Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2001-00265-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Recurso de apelación en acción popular
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2001-00265-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-31-000-2001-00265-02
Consejero ponente: María Elizabeth García González
11 de abril de 2018
RECURSO DE APELACIÓN EN ACCIÓN POPULAR / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE - El departamento del Meta era el responsable de la adecuación y pavimentación de la vía municipal de acuerdo a lo previsto en los contratos 188 y 01049 de 2000 / DEBER DE LOS DEPARTAMENTOS DE BRINDAR SOPORTE A LOS MUNICIPIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS - Los Departamentos asumen ese deber en atención a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad / RECONOCIMIENTO DEL INCENTIVO ECONÓMICO AL ACTOR POPULAR - Se niega teniendo en cuenta que la disposición que lo autorizaba desapareció del ordenamiento jurídico
[P]ese a que el Departamento del Meta en el escrito de apelación, alegue que, legalmente no le corresponde realizar el replanteamiento de diseño vial, lo cierto es que en atención al principio de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, asumió la referida función y, en desarrollo de la misma, debió observar la normativa que rige la materia, para así garantizar el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles, el cual resulta amenazado con su conducta omisiva, más aun si se tiene en cuenta que en este caso se trata de una vía por la que transitan peatones, entre ellos menores de edad que se dirigen a sus colegios. (…) aunque, la vía que conduce al barrio Américas es de orden municipal, lo cierto es que conforme al material probatorio allegado, el departamento del Meta era el responsable de la adecuación y pavimentación de la vía, de acuerdo a lo previsto en los contratos 188 y 01049 de 2000, por lo que dicho ente territorial, era el llamado directamente a cumplir con cada una de las especificaciones técnicas que se requerían, en aras de asegurar en debida forma la circulación de las personas por la vía en mención, lo cual no se hizo, de acuerdo al material probatorio que obra en el expediente. (…) En este sentido, no prospera el cargo formulado por el Departamento de Meta. Así las cosas, la Sala confirmará las órdenes del Tribunal, toda vez que estas son razonables y se encaminan a dar una solución integral y efectiva a los problemas que presentan los habitantes de los residentes de las veredas Buenos Aires Alto, Buenos Aires Bajo y los barrios Araguaney y las Américas, del municipio de Villavicencio y se ordenará compulsar copias de este fallo a la Procuraduría Regional del Meta, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las investigaciones a que hubiere lugar por los incumplimientos de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato No. 0188 de 2.000 celebrado entre el Departamento del Meta y [A.M.R.] y el Contrato No. 01049 de 2000 celebrado entre el Departamento del Meta y [E.A.D.M.] En cuanto al reconocimiento del incentivo, es pertinente resaltar que la Sentencia de Unificación de 3 de septiembre de 2013 dispuso negar el incentivo en todas las acciones populares teniendo en cuenta que la disposición que lo autorizaba desapareció del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no resulta posible su reconocimiento aún en el caso de acciones populares que estuviesen en curso antes de su derogatoria. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de instancia, en lo que respecta a la negativa del reconocimiento del incentivo al actor popular.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 209 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 288 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 311 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 309 / LEY 105 DE 1993 / LEY 388 DE 1997 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULOS 39 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 40 / LEY 715 DE 2001 / LEY 1425 DE 2010 / LEY 1523 DE 2012 / DECRETO 77 DE 1987 / DECRETO 1222 DE 1986 - ARTÍCULO 7 / DECRETO 353 DEL 2000 - ARTÍCULO 64
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 50001-23-31-000-2001-00265-02(AP)
Actor: JORGE ENRIQUE SANTANILLA MEDINA
Demandado: DEPARTAMENTO DEL META, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y OTROS
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Enrique Santanilla Medina y por el Departamento del Meta, en contra de la sentencia de 21 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta mediante la cual se concedió el amparo al derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
I.- LA DEMANDA
El señor Jorge Enrique Santanilla Medina, en ejercicio de la acción popular consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998, presentó demanda en contra del Departamento del Meta, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; los cuales considera vulnerados por el Departamento, al no haber culminado la obra de mejoramiento de la vía que del barrio el Trapiche, conduce al barrio Américas sobre los caños denominados caño hondo y caño tigre, los cuáles en época de invierno se desbordan, ocasionando inundaciones en las viviendas y colegios aledaños, obstruyendo calles, rompiendo el pavimento, y taponando el tubo madre del acueducto que surte agua a los barrios Américas y Los Héroes.
II.- LOS HECHOS
Los hechos en que se fundamenta la demanda, se sintetizan de la siguiente manera:
1. El señor Jorge Enrique Santanilla Medina, obrando en nombre propio, presentó acción popular en contra del Departamento del Meta, alegando que éste no ha culminado con la adecuación de las vías con pavimento en asfalto, y la construcción de 2 puentes sobre los caños denominados Caño Hondo y Caño Tigre, cuyo propósito era mejorar la vía que del barrio El Trapiche conduce al barrio Américas, en jurisdicción del municipio de Villavicencio (Meta).
2. Señaló que el Departamento del Meta, realizó un contrato de obra, cuyo objeto fue la adecuación con pavimento en asfalto de las vías, que del barrio El Trapiche conducen al barrio Américas, y la construcción de dos puentes sobre los caños denominados Caño Hondo y Caño Tigre.
3. Frente al estado de las obras, afirmó que la adecuación de la vía y pavimentación en asfalto, se encuentra inconclusa teniendo en cuenta que aún se están construyendo los desagües, y en relación con la construcción de los puentes si bien fue terminada, los mismos fueron construidos con una placa de cemento y tubería de bajo calibre, sin cimientos profundos y sin planeación en caso de crecimiento de caudales.
4. Mencionó que el puente sobre el Caño Tigre, se encuentra aproximadamente a 100 metros de la entrada al barrio Américas por la vereda Buenos Aires Bajo, y el puente sobre el Caño Hondo se encuentra a 200 metros más allá por la vía al barrio El Trapiche, por lo que a orillas de los mismos, residen familias, así como también funcionan cinco instituciones escolares, oficiales y particulares, en donde estudian aproximadamente mil niños entre 4 y 16 años; además funciona un hogar infantil de Bienestar Familiar.
5. Añadió que el 25 de agosto de 2001, en la parte alta del barrio Las Américas, llovió fuertemente, ocasionando el rebosamiento de las aguas de los caños Tigre y Hondo, desbordando sus cauces y corrientes, inundando viviendas, colegios, obstruyendo calles, rompiendo el pavimento y taponando el tubo madre del acueducto que surte de aguas los barrios Las Américas y Los Héroes.
6. Afirmó que dicha catástrofe fue generada por la falta de diseño y construcción de un Box Culvert o de un puente, con el fin de evitar que en épocas invernales se taponen las alcantarillas de poco calibre.
7. Concluyó que la vía se encuentra mal diseñada, en razón a que la misma tiene alto flujo vehicular, presenta curvas peligrosas, y no cuenta con andenes para el desplazamiento de los niños, circunstancias que acreditan un enorme riesgo de accidentalidad.
III.- PRETENSIONES
El actor popular formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Ordenar al Departamento del Meta, la construcción de BOX CULVER o en sustitución puentes sobre los caños Tigre y Hondo sobre la vía del trapiche conduce al Barrio las Américas.
2. Ordenar la construcción de andenes peatonales sobre la vía mencionada.
3. Condenar al demandada (sic) a resarcir los perjuicios a las personas que sufrieron deterioro en las viviendas, en los elementos (muebles y enseres Etc) y al acueducto para los barrios Las Américas y Los Héroes.
4. Ordenar a la demandada a que realice las obras de protección del acueducto que del caño tigre surte de agua a los Barrios las Américas y Héroes de esta ciudad, teniendo en cuenta que con el desbordamiento de los cauces de los caños citados causaron daños en tuberías y bocatoma de acueductos comunal y en otros casos de mangueras de residencias de los habitantes de la vereda Buenos Aires Bajo.
6. Ordenar la Investigación disciplinaria y/o penal del caso a las personas directamente vinculadas por la omisión u acción en las diferentes etapas del contrato.
7. Condenar al responsable a cancelar los incentivos que orden el artículo 39 de la ley 472 de 1998, el cual usted, señor magistrado tasará generosamente la cuantía, considerando mi actuación procesal, naturaleza de la defensa ciudadana y vigilancia de esta acción en pro de una comunidad. […]”.
IV.- ACTUACIONES PROCESALES
Una vez surtido el trámite establecido en la Ley 472 de 1988, El Tribunal Administrativo del Meta, profirió sentencia de primera instancia, el 26 de mayo de 2004; la cual fue apelada por parte del Departamento del Meta.
Llegado el momento de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Departamento del Meta, esta sección, a través de auto de 20 de agosto de 2010, declaró la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto admisorio de la demanda, por cuanto, se debió vincular dentro del presente asunto al municipio de Villavicencio.
En consecuencia, se remitió al Tribunal Administrativo del Meta, la acción popular de la referencia, ordenando la vinculación del municipio de Villavicencio.
El Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto de 15 de octubre de 2010, admitió la demanda, ordenando notificar al Departamento del Meta, al municipio de Villavicencio, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena – CORMACARENA, a la Superintendencia de Servicios Públicos de Villavicencio, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, a la Secretaría de Infraestructura del Meta y a la Secretaría de Infraestructura del municipio de Villavicencio.
Mediante auto de 12 de octubre de 2001 el Tribunal Administrativo del Meta ordenó la práctica de pruebas, sobre las cuales, conforme auto de 8 de abril de 2013, el Tribunal determinó que al ser recolectadas en su totalidad, conservaban su validez y eran eficaces frente a quienes tuvieron oportunidad de contradecirlas, en virtud de lo previsto en el inciso 1 del artículo 146 del C.P.C.
V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
V.1 DEPARTAMENTO DEL META
Por medio de apoderado judicial, el ente territorial contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones formuladas por el actor, con fundamento en los siguientes argumentos:
Señaló que la vía objeto de la litis, no hace parte de la malla vial del municipio de Villavicencio, conforme al plano No. 9 denominado “perfiles viales urbanos”, que hace parte del Decreto 353 de 2000 o Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T., por lo que dicha vía tiene el carácter de servidumbre, no está sujeta a ningún perfil vial oficial y mucho menos a especificaciones técnicas, ni de diseño geométrico estipulados para las vías, ya que su naturaleza se asimila a una vía veredal de uso público.
Añadió que, la gestión realizada por parte del Departamento tenía por objeto optimizar y mejorar la vía existente, en aras de ofrecer mejores condiciones a los usuarios de la misma; así como la construcción de alcantarillas las cuáles han prestado un buen servicio antes y después del incidente ocurrido el 25 de agosto de 2001.
Afirmó que las obras se realizaron con materiales que cumplen las especificaciones técnicas, igualmente el contratista por orden de la interventoría y por requisito de la Gobernación practicó en las obras, las siguientes pruebas: 8 densidades subbase, 8 densidades de base, y estabilidad y flujo de mezcla asfáltica.
Frente al desbordamiento del 25 de agosto de 2001, señaló que se trató de un caso fortuito, ya que según la comunidad son aguaceros que se presentan aproximadamente cada 15 años, por lo que se debe impedir la deforestación en la parte alta, pues esto provoca arrastre, deslizamiento, erosión de materiales en todas las vertientes de agua.
Añadió que en el presente asunto, no hay una relación causa efecto entre las acciones u omisiones del Departamento del Meta y la posible vulneración a los derechos colectivos alegados dentro de la presente acción popular, por lo que, la misma resulta desacertada, al no existir acción u omisión debidamente probada e imputable al Departamento del Meta, de la cual se deriven las consecuencias jurídicas que demanda el actor popular, y mucho menos que de las mismas se pueda predicar violación o amenaza de los derechos e interés colectivos.
Aseguró que, dentro del marco legal constitucional, es responsabilidad de los municipios contribuir en el desarrollo de su territorio y construir obras que demande el progreso municipal, por lo que, a través de esta acción no se puede ordenar al ente departamental que se satisfagan las pretensiones invocadas por el actor popular, por cuanto dichas competencias no son del Departamento, sino que corresponden al gobierno municipal.
Concluyó que a través de la presente acción constitucional, no se puede ordenar la ejecución de una obra pública que demande una inversión considerable que no hubiere sido incluida en los planes de desarrollo, pues esto implicaría desviar los recursos destinados a propósitos específicos, desconociendo el uso eficiente de los mismos, y el cumplimiento adecuado de los cometidos que le han sido asignados a las distintas entidades por la Constitución y la Ley.
V.2. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA
Por medio de apoderado judicial, la autoridad ambiental contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones formuladas por el actor con fundamento en los siguientes argumentos:
Señaló que no le consta la obra de adecuación de vía y de puentes contratada por la Gobernación, en la medida que dicha autoridad ambiental, no tuvo ninguna incidencia o participación durante las etapas precontractual, contractual o post contractual.
Afirmó que, tampoco le consta si dichas obras se hicieron de forma adecuada y si cumplían con las especificaciones técnicas de la vía, estimadas en el contrato o en el estudio previo, y si las mismas tuvieron incidencia en la inundación que ocurrió el día 25 de agosto de 2001, en la medida que dicha autoridad ambiental no es supervisora, ni ejerce el control del contrato.
Concluyó que Cormacarena no ha tenido ninguna incidencia en los hechos de la presente demanda, además de no ser el competente para ejecutar dichas obras, que de acuerdo a lo mencionado en la demanda, adolecen de inadecuada construcción y son las causantes de la inundación ocurrida en 25 de agosto de 2001.
Por lo anterior, propuso como excepciones “Falta de legitimación en la causa material por pasiva de Cormacarena” y “La innominada”.
V.3. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO – EAAV – E.S.P.
Por medio de apoderado judicial, dicha entidad contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones formuladas por el actor, con fundamento en los siguientes argumentos:
Propuso la excepción de “Falta de legitimación en la causa por pasiva”; toda vez que fue el Departamento del Meta, quien contrató y ejecutó la obra de mejoramiento de la vía que del Barrio El Trapiche conduce al Barrio Las Américas, por lo que no se entiende la razón por la cual se vincula.
Así mismo, propuso como excepción “La genérica”; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 309 del C.P.C.
En consecuencia, solicitó se nieguen las pretensiones de la acción popular y se exonere de toda responsabilidad a la entidad.
V.4. MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
El ente territorial se pronunció durante esta etapa procesal de forma extemporánea.
VI.- AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO
El 12 de marzo de 2013 se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, la cual fue declarada fallida por ausencia de ánimo conciliatorio.
VIII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto de 26 de septiembre de 2013, corrió traslado para alegar de conclusión, etapa en la que intervinieron, a través de la presentación de escritos, el municipio de Villavicencio y CORMACARENA.
VIII.1. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA
El apoderado judicial de la autoridad ambiental, solicitó desestimar las pretensiones del actor popular, toda vez que en el presente caso, se configura una falta de competencia frente a la autoridad ambiental en la medida que sólo hasta la expedición de la Ley 812 de 2003, se amplió la jurisdicción de Cormacarena a la totalidad del departamento del Meta, lo cual significa que para el año 2001, época de los hechos de la demanda, la autoridad ambiental no tenía competencia en el municipio de Villavicencio. En ese sentido, no puede atribuírsele responsabilidad alguna, cuando no se encontraba legalmente autorizada para ejercer sus funciones legales en dicha jurisdicción.
En ese orden de ideas, indicó que la demanda, no está llamada a prosperar respecto a su representada, pues la autoridad ambiental no intervino en la celebración de los contratos de obra civil, ni la vigilancia del proceso post- contractual, de tal manera que se configura la excepción de “falta de legitimación en la causa material por pasiva de Cormacarena en la supuesta violación a los derechos colectivos alegados”.
Así las cosas, solicitó la prosperidad de las excepciones invocadas por la autoridad ambiental, teniendo en cuenta que no existe relación entre los hechos de la demanda y el objeto social de la Corporación.
VIII.2. MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
El apoderado judicial del municipio, solicitó desestimar las pretensiones del actor popular, con base a los siguientes fundamentos:
Adujo que no existe prueba que acredite la vulneración de los derechos colectivos invocados por parte del municipio de Villavicencio, por cuanto en atención a los supuestos fácticos de la demanda, era el Departamento del Meta, quien tenía la obligación de ejecutar las obras de mantenimiento consistentes en la adecuación de vías de pavimento en asfalto y construcción de dos puentes sobre los caños Hondo y Tigre.
Señaló que está configurada la falta de legitimidad en la causa por pasiva, por cuanto no existe evidencia que acredite, que el municipio de Villavicencio haya vulnerado los derechos colectivos alegados por el actor popular.
VIII. 3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
En esta instancia, el Ministerio Público guardó silencio.
IX. LA PROVIDENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Meta, mediante providencia de 21 de enero de 2014, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: AMPARAR el derecho colectivo a la SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: ORDENAR al DEPARTAMENTO DEL META, que en el término no mayor a cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, efectúe el estudio de replanteamiento de diseño vial, de acuerdo a las normas técnicas tanto de alineamientos curvas pendientes, peraltes, distancias de visibilidad, anchos de calzada uniforme, bermas, andenes y demás elementos necesarios que dicha vía requiere.
TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, que en el término de mayor a dos años (2) o veinticuatro (24) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, lleve a cabo o materialice el replanteamiento de diseño vial, de acuerdo a las normas técnicas tanto de alineamientos curvas pendientes, peraltes, distancias de visibilidad, anchos de calzada uniforme, bermas, andenes y demás elementos necesarios que dicha vía requiere.
CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, construir un BOX CULVERT, sobre cada uno de los caños TIGRE y HONDO, sencillos amplios y suficientes que permitan el paso del material que arrastran las aguas sin que causen obstrucción en la vía, evitando así problemas de socavaciones, taponamientos y desbordes, o avalanchas de agua en movimiento de alta luminosidad, así como el acondicionamiento técnico de las obras de arte (alcantarillas); orden que debe ser ejecutoriada en un término ni superior de tres (3) meses, a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: NEGAR el reconocimiento del incentivo económico en favor del actor, por las razones consignada (sic) en la parte considerativa de esta sentencia.
SÉPTIMO: El comité de verificación deberá velar por el cumplimiento de la presente sentencia en los plazos, formas y fines aquí establecidos.
OCTAVO: Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 80, de la Ley 472 de 1.998, remítase a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO el fallo de la presente acción, dejando las constancias del caso. […]”.
El Tribunal Administrativo del Meta, efectuado el estudio de las pruebas allegadas al proceso, determinó su suficiencia para acreditar la situación de peligro en la que se encuentran los habitantes del sector debido a la posibilidad de inundaciones, deslizamientos y accidentes de tránsito, que ponen en riesgo la vida y bienes de la comunidad.
De acuerdo con el dictamen rendido por los peritos José Israel Rodríguez Alarcón y Miguel O. Villamarín F., se dictaminó que la vía carece de todo tipo de especificaciones, de diseño y de construcción. Frente al estado de los puentes, el dictamen concluyó que teniendo en cuenta la topografía, el tipo de suelo, y la pluviometría, del sector y la cuenta hidrográfica de la misma, se debió contemplar otro tipo de estructura que tuviera la capacidad de dar paso al caudal de los caños, así como permitir el paso de material de arrastre.
El Tribunal precisó que para efectos de mitigar dichas amenazas, se hace necesario realizar el replanteamiento del diseño vial para lo cual, de acuerdo con la normatividad técnica, y conforme a los estudios técnicos allegados, se requiere la construcción de un Box Culvert sencillo, para cada uno de los caños Tigre y Hondo, con el objeto de evitar el taponamiento y permitir el paso del material que arrastran las aguas sin que causen obstrucción sobre la vía, evitando problemas de socavaciones, taponamientos y desbordamientos, o avalanchas de agua en época de alta pluviosidad.
Aclaró que si bien la determinación de endilgar responsabilidad en cabeza de la administración municipal de Villavicencio y no en cabeza del departamento del Meta, obedece al tipo de categoría que ostenta la vía pública, teniendo en cuenta que fue el Departamento del Meta el que adelantó la construcción de las 2 alcantarillas, sobre los mencionados caños, la pavimentación de la carretera, edificó los canales de desagües y realizó las adecuaciones en la vía objeto de litigio, las cuales no cumplieron la normatividad establecida, ni las necesidades de la población, considera equitativo que frente a las cargas de la orden impartida, el Departamento asuma la obligación de realizar el estudio para el replanteamiento del diseño vial.
En ese orden de ideas, el Tribunal amparó el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, ordenando al Departamento del Meta y al municipio de Villavicencio a realizar el replanteamiento del diseño vial, conforme a las normas técnicas de alineamientos curvas pendientes, peraltes, distancias de visibilidad, anchos de calzada uniforme, bermas, andenes y demás elementos necesarios que dicha vía requiere.
X.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÒN
X.1. EL SEÑOR JORGE ENRIQUE SANTANILLA MEDINA
El actor popular interpuso recurso de apelación, frente a la negativa del pago del incentivo por parte del a quo, argumentando su actuación permanente, dedicada e idónea, durante el trámite del proceso, el cual tuvo una duración de 12 años.
Adujo que desde el año 2001, fecha de la presentación de la demanda, no mostró pasividad en los trámites y estuvo atento a todas las actuaciones, diligencias y demás acciones dentro de la presente acción constitucional.
Señaló que, si bien la Ley 1425 de 2010, ordenó el no pago de incentivos económicos a favor de los actores populares, en su caso debe ser reconsiderado, teniendo en cuenta que ha actuado de forma diligente, por lo que debe revocarse el numeral quinto del fallo impugnado y ordenar el pago de los incentivos económicos que ordena la ley.
Señala que, en la medida que la Ley 1425 de 2010, no previó un régimen de transición para proceso en curso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, su aplicación rige a partir de la promulgación, que fue el 29 de diciembre de 2010 y la presente acción popular fue presentada antes de la entrada en vigencia de dicha Ley.
X.2. EL DEPARTAMENTO DEL META
El Departamento del Meta, a través de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 21 de enero de 2014, manifestando su inconformidad respecto de la decisión adoptada por el a quo, en el ordinal segundo de la parte resolutiva, señalado que en ningún momento ha vulnerado o puesto en peligro el derecho colectivo por el cual se le condena.
Precisó que la categorización de la vía pública como urbana, impone al municipio de Villavicencio, en todos sus aspectos y elementos, la carga de los diseños, construcción y desarrollo de las obras que se le ordenan al Departamento, conforme lo dispuesto en el artículo 311 de la Constitución Política y en concordancia con la Ley 105 de 1993.
Concluyó manifestando que si bien el departamento, de manera generosa, llevó a cabo la ejecución de las obras objeto de la acción popular, está probado en el expediente que les faltó mantenimiento y las adecuaciones pertinentes por parte del municipio, por lo que no puede condenarse al Departamento a ejecutar actos contrarios a derecho.
XI. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto de 21 de abril de 2016 (Fl 1216 C-3), el Magistrado Sustanciador del Consejo de Estado, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y concepto final, respectivamente.
XI.1. DEPARTAMENTO DEL META
El Departamento del Meta, a través de apoderado judicial, reiteró los argumentos expresados en su recurso de apelación, indicando que la orden impartida en la providencia, no es ajustada a la determinación constitucional y legal, de las competencias de los entes territoriales.
Señaló que de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y la Ley 105 de 1993, corresponde a los municipios, la construcción y conservación de las vías urbanas y sub-urbanas, que sean de su propiedad.
Finalmente indicó que si bien, sin ser su obligación y en ejercicio del principio de complementariedad, el departamento coadyuvó con el Municipio la construcción de alguna obra, esa situación no es justificación para trasladar la competencia del replanteamiento del diseño de una vía en cabeza del Departamento.
XI.2. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de apoderado judicial, presentó alegados de conclusión dentro de la oportunidad procesal para ello.
Frente a la apelación del actor popular, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, estimó que la decisión del Tribunal Administrativo del Meta al acoger la posición jurisprudencial frente a la negación del incentivo económico a favor del accionante, fue acertada, teniendo en cuenta que la Ley 1425 de 2010 derogó el incentivo económico que contemplaba la Ley 472 de 1998.
Manifestó que es el municipio de Villavicencio, a quien le corresponde la obligación de realizar los estudios, diseños, construcción y desarrollos de obras de la vía objeto de la acción popular, de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Constitución Política en concordancia con la Ley 105 de 1993, por encontrarse categorizada como una vía urbana.
Sumado a lo anterior, solicitó se confirme la sentencia impugnada, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda frente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
XI.3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público, pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.
XII.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
XII.1. LAS ACCIONES POPULARES Y SU PROCEDENCIA
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades, o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones acerca de la naturaleza de la acción popular y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:
“[…] (i) por ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]”.
En relación con el carácter preventivo de las acciones populares, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, han establecido que la prosperidad de la acción popular no depende de que exista un daño o perjuicio, pues la posibilidad de que se vulnere un derecho colectivo es razón suficiente para que el juez conceda la acción y adopte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se presente.
Según lo ha señalado la Sección en forma reiterada, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: (i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales, (ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos; y (iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses mencionados.
XII.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Corresponde a la Sala determinar, si de acuerdo con los hechos descritos en la demanda por los actores populares, los argumentos de inconformidad consignados en los recursos de apelación, y los presentados en los alegatos de conclusión por el Departamento del Meta, la normatividad aplicable al caso y, de manera importante, el acervo probatorio arrimado al expediente; se debe confirmar el fallo del Tribunal Administrativo del Meta, que declaró probada la vulneración al derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por parte del municipio de Villavicencio y el Departamento del Meta.
En la misma dirección, la Sala debe decidir, si la sentencia de primera instancia, debe revocarse, en tanto la orden dada al Departamento del Meta, de efectuar el estudio de replanteamiento del diseño vial, escapa de sus competencias.
Finalmente, la Sala se pronunciará frente al recurso de apelación presentado por el accionante frente a la procedencia del reconocimiento del incentivo.
XII.3 NÚCLEO ESENCIAL Y ALCANCE DE LOS DERECHOS COLECTIVOS ALEGADOS COMO VULNERADOS
Frente al concepto de derecho colectivo, el Consejo de Estado ha establecido lo siguiente:
“[…] El derecho colectivo, ha dicho la Sala, no se deduce en su existencia porque varias personas estén en una misma situación ni porque se acumulen situaciones parecidas de varios sujetos, ni porque se sumen; el derecho colectivo es aquel que recae sobre una comunidad entera a diferencia del derecho individual que es el que recae sobre una persona determinada. Por lo tanto, la prosperidad de las pretensiones en la acción popular está ligada con la existencia real de los siguientes elementos, que para el momento de fallar deben estar establecidos: La acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares y la amenaza o la violación a derechos e intereses colectivos […]”.
En la misma línea conceptual, esta Sección, se ha pronunciado de la siguiente manera:
“[…] Esta Corporación, en reiteradas ocasiones, ha explicado el concepto y alcance de los derechos colectivos y ha señalado que: “Los derechos colectivos son aquellos mediante los cuales aparecen comprometidos los intereses de la comunidad, y cuyo radio de acción va más allá de la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos previamente definidos por la ley” […]”.
Frente a los derechos colectivos alegados como vulnerados, el Tribunal Administrativo de Meta, amparó en sentencia de 21 de enero de 2014, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
La gestión del riesgo de desastres se encuentra definida en la Ley 1523 de 24 de abril de 2012 como “un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”.
Como ya lo ha expresado la Sala, la importancia de la dimensión preventiva en el Estado Social de Derecho radica en que el bienestar social debe conseguirse mediante la mitigación de posibles afectaciones a los derechos de las personas, por lo cual corresponde a las entidades públicas tener un modelo que provea medidas y acciones que permitan conocer de antemano los riesgos connaturales a las circunstancias en que se desarrollan las actividades sociales, con miras a disminuir la probabilidad de ocurrencia de desastres.
El derecho la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles, genera al Estado el deber de proveer a los habitantes de los medios para que aquellos hechos riesgosos, cuyo acaecimiento pueda llegar a afectar gravemente sus derechos, se encuentren controlados de manera adecuada.
Por ende, el derecho colectivo a la prevención de desastres previsibles técnicamente, debe ser garantizado desde una perspectiva de promoción (activa o de realización de un comportamiento), por lo que demanda del Estado actuaciones, reglamentos, contratos, entre otros, lo que implica que las Entidades con obligaciones de prevención deben tomar las medidas pertinentes, y actuar con base en el principio de coordinación establecido en el artículo 209 de la Constitución Política.
XIII. EL CASO EN CONCRETO
El señor Jorge Enrique Santanilla Medina, presentó acción popular, con miras a la protección de los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, los cuales considera vulnerados por el Departamento del Meta, al no haber culminado la obra de mejoramiento de la vía que del barrio el Trapiche conduce al barrio las Américas sobre los caños denominados Caño Hondo y Caño Tigre, los cuáles en época de invierno se desbordan, ocasionando inundaciones en las viviendas y colegios aledaños, obstruyendo calles, rompiendo el pavimento, y taponando el tubo madre del acueducto que surte agua a la comunidad que se ubica en esa zona.
El a quo amparó el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, considerando que la omisión en el cumplimiento de normas y finalidades en la construcción de la vía, y de las alcantarillas existentes sobre los caños Tigre y Hondo, generaban una situación de riesgo frente a los habitantes aledaños a los barrios Américas y Los Héroes.
Ante esta situación, el Tribunal ordenó al Departamento del Meta “[…] en el término no mayor a cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, efectúe el estudio de replanteamiento de diseño vial, de acuerdo a las normas técnicas tanto de alineamientos curvas pendientes, peraltes, distancias de visibilidad, anchos de calzada uniforme, bermas, andenes y demás elementos necesarios que dicha vía requiere. […]”. En el mismo sentido, ordenó al municipio de Villavicencio que en un término no mayor a dos (2) años, proceda a materializar el replanteamiento de diseño vial, realizado por el Departamento del Meta.
Así mismo, el Tribunal Administrativo del Meta, negó el reconocimiento del incentivo previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998 que fuera derogado por la Ley 1425 de 2010, al acoger la Sentencia de Unificación Jurisprudencial proferida por el H. Consejo de Estado, en Sala Plena de 3 de septiembre de 2013.
Frente a la negativa del pago del incentivo por parte del a quo, el actor Jorge Enrique Santanilla Medina interpuso recurso de apelación, solicitando que la decisión sea revocada, teniendo en cuenta la actuación permanente, dedicada e idónea que tuvo durante el trámite del proceso.
Por su parte, el apoderado del Departamento del Meta, expresó su inconformidad contra el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia, al considerar el Departamento no vulneró los derechos colectivos de la comunidad, pues la categorización de la vía pública como de carácter urbano, le impone al municipio de Villavicencio la carga de los estudios, diseños, construcción y desarrollo de las obras, que sean requeridos en su jurisdicción.
De conformidad con lo expuesto, la Sala se detendrá a analizar (i) la responsabilidad del Departamento del Meta al no haber culminado las obras de mejoramiento en la vía del barrio El Trapiche sobre los caños denominados Caño Hondo y Caño Tigre y (ii) la procedencia del reconocimiento del incentivo económico al actor popular.
XIII.1. Responsabilidad del Departamento del Meta al no haber culminado las obras de mejoramiento de la vía del barrio El Trapiche sobre los caños denominados Caño Hondo y Caño Tigre.
Indica el apoderado del Departamento del Meta, que la entidad que representa no vulneró los derechos colectivos de la comunidad, pues la categorización de la vía pública, objeto de la acción popular, como de carácter urbano, le impone al municipio de Villavicencio la carga de los estudios, diseños, construcción y desarrollo de las obras que demanda su jurisdicción.
La Sala observa, conforme el material probatorio, que los habitantes de las veredas Buenos Aires Alto y Buenos Aires Bajo, y los barrios Araguaney y Américas, elevaron una solicitud al Gobernador del departamento del Meta de la época, en el cual solicitaban mejorar el estado de la vía que conducía al barrio Américas.
Obra en el expediente que el Departamento del Meta celebró los contratos No. 1888 del 2000 y No. 01049 del 2000, a través de los cuales se contrató la pavimentación de la vía, y la construcción de dos alcantarillas y de cunetas en el barrio Américas.
Por su parte, de acuerdo a varios testimonios recaudados, los puentes y los tubos de alcantarilla instalados por el Departamento del Meta, se obstruyeron con los palos y piedras que provenían del Caño Tigre, provocando una inundación el 25 de agosto de 2001. Frente a la obra de pavimentación se señaló que después de realizada, la vía quedó muy angosta y sin andenes, poniendo en riesgo la vida de los transeúntes de la zona.
Lo manifestado en los testimonios, fue corroborado en las diligencias de Inspección judicial, llevadas a cabo los días 6 de noviembre de 2001 y, 18 de enero de 2012.
En la diligencia practicada el 6 de noviembre de 2001, se señaló lo siguiente frente al estado de la vía:
“[…] Se deja constancia que el eje central longitudinal del puente de caño Hondo, existe un desfasamiento hacia la parte del cerro. Igualmente al lado izquierdo del caño Hondo, se encuentran dos casas en material, ladrillo, cemento y tejas zinc, edificadas sobre la ronda del caño. Se deja constancia que sobre toda la ronda del caño, los allí residentes hicieron obras en concreto como muros de contención. En varios tramos de la vía que conduce de los Ocobos hacia el Barrio Las Américas, se observa que esta no tiene cuneta para la captación de aguas, se observa fácilmente que el ancho de la vía es muy inferior al ancho de la alcantarilla construido. Se deja constancia que en varios sitios de la vía se encuentran unos escurrimientos de aguas sin ninguna protección como construcción de cabezotes o señalización. […]”.
Las condiciones observadas en ese momento, fueron reiteradas en la diligencia de inspección judicial, practicada el 12 de enero de 2012, al señalar lo siguiente:
“[…] Una vez abierta la diligencia nos dirigimos hacia la vía Villavicencio- Bogotá, antes de salir de la ciudad, en el punto del Caño HONDO, cogiendo a mano izquierda, vía que dirige al barrio las Américas de esta localidad, a unos 200 metros, en el punto de Caño Tigre. La vía tiene un ancho de 2.5 a 3 metros, aproximadamente, y no tiene andenes. En el punto de Caño el Tigre sobre el caño una alcantarilla de 6 tubos de 36 pulgadas que en época de invierno se colma con el arrastre de material que trae la quebrada (troncos y piedra) taponando los bocas de la tubería creando taponamiento al paso del agua a la alcantarilla hacia una especia de batea desbordando el agua por encima del alcantarillado. […]”.
Por su parte, en relación con las condiciones técnicas de la vía, el dictamen pericial rendido por los auxiliares de la justicia Jose Israel Rodríguez Alarcón y Miguel O. Villamarin F., presentando el 20 de febrero de 2002; dictaminó lo siguiente:
“[…] En la realización de la obra no se ve plasmado los alineamientos (sic) básicos de un diseño vial para las condiciones mínimas de una vía así ésta sea una vía veredal ya que allí a pesar de no existir plano ésta obra es realizada por ingenieros civiles idóneos pero dicha vía carece de las normas mínimas conocidas tácitamente en un diseño vial como las bernas, ancho uniforme de la vía, alineamiento continuo, obras de arte con protección y visibilidad para el conductor tales como cabezotes, aletas a las alcantarillas, guarda llantas, señalizaciones de peligro, etc.
Es así como a lo largo de la vía encontramos gran variedad en el ancho de calzada que va desde 3.10mts hasta los 9 mts., estrechamientos abruptos de la vía por alcantarillas no visibles para un conductor desprevenido siendo éstas trampas mortales de altísimo riesgo, tampoco se pudo observar un replanteamiento de las curvas de diseño respecto a las existentes y si por el contrario encontramos que los ejes de las vías se estrellan contra los taludes en forma perpendicular e interceptan abruptamente también en forma perpendicular con el eje de la otra vía que hace continuidad con ésta.
[…]
Por lo anterior y aunado a la inspección realizada en el terreno, teniendo en cuenta la topografía, el tipo de suelo y la pluviometría del sector y la cuenca hidrográfica de la misma, se debió contemplar otro tipo de estructura que diera la capacidad al paso del caudal así como también permitiera el paso de material de arrastre característico en todas y cada uno de los puntos o lugares donde fueron construidas dichas alcantarillas, pudiéndose evitar las obstrucción y taponamiento de las tuberías de dichas obras tal como se aprecia en las fotografías. […]”
Las anteriores condiciones de la vía, también fueron confirmadas por el dictamen pericial rendido por el Perito Profesional Ingeniero Miguel O. Villamarin Figueroa, presentando el 20 de abril de 2012; el cual entre otros aspectos, dictaminó que:
“[…] Desde el anterior experticio que fuese entregado en el 2001 no ha tenido mayor modificación en lo que respecta al tramo comprendido entre el caño TIGRE y la vía que conduce a la ciudad de Bogotá. Es decir adolece de un buen diseño vial constructivo y funcional desde el punto de vista no solamente técnico sino práctico, teniendo como nota predominante que no ha existido modificación, cambio o mejora alguna. En tanto, que el tramo de la vía que conduce desde la vía Bogotá a la Urbanización los Ocobos, Altagracia se ha observado que se han hecho correctivos en las obras de arte como también en los anchos de vía que han pasado de 3.10 a 4.0 mts. […]”. (Negrillas fuera de texto)
De lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que, el Departamento del Meta en atención a la petición de los residentes de las veredas Buenos Aires Alto, Buenos Aires Bajo, y los barrios Araguaney y Américas del municipio de Villavicencio, realizó un aporte de recursos financieros, reflejados en los contratos No. 188 y 01049 de 2000, con el fin de mejorar la vía que del barrio El Trapiche conduce al barrio Américas.
Asimismo, acorde con lo expresado en los dictámenes periciales realizados, se determinó que el Departamento del Meta, a través de un contratista, realizó la pavimentación de la precitada vía, sin que la misma contara con las condiciones mínimas de diseño y de construcción, como son las bermas, el ancho uniforme de la vía, el alineamiento continuo, y la presencia de obras de arte como cabezotes, aletas a las alcantarillas, guarda llantas y señalización de peligro, situación que genera un riesgo de afectación al derecho colectivo cuya vulneración se alega.
Ahora bien, afirma el Departamento del Meta que no le asiste responsabilidad, en la ejecución de las obras en la vía en mención y que fueran ordenadas por el Tribunal Administrativo del Meta, al tratarse de una vía urbana de jurisdicción del municipio de Villavicencio.
En relación con este punto, obra prueba en el expediente que acredita la naturaleza urbana de la vía mención. En tal sentido, el señor Gilberto Toro Franco, Gerente Encargado del Instituto de Desarrollo del Meta, en oficio No IDM 3299 de 7 de octubre de 2009, indicó frente a la naturaleza de la vía objeto de la acción popular lo siguiente: “[…] respecto a la vía citada, le comento que ésta es del orden municipal, inicialmente se conocía como una vía veredal, pero por la expansión urbana de la ciudad hacia este sector de Villavicencio, hoy se conoce como una vía urbana. Por tanto su administración y atención corresponde al municipio de Villavicencio a la luz del artículo 311 de la Constitución Política, por esta situación no fue posible describirle las características del carreteable. […]”.
Ahora bien, frente a las obligaciones a cargo del municipio de Villavicencio en materia de mantenimiento y conservación de la red vial comprendida en su perímetro urbano, el municipio como ente territorial, tiene inequívocas obligaciones establecidas en el Decreto 77 de 1987, la Ley 105 de 1993, en y la Ley 715 de 2001.
Asimismo, el artículo 64 del Decreto 353 del 2000, por medio del cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Villavicencio, vigente a la fecha de los hechos descritos en la demanda, estableció lo siguiente:
“[…] Artículo 64. Conformación del Sistema Vial. El Sistema vial Municipal está constituido por las áreas del territorio municipal ocupadas con actividades que implican recorrido de peatones y/o vehículos, denominadas vías, y las ocupadas con actividades que implican la permanencia vehicular o peatonal, denominadas estacionamientos o paraderos. Para los objetivos del Plan de Ordenamiento, el sistema vial lo constituyen las vías existentes, el mejoramiento o redefinición de las mismas y las vías proyectadas en todos los suelos. El Sistema vial municipal lo conforman, la estructura vial urbana y la estructura vial rural […]”.
Sin embargo, para el caso en particular, el artículo 7 del Decreto 1222 de 1986, al indicar las obligaciones que corresponden a los departamentos, establece lo siguiente:
“[…] a) Participar en la elaboración de los planes y programas nacionales de desarrollo económico y social y de obras públicas y coordinar la ejecución de los mismos. El Departamento Nacional de Planeación citará a los gobernadores, al Alcalde Mayor de Bogotá y a los intendentes y comisarios para discutir con ellos los informes y análisis regionales que preparen los respectivos consejos seccionales de planeación. Estos informes y análisis deberán tenerse en cuenta para la elaboración de los planes y programas de desarrollo a que se refieren los artículos 76 y 118 de la Constitución Política.
b) Cumplir funciones y prestar servicios nacionales, o coordinar su cumplimiento y prestación, en las condiciones que prevean las delegaciones que reciban y los contratos o convenios que para el efecto celebren.
c) Promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales y departamentales actividades económicas que interesen a su desarrollo y al bienestar de sus habitantes.
d) Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los municipios, promover su desarrollo y ejercer sobre ellos la tutela que las leyes señalen. […]”.
Asimismo, el artículo 288 de la Constitución Política dispone que “[…] Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley- […]”.
En ese sentido, el numeral 2 del artículo 300 de la Constitución Política establece que: “[…] Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: […] 2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera. […]”
De acuerdo a lo expuesto, los gobernadores y la administración departamental, como instancia de coordinación de los municipios que hacen parte de su jurisdicción, tienen el deber, conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, de implementar acciones y proyectos tendientes a prevenir y mitigar la amenaza de vulneración de derechos colectivos, en los municipios de su departamento que no tengan la capacidad económica para ejecutar medidas de prevención y mitigación, en aras de efectivizar la protección de los derechos conculcados y que son objeto de amparo.
Frente a las competencias de los departamentos y de manera específica, respecto a los principios que orientan la función administrativa de los departamentos en materia territorial, esta Sala en fallo de 3 de abril de 2014, con ponencia de la Magistrada María Claudia Rojas Lasso, dentro del proceso radicado con el No. 85000-23-31-000-2011-00210-01(AP), concluyó lo siguiente:
“[…] 6.5.4. De la Responsabilidad del Departamento de Casanare
En lo que respecta a la responsabilidad del departamento de Casanare, los artículos 288 C.P., 3 a 5 de la Ley 136 y 1° de la Ley 388 de 1997 definen los principios que orientan la función administrativa de los departamentos en materia territorial así:
El principio de coordinación indica que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, coordinación que debe darse, tanto entre las entidades territoriales, como entre éstas y la Nación.
El principio de concurrencia implica un proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales, de modo que ellas intervengan en el "diseño y desarrollo de programas y proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, pues sólo así será posible avanzar en la realización efectiva de principios también de rango constitucional
El principio de subsidiaridad consiste en que sólo cuando la entidad territorial no pueda ejercer determinadas funciones en forma independiente, puede apelar a niveles superiores (el departamento o la Nación), para que éstos asuman el ejercicio de esas competencias.
La Sala advierte que ante la necesidad de asegurar la prestación de los servicios públicos por parte de los municipios, de manera subsidiaria o concurrente y ante la escasez o insuficiencia de recursos económicos y técnicos, estos pueden acudir a los estamentos departamentales y nacionales para recibir cofinanciación y apoyo, por lo anterior el departamento de Casanare puede prever partidas presupuestales en sus planes de inversión para ser transferidas al municipio de Yopal con el objeto de cofinanciar las obras planificadas.
En la acción de la referencia no se demostró la renuencia del departamento a aportar recursos, por el contrario realizó labores con miras a atender la problemática de agua potable, lo que permite concluir que las autoridades departamentales han brindado colaboración al municipio en atención a los mandatos constitucionales y legales que así lo disponen.
En este orden de ideas y en atención a que se requiere un continuo esfuerzo por parte de los diferentes niveles de la Administración en la ejecución eficiente y organizada de los recursos y en la satisfacción de las necesidades insatisfechas de agua potable del municipio de Yopal, la Sala instará al departamento de Casanare a que en coordinación con el municipio de Yopal preste apoyo de tipo presupuestal, financiero, técnico y administrativo para el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de agua del municipio de Yopal […].”
Así las cosas, pese a que el Departamento del Meta en el escrito de apelación, alegue que, legalmente no le corresponde realizar el replanteamiento de diseño vial, lo cierto es que en atención al principio de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, asumió la referida función y, en desarrollo de la misma, debió observar la normativa que rige la materia, para así garantizar el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles, el cual resulta amenazado con su conducta omisiva, más aun si se tiene en cuenta que en este caso se trata de una vía por la que transitan peatones, entre ellos menores de edad que se dirigen a sus colegios.
Así mismo, frente al deber de los departamentos de brindar soporte a los municipios para la ejecución de obras, esta Sala, en fallo de 15 de septiembre de 2016, con ponencia de la Magistrada María Elizabeth García González, dentro del proceso con radicación No. 05001-23-31-000-2013-01988-01(AP), estableció lo siguiente:
“[…] En este orden de ideas, es claro que en el presente asunto no se controvierte si se configuró o no la vulneración de los derechos colectivos invocados, sino la forma en la que se ordenó su protección, en la medida en que a juicio del Departamento de Antioquia, la reconstrucción del Centro Educativo Rural Georgina Bolívar, ordenada por el a quo, no le compete, dado que estima que el Municipio de Amagá también recibe recursos del Sistema General de Participaciones y que el Ministerio de Educación está en la obligación de intervenir en la materia.
[…]
En cuanto a los Municipios no certificados la norma es clara al señalar que éstos «podrán» participar con recursos propios en inversiones de infraestructura, mas no establece que sea una obligación que deba ser asumida únicamente por dichas entidades en forma absoluta, dado que le asigna a los Departamentos funciones expresas en cuanto al soporte que deben dar a los Municipios no certificados, entre las cuales se encuentra no solo la de administrar y distribuir entre los Municipios de su jurisdicción los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones destinados a la educación, sino la de intervenir con recursos propios (de los Departamentos) en las inversiones de infraestructura de educación de las entidades territoriales no certificadas, pues su función es prestar asistencia financiera a los Municipios cuando haya lugar y este, es claramente el caso.
Así las cosas, es evidente que la orden proferida a cargo del Departamento de Antioquia se encuentra conforme a derecho, pues dicho ente territorial está plenamente facultado para realizar junto con el Municipio de Amagá los estudios necesarios en aras de efectuar la reconstrucción del Centro Educativo Rural Georgina Bolívar y demás actividades ordenadas por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia en el fallo de 5 de octubre de 2015. […]”
En ese orden de ideas, aunque, la vía que conduce al barrio Américas es de orden municipal, lo cierto es que conforme al material probatorio allegado, el departamento del Meta era el responsable de la adecuación y pavimentación de la vía, de acuerdo a lo previsto en los contratos 188 y 01049 de 2000, por lo que dicho ente territorial, era el llamado directamente a cumplir con cada una de las especificaciones técnicas que se requerían, en aras de asegurar en debida forma la circulación de las personas por la vía en mención, lo cual no se hizo, de acuerdo al material probatorio que obra en el expediente.
En razón de lo anterior, el a quo, consciente de la competencia del municipio en atención a la naturaleza de la vía, ordenó de forma acertada al departamento a realizar el estudio de replanteamiento de diseño vial, conforme a las normas técnicas tanto de alineamientos, curvas pendientes, peraltes, distancias de visibilidad, anchos de calzada uniforme, bermas, andenes y demás elementos que requiere dicha vía, tal como debió realizarlo al momento de ejecutar los objetos de los contratos celebrados para tal fin, pues si bien, la contratación se realizó de manera discrecional por el departamento, ello no eximía al cumplimiento de la normatividad legal pertinente.
Sobre este punto en particular, la Sala en un caso similar al que nos ocupa, se pronunció en los siguientes términos:
“[…] cuando una entidad pública asume el ejercicio de una función administrativa, incluida la prestación de un servicio público que no le ha sido asignado legalmente, debe hacerlo en forma idónea, eficiente y eficaz: es idóneo dicho ejercicio, cuando la función se cumple siguiendo los presupuestos jurídicos y técnicos establecidos; eficiente, cuando en el desarrollo de la función administrativa se utilizan los menores recursos y en la forma más adecuada y conveniente y, es eficaz, cuando el ejercicio de dicha función permite alcanzar la finalidad prevista por la ley. […]”.
En este sentido, no prospera el cargo formulado por el Departamento de Meta.
Así las cosas, la Sala confirmará las órdenes del Tribunal, toda vez que estas son razonables y se encaminan a dar una solución integral y efectiva a los problemas que presentan los habitantes de los residentes de las veredas Buenos Aires Alto, Buenos Aires Bajo y los barrios Araguaney y las Américas, del municipio de Villavicencio y se ordenará compulsar copias de este fallo a la Procuraduría Regional del Meta, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las investigaciones a que hubiere lugar por los incumplimientos de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato No. 0188 de 2.000 celebrado entre el Departamento del Meta y Angélica Moreno Rodríguez; y el Contrato No. 01049 de 2000 celebrado entre el Departamento del Meta y Eleazar Alfonso Duran Mora.
XIII.2. Procedencia del Reconocimiento del incentivo económico al actor popular.
En cuanto al reconocimiento del incentivo, es pertinente resaltar que la Sentencia de Unificación de 3 de septiembre de 2013 dispuso negar el incentivo en todas las acciones populares teniendo en cuenta que la disposición que lo autorizaba desapareció del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no resulta posible su reconocimiento aún en el caso de acciones populares que estuviesen en curso antes de su derogatoria.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de instancia, en lo que respecta a la negativa del reconocimiento del incentivo al actor popular.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de enero de 2014, proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Meta, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: COMPÚLSENSE copias de este fallo a la Procuraduría Regional del Meta, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las investigaciones a que hubiere lugar por los incumplimientos de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato No. 0188 de 2.000 celebrado entre el Departamento del Meta y Angélica Moreno Rodríguez; y el Contrato No. 01049 de 2000 celebrado entre el Departamento del Meta y Eleazar Alfonso Duran Mora.
TERCERO: Reconózcase al doctor DAVID GARCIA TELLEZ, como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, de conformidad con el poder y los anexos obrantes a folios 1228 a 1230 del expediente.
CUARTO: Por Secretaría, expídase a costa de la parte actora, copia auténtica de los folios 872 a 876, 916, 917, 1084, 1085, y 1091 a 1095, de conformidad con lo solicitado por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, en oficio No. 125 obrante a folio 1240 del cuaderno principal.
QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, REMÍTASE copia auténtica de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
SEXTO: Ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de la Sección Primera, en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LOPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Ley 472 de 1998, artículo 4º, literales a), g), j) y l). Folio 1. Expediente. Cuaderno No. 1. Folio 4. Expediente. Cuaderno No. 1. Folio 614 a 634. Expediente. Cuaderno No. 1. Folios 801 a 805. Expediente. Cuaderno No. 1. Folios 816 a 818. Expediente. Cuaderno No. 1. Folios 172 a 177. Expediente Cuaderno No. 1
Folio 1102. Expediente Cuaderno No. 1
Folios 836 a 841. Expediente Cuaderno No. 1
Folios 872 a 873. Expediente. Cuaderno No. 1. Folios 881 a 884. Expediente. Cuaderno No. 1. Folio 916. Expediente Cuaderno No. 1
Folios 1084 a 1085. Expediente. Cuaderno No. 1
Folios 1105 a 1107. Expediente. Cuaderno No 1
Folios 1120 a 1125. Expediente. Cuaderno No. 1. Folios 338 a 348 Cuaderno 1, Expediente acción Popular
Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-466 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-443 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-254 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de septiembre de 2004, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Radicación número: N°2002-2693-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2015. Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). Actor: Defensoría del Pueblo - Regional Boyacá. Demandado: Fiscalía General de La Nación - Dirección Seccional de Fiscalías De Tunja – CTI. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 9 de junio de 2011, Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Radicación número: (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01. En aquella ocasión la Sección Primera estableció que la amenaza y/o vulneración de los derechos colectivos, se examina a la luz de la conducta diligente o negligente de las autoridades públicas o de los particulares, en cuanto al cumplimiento de sus deberes legales tendientes a protegerlos o a abstenerse de lesionarlos. Sobre el particular ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 30 de junio de 2011. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación número: 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP). Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Bogotá D. C., 10 de febrero de 2005. Radicación número: 25000-23-25-000-2003-00254-01(AP). Referencia: Acción Popular. Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Folios 122 a 129. Expediente. Cuaderno No. 1. Folios 145 a 150 Expediente. Cuaderno No. 1. Contrato suscrito entre el Secretario de Infraestructura del Departamento del Meta, Nelson Jaimes Estupiñan y Angélica Moreno Rodríguez; el cual señaló que el objeto era la “PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO VIAS ARAGUANEY BARRIOS LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO…
Folios 151 a 156 Expediente. Cuaderno No. 1.
Contrato suscrito entre el Secretario de Infraestructura del Departamento del Meta, Nelson Jaimes Estupiñan y el señor Eleazar Alfonso Duran; el cual señaló que el objeto era la “PAVIMENTACIÓN TRAMO (94ML) CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ALCANTARILLAS MULTIPLES UNA DE 31 MTS DE LONG Y OTRA DE 10 MTS DE LONG CON UN ANCHO PROMEDIO DE 10 MTS CADA UNA Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BARRIO LAS AMERICAS SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL OCOBOS, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”. Folios 263 a 269. Expediente. Cuaderno No. 1
Folios 281 a 283. Expediente. Cuaderno No. 1
Folios 1005 a 1007. Expediente. Cuaderno No. 1
Folios 338 a 348 Expediente. Cuaderno No. 1. Folios 1043 a 1052 Expediente. Cuaderno No. 1. Folio 750 Expediente. Cuaderno No. 1.
“por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”
Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental. Corte Constitucional. Sentencia de 4 de octubre de 2001. Expediente D-3469. Actor Orlando Posada Ruiz. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Bogotá D.C., 18 de Octubre de 2007. Radicación número: 76001-23-31-000-2005-00126-01(AP). Actor: Omar Vega Escobar. Sala Plena del Consejo de Estado, Consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez.
“Al Consejo de Estado no le queda el menor asomo de duda que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1425, de diciembre 29 de 2010, <<Por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y [de] Grupo>>, el reconocimiento judicial del incentivo económico dentro de las acciones populares fue suprimido por el Legislador del actual ordenamiento jurídico, según se determinó en forma expresa en el artículo 1° de la mencionada ley… Por virtud de la decisión del Legislador, el incentivo económico desapareció del ordenamiento jurídico y, con ello, la posibilidad legal de seguir reconociéndolo dentro de las decisiones judiciales en aquellos asuntos iniciados antes de la promulgación de la Ley 1425, al margen de si los preceptos legales que preveían tal premio a favor del actor popular correspondían, o no, a normas de naturaleza sustantiva o procesal.
La Sala precisa que cualquier disquisición que en punto a la naturaleza jurídica de los artículos 39 y 40 de la Ley 472, proferida en el año 1998, antes de constituir realmente un avance en la unificación de la jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo, se convertiría más bien en un juicio retórico innecesario, pues, como se dijo, con independencia del carácter sustancial, o no, de dichos preceptos legales, la conclusión ha de ser la misma en uno u otro caso y ello constituye, en realidad, el aspecto a unificar por parte de la Corporación… El acceso al incentivo económico dentro de aquellos procesos iniciados en ejercicio de la acción popular antes de la expedición de la Ley 1425 resulta improcedente, habida cuenta de la inexistencia de los preceptos que, con ocasión de la expedición de dicha ley, preveían el reconocimiento de tal estímulo… al haberse determinado que el estímulo económico a favor del actor popular dentro de los procesos iniciados con anterioridad a la expedición de la Ley 1425, dentro de los que se ubican –naturalmente– aquellos en los cuales se hubiere presentado la inasistencia injustificada del accionante a la audiencia de pacto de cumplimiento por parte del actor, resulta completamente claro que el incentivo no estaría llamado a reconocerse, por elemental sustracción de materia, es decir, ya no por la posible inobservancia a los deberes de parte del actor popular, sino porque el mencionado instituto del incentivo dejó de existir para estos asuntos y, por obvias razones, para aquellos iniciados después de la promulgación de la Ley 1425”. Sentencia de 3 de septiembre de 2013, Exp. 17001-33-31-001-2009-01566-01(AP) IJ, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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