Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 70001-23-31-000-2011-02148-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 70001-23-31-000-2011-02148-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 70001-23-31-000-2011-02148-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
8 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 70001233100020110214801
Recurso de apelación contra la sentencia de 16 de septiembre de
2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión de Descongestión
Actora: AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P.
TESIS: LAS RESOLUCIONES DEMANDADAS QUE PRORROGAN UNA
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN POZO E IMPONEN LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECARGA ARTIFICIAL COMO MEDIDA DE
COMPENSACIÓN POR LA EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO MORROA, SON DE
CONTENIDO ECONÓMICO Y, POR ENDE, SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN.
ADVERTIDA POR EL JUEZ LA CONFIGURACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE
AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL, LE CORRESPONDE DECLARARLA DE OFICIO E INHIBIRSE
PARA PRONUNCIARSE DE FONDO EN EL ASUNTO. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia de 16 de septiembre de 20151, proferida por el
1 Folios 166 a 175.
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Número único de radicación 70001 23 31 000 2011 02148 01
Actora: AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P.
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión de
Descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La sociedad AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P., en adelante
ADESA S.A. E.S.P., por conducto de apoderado, en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA,
presentó demanda2 ante el Tribunal Administrativo de Sucre, -que
luego fue trasladada al Tribunal Administrativo de Antioquia En
Descongestión3-, a través de la cual formuló las siguientes
pretensiones:
“[…] 1. Se declare la nulidad del ordinal 4.9 del artículo cuarto
de la Resolución número 0806 de 14 de septiembre de 2010,
expedida por el Director General de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE “CARSUCRE”.
2. Se declare la nulidad de la Resolución número 0041 de 11
de enero de 2011, expedida por el Director General de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE
“CARSUCRE”.
3. Que se restablezca el derecho conculcado a Aguas de la
Sabana S.A. E.S.P. con la anulación de los actos
administrativos señalados en los ordinales 1 y 2 de este
2 Demanda presentada el 8 de junio de 2011, folios 1 a 10.
3 Folio 164, Acuerdo de Descongestión núm. PSAA15-10365 de 30 de junio de 2015
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
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capítulo, de modo que quede en claro la inexistencia de la
obligación que impone la demandada.
4. Se ordene cumplir el fallo en los términos de los artículos
176 y 177 del C.C.A. […]”.
I.2.- Como hechos relevantes para las resultas del proceso, la actora
indicó, en síntesis, que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE SUCRE, en adelante CARSUCRE, le otorgó una concesión de
aguas por cinco (5) años para explotar el pozo identificado con el
código 44-V-D-PP-24 (24), ubicado en el barrio Corazón de Jesús,
municipio de Corozal (Sucre), mediante la resolución núm. 1071 de
2 de noviembre de 20044.
Señaló que, previa solicitud presentada por ADESA S.A. E.S.P.,
CARSUCRE accedió a prorrogarla por cinco (5) años más, a través
de la Resolución núm. 0806 de 14 de septiembre de 20105, en
la que además estableció que la beneficiaria debía atender la
obligación de construir obras de recarga artificial como medida de
compensación por la explotación del acuífero de Morroa, conforme
quedó consignado en el artículo cuarto, ordinal 4.9. Contra tal
disposición, ADESA S.A. E.S.P. interpuso recurso de reposición, el
4 Folios 25 a 29.
5 Folios 12 a 19.
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cual fue denegado mediante la Resolución núm. 0041 de 11 de
enero de 20116.
Sostuvo que la recarga artificial a que aluden los actos acusados
implica la construcción de piscinas que, además de costosas, no le
aportarían al acuífero más de quince metros cúbicos (15m3) por año,
que es un porcentaje ínfimo contra el volumen que se extrae
realmente.
I.3.- Como normas violadas la demandante señaló los artículos 11,
23, 31, numeral 9, 43 y parágrafo de la Ley 99 de 22 de diciembre
de 19937.
Para sustentar el concepto de violación, arguyó, en síntesis, que los
actos acusados en lugar de contribuir con el propósito de satisfacer
necesidades de la colectividad lo que provocarán será una desmejora
en la calidad del servicio de suministro de agua potable, en cuanto le
están imponiendo al operador una carga que le generará detrimento
patrimonial y no producirá los efectos que se pretenden, lo cual
6 Folios 20 a 24.
7 “[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones
[…]”.
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desconoce las razones de existencia de las Corporaciones Autónomas
Regionales, esto es, la de velar por el uso de los recursos naturales
de manera racional, aún a sabiendas de su eventual agotamiento.
Indicó que el contrato de operación que suscribió la EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE SINCELEJO E.S.P., en adelante EMPAS E.S.P., con
ADESA S.A. E.S.P., le permite a esta asumir el rol de suministradora
del agua potable que habrán de consumir los habitantes del municipio
de Sincelejo (Sucre), para lo cual debe extraer el líquido de los pozos
abiertos en el acuífero de Morroa, cuya capacidad deviene de la
acumulación que se realizó durante largos períodos mediante la
filtración de agua desde la superficie. Resaltó que, por cumplir esta
obligación, ADESA S.A. E.S.P. no se convierte en usufructuario del
recurso hídrico subterráneo, sino que adquiere la condición de
administrador de una infraestructura de extracción, transporte,
almacenamiento, tratamiento y distribución, cuya propiedad
continúa en cabeza de EMPAS E.S.P.
Anotó que a CARSUCRE le corresponde, conforme lo previsto en los
artículos 11, 23 y 31, numeral 9, de la Ley 99, conceder concesiones
y controlar el uso del recurso hídrico, cuya cantidad impone
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parámetros de manejo en su extracción y apareja una disminución
de las reservas hasta el punto de comprobarse que año tras año la
fuente de obtención desciende. Resaltó que, no obstante, dicha
atribución no le permite imponer a aquellos que explotan el agua la
tarea de reabastecer las fuentes de donde se extrae, como quiera
que recargar el acuífero implica un imposible tanto de forma natural
como mediante mecanismos diseñados por el hombre, al ser un
recurso natural no renovable en depósitos de la estirpe del caso
concreto.
Recordó que ni en el municipio de Sincelejo (Sucre), ni en los que
están hacia el norte o sur de su ubicación, existen fuentes de aguas
superficiales que puedan utilizarse para abastecer a los pobladores
que moran en ellos, lo que explica la necesidad de explotar el acuífero
de Morroa, que se caracteriza por ser de tipo confinado, es decir, que
su almacenamiento fue producto de un proceso de acumulación de
agua que ocurrió durante miles de años y como consecuencia de unos
regímenes climáticos de mayor humedad, provocándose no sólo
precipitaciones de mayor volumen sino escorrentías, filtraciones y
evaporación diferentes a las actuales tanto en magnitud como en
intensidad y frecuencia.
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Sostuvo que si con inversiones millonarias se pudiese almacenar un
determinado volumen de agua de la escorrentía para ser recargado,
deberá someterse previamente a unos procesos de tratamiento que
lo hagan disponible para ser introducido al acuífero, es decir,
liberarlos de sólidos suspendidos y de agentes contaminantes para
no deteriorar la calidad del agua almacenada.
Agregó que realizar obras para la recarga superficial requiere de
amplias zonas para posibilitar volúmenes de infiltración (varias
hectáreas para filtrar un metro cúbico) y por lo general se sitúan en
las márgenes de los ríos sobre zonas de inundación o dentro del
mismo cauce; y que las zonas de recarga del acuífero de Corozal
(Sucre) no ofrecen topográficamente condiciones para lograr
almacenamiento o, por las condiciones de uso, no estarían
disponibles para establecerse como zonas para crear espejos de agua
superficial para dirigir la infiltración, entre otras circunstancias.
Manifestó que no es justificable ni lucrativa para ADESA S.A. E.S.P.
la inversión de potabilización, teniendo en cuenta que su objetivo
principal es el suministro de agua para abastecer a la población; y
que no es la propietaria del proyecto de explotación, toda vez que la
infraestructura que se utiliza pertenece a EMPAS E.S.P., por lo que
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no es la responsable de asumir el porcentaje de no menos del 1%
del total de la inversión con destino a la recuperación, preservación
y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva
fuente hídrica, en los términos del artículo 43 y parágrafo de la Ley
99.
I.4.- CARSUCRE guardó silencio durante el traslado otorgado para
contestar la demanda.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Con sentencia de 16 de septiembre de 2015, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión de
Descongestión, denegó las pretensiones de la demanda con
fundamento en que el agua constituye un recurso natural renovable
que hace parte de los denominados bienes de uso público, toda vez
que, con esta, todas las personas satisfacen necesidades básicas sin
que se pueda interponer obstáculo alguno para su acceso; y que es
una obligación del Estado regular y vigilar la manera en que se da su
explotación, y si esta puede traer consecuencias nocivas para el
ambiente, toda vez que debe procurar la reparación del daño
ambiental que se cause.
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Descendiendo al caso concreto, anotó que el yacimiento de agua
explotado por ADESA S.A. E.S.P. corresponde a aguas subterráneas
que no tienen un cauce ni brotan a la superficie, por lo que no pueden
considerarse como aguas de dominio privado sino de uso público, es
decir bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables según el
artículo 63 de la Constitución Política, por lo que quien pretenda
aprovecharlas, sea en predio propio o ajeno, necesitará la respectiva
concesión por parte de la autoridad ambiental competente, a
excepción de quienes hagan uso doméstico de aquella, en los
términos de los artículos 36 y 155 del Decreto 1541 de 28 de julio de
19788; y que los artículos 166 y 167 de ese compendio, ordenan a
los concesionarios la construcción de obras y trabajos que sean
necesarios para recargar y conservar el pozo.
Concluyó que no hay duda acerca de la facultad que tiene la
autoridad ambiental CARSUCRE para modificar las condiciones de la
concesión de explotación de aguas en cualquier momento, siempre y
cuando existan hechos que alteren las condiciones ambientales,
como sucede con el agotamiento del recurso hídrico, caso en el cual
es posible ordenarle al concesionario la construcción de las obras
8 “[…] Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De
las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973 […]”.
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necesarias para recargar el pozo explotado, conforme sucedió con los
actos acusados en los que se puso en evidencia que el pozo objeto
de la concesión se encuentra sobreexplotado, porque se extrae un
caudal superior al de recarga natural del acuífero.
Explicó que la tasa por utilización de aguas de que trata el artículo
43 de la Ley 99 es una contraprestación pecuniaria del servicio de
protección y renovación de dicho recurso natural que se paga a la
autoridad ambiental competente, pero que no se puede confundir con
las obligaciones de recuperación del recurso natural que están en
cabeza del beneficiario explotador del recurso hídrico, en los términos
del Decreto 1541 de 1978. Y frente al argumento de ADESA S.A.
E.S.P. en torno a que las obras ordenadas por la autoridad ambiental
en las resoluciones demandadas son de imposible cumplimiento por
lo cuantioso que resulta su realización, consideró que tal
circunstancia no constituye un vicio en dichos actos, por lo que ante
la ausencia de obras de mitigación y recuperación del recurso hídrico
sobreexplotado, la consecuencia es que no se podría volver a otorgar
una concesión para el uso de aguas o su prórroga ante el peligro que
ello acarrearía para el recurso natural.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
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A través de escrito de 28 de octubre de 20159, ADESA S.A. E.S.P.
presentó recurso de apelación contra la sentencia de 16 de
septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión de Descongestión, en el que
insiste en que ha cumplido los requisitos establecidos en los actos
acusados que le confirieron la potestad para extraer aguas del
acuífero de Morroa y ha venido pagando la contribución que se le
exige, lo cual implica que es a CARSUCRE a la que le corresponde la
ejecución de tales trabajos de recarga; y, además, reitero la
imposibilidad de ejecutar aguas de recarga en cuanto que la
autoridad ambiental tampoco definió qué tipo de obras debían
acometerse, configurándose con esa indefinición un imposible para
ADESA S.A. E.S.P., toda vez que las aguas de recarga pueden ser
varias y no todas ofrecen un resultado idóneo, sobre todo en esta
región en donde no atraviesan ríos que contengan caudales.
IV.- ALEGATOS
Vencido el plazo, dentro de la oportunidad concedida para alegar en
esta instancia, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
9 Folios 179 a 180.
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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Actos demandados
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 0806 de 14 de septiembre de 2010 y 0041
de 11 de enero de 2011, expedidas por CARSUCRE, cuyos apartes
demandados se resaltan así:
“[…] RESOLUCIÓN NÚM. 0806
(14 SEP 2010)
“POR LA CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA DE AGUA
SUBTERRÁNEA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE, en ejercicio de sus
facultades legales y en especial las conferidas por la ley 99 de
1993 y,
(…)
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Es viable prorrogar la concesión de
aguas del pozo 44-IV-D-PP-24 (24 de ADESA) localizado en
predios del barrio Corazón de Jesús, jurisdicción del Municipio
de Corozal, localizado en un sitio definido por las siguientes
coordenadas cartográficas: X=867.670; Y=1.522.400, a la
empresa AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P., identificada con el
Nit: 823.004.006-8, a través de su representante legal señor
PEDRO GUTIÉRREZ BAHOQUE, identificado con cédula de
ciudadanía No. 8.745.674.
(…)
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario debe dar cumplimiento a
todas y cada una de las obligaciones siguientes:
(…)
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4.9. AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P., deberá construir
obras de recarga artificial como medida de
compensación por la explotación del acuífero Morroa.
Las obras de recarga deben construirse sobre áreas de
recarga del acuífero Morroa. El diseño de las obras y
construcción de las mismas deben estar supervisados
por un funcionario de CARSUCRE.
(…)
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORLANDO DE LA OSSA NADJAR
Director General
CARSUCRE […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
“[…] RESOLUCIÓN NÚM. 0041
(11 ENE 2011)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTR LA RESOLUCIÓN No. 0806
DE SEPTIEMBRE 14 DE 2010”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE, en ejercicio de sus
facultades legales y en especial las conferidas por la ley 99 de
1993 y,
(…)
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a lo solicitado en el recurso
interpuesto por la empresa AGUAS DE LA SABANA S.A.
E.S.P., por las razones expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Mantener en firme la Resolución núm.
0806 de septiembre 14 de 2010 expedida por CARSUCRE
(…)
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORLANDO DE LA OSSA NADJAR
Director General
CARSUCRE […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
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V.2.- Cuestión previa. De la excepción de falta de agotamiento
del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial
En este punto del asunto bajo examen y una vez revisadas de forma
integral las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, así como sus fundamentos fácticos y
jurídicos, en consonancia con el concepto de la violación expuesto en
la demanda, la Sala advierte que las disposiciones acusadas en los
referidos actos son de contenido económico con implicaciones
directas de orden patrimonial en la actora.
En efecto, la obligación que le es impuesta a ADESA S.A. E.S.P. a
través del reprochado artículo cuarto, numeral 4.9., de la
Resolución núm. 0806 de 14 de septiembre de 2010, tal como
fue citado, gira en torno a la construcción de obras de recarga
artificial como medida de compensación por la explotación del
acuífero Morroa. Precisamente, para oponerse a ejecutar dicha
construcción, la demandante alega que esa carga le generará
detrimento patrimonial y no producirá los efectos que se
pretenden, habida cuenta que si aún con inversiones
millonarias se pudiese almacenar un determinado volumen de
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agua de la escorrentía para ser recargado, aquel deberá
someterse previamente a unos procesos de tratamiento que lo hagan
disponible para ser introducido al acuífero, es decir, liberarlos de
sólidos suspendidos y de agentes contaminantes para no deteriorar
la calidad del agua almacenada, lo que además requiere llevar a cabo
las obras en amplias zonas para posibilitar volúmenes.
En igual sentido arguye que, en su calidad de concesionaria, no es
la responsable de asumir el porcentaje de no menos del 1%
del total de la inversión con destino a la recuperación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que
alimenta la respectiva fuente hídrica, en los términos del artículo
43 y parágrafo de la Ley 99. Consecuente con lo anterior, ADESA
S.A. E.S.P. solicita que se restablezca su derecho conculcado
con la anulación de los respectivos actos administrativos, de
modo que quede en claro la inexistencia de la obligación que
impone la demandada.
A partir de su innegable contenido económico y particular, el conflicto
bajo examen es susceptible de conciliación por las partes si se tiene
en cuenta que el efecto obtenido con la prosperidad de las
pretensiones sería el de despojar a la actora de la obligación
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patrimonial de construir las obras de recarga artificial, esto es, la
exclusión de una erogación pecuniaria, trámite previo que constituye
requisito de procedibilidad de la acción contenciosa del artículo 85
del CCA, tal como es ordenado por el artículo 13 de la Ley 1285 de
22 de enero de 200910, así:
“[…] Artículo 13. Apruébase como artículo nuevo de la Ley
270 de 1996 el siguiente:
“Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial en
materia contencioso-administrativa. A partir de la
vigencia de esta ley11, cuando los asuntos sean
conciliables, siempre constituirá requisito de
procedibilidad de las acciones previstas en los
artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso
Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el
adelantamiento del trámite de la conciliación
extrajudicial […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Ello, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 1716 de 14 de
mayo de 200912 que determina:
“[…] Artículo 2°. Asuntos susceptibles de conciliación
extrajudicial en materia contencioso administrativa.
Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades
públicas y las personas privadas que desempeñan
funciones propias de los distintos órganos del Estado,
por conducto de apoderado, sobre los conflictos de
carácter particular y contenido económico de los cuales
pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso
10 “[…] Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración
de Justicia […]”.
11 “[…] Artículo 28. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación […]”: 22
de enero de 2009.
12 “[…] Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la
Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001 […]”.
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Administrativo a través de las acciones previstas en los
artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso
Administrativo o en las normas que los sustituyan.
Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial
en asuntos de lo contencioso administrativo:
– Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter
tributario.
– Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso
ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.
– Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya
caducado.
Parágrafo 2°. El conciliador velará porque no se menoscaben
los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos
mínimos e intransigibles.
Parágrafo 3°. Cuando la acción que eventualmente se llegare
a interponer fuere la de nulidad y restablecimiento de derecho,
la conciliación extrajudicial sólo tendrá lugar cuando no
procedan recursos en vía gubernativa o cuando esta estuviere
debidamente agotada, lo cual deberá acreditarse, en legal
forma, ante el conciliador.
Parágrafo 4°. En el agotamiento del requisito de
procedibilidad de la acción de que trata el artículo 86 del Código
Contencioso Administrativo, se entenderá incluida la acción de
repetición consagrada en el inciso segundo de dicho artículo.
Parágrafo 5°. El agotamiento de la conciliación como requisito
de procedibilidad, no será necesario para efectos de acudir ante
tribunales de arbitramento encargados de resolver
controversias derivadas de contratos estatales, cuyo trámite se
regula por lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley 446 de
1998 […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
A esta misma conclusión ha arribado la Sala en ocasiones anteriores
en las que la actora, ADESA S.A. E.S.P., ha demandado en nulidad
y restablecimiento del derecho las resoluciones mediante las cuales
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CARSUCRE, además de prorrogarle la concesión de aguas
subterráneas en otros dos pozos de la misma jurisdicción del
municipio de Corozal (Sucre), le impuso la discutida obligación de
construcción de obras de recarga artificial como medida de
compensación por la explotación del acuífero Morroa. En esas
idénticas circunstancias a la actual, la Sección explicó lo siguiente:
“[…] Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso,
era necesario agotar el requisito previo de procedibilidad,
consistente en acudir a la conciliación extrajudicial, exigido por
el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, para interponer la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho contra las
Resoluciones 0884 de 5 de octubre de 2010 (ordinal 4.9,
artículo 4) y 0835 de 2011 (17 de noviembre), por las cuales
CARSUCRE concedió una prórroga de una concesión de aguas
y, como compensación, le ordenó a la sociedad Aguas de la
Sabana S.A. E.S.P., entre otras obligaciones, construir una
obra de “recarga artificial”.
(…)
Revisadas las pretensiones de la demanda se advierte
que éstas se encaminan a obtener la nulidad del ordinal
4.9. del artículo 4º de la Resolución 0884 de 2010 (5 de
octubre), por el cual CARSUCRE impuso a AGUAS DE LA
SABANA S.A. E.S.P., la obligación de construir unas obras
de recarga artificial como medida de compensación por
la prórroga de la explotación acuífero y, de la Resolución
0835 de 2011 (17 de noviembre) que confirmó lo
anterior.
A título de restablecimiento del derecho se solicita “que
se restablezca el derecho conculcado a Aguas de la
Sabana S.A. EXP con la anulación de los actos
administrativos…”.
En lo concerniente al tema de la conciliación como requisito de
procedibilidad de la acción, el artículo 13 de la Ley 1285 de
2009 establece lo siguiente:
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“Artículo 13. Apruébase como artículo nuevo de la Ley
270 de 1996 el siguiente:
Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial en
materia contencioso-administrativa. A partir de la
vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean
conciliables, siempre constituirá requisito de
procedibilidad de las acciones previstas en los artículos
85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en
las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del
trámite de la conciliación extrajudicial”.
Asimismo, el artículo 28 de la misma ley dispone que dicha
exigencia rige a partir de su promulgación (22 de enero de
2009). Por tratarse de una norma procesal, su aplicación es
inmediata, conforme lo preceptúa el artículo 6° del Código de
Procedimiento Civil.
(…)
Visto lo anterior, la Sala estima que los actos
administrativos demandados si son de contenido
económico, como quiera que, en caso de prosperar la
demanda, no nacería a la vida jurídica la obligación de
hacer impuesta a la actora, que como ella misma lo
reconoció en el recurso de reposición interpuesto en vía
administrativa, le implicaría “costos económicos
exorbitantes”.
Adicionalmente, la Sala considera que la actora estaba
obligada a intentar la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad con la entidad a la que
pretendía demandar, toda vez que las Resoluciones
acusadas hacen referencia a una situación que no ha
sido contemplada como no conciliable por el
ordenamiento jurídico.
(…)
Mal podría acceder esta Corporación a lo pedido por la
recurrente, pasando por alto las exigencias legales que
en el caso concreto sería la de omitir el requisito de
procedibilidad.
En este orden de ideas, la Sala considera que le asistió razón
al a quo y, por ende, el auto apelado debe confirmarse, toda
vez que la actora debió atender cada uno de los requerimientos
exigidos en la providencia del 23 de abril de 2012, por la cual
se dispuso inadmitir la demanda y, cumplir con el requisito
de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y la
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estimación razonada de la cuantía […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto)13.
Luego, así se ratificó:
“[…] Se establecerá si en el caso en concreto se hacía
necesario agotar la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad, contemplado en el artículo
13 de la Ley 1285 de 2009, previo a interponer la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
ordinal 4.9 del artículo cuarto de la Resolución No. 0049
del 13 de enero de 2011, por medio de la cual la
Corporación Autónoma Regional de Sucre resolvió
prorrogar la concesión de agua subterránea por un
periodo de cinco años a favor de la demandante y le
impuso la obligación de construir obras de recarga
artificial como medida de compensación por la
explotación del acuífero Morroa y la 0495 de 4 de agosto
de 2011 que resolvió el recurso de reposición
interpuesto en contra de la primera resolución.
(…)
Respecto del problema jurídico que el actor plantea en
su recurso de apelación consistente en determinar si le
era exigible haber agotado la conciliación como requisito
de procedibilidad ya se ha pronunciado la Sala, en efecto
mediante providencia del 6 de noviembre de 2014, se
dijo lo siguiente:
“Ahora bien, se observa que la actora recurrió la decisión
de inadmisión, sin embargo no corrigió los defectos
anotados si no que se limitó a enunciar, que los actos
demandados no son susceptibles del requisito de
procedibilidad porque no son de contenido económico,
error que por desconocimiento o negligencia del
apoderado no puede ser subsanado en esta etapa
procesal, pues teniendo en cuenta las disposiciones de la
Ley 1285 de 2009, la conciliación extrajudicial se consagró
como requisito previo para demandar en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de Sala
de 6 de noviembre de 2014, número único de radicación 70001-23-31-000-2012-00051-
01, consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.
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Mal podría acceder esta Corporación a lo pedido por la
recurrente, pasando por alto las exigencias legales que en
el caso concreto sería la de omitir el requisito de
procedibilidad”.14
En cuanto al requisito de procedibilidad de la acción de nulidad
y restablecimiento de derecho consistente en agotar la
conciliación extrajudicial, el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009
dispone:
“Artículo 13. Apruébese como artículo nuevo de la Ley 270
de 1996 el siguiente:
Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial en
materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia
de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables,
siempre constituirá requisito de procedibilidad de
las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del
Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo
sustituyan, el adelantamiento del trámite de la
conciliación extrajudicial”. (negrillas fuera del texto).
Así las cosas, se tiene que el agotamiento de la audiencia
de conciliación extrajudicial es presupuesto de la acción
procesal, entendido así como requisito de procedibilidad
cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo
y el restablecimiento del derecho.
Para el caso en concreto, contrario a lo que afirma el
recurrente el asunto de la referencia sí es de contenido
económico por lo que la norma anteriormente referida es
aplicable, toda vez que los actos administrativos
acusados contienen obligaciones de hacer como la
construcción de piscinas que representan erogaciones
económicas para el demandante por lo que si bien es
cierto no hay una cifra determinada, si es posible
determinar el contenido monetario de la obligación
impuesta.
Las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho elevadas por el actor están encaminadas a que
no surja a la vida jurídica la obligación de hacer exigida
en los actos demandados argumentando que no se le
puede imponer al operador una carga que le genere
detrimento patrimonial, por lo que el mismo advierte y
reconoce que se está en presencia de una obligación de
14 Ídem.
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carácter económico, lo que hace que el asunto sea
conciliable y por tanto se deba agotar el requisito de
procedibilidad consistente en la audiencia de
conciliación extrajudicial […]”15 (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
Ahora bien, en lo relacionado con la inhibición por encontrarse
probada, de manera oficiosa, la excepción de falta de agotamiento
del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, la
Sección estimó en providencia de 28 de enero de 201616, al resolver
una demanda en ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento,
promovida por la B.P. Exploration Company Colombia Limited (Hoy
Equion Energía Limited) contra Ministerio De Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, respecto de actos administrativos de contenido
similar a los del presente asunto, lo siguiente:
“[…] La actora en su recurso de apelación solicita que se
revoque la sentencia de primera instancia por medio de
la cual se declaró probada de oficio la excepción de
inepta demanda por no agotamiento del requisito de
procedibilidad referido a la conciliación extrajudicial,
que se realice un estudio de fondo del asunto y se acceda
a las pretensiones de la demanda.
Entonces la Sala, antes de referirse al asunto de fondo si fuere
del caso, procede a pronunciarse acerca de la procedencia de
la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para
acudir a esta Jurisdicción.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de Sala
de 24 de septiembre de 2015, número único de radicación 70001-23-31-000-2012-90008-
01, consejero ponente Guillermo Vargas Ayala.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
28 de enero de 2016, número único de radicación 25000-23-24-000-2011-00820-01,
consejera ponente María Elizabeth García González
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En un asunto similar, la misma actora en este proceso,
sociedad BP EXPLORATION COMPANY LIMITED, presentó
demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrada en el artículo 85 del C.C.A., tendiente a obtener la
declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 2125 de 6
de diciembre de 2007, 623 de 31 de marzo de 2009 y 1222 de
26 de junio de 2009, expedidas por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
En esa oportunidad el contenido de los actos
administrativos acusados hacen referencia, entre otros
aspectos, a la obligación que le asiste a la parte actora
de “…destinar como mínimo un uno por ciento (1%) del
valor del proyecto, en actividades de recuperación,
preservación y vigilancia de la Cuenca Hidrográfica del
río Unete…”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la
demanda por considerar que al tratarse de una acción de
nulidad y restablecimiento, debía observarse lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, que exige como requisito
de procedibilidad el intento de conciliación extrajudicial.
Por lo anterior, la actora interpuso recurso de apelación contra
la providencia proferida por el Tribunal, y mediante sentencia
de 27 de enero de 2011 (expediente núm. 2009-00430,
Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), que
la Sala, en esta oportunidad, prohíja en su totalidad por cuanto
existen idénticos elementos fácticos y jurídicos, confirmó el
proveído recurrido.
(…)
Siendo así, es fuerza concluir que en el presente caso, la
actora debió agotar el requisito de procedibilidad de la
conciliación prejudicial, porque como bien lo señaló el a
quo, se evidencia que las pretensiones de la demanda
contienen un interés eminentemente económico,
representado en que BP solicita que se le reconozcan las
inversiones efectuadas dentro del marco del Plan de
Manejo Ambiental como cumplimiento de la obligación
del 1% contenida en el parágrafo del artículo 43 de la
Ley 99 de 1993 y que, además, ésta solo tenga en cuenta
la tasa por uso de agua y no la totalidad del costo del
proyecto.
Por lo anterior, la Sala confirmará la providencia apelada,
en cuanto se inhibió de pronunciarse sobre el fondo del
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asunto, como en efecto lo hará en la parte considerativa
de esta providencia […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
Adicionalmente, en sentencia de 11 de mayo de 201717, se
efectuaron las siguientes precisiones:
“[…] Al respecto, la Sala recuerda que la “demanda en forma”
es un requisito procesal que debe ser controlado por el Juez y
por las partes durante la etapa de la admisión de la demanda
o en la contestación a la misma a través de la formulación de
las respectivas excepciones previas.
En efecto, las partes pueden ejercer el control de las cuestiones
de carácter procesal que surgen al inicio del proceso a través
de los instrumentos que consagra el ordenamiento jurídico,
esto es, mediante el ejercicio de los recursos ordinarios, con la
interposición de un incidente de nulidad, o con la formulación
de excepciones procesales (denominadas excepciones previas).
En lo atinente a la actuación del juez, la Sala resalta que,
además del análisis previo realizado en la etapa de
admisión de conformidad con el artículo 306 del CPC, hoy
artículo 282 del CGP, éste tiene el deber de reconocer
oficiosamente en la sentencia un hecho que constituye
una excepción cuando lo halle probado.
En este contexto, para la Sala no le asiste razón al
recurrente cuando afirma que por el hecho de haberse
admitido la demanda se entendió subsanada la falta de
acreditación del requisito de procedibilidad de la
conciliación, por cuanto el control de los presupuestos
procesales de la demanda no solo se puede realizar al
momento de la admisión de la misma sino también en la
sentencia, de oficio o a petición de parte, cuando se
resuelven las excepciones previas formuladas, de
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
11 de mayo de 2017, número único de radicación 47001-23-31-000-2009-00303-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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conformidad con el artículo 170 del CCA aplicable al caso
sub examine […]”18 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Y, por último, en providencia de 21 de mayo de 2015 se estableció:
“[…] Para el ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho el Código Contencioso
Administrativo en concordancia con la Ley 1285 de 2009 y su
Decreto Reglamentario el Decreto 1716 de 2009 ordenaron que
debían acreditarse los siguientes requisitos: (i) agotar la
vía gubernativa (artículos 135 y 138 del C.C.A.) (ii) solicitar
de manera previa a la presentación de la demanda la
conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de
la Nación en cumplimiento del artículo 28 de la Ley 1285
de 2009 y el mencionado decreto reglamentario, y (iii)
presentar la demanda dentro de un término especial dispuesto
en el numeral dos del artículo 136 del C.C.A. que es de cuatro
(4) meses contados a partir de la notificación del acto.
(…)
Revisado el expediente se observa que la actora no
allegó la constancia de la solicitud de conciliación
prejudicial, lo que indica que no cumplió con el requisito
de procedibilidad indicado para acudir a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.
(…)
Lo anterior implica que de manera forzada la Sección declare
probada la excepción de falta de agotamiento del
mencionado requisito y en consecuencia emita un fallo
inhibitorio, pues tal circunstancia impide que se resuelva
de fondo la petición de la demandante […]”19 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
26 de abril de 2018, número único de radicación 25000-23-24-000-2010-00296-01,
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
21 de mayo de 2015, número único de radicación 25000-23-24-000-2010-00024-01,
consejero ponente Guillermo Vargas Ayala.
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Bajo estas consideraciones que la Sala prohíja en el caso concreto,
se evidencia que la parte actora no cumplió con el requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial para acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo en acción de nulidad y
restablecimiento del derecho de los actos acusados, lo que no deja
salida distinta a la de revocar la sentencia apelada para, en su lugar,
declarar probada, de oficio, la excepción de falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial e inhibirse
para resolver el fondo del asunto.
En contraste con todo lo anterior, no dejará de anotarse que en otros
dos procesos de igual naturaleza, objeto y pretensiones, la actora
ADESA S.A. E.S.P. sí agotó el requisito de la conciliación
extrajudicial20, conducta procesal esta que permite corroborar que la
demandante en situaciones similares acudió al agotamiento de dicho
requisito de procedibilidad, previo a la radicación de la demanda, no
así en el caso sub lite.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias
de 16 de abril, número único de radicación 70001-23-33-000-2013-00104-01, consejera
ponente María Elizabeth García González y de 7 de mayo de 2015, número único de
radicación 70001-23-33-000-2013-00211-01, consejera ponente María Elizabeth García
González.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de septiembre de 2015
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera
de Decisión de Descongestión, para, en su lugar, DECLARAR
probada de oficio la excepción de falta de agotamiento del requisito
de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, INHIBIRSE para
resolver el fondo del asunto.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de junio de 2023.
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OSWALDOGIRALDOLÓPEZ NUBIAMARGOTHPEÑAGARZÓN
Presidente
Salvavoto
ROBERTOAUGUSTOSERRATOVALDÉS HERNANDOSÁNCHEZSÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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