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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00748-01

Acción popular

Fecha
24 de mayo de 2019
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00748-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR parcialmente el numeral 5.º de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018, por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de forma exclusiva, respecto a los derechos e intereses colectivos a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 1.º de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018, por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así: DECLARAR que la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca vulneró y amenazó los derechos e intereses colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: REVOCAR el numeral 7.º de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018, por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar: CONDENAR en costas de primera instancia al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, únicamente respecto a las agencias en derecho. Las costas serán liquidadas por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2010-00748-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

24 de mayo de 2019

ACCIÓN POPULAR / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA – Parcial / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA REALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS, DE MANERA ORDENADA, Y DANDO PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES - El bien inmueble donde se atiende a los usuarios no cuenta con las condiciones de acceso para las personas en situación de discapacidad / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA PREVENCIÓN DE DESASTRES TÉCNICAMENTE PREVISIBLES / COMITÉ DE VERIFICACIÓN - Debe integrarlo el juez de primera instancia

[L]a Sala concluye que, en caso sub examine, el Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos colectivos a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, comoquiera que el bien inmueble en donde funcionan los juzgados Primero y Tercero municipales de Chía, no cuenta con las condiciones arquitectónicas para el acceso adecuado de personas en situación de discapacidad. (…) [De otro lado] se considera que el juez de primera instancia debe formar parte de Comité de Verificación con el propósito de que realice seguimiento y adopte las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de la sentencia. Por consiguiente, se impone modificar la sentencia apelada, en el sentido que el juez de primera instancia, esto es, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, haga parte del Comité de Verificación, tal como lo ordena el citado artículo 34

ACCIÓN POPULAR / IMPROCEDENCIA DEL INCENTIVO ECONÓMICO – Por derogatoria de la ley / APLICACIÓN INMEDIATA DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO

[L]a Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 3 de diciembre de 2013 , unificó la jurisprudencia en relación con la improcedencia del reconocimiento del incentivo económico en aquellos procesos promovidos con anterioridad a la expedición de la Ley 1425, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, i) el artículo 18 de la Ley 153 de 15 de agosto de 1887, prevé que tienen aplicación y efecto inmediato las leyes mediante las cuales se restrinjan derechos consolidados, siempre que esté de por medio la moralidad pública, la salubridad o la utilidad pública “[…] cuestiones que se configuran claramente en el presente caso comoquiera que la eliminación del incentivo en las acciones populares, por parte de la Ley 1425, tuvo como fundamentos tanto evidentes propósitos de moralidad pública como de utilidad pública […]”; ii) no es aplicable la segunda parte del artículo 40 ibidem, sino la regla de aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo, toda vez que la presentación de la demanda no consolida el derecho de reconocimiento del incentivo a favor de la parte actora; y iii) si se reconoce el incentivo en las acciones populares se afecta el principio de favorabilidad, en tanto se estaría imponiendo una sanción económica con base en una norma derogada.

FUENTE FORMAL: LEY 1425 DE 2010 / LEY 153 DE 1887 – ARTÍCULO 18

CONDENA EN COSTAS EN LA ACCIÓN POPULAR / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo / GASTOS DEL PROCESO – No acreditados / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO

Esta Corporación, ha señalado el criterio objetivo-valorativo de la condena en costas que implica, por una parte, que no se tenga en cuenta el obrar temerario o de mala fe, o si quiera culpable de la parte demandada, sino su derrota en el proceso o en recurso que haya propuesto; y, por la otra, la prueba de su causación por el pago de gastos ordinarios del proceso, así como de agencias en derecho. (…) Respecto a los gastos del proceso, no hay prueba en el expediente que acredite que el actor popular incurrió en estos. En efecto, no fueron aportados recibos de pago, constancias de pago u otro medio de prueba similar que indique los gastos en que incurrió la parte actora con ocasión de los procesos de la referencia. Si bien, en ambos procesos, obran las constancias de publicación del aviso a la comunidad, ello no prueba que la parte actora sufragó, directamente, esos gastos. [De otro lado] se reconocerán las agencias en derecho, en tanto la parte actora actuó en su propio nombre y con ocasión de la acción popular que promovió, se protegerán los derechos e intereses colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 25000-23-24-000-2010-00748-01(AP)

Actor: CARLOS ÁNGEL CÁRDENAS ACOSTA

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - JUZGADOS PRIMERO Y TERCERO PROMISCUOS MUNICIPALES DE CHÍA

Referencia: Acción popular

Proceso acumulado: 250002324000201000746-01

Asunto: Apelación de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018, en primera instancia, por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se amparó el derecho e interés colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018, por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual se accedió, de forma parcial, a las pretensiones de la demanda.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

ANTECEDENTES

La demanda

El señor Carlos Ángel Cárdenas Acosta, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y reglamentada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, presentó demandas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el Consejo Superior de la Judicatura – juzgados Primero y Tercero promiscuos municipales de Chía para que se protejan los derechos e intereses colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y, a los derechos de los consumidores y usuarios.

La parte actora considera vulnerados los derechos e intereses colectivos indicados supra, porque el inmueble en donde funcionan los juzgados Primero y Tercero promiscuos municipales, únicamente tienen una entrada principal y a la misma se accede por medio de unas escaleras. En su criterio, esta situación impide el acceso de personas con movilidad reducida.

Pretensiones de las demandas

Las pretensiones invocadas en el escrito de la demanda radicada con el número único de identificación 250002324000201000748-01, son las siguientes:
“[…]

UNO: Que se ordene al demandado a realizar todas las construcciones, adecuaciones y remodelaciones acorde con la normatividad (sic) legal vigente, a fin de que personas con limitaciones físicas en especial aquellas que utilizan silla de ruedas puedan ingresar y utilizar los servicios prestados por el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE CHÍA, CUNDINAMARCA.

DOS: Que se condene al demandado el (sic) pago de las costas, gastos y agencias en derecho, de la presente acción.

TRES: Condenar al demandado al pago de los incentivos previstos y ordenados en los artículos 39 y 40, de la Ley 472 de 1998 a favor del accionante, toda vez que es evidente, la trasgresión, por parte del accionado, a los “derechos e intereses colectivos” protegidos por la constitución y la ley

[…]” (Resaltado del texto original)

Las pretensiones invocadas en el escrito de la demanda radicada con el número único de identificación 250002324000201000746-01, son las siguientes:
“[…]

UNO: Que se ordene al demandado a realizar todas las construcciones, adecuaciones y remodelaciones acorde con la normatividad (sic) legal vigente, a fin de que personas con limitaciones físicas en especial aquellas que utilizan silla de ruedas puedan ingresar y utilizar los servicios prestados por el JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL DE CHÍA, CUNDINAMARCA.

DOS: Que se condene al demandado el (sic) pago de las costas, gastos y agencias en derecho, de la presente acción.

TRES: Condenar al demandado al pago de los incentivos previstos y ordenados en los artículos 39 y 40, de la Ley 472 de 1998 a favor del accionante, toda vez que es evidente, la trasgresión, por parte del accionado, a los “derechos e intereses colectivos” protegidos por la constitución y la ley […]”

Contestaciones de la demanda radicada bajo el núm. único de identificación 250002324000201000748-01

La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por conducto de apoderado, solicitó se desvincule a la entidad, en tanto carece de personería jurídica, de conformidad con lo establecido en el artículo 149 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984.

La Juez Primero Promiscuo Municipal de Chía, sostuvo que el juzgado funciona en el primer piso del inmueble ubicado en la carrera 11 núm. 9 - 48, el cual tiene acceso directo desde la calle sin ningún obstáculo que impida el ingreso de personadas con movilidad reducida.

Agregó que “[…] es cierto que los Juzgados Segundo y Tercero Promiscuos Municipales se encuentran ubicados en el segundo y tercer piso de la edificación, sin embargo para las personas que padecen de alguna incapacidad que les imposibilite acceder a estos, el Juzgado Primero es el encargo de recibir cualquier solicitud y colaborarles con lo que consideren necesario, a fin de evitarles molestias y discriminaciones […]”.

Contestaciones de la demanda radicada bajo el núm. único de identificación 250002324000201000746-01

El Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en que no ha vulnerado los derechos o intereses colectivos invocados en la demanda.

Sostuvo que el inmueble ubicado en la carrera 11 núm. 9.º - 48 en Chía, en donde funciona el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal, fue objeto de un contrato de arrendamiento que celebró la entidad con la sociedad Construcciones y Transportes Ltda. y cuenta con áreas amplias y suficientes para el acceso de todos los usuarios de la administración de justicia, “[…] sin embargo, para que las personas en sillas de ruedas puedan acceder al inmueble en forma cómoda es necesario hacer una rampa que cubra un desnivel de 5 c.m. que presenta la entrada principal del inmueble […]”.

Afirmó, por una parte, que la entidad remodelará las edificaciones antiguas para prestar los servicios de forma adecuada y, por la otra, que la acción popular no faculta al juez para ordenarle a la Nación que efectúe apropiaciones presupuestales, en tanto no es posible realizar erogaciones con cargo al tesoro que no sean incluidas en la ley de presupuesto, que correspondan a un crédito judicialmente reconocido o a uno propuesto por el gobierno. Sobre el particular, agregó:

“[…] Por vía de acción popular o de tutela no es jurídicamente viable, ordenar a la Rama Judicial hacer una inversión, ya que como se explicó esto requiere el trámite que exige la Constitución y la Ley, el cual se desarrolla durante más de tres años, sin contar las prioridades de las inversiones que hace la Rama Judicial las cuales se establecerían teniendo en cuenta la cantidad de personas discapacitadas, de la tercera edad, mujeres en avanzado estado de embarazo y demás personas con discapacidades, que acuden a los despachos judiciales del país en el año […]”.

Además, la entidad considera que, si se accede a las pretensiones de la demanda, de conformidad con el artículo 1.º de la Ley 1425 de 29 de diciembre de 2010, no es posible reconocer, a favor de la parte actora, el incentivo económico.

Con fundamento en los argumentos expuestos, propuso las excepciones que denominó i) improcedencia de la acción popular; ii) la acción popular no faculta al juez para que ordene apropiaciones presupuestales a la Nación – Rama Judicial; iii) inexistencia de derechos colectivos vulnerados; e iv) improcedencia por finalidad diferente de la acción popular.

La Juez Tercero Promiscuo Municipal de Chía, manifestó que el juzgado se encuentra ubicado en el tercer piso de la carrera 11 núm. 9 - 48 de ese municipio “[…] cuyo único acceso es por la puerta principal y las escaleras compuestas por 35 escalones, sin que efectivamente exista otra vía de acceso diseñada para personas con alguna clase de incapacidad o limitación física […]”. Precisó que, a pesar de lo expuesto, las diligencias y demás trámites de los procesos en los actúan personas con alguna limitación física, se adelantan en la sede del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chía.

Agregó que el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Chía implementó un sistema de información, mediante una página web a la que pueden acceder todos los usuarios desde cualquier lugar del mundo.

Por último, afirmó que una solución al problema de acceso a sus instalaciones consisten en que los procesos en los que actúen personas con movilidad reducida, sean repartidos al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chía.

Actuaciones en primera instancia

La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante autos proferidos el 16 de diciembre de 2010 y 12 de enero de 2011, admitió las acciones populares; ordenó notificar a las entidades demandadas y al Ministerio Público, así como informar a la comunidad general acerca de la existencia del proceso.

En el proceso identificado con el núm. único 250002324000201000748-01, la audiencia especial de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el día 16 de agosto de 2011 y se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes interesadas.

En el proceso identificado con el núm. único 250002324000201000746-01, la audiencia especial de pacto de cumplimiento se llevó a cabo los días 17 de junio, 19 de agosto, 16 de septiembre y 5 de octubre de 2011. En efecto, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio para la protección de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda.

Mediante auto proferido el 29 de agosto de 2011, en el proceso radicado bajo el núm. 250002324000201000748-01, se decretó su acumulación con el identificado con el núm. 250002324000201000746. Lo anterior, con fundamento en que la presunta vulneración de los derechos o intereses colectivos invocados en las demandas, se originó en el funcionamiento de unos juzgados en el inmueble ubicado en la carrea 11 núm. 9.º - 48 del Municipio de Chía y, por lo tanto, las pruebas son las mismas.

Sobre el particular, mediante auto proferido el 6 de octubre de 2011, en el proceso identificado con el núm. 50002324000201000746, el Despacho de la Magistrada, doctora Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, se pronunció de la siguiente forma:

“[…] comoquiera que las partes fueron convocadas para el día 5 de octubre de 2011, para continuar con la diligencia de pacto de cumplimiento, tal y como se expuso en diligencia del pasado 16 de agosto del mismo año, decretada con anterioridad, en esta Audiencia Especial de pacto de cumplimiento, se logró un acuerdo entre las partes, encontrándose pendiente de su aprobación e improbación, por parte de la Sala de la Subsección “A”, se hace necesario solicitar la desacumulación de este proceso al radicado con el número 250002324000201000748 01, a efecto de darle cumplimiento al artículo 27 de la Ley 472 de 1998, en el sentido de aprobar o improbar, mediante sentencia el pacto logrado […]”

En estas condiciones, sin que se emitiera algún pronunciamiento respecto del auto supra, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto proferido el 5 de diciembre de 2012, decretó pruebas.

El Tribunal a quo, mediante auto proferido el 24 de octubre de 2013, improbó el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes en el proceso identificado con el núm. único de radicación 50002324000201000746, con fundamento en lo siguiente:

“[…] Teniendo en cuenta que, los procesos ya han sido acumulados quedando en uno solo, con la salvedad que en el proceso 2010-746 sí hubo fórmula de pacto de cumplimiento, mientras que en el expediente Nº 2010-00748 al cual fue acumulado no hubo ánimo, advierte el Despacho que dicha circunstancia, constituye un impedimento para impartir la aprobación del pacto de cumplimiento, pues, no se podía aprobar el pacto de cumplimiento de manera parcial, dado que persistiría aún la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda por parte de una de las demandadas, y éste debe solucionar todos los extremos de la litis y contener un real compromiso de conductas, de acción o de abstención, en pro de la garantía de los derechos colectivos; al contrario no habrá pacto de cumplimiento si el acuerdo es parcial […]”.

Una vez vencido el periodo probatorio, mediante auto proferido el 27 de julio de 2017, se corrió traslado común a las partes por el término de cinco (5) días para que presentaran sus alegatos de conclusión de conformidad con el artículo 33 de la Ley 472.

La sentencia proferida, en primera instancia

La Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida, en primera instancia, el 9 de marzo de 2018, dispuso en su parte resolutiva, entre otras cosas, lo siguiente:

“[…]

1º) Declárese la vulneración del derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, por parte de la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Ordénase (sic) a la Rama Judicial –Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca que, si aún no lo ha hecho, dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, inicie las gestiones administrativas y financieras (indispensables para obtener los recursos necesarios, estudios técnicos, diseños, asignación presupuestal y contratación), a fin de optar por una de las siguientes opciones: i) adquirir, a cualquier título (como por ejemplo compra, arrendamiento, comodato, leasing), otro inmueble que sí permita el acceso y uso de las personas discapacitadas, esto es, que cumpla los lineamientos de la Ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de 2005, la Resolución 14861 de 1985 y demás disposiciones legales o técnicas que regulen la materia, para que sean reubicados los Juzgados Primero y Tercero Promiscuos Municipales de Chía a fin de que las personas con algún tipo de discapacidad tengan acceso al servicio público que dichos juzgados prestan; o ii) adecuar el inmueble ubicado en la Carrera 11 Nº 9 -48 del municipio de Chía donde funcionan los Juzgados Primero y Tercero Promiscuos Municipales de Chía, para permitir el acceso y uso de las personas discapacitadas, esto es, para que las personas con alguna discapacidad tengan acceso al servicio público que dichos juzgados prestan.

En caso de optarse por adquirir a cualquier título (como por ejemplo compra, arrendamiento, comodato, leasing) otro inmueble que sí permita el acceso y uso de las personas discapacitadas, esto es, que cumpla los lineamientos de la Ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de 2005, la Resolución 14861 de 1985 y demás disposiciones legales o técnicas que regulen la materia, una vez cuente con los recursos necesarios, dispondrá del término máximo de seis (6) meses para conseguir el inmueble y trasladar y/o reubicar los Juzgados Primero y Tercero Promiscuos Municipales de Chía al nuevo inmueble donde funcionarán.

Si se opta por adecuar el inmueble ubicado en la Carrea 11 Nº 9 – 48 del municipio de Chía donde funcionan los Juzgados Primero y Tercero Promiscuos Municipales de Chía, iniciar, en el término de seis (6) meses, contados a partir del acto administrativo de aprobación de la respectiva licencia de construcción y/o intervención del espacio público, gestiones y obras respectivas tendientes a: 1) construir e instalar la respectiva rampa de acceso u otro similar que permita acceder a las instalaciones del complejo judicial donde se ubican los Juzgados Primero y Tercero Promiscuos Municipales de Chía, elemento que debe superar tanto el bordillo de aproximadamente 17 cm de alto que separa la vía pública vehicular de la acera peatonal, como también el desnivel de 5 cm de alto entre el andén peatonal y el piso del edificio; y 2) adecuar en el primer piso de la edificación y/o inmueble ubicado en la Carrera 11 Nº 9 – 48 del municipio de Chía una oficina adscrita al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Chía, con personal idóneo, para que se encarguen de atender a las personas que presentan algún tipo de discapacidad, para que de forma permanente, idónea y adecuada preste a esas personas el servicio público de acceso a la administración de justicia.

3º) Ordénese a los Juzgados Primero y Tercero Promiscuos Municipales de Chía que, hasta tanto se dé cumplimiento a lo señalado en el numeral anterior, continuar con las medidas inmediatas que permitan el acceso del servicio público que prestan a las personas con limitaciones físicas, esto es, que esas personas continúen siendo atendidas por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chía.

4º) Confórmese un comité de verificación integrado por la parte actora, un delegado (sic) la Defensoría del Pueblo, un delegado de la Personería Municipal de Chía y un delegado de la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca, para que se encarguen de comprobar el cumplimiento de lo ordenado en el presente fallo. Comité que deberá rendir ante esta Corporación un informe de las gestiones adelantadas, a fin del cumplimiento total y efectivo a la orden aquí impartida.

5º) Deniéguese la protección a los derechos e intereses colectivos a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, el derechos (sic) a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y los derechos de los consumidores y usuarios, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

6º) Deniéguese el reconocimiento del incentivo económico a favor del actor popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

7º) Sin condena en costas en la instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

El Tribunal a quo, sostuvo que, de acuerdo con las pruebas, el inmueble en donde funcionan los juzgados Primero y Tercero promiscuos municipales de Chía, “[…] no ha sido adecuado para permitir el ingreso de los usuarios que presenten algún tipo de discapacidad […] ya que para acceder al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chía se debe superar primero un bordillo de 17 cm de alto que separa la vía pública vehicular de la acera peatonal y luego entre el andén peatonal y el piso del edificio un desnivel que los divide de 5 cm de alto; en tanto que para llegar al tercer piso donde funciona el juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Chía además de haber superado el bordillo de 17 cm de alto, el desnivel de 5 cm de alto de la entrada al complejo judicial, debe hacerse mediante escaleras que comunican del primer al segundo nivel y de esta al tercero, no contando estos despachos judiciales con rampa de accesos, ni ascensores, respectivamente […]”.

Agregó que si bien, al costado de la edificación existe una rampa que facilita el ingreso de personas con sillas de ruedas, esta corresponde a la entrada de un garaje vehicular.

Afirmó que, ante esta situación, es procedente ordenar a las autoridades públicas que efectúen todas las gestiones administrativas y financieras para obtener los recursos con el fin de realizar las adecuaciones necesarias y así evitar la vulneración del derecho colectivo a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

En criterio del A quo, las medidas consistentes en atender a los usuarios en el Juzgado Primero Promiscuo de Chía y publicar las actuaciones procesales en una página web, son de carácter provisional.

Asimismo, indicó por una parte, que los hechos de la demanda no son claros respecto a la violación de los derechos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente así como de los derechos de los consumidores y usuarios y, por la otra, que la falta de rampa en el inmueble en donde funcionan los juzgados Primero y Tercero promiscuos municipales de Chía no vulnera el derecho a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

En relación con el incentivo, el Tribunal a quo precisó que la Ley 1425 derogó los artículos 39 y 40 de la Ley 472 y, en consecuencia, no es posible reconocerlo.

Por último, afirmó que la condena en costas esta regulada en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo; en criterio del A quo, comoquiera que la acción popular es de carácter público, no hay lugar a su reconocimiento.

Recurso de apelación

La Sala procede a realizar un resumen de los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado por la parte actora, Carlos Ángel Cárdenas.

La parte actora manifestó su inconformidad frente a las órdenes contenidas en los numerales 5.º, 6.º y 7.º de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia.

En primer orden, sostuvo que es contradictorio que el Tribunal a quo ordene la adecuación del inmueble en donde funcionan los juzgados Primero y Tercero promiscuos municipales de Chía, pero no declare vulnerados los derechos e intereses colectivos a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y a los derechos de los consumidores y usuarios.

En segundo orden, afirmó que debe reconocerse el incentivo económico, comoquiera que, por una parte, como consecuencia de la acción popular, el A quo protegió los derechos e intereses colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y, por la otra, esta fue presentada, radicada y admitida con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1425.

Sostuvo que, el Consejo de Estado, en otros casos similares, reconoció el incentivo y que, en virtud del derecho a la igualdad, en el caso sub examine se debe aplicar esta tesis. Para fundamentar lo anterior citó las sentencias proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado el 11 de agosto de 2011 y el 20 de junio de 2012.

En criterio de la parte actora no se puede aplicar “[…] a los procesos presentados con anterioridad a la entrada en vigencia de una regla, una norma posterior, pues se vulneraría de este modo el principio a la seguridad jurídica, llevando a un caos a la administración de justicia y a la sociedad […]”.

En tercer orden, aseveró que al probarse la vulneración de los derechos e intereses colectivos, debe reconocerse costas y agencias en derecho. Además, se encuentra acreditado que la parte actora, en virtud de la acción popular, incurrió en gastos de transporte, de papelería, de recolección de información, entre otros.

Sobre la cuantía de las costas, afirmó que se debe aplicar la máxima tarifa establecida en el Acuerdo 1887 de 26 de junio de 2003, expedido por la Sala Administrativa de Consejo Superior de la Judicatura, y agregó lo siguiente:

“[…] En las acciones populares, hoy acumuladas, existe acreditado ampliamente los criterios para aplicar los máximos de las tarifas establecidas en el acuerdo, a saber: i) la naturaleza del asunto constitucional, de carácter colectivo, ii) la gran calidad y gestión de la actividad desarrollada por este ciudadano accionante, iii) la cuantía de la acción que es del tenor de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes y por último iv) esta acción terminó por sentencia […]”.

Actuación en segunda instancia

El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 25 de mayo de 2018, admitió el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 9 de marzo de 2018, por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Posteriormente, el Despacho sustanciador, por auto proferido el 22 de junio de 2018, ordenó a las partes que presentaran sus alegatos y surtir traslado al Procurador Delegado ante esta Corporación con el fin que rindiera concepto.

Alegatos de conclusión

La Sala observa que en esta instancia procesal, ninguna de las partes presentó alegatos y el Procurador Delegado ante esta Corporación no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

A continuación, la Sala abordará el estudio de las siguientes cuestiones: i) Competencia de la Sala; ii) Marco normativo y jurisprudencial de la acción popular; y iii) planteamiento de los problemas jurídicos

Competencia de la Sala

Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 129 del Decreto 01 de 1984, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia, por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a proferir la sentencia correspondiente.

Marco normativo y jurisprudencial de la acción popular

El artículo 88 de la Constitución Política dispone que las acciones populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

En desarrollo de la norma constitucional, el legislador expidió la Ley 472 que en su artículo 2.º define las acciones populares como “[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la procedencia del amparo.

Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses.

Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo “[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”.
La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública, esto es, como mecanismo propio de la democracia participativa, puede ser ejercida por “toda persona” y, además, para afianzar pedagógicamente un sistema de control social, se señalan expresamente como titulares de esta acción las organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de acudirse a las acciones pertinentes.

Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispone el artículo 30 de la Ley 472 y que corresponde al actor popular la carga de acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

Planteamiento de los problemas jurídicos

De acuerdo con el recurso de apelación, la Sala deberá determinar si i) el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, al no adecuar el bien inmueble en donde funcionan los juzgados Primero y Tercero promiscuos municipales de Chía, vulneró los derechos colectivos a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y los derechos de los consumidores y usuarios; ii) debe reconocerse a favor del actor popular el incentivo económico, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 472; y, iii) debe condenarse en costas a la entidad demandada.

Para ello, la Sala procederá en el siguiente orden: i) Derecho e interés colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes; ii) Derecho e interés colectivo relativo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles; iii) Marco constitucional, legal y jurisprudencial del derecho e interés colectivo de los consumidores y usuarios; iv) Análisis y solución del caso concreto; y v) Conclusiones de la Sala.

Derecho e interés colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes

De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización, transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera de su marco normativo […]”.

De igual forma, esta Sección mediante sentencia de 7 de abril de 2011, determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo comprendía los siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y ecológica de la propiedad; ii) protección del espacio público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respetar los derechos ajenos y no abusar del derecho propio; y iv) Atender los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible.

Asimismo, esta Corporación ha establecido que comprende el acatamiento a los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las disposiciones político - administrativas y de organización física contenidas en los mismos. Así, como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo; especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para los servicios públicos domiciliarios, entre otros.

Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como progresa y se desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material, asentada en una determinada entidad territorial -bien sea en sus zonas urbanas o rurales- con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.

En efecto, esa Sección ha manifestado al respecto que:

“[…] el derecho colectivo anteriormente enunciado abarca el respeto del principio de la función social y ecológica de la propiedad de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política, la protección del espacio público, del patrimonio público y de la calidad de vida de los habitantes, el respeto de los derechos ajenos y el acatamiento a la ley de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial y demás disposiciones normativas en materia de uso del suelo, alturas máximas de construcción y demás criterios y límites que determinan las autoridades para construir […]”.

En ese orden de ideas, la vulneración al derecho colectivo de la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes implica que las autoridades públicas y/o los particulares desconozcan la normativa en materia urbanística y usos del suelo.

Derecho e interés colectivo relativo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles

Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política.

La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos superiores de las personas.

En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser controlados de manera eficiente y eficaz.

Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida en la Ley 1523 de 24 de abril de 2012, como “[…] un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible […]”.

El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación, en cuya jurisprudencia se analizó su en los siguientes términos:

“[…] Proclamado por el literal l) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública. De ahí que esta Sección haya destacado el carácter preventivo de este derecho haciendo énfasis en su vocación de evitar la consumación de los distintos tipos de riesgo que asedian al hombre en la actualidad, ya no solo naturales (v. gr. fuego, deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías, tormentas, epidemias, etc.), sino también –cada vez más– de origen antropocéntrico (v.gr., contaminación del ambiente, intoxicaciones o afectaciones a la salud, destrucción o afectación de la propiedad privada o pública por accidentes, productos, actividades o instalaciones). Pese al talante preventivo de este derecho colectivo, nada obsta para que su amparo pueda presentarse también ante situaciones que ya no solo constituyen riesgos sino vulneraciones concretas de los derechos e intereses reconocidos por la Constitución y la ley a la comunidad y a las personas que la conforman, y que, por ende, ameritan la intervención del Juez Constitucional. En últimas, tanto la prevención como la protección, corrección y restitución de estos derechos frente a situaciones que los afectan constituyen objetivos propios de las acciones populares; a las que, como se mencionó líneas arriba, es inherente una dimensión preventiva, protectora, reparadora y restitutoria de los derechos que amparan.

[…]

Supone, entonces, una Administración Pública activa, técnica y comprometida con la asunción permanente de sus responsabilidades y con el monitoreo constante de aquellos ámbitos de la vida diaria que están bajo su cargo, como presupuesto de la actuación anticipada o preventiva (y también reactiva) que instaura como estándar de sus actuaciones. No se puede olvidar que es misión de las autoridades realizar las acciones y adoptar las medidas que resulten indispensables para garantizar la vida e integridad de los residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y, en general, el conjunto de derechos de los que son titulares; para lo cual es esencial su compromiso con la prevención de situaciones de amenaza o vulneración de esos derechos, en especial cuando ellas son susceptibles de ser anticipadas mediante la fiscalización permanente de la realidad y la adopción oportuna de las medidas pertinentes para asegurar la efectividad de los derechos, bienes e intereses de la comunidad y de sus miembros. Todo ello, lógicamente, en un marco de razonabilidad y de proporcionalidad, pues mal puede suponer la imposición a la Administración de obligaciones imposibles de cumplir por razones técnicas, jurídicas, económicas o sociales […]” (Destacado de la Sala).

En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno de los fines del Estado (artículo 2 de la Constitución Política), consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles desastres naturales o antrópicos.

Marco constitucional, legal y jurisprudencial del derecho e interés colectivo de los consumidores y usuarios

El artículo 88 de la Constitución Política, estableció que la “[…] ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella […]”. En efecto, en desarrollo de este mandato constitucional, el literal n) del artículo 4.º de la Ley 472, incluyó como un derecho e interés colectivo, el de los consumidores y usuarios.

Sobre los derechos de los consumidores y usuarios, el artículo 78 de la Constitución Política ordena que la ley debe regular el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos, así como la información suministrada. Además, prevé que serán responsables, quienes en la producción o comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

En concordancia, el artículo 369 Ibidem, estableció que la ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio, así como la participación de los municipios o de sus representantes, en las entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios.

En efecto, la Ley 1480 de 12 de octubre de 2011, en su artículo 3.º, numeral 1.º, estableció como derechos de los consumidores y usuarios la seguridad e indemnidad, recibir productos de calidad, recibir información y protección contra la publicidad engañosa, la reclamación, la protección contractual contra cláusulas abusivas, la elección libre de bienes y servicios, la participación, la representación, a informar, a la educación y a la igualdad.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 7 de febrero de 2019, consideró que este derecho colectivo tiene por objeto garantizar que la libertad de empresa, fundamento constitucional de nuestro sistema económico, no afecte los derechos de los consumidores y usuarios. En esa oportunidad, se precisó lo siguiente:

“[…] Al respecto, este Tribunal ha sostenido que:

“[…]

En este orden de ideas, se tiene que el reconocimiento de este derecho colectivo busca establecer una suerte de contrapeso a la libertad de empresa proclamada por la Carta como uno de los pilares del sistema económico, en tanto que apunta a focalizar la atención de las autoridades no solo en la promoción de la libre competencia y el eficiente funcionamiento del mercado, sino también en este segmento de la población que por sus características (lega, y por lo tanto, desprovisto de información y conocimiento profundo del bien o servicio que se adquiere) y la posición que ocupa (carente de un poder de negociación significativo en el mercado) tiende a ser la parte débil de las transacciones que tienen lugar con productores, comercializadores y distribuidores de bienes y servicios. La proclamación del Estado social y democrático de Derecho resulta incompatible con una visión del sistema económico que centre la protección constitucional de las relaciones económicas solo en dirección de amparar la libertad de emprender, de contratar y la libre competencia. A causa de la desigualdad propia de las relaciones de consumo, la consideración de la comunidad de personas a quienes se dirige la actividad desarrollada por los sujetos que actúan en ejercicio de las libertades que proclama el artículo 333 de la Constitución y de sus particularidades resulta imperativa […]”..

Análisis y solución del caso concreto

Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas en primera y segunda instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida, en primera instancia.

Teniendo en cuenta que para resolver el recurso de apelación es necesario estudiar cada problema jurídico planteado en el mismo, para efectos metodológicos de la decisión, la Sala procederá de la siguiente manera: i) Análisis en relación con la vulneración de los derechos e intereses colectivos que no se protegieron en la sentencia proferida, en primera instancia ii) Análisis en relación con la procedencia del incentivo económico en las acciones populares presentadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1425; iii) Análisis en relación con la condena en costas; iv) Comité de Verificación; y v) Conclusiones de la Sala.

Análisis en relación con la vulneración de los derechos e intereses colectivos que no se protegieron en la sentencia proferida, en primera instancia

La Sala considera necesario precisar que el objeto del recurso de apelación no se centra en determinar si se probó que los juzgados Primero y Tercero promiscuos municipales de Chía funcionaban en un edificio que impedía el acceso a las personas con movilidad reducida, sino si esta situación vulnera los derechos e intereses colectivos a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y los derechos de los consumidores y usuarios.

En el acápite denominado “Procedencia de la acción popular para reclamar el amparo del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes”, se precisó que este derecho se vulnera, entre otras cosas, cuando no se cumplen las normas que regulan la realización de construcciones.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 9.º, estableció que, con el objeto que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados deben adoptar medidas pertinentes para asegurar que ellas puedan acceder, en igualdad de condiciones con las demás, entre otros, al entorno físico e instalaciones abiertas al público y, para ello, es necesario eliminar los obstáculos y barreras de acceso.

Asimismo, la Ley 361 de 7 de febrero de 1997, estableció mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad. En efecto, en el artículo 47, ordenó que la construcción, ampliación y reforma de los edificios abiertos al público, debe diseñarse de tal forma, que permita el acceso a todas las personas en situación de discapacidad; y, respecto a los edificios existentes, previó que se deben adaptar, de manera progresiva, para eliminar las barreras arquitectónicas definitivamente.

Igualmente, los artículos 53 y 57 Ibidem, previeron por una parte, que en las edificaciones de varios niveles que no cuenten con ascensor, deben existir rampas con las especificaciones técnicas y de seguridad adecuadas y, por la otra, que en un término no mayor a dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia de la Ley 361, las entidades estatales competentes, debían elaborar los planes para la adaptación de los espacios públicos, edificios, servicios e instalaciones dependientes, con el objeto de garantizar el adecuado acceso a las personas en situación de discapacidad.

En concordancia con lo anterior, en el Decreto 1538 de 17 de mayo de 2005, se previó lo siguiente:

“[…]

ARTICULO 9. CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS ABIERTOS AL PÚBLICO. Para el diseño, construcción o adecuación de los de edificios de uso público en general, se dará cumplimiento a los siguientes parámetros de accesibilidad:

A. Acceso a las edificaciones.

[…]

2. Los desniveles que se presenten en edificios de uso público, desde el andén hasta el acceso del mismo, deben ser superados por medio de vados, rampas o similares.

3. Cuando se trate de un conjunto de edificios o instalaciones de uso público, deberá garantizarse por lo menos que una de las rutas peatonales que los unan entre sí y con la vía pública, se construya según las condiciones establecidas en el Capítulo Segundo de éste decreto.

C. Acceso al interior de las edificaciones de uso público.

1. Al menos uno de los accesos al interior de la edificación, debe ser construido de tal forma que permita el ingreso de personas con algún tipo de movilidad reducida y deberá contar con un ancho mínimo que garantice la libre circulación de una persona en silla de ruedas.

2. Cuando el diseño contemple ascensores, el ancho de los mismos debe garantizar el libre acceso y maniobrabilidad de las personas con movilidad reducida y/o en sillas de ruedas.

3. Las puertas principales de acceso a toda construcción, sea esta pública o privada, se deberán abrir hacia el exterior o en ambos sentidos, deberán así mismo contar con manijas automáticas al empujar. En ningún caso, pueden invadir las áreas de circulación peatonal.

4. Las puertas de vidrio siempre llevarán franjas anaranjadas o blanco-fluorescente a la altura indicada.

5. En caso de que el acceso al inmueble se haga mediante puertas giratorias, torniquetes o similares, que dificulten el tránsito de las personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida, se deberá disponer de un acceso alterno que les facilite su ingreso.

6. Todas las puertas contarán con mecanismos de fácil apertura manual para garantizar una segura y fácil evacuación en cualquier emergencia, incluyendo los sistemas de apertura eléctricos y de sensores. Para tal efecto, todos los niveles de la edificación contarán con planos de ruta de emergencia y la señalización de emergencia de acuerdo con los parámetros adoptados por el Ministerio de la Protección Social.

7. Se dispondrá de al menos un servicio sanitario accesible.

[…]”.

La norma supra, fue compilada por el artículo 2.2.3.4.2.1. del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.

En efecto, el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, incumplió las normas a las que se hizo referencia, en tanto el bien inmueble en donde funcionan los juzgados Primero y Tercero promiscuos municipales de Chía no garantizan el fácil y seguro ingreso, así como el desplazamiento de las personas en situación de discapacidad.

Lo anterior, vulnera el derecho e interés colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes.

Además, la Sala considera que en el caso sub examine, se amenaza el derecho e intereses colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por cuanto las condiciones arquitectónicas del bien inmueble objeto de la presente demanda, no garantizan la seguridad en caso de desastres. En efecto, no se cuenta con estructuras que permitan la evacuación rápida y eficaz de las personas que se encuentran en situación de discapacidad.

Ahora bien, los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, así como las pruebas, no permiten inferir la vulneración o amenaza de los derechos de los consumidores y usuarios.

En consecuencia, la Sala revocará el numeral 5.º de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia, de forma exclusiva, frente a los derechos e intereses colectivos a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Además, se modificará el numeral 1.º en el sentido de declarar la vulneración y amenaza de los referidos derechos.

Análisis en relación con la procedencia del incentivo económico en las acciones populares presentadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1425

Con el objeto de estimular el ejercicio de las acciones populares, el artículo 39 de la Ley 472, establecía que el demandante tendría derecho a recibir un incentivo fijado entre diez (10) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si las pretensiones de la demanda prosperaban. Igualmente, el artículo 40 ibidem, preveía que en los casos de vulneración o amenaza al derecho colectivo a la moralidad administrativa, el incentivo sería del quince por ciento (15%) del valor que recuperara la entidad pública en virtud de la acción constitucional.

Ahora bien, mediante la Ley 1425, se derogaron los artículos 39 y 40 de la Ley 472, en relación con el reconocimiento del incentivo económico en las acciones populares. Sin embargo, la referida ley no estableció normas sobre su vigencia respecto a las acciones populares que se encontraban en curso en el momento de su expedición.

En consecuencia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 3 de diciembre de 2013, unificó la jurisprudencia en relación con la improcedencia del reconocimiento del incentivo económico en aquellos procesos promovidos con anterioridad a la expedición de la Ley 1425, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, i) el artículo 18 de la Ley 153 de 15 de agosto de 1887, prevé que tienen aplicación y efecto inmediato las leyes mediante las cuales se restrinjan derechos consolidados, siempre que esté de por medio la moralidad pública, la salubridad o la utilidad pública “[…] cuestiones que se configuran claramente en el presente caso comoquiera que la eliminación del incentivo en las acciones populares, por parte de la Ley 1425, tuvo como fundamentos tanto evidentes propósitos de moralidad pública como de utilidad pública […]”; ii) no es aplicable la segunda parte del artículo 40 ibidem, sino la regla de aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo, toda vez que la presentación de la demanda no consolida el derecho de reconocimiento del incentivo a favor de la parte actora; y iii) si se reconoce el incentivo en las acciones populares se afecta el principio de favorabilidad, en tanto se estaría imponiendo una sanción económica con base en una norma derogada.

En consecuencia, a partir de la sentencia de unificación supra, el Consejo de Estado, garantizando el derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica, ha aplicado la tesis según la cual, no es posible reconocer el incentivo económico previsto en los artículo 39 y 40 de la Ley 472, para los procesos que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1425. Precisamente, la Sección Primera mediante sentencia proferida el 11 de abril de 2018, consideró lo siguiente:

“[…] En cuanto al reconocimiento del incentivo, es pertinente resaltar que la Sentencia de Unificación de 3 de septiembre de 2013 dispuso negar el incentivo en todas las acciones populares teniendo en cuenta que la disposición que lo autorizaba desapareció del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no resulta posible su reconocimiento aún en el caso de acciones populares que estuviesen en curso antes de su derogatoria.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de instancia, en lo que respecta a la negativa del reconocimiento del incentivo al actor popular […]”.

De la misma forma, la Sección Primera, en sentencia proferida el 8 de febrero de 2018, planteó como problema jurídico, determinar la procedencia del reconocimiento del incentivo económico a favor del actor popular cuando la acción se instauró en el mes de octubre de 2010 y el fallo que la resuelve, en primera instancia, se profirió en el mes de febrero de 2015. Para resolverlo se refirió a la sentencia de unificación supra y concluyó que la respuesta al referido problema jurídico es negativo.

En el caso sub examine, las sentencias citadas por la parte actora en el recurso de apelación, en las que se reconoció el incentivo económico en acciones populares promovidas con anterioridad a la expedición de la Ley 1425, no constituyen precedente, comoquiera que fueron proferidas antes de la sentencia de unificación. En este orden de ideas, no se vulneran los derechos a la igualdad, seguridad jurídica y debido proceso de la parte actora, si no se reconoce el incentivo económico.

Por las razones expuestas, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en relación con el asunto estudiado, no prospera.

Análisis en relación con las costas

La parte actora considerada que, en el caso sub examine, debe condenarse en costas de conformidad con los artículos 38 de la Ley 472 y 392 del Decreto 1400 de 6 de agosto de 1970, por medio del cual se expidió el Código de Procedimiento Civil.

El Tribunal A quo, de forma errónea, en la sentencia proferida, en primera instancia, aplicó el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo respecto de las costas y negó su reconocimiento, conforme se explica, infra.

Visto el artículo 38 de la Ley 472, “[…] El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar […]” (Resaltado fuera de texto original).

Ahora bien, de conformidad con el auto proferido el 25 de junio de 2014, por la Sala Plena del Consejo de Estado, a partir del 1.° de enero de 2014, son aplicables las normas del Código General del Proceso en los eventos que se hace referencia al Código de Procedimiento Civil, salvo para i) los recursos ya interpuestos; ii) la práctica de pruebas decretadas; iii) las audiencias convocadas; iv) las diligencias iniciadas; v) los términos que hubieren comenzado a correr; vi) los incidentes en curso; y, vii) las notificaciones que se estén surtiendo.

Comoquiera que la sentencia apelada se profirió el 9 de marzo de 2018, en materia de costas, se aplica el Código General del Proceso.

El artículo 365 del Código General del Proceso, regula la condena en costas y en el numeral 8.7, dispone lo siguiente:

“[…] En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

[…]

8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezcan que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.

Esta Corporación, ha señalado el criterio objetivo-valorativo de la condena en costas que implica, por una parte, que no se tenga en cuenta el obrar temerario o de mala fe, o si quiera culpable de la parte demandada, sino su derrota en el proceso o en recurso que haya propuesto; y, por la otra, la prueba de su causación por el pago de gastos ordinarios del proceso, así como de agencias en derecho.

Respecto a los gastos del proceso, no hay prueba en el expediente que acredite que el actor popular incurrió en estos. En efecto, no fueron aportados recibos de pago, constancias de pago u otro medio de prueba similar que indique los gastos en que incurrió la parte actora con ocasión de los procesos de la referencia. Si bien, en ambos procesos, obran las constancias de publicación del aviso a la comunidad, ello no prueba que la parte actora sufragó, directamente, esos gastos.

. La Sala recuerda que no basta con que la parte interesada en el reconocimiento de gastos procesales manifieste esta circunstancia, sino que es necesario que se acredite.

Además, mediante auto proferido el 25 de abril de 2013, el Tribunal a quo concedió amparo de pobreza, en tanto el señor Carlos Ángel Cárdenas no estaba en capacidad de sufragar los gastos procesales. Precisamente, los gastos relacionados con la prueba pericial fueron asumidos por el Fondo para la Defensa e Intereses Colectivos.

En este orden de ideas, no se reconocerán costas por concepto de gastos procesales.

Por el contrario, se reconocerán las agencias en derecho, en tanto la parte actora actuó en su propio nombre y con ocasión de la acción popular que promovió, se protegerán los derechos e intereses colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Sobre el asunto estudiado, de forma reciente, la Sección Primera del Consejo de Estado en providencia proferida el 7 de febrero de 2019, precisó:

“[…]

Así pues, la Sala observa que el demandante no identificó y acreditó la existencia de alguna expensa o gasto en específico que se haya visto obligado a solventar por causa y con ocasión del proceso judicial de la referencia, motivo por el cual no se accederá a dicha solicitud.

Sin embargo, se advierte que en el proceso de la referencia el demandante actuó en su propio nombre y, que, con ocasión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los términos indicados en el apartado 3.1.4. de la presente providencia (folio 6). Por esta razón, se accederá a la solicitud de adición de la sentencia de 4 de octubre de 2018, en el sentido de condenar parcialmente al pago de las agencias en derecho en favor del demandante, las cuales serán liquidadas por el Tribunal de origen, de conformidad con los parámetros indicados en la ley […]” (Resaltado fuera de texto original).

Así las cosas, la Sala revocará el numeral 7.° de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia y, en su lugar, condenará a la parte vencida, al pago de las agencias en derecho.

En relación con el valor de las agencias en derecho, la Sala precisa que, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso, estas deben ser liquidadas en el Tribunal a quo, inmediatamente se notifique la providencia de obedecimiento a lo dispuesto por el superior.

Por último, frente a la condena en costas en la segunda instancia, el artículo 365 Ibidem, prevé que éstas tendrán lugar en los siguientes casos: i) cuando se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación; ii) cuando se confirme en todas sus partes la sentencia proferida, en primera instancia; iii) cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior. Lo anterior, siempre que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. Esta tesis fue expuesta por la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 25 de abril de 2019, de la siguiente forma:

“[…]

En relación con la condena en costas en la segunda instancia, el artículo 365 del Código general del Proceso, establece que éstas tendrán lugar en los siguientes casos: i) cuando se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación; ii) cuando se confirme en todas sus partes la sentencia proferida, en primera instancia; iii) cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior. Lo anterior, siempre que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

En el caso sub examine, si bien, se revocará la sentencia apelada, ello solo será con relación a dos decisiones, compulsa de copias y costas, prosperan parcialmente los recursos de apelación presentados por el Municipio de Medellín y las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. En consecuencia, la sentencia será confirmada en lo demás.

De manera que no se encuentran verificado ninguno de los supuestos previstos en el artículo 365 del Código General del Proceso para condenar en costas en segunda instancia.

[…]”.

En el caso sub examine, se revocará la sentencia apelada; sin embargo, ello será en relación con los numerales 5.° y 7.° de la parte resolutiva. En consecuencia, la sentencia será confirmada en lo demás. En este orden de ideas, no se encuentran verificado ninguno de los supuestos previstos en la norma supra para condenar en costas en segunda instancia.

Comité de verificación

En la sentencia proferida, en primera instancia, se ordenó la conformación de un Comité de Verificación para hacer el seguimiento del cumplimiento de la sentencia, conformado por el actor popular, un delegado de la Defensoría del Pueblo, un delegado de la Personería Municipal de Chía y un Delegado de la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca.

Frente a la conformación de este comité, el artículo 34 de la Ley 472 preceptúa lo siguiente:

“[…]

Artículo 34º.- Sentencia.

[…]

En la sentencia el juez […] podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo. También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]” (Resalta la Sala).

De conformidad con esta norma transcrita, se considera que el juez de primera instancia debe formar parte de Comité de Verificación con el propósito de que realice seguimiento y adopte las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de la sentencia.

Por consiguiente, se impone modificar la sentencia apelada, en el sentido que el juez de primera instancia, esto es, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, haga parte del Comité de Verificación, tal como lo ordena el citado artículo 34.

Conclusiones de la Sala

En suma, la Sala concluye que, en caso sub examine, el Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos colectivos a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, comoquiera que el bien inmueble en donde funcionan los juzgados Primero y Tercero municipales de Chía, no cuenta con las condiciones arquitectónicas para el acceso adecuado de personas en situación de discapacidad.

En consecuencia, la Sala por una parte, revocará el numeral 5.º de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia, en relación con los referidos derechos y, por la otra, modificará el numeral 1.º, el cual quedará así:

Declarar que la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca vulneró y amenazó los derechos e intereses colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Asimismo, la Sala revocará el numeral 7.º de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia, y, en su lugar, se condenará en costas al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa.

La sentencia será confirmada en lo demás.

Por último, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley 472, se modificará el numeral 4.º de la sentencia apelada, en el sentido de incluir a la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como integrante del Comité de Verificación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR parcialmente el numeral 5.º de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018, por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de forma exclusiva, respecto a los derechos e intereses colectivos a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 1.º de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018, por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:

DECLARAR que la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca vulneró y amenazó los derechos e intereses colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: REVOCAR el numeral 7.º de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018, por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar:

CONDENAR en costas de primera instancia al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, únicamente respecto a las agencias en derecho. Las costas serán liquidadas por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018, por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: MODIFICAR el numeral 4.º de la sentencia apelada, en el sentido de incluir a la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como integrante del Comité de Verificación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEXTO: Sin condena en costas en la segunda instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

OCTAVO: En firme esta providencia, se ORDENA a la Secretaría devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
Folio 9, núm. único de identificación 250002324000201000748-01
Folio 9, núm. único de identificación 250002324000201000746-01
Folios 27 y 28
“ Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”
Folio 31 a 32
Folio 32
Folio 34

Folio 35
“Por medio de la cual se derogan artículos de la Ley  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0472_1998.html" \l "1" 472 de 1998 Acciones Populares y Grupo”
Folios 53 a 54
Folio 53
Proceso radicado con el núm. único de identificación 250002324000201000748-01. M.P. Dra. Ayda Vides Paba
Proceso radicado con el núm. único de identificación 250002324000201000746-01. M.P. Dra. Claudia Elizabeth Lozzi Moreno
Folios 52 a 53
Folios 73 a 81
Folios 89 a 91
Folios 95 a 99
Folios 106 a 11
Folios 58 a 63
Folio 113
Folio 99 a 100 expediente radicado bajo el núm. 250002324000201000748-01
Folio 151 a 158 Ibidem
Folios 155 a 159 Ibidem
Folio 283 a 284 Ibidem
Folios 351 a 353.
Folios 331 a 332
Folios 355 a 362
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dra. María Elizabeth García González, sentencia proferida el 11 de agosto de 2011, núm. único de identificación 850012331000201000131-01
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso, sentencia proferida el 20 de junio de 2012, núm. único de identificación 250002324000201000747-01
Folio 358
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
Folio 360
Auto visible a folio 368
Auto visible a 371
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”
Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Rad. No. AP-2005-00901. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de siete (7) de abril de dos mil once (2011), Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 63001-23-31-000-2004-00688-01(AP)
Inciso segundo artículo 58 C.P.
Art. 95 numeral 1 C.P.
Art. 3º ley 388 de 1997.
Art. 5º ley 388 de 1997
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de veintiuno (21) de febrero de dos mil siete (2007), Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. número: 63001-23-31-000-2004-00243-01(AP),
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de 2009, Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, Radicación Número: 17001-23-31-000-2004-01492-01(AP)
“[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones
Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación número: 13001-23-31-000-2011-00315-01(AP).
“Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”
Consejo de Estado, Sección Primera. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Rad. No. 25000-23-24-000-2010-00617-01(AP). También, de esta misma Sala de Decisión, ver la sentencia de 20 de junio de 2013. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. Rad. 25000-23-24-000-2010-00618-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia proferida el 7 de febrero de 2019, núm. único de identificación 850012333000201700075-01

Mediante la Ley 1346 de 31 de julio 2009, se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones”
De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 361, entró a regir desde el momento de su publicación, lo cual ocurrió el 11 de febrero de 1997
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997”
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia proferida el 3 de diciembre de 2013, núm. único de radicación (AP) 170013331001200901566 01
Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887. Sala Plena del Consejo de Estado, Consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez.
“Al Consejo de Estado no le queda el menor asomo de duda que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1425, de diciembre 29 de 2010, <<Por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y [de] Grupo>>, el reconocimiento judicial del incentivo económico dentro de las acciones populares fue suprimido por el Legislador del actual ordenamiento jurídico, según se determinó en forma expresa en el artículo 1° de la mencionada ley… Por virtud de la decisión del Legislador, el incentivo económico desapareció del ordenamiento jurídico y, con ello, la posibilidad legal de seguir reconociéndolo dentro de las decisiones judiciales en aquellos asuntos iniciados antes de la promulgación de la Ley 1425, al margen de si los preceptos legales que preveían tal premio a favor del actor popular correspondían, o no, a normas de naturaleza sustantiva o procesal. La Sala precisa que cualquier disquisición que en punto a la naturaleza jurídica de los artículos 39 y 40 de la Ley 472, proferida en el año 1998, antes de constituir realmente un avance en la unificación de la jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo, se convertiría más bien en un juicio retórico innecesario, pues, como se dijo, con independencia del carácter sustancial, o no, de dichos preceptos legales, la conclusión ha de ser la misma en uno u otro caso y ello constituye, en realidad, el aspecto a unificar por parte de la Corporación… El acceso al incentivo económico dentro de aquellos procesos iniciados en ejercicio de la acción popular antes de la expedición de la Ley 1425 resulta improcedente, habida cuenta de la inexistencia de los preceptos que, con ocasión de la expedición de dicha ley, preveían el reconocimiento de tal estímulo… al haberse determinado que el estímulo económico a favor del actor popular dentro de los procesos iniciados con anterioridad a la expedición de la Ley 1425, dentro de los que se ubican –naturalmente– aquellos en los cuales se hubiere presentado la inasistencia injustificada del accionante a la audiencia de pacto de cumplimiento por parte del actor, resulta completamente claro que el incentivo no estaría llamado a reconocerse, por elemental sustracción de materia, es decir, ya no por la posible inobservancia a los deberes de parte del actor popular, sino porque el mencionado instituto del incentivo dejó de existir para estos asuntos y, por obvias razones, para aquellos iniciados después de la promulgación de la Ley 1425”. Sentencia de 3 de septiembre de 2013, Exp. 17001-33-31-001-2009-01566-01(AP) IJ, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dra. María Elizabeth García González, sentencia proferida el 11 de abril de 2018, núm. único de identificación 50001-23-31-000-2001-00265-02(AP)
Sala Plena del Consejo de Estado, auto de 25 de junio de 2014. Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ). Demandante: CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. M.P. Enrique Gil Botero.

Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 13 de diciembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de diciembre de 2018, C.P. Milton Chaves García, número único de radicación 25000 23 37 000 2014 01115 01. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-33-000-2012-00162-01. Folios 122 a 125 expediente 250002324000201000748-01
Folio 264 Ibidem
Ley 1564 de 12 de julio de 2012. “ARTÍCULO 361. COMPOSICIÓN. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.
(…). ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
(…). 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
(…)”. [Resalta la Sala]. Ibíd., “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…). 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. (…)”. [Resalta la Sala]. Ibíd., “ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: (…)”. [Resalta la Sala]. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia proferida el 7 de febrero de 2019, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 05001-23-33-000-2016-00713-01(AP)A.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 25 de abril de 2015, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 050012331000201200826-01

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