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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00463-03

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00463-03

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el señor consejero PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 47 ARTÍCULO 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil. 48 Esa valoración estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad durante el proceso. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 73 Número único de radicación: 25000 23 24 000 2011 00463 03 Actor: TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORT S.A.- TRANSCONFORT S.A. SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, SEPARAR del conocimiento del mismo al mencionado consejero de Estado. TERCERO: REVOCAR los artículos primero y segundo de la sentencia de 19 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección C, en descongestión, y, en su lugar, DENEGAR la nulidad parcial de la Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010 y el restablecimiento del derecho pretendido, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia apelada. QUINTO: No CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEXTO: TENER a la doctora ALEXA TATIANA VARGAS GONZÁLEZ como apoderada de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 73 del expediente digital Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00463-03

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

5 de marzo de 2026

seCONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 25000232400020110046303
Recurso de apelación contra la sentencia de 19 de diciembre de
2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C en descongestión
Actor: TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORT S.A.- TRANSCONFORT S.A.

TESIS: EL FACTOR DE CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO COLECTIVO DE
TRANSPORTE ES AQUEL COMPONENTE QUE SE INCORPORA A LA
TARIFA QUE SE COBRA POR DICHO SERVICIO, PARA DESTINARSE A LA
COMPRA DE VEHÍCULOS QUE SE RETIRARÁN DE CIRCULACIÓN PARA
LA ACREDITACIÓN DEL ÍNDICE DE REDUCCIÓN DE SOBREOFERTA, DE
ACUERDO CON EL ARTÍCULO 25 DEL DECRETO DISTRITAL 115 DE
2003, EXPEDIDO POR EL DISTRITO CAPITAL, Y CUYO RECAUDO SE
ASIGNÓ DIRECTAMENTE A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE. ESTOS
RECURSOS TIENEN NATURALEZA PÚBLICA, SU MANEJO ESTÁ
COMPRENDIDO DENTRO DEL CONCEPTO DE GESTIÓN FISCAL Y LA
OMISIÓN DE RECAUDO CONSTITUYE DAÑO PATRIMONIAL DEL
ESTADO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por
las partes, demandante y demandada, a través de apoderado, contra
la sentencia de 19 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”,
en descongestión, por medio de la cual se declaró la nulidad parcial
de la Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010, expedida por la
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.; se restableció el derecho en
favor de la empresa TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORT S.A.,

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Actor: TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORT S.A.- TRANSCONFORT S.A.

en adelante TRANSCONFORT S.A., ordenando resolver el recurso
de apelación que esta interpuso en la actuación administrativa, y se
denegaron las demás pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

TRANSCONFORT S.A. solicitó que, previo el adelantamiento del
trámite a que haya lugar, esta jurisdicción proceda a declarar la
nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.:

1. El Auto Nro. 001 de 13 de septiembre de 2010 por medio del cual
se declara responsable fiscalmente a la empresa Transportes Radio
Taxi Confort s.a., por la cuenta de mil trecientos cinco millones
seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos
con veinte centavos ($1.305.654.547,20) M/cte.

2. La Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010 por medio de la
cual se resuelven los recursos interpuestos por las partes y se
confirman las decisiones adoptadas respecto a la actora, descritos
en el punto anterior.

3. La Resolución 205 de 16 de febrero de 2011, por medio de la cual
se corrige un error en la resolución indicada en el punto anterior.

Y que, como consecuencia de la anterior declaración, se le
restablezca el derecho, eximiéndola de la responsabilidad fiscal que
se le atribuyó; se ordene eliminar los reportes sobre responsabilidad
fiscal a que hubiere lugar; dar por terminados los procesos coactivos
que con ocasión de los referidos actos se hayan iniciado o estén
pendientes por iniciarse en su contra; y se ordene levantar las
medidas cautelares que pesen sobre esta.

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I.2.- Hechos

Indicó que el 20 de enero de 2006, la Subdirección de Procesos de
Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
avocó conocimiento de presuntas irregularidades en el recaudo,
manejo y traslado de recursos provenientes del factor de calidad del
servicio de transporte público colectivo, ordenado por el Decreto
Distrital 115 de 16 de abril de 20031.

Mencionó que, mediante auto de 28 de octubre de 2008, se le imputó
responsabilidad fiscal dentro del proceso 50100-002/06; y que el 13
de septiembre de 2010, a través de Auto 001, se profirió fallo con
responsabilidad fiscal en su contra y otras empresas de transporte,
por la suma total de $20.723.135.858,50, correspondiéndole asumir
la cantidad de $1.305.654.547,20.

Señaló que interpuso recurso de apelación contra el Auto 001 de 13
de septiembre de 2010, alegando la ilegalidad de la actuación por
violación del debido proceso y falta de integración del litisconsorcio
necesario; pero que, mediante la Resolución 2088 de 16 de diciembre
de 2010, la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. resolvió los recursos
y confirmó la responsabilidad fiscal, resolución que fue corregida
mediante la Resolución 205 de 16 de febrero de 2011, ejecutoriada
el 16 de marzo de ese año, agotándose así la vía gubernativa.

Anotó que el 2 de agosto de 2011 fracasó la audiencia de conciliación
ante la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, habilitando
así la presentación de la acción judicial.

1 “[…] Por medio del cual se establecen criterios para la reorganización del transporte público
colectivo en el Distrito Capital […]”.

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I.3.- Fundamentos de derecho

TRANSCONFORT S.A. consideró que con la expedición de los actos
acusados se infringieron normas de orden constitucional como los
artículos 2º, 4º, 6º, 13, 29, 119, 121, 267, 268 y 272; legales como
los artículos 1o. de la Ley 105 de 30 de diciembre de 19932; 3º, 56
y 59 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843; Ley 610 de 15 de agosto
de 20004; 7º, inciso 11 y 16, 10, 11, 47, 48 del Decreto 170 de 5 de
febrero de 20015; 1º al 10 del Decreto 3366 de 21 de noviembre de
20036; y distritales como los artículos 1º al 7º, 105 al 113, 135 al
143, 153 al 162 del Decreto 1421 de 21 de julio de 19937; artículo
1° al 5° del Acuerdo 361 de 6 de enero de 20098.

Seguidamente, el demandante explicó el alcance del concepto de la
violación a partir de los siguientes cargos:

I.3.1.- Falta de competencia: Sostuvo que la CONTRALORÍA DE
BOGOTÁ, D.C. carecía de competencia, pues las funciones
constitucionales y legales de las contralorías son taxativas y
regladas, circunscritas a velar por la utilización adecuada de dineros,
recursos y fondos públicos. Y que la competencia arrogada con base
en el Decreto 115 de 2003 estaba falsamente motivada y fuera de

2 “[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias

y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector
transporte y se dictan otras disposiciones […]”.
3 “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
4 “[…] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de

las contralorías […]”
5 “[…] Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo

metropolitano, distrital y municipal de pasajeros […]”.
6 “[…] Por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de Transporte

Público Terrestre Automotor y se determinan unos procedimientos […]”.
7 “[…] Por el cual se dicta el Régimen Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá […]”.
8 “[…] Por el cual se organiza la Contraloría de Bogotá, D. C., se determinan las funciones por

dependencias, se fijan los principios generales inherentes a su organización y funcionamiento y se
dictan otras disposiciones […]”.

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los parámetros constitucionales y legales que regulan la función de
vigilancia fiscal.

I.3.2.- Violación del debido proceso: Adujo que se le vulneró el
debido proceso al no vincular como litisconsorcio necesario a los
propietarios de vehículos afiliados a las empresas de transporte, pues
entre TRANSCONFORT S.A. y estos existía un contrato de afiliación
que nunca previó el cobro o recaudo del factor de calidad, razón por
la cual la empresa no podía exigirlo; y que el Decreto 115 de 2003
no estableció mecanismo coercitivo para sancionar a propietarios
renuentes, quedando el pago a su voluntad.

I.3.3.- Indebida interpretación jurisprudencial: Planteó que la
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. interpretó erróneamente la
sentencia C-840 de 2001 de la Corte Constitucional y la sentencia del
Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de abril de 2007
(radicación 25000232400020030083402, Cp Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta), acomodándolas indebidamente y atribuyéndoles
interpretación fuera de contexto.

I.3.4.- Inexistencia de daño patrimonial: Manifestó que la
responsabilidad fiscal requiere tres elementos según el artículo 5° de
la Ley 610 de 2000: conducta dolosa o culposa de quien realiza
gestión fiscal, daño al patrimonio estatal y nexo causal; que, por lo
tanto, TRANSCONFORT S.A. no tenía asignadas funciones de
gestión fiscal, porque el Decreto 115 de 2003 se refiere a transporte
público y no a manejo de recursos públicos; y que los dineros del
factor de calidad no pertenecían al Distrito ni fueron puestos a
disposición de las empresas, por lo que no existió daño patrimonial.

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I.3.5.- Prescripción: Alegó que transcurrieron más de cinco años
desde el auto de apertura (20 de enero de 2006) sin que se dictara
providencia en firme. Esto es que el recurso de apelación no se
resolvió expresamente según los artículos 56 y 59 del CCA, operando
el grado de consulta. Y que, como la Resolución 2088 quedó
ejecutoriada indebidamente el 18 de enero de 2011, cuando en
realidad la ejecutoria ocurrió con la Resolución 205 de 16 de febrero
de 2011, ejecutoriada el 16 de marzo de 2011, en esta fecha ya había
prescrito la acción de responsabilidad fiscal.

I.3.6.- Falta de notificación: Afirmó no haber sido notificada en
debida forma del auto de apertura, ni vinculada inicialmente a la
investigación, ni escuchada en el proceso, careciendo de declaración
libre y espontánea del representante legal y de memorial solicitando
pruebas o controvirtiendo las circunstancias que motivaron la
actuación.

I.3.7.- Omisión de pronunciamiento: Adujo que la Resolución
2088 de 16 de diciembre de 2010 no se pronunció sobre los
argumentos del recurso de apelación interpuesto contra el Auto 001
de 13 de septiembre de 2010, constituyendo flagrante violación del
debido proceso e igualdad, pues la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ,
D.C. sí contestó expresamente los recursos de los demás
recurrentes.

I.3.8.- Falsa motivación: Señaló que la Resolución 2088 de 16 de
diciembre de 2010 estaba llena de desaciertos jurídicos, pues la
connotación de recursos de carácter público atribuida al factor de
calidad no encuadra en la definición de bienes de uso público o fondos

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públicos del Código del Régimen Municipal, normas distritales ni
tributarias.

I.3.9.- Derogación normativa: Concluyó que la CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C. sustentó su competencia en el artículo 3º del
Decreto 470 de 23 de diciembre de 20039, norma que no asignaba
funciones de gestión fiscal a las empresas de transporte; y que para
la época del fallo estaba derogada por el Decreto 162 de 24 de abril
de 200910.

I.4. Contestación de la demanda

La CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., a través de apoderada
contestó la demanda11, argumentado, en síntesis, en cuanto a su
competencia constitucional y legal, que la Constitución Política, en su
artículo 113, incorpora órganos autónomos e independientes para el
cumplimiento de funciones estatales, denominados órganos de
control, entre los que se encuentra la CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA (artículo 117 Superior), encargada de la vigilancia
de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración; y
que el artículo 267 Constitucional establece que la Contraloría vigila
la gestión fiscal de la administración y de los particulares que
manejen fondos o bienes de la Nación, así como el artículo 272 que
prevé que las contralorías territoriales ejercen, en su jurisdicción, las
funciones del contralor general establecidas en el artículo 268
Superior.

9 “[…] Por el cual se establecen las obligaciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá

D.C. en materia de reportes frente al manejo del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del
Servicio […]”.
10 “[…] Por medio del cual se deroga el Decreto 470 de 2003 […]”.
11 Folios 42 a 61 del cuaderno núm. 1.

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Adujo, respecto a la naturaleza pública del factor de calidad, que el
artículo 25 del Decreto distrital 115 de 2003, sí otorgó facultad de
recaudo del factor de calidad a las empresas transportadoras, dineros
con destinación específica que debían constituir un patrimonio
autónomo administrado por fiduciaria, recursos que no son propiedad
de las empresas, sino que tienen destinación específica: el
mejoramiento del servicio público; y que la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Primera, de 26 de abril de 2007 (radicación
25000232400020030083402, Cp Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta)
determinó que si las empresas no transfieren los recursos
recaudados o si las fiduciarias no los aplican íntegramente a su
destinación, es competencia de los órganos de control adoptar las
medidas pertinentes.

Señaló, en cuanto al litisconsorcio necesario improcedente, que el
artículo 25 del Decreto distrital 115 de 2003 estableció que los
recursos del factor de calidad serían recaudados directamente por las
empresas de transporte bajo esquemas operativos que centralicen el
recaudo de la tarifa; el artículo 13 de la Resolución 392 de 15 de
agosto de 200312 dispuso que sería responsabilidad de la empresa
organizar e implementar mecanismo centralizado de recaudo; los
artículos 47 y 48 del Decreto 170 de 2001 regularon el contrato de
afiliación, debiendo contener específicamente los cobros y pagos
obligatorios de las partes. Y que la Dirección de Responsabilidad
Fiscal encontró que las empresas debían establecer mecanismos para
centralizar el recaudo y reservar el porcentaje del factor de calidad
para consignarlo en la fiducia, por lo que, en caso de incumplimiento

12 “[…] Por la cual se fija el índice de reducción de sobreoferta de vehículos, se reglamenta el sistema

centralizado de recaudo de la tarifa del servicio de transporte público colectivo de pasajeros en la
ciudad de Bogotá y se fijan los parámetros para su administración y aplicación […]”.

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del propietario, debió existir contrato con mecanismos exigibles,
resultando improcedente la integración del litisconsorcio en la forma
alegada.

Anotó, con relación a los elementos de responsabilidad fiscal
acreditados, que durante el proceso 50100-002/06 se demostró la
existencia de los tres elementos de la responsabilidad fiscal en
cabeza de TRANSCONFORT S.A.: (i) conducta dolosa o culposa
atribuible a quien realiza gestión fiscal; (ii) daño patrimonial al
Estado; y (iii) nexo causal, por lo que, en tal sentido, la conducta de
la empresa fue imprudente, sin el debido cuidado ni precaución
necesaria para evitar que los propietarios no entregaran los recursos
del factor de calidad, sin aplicar mecanismo alguno para evitarlo,
evidenciándose ausencia de controles e incumplimiento de
obligaciones legales. Y que hubo gestión deficiente de los
empresarios a quienes se delegó el recaudo y traslado de recursos,
conducta culposa y grave al no tomar medidas necesarias,
generándose así un daño patrimonial claramente identificado y
tasado en la parte resolutiva del fallo fiscal, con nexo causal directo
entre la conducta y el resultado dañoso.

Sostuvo, en cuanto a la improcedencia de la prescripción, que el
proceso se abrió mediante auto de 20 de enero de 2006 y la
Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010 quedó ejecutoriada el
18 de enero de 2011, cuando aún no se había cumplido el término
de cinco años del artículo 9º de la Ley 610; y que la Resolución 205
de 16 de febrero de 2011 aplicó el artículo 310 del CPC, que permite
al juez corregir en cualquier tiempo errores de palabras o números
en la parte resolutiva, distinto de la aclaración o complementación

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del artículo 331 idem, esto es que, según el artículo 56 de la Ley 610,
las providencias quedan ejecutoriadas cuando los recursos
interpuestos hayan sido decididos y los actos de corrección de errores
no reviven términos procesales ni alteran la fecha de ejecutoria.

Alegó que el debido proceso se garantizó en tanto que el
representante legal de TRANSCONFORT S.A. se notificó
personalmente del auto de apertura el 6 de febrero de 2006; con
oficio de 13 de febrero de 2006 solicitó fecha para versión libre y
espontánea, diligencia reprogramada en varias oportunidades pero a
la que nunca asistió; el 12 de mayo de 2009 la apoderada se notificó
personalmente del auto de imputación y solicitó pruebas
oportunamente, las cuales fueron decretadas mediante auto de 1o.
de junio de 2009 y presentó escrito de descargos el 27 de mayo de
2009, por lo que en el fallo con responsabilidad fiscal consta que se
respetó el debido proceso.

Manifestó que la resolución de recursos fue debidamente motivada,
en tanto que la Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010 sí
resolvió los recursos de apelación interpuestos contra el Auto 001 de
13 de septiembre de 2010, a partir de unas consideraciones
expuestas en correcta forma en el título ‘CONSIDERACIONES DEL
DESPACHO’ en las que se indicaron las razones por las cuales la
segunda instancia confirmó el fallo para todas las empresas
investigadas, incluida la demandante TRANSCONFORT S.A.

Finalizó mencionando que la competencia no se basó únicamente en
el Decreto 470 de 2003 (derogado por Decreto 162 de 2009), sino
también en la Constitución Política, la Ley 610 y toda la normativa

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citada, dentro de la cual se relaciona el Decreto 470 de 2003, vigente
y con plena eficacia jurídica para el momento de los hechos.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “C”, en descongestión, mediante sentencia de 19 de
diciembre de 2013, de una parte, declaró la nulidad parcial de la
Resolución 2088 de 16 diciembre de 2010, a través de la cual el
contralor de Bogotá D.C. resolvió los recursos de apelación y el grado
de consulta dentro del proceso de responsabilidad fiscal 50100-002-
06, únicamente en lo que hace referencia a la responsabilidad fiscal
de la empresa TRANSCONFORT S.A. y, a título de restablecimiento
del derecho, ordenó a la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. resolver
el recurso de apelación interpuesto por dicha empresa contra el Auto
001 de 13 de septiembre de 2010, por medio del cual se le declaró
fiscalmente responsable; y, de otra parte, denegó las demás
pretensiones de la demanda.

Analizó conjuntamente los cargos de falta de competencia de la
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. e indebida interpretación
jurisprudencial, para lo cual citó los artículos 267, 268 y 272 de la
Constitución Política; 2º, 4º, 8º y 83 de la Ley 42 de 26 de enero de
199313; y 1º y 4º de la Ley 610, concluyendo que la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA y las territoriales cuentan con
competencia para ejercer control fiscal y adelantar procesos contra
particulares, personas jurídicas y organizaciones que manejen fondos
o bienes estatales.

13 “[…] Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen

[…]”.

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Transcribió el artículo 25 del Decreto 115 de 2003 y apartes de la
sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de abril de
2007 (radicación 25000232400020030083402, Cp Rafael E. Ostau
de Lafont Pianeta), que estudió la legalidad del factor de calidad del
servicio público de transporte, para anotar que dicho artículo
concedió a las empresas transportadoras, incluida TRANSCONFORT
S.A., la facultad de recaudar los dineros del factor de calidad como
parte de la tarifa, adquiriendo así la calidad de gestores fiscales,
susceptibles de vigilancia y control por parte de la CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C. y, conforme a las normas constitucionales y
legales, con competencia para imponer sanciones por conducta
reprochable.

Destacó que la condena fiscal en contra de la demandante fue por no
entregar dineros correspondientes al Fondo para el Mejoramiento de
la Calidad del Servicio y que era clara la competencia del ente de
control para sancionarla al omitir el desembolso del factor de calidad,
en virtud de los artículos 268 Constitucional, en concordancia con el
Decreto 1421 de 1993, y 267 Superior, razón por la cual descartó la
falsa interpretación de las providencias judiciales, pues sí podían
invocarse para reforzar el entendimiento sobre la competencia y la
naturaleza pública de los recursos.

Con relación a la supuesta vulneración del debido proceso, defensa e
igualdad por omisión de pronunciamiento, revisó el acto
administrativo que desató la impugnación interpuesta por la
demandante, recurso sustentado en dos aspectos: (i) el factor de
calidad no hacía parte del patrimonio público, por ende, no se
ocasionó daño patrimonial al Estado; y (ii) la culpa debía atribuirse

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al hecho de un tercero; y que a pesar de que en la Resolución 2088
de 16 de diciembre de 2010, en el ítem 20 del acápite
‘FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS’, la demandada dejó expresa
constancia de que el recurso de apelación de TRANSCONFORT S.A.
se concedía por haberse interpuesto oportunamente, se observó que,
en el mismo acápite, ítems 1 al 19, el contralor de Bogotá resolvió
los recursos de las demás empresas transportadoras y no el de
aquella, no se estudiaron sus alegaciones ni se expusieron los
motivos concretos para desestimar las razones de su impugnación.

Declaró, en consecuencia, la nulidad parcial de la Resolución 2088 de
16 de diciembre de 2010 en lo concerniente, únicamente, a
TRANSCONFORT S.A., ordenando a la demandada desatar en
debida forma el recurso de apelación interpuesto contra el Auto 001
de 13 de septiembre de 2010.

A pesar del vicio de trámite observado, prosiguió examinando los
restantes cargos porque el fallo de responsabilidad fiscal sí debía
permanecer incólume, para lo cual sostuvo la improcedencia del
litisconsorcio necesario en la medida en que el artículo 25 del Decreto
115 de 2003 incluyó el factor de calidad en la tarifa, destinado a la
compra de vehículos que se retirarían de circulación, prestableciendo
que tales recursos serían recaudados directamente por las empresas
de transporte, obligación en este caso a cargo de TRANSCONFORT
S.A., y no sobre los propietarios de los vehículos.

Adujo que la actuación reprochable atribuida a la demandante estuvo
enmarcada en los presupuestos legales que fundamentaron los actos
administrativos acusados, quedando demostrada su responsabilidad

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en el daño al erario distrital por no entregar dineros correspondientes
al Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio.

Comentó que el auto de apertura del proceso 50100-002-06 se
profirió el 20 de enero de 2006, culminando con la Resolución 2088
de 16 de diciembre de 2010, que resolvió recursos de apelación y
grado de consulta respecto del Auto 001 de 13 de septiembre de
2010 (fallo con responsabilidad fiscal), quedando ejecutoriada el 18
de enero de 2011, por lo que no se configuró la prescripción, pues
no transcurrieron cinco años entre el auto de apertura y la
providencia en firme que declaró la responsabilidad, término
prescriptivo que se cumplía el 20 de enero de 2011; y que los actos
administrativos proferidos según el artículo 310 del CPC para corregir
errores numéricos y/o palabras en la parte resolutiva, como lo es la
Resolución 205 de 16 de febrero de 2011, ejecutoriada el 16 de
marzo de 2011, expedida para ajustar la fecha del fallo con
responsabilidad fiscal mal citada en la Resolución 2088, no alteran la
decisión ni prorrogan su ejecutoria, diferente a la aclaración o
complementación del artículo 331 idem.

Relató que en el expediente administrativo se expidió auto de
apertura ordenando notificar personalmente a representantes legales
de 65 empresas de transporte público, incluida TRANSCONFORT
S.A.; el 6 de febrero de 2006 se surtió notificación personal al
representante legal; con escrito radicado el 13 de febrero de 2006,
el representante legal solicitó fijar fecha para versión libre y
espontánea; consta citación de 26 de octubre de 2006, entregada el
1o. de noviembre de 2006, para diligencia del 14 de noviembre de
2006, a la cual no se hizo presente ni allegó justificación; y la

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CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. no evidenció ausencia de
defensa técnica que hiciera necesaria asignación de abogado de
oficio, razones por las que no se vulneraron los derechos
constitucionales y legales de la demandante en el proceso de
responsabilidad fiscal.

Respecto al cuestionamiento de haber sido investigada y sancionada
más de una vez por el mismo hecho, sostuvo que el ordenamiento
jurídico prevé que una misma conducta puede conducir al inicio de
varias investigaciones por infracción de distintas disposiciones
(penal, civil, administrativo, policivo), cuya competencia está
asignada a diferentes autoridades, careciendo de fundamento el
reparo; y en relación a los desaciertos jurídicos alegados sobre la
connotación de recursos públicos, indicó que la demandante se limitó
a presentar argumentos sin sustento jurídico, sin concluir en qué
forma se configuró la nulidad pretendida, incumpliendo la carga
procesal de enervar la presunción de legalidad del acto
administrativo.

Finalmente, respecto a la alegada incompetencia basada en el
Decreto 470 de 2003 (artículo 3°), manifestó que la demandante no
desarrolló el concepto de violación para deducir claramente el nexo
causal entre aspectos fácticos de la actuación y el contenido de
normas señaladas como vulneradas.

III.- FUNDAMENTOS DE LAS APELACIONES

La entidad demandada y la empresa demandante, con sendos
escritos, apelaron la sentencia de primera instancia.

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III.1.- La CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., mediante escrito de
3 de febrero de 201414, solicita revocar la sentencia de primera
instancia y negar todas las pretensiones de la demanda, para lo cual
adujo, en síntesis, que el recurso de apelación de TRANSCONFORT
S.A. contra el fallo con responsabilidad fiscal (folios 16889-16895 del
expediente fiscal) se limitó a dos puntos: (i) El factor de calidad no
hace parte del patrimonio público, por ende no ocasiona daño
patrimonial al Estado, citando el Decreto 115/2003, el oficio
200718975 de 29 de marzo de 2007 del Director de Presupuesto y la
sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de abril de
2007 (radicación 25000232400020030083402, Cp Rafael E. Ostau
de Lafont Pianeta); y (ii) culpa exclusiva de tercero, argumentando
que el Decreto 115 de 2003 no estableció mecanismo coercitivo para
que las empresas obligaran a los propietarios de vehículos a pagar el
factor de calidad, configurándose el principio de que “nadie está
obligado a lo imposible”.

Aduce que la Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010, sí
examinó ampliamente estos argumentos en el acápite
“CONSIDERACIONES DEL DESPACHO” (folios 17265-17266 del
expediente fiscal), en el que se estableció: (i) La competencia de la
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. para investigar gestores fiscales
de bienes del Estado, con fundamento en los artículos 267 y 268
superiores, Decreto 1421/1993 y artículos 23 y 25 del Decreto 115
de 2003; (ii) La naturaleza pública del factor de calidad, explicando
que los dineros recaudados no son de propiedad de la empresa
transportadora, sino que tienen una destinación específica: el

14 Folio 342 a 347 del cuaderno No.1 de 2.

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mejoramiento en la prestación de un servicio público; (iii) se invocó
la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de abril
de 2007 (radicación 25000232400020030083402, Cp Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta), citada por la actora, en cuanto: “[…] si en
la práctica(...) las empresas no han transferido a la fiduciaria todos
los recursos recaudados (...) son del resorte de los órganos de control
[…]”; (iv) se ratificó expresamente que “[…] los ingresos que
provienen del Factor para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio
(…) se confirma la connotación de recursos de carácter público […]”;
(v) se estableció que “[…] el recaudo de los recursos (...) deberá ser
realizado de manera directa por las empresas de transporte público,
a través de un sistema centralizado […]” (artículos 25 del Decreto
115 de 2003 y 12 de la Resolución 392 de 2003).

Indica que no vulneró el debido proceso, defensa ni igualdad, pues
la Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010 se refirió
extensamente a los dos argumentos centrales de la apelación de la
demandante contra el fallo fiscal, esto es la naturaleza pública de los
recursos y la responsabilidad directa de las empresas en el recaudo,
por lo que el hecho de no resumir dichos argumentos en el ítem 20
del acápite “FUNDAMENTOS DE LOS RECURRENTES” no constituye
un vicio sustancial.

III.2.- TRANSCONFORT S.A., mediante escrito de 4 de febrero de
201415, solicita reformar la sentencia apelada en el sentido de
acceder a todas las pretensiones de la demanda, esto es declarar la
nulidad total de los actos administrativos, eximirla de responsabilidad
fiscal, eliminar reportes, terminar procesos coactivos y levantar

15 Folio 348 a 354 del cuaderno No. 1 de 2.

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medidas cautelares, para lo cual insiste en que el factor de calidad
son recursos que carecen de naturaleza pública pues se destina a la
recompra de vehículos particulares (buses, busetas, colectivos) que
exceden la capacidad transportadora y deben ser chatarrizados.

Invoca la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, de 26
de abril de 2007 (radicación 25000232400020030083402, Cp Rafael
E. Ostau de Lafont Pianeta) que establece que este factor participa
de la condición de precio, generado por los costos en que habrá de
incurrir el transportador para mejorar la calidad del servicio mediante
el retiro total de los vehículos que superen la capacidad requerida,
es decir es un costo por cuanto es una afectación negativa de sus
activos.

Argumenta que el factor de calidad es componente de la tarifa
pagada a privados por prestación del servicio, constituyendo un costo
que afecta su patrimonio, no es tributo (impuesto, tasa o
contribución), y, por ende, no tiene vocación de engrosar el erario;
y que la sentencia de 26 de abril de 2007 determina que el
cuestionado factor no encuadra en ninguna de las clases de tributos,
se paga al oferente del servicio y no al Estado, no pasa a engrosar el
fisco pues su destino es conformar un fondo común que deben
constituir las respectivas empresas y no es parte de la materia objeto
del artículo 338 Constitucional.

Menciona el oficio 200718975 de 29 de marzo de 2007 del director
distrital de Presupuesto, (folio 2967 del expediente fiscal), mediante
el cual informó que los recursos del factor de calidad no se
incorporaron al presupuesto distrital, de conformidad con el artículo

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25 del Decreto 115 de 2003, lo que demuestra que no son dineros
públicos y no existe daño patrimonial al Distrito Capital.

Cuestiona que el Tribunal concluyera que las empresas adquirieron
la calidad de gestor fiscal y que es diáfana la competencia del ente
de control, pasando por alto: (i) los planteamientos jurisprudenciales
del Consejo de Estado sobre el carácter del factor calidad como
fuente de recursos; (ii) el oficio 200718975 del director distrital de
Presupuesto; (iii) y que la competencia de la CONTRALORÍA DE
BOGOTÁ, D.C. se circunscribe a determinar responsabilidad de
servidores públicos y particulares cuando en ejercicio de gestión
fiscal causen daño al patrimonio del Estado.

Arguye que el artículo 27 del Decreto 115 de 2003 establece que “[…]
El Organismo de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. impondrá a
las empresas que incumplan las disposiciones del presente Decreto
las sanciones establecidas por la ley y demás normatividad vigente
sobre la materia, especialmente las establecidas por los artículos 10
de la ley 105 de 1993 y 46 numeral e) de la Ley 336 de 1996 […]”,
razón por la cual la demandada no es juez natural para fallar
contravenciones o infracciones de transporte.

Resalta que a las empresas de transporte público colectivo,
particularmente TRANSCONFORT S.A. (empresa de capital
privado), conforme a las leyes 105, 336 y 688, Decreto 170 de 2001
y decretos distritales 115 de 2003 y 470 de 2003 (derogado), no se
les asignaron competencias fiscales o de administración de recursos
del Distrito Capital.

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Insiste en que la Resolución 205 de 16 de febrero de 2011 (que aclara
la Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010), fue expedida por
oficios radicados el 24 de enero de 2011 por los apoderados de la
COMPAÑÍA METROPOLITANA DE TRANSPORTES S.A. y BUSES
ROJOS LTDA.; y que, de conformidad con el inciso final del artículo
331 del CPC, “[…] en caso de que se pida aclaración (...) de una
providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que
la resuelva […]”, hasta que no se resolvió la solicitud de aclaración,
la Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010 no quedó en firme,
transcurriendo así más de 5 años desde el auto de apertura del
proceso de responsabilidad fiscal de 20 de enero 2006 a la ejecutoria
de la Resolución 205, el 16 de marzo de 2011, configurándose la
prescripción.

Solicitó copia auténtica de los oficios radicados el 24 de enero de
2011 por los apoderados de la COMPAÑÍA METROPOLITANA DE
TRANSPORTES S.A. y BUSES ROJOS LTDA., que originaron la
expedición de la Resolución 205 de 16 de febrero de 2011, los cuales
se mencionan en folios 15904-15918 del expediente fiscal (más de
17.000 folios), pero no se localizaron en las copias aportadas al
juicio16.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

16 A través de auto de 8 de abril de 2022, el Despacho sustanciador ordenó oficiar a la CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C. para que allegara al presente proceso copia de los oficios radicados el 24 de enero
de 2011, por el apoderado judicial de las empresas COMPAÑÍA METROPOLITANA DE TRANSPORTES
S.A., y BUSES ROJOS LTDA., que hacen parte del expediente administrativo núm. 50100-002/06
contentivo del proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra la sociedad TRANSPORTES RADIO
TAXI CONFORT S.A. – TRANSCONFORT S.A., aquí demandante. Los dos memoriales de igual fecha
fueron allegados a este expediente el 13 de mayo de 2022, de los cuales se corrió traslado a las
partes por el término de 3 días mediante auto de trámite de 20 de mayo de 2022, sin que se recibiera
pronunciamiento alguno.

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Una vez concedida la apelación por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en descongestión,
mediante auto de 5 de febrero de 201417, esta Corporación, por auto
de 23 de mayo de 201418, la admitió y, mediante providencia de 24
de junio de 202219, dispuso correr traslado a las partes para alegar
de conclusión y al señor procurador para la Conciliación
Administrativa, para que, si así lo estimaba, emitiera su concepto.

IV.1.- Tanto la demandante como la demandada, en sus escritos de
alegatos, reiteraron, en síntesis, los mismos argumentos esgrimidos
en la sustentación de sus recursos de apelación.

IV.2.- El Ministerio Público, en esta oportunidad, guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Cuestión previa

El señor consejero de Estado PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA,
mediante escrito obrante en el índice 75 del expediente digital,
manifiesta que se declara impedido para actuar dentro del presente
proceso, por cuanto su cuñada JOHANNA CEPEDA AMARÍS fungió
como apoderada de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C., entidad
demandada, condición en la que intervino en primera instancia
contestando la demanda, descorriendo el traslado para alegar de
conclusión e interponiendo el recurso de apelación objeto de la
presente decisión, por lo que estima que podría estar incurso en las

17 Folio 352 del cuaderno núm.1 de 2
18 Folio 5 del cuaderno núm. 3
19 Samai. Expediente electrónico, índice 48.

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causales de impedimento previstas en los numerales 1 y 2 del artículo
141 del Código General del Proceso -CGP, las cuales son del siguiente
tenor:

“[…] Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de
recusación las siguientes:}

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el
proceso.
2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación
en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero
permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral
precedente […]” (Resaltado fuera del texto).

La Sala observa que la causal prevista en el numeral 2 del artículo
141 del CGP, se circunscribe al hecho de que el juez o alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad, haya realizado cualquier actuación dentro del
mismo proceso en instancia anterior.

Revisado el expediente, la Sala advierte que en caso sub examine la
parte demandada, esto es, la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.,
estuvo representada judicialmente en primera instancia por la
abogada JOHANNA CEPEDA AMARÍS, cuñada del Consejero
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA.

En efecto, consta en el expediente que la referida profesional
contestó la demanda el 17 de julio de 2012, presentó escrito de
alegaciones en primera instancia e interpuso el recurso de apelación
contra la sentencia de 19 de diciembre de 2013, conforme consta en
el índice 57 del expediente digital.

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De la causal en mención y de los hechos que soportan el impedimento
manifestado por el consejero PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA,
la Sala considera que concurren los presupuestos para el efecto, toda
vez que se encuentra acreditado que su cuñada JOHANNA CEPEDA
AMARÍS, pariente en segundo grado de afinidad, actuó ante el
Tribunal en instancia anterior.

Siendo ello así, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el citado consejero y lo separará del conocimiento
del presente proceso y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

Ahora, al encontrarse fundada la causal de impedimento en mención,
la Sala se releva del estudio de la prevista en el numeral 1 del artículo
141 del CGP.

V.2.- Actos administrativos demandados

V.2.1.- Fallo con o sin responsabilidad fiscal No. 001 de 13 de
septiembre de 201020, dentro del proceso de responsabilidad
50100-002/06, proferido por la Dirección de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., en el
cual se resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Fallar con Responsabilidad Fiscal en
cuantía total de veinte mil setecientos veintitrés millones ciento
treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y ocho pesos con cincuenta
centavos ($20.723.135.858, 50) M/CTE, discriminado por
empresas: (…); (21) TRANSCONFORT identificada con el número de
NIT No. 800007282-4, en cuantía individual de mil trecientos cinco
millones seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y
siete pesos con veinte centavos ($1.305.654.547,20)M/CTE […]”.

20 Folio 000046 a 000253, del cuaderno de traslado núm. 2.

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V.2.2.- Resolución 2088 de 16 de diciembre de 201021, por
medio de la cual se resuelven los recursos de apelación y el Grado
de Consulta dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal 50100-002-
06, proferida por el Contralor de Bogotá D.C., en cuya parte
resolutiva dispuso:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes los
Autos 001 del 13 de diciembre de 2010 y del 22 de octubre de 2010,
proferidos por la DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y
JURISDICCIÓN COACTIVA, de conformidad con lo establecido en la
parte motiva de esta providencia. […]”.

V.2.3.- Resolución 205 de 16 de febrero de 2011, por medio de
la cual se corrigió un error en la resolución indicada en el punto
anterior (el artículo primero resolvió confirmar autos 001 de 13 de
diciembre y de 22 de octubre de 2010, cuando lo correcto era auto
001 de 13 de septiembre de 2010).

V.3.- Problema jurídico

Consiste en confrontar el contenido de las apelaciones presentadas
por las partes demandante y demandada con el fallo de primera
instancia, el acervo probatorio y las normas aplicables al caso
concreto, a efectos de resolver si se confirma lo decidido por el a quo,
o se modifica o revoca, de acuerdo con las consideraciones previas
que surjan del análisis respectivo.

21 Folio 000254 a 000302 del cuaderno de traslado núm. 2.

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V.4.- Del concepto de gestión fiscal y de la naturaleza jurídica
del componente de la tarifa correspondiente al factor de
calidad del servicio público de transporte

Ahora bien, previo a desatar el problema jurídico formulado, la Sala
considera pertinente referirse brevemente a dos temas que son
principalmente los ejes sobre los cuales está planteada la
controversia, como son: (i) el concepto de gestión fiscal; y (ii) la
naturaleza jurídica del componente de la tarifa correspondiente al
factor de calidad del servicio público de transporte.

V.4.1.- En tratándose del alcance del concepto de gestión fiscal y de
quiénes pueden resultar sujetos pasivos del proceso de
responsabilidad fiscal, se tiene que los artículos 267, 268 y 272 de la
Constitución, en su orden, prevén, lo siguiente:

“[…] Artículo 267. El control fiscal es una función pública que
ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila
la gestión fiscal de la administración y de los particulares o
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a
los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta
podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia
se realice por empresas privadas colombianas escogidas por
concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del
Consejo de Estado.

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados,
fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la
valoración de los costos ambientales. En los casos
excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer
control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

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“[…] Articulo 268. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto
Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El Contralor
General de la República tendrá las siguientes atribuciones:
(…)
5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión
fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso,
recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre
los alcances deducidos de la misma […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

“[…] Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los
departamentos, distritos y municipios donde haya
contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma
posterior y selectiva.

La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales,
salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.
(…)

Los contralores departamentales, distritales y municipales
ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones
atribuidas al Contralor General de la República en el artículo
268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con
empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia
fiscal […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Por su parte, los artículos 2º, 4º, 8º y 83 de Ley 42, relacionada con
“la organización del sistema de control fiscal financiero y los
organismos que lo ejercen”, disponen, en su orden, lo siguiente:

“[…] Artículo 2. Son sujetos de control fiscal los órganos que
Integran las ramas legislativa y judicial, los órganos autónomos e
Independientes como los de control y electorales, los organismos
que hacen parte de la estructura de la administración nacional y
demás entidades nacionales, los organismos creados por la
Constitución Nacional y la ley que tienen régimen especial, las
sociedades de economía mixta, las empresas industriales y
comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o
bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de
organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo
relacionado con éstos y el Banco de la República […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

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Actor: TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORT S.A.- TRANSCONFORT S.A.

“[…] Artículo 4. El control fiscal es una función pública, la cual vigila
la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades
que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y
niveles.

Este será ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloría
General de la República, las contralorías departamentales y
municipales, conforme a los procedimientos, sistemas, y principios
que se establecen en la presente Ley […]”.

“[…] Artículo 8. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se
fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la
valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita
determinar en la administración, en un período determinado, que la
asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus
resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y
servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren
de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas.
Así mismo, que permita identificar los receptores de la acción
económica y analizar la distribución de costos y beneficios entre
sectores económicos y sociales y entre entidades territoriales y
cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales
y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección,
conservación, uso y explotación de los mismos.

La vigilancia de la gestión fiscal de los particulares se
adelanta sobre el manejo de los recursos del Estado para
verificar que estos cumplan con los objetivos previstos por
la administración […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

“[…] Artículo 83. La responsabilidad fiscal podrá comprender a los
directivos de las entidades y demás personas que produzcan
decisiones que determinen la gestión fiscal, así como a quienes
desempeñan funciones de ordenación, control, dirección y
coordinación; también a los contratistas y particulares que,
vinculados al proceso, hubieren causado perjuicio a los
intereses patrimoniales del Estado de acuerdo con lo que se
establezca en el juicio fiscal” […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

A su vez, la Ley 610 de 2000, “Por la cual se establece el trámite de
los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías”, en lo pertinente, dispuso lo siguiente:

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“[…] Artículo 1º. Definición. El proceso de responsabilidad fiscal
es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas
por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la
responsabilidad de los servidores públicos y de los
particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con
ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma
dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

“[…] Artículo 3º. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente
ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores
públicos y las personas de derecho privado que manejen o
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y
correcta adquisición, planeación, conservación, administración,
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto,
inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la
recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir
los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad,
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos
ambientales […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

“[…] Artículo 4º. Objeto de la responsabilidad fiscal. La
responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de
los daños ocasionados al patrimonio público como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes
realizan gestión fiscal mediante el pago de una
indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido
por la respectiva entidad estatal.

Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se
tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la
función administrativa y de la gestión fiscal.

Parágrafo 1º. La responsabilidad fiscal es autónoma e
independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier
otra clase de responsabilidad […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

De las normas citadas se colige que la CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA y las Contralorías territoriales son entidades
competentes para ejercer el control fiscal y las encargadas de
adelantar procesos a los particulares y/o a las personas jurídicas y/o

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a cualquier otro tipo de organización o sociedad que manejen fondos
o bienes públicos.

Al respecto, por lo ilustrativo que resulta, es pertinente traer a
colación lo señalado por esta Sección en la sentencia de 26 de agosto
de 2004, expediente núm. 0500123310001997209301, consejero
ponente, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en los siguientes
términos:

“[…] Cabe señalar que la Ley 42 de 1993, a diferencia de lo que
sucede con la Ley 610 de 2000, no consagra una definición de
gestión fiscal; empero nada impide a la Sala acudir al concepto que
sobre el tema trae la referida Ley 610 “Por la cual se establece
el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las Contralorías”.

“El artículo 3º de dicha Ley, prevé:

“Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por
gestión fiscal el conjunto de actividades económicas,
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos
y las personas de derecho privado que manejen o
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación,
administración, custodia, explotación, enajenación,
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los
bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad,
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad,
transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”.

De la definición transcrita deduce la Sala que el sujeto pasivo en
el proceso de responsabilidad fiscal son los servidores
públicos y las personas de derecho privado que manejen o
administren recursos o fondos públicos, cuando al realizar la
gestión fiscal, a través de actividades económicas, jurídicas y
tecnológicas no han dado una adecuada planeación, conservación,
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo,
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los mismos, o a la
recaudación, manejo e inversión de sus rentas, causando por ende
con ello detrimento patrimonial al Estado.

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Es oportuno traer a colación apartes de la sentencia C-840 de 9 de
agosto de 2001, de la Corte Constitucional al examinar la
exequibilidad de algunas normas de la mencionada Ley:

“[…] 3. Naturaleza y sentido del concepto de Gestión Fiscal.

Al amparo de la nueva concepción que sobre control fiscal
incorpora la Constitución de 1991, la ley 610 de 2000
prescribe, en su artículo 3, la noción de gestión fiscal... Como
bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las
actividades económicas, jurídicas y tecnológicas como
universo posible para la acción de quienes tienen la
competencia o capacidad para realizar uno o más de los
verbos asociados al tráfico económico de los recursos y
bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del
Estado conforme a unos principios que militan como
basamento, prosecución y sentido teleológico de las
respectivas atribuciones y facultades. Escenario dentro del
cual discurren, entre otros, el ordenador del gasto, el jefe de
planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de
presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de la caja
menor, y por supuesto, los particulares que tengan
capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario
puestos a su cargo. Siendo patente que en la medida en que los
particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben
someterse a esos principios que de ordinario son predicables de los
servidores públicos, al tiempo que contribuyen directa o
indirectamente en la concreción de los fines del Estado.

Por lo tanto, cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar
un programa de control fiscal en una entidad determinada, debe
actuar con criterio selectivo frente a los servidores públicos a vigilar,
esto es, tiene que identificar puntualmente a quienes ejercen
gestión fiscal dentro de la entidad, dejando al margen de su órbita
controladora a todos los demás servidores. Lo cual es indicativo de
que el control fiscal no se puede practicar in sólidum o con criterio
universal, tanto desde el punto de vista de los actos a examinar,
como desde la óptica de los servidores públicos vinculados al
respectivo ente. Circunstancia por demás importante si se tienen
en cuenta las varias modalidades de asociación económica que suele
asumir el Estado con los particulares en la fronda de la
descentralización por servicios nacional y/o territorial. Eventos en
los cuales la actividad fiscalizadora podrá encontrarse con
empleados públicos, trabajadores oficiales o empleados

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particulares22, sin que para nada importe su específica
condición cuando quiera que los mismos tengan
adscripciones de gestión fiscal dentro de las
correspondientes entidades o empresas.

Bajo tales connotaciones resulta propio inferir que la esfera
de la gestión fiscal constituye el elemento vinculante y
determinante de las responsabilidades inherentes al manejo
de fondos y bienes del Estado por parte de los servidores
públicos y de los particulares. Siendo por tanto indiferente la
condición pública o privada del respectivo responsable, cuando de
establecer responsabilidades fiscales se trata.

4. El proceso de responsabilidad fiscal.

El proceso de responsabilidad fiscal se fundamenta en el numeral 5
del artículo 268 de la Constitución, según el cual el Contralor General
de la República tiene la atribución de establecer la responsabilidad
que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias
que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción
coactiva sobre los alcances deducidos de la misma, facultades que
a su vez tienen asiento en la función pública de vigilancia y control
sobre la gestión fiscal que realicen los servidores públicos o los
particulares en relación con los bienes y recursos estatales puestos
a su cargo. Funciones éstas que por igual se predican de las
contralorías territoriales (art. 272, inc. 6º C.P.)….

[…] Dicho proceso permite establecer la responsabilidad de quien
tiene a su cargo bienes o recursos sobre los cuales recae la vigilancia
de los entes de control, con miras a lograr el resarcimiento de los
daños causados al erario público. De esta forma, el proceso de
responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una declaración
jurídica en el sentido de que un determinado servidor público, o
particular que tenga a su cargo fondos o bienes del Estado, debe
asumir las consecuencias derivadas de las actuaciones irregulares
en que haya podido incurrir, de manera dolosa o culposa, en la
administración de los dineros públicos23.

El proceso de responsabilidad fiscal es de naturaleza
administrativa;24 de ahí que la resolución por la cual se decide

22 Tal como ocurre en relación con los empleados de las empresas de servicios públicos mixtas; y de

las empresas de servicios públicos privadas que incorporen aportes estatales. (arts. 14, numerales
6 y 7, y 41 de la ley 142/94).
23 Op. Cit. SU 620 de 1996
24 Ciertamente, la Corte ha entendido que los órganos de control llevan a cabo una administración

pasiva que consiste en la verificación de la legalidad, eficacia y eficiencia de la gestión de la
administración activa, esto es, aquella que es esencial y propia de la rama ejecutiva, aunque no
exclusiva de ella, pues los otros órganos del Estado también deben adelantar actividades de
ejecución para que la entidad pueda cumplir sus fines. En este sentido, "la atribución de carácter

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finalmente sobre la responsabilidad del procesado constituya un
acto administrativo que, como tal, puede ser impugnado ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.

En este orden de ideas la responsabilidad que se declara a través
del proceso fiscal es eminentemente administrativa, dado que recae
sobre la gestión y manejo de los bienes públicos; es de carácter
subjetivo, porque busca determinar si el imputado obró con dolo o
con culpa; es patrimonial y no sancionatoria, por cuanto su
declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por
la gestión irregular; es autónoma e independiente, porque opera
sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad; y,
finalmente, en su trámite deben acatarse las garantías del debido
proceso25 según voces del artículo 29 Superior.
[…]
Frente al tema en estudio resulta ilustrativo el Concepto de la Sala
de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, expresado dentro
del Radicado núm. 1522 (4 de agosto de 2003, consejero ponente
doctor Flavio Rodríguez Arce), en el cual se precisó lo siguiente:
[…]
Control y gestión fiscal. Responsabilidad fiscal.- El control
fiscal es una función pública que tiene por objeto la vigilancia de la
gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejan
fondos o bienes públicos, ejercida por la Contraloría General de la
República26, las contralorías territoriales y la Auditoría General, que
se cumple mediante el ejercicio del control financiero, de gestión y

administrativo a una tarea de control de la Contraloría no convierte a esa entidad en un órgano de
administración activa, puesto que tal definición tiene como único efecto permitir la impugnación de
esa actuación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (…) Es pues una labor en donde
los servidores públicos deciden y ejecutan, por lo cual la doctrina suele señalar que al lado de esa
administración activa existe una administración pasiva o de control, cuya tarea no es ejecutar
acciones administrativas sino verificar la legalidad y, en ciertos casos, la eficacia y eficiencia de
gestión de la administración activa." Sentencia C-189 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Ver también Op Cit. SU 620 de 1996, C-540 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara
25 En la sentencia varias veces citada SU 620 de 1996 se establece el alcance del derecho al debido

proceso en el proceso de responsabilidad fiscal, en los siguientes términos: "la norma del artículo 29
de la Constitución es aplicable al proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto a la observancia de las
siguientes garantías sustanciales y procesales: legalidad, juez natural o legal (autoridad
administrativa competente), favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, (derecho a
ser oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de abogado, a presentar y controvertir
pruebas, a oponer la nulidad de las autoridades con violación del debido proceso, y a interponer
recursos contra la decisión condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no
ser juzgado dos veces por el mismo hecho."
26 El artículo 119 constitucional señala que “La Contraloría General de la República tiene a su cargo

la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración”. En la Asamblea
Nacional Constituyente. Informe – ponencia se precisó que “...la función fiscalizadora es de interés
primordial del Estado, en cuanto tiene que ver con el correcto manejo de las finanzas públicas que
son objeto de su atención. Los caudales o recursos que tienen las actividades gubernamentales
provienen del pueblo y a él deben revertir en forma de servicios. (...) la Contraloría representa a la
sociedad en cuanto que es ella la titular de sus finanzas en último término, pues en principio lo son
del Estado. Vela porque los recursos que le proporciona al Estado estén correctamente manejados”.
(Gaceta Constitucional 59, jueves 25 de abril de 1991).

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de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la
valoración de los costos ambientales, en forma posterior y selectiva
conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establece
la ley (art. 267 de la C.P.).

Para el cumplimiento de esta función, se asigna a los organismos de
control la atribución de establecer la responsabilidad que se
derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones que sean del
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los
alcances deducidos de la misma (art. 268.5 de la C.P.).

Para deducir responsabilidad fiscal, es preciso que la
conducta reprensible se haya cometido en ejercicio de la
gestión fiscal, definida en el artículo 3° de la ley 610 de
2000... (norma atrás transcrita)

[…] De ésta definición legal de gestión fiscal 27, armonizada con las
disposiciones siguientes de la ley 610 y dada su inescindible
interrelación, se desprenden múltiples consecuencias: determina el
objeto de la gestión; se tiene en cuenta para establecer el alcance,
objeto y elementos de la responsabilidad fiscal, esto es, el
resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan
gestión fiscal (arts. 4° y 5°), así como la causación de un daño
patrimonial al Estado producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna ( art.
6° ).28

27 Sobre el concepto de gestión fiscal, esta Sala expresó en la Radicación No 848 de 1996 : “Gestión

fiscal es, entonces, el conjunto de actividades económico jurídicas relacionadas con la
adquisición, conservación, explotación, enajenación, consumo, o disposición de los
bienes del Estado, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a
cumplir los fines de éste y realizadas por los órganos o entidades de naturaleza jurídica
pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado. Dentro del género de
entidades públicas queda comprendido el Banco de la República.” Por su parte la Corte Constitucional
en la sentencia C- 529 de 1993 señala: “...el concepto de gestión fiscal alude a la
administración o manejo de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas etapas de recaudo
o percepción, conservación, adquisición, enajenación, gasto, inversión y disposición.
“Consiguientemente, la vigilancia de la gestión fiscal se endereza a establecer si las diferentes
operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se traduce la
gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades competentes,
los principios de contabilidad universalmente aceptados o señalados por el Contador General, los
criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran recursos públicos y,
finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en un período
determinado, las metas y propósitos inmediatos de la administración (Ley 42 de 1993, arts. 8° a
13)”.
28 Sent. C- 840/01: “...el circuito de la gestión fiscal involucra a todos los servidores públicos

que tengan poder decisorio sobre los bienes o rentas del Estado. Criterios éstos que en lo
pertinente cobijan a los particulares que manejen fondos o bienes del Estado (...) Por lo tanto, cuando
alguna contraloría del país decide crear y aplicar un programa de control fiscal en una entidad
determinada, debe actuar con criterio selectivo frente a los servidores públicos a vigilar, esto es,
tiene que identificar puntualmente a quienes ejercen gestión fiscal dentro de la entidad,
dejando al margen de su órbita controladora a todos los demás servidores. Lo cual es

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Así mismo, sirve para estructurar el concepto de proceso de
responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de
determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos
y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal o
con ocasión de ésta causen, por acción u omisión, un daño
al patrimonio del Estado (art. 1°). 29

La acción fiscal cesará cuando se demuestre que el hecho no
comporta el ejercicio de gestión fiscal y, por tanto, resulta
procedente dictar auto de archivo del proceso de responsabilidad
fiscal (arts. 16 y 47); sin embargo, de existir efectiva lesión al
patrimonio del Estado, habrá lugar a exigir la correspondiente
responsabilidad patrimonial por otra vía, como se verá más
adelante.

En consecuencia, se deduce responsabilidad fiscal por la
afectación del patrimonio público en desarrollo de
actividades propias de la gestión fiscal o vinculadas con ella,
cumplida por los servidores públicos o los particulares que
administren o manejen bienes o recursos públicos. Al
respecto la Corte Constitucional, al resolver sobre la
constitucionalidad del artículo 1° 30 de la ley 610, señaló:

“El sentido unitario de la expresión o con ocasión de ésta sólo se
justifica en la medida en que los actos que la materialicen
comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para con

indicativo de que el control fiscal no se puede practicar in sólidum o con criterio universal, tanto
desde el punto de vista de los actos a examinar, como desde la óptica de los servidores públicos
vinculados al respectivo ente.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)
29 Sent. C- 840/01: “Dicho proceso permite establecer la responsabilidad de quien tiene a

su cargo bienes o recursos sobre los cuales recae la vigilancia de los entes de control, con
miras a lograr el resarcimiento de los daños causados al erario público. De esta forma, el proceso
de responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una declaración jurídica en el sentido de que un
determinado servidor público, o particular que tenga a su cargo fondos o bienes del Estado, debe
asumir las consecuencias derivadas de las actuaciones irregulares en que haya podido incurrir, de
manera dolosa o culposa, en la administración de los dineros públicos Op. Cit. SU 620 de 1996. (...)
la responsabilidad que se declara a través del proceso fiscal es eminentemente administrativa, dado
que recae sobre la gestión y manejo de los bienes públicos; es de carácter subjetivo, porque
busca determinar si el imputado obró con dolo o con culpa; es patrimonial y no sancionatoria, por
cuanto su declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por la gestión irregular; es
autónoma e independiente, porque opera sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad; y,
finalmente, en su trámite deben acatarse las garantías del debido proceso.” // V. sent. C- 477/01.
(Las negrillas y subrayas fuera de texto)
30 “Artículo 1°. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas

adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los
servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de
ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.”
(El aparte subrayado se declaró condicionalmente exequible en la sentencia C- 840/01)

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el desarrollo de la gestión fiscal. Por lo tanto, en cada caso se
impone examinar si la respectiva conducta guarda alguna relación
para con la noción específica de gestión fiscal, bajo la comprensión
de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia que se
desenvuelve mediante planes de acción, programas, actos de
recaudo, administración, inversión, disposición y gasto, entre otros,
con miras a cumplir las funciones constitucionales y legales que en
sus respetivos ámbitos convocan la atención de los servidores
públicos y los particulares responsables del manejo de fondos o
bienes del Estado.

De acuerdo con esto, la locución demandada ostenta un rango
derivado y dependiente respecto de la gestión fiscal propiamente
dicha, siendo a la vez manifiesto su carácter restringido en tanto se
trata de un elemento adscrito dentro del marco de la tipicidad
administrativa. De allí que, según se vio en párrafos anteriores, el
ente fiscal deberá precisar rigurosamente el grado de competencia
o capacidad que asiste al servidor público o al particular en torno a
una específica expresión de la gestión fiscal, descartándose de plano
cualquier relación tácita, implícita o analógica que por su misma
fuerza rompa con el principio de la tipicidad de la infracción. De
suerte tal que sólo dentro de estos taxativos parámetros puede
aceptarse válidamente la permanencia, interpretación y aplicación
del segmento acusado.

Una interpretación distinta a la aquí planteada conduciría al
desdibujamiento de la esencia propia de las competencias,
capacidades, prohibiciones y responsabilidades que informan la
gestión fiscal y sus cometidos institucionales.

Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la
vigilancia del manejo y administración de los bienes y recursos
públicos, fuerza reconocer que a las contralorías les corresponde
investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en cabeza de
quienes, en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión,
causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto
en forma dolosa como culposa. Y es que no tendría sentido un
control fiscal desprovisto de los medios y mecanismos conducentes
al establecimiento de responsabilidades fiscales con la subsiguiente
recuperación de los montos resarcitorios. La defensa y protección
del erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva
realización de las tareas públicas. Universo fiscal dentro del cual
transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos
y personas de las entidades que profieran decisiones determinantes
de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones de
ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y
particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes del
Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la

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gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales.”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Según se desprende del precedente jurisprudencial transcrito, para
establecer la responsabilidad fiscal, se requiere examinar si la
conducta comporta gestión fiscal o guarda alguna relación de
conexidad con ésta y quiénes son los directamente competentes para
desarrollar la actividad que se enmarca en dicho concepto.

La responsabilidad fiscal se deduce de la afectación del patrimonio
público, tanto por acción como por omisión, en forma dolosa o
culposa, en desarrollo de actividades propias de la gestión fiscal 31 o
vinculadas con ella, cumplida por los servidores públicos y
particulares, que manejen o administren bienes y recursos del
Estado.

La Sala considera pertinente enfatizar que, la responsabilidad fiscal
debe necesariamente recaer sobre el manejo o administración de
bienes y recursos o fondos públicos, y respecto de los servidores
públicos y particulares que los tengan a su cargo por estar revestidos
de capacidad o poder decisorio sobre los mismos.

Resulta igualmente importante tener presente que la responsabilidad
que se declara a través del proceso fiscal es eminentemente
administrativa, dado que recae sobre la gestión y manejo de los
bienes públicos; es patrimonial y no sancionatoria, por cuanto su

31 Actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, tendientes a la adecuada y correcta adquisición,

planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo,
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo
e inversión de sus rentas, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los
principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad ,
transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2011 00463 03
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declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por la gestión
irregular.

V.4.2.- Ahora bien, con respecto al factor de calidad previsto en el
artículo 25 del Decreto 115 de 2003, esta Sección, mediante la ya
referida sentencia de 26 de abril de 2007, que se abstuvo de declarar
la nulidad de dicha norma, y de otras demandas que hacen parte del
mencionado Decreto, se pronunció sobre la competencia del Concejo
de Bogotá en materia de transporte; la competencia del alcalde
mayor para la expedición del Decreto Distrital 115 de 2003; así como
sobre el carácter del factor de calidad del servicio público de
transporte, en los siguientes términos:

(i) En cuanto a la competencia del CONCEJO DISTRITAL DE
BOGOTÁ:

“[…] En cuanto al Concejo Distrital, que por cierto no aparece
incluido en las autoridades señaladas en el artículo 10 del Decreto
170 de 2001, y en el Decreto 1421 de 1993 aparece con
atribuciones genéricas y no exclusivas en materia de transporte
público, cabe decir que las ejercidas por el Alcalde Mayor de Bogotá
deben verse a la luz de las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 en
concordancia con el artículo 10 del decreto precitado, así como los
artículos 313 numeral 1, de la Constitución Política y 38, numeral 1,
del Decreto 1421 de 1993, y en esas circunstancias no son
incompatibles ni se oponen a la atribuciones y funciones
constitucionales y legales que tiene dicha Corporación
Administrativa, sino que se complementan, en razón a que ésta
tiene facultades reglamentarias sobre todo el Distrito Capital en sus
diferentes aspectos, esto es, organizativo, funcional, fiscal,
presupuestal, financiero, y que en materia de transporte público
corresponde a la organización, funciones y manejo de los recursos
públicos que requiera el ejercicio de las funciones de las autoridades
competentes distritales en esa materia; lo cual se ve plasmado v.
gr. en el Acuerdo 04 de 1999, por el cual se autorizó al Alcalde Mayor
participar en la constitución de una empresa de transporte público.

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Lo anterior significa que al Concejo le corresponde dar o definir el
marco organizativo, funcional, financiero y demás aspectos
relacionados con las funciones de las autoridades de transporte
competentes en el Distrito, y a éstas les corresponde diseñar y
ejecutar las políticas de esa actividad, lo cual implica tomar medidas
más específicas y de carácter operativo o técnico para el desarrollo
de esa actividad en sus diferentes modalidades, a fin de perseguir
la efectividad de los principios, fines y objetivos que le fija la ley.
Con todo ello, en vez de desconocerlo, se le da pleno cumplimiento
al mandato del artículo 8º de la Ley 336 de 1996 cuando en lo
pertinente dispone que las autoridades que pertenecen al Sector y
Sistema de transporte "ejercerán sus funciones con base en los
criterios de colaboración y armonía propios de su pertenencia al
orden estatal […]”32.

(ii) En cuanto a la competencia del alcalde mayor:

“[…] Al respecto, debe tenerse presente lo dispuesto en la parte
pertinente del artículo 17 de la Ley 336 de 1996, cuando señala que
“(…) En el transporte de pasajeros será la autoridad competente la
que determine la demanda existente o potencial, según el caso,
para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades
de movilización", en armonía con lo que determina el artículo 27 del
Decreto 170 de 2001, al expresar que "La autoridad Metropolitana,
Distrital o Municipal competente será la encargada de determinar
las medidas conducentes a satisfacer las necesidades insatisfechas
de movilización (…)”.

(…) Luego se evidencia que, de una parte, el alcalde no hizo otra
cosa que ejercer funciones legales y reglamentarias propias al
expedir el acto acusado en cuanto éste contiene medidas que
corresponden al diseño y ejecución de políticas locales dirigidas
específicamente al transporte público colectivo de pasajeros,
materia propia del servicio público de transporte; y, de otra parte,
no usurpó funciones y atribuciones de otras autoridades en esa
materia (…)”.

3.5. En conclusión, el decreto acusado presenta coherencia tanto
externa como interna, en la medida en que su expedición está
dentro de la órbita de competencia del Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
en cuanto es la autoridad de transporte competente en esta
jurisdicción territorial y el objeto del decreto está dado por asuntos
relacionados con esa actividad; en que sus disposiciones están

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de

abril de 2007, número único de radicación 25000232400020030083402, consejero ponente Rafael
E. Ostau de Lafont Pianeta.

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conforme con las normas constitucionales, legales y reglamentarias
en que se sustentan y desarrollan para el servicio de transporte
colectivo de pasajeros en el Distrito Capital; no contraviene las
normas constitucionales invocadas como violadas, y entre sí se
articula de forma concordante, además de aparecer adecuada a los
fines de esas normas y proporcionada en los efectos que llegue a
causar, los cuales, de materializarse, no serían otra cosa que los
resultados de la necesaria ejecución y cumplimiento de las referidas
normas superiores […]”33.

(iii) Carácter del factor calidad como fuente de recursos.

“[…] C.4. Carácter del factor calidad como fuente de recursos.

Bajo estas características, el cuestionado factor no encuadra en
ninguna de las clases de tributos, pues no es impuesto por cuanto
contrario a éste se encuentra ligado directamente a la
contraprestación de un servicio proporcionado con carácter de
industria, esto es, con ánimo de lucro; se paga al oferente del
servicio y no al Estado, y no pasa a engrosar el fisco.

Tampoco es tasa toda vez que no se paga por el uso de un servicio
prestado o gestionado directamente por el Estado a los
contribuyentes, conocido en la doctrina y la jurisprudencia como
servicios administrativos, sino por un servicio de carácter industrial,
como se ha anotado, el cual lo es independientemente de que sea
prestado por empresas privadas o por empresas estatales, sin
perjuicio de su carácter de servicio público esencial.

Tampoco es contribución, por cuanto no se origina en los beneficios
recibidos por una obra pública, que es lo propio de las contribuciones
de valorización; ni es una contribución parafiscal, por cuanto no es
un gravamen y por ende no hace parte del erario. Su destino es
conformar un fondo común que deben constituir las respectivas
empresas, que a su vez implica una destinación específica de sus
recursos, lo que significa que esas empresas o los propietarios no
pueden disponer de éstos y sólo se legitiman para recibirlos cuando
se les entrega por la fiduciaria que administre el fondo a título de
pago de su correspondiente vehículo, objeto del proceso de
reducción de la sobreoferta.

En consecuencia, el comentado factor de calidad no es parte de la
materia objeto del artículo 338 de la Constitución Política, esto es,
la contributiva o tributaria, luego tampoco lo es de la materia
regulada en el artículo 12, numeral 3, del decreto 1421 de 1993,

33 Idem.

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por consiguiente, no puede ser violatorio de dichos artículos en lo
que ellos disponen en esa materia.

Ahora bien, descartado el carácter de tributo del factor de calidad,
debe entenderse en su verdadera dimensión, cual es la de ser parte
integrante del concepto de Tarifa dentro del contexto referenciado
por el ya citado Decreto 170 de 2001, es decir, el precio que se paga
a cambio de la prestación del servicio público de transporte de
pasajeros, noción que igualmente forma parte de la significación que
en nuestro país se le ha dado como fundamento del Estado Social
de Derecho y su condición vinculante con la eficiente prestación de
los servicios públicos, y como expresión de una de las formas de
Intervención Estatal en tales servicios y en los procesos económicos
en sus distintas manifestaciones, tal como lo señalan los referidos
artículos 1º, 334 y 365 Constitucionales.(…)

En lo concerniente a la alegada creación de un tributo, quedó claro
que no hubo tal tributo, sino que el factor de calidad, al cual el actor
le endilga ese carácter, es un componente del precio del pasaje que
el usuario pagaría por el uso de ese servicio, cuya organización y
prestación no solo tiene un carácter industrial, sino que
fundamentalmente es calificado como un servicio público esencial,
con todas las implicaciones sociales que ello tiene, tal como lo
recoge el inciso primero del artículo 5º de la Ley 336 de 1996: “El
carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado
que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte
público, implicará la prelación del interés general sobre el particular,
especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio
y a la protección de los usuarios”.

“En esas circunstancias, la constitución del patrimonio autónomo
para la administración de esos recursos es una previsión necesaria
e inevitable en dicho artículo, tanto que si no lo estuviera se debería
entender previsto en virtud de la utilización de la Fiducia para el
efecto, pues el patrimonio autónomo es consustancial al contrato de
fiducia, como quiera que es el caso típico donde aquél se da, ya que
es ni más ni menos que el patrimonio que se constituye para ser
destinado a un fin específico, y ello coincide con la definición de
Fiducia que el artículo 1226 del Código de Comercio contiene, esto
es, “un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada
fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a
administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada
por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario.” Bajo esa perspectiva, y atendiendo el
carácter jurídico de la Fiducia, ésta surge como una opción idónea y
adecuada para asegurar la aplicación de esos recursos a esa
específica destinación, la constitución del patrimonio autónomo

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como una consecuencia de esa opción, y las actividades que el
artículo 26 le asigna a la fiduciaria contratada por cada empresa son
las que corresponden al desarrollo del objeto de contrato de Fiducia
en relación con los recursos del factor de calidad. Ahora bien, si en
la práctica y en lo que lleva de vigencia el decreto acusado no se
han dado los resultados deseados y esperados, ya porque las
empresas no han transferido a la fiduciaria todos los recursos
recaudados hasta la presente o porque los recibidos por las
fiduciarias no se han aplicado íntegramente a la destinación que
específicamente le señala el Decreto, no es algo que atañe a la
legalidad y constitucionalidad del mismo, sino a razones prácticas
del cumplimiento de éste, que no son del ámbito de la acción que
aquí se decide, sino que son del resorte de los órganos de control
y de otras acciones judiciales, en la medida en que puedan implicar
situaciones de negligencia e incumplimiento de los deberes
constitucionales, legales y reglamentarios de la autoridad de
transporte competente en el Distrito capital, o que atenten contra la
legalidad o la moralidad en el uso de dichos recursos […]”34
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

De acuerdo con el precedente jurisprudencial citado, el factor de
calidad del servicio público colectivo de transporte es aquel
componente que se incorpora a la tarifa que se cobra por dicho
servicio, para destinarse a la compra de vehículos que se retirarán
de circulación para la acreditación del índice de reducción de
sobreoferta, de acuerdo con los términos previstos en el artículo 25
del Decreto distrital 115 de 2003.

Dicho factor de calidad es establecido por la Secretaría de Tránsito y
Transporte “[…] a partir del número de vehículos que conforman la
capacidad transportadora real de cada empresa de transporte […]”,
empleando la fórmula matemática estipulada en el artículo 3º de la
Resolución 392 de 2003.

34 Idem.

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En efecto, el artículo 25 del Decreto 115 de 2003, en relación con el
referido factor de calidad, establece lo siguiente:

“[…] Artículo 25. Inclusión del factor de calidad del servicio
para la compra de vehículos en la tarifa. Los recursos
necesarios para la compra de los vehículos que se retirarán de
circulación para la acreditación del índice de reducción de
sobreoferta se originarán en el factor de calidad del servicio en
materia operativa que se incorporará a la tarifa, según el valor que
determine la Secretaría de Tránsito y Transporte.

Este factor, que tendrá una destinación específica será
recaudado directamente por las empresas de transporte
bajo esquemas operativos que centralicen en la empresa el
recaudo de la tarifa por la utilización de los servicios de
transporte.

Con los recursos recaudados por concepto de factor de calidad del
servicio para la compra de vehículos, se constituirá un
patrimonio autónomo a través del cual la fiduciaria los
administrará y utilizará como fuente de pago para los efectos
previstos en el numeral 2º del artículo 23 del presente decreto.

PARÁGRAFO: El Gobierno Distrital determinará mediante decreto
el ajuste de la tarifa para la incorporación del factor a que hace
referencia el presente decreto […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

A su turno, el artículo 11 de la Resolución 392 de 2003 en relación
con dicho factor de calidad, señala:

“[…] Artículo 11. Definición del factor de calidad del servicio
para la compra de vehículos en la tarifa. Los recursos
necesarios para la compra de los vehículos que se retirarán
de circulación para la acreditación del índice de reducción de
sobreoferta se originarán en el factor de calidad del servicio
en materia operativa que se incorporará a la tarifa, valor que
ha sido determinado por la Secretaría de Tránsito y
Transporte e incluido en la tarifa del servicio de transporte
público colectivo mediante el Decreto 259 de 2003 […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).

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Así las cosas, es claro que el factor de calidad que se examina se
previó con un origen y una destinación específica, consistente en
reducir la sobreoferta de vehículos en la ciudad de Bogotá; no goza
de la calidad de impuesto, tasa o contribución parafiscal, y su objeto
es la compra de los vehículos que deben salir de circulación para
elevar la eficiencia de la movilidad de la ciudad en materia de
transporte público colectivo.

Para mayor claridad del punto dilucidado, la Sala considera
pertinente traer a colación el Concepto 43 de 18 de octubre de 2005,
rendido por la Secretaría General de la ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ, sobre la naturaleza y la competencia para establecer estos
recursos, en el cual se consigna, lo siguiente:

“[…] Precisados los conceptos anteriores, debemos remitirnos a las
normas ya analizadas encontrando que el factor de calidad del
servicio para la compra de vehículos, no goza de las
características anteriormente descritas para los impuestos,
tasas o contribuciones parafiscales, sino que éste fue
incorporado como un factor dentro de la estructura de la
tarifa del servicio, para que las empresas de transporte puedan
cumplir con la acreditación del índice de reducción de la sobreoferta,
a raíz de la entrada del sistema Transmilenio en la ciudad, dicho
factor, por ministerio de la ley, debe ser administrado a través de
una fiducia, con el objeto de la compra de los vehículos que deben
salir de circulación, luego no corresponde a un ingreso de carácter
público por lo que mal podría pensarse que su recaudo y control y
ejecución radique en cabeza del Distrito Capital." (Subrayas fuera
de texto).

"Respecto a la facultad de la Secretaría de Tránsito y transporte de
Bogotá, para incluirle el factor de calidad del servicio en materia
operativa en la tarifa, tiene su fundamento legal en la Resolución
Nro. 4350 de 1998, expedida por el Ministerio de Transporte, la cual
a su vez tiene sustento jurídico en el Decreto 2171 de 1992 y los
artículos 29 y 30 de la Ley 336 de 1996, la cual establece en su
artículo 4º:

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"Las autoridades competentes en la determinación de los
costos y las tarifas, podrán utilizar adicionalmente otros
factores de cálculo que contemplen la calidad del servicio en
materia de seguridad, comodidad y operación, siempre y
cuando éstos factores formen parte del sistema de
transporte y estén debidamente justificados técnica y
económicamente." (Subrayas fuera de texto).

Pudiéndose así colegir, que el "factor de calidad del servicio" no
constituye per se un tributo, sino un factor de cálculo o elemento a
liquidar en la estructura de la tarifa del servicio de transporte público
de pasajeros; de tal manera que, en la medida que dicha tarifa
constituye una tasa legalmente autorizada, el "factor de calidad del
servicio" es solo un componente adicional en la liquidación de una
tasa.

PREGUNTAS

1. ¿A quién pertenecen los dineros consignados para disminuir la
sobreoferta de vehículos del servicio colectivo?

Siendo claro que la destinación específica de dichos recursos
es la compra de los vehículos que se retirarán de circulación
para la acreditación del índice de reducción de sobreoferta,
y que en tanto se encuentran incorporados a la tarifa que las
empresas transportadoras recaudan directamente de los
usuarios del servicio, son recaudados por éstas para ser
consignadas en las fiducias autorizadas por la Secretaría de
Tránsito y Trasporte de Bogotá D.C., estos recursos
constituyen "dineros públicos" cuya propiedad no pueden
exigirla ni la autoridad que los dispuso, en tanto no se
pueden incorporar a su presupuesto; ni las empresas que los
recaudan, pues no corresponden ni a costos ni a utilidad del
transportador; ni las fiducias o patrimonios autónomos que
los reciben, pues éstos son solo administradores de dichos
recursos. (la Sala destaca y Subraya).

Es importante mencionar al respecto que la Contraloría de Bogotá
en su último Informe de Auditoría Integral, practicado a la
Secretaría de Tránsito sobre el tema del factor de calidad, precisó:

"Para la Contraloría de Bogotá DC, es claro que todos los dineros
que aportan los usuarios del transporte público de pasajeros
e incorporado en la tarifa del pasaje, que no corresponden
en la estructura de la tarifa ni a costos ni a utilidad del
transportador, al ser aportados por los usuarios de
transporte público colectivo de pasajeros, con destino al
Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio, son

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dineros públicos, razón ésta por la cual el diferencial no
consignado más los rendimientos financieros no percibidos. se
constituyen en un daño al patrimonio público." (la Sala destaca y
subraya).

2. ¿Cuál sería el destino de los dineros aportados al Fondo?

Como ya se mencionó, conforme el artículo 25 del Decreto 115 y el
artículo 11 de la Resolución 392 de 2003, con los recursos
recaudados por concepto del factor de calidad del servicio debe
constituirse un patrimonio autónomo a través del cual una fiduciaria
los administrará y utilizará para la compra de vehículos que se
retirarán de circulación, con el fin de disminuir la sobreoferta que
existe en la ciudad.

Al respecto, mediante Circular N.º 009 del 18 de agosto de 2005,
dirigida a las Empresas y Propietarios de Transporte Público
Colectivo de Bogotá, el Secretario de Tránsito y Transporte de
Bogotá, al pronunciarse sobre la vigencia de las normas contenidas
en el Decreto 115 de 2003 relacionadas con el factor de calidad,
entre otros manifestó:

"Visto lo anterior, se reitera que los montos recaudados por el factor
de calidad más sus rendimientos financieros, tienen una destinación
específica que es el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del
Servicio, situación que obliga a las empresas de transporte público
colectivo a transferir dichos dineros públicos a las sociedades
fiduciarias acreditadas por la Secretaría de Tránsito y Transporte.

En consecuencia, los dineros públicos recaudados y aquellos
que sean recepcionados, por concepto del factor de calidad,
mientras la norma continúe vigente, no deben estar
depositados en cuentas particulares de las empresas de
transporte público colectivo o en custodia de los
propietarios, sino en las sociedades fiduciarias. (la Sala
destaca y subraya).

Por último, dada la condición de dinero público del factor de
calidad, que éste tiene un origen en el usuario del servicio y
un destino específico que es el Fondo para el Mejoramiento
de la Calidad del servicio, las empresas de transporte público
colectivo y los propietarios afiliados a las mismas, deberán dar
estricto cumplimiento al Decreto 115 de 2003; sin que resulte viable
considerar la opción de una devolución de los dineros, por ser clara
la violación a la norma vigente."(la Sala destaca y subraya).

3. ¿Quién podría disponer de los dineros del Fondo y con base en
que soporte?

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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Distrital
115 de 20032, con los recursos por factor de calidad, cada empresa
transportadora debe constituir un patrimonio autónomo (Fondo
para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio) que será
administrado por una Sociedad Fiduciaria acreditada y autorizada
por la Secretaría de Tránsito y Transporte.

4. ¿Cuál sería el procedimiento para su utilización?

Siendo claro que la destinación de dichos recursos es la adquisición
de los vehículos de servicio público de pasajeros que saldrían de
circulación, el procedimiento para su utilización es el que se infiere
de los artículos 8 y 9 de la Resolución 392 de 2003 y el 26 del
Decreto Distrital 115 de 2003 […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

En términos generales, la Sala comparte lo que sostuvo el Tribunal
en cuanto a que los dineros que aportan los usuarios del transporte
público de pasajeros, incorporado en la tarifa del pasaje, que no
corresponden a la estructura de la tarifa, a costos ni a utilidad del
transportador, al ser aportados por los usuarios de transporte público
colectivo de pasajeros, con destino al Fondo para el Mejoramiento de
la Calidad del Servicio público de transporte colectivo, son dineros
públicos y, cuando no se dan los resultados previstos, ya sea porque
las empresas no han realizado el recaudo correspondiente, o no han
transferido a la fiduciaria todos los recursos recaudados, o porque los
recibidos por las fiduciarias no han sido aplicados íntegramente a la
destinación que específicamente señala la normativa aplicable, es
competencia de los órganos de control fiscal adoptar las medidas
pertinentes, independientemente de la procedencia de otras acciones
judiciales, penales, disciplinarias o administrativas que igualmente
puedan incoarse.

V.5.- Caso concreto

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La Sala dirimirá la cuestión, teniendo como referencia lo planteado
por la demandante en el recurso de apelación, y posteriormente hará
lo propio con respecto a los cuestionamientos que sustentan la
impugnación presentada por la demandada.

V.5.1.- Adujo la demandante TRANSCONFORT S.A., en su recurso
que el a quo, en la sentencia recurrida, al pronunciarse sobre el fondo
del asunto, consideró que la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. sí
era competente para ejercer el control fiscal objeto de discusión, lo
que, a su juicio, contradice las normas y la jurisprudencia que tienen
que ver con la materia.

Sin embargo, la Sala, contrario a lo afirmado por la parte actora,
como ya lo anunció, considera acertadas las conclusiones a las que
arribó el Tribunal al respecto, ya que, como se desprende claramente
de las normas de orden constitucional y legal que se trajeron a
colación, y de los antecedentes jurisprudenciales citados, la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y las contralorías
territoriales cuentan con competencia para ejercer control fiscal
adelantando procesos contra los servidores públicos o particulares,
con el fin de determinar y establecer la responsabilidad fiscal a que
haya lugar cuando estos, en ejercicio o con ocasión de la gestión
fiscal, causen, por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, un
daño al patrimonio público.
Ahora bien, según la demandante, el artículo 2735 del Decreto
Distrital 115 de 2003, dispuso que las sanciones por la violación en

35 Artículo 27. Sanciones. - El Organismo de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. impondrá a las

empresas que incumplan las disposiciones del presente Decreto las sanciones establecidas por la ley
y demás normatividad vigente sobre la materia, especialmente las establecidas por los artículos 10
de la ley 105 de 1993 y 46 numeral e) de la Ley 336 de 1996.

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el recaudo, traslado y manejo de los dineros del factor de calidad
sería competencia de la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Bogotá -hoy Secretaría Distrital de Movilidad-, bajo las normas,
parámetros y procedimientos de orden nacional que regulan el
servicio público de transporte, mas, en ningún caso, mediante la
aplicación de las normas relacionadas con la responsabilidad fiscal.

En relación con el punto, para la Sala, es pertinente recordar que,
conforme con lo previsto en el parágrafo 1°, del artículo 4, de la Ley
610, la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente de
cualquier otra clase de responsabilidad, y se establece a través de un
proceso eminentemente administrativo, que recae sobre la gestión y
manejo de bienes públicos; y que, además, es de naturaleza
patrimonial y no sancionatoria, por cuanto su declaratoria acarrea el
resarcimiento del daño causado por la gestión irregular realizada.

Por lo tanto, cuando la norma citada expresa que el organismo de
Tránsito y Transporte de Bogotá impondrá a las empresas que
incumplan las disposiciones del Decreto 115 de 2003, las sancionas
establecidas por la ley, y demás normas vigentes sobre la materia,
hace referencia a las sanciones especialmente establecidas en los
artículos 10, de la Ley 105 de 1993 y 46, numeral e), de la Ley 336
de 1996, como son: la amonestación, multas, suspensión o
cancelación de licencia, registro o permisos de operación de las
empresas de transporte.

No obstante, lo anterior, según lo dispone el artículo 3°, del Decreto
470 de 200336, la Secretaría de Tránsito y Transporte, debe reportar

36 ARTÍCULO 3º. Obligaciones de reporte. La Secretaría de Tránsito y Transporte deberá presentar

como mínimo con una periodicidad de un mes, ante la Junta Directiva del FONDATT, el Comité de

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a la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., este tipo de situaciones a
fin de que esta ejerza el control fiscal a que haya lugar sobre los

dineros correspondientes al factor de calidad.

Ahora bien, resulta pertinente poner de presente que la Corte
Constitucional, en la sentencia que declaró la exequibilidad parcial
del inciso 2o. del artículo 4o. de la Ley 42 de 1993, “[…] Sobre la
organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos
que lo ejercen […]”, razonó, así:

“[…] La Constitución Política, en desarrollo del esencial principio de
la separación de poderes, dispuso que son ramas del poder público,
la legislativa, la ejecutiva y la judicial; con lo cual se entiende la
determinación superior del constituyente, de especializar la toma de
las decisiones y las acciones del poder público, con el propósito no
sólo de buscar mayor eficiencia en el logro de los fines que le son
propios, sino también, para que esas competencias así
determinadas, en sus límites, se constituyeran en controles
automáticos de las distintas ramas entre sí, y, para, según la
afirmación clásica, defender la libertad del individuo y de la persona
humana.

“Agrega la Constitución, en su lógica distributiva de las funciones
públicas que, además de los órganos que integran a aquellas Ramas
del poder público, existen otros, autónomos e independientes, para
el cumplimiento de las demás funciones del Estado, (art. 113 C.N.),
denominados "órganos de control", entre los que se encuentran,
además del Ministerio Público, la Contraloría General de la República
(artículo 117), a cuyo cargo está la vigilancia de la gestión fiscal y el
control de resultados de la administración. Esta lógica de
separación, independencia y autonomía otorgada a la Contraloría
General de la Nación anuncia por sí misma, la concepción que se
consagra en la nueva Constitución, del control fiscal, separado, de
manera rotunda, del anterior de la Carta de 1886, que lo involucraba
en el proceso gerencial de la administración.

Movilidad, la Personería y la Contraloría Distrital un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones
de las empresas de transporte público colectivo frente al recaudo del factor de calidad, la evolución
financiera del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio y el cumplimiento de la
Secretaría de Tránsito y Transporte de las obligaciones establecidas en este Decreto.

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Actor: TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORT S.A.- TRANSCONFORT S.A.

“De donde se desprende que el texto constitucional posibilita la
reorientación del control fiscal que, además de la protección del
patrimonio público y la exactitud de las operaciones y de su
legalidad, se deberá ocupar del "control de resultados", que
comprende las funciones destinadas a asegurar que los recursos
económicos se utilicen de manera adecuada para garantizar los
fines del Estado previstos en el artículo 2o. de la norma
constitucional.

“La función pública del control fiscal, fue atribuida a la Contraloría
General de la República (art. 267), y, en los departamentos, distritos
y municipios se adelantará por sus contralorías, y en caso de que la
ley no determine autonomía del orden municipal en el control fiscal,
la vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías
departamentales (art. 272 C.N.). En el marco de la democracia
participativa adoptada como elemento esencial de la República, se
dispuso la intervención ciudadana mediante ley, que organizará las
formas y los sistemas de participación, que permitan vigilar la
gestión pública que se cumpla en los diversos niveles
administrativos y sus resultados (art. 270 C.N.).
[…]
“Al crear el precepto auditores y auditorías, como organismos
encargados del control fiscal, distintos de los señalados por la Carta
Política para cumplir ese cometido público, resulta ese
desbordamiento, contrario a la Norma de normas, y, en
consecuencia, inexequibles las expresiones normativas acusadas.
No puede existir instancias de control fiscal sustitutivas de
las que aquellas contralorías desempeñan por mandato
constitucional, y entronizadas como parte de la
administración en general, ni de la administración en
particular de las empresas públicas municipales, como lo
indica el inciso en examen […]37” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

Las citadas precisiones de la Corte Constitucional guardan
consonancia con lo expresado por esta Sección en la varias veces
citada sentencia de 26 de abril de 200738, la cual, con respecto a la
competencia de los entes de control para ejercer la vigilancia sobre
los dineros del factor de calidad, expresó: “[…] Ahora bien, si en la

37 Corte Constitucional, sentencia C-534 de 11 de noviembre de 1993. Magistrado Ponente, Dr. Fabio

Morón Diaz.
38 Cit. Sentencia de 26 de abril de 2007, número único de radicación 25000232400020030083402,

consejero ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

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práctica y en lo que lleva de vigencia el decreto acusado no se han
dado los resultados deseados y esperados, ya porque las empresas
no han transferido a la fiduciaria todos los recursos recaudados hasta
la presente o porque los recibidos por las fiduciarias no se han
aplicado íntegramente a la destinación que específicamente le señala
el Decreto, no es algo que atañe a la legalidad y constitucionalidad
del mismo, sino a razones prácticas del cumplimiento de éste, que
no son del ámbito de la acción que aquí se decide, sino que son del
resorte de los órganos de control y de otras acciones
judiciales[…].” (la Sala destaca y subraya).

Reitera la Sala que el artículo 25 del Decreto Distrital 115 de 2003,
otorgó a las empresas transportadoras de servicios públicos, entre
las que se encuentra la parte actora, la facultad de recaudar los
recursos destinados al denominado factor de calidad, agregados
como parte de la Tarifa, dineros que aportan los usuarios del
transporte público de pasajeros incorporado en el valor del pasaje,
que no corresponden a la estructura de la tarifa, a costos, ni a utilidad
del transportador, con destino al Fondo para el Mejoramiento de la
Calidad del Servicio, motivo por el cual dichas empresas adquirieron
la calidad de gestores fiscales, y, consecuentemente, el debido
ejercicio de la actividad de recaudo a su cargo es susceptible de
vigilancia y control, en este caso, de la CONTRALORÍA DE
BOGOTÁ, D.C., conforme se desprende de las normas y de la
jurisprudencia anteriormente referidas.

De allí que, para la Sala, son de recibo las conclusiones a las que
arribó el a quo sobre el punto, al manifestar: “[…] Así las cosas, es
diáfana la competencia del ente de control para sancionar el

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incumplimiento de los transportadores al omitir el desembolso del
costo por concepto del factor de calidad, en virtud de la facultad
conferida por el artículo 268 de la Constitución Nacional en
concordancia con el Decreto 1421 de 1991, conforme a lo establecido
en el artículo 267 constitucional. De igual manera, tampoco se
avizora la falsa interpretación de las providencias mencionadas como
lo aduce el demandante, por manera que los cargos endilgados no
tienen vocación de prosperidad […]”.

Tampoco comparte la demandante las consideraciones del a quo con
respecto al carácter que tienen los dineros del factor de calidad del
servicio, pues, desde su punto de vista, aquel no tuvo en cuenta que
su destinación era, básicamente, efectuar la compra de vehículos de
propiedad de particulares que excedían la capacidad transportadora
de las empresas a las cuales estaban afiliados, y que debían ser
retirados del servicio (chatarrizados); que el factor de calidad no es
ningún tributo, por ende no es dinero que tenga vocación de engrosar
el patrimonio del Estado y, por ende, no se incorporaban al
presupuesto distrital, lo que, según la recurrente, reafirma el hecho
de que no existe ni existió daño patrimonial alguno al Distrito
Capital.

Al respecto, la Sala considera que no le asiste la razón a la apelante,
quien, por lo demás, retoma los mismos argumentos consignados en
la demanda, que fueron desestimados por el Tribunal en la sentencia,
sin aportar nuevos elementos de juicio fáctico-jurídicos que permitan
a esta instancia confrontarlos con las razones que sustentan las
conclusiones a las que arribó el fallo de primera instancia sobre el
particular.

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En este sentido, es menester señalar que, la carga de sustentación
que corresponde cumplir a la parte recurrente, como bien se sabe,
no se satisface con la simple manifestación de disenso frente a la
providencia recurrida, tampoco con la sola solicitud de que se
revoque para que, en su lugar, se acceda al reconocimiento de los
intereses de la parte inconforme o con la mera reiteración de las
razones expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la
demanda o en la contestación, pues, lo que la ley impone es que se
ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de
sustento a la providencia confutada en aquello que se considere
desfavorable, no solo porque la decisión sea contraria a los intereses
de quien la impugna, sino, porque exista en realidad, a su juicio, una
o varias razones por la que piense que lo resuelto en primera
instancia no corresponde, en derecho, a una decisión acertada.

Por lo demás, la destinación específica de los recursos del factor de
calidad para la compra de los vehículos que se retirarán de
circulación, que se encuentran incorporados en la tarifa, y que las
empresas transportadoras deben recaudar para ser consignados en
las fiducias autorizadas por la Secretaría de Tránsito y Trasporte de
Bogotá D.C., sí constituyen dineros públicos, cuya propiedad no
puede exigirla ni la autoridad que los dispuso, en tanto no se pueden
incorporar a su presupuesto; ni las empresas que los recaudan, ni
las fiducias o patrimonios autónomos que los reciben, pues éstos son
solo administradores de dichos recursos.

En consecuencia, para la Sala, acertó la CONTRALORÍA DE
BOGOTÁ, D.C., en tanto consideró que todos los dineros que aportan

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los usuarios del transporte público de pasajeros incorporados en la
tarifa del pasaje, que no corresponden a la estructura de la tarifa, al
ser aportados por los usuarios del transporte público colectivo de
pasajeros, con destino al Fondo para el Mejoramiento de la Calidad
del Servicio, son dineros públicos, razón ésta por la cual “[…] al
no ser recaudados por las empresas de transporte público y
tampoco consignados en las fiducias autorizadas por la
Secretaria de Transporte y Tránsito, se constituyen en un
daño al patrimonio público […]”.

Conforme con lo anterior, los reproches de la recurrente que se han
examinado, como también lo advirtió el a quo, no están llamados a
prosperar.

De otra parte, según la recurrente, es errónea la postura del Tribunal
con respecto a la demostración de los elementos que configuran la
responsabilidad fiscal, por cuanto: a) está probado en el proceso que
los dineros del factor de calidad no están incorporados al presupuesto
distrital y no son públicos, lo que reafirma que no existió daño al
patrimonio del Estado; y b) a las empresas de transporte público
colectivo de Bogotá, D.C., conforme a las normas que regulan el
servicio público de transporte terrestre automotor colectivo, y en
especial los decretos distritales 115 de 2003 y 470 de 2003
(derogado), no le asignaron competencias fiscales o de
administración de recursos del Distrito Capital.

Al respecto, la Sala observa que, de una parte, la recurrente no
cumplió con la carga de sustentación que le correspondía, la cual, se
reitera, no se satisface con la simple manifestación de disenso frente

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a la providencia recurrida o con la mera reiteración de las razones
expuestas en la demanda, en tanto se limitó a exteriorizar
afirmaciones subjetivas y no a señalar las razones lógico-jurídicas
por las cuales, a su juicio, lo considerado y fallado en primera
instancia no se ajustaba a derecho.

Seguidamente, la Sala reitera que, como ha quedado evidenciado en
el decurso del presente proveído, i) el Decreto distrital 115 de 2003,
previó que los recursos del factor de calidad serán recaudados
directamente por las empresas de transporte, circunstancia que
les otorga la condición de gestores fiscales de conformidad con
lo previsto en el artículo 3°, de la Ley 61039; ii) todos los dineros que
aportan los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros,
incorporados en el valor del pasaje, que no corresponden a la
estructura de la tarifa, con destino al Fondo para el Mejoramiento de
la Calidad del Servicio, son dineros públicos, razón por la cual el
diferencial no recolectado ni consignado en los fondos respectivos,
ocasionan un daño al patrimonio público; y iii) las contralorías
(General y territoriales) por disposición constitucional y legal,
cuentan con competencia para ejercer el control fiscal y adelantar
procesos contra los servidores públicos, los particulares, las personas
jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje
fondos o bienes del Estado.

39 “[…] Artículo 3º. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión

fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores
públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos
públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración,
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los
bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir
los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía,
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos
ambientales […]”.

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Conforme con lo anterior, en el desarrollo de la actuación fiscal se
estableció que el Distrito Capital sufrió desmedro económico; en
efecto, precisamente el objeto de la averiguación adelantada era
desentrañar e identificar a los responsables fiscales y los perturbados
con su conducta, que, para el caso concreto, resultó ser la Secretaría
Distrital de Movilidad, entidad del orden distrital, vinculada en su
oportunidad y en debida forma al proceso en mención.

Es así como la Sala estima que la actuación reprochable de la
sociedad TRANSCONFORT S.A. estuvo enmarcada dentro de los
presupuestos legales considerados como quebrantados por los actos
administrativos acusados, por haberse demostrado su
responsabilidad en el daño ocasionado al organismo distrital al no
entregar los dineros correspondientes al Fondo para el Mejoramiento
de la Calidad del Servicio, por manera que no tiene razón al
manifestar que existió una indebida aplicación del artículo 5 de la Ley
610 por parte de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., y, en
consecuencia, el cargo endilgado no tiene vocación de prosperidad.

Igualmente, la recurrente cuestiona la decisión del Tribunal de no
declarar la prescripción del proceso de responsabilidad fiscal, al pasar
por alto que la Resolución 205 de 16 de febrero de 2011, que aclara
apartes de la Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010, fue
consecuencia de unos oficios radicados el 24 de enero de 2011,
(decretados y adjuntados al expediente en esta instancia) que, una
vez examinados, se observa que están suscritos por el apoderado de
dos empresas implicadas, COMPAÑÍA METROPOLITANA DE
TRANSPORTES S.A. y BUSES ROJOS LTDA., dentro del término
de ejecutoria de 5 días que dispone el artículo 56 de la Ley 610, lo

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que pone de manifiesto que, hasta tanto no se resolviera la solicitud
de aclaración, dicha resolución no estaría en firme, según lo que
dispone el artículo 331 del C. de P.C.

Para la Sala, es preciso señalar al respecto que, tratándose de la
caducidad y prescripción en materia de responsabilidad fiscal, la Ley
610, en su artículo 9º, prevé lo siguiente:

“[…] Artículo 9º. Caducidad y prescripción. La acción fiscal caducará
si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho
generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto
de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término
empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el
día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de
carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto.

La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años,
contados a partir del auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha
dictado providencia en firme que la declare […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Como puede observarse, en el asunto bajo examen, el acto
administrativo mediante el cual se dio inicio al trámite del proceso de
responsabilidad fiscal se expidió el 20 de enero de 2006, cuando la
Subdirección de Procesos de Responsabilidad Fiscal de la
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. avocó el conocimiento de los
hallazgos evidenciados en desarrollo del Plan de Auditoria Distrital
PAD 2004-2005, de donde se infiere que el término de los 5 años
para que se dictara providencia en firme que declarara la
responsabilidad fiscal, vencía el 20 de enero de 2011.

Mediante Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010, se
resolvieron los recursos de apelación y el Grado de Consulta dentro

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del proceso de responsabilidad fiscal 50100-002-0640, interpuestos
contra el Auto Nro. 001 de 13 de septiembre de 2010, por el cual se
profirió fallo con responsabilidad fiscal que recayó, entre otras
empresas, en contra de la demandante, quedando ejecutoriada el 18
de enero de 201141. Lo anterior evidencia que no se configuró la
prescripción alegada, por cuanto, se reitera, la Resolución 2088 de
16 de diciembre de 2010, quedó ejecutoriada el 18 de enero de
201142, en tanto que el término para la prescripción de la acción fiscal
vencía el 20 de enero de 2011.

En lo que atañe a la Resolución 205 de 16 de febrero de 2011,
advierte la Sala que ésta se profirió con el fin de corregir errores
numéricos y/o cambio de palabras contenidas en la parte
resolutiva, conforme a lo previsto en el artículo 31043 del CPC., sin
que se hubiese modificado la decisión, lo que indica que no se
revivieron ni suspendieron los términos de ejecutoria. Esta
circunstancia, en otro escenario, sí podría haberse alegado cuando
se pide aclaración o complementación de una providencia, conforme
a lo previsto en el artículo 331, idem, norma esta última, que
dispone: “[…] No obstante, en caso de que se pida aclaración o
complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá
una vez ejecutoriada la que la resuelva.”

40 Folios 254 a 302 del anexo 1.
41 Folio 305 anexo 1.
42 Idem.
43 Artículo 310. Corrección de errores aritméticos y otros. <Artículo derogado por el literal c)

del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual,
en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 140
del Decreto 2282 de 1989 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Toda
providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético, es corregible por el juez
que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible
de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de casación y revisión.
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará en la forma indicada
en los numerales 1. y 2. del artículo 320.
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras
o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.

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En esta oportunidad se observa que la Resolución 205 de 16 de
febrero de 201144 señala, lo siguiente:

“[…] Que después de haberse expedido la decisión anteriormente
mencionada, el apoderado de la Empresa BUSES ROJOS LTDA y la
COMPAÑÌA METROPOLITANA DE TRANSPORTES S.A, solicita la
corrección de error por cambio de palabras en la Resolución
precitada, fundamentándose básicamente en:

1. Que en el ARTÍCULO PRIMERO se dijo:” Confirmar en todas y
cada una de sus partes los Autos 001 del 13 de diciembre y del 22
de octubre de 2010, proferidos por la DIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA, de
conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta
providencia.

2.- Que en la resolución atacada se presenta un error o UN HECHO
NUEVO, por cuanto, entre los autos que se confirmaron, se relacionó
uno que no tiene ninguna relación con el proceso de la referencia, y
que no existe dentro del expediente, por lo que se constituye en un
hecho nuevo, no conocido y no resuelto, motivo por el cual
quedarían en la incertidumbre jurídica la confirmación o revocatoria
del fallo con responsabilidad fiscal.
(…)
Revisado el expediente, este Despacho encuentra que en realidad,
se incurrió en error, por cuanto la resolución número 2088 del 16
de diciembre de 2010 que decidió la segunda instancia, en su parte
resolutiva dijo: “Confirmar en todas sus partes los Autos 001 del 13
de diciembre y del 22 de octubre de 2010, proferidos por la
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION
COACTIVA, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de
esta providencia.”, a lo cual es pertinente señalar que la decisión a
la que hacía referencia aquella, era del 13 de septiembre de 2010 y
no 13 de diciembre de 2010, por lo que es necesario dar
cumplimiento a lo señalado en el Artículo 310 del Código de
Procedimiento Civil […].

RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el error o cambio
de palabra del Artículo Primero de la Resolución 2088 de
fecha 16 de diciembre de 2010, en el sentido de indicar: que “Se
confirman los Autos 001 del 13 de septiembre y del 22 de octubre
de 2010, proferidos por la DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD
FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA, de conformidad con lo

44 Folio 712 a 713 cuaderno de traslado No. 1.

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establecido en la parte motiva de esta providencia […].” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Así las cosas, en vista de que la anterior resolución se limitó a
efectuar una corrección de palabra sin la más mínima incidencia
en el sentido de la decisión adoptada, en los términos del artículo
310 del C. de P. C., y en modo alguno se trata de una aclaración o
complementación en los términos del artículo 311 idem, es claro
que la norma aplicable en esta oportunidad con respecto a la
ejecutoria del acto que finiquitó el procedimiento gubernativo fiscal,
es precisamente el artículo 56 de la Ley 610 que, de manera especial,
regula la materia, el cual, en los pertinente dispone: “[…] Artículo 56.
Ejecutoriedad de las providencias. Las providencias quedarán
ejecutoriadas: […] 3. Cuando los recursos interpuestos se hayan
decidido […]”.

De modo que, en lo que al punto bajo examen se refiere, la Sala
comparte lo manifestado por el Tribunal en el siguiente sentido: “[…]
En tal virtud, la Resolución Nro. 205 de 16 de febrero de 2011,
ejecutoriada el 16 de marzo de 2011, por medio de la cual se corrigió
la fecha del fallo con responsabilidad citada en la parte resolutiva de
la Resolución Nro. 2088 de 16 de diciembre de 2010, dado que en el
artículo primero se indicó que se confirmaba en todas sus partes los
Autos 001 de 13 de diciembre y de 22 de octubre de 2010, cuando
lo correcto era el Auto 001 de 13 de septiembre del mismo año, no
modifica la firmeza de tal decisión, motivo por el que este alegato
tampoco prospera […]”.

De acuerdo con lo anteriormente analizado, ninguno de los motivos
de impugnación propuestos por la parte demandante, cuenta con el

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mérito suficiente para desvirtuar la decisión del Tribunal de denegar
las demás pretensiones de la demanda.

V.5.2.- La CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., por su parte,
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, en lo que tiene que ver con lo considerado por el Tribunal
en el sentido de que los actos acusados fueron proferidos con
violación del debido proceso, del derecho de defensa y del derecho a
la igualdad, por cuanto la decisión que desató los diversos recursos
de apelación interpuestos por las varias empresas de transporte
implicadas, omitió pronunciarse sobre los fundamentos esbozados
por la empresa demandante en su escrito de impugnación.

Tal fue la razón por la cual el a quo declaró la nulidad parcial de la
Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010, únicamente en lo que
tenía que ver con TRANSCONFORT S.A., y ordenó a la
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., que desatara en debida forma
el recurso de apelación interpuesto por dicha empresa contra el Auto
001 de 13 de septiembre de 2010.

En contra de las consideración del Tribunal sobre el punto, la
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. adujo que el recurso de
apelación interpuesto por la demandante contra el Auto 001 de 13
de septiembre de 2010, se refirió a dos puntos específicos: “el factor
de calidad no hace parte del patrimonio público, por ende no ocasiona
daño patrimonial al Estado” y “Culpa o hecho exclusivo de un
tercero”45, y la Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010,
proferida por el contralor de Bogotá, D.C., sí se ocupó en las

45 Folios 16889 a 16895 del expediente de responsabilidad fiscal.

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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2011 00463 03
Actor: TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORT S.A.- TRANSCONFORT S.A.

“CONSIDERACIONES DEL DESPACHO” -acápite del acto
administrativo que motiva la decisión- de examinar ampliamente los
argumentos esbozados en el recurso interpuesto por
TRANSCONFORT S.A., ya que allí, además de dilucidarse lo
relacionado con la competencia del ente de control distrital para
investigar las conductas de los gestores fiscales de los bienes del
Estado, se explicó la razón por la cual el factor de calidad hacía parte
del patrimonio público, y por qué existió un daño que debía ser
resarcido.

Así mismo, en el contenido de dicho apartado quedó claro que el
contralor distrital de Bogotá, D.C., confirmó la sanción impuesta,
entre otras razones, porque el recaudo de los dineros discutidos era
función de cada una de las empresas transportadoras y no de los
dueños de los vehículos.

La CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. hizo énfasis en cuanto a que,
con la expedición de la Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010,
no vulneró el derecho al debido proceso ni los derechos de defensa e
igualdad de la parte actora por cuanto las motivaciones de dicho acto
sí se refieren in extenso a los cuestionamientos que aquella planteó
en el recurso de apelación interpuesto.

Ahora bien, la Sala al examinar lo que se consideró en la Resolución
2088 de 16 de diciembre de 2010 con relación con el recurso de
apelación interpuesto por la demandante contra el Auto 001 de 13
de septiembre de 2010, mediante el cual se falló con responsabilidad
fiscal dentro del proceso Nro. 50100-002-06, se advierte lo siguiente:

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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2011 00463 03
Actor: TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORT S.A.- TRANSCONFORT S.A.

En el acápite denominado “FUNDAMENTO DE LOS RECURRENTES”,
en el ítem 20, se consignó, lo siguiente:

“[…] 20.- La apoderada de Transportes Radio Taxi Confort S.A. –
TRANSCONFORT S.A., presentó recurso de apelación contra el
Auto No. 001 del 13 de septiembre de 2010 […]”.

A lo cual él a quo contesto:

“[…] Por ser interpuesto oportunamente, se concede el recurso de
Apelación propuesto por Transportes Radio Taxi Confort S.A. –
TRANSCONFORT – y para el efecto se dará traslado al despacho del
señor Contralor a través de la Oficina Asesora Jurídica, de
conformidad con la competencia establecida en la Resolución
Reglamentaria 011 de 2010, artículo 5 […]”.

Más adelante, en el mismo acápite, se dijo:

“Se concedieron los recursos de apelación propuestos contra el fallo
con responsabilidad fiscal Nro. 001 de 13 de septiembre de 2010,
por las siguientes Empresas de Servicios Públicos: (1)[…]; (21)
Transportes Radio Taxi Confort S.A. – TRANSCONFORT S.A.,
identificada con el número de NIT No. 800007282-4”.

Seguidamente, bajo el epígrafe “CONSIDERACIONES DEL
DESPACHO”, se expresa, lo siguiente:

“[…] Tuvo su origen el presente proceso, en el hallazgo fiscal, con
base en auditoría realizada por la dirección ante la STT-FONDATT,
donde se encontraron presuntas irregularidades en la gestión que
legalmente debía adelantar la Secretaría de Tránsito y Transporte
de Bogotá D.C. y los empresarios del transporte, para prestar el
servicio de transporte público colectivo en la Ciudad de Bogotá D.C.,
al omitir realizar el procedimiento establecido para obtener el
recaudo, manejo y traslado de los recursos provenientes del factor
de calidad del Servicio con destino al Fondo para el Mejoramiento
de la Calidad del Servicio en las fiducias autorizadas, hoy por la
Secretaria de Movilidad para su administración y cuyo propósito es
la reposición de vehículos y así mejorar la calidad del servicio al
usuario.

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Actor: TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORT S.A.- TRANSCONFORT S.A.

“Corresponde a este despacho pronunciarse respecto de los
recursos de apelación interpuestos contra el fallo 001 del 13
de septiembre de 2010, por el cual se fijo responsabilidad fiscal
como resultado de las irregularidades encontradas en el recaudo,
manejo y traslado de los dineros del factor de calidad del Servicio al
Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio, a las
empresas Empresas de Transporte Público Colectivo, autorizadas
por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá- FONDATT,
hoy Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C., para prestar el
servicio en la ciudad de Bogotá. Ordenado su recaudo través del
Decreto Distrital Nro. 115 de 2003, cuya cuantía asciende a la suma
de Veinte Mil Setecientos veintitrés Millones Ciento Treinta y Cinco
Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos con Cincuenta Centavos
($20.723.135.858.5) M/CTE.
[…].
3 Como bien lo anotó la primera instancia, la Contraloría de Bogotá
D.C. es competente para conocer del presente asunto, por cuanto
dicha competencia se fundamenta constitucionalmente en el artículo
268 cuando se faculta al Contralor General para ejercer el control
fiscal a los gestores fiscales acorde con el Decreto 1421 de 1991 y
se concede igual facultad al Contralor de Bogotá. Por ello, el artículo
267 de la Constitución Política establece que serán sujetos del
control fiscal quienes sean gestores de los bienes del Estado, sin
importar que tengan la calidad de funcionarios públicos o
particulares, lo importante es que tengan la capacidad de
disposición de los bienes que le son entregados. En el caso que nos
ocupa caso, es el importante señalar que el artículo 25 del Decreto
1155 de 2003, estableció el factor de calidad y lo define de la
siguiente forma: “Artículo 25. Inclusión del factor de calidad
del servicio para la compra de vehículos en la tarifa. Los
recursos necesarios para la compra de los vehículos que se retirarán
de circulación para la acreditación del índice de reducción de
sobreoferta, se originarán en el factor de calidad del servicio
en materia operativa que se incorporará a la tarifa, según el
valor que determine la Secretaría de Tránsito y Transporte.

Este factor, que tendrá una destinación específica, será recaudado
directamente por las empresas de transporte bajo esquemas
operativos que centralicen en la empresa el recaudo de la tarifa por
la utilización de los servicios de transporte.

Con los recursos recaudados por concepto de factor de calidad del
servicio para la compra de vehículos, se constituirá un
patrimonio autónomo a través del cual la fiduciaria los
administrará y utilizará como fuente de pago para los efectos
previstos en el numeral 2º del artículo 23 del presente decreto.

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Actor: TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORT S.A.- TRANSCONFORT S.A.

La norma transcrita otorgó la facultad de recaudo de estos dineros
del factor de calidad a las empresas transportadoras del servicio
público, las cuales fueron previamente constituidas y aprobadas por
la entidad competente; dineros que tenían una destinación
específica y que para su recaudo las Empresas se obligaron a
constituir esquemas operativos para centralizar el recaudo de la
tarifa, constituyendo patrimonio autónomo a través de una
fiduciaria para que los administrara. Estos dineros no son de
propiedad de la Empresa Transportadora, sino que tienen una
destinación específica, el mejoramiento en la prestación de un
servicio público.

Por ello, cuando se presenta el incumplimiento de los
transportadores, al no recaudar y trasladar a las fiduciarias los
dineros correspondientes al factor de calidad, entra a funcionar la
facultad de ejercer control fiscal de la Contraloría para determinar
las responsabilidades correspondientes; de ahí que se dio inició a
este proceso de responsabilidad fiscal, para buscar el resarcimiento
del daño patrimonial ocasionado al Distrito Capital

Igualmente, se reitera lo afirmado en el fallo recurrido, al mencionar
la Sentencia del Consejo de estado, esgrimida por los recurrente, en
la cual se determina que los entes de control pueden sancionar el
incumplimiento de los transportadores al no entregar los dineros
correspondiente al factor de calidad, cuando dice: I Ahora bien, si
en la práctica y en lo que lleva de vigencia el decreto acusado no se
han dado los resultados deseados y esperados, ya porque las
empresas no han transferido a la fiduciaria todos los recursos
recaudados hasta la presente o porque los recibidos por las
fiduciarias no se han aplicado íntegramente a la destinación que
específicamente le señala el Decreto, no es algo que atañe a la
legalidad y constitucionalidad del mismo, sino a razones prácticas
del cumplimiento de éste, que no son del ámbito de la acción que
aquí se decide, sino que son del resorte de los órganos de control y
de otras acciones judiciales 39 /AT ….(Negrilla fuera de texto).

Es esta la oportunidad para manifestar, que el Consejo de Estado
en la sentencia aludida, no asigna competencia a la Contraloría,
puesto que esta es una facultad Constitucional establecida en el
artículo 268. Cuando se faculta al Contralor General para ejercer el
control fiscal a los gestores fiscales acorde con el Decreto 1421 de
1991 se concede igual facultad al Contralor de Bogotá, en armonía
con artículo 267 de la Constitución Política, que establece que serán
sujetos del control fiscal quienes sean gestores de los bienes del
estado. Y de acuerdo con esa facultad, de conformidad con el
procedimiento establecido en la Ley 610 de 2000, se dio inicio al
presente proceso de responsabilidad fiscal, verificando, entre otros,
el cumplimiento de los derechos y obligaciones contenidos en el

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Decreto 115 de 2003 para las empresas transportadoras. Y la
Contraloría lo realiza, abriendo el proceso de responsabilidad fiscal
correspondiente, declarando la responsabilidad fiscal a quienes
ocasionaron el detrimento a las arcas del Distrito y obtener su
resarcimiento.

Tal como se planteó en la primera instancia, se estableció que los
Ingresos que provienen del Factor para el Mejoramiento de la
Calidad del Servicio tienen su origen en la prestación del servicio
público del transporte y su destinación para reducir el índice de
sobreoferta. Su origen se encuentra en un componente adicional a
la tarifa del servicio de transporte público colectivo, que es asumido
de manera directa por los usuarios del servicio de transporte público
colectivo y por lo tanto se confirma la connotación de
recursos de carácter público. (Negrillas fuera de texto)

En atención a lo determinado en la Ley 105 de 1993, numeral 2 del
Artículo 3, la Operación del Transporte Público es un servicio público
bajo el control y vigilancia del Estado, quien para una adecuada
prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad
deberá ser ejercida por la autoridad de tránsito respectiva, en este
evento por la Secretaría de Tránsito y Transporte.

Para el caso de Bogotá, a partir de la expedición del Decreto Distrital
No. 115 de 2003, se implementó, el Factor para el Mejoramiento de
la Calidad del servicio, incorporado a la tarifa; con el propósito de
que se constituyera un patrimonio autónomo por medio del cual las
fiduciarias a las que se determinará acreditación. Administran los
recursos para ser utilizados como fuente de pago con destino a la
adquisición de vehículos con el fin de que se haga realidad la
reducción de la sobre oferta.

Igualmente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 25 del
Decreto 115 de 2003, en concordancia con el artículo 12 de la
Resolución 392 del mismo año el recaudo de los recursos para
el mejoramiento de la calidad del servicio factor de calidad
deberá ser realizado de manera directa por las empresas de
transporte público, a través de un sistema centralizado.

Se logró demostrar que las empresas deben al Estado por concepto
de chatarrización las siguientes sumas de dinero: (1) […]; (21)
TRANSCONFORT identificada con el número de NIT No.
800007282-4 en cuantía individual de un mil trescientos cinco
millones seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y
siete pesos con veinte centavos ($ 1,305,4,547.2) M/CTE; […].

RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes
los Autos 001 del 13 de diciembre y del 22 de octubre de 2010,

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Actor: TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORT S.A.- TRANSCONFORT S.A.

proferidos por la DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y
JURISDICCIÓN COACTIVA de conformidad con lo establecido en la
parte motiva de esta providencia […]” (Negrillas y subrayas fuera
de texto).

Encuentra la Sala que, si bien en el mencionado acápite de
antecedentes se resumieron los argumentos formulados por las
empresas transportadoras en sus recursos de apelación, lo cierto es
que, en lo fundamental, las razones que tuvo en cuenta el contralor
distrital de Bogotá, D.C., para declarar imprósperos los recursos
interpuestos y confirmar, en todas sus partes, lo decidido en el Auto
001 de 13 de septiembre de 2010, aparecen en el acápite de
“CONSIDERACIONES DEL DESPACHO”, en el que verdaderamente se
dilucida, entre otros aspectos, (i) por qué lo relacionado con el factor
de calidad del servicio tiene la connotación de recurso público y (ii)
por qué la obligación de recaudo y consignación de dichos recursos
en las fiducias autorizadas, se encontraba en cabeza de las empresas
transportadoras, aspectos estos, en los que, como ya se advirtió, la
demandante, precisamente sustentó el recurso de apelación
propuesto contra el referido auto.

Ahora bien, la no inclusión en el acápite de “Fundamentos de los
recurrentes” de la Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010 del
resumen de los argumentos del recurso de apelación formulado por
la actora, los cuales obran a fls. 16889 a 16895 del cuaderno de
antecedentes administrativos, en el que básicamente se adujo que
(i) el factor de calidad del servicio de transporte no hacía parte del
patrimonio público, por ende, no se ocasionó ningún daño
patrimonial al Estado y (ii) que el no recaudo de dicho factor
sobrevino por culpa o hecho exclusivo de un tercero, en modo alguno
significa que deba desconocerse el hecho de que, en el epígrafe de

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“CONSIDERACIONES DEL DESPACHO”, como ya se dijo, se hayan
abordado, dilucidado y desestimado esos motivos de impugnación,
igualmente alegados por los demás recurrentes.

En efecto, si se analizan los recursos de apelación interpuestos por
las demás empresas implicadas en la actuación administrativa de que
aquí se trata, contra el auto que declaró su responsabilidad fiscal,
observa la Sala que la mayoría plantearon los mismos aspectos en
los que la demandante sustento su recurso, por lo tanto, con base en
los presupuestos propios del principio de igualdad, es procedente
concluir que, por tratarse de un tema común a todas ellas, las
motivaciones contenidas en el acápite de “CONSIDERACIONES DEL
DESPACHO”, debe predicarse de todas y cada una de las mismas,
incluida, desde luego, la demandante. No es dable afirmar entonces
que los motivos del recurso formulado por esta última, iguales a los
de las demás impugnantes, no se hayan tenido en cuenta.

Además, no puede perderse de vista que en el referido acápite de
“CONSIDERACIONES DEL DESPACHO” se afirma que se logró
demostrar que las empresas deben al Estado, por concepto de
chatarrización, las siguientes sumas de dinero: (21)
TRANSCONFORT S.A. la suma individual de $ 1.305.4.547,2
M/CTE, por lo que se resolvió confirmar en todas sus partes el auto
001 de 13 de diciembre de 2010, proferido por la DIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA, lo que
evidencia el hecho de que la situación particular de dicha empresa,
en su oportunidad, sí se tuvo en cuenta.

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Así las cosas, el hecho de que el contralor de Bogotá, D.C., en el
acápite de “Fundamentos de los recurrentes”, ítem 20, no haya hecho
un resumen de las explicaciones formuladas por la demandante en
su recurso, no constituye, per se, un error sustancial violatorio del
debido proceso, del derecho de defensa y del derecho a la igualdad,
ya que, como se ha explicado, en las consideraciones de la
Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010, se plasmaron los
motivos del ente de control para considerarlos imprósperos.

Para la Sala, frente a la situación dilucidada, es pertinente traer a
colación lo que ha señalado esta Corporación en tratándose de la
magnitud y trascendencia que deben tener los vicios de trámite para
poder declarar la nulidad de los actos administrativos producto de
una actuación administrativa, en el siguiente sentido:

“[…] No toda irregularidad acaecida en el curso de un procedimiento
administrativo o inobservancia de los requisitos formales por parte
de la administración pública constituye por sí sola, un motivo para
declarar la nulidad de los actos administrativos producto de una
actuación administrativa. Estos solo podrán ser anulados, cuando
los vicios dentro del procedimiento impliquen el desconocimiento de
las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado con
su expedición, es decir, que la nulidad de un acto
administrativo por desconocimiento del debido proceso
puede ser decretada únicamente cuando dentro del
procedimiento para su expedición se presenten
irregularidades sustanciales o esenciales, que afecten las
garantías constitucionales del administrado. Una irregularidad
acaecida en el curso de un procedimiento administrativo se
considera sustancial, cuando incide en la decisión de fondo
que culmina con la actuación administrativa, contrariando
los derechos fundamentales del administrado, es decir, que
de no haber existido tal irregularidad, el acto administrativo
que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente distinto. Por el contrario, las
irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión
definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la relevancia
para generar la nulidad del mismo, pues, esto no desconoce la

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Actor: TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORT S.A.- TRANSCONFORT S.A.

finalidad del debido proceso administrativo, es decir, la protección
de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces los
vicios de procedimiento que no incidan en el fondo del
asunto discutido son considerados como irregularidades
intrascendentes o irrelevantes, que no tienen la virtud de
generar la nulidad del acto administrativo que define la
situación jurídica objeto de discusión […]”46 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Al amparo del anterior precedente jurisprudencial si, en gracia de
discusión, se aceptara que la presunta irregularidad que el Tribunal
hizo valer para declarar la nulidad parcial del acto acusado realmente
ocurrió, esta no era determinante para cambiar el sentido de la
decisión de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. de decretar la
responsabilidad fiscal contra las empresas de transporte implicadas
en el asunto pues, aun cuando se hubiese incluido en el acápite de
“fundamentos de los recursos” un apartado especial resumiendo los
fundamentos del recurso de la demandante, lo que, al parecer, según
la decisión del a quo, era lo que correspondía, no obstante que, como
se ha explicado, los mismos coincidían con los de las restantes
empresas de transporte recurrentes, la decisión no hubiese variado
por cuanto los cuestionamientos comunes relacionados con (i) la no
naturaleza pública del factor de calidad del servicio y (ii) la no
responsabilidad directa de las empresas frente a su recaudo por la
supuesta culpa exclusiva de un tercero, fueron motivadamente
desestimados, tanto en relación con la empresa demandante como
con respecto a las demás involucradas en la actuación fiscal
respectiva, en vista de que estas se encontraban en la misma
situación de igualdad factico jurídica, de modo que el sentido de la

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de

octubre de 2019, número único de radicación 76001-23-33-000-2014-00576-01, consejera ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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decisión del recurso no podía ser diferente para un u otra, sino igual
frente a todas.

Cabe recordar que el Tribunal, no obstante declarar la nulidad parcial
de la Resolución 2088 de 16 de diciembre de 2010, en lo que tiene
que ver con TRANSCONFORT S.A., por la concurrencia o
configuración de un defecto de trámite, bajo el entendido de que lo
decidido en el acto acusado permanecía incólume, continuó con el
examen de los demás cargos propuestos, motivo por el cual examinó
lo relativo a si el factor de calidad del servicio hacía parte del
patrimonio público; el daño como elemento de la responsabilidad
fiscal y la violación al debido proceso por la no vinculación al juicio
de responsabilidad fiscal de los propietarios de los vehículos de
servicio público afiliados a la empresa, desestimando todos estos
cargos, y negando las demás pretensiones de la demanda, por lo que
tampoco tendría sentido ordenarle a la CONTRALORÍA DE
BOGOTÁ, D.C. pronunciarse una vez más al respecto, una vez
avalada la legalidad de los aspectos jurídicos controvertidos.

Así las cosas, la Sala revocará la decisión de primera instancia en
cuanto declaró la nulidad parcial de la Resolución 2088 de 16 de
diciembre de 2010, en lo referente a TRANSCONFORT S.A., y
ordenó a la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. desatar el recurso
de apelación interpuesto por dicha empresa contra del Auto 001 de
13 de septiembre de 2010, por medio del cual se le imputó
responsabilidad fiscal y, en su defecto, denegará la pretensión de
nulidad que dicha corporación acogió con base en la violación del
debido proceso, defensa e igualdad, así como el consecuente
restablecimiento del derecho; y la confirmará, en lo demás.

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Ahora, en lo que respecta a las costas, se tiene que de conformidad
con lo previsto en el artículo 17147 del CCA, no hay lugar a condenar
en costas, por cuanto en este asunto no se aprecia por la Sala que
los apelantes hayan actuado de manera temeraria ni de mala fe,
razones más que suficientes para aplicar, de acuerdo con lo estatuido
en este trámite procesal, el criterio subjetivo 48 que impone que se
acredite la conducta de las partes para su fijación.

Finalmente, se tendrá a la doctora ALEXA TATIANA VARGAS
GONZÁLEZ como apoderada de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ,
D.C., de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes
en el índice 73 del expediente digital.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el
señor consejero PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA para
intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

47
ARTÍCULO 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998. Condena en costas. En todos los
procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por
las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos
del Código de Procedimiento Civil.
48
Esa valoración estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad
durante el proceso.

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SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior,
SEPARAR del conocimiento del mismo al mencionado consejero de
Estado.

TERCERO: REVOCAR los artículos primero y segundo de la
sentencia de 19 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Subsección C, en descongestión, y,
en su lugar, DENEGAR la nulidad parcial de la Resolución 2088 de
16 de diciembre de 2010 y el restablecimiento del derecho
pretendido, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia apelada.

QUINTO: No CONDENAR en costas en esta instancia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: TENER a la doctora ALEXA TATIANA VARGAS GONZÁLEZ
como apoderada de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., de
conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el
índice 73 del expediente digital

Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 5 de marzo de 2026.

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Actor: TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORT S.A.- TRANSCONFORT S.A.

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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