al ponente para que elabore el proyecto de sentencia. Este se debe registrar dentro del término de treinta (30) días y la Sala o sección tendrá quince (15) días para fallar.
Se ordenará devolver el expediente al tribunal de origen para obedecimiento y cumplimiento. […]”.
Cfr. Folio 4 del cuaderno principal de segunda instancia.
Cfr. Folio 498 del cuaderno principal de primera instancia.
Cfr. Folio 499 del cuaderno principal de primera instancia.
Consejo de Estado, Sección Primera, nro. único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00024-01, Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala.
“[…] En la Sentencia C-258 de 2008, la Corte Constitucional definió así los fallos inhibitorios: “Decisiones judiciales inhibitorias son aquellas que, por diversas causas, ponen fin a una etapa procesal sin decidir de fondo el asunto que se le plantea al juez, es decir, sin adoptar resolución de mérito; por tanto, el problema que ha sido llevado a la justicia queda sin resolver…” […]”.
Consejo de Estado, Sección Primera, nro. único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00430-01, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.
Esta Sección ha reiterado dicho pronunciamiento, en varias oportunidades, como por ejemplo en las sentencias de 28 de enero de 2016, nro. único. de radicación: 25000-23-24-000-2010-00281-02 y 25000-23-24-000-2011-00820-01, respectivamente, Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
Consejo de Estado, Sección Primera, nro. único de radicación: 25000-23-24-000-2002-00493-02, Consejero Ponente: Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta
“[…] El motivo de la corrección reseñada se presentó en la parte considerativa del citado Decreto 131 de 2001, así:
Que en el artículo 37 de la Ley 640 de 2001 se incluyó una referencia al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la cual es errada toda vez que el legislador sólo aprobó referenciar los artículos 86 y 87 del mismo Código, tal como consta en el texto aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes y en el texto de la Comisión Accidental de Conciliación, aprobado por las plenarias de las Cámaras, ambos el 12 de diciembre de 2000’. El artículo 2º del mismo, que dispuso tal corrección, fue encontrado ajustado a derecho por esta Sala, en sentencia de 30 de enero de 2004, expediente núm. 6914, consejero ponente doctor Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad que se interpuso contra el mismo. […]”
“[…] Sección Primera del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Auto de 18 de marzo de 2010, Expediente 2009-00086. […]”.
Consejo de Estado, Sección Primera, nro. único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00820-01, Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
Consejo de Estado, Sección Primera, nro. único de radicación: 47001-23-31-000-2009-00303-01, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
Consejo de Estado, Sección primera, nro. único de radicación: 68001-23-33-000-2013-00412-01, Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala.
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