Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2016-00173-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2016-00173-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 17001-23-33-000-2016-00173-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 17001-23-33-000-2016-00173-01
Recurso de apelación contra la sentencia de 24 de septiembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas
Actora: COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES-
SOCOBUSES S.A.
TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA EN CUANTO RECONOCIÓ EL
COSTO FINANCIERO DEL CRÉDITO CONTRATADO POR SOCOBUSES S.A. PARA
PAGAR LA CONDENA FISCAL, Y SE CONFIRMA EN LO DEMÁS.
RESPONSABILIDAD FISCAL DE PARTICULARES. LA SOLA CONDICIÓN DE
OPERADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE Y LA INSTALACIÓN
MATERIAL DE EQUIPOS DEL SETP EN SUS VEHÍCULOS NO ACREDITA GESTIÓN
FISCAL. AUSENCIA DE TÍTULO LEGAL, ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL
QUE ATRIBUYERA LA ADMINISTRACIÓN, CUSTODIA, DISPOSICIÓN O
ASEGURAMIENTO DE LOS VALIDADORES. NO OPERÓ LA PRESCRIPCIÓN. LOS
PERJUICIOS DERIVADOS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA
BEA NO FUERON PROBADOS COMO DAÑO CIERTO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por
la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en adelante CGR,
y la sociedad COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE
MANIZALES, en adelante SOCOBUSES S.A., contra la sentencia de
24 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas, que accedió de forma parcial a las pretensiones de la
demanda.
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Número único de radicación: 17001-23-33-000-2016-00173-01
Actora: SOCOBUSES S.A.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La demanda
SOCOBUSES S.A solicitó que, previo el adelantamiento del trámite
a que hubiese lugar, esta jurisdicción procediera a declarar la nulidad
de los siguientes actos administrativos:
• Fallo de responsabilidad fiscal 15 de 21 de octubre de 2015,
expedido por la Dirección de Investigaciones Fiscales de la CGR.
• Auto 783 de 12 de noviembre de 2015, “[…] POR MEDIO DEL CUAL
SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICION: SE CONCEDEN
APELACIONES INTERPUESTAS CONTRA EL FALLO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 015 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2015
Y SE RESUELVEN OTRAS SOLICITUDES […]”, expedido por la
Dirección de Investigaciones Fiscales de la CGR.
• Auto 652 de 1º de diciembre de 2015, “[…] POR EL CUAL SE
SURTE UN RECURSO DE APELACION […]”, proferido por la
Contraloría Delegada para Investigaciones Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva de la CGR.
Como restablecimiento del derecho, la actora pretende:
“[…] CUARTO: Que como consecuencia de las anteriores
declaraciones se disponga la ausencia de responsabilidad fiscal de
la demandante por los hechos a los que se alude en el expediente
PRF-2014-00240_10111606, que se adelantó por la Contraloría
General de la República -Contraloría Delegada Investigaciones,
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Actora: SOCOBUSES S.A.
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva en contra de mi
representada.
QUINTO: Que se ordene la devolución a mi representada por la
demandada, por intermedio del organismo que corresponda, de la
suma de OCHOCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($805'745.000,oo), según constancia de consignación número
143914914 efectuada por mi representada el día 16 de marzo de
2016 en el Banco Popular de la ciudad Manizales, en la cuenta
número 110050001197 a órdenes de la Dirección de Crédito Público
y Tesoro Nacional, debidamente indexada a la fecha de ejecutoria
de la sentencia que así lo disponga.
SEXTO: Que se ordene igualmente a título de restablecimiento del
derecho, en caso de persistir al momento de la ejecutoria de la
sentencia, el retiro de SOCOBUSES S.A. de la inscripción del fallo
con responsabilidad fiscal en el boletín de responsables fiscales de
la Contraloría General de la República, al igual que cualquier historial
que en dicha base de datos pudiere haber
existido de los actos administrativos acusados.
SÉPTIMO: Que a modo de restablecimiento del derecho, se le
reconozcan a la demandante los perjuicios materiales por concepto
de lucro cesante y daño emergente, que se causaron como
consecuencia del trámite y decisión del proceso de responsabilidad
fiscal, incluyendo los devenidos de las medidas cautelares
practicadas en el curso de la actuación, al igual que los generados
como consecuencia del pago de la condena efectuada a mi
representada.
OCTAVO: Que se dé aplicación al principio de reparación integral de
los daños causados a la demandante, de conformidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, entendiendo
que la liquidación efectuada en el presente escrito, se realiza de
manera simplemente indicativa para efectos de determinar la
competencia del asunto.
NOVENO: Que se ordene a la entidad demandada que el pago de
las sumas que resulten probadas y reconocidas sean debidamente
indexadas, tomado como base el índice de Precios al Consumidor y
su pago se efectúe dentro del término legal previsto en los artículos
189 y 192 de la ley 1437 de 2011 […]”.
I.2.- Hechos
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Actora: SOCOBUSES S.A.
Indicó que es una empresa dedicada a la prestación del servicio
público de transporte colectivo urbano de pasajeros en la ciudad de
Manizales, actividad que, según afirmó, correspondía al objeto social
para el cual fue constituida y que venía desarrollando desde hacía
más de sesenta años. Y que, en el marco de la implementación del
Sistema Estratégico de Transporte Público de Manizales y Villamaría,
en adelante SETP, mediante el Decreto Municipal 0225 de 16 de junio
de 2009, el alcalde ordenó la instalación de los equipos a bordo
necesarios para el funcionamiento de la plataforma tecnológica del
sistema tales como torniquete, antena GPS, interfaces, sensor de
puerta, botonera de conductor, cableado, soportes y el validador
encargado de la lectura y descuento de viajes de la tarjeta inteligente
sin contacto, entre otros elementos.
Agregó que para la instalación de los instrumentos el municipio
encargó a la Empresa de Transporte Integrado de Manizales S.A., en
adelante TIM S.A1., como gestora del sistema, imponiendo que los
vehículos que no estuvieran dotados con aquellos no podrían seguir
prestando el servicio público autorizado.
Relató que, los días 2 y 3 de marzo de 2010, durante las protestas
generadas con ocasión de la implementación del SETP, fueron
vandalizados varios equipos tecnológicos instalados en vehículos
vinculados al sistema. Y que en su caso fueron afectados 80
validadores instalados en vehículos de su flota, junto con otros
elementos de los automotores destinados a la prestación del servicio
público de transporte.
1 En adelante TIM S.A.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
Anotó que la Contraloría Municipal de Manizales advirtió que la
presunta omisión de asegurar los equipos a bordo adquiridos para
implementar el SETP, con un valor unitario estimado en $8.167.579,
ocasionó un daño patrimonial a TIM S.A., hoy liquidada. Y que, a
través de Auto 006 de 16 de noviembre de 2010, el ente de control
abrió el proceso de responsabilidad fiscal 10111606, el cual fue
asumido directamente por la CGR mediante Auto 000116 de 4 de
febrero de 2011.
Adujo que la imputación concreta en su contra no consistió en haber
participado en los actos de vandalismo, sino en que, según la CGR,
para los días 2 y 3 de marzo de 2010 ejercía actividades propias de
gestión fiscal por ser una empresa operadora de transporte vinculada
al SETP y tener bajo su tenencia los equipos a bordo de la plataforma
tecnológica. Y que el ente de control reprochó que hubiese dejado de
constituir las garantías que ampararan tales equipos, no obstante,
en su sentir la instalación de estos no se derivó de la celebración de
contrato alguno, sino de una exigencia impuesta para la
implementación del SETP.
Agregó que la obligación de asegurar los equipos correspondía a TIM
S.A., como propietaria de la plataforma tecnológica y entidad que,
según la demanda, recibía dentro de la tarifa técnica una
remuneración asociada al costo de los seguros de los equipos a
bordo. Y que, en tal sentido, la CGR desconoció sus argumentos de
defensa, negó pruebas documentales y testimoniales que resultaban
necesarias para demostrar las condiciones en que se impuso la
instalación de los equipos, la ausencia de obligación legal de
aseguramiento y la forma como se había previsto el costo de los
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Actora: SOCOBUSES S.A.
seguros dentro de la tarifa técnica del sistema.
Expuso que, mediante Fallo de Responsabilidad Fiscal 015 de 21 de
octubre de 2015, la CGR la declaró fiscalmente responsable, a título
de culpa grave, así como al gerente general de TIM S.A. y a varias
empresas operadoras de transporte. Y que, en su caso, fue
condenada fiscalmente en su condición de operadora de transporte y
por ostentar la tenencia de los equipos a bordo de la plataforma
tecnológica del SETP, por la suma de $779.102.536,26, en forma
solidaria con el gerente general de TIM S.A.
Afirmó que la CGR dedujo indebidamente la existencia de gestión
fiscal y de culpa grave a partir de la sola instalación material de los
validadores en sus vehículos, sin acreditar un título jurídico que le
impusiera la administración, custodia o aseguramiento de esos
bienes, además que el daño no estaba probado en debida forma,
pues no se demostró el costo real de reposición, cuáles equipos
fueron efectivamente reemplazados ni si la suma reconocida
correspondía al valor cierto del detrimento.
Relató que interpuso recurso de reposición, resuelto mediante Auto
783 de 12 de noviembre de 2015, por medio del cual la Dirección de
Investigaciones Fiscales de la CGR no repuso la decisión, concedió
los recursos de apelación interpuestos y resolvió otras solicitudes
formuladas dentro del proceso.
Sostuvo que, para el 16 de noviembre de 2015, habían transcurrido
cinco años desde la apertura del proceso de responsabilidad fiscal sin
que existiera providencia ejecutoriada que declarara la
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responsabilidad, por lo que operó la prescripción prevista en el
artículo 9º de la Ley 610 de 15 de agosto de 20002. Y que, si bien
con Auto 00652 de 1º de diciembre de 2015, la CGR resolvió los
recursos de apelación y confirmó el fallo de primera instancia, dicha
providencia fue expedida cuando ya se había vencido el término de
prescripción, pues la decisión en firme tenía que haberse adoptado
antes del 16 de noviembre de 2015.
Sostuvo que la CGR decretó y practicó medidas cautelares de
embargo y secuestro preventivo sobre bienes inmuebles y depósitos
bancarios, lo que afectó su operación financiera y le impidió continuar
con las inversiones que había proyectado desde el año 2013. Y que,
en desarrollo de su actividad empresarial y con el propósito de
mejorar el control operativo de la flota, había decidido implementar
un sistema denominado Bitácora Electrónica Automotriz, en adelante
BEA, consistente en una plataforma tecnológica destinada al conteo
electrónico de pasajeros, seguimiento de recorridos, monitoreo de
rutas y control de la evasión en el pago del pasaje.
Anotó que dicho sistema permitiría establecer con mayor precisión el
número de usuarios transportados, verificar la productividad de los
vehículos y reducir las pérdidas derivadas de la falta de registro o del
recaudo incompleto de la tarifa. Y que esa iniciativa había sido
proyectada desde el año 2013, por lo que el 20 de diciembre de esa
anualidad suscribió el Contrato 087-13 cuyo objeto fue el suministro,
instalación, capacitación e implementación de equipos BEA en la flota
vinculada a la empresa, hasta completar 366 unidades.
2 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías”.
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Anotó que, sin embargo, la ejecución del proyecto solo pudo
adelantarse respecto de 45 vehículos iniciales, debido a que las
medidas cautelares decretadas dentro del proceso fiscal afectaron su
flujo de caja e impidieron continuar con las inversiones necesarias
para extender la plataforma al resto de la flota, lo que le impidió
controlar la evasión en el recaudo de pasajes y aumentó el costo del
proyecto por la variación de la tasa de cambio, además que para
pagar la condena fiscal de $805.745.000, y evitar los efectos de la
inscripción en el boletín de responsables fiscales, debió acudir al
sistema financiero y contratar un empréstito con el Banco Davivienda
S.A. por $800.000.000.
I.3.- Fundamentos de derecho
Como normas violadas, la sociedad actora invocó los artículos 1.º,
2.º, 6.º, 13, 29, 123, 150 numerales 11 y 12, 267, 268, 333, 334,
338 y 365 de la Constitución Política; 96, 110, 111, 112, 113 y 114
de la Ley 489 de 29 de diciembre de 19983; 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º,
6.º, 7.º, 9.º, 16, 22, 23, 25, 30, 32, 36, 37, 38, 47, 53, 54 y 66 de
la Ley 610; 3.º, 40, 76 y 137 del CPACA; 121 del Código de
Procedimiento Civil; 118, 212, 221 y 272 del Código General del
Proceso; 110-12, 174, 179, 196 y 440 del Código de Comercio; 62
del Código de Régimen Político y Municipal; 39 y 41 de la Ley 80 de
28 de octubre de 19934, y 69 y 430 del Código de Procedimiento
Penal.
3 "Por la cuál se dictan normas sobre la organizacion y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones."
4 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración PÚBLICA”.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
Con fundamento en esas disposiciones, afirmó que los actos
acusados estaban viciados por violación de las normas en que debían
fundarse, falta de competencia, expedición irregular por vulneración
de los derechos de defensa y debido proceso, y falsa motivación, para
lo cual desarrolló los siguientes argumentos:
I.3.1.- De la inexistencia de contrato de comodato
Sostuvo que la CGR le atribuyó una deficiente gestión fiscal y una
conducta gravemente culposa por el vandalismo de 80 validadores,
bajo la premisa de que, en calidad de operadora de transporte,
ostentaba la tenencia de los equipos a bordo, pese a que nunca se
suscribió contrato de comodato con TIM S.A., como lo había previsto
el Decreto Municipal 225 de 2009. Y que el propio ente de control
reconoció la inexistencia de un contrato escrito, pero aun así
concluyó que el comodato se había configurado por la entrega
material de los equipos, conclusión que en su sentir desconoció los
artículos 39 y 41 de la Ley 80, conforme a los cuales los contratos
estatales deben constar por escrito, por lo que no podía inferirse la
existencia de un comodato a partir de una situación de hecho.
Agregó que no recibió los equipos a satisfacción por conducto de su
representante legal, ni suscribió actas o documentos que acreditaran
la aceptación de los bienes, de manera que no existía un título
jurídico que le impusiera obligaciones de administración, custodia,
conservación o aseguramiento.
I.3.2.- De la inexistencia de gestión fiscal
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Afirmó que no ejerció gestión fiscal, porque no administró, manejó,
custodió ni dispuso de bienes o recursos públicos en los términos del
artículo 3º de la Ley 610 y que la sola instalación material de los
equipos en sus vehículos no la convertía en gestora fiscal ni permitía
atribuirle competencia o capacidad jurídica para ejercer actos de
gestión sobre bienes estatales. Y que, al tratarse de una persona
jurídica de derecho privado, solo podía ser considerada gestora fiscal
si existía una habilitación legal, contractual o administrativa expresa
que le atribuyera el manejo de bienes públicos, lo cual no ocurrió.
I.3.3.- De la supuesta omisión, alegada por la CGR, de una
persona que no estaba jurídicamente habilitada para ejercer
gestión fiscal
Adujo que no podía sancionársele por omitir el aseguramiento de
unos equipos respecto de los cuales no tenía título jurídico de
administración o custodia, pues la instalación de los validadores fue
impuesta en el marco de la implementación del SETP y bajo la
advertencia de que, de no permitirse su instalación, la empresa no
podría seguir prestando el servicio público de transporte, que
constituía su objeto social.
Sostuvo que las normas municipales invocadas por la CGR no
trasladaban a las empresas transportadoras la obligación de asegurar
los equipos a bordo, pues esa carga correspondía a TIM S.A. en su
calidad de propietaria de la plataforma tecnológica y como entidad
remunerada dentro de la tarifa técnica por los costos asociados al
leasing, seguros y mantenimiento de los equipos.
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I.3.4.- De la inexistencia de un nexo de causalidad entre la
conducta atribuida a SOCOBUSES S.A. y el perjuicio causado a
la administración
Señaló que no existía nexo causal entre su conducta y el daño
patrimonial atribuido por la CGR, porque no se celebró contrato de
comodato, no recibió válidamente los equipos, no estaba
jurídicamente obligada a asegurarlos y tampoco participó en los actos
de vandalismo ocurridos los días 2 y 3 de marzo de 2010. Y que no
suscribió la minuta de comodato por falta de diligencia, sino por
reparos técnicos, administrativos y funcionales frente a la utilidad y
legalidad de los dispositivos, por lo que, en ausencia de un vínculo
jurídico válido, no podía tenerse como causa eficiente del daño la
falta de aseguramiento atribuida por el ente de control.
I.3.5.- Del daño patrimonial
Sostuvo que el daño patrimonial no fue demostrado con certeza,
pues la CGR tomó como base valores superiores a los precios reales
de mercado de los validadores y no acreditó cuáles equipos fueron
efectivamente repuestos, cuál fue el valor de las reparaciones ni si la
suma reconocida correspondía al costo real de reposición. Y que la
demandada confundió el valor global de los equipos a bordo con el
valor individual del validador, pese a que las piezas que componían
el equipo podían adquirirse separadamente y tenían valores
autónomos.
Cuestionó que se hubiera incluido el costo de financiación dentro del
daño, al considerar que ese rubro no derivaba del vandalismo sino
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de la forma como TIM S.A. había financiado la adquisición de la
plataforma tecnológica.
I.3.6.- Del proceso de responsabilidad fiscal
Afirmó que la actuación fiscal desconoció la estructura propia de la
responsabilidad fiscal, pues la CGR dio por acreditados sus
elementos a partir de inferencias sobre la supuesta tenencia de los
equipos y no mediante prueba suficiente de gestión fiscal, daño
cierto, culpa grave y nexo causal. Y que los actos acusados también
estuvieron falsamente motivados, porque le atribuyeron obligaciones
inexistentes en el ordenamiento jurídico y derivaron su
responsabilidad de una supuesta relación de comodato que no nació
a la vida jurídica.
I.3.7.- De la culpa
Afirmó que la CGR calificó su conducta como gravemente culposa sin
demostrar que hubiera actuado con negligencia grave, pues en su
sentir, no podía imputársele culpa por abstenerse de asegurar unos
bienes que no eran de su propiedad, que no había recibido
válidamente y respecto de los cuales no existía obligación legal o
contractual de aseguramiento. Y que si la obligación de asegurar los
equipos correspondía a TIM S.A., como propietaria y beneficiaria de
la remuneración tarifaria destinada a cubrir ese costo, no podía
trasladársele una conducta omisiva inexistente.
I.3.8.- De la violación al debido proceso
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Indicó que la CGR vulneró el artículo 29 de la Constitución Política,
porque durante el trámite fiscal negó pruebas relevantes, valoró
elementos que consideró ineficaces o inexistentes y restringió
injustificadamente su derecho de defensa y contradicción. Y que
mediante Auto 281 de 7 de mayo de 2015, el ente de control resolvió
las solicitudes probatorias formuladas en los descargos y negó la
mayoría de ellas sin fundamento suficiente, pese a que estaban
dirigidas a demostrar la ausencia de responsabilidad fiscal.
Adujo que la CGR negó la práctica de nueve testimonios solicitados,
uno de ellos correspondía a una integrante del órgano de
administración de la sociedad, cuya declaración fue rechazada bajo
el argumento de que podía vulnerar el derecho de defensa y la
garantía de no autoincriminación. Y que esa razón era equivocada,
porque la testigo no era parte en el proceso fiscal y su declaración
resultaba útil para esclarecer las circunstancias de instalación de los
equipos y la actuación de la empresa.
Sostuvo que otros testimonios fueron negados con fundamento en
supuestas falencias sobre el conocimiento que los declarantes
tendrían de los hechos, exigencia que, según la demanda, no
correspondía a los requisitos legales para solicitar la prueba
testimonial.
Comentó que la CGR valoró actas de entrega y documentos que, a
su juicio, no acreditaban válidamente que hubiera recibido los
equipos a satisfacción. Y que varias actas no fueron suscritas por el
representante legal de la sociedad, sino por conductores u otras
personas cuya facultad para comprometer a la empresa no fue
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demostrada.
Comentó que NEXIA M&A International S.A., firma de revisoría
de TIM S.A., emitió un oficio M&A-0442:10 de 8 de abril de 2010
sobre los estados contables de esta, documento que fue utilizado por
la CGR para afirmar que, con la instalación material de los equipos
en los vehículos, las empresas transportadoras habían recibido de
hecho los bienes y, por tanto, tenían una obligación de hacer
consistente en garantizar su uso y conservación.
Reprochó que la CGR hubiera fundado la obligación de
aseguramiento en ese oficio, pues ese documento fue posterior a la
vandalización de los validadores, contenía apreciaciones jurídicas
sobre la existencia de un supuesto comodato y no podía suplir la falta
de este ni demostrar que la empresa hubiera asumido la custodia,
administración o aseguramiento de los equipos.
Cuestionó la valoración de documentos relacionados con otras
empresas de transporte, como la propuesta de seguro formulada por
LA EQUIDAD SEGUROS a SERVITURISMO, al considerar que se
trataba de una relación negocial ajena que no acreditaba una
obligación de aseguramiento a cargo de la demandante.
I.3.9.- De la prescripción del proceso de responsabilidad fiscal
Adujo que la responsabilidad fiscal había prescrito, porque el Auto
006 que abrió el proceso fue proferido el 16 de noviembre de 2010 y
al 16 de noviembre de 2015 no existía providencia ejecutoriada que
declarara la responsabilidad fiscal. Y que el Auto 00652 de 1o. de
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diciembre de 2015, que resolvió la apelación y confirmó el fallo, fue
expedido cuando ya se había superado el término de cinco años
previsto en el artículo 9º de la Ley 610.
Adujo que dicho término, al estar fijado en años, no podía
suspenderse por cierres, traslados o circunstancias administrativas
internas del ente de control, ni podía ampliarse con fundamento en
reglas aplicables a términos contabilizados en días.
I.4.- Contestación de la demanda
La CGR se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual
señaló que la demandante estaba en el deber jurídico de soportar las
consecuencias patrimoniales derivadas del fallo con responsabilidad
fiscal, en tanto este fue proferido de manera ajustada a derecho.
En cuanto a los hechos relacionados con el origen, trámite y decisión
del proceso fiscal, negó que hubiera operado la prescripción de la
responsabilidad fiscal porque aunque el auto de apertura del proceso
fue proferido el 16 de noviembre de 2010, el contralor general de la
República expidió la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 010 de 31
de diciembre de 2014, mediante la cual suspendió los términos
procesales de las indagaciones preliminares, procesos de
responsabilidad fiscal, procesos de jurisdicción coactiva y demás
actuaciones fiscales adelantadas en las dependencias ubicadas en el
edificio Gran Estación II de Bogotá, desde el 1o. hasta el 20 de enero
de 2015, debido a circunstancias constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito derivadas del cambio de sede de la entidad, por lo que
el término de cinco años previsto en el artículo 9º de la Ley 610 debió
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ampliarse por 20 días.
Indicó que la decisión que resolvió la apelación fue expedida el 1o.
de diciembre de 2015, notificada por estado el 2 de diciembre
siguiente y ejecutoriada el 3 de diciembre de 2015, esto es, antes
del vencimiento del término de prescripción que, según la entidad,
se extendió hasta el 7 de diciembre de 2015.
Precisó que, durante las protestas ocurridas los días 2 y 3 de marzo
de 2010, fueron vandalizados ciento dieciocho validadores, cada uno
con un costo de $8.167.579, por lo que a la actora se le imputó
responsabilidad por 80 equipos a bordo, equivalentes a
$653.406.320 sin indexar. Y que la condición privada de
SOCOBUSES S.A. no impedía atribuirle responsabilidad fiscal, pues
los particulares también pueden ejercer gestión fiscal cuando tienen
capacidad decisoria sobre bienes o recursos públicos puestos a su
cargo.
Señaló que la empresa tenía instalados en su flota los equipos a
bordo de la plataforma tecnológica del SETP, de lo cual daban cuenta
las actas de entrega y formatos de instalación obrantes en el
expediente. Y que, conforme el Oficio M&A-0442:10 de 8 de abril de
2010, suscrito por el revisor fiscal de NEXIA M&A International
S.A., la instalación de los equipos evidenciaba que las empresas de
transporte tenían a su cargo una obligación de garantizar su uso y
conservación, pues los habían recibido de hecho al momento de la
instalación.
Explicó que esa situación permitía concluir que se configuraron los
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elementos esenciales del comodato y que las operadoras asumieron
el deber de buen uso y cuidado de los equipos. Y que la obligación
de aseguramiento no recaía exclusivamente en TIM S.A., sino
también en las empresas de transporte, en razón de la tenencia de
los equipos, independientemente del título bajo el cual hubieran sido
entregados.
Explicó que, en cuanto al nexo causal y la culpa grave, el hecho
generador del daño no estuvo constituido por los actos vandálicos,
sino por la omisión en la constitución de garantías que ampararan los
equipos a bordo. Y que existían pruebas de que el aseguramiento era
posible, pues en el expediente obraban documentos que
demostraban que compañías aseguradoras ofrecían pólizas para
amparar los equipos a bordo, como la propuesta de seguro todo
riesgo formulada por LA EQUIDAD SEGUROS a la empresa
SERVITURISMO S.A.S.
Propuso las siguientes excepciones:
“Improcedencia de la pretensión por falta de causal de
nulidad de los actos y por inexistencia del derecho a
restablecer”
Sostuvo que no existía causal que condujera a la nulidad de los actos
administrativos acusados, pues la responsabilidad fiscal de
SOCOBUSES S.A. fue declarada con respeto de sus garantías
fundamentales y con fundamento en una omisión gravemente
culposa consistente en no asegurar los equipos a bordo instalados en
su flota, pese a estar legalmente obligada a ello.
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“Inexistencia del derecho a restituir o reparar”
Señaló que, conforme al artículo 90 de la Constitución Política, solo
hay lugar a reparación cuando se acredita un daño antijurídico
imputable al Estado, no obstante, en el caso bajo estudio la actora
debía soportar las consecuencias del fallo fiscal, por tratarse del
resultado legítimo de una actuación administrativa ajustada a
derecho, y que, por tanto, no existía obligación de restituir o
indemnizar.
“No existe relación de causalidad entre el decreto y práctica
de las medidas cautelares y el supuesto resultado dañoso”
Indicó que no existía relación de causalidad entre las medidas
cautelares decretadas en el proceso fiscal y los perjuicios reclamados
por SOCOBUSES S.A. derivados de la implementación del sistema
de control de pasajeros, pues el eventual incremento del valor de ese
proyecto habría obedecido a factores externos, como la variación de
la tasa de cambio, y no a la actuación fiscal.
“El daño alegado por la actora es hipotético”
Afirmó que los beneficios que la actora esperaba obtener con la
implementación del sistema BEA eran eventuales y conjeturales,
pues no estaba demostrado que, de haberse instalado en todos los
vehículos proyectados, efectivamente se hubieran producido los
ingresos esperados por reducción de evasión en el recaudo de
pasajes.
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Agregó que no impidió la instalación del sistema BEA y solicitó
pruebas orientadas a descartar el supuesto perjuicio derivado de las
medidas cautelares, entre ellas informes sobre vehículos, rutas,
oferta de transporte, plan de rodamiento, utilización vehicular y
exhibición de contratos, tarjetas de operación, licencias de tránsito,
declaraciones de renta y estados financieros de SOCOBUSES S.A.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal, mediante sentencia de 24 de septiembre de 2021,
declaró la nulidad del Fallo de Responsabilidad Fiscal 015 de 21 de
octubre de 2015, del Auto 783 de 12 de noviembre de 2015 y del
Auto 00652 de 1º de diciembre de 2015, mediante los cuales la CGR
declaró fiscalmente responsable a SOCOBUSES S.A. y dispuso:
“[…] DECLÁRASE la nulidad del fallo N015 de 21 de octubre, y los
autos N° 783 de 12 de noviembre y 652 de 1 ° de diciembre, todos
de 2015, con los cuales la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA declaró la responsabilidad fiscal de la empresa
SOCOBUSES S.A.
A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA a reintegrar a la
parte demandante, la suma de $ 805.745,000, correspondiente a lo
pagado por la empresa a raíz de los actos demandados, suma que
deberá indexarse en la forma indicada en la parte motiva.
De igual manera, se condena a la accionada a pagar a favor de
SOCOBUSES S.A. la suma de $ 238’859.888,00 a título de daño
emergente, consecuencia de los costos asumidos por la
demandante para la consecución del crédito bancario con el cual
sufragó la multa impuesta por la entidad demandada.
NIÉGANSE las demás pretensiones de la parte demandante.
COSTAS a cargo de la parte demandada, cuya liquidación se hará
en la forma prevista en el Código General del Proceso.
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FÍJASE como agencias en derecho la suma de CUATRO MILLONES
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 4’028.725
m/cte) equivalente al 0.5% de lo pretendido, a cargo de la parte
demandada y a favor de la parte actora, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 6 numeral 3.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003 proferido
por el Consejo Superior de la Judicatura.
Ejecutoriada esta providencia, LIQUÍDENSE los gastos del
DEVUÉLVANSE los remanentes si los hubiere, y ARCHÍVESE el
proceso previas las anotaciones del caso en el Sistema Justicia Siglo
XXL proceso,
NOTIFÍQUESE conforme lo dispone el artículo 203 del CPACA […]”.
Advirtió que el Auto 006 de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal fue proferido el 16 de noviembre de 2010; que el Fallo de
Responsabilidad Fiscal 015 fue expedido el 21 de octubre de 2015, y
que el Auto. 00652, por medio del cual se resolvió la apelación, fue
proferido el º de diciembre de 2015. Y que, sin embargo, debía
tenerse en cuenta la suspensión de términos decretada por el ente
de control mediante Resolución Reglamentaria Ejecutiva 10 de 31 de
diciembre de 2014, con ocasión del traslado de sede de la entidad.
Mencionó que el término de prescripción se suspendió por 20 días y,
por tanto, se extendió hasta el 6 de diciembre de 2015, por lo que
como el Auto 00652 fue proferido el 1º de diciembre de 2015, la
actuación fiscal se desarrolló dentro del término legal y, en
consecuencia, negó el cargo de nulidad por prescripción.
Indicó, respecto a la existencia de gestión fiscal en cabeza de
SOCOBUSES S.A., que la gestión fiscal no podía entenderse como
cualquier colaboración de un particular con fines estatales, sino como
una actividad vinculada al manejo, administración, custodia,
disposición o capacidad decisoria sobre bienes o fondos públicos, por
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lo que debía existir un vínculo jurídico claro, inequívoco y concreto
entre el particular y los bienes estatales respecto de los cuales se
predicaba la responsabilidad.
Señaló que la CGR sustentó la responsabilidad de SOCOBUSES S.A.
en varias premisas: i) que la empresa tenía instalados en sus
vehículos los equipos a bordo del SETP; ii) que la mera tenencia de
esos equipos demostraba poder decisorio sobre ellos; iii) que,
aunque no se suscribió contrato de comodato, la empresa debía
asumir las consecuencias de no haberlo firmado; iv) que la obligación
de aseguramiento también recaía sobre las empresas
transportadoras, y v) que existían documentos y conceptos, como el
oficio de NEXIA M&A International S.A. y la propuesta de LA
EQUIDAD SEGUROS a SERVITURISMO, que permitían inferir la
obligación de garantizar o asegurar los equipos.
Consideró probado que SOCOBUSES S.A. no suscribió contrato de
comodato antes de los hechos ocurridos los días 2 y 3 de marzo de
2010, ni recibió a satisfacción los equipos por conducto de su
representante legal. Y que los equipos eran de propiedad de TIM
S.A., empresa que, como ente gestor del SETP, debía entregarlos a
las operadoras mediante contrato de comodato.
Sostuvo que no resultaba relevante establecer por qué SOCOBUSES
S.A. no firmó el contrato, sino determinar si la sola instalación
material de los validadores podía configurar un título jurídico
suficiente para atribuirle gestión fiscal. Y que el contrato de
comodato, aunque en el derecho civil es de naturaleza real, cuando
es celebrado por entidades estatales debe constar por escrito,
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conforme a los artículos 39 y 41 de la Ley 80.
Agregó que la falta de contrato escrito impedía tener por
perfeccionado un comodato estatal entre TIM S.A. y SOCOBUSES
S.A., pues de la sola tenencia material de los equipos no podía
derivarse una obligación jurídica de administración, custodia o
aseguramiento. Y que la CGR no podía deducir la existencia de
gestión fiscal por vía tácita, analógica o implícita, pues ello
desconocería el principio de tipicidad propio de la responsabilidad
fiscal.
Determinó que los argumentos del ente de control eran insuficientes
para acreditar que SOCOBUSES S.A. tuviera la condición de gestora
fiscal respecto de los equipos a bordo, al menos bajo la hipótesis por
la cual fue declarada responsable. Y que la actora logró demostrar
que no podía imputársele gestión fiscal por no haber asegurado
equipos que no le pertenecían y respecto de los cuales no había
suscrito contrato alguno que generara un vínculo jurídico válido.
Al encontrar acreditada la inexistencia de gestión fiscal en cabeza de
la demandante, el Tribunal consideró que prosperaba el primer cargo
de nulidad, por tratarse del elemento medular de la responsabilidad
fiscal, estimó innecesario continuar con el estudio de los demás
reparos relacionados con la configuración del daño, la culpa, el nexo
causal y demás elementos de la responsabilidad.
Ordenó a la CGR reintegrar a SOCOBUSES S.A. la suma de
$805.745.000, correspondiente al valor pagado por la empresa con
ocasión de los actos anulados, para lo cual tuvo en cuenta el
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Comprobante Único de Consignación 143914914 del Banco Popular,
mediante el cual se acreditó el pago efectuado a favor de la Dirección
de Crédito Público y Tesoro Nacional dentro del proceso de
responsabilidad fiscal origen de la controversia.
Reconoció a favor de la actora la suma de $238.859.888 por concepto
de daño emergente, correspondiente al costo financiero del crédito
que SOCOBUSES S.A. debió asumir para pagar la condena fiscal. Y
que era cierto que la sociedad acudió a un préstamo bancario con
Davivienda S.A. por $800.000.000, que esa operación no hacía parte
del giro ordinario de sus negocios y que generó costos financieros
cuantificados en el dictamen pericial allegado al proceso.
No obstante, negó los demás perjuicios reclamados por la
demandante, relacionados con la imposibilidad de implementar
integralmente el sistema BEA, e indicó que el contrato 087-13,
suscrito el 20 de diciembre de 2013, tenía por objeto inicial el
suministro e instalación de 45 equipos BEA GPS, aunque
contemplaba la posibilidad de adicionar unidades hasta completar
366, previa celebración de otrosíes. Y que los 45 equipos inicialmente
contratados sí fueron instalados, mientras que las unidades restantes
correspondían a un proyecto de expansión tecnológica que aún no
había adquirido certeza contractual.
Consideró que no podía reconocerse daño emergente por el supuesto
mayor costo de equipos BEA no instalados en vehículos afiliados,
pues tales equipos no hacían parte del contrato efectivamente
perfeccionado y además el perjuicio reclamado carecía de certeza. Y
que tampoco debía reconocerse el lucro cesante derivado de los
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ingresos que SOCOBUSES S.A. esperaba obtener por la reducción
de la evasión en el recaudo de pasajes mediante el sistema BEA, para
lo cual sostuvo que la implementación de esa plataforma en toda la
flota no pasó de ser un proyecto empresarial, pues solo se había
contratado y ejecutado una fase piloto de 45 vehículos.
Añadió que las estimaciones periciales se fundaron en experiencias
de otras empresas de transporte, no necesariamente comparables
con la situación concreta de la demandante, por lo que correspondían
a expectativas de utilidad y no a un daño cierto, real y consolidado.
Finalmente, condenó en costas a la CGR y fijó agencias en derecho
por $4.028.725, equivalentes al 0,5 % de lo pretendido.
III.- FUNDAMENTOS DE LAS APELACIONES
III.1.- La CGR interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
24 de septiembre de 2021, con el propósito de que fuera revocada
y, en su lugar, se denegaran las pretensiones de la demanda, para
lo cual sostuvo el a quo concluyó que la actora no ejerció gestión
fiscal porque no era propietaria de los validadores instalados en sus
vehículos ni había suscrito o perfeccionado contrato de comodato con
TIM S.A., en los términos previstos en la Ley 80 y como se había
dispuesto en el Decreto Municipal 225 de 2009.
Sostuvo que esa conclusión era equivocada, porque la sentencia
partió de una premisa restrictiva que hizo depender la existencia de
gestión fiscal exclusivamente de la suscripción formal del contrato de
comodato, sin valorar el vínculo legal y funcional que, como
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operadora del servicio público de transporte, tenía SOCOBUSES S.A.
frente al SETP y frente a los equipos instalados para su operación.
Formuló sus argumentos en dos acápites que desarrolló así:
III.1.1.- “Análisis incompleto de la gestión fiscal de los
particulares”
Afirmó que el Tribunal realizó un análisis incompleto de la gestión
fiscal de los particulares, porque la supeditó a la existencia de un
vínculo contractual y omitió estudiar el vínculo legal existente entre
la empresa transportadora y la prestación del servicio público
esencial de transporte. Y que su función fiscalizadora no se limita a
los organismos públicos, sino que también comprende a los
particulares que manejan fondos o bienes de la Nación.
Adujo que la gestión fiscal no podía reducirse a actos contractuales
formales, pues comprende la administración, conservación,
adquisición, gasto, inversión, disposición y, en general, el manejo
jurídico y material del patrimonio público. Y que el a quo desconoció
que los particulares pueden comprometer su responsabilidad fiscal
como colaboradores del Estado cuando, en desarrollo de una
actividad vinculada al cumplimiento de fines públicos, inciden en la
producción del daño patrimonial.
Sostuvo que las empresas de transporte público, aunque privadas,
actúan como colaboradoras del Estado en la prestación de un servicio
público esencial y, por tanto, pueden quedar sometidas a
responsabilidad fiscal cuando su conducta incide en la causación de
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un daño al patrimonio público. Y que, en su criterio, ese marco
permitía entender que el contratista o colaborador del Estado no solo
responde fiscalmente cuando administra directamente recursos
públicos, sino también cuando participa, concurre, incide o
contribuye, directa o indirectamente, en la producción del daño
patrimonial.
Sostuvo que el Tribunal efectuó un estudio corto o inexacto de la
responsabilidad fiscal indirecta de los contratistas y colaboradores
del Estado, pues no examinó si SOCOBUSES S.A., en su condición
de operadora de transporte público, tenía deberes legales y
funcionales frente a los equipos instalados en sus vehículos,
independientemente de que se hubiera perfeccionado o no el
contrato de comodato.
Señaló que el fallo de primera instancia terminó avalando, en su
criterio, el boicot realizado contra la implementación del SETP por
parte de las empresas de transporte público de Manizales. Y que esas
empresas estaban habilitadas por la administración municipal para
prestar el servicio y que esa habilitación constituía un vínculo legal
suficiente para considerar que actuaban como colaboradoras del
Estado en la prestación de un servicio público esencial.
En desarrollo de esa tesis, citó el artículo 2 de la Ley 105 de 30 de
diciembre de 19935, especialmente los principios de intervención del
Estado, el carácter de servicio público del transporte, la libertad de
empresa y la necesidad de permisos, contratos de concesión u
5 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y
recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector
transporte y se dictan otras disposiciones”.
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operación para prestar el servicio. Así como el artículo 10 del Decreto
170 de 5 de febrero de 20016, en cuanto reconoce a los alcaldes
municipales o distritales como autoridades de transporte en su
respectiva jurisdicción.
Destacó que el Decreto Municipal 225 de 2009 ordenó la instalación
de los equipos a bordo necesarios para la operación de la plataforma
tecnológica y dispuso que los vehículos que no cumplieran el
cronograma fijado no podrían seguir prestando el servicio de
transporte autorizado. Y que la calidad de gestor fiscal indirecto de
SOCOBUSES S.A. no derivaba únicamente del contrato de
comodato, sino de su condición de empresa habilitada para prestar
un servicio público esencial y de las obligaciones impuestas por la
autoridad de transporte para continuar operando dentro del SETP.
Afirmó que las empresas transportadoras debían custodiar, cuidar y
asegurar los bienes públicos instalados en sus vehículos, pues tales
equipos eran indispensables para la prestación del servicio en el
nuevo esquema.
III.1.2.- “Omisión del contexto fáctico y de los hechos
generadores del daño”
Afirmó que la no suscripción del contrato de comodato obedeció a la
renuencia de las empresas de transporte, circunstancia que, en su
criterio, no podía ser utilizada para exonerarlas de responsabilidad.
Y que la prestación del servicio público de transporte y las
condiciones legales exigidas para ello no podían convertirse en un
6“Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo
metropolitano, distrital y municipal de pasajeros”
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asunto sujeto a negociación o acuerdo de voluntades, por lo que, en
su sentir, el Tribunal entendió erradamente que la falta de firma del
comodato bastaba para excluir cualquier responsabilidad, cuando, en
su criterio, lo relevante era que existía una obligación legal de recibir,
custodiar y asegurar los equipos.
Añadió que las normas que regularon la implementación del SETP
exigían tanto la suscripción del comodato, de manera que la
renuencia de las empresas a cumplir tales obligaciones no podía
justificar su exoneración. Y que no se trataba de establecer si hubo
o no una relación contractual formal entre la administración y las
empresas transportadoras, sino de verificar que la obligación legal
existía y que su incumplimiento impidió recuperar el valor de los
equipos vandalizados.
Sostuvo que la jurisprudencia constitucional había reconocido que las
contralorías pueden investigar, imputar cargos y deducir
responsabilidad respecto de quienes, en el manejo de bienes y fondos
públicos, o con ocasión de una relación próxima y necesaria con la
gestión fiscal, contribuyan a producir el daño patrimonial, lo cual
también tiene sustento en los artículos 5º y 6º del Decreto 403 de
2020.
Agregó que el Decreto 403 de 2020 no habría creado una nueva
forma de responsabilidad fiscal, sino que habría positivizado la
llamada responsabilidad fiscal indirecta de particulares, para afirmar
que el contratista o colaborador del Estado no solo respondería
cuando maneja directamente recursos públicos, sino también cuando
participa, concurre, incide o contribuye directa o indirectamente en
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la producción del daño patrimonial.
Se opuso al reconocimiento de rendimientos financieros o costos
derivados de la suma pagada por SOCOBUSES S.A., pues consideró
que, debido a la legalidad de los actos administrativos demandados,
no había lugar a reconocer tales conceptos. Y que el proceso de
responsabilidad fiscal permitía a la investigada otorgar garantías
bancarias o de seguros para levantar las medidas cautelares
decretadas, por lo que el sometimiento a una investigación fiscal no
podía convertirse en fuente de beneficios para el investigado distintos
de la indexación de las sumas eventualmente comprometidas con el
pago del resarcimiento.
III.2.- SOCOBUSES S.A. presentó recurso de apelación adhesiva
contra la sentencia de 24 de septiembre de 2021, con el propósito
de que se modificara la decisión de primera instancia en dos
aspectos: i) que se incluyera como fundamento de la nulidad de los
actos acusados la prescripción prevista en el artículo 9º de la Ley 610
y; ii) que se reconocieran los perjuicios materiales por lucro cesante
derivados de la imposibilidad de implementar integralmente la
plataforma tecnológica BEA.
III.2.1.- “De la prescripción prevista en el artículo 9.º de la
Ley 610 de 2000”
Sostuvo que el Tribunal erró al negar el cargo de prescripción, pues
el Auto 006, mediante el cual se dio apertura al proceso de
responsabilidad fiscal, fue proferido el 16 de noviembre de 2010,
mientras que el Auto 00652, por medio del cual se resolvió la
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apelación y quedó en firme la declaratoria de responsabilidad fiscal,
fue expedido el 1o. de diciembre de 2015, esto es, después de
transcurridos más de cinco años.
Adujo que el término de prescripción de la responsabilidad fiscal debe
computarse como un término fijado en años, razón por la cual no
admite suspensiones o interrupciones derivadas de cierres
temporales del despacho, vacancias o situaciones administrativas
internas del órgano de control. Y que el traslado de sede de la CGR
no podía calificarse como fuerza mayor o caso fortuito, porque el
vencimiento del contrato de arrendamiento de la sede era un hecho
previsible y no satisfacía los requisitos de imprevisibilidad e
irresistibilidad exigidos para suspender términos.
Explicó que, luego de proferido el Fallo de Responsabilidad Fiscal 015
de 21 de octubre de 2015, el 9 de noviembre siguiente presentó tres
escritos: solicitud de nulidad, solicitud de aclaración y adición, y
recurso de reposición y en subsidio apelación. Y que la CGR profirió
el Auto 783 de 12 de noviembre de 2015, en el que sostuvo que no
había operado la prescripción porque los términos se habían
suspendido mediante la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 010 de
31 de diciembre de 2014.
Explicó que, mediante Auto 00652 de 1º de diciembre de 2015, la
Contraloría confirmó el fallo de primera instancia, decisión que en su
sentir vulneró sus derechos al debido proceso y defensa, así como
los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima,
porque la CGR habría perdido competencia para emitir decisión de
fondo en firme, al haber operado la prescripción. Y que la suspensión
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no se adoptó conforme al procedimiento previsto en el artículo 13 de
la Ley 610, norma que exige que tanto la suspensión como la
reanudación de términos se ordenen mediante auto de trámite
notificado por estado.
Afirmó que en el proceso fiscal no se profirió ni notificó auto que
incorporara válidamente la resolución, suspendiera los términos o
dispusiera su reanudación. Y que la propia remisión de la Resolución
010 al artículo 118 del Código General del Proceso reforzaba su tesis,
porque dicha norma diferencia entre términos de días y términos de
meses o años, y solo frente a los primeros prevé la exclusión de días
de vacancia o de cierre del despacho.
III.2.2.- “Negativa de reconocimiento de perjuicios derivados
de la sanción impuesta”
Insistió en que las medidas cautelares de embargo y secuestro
decretadas dentro del proceso de responsabilidad fiscal le
ocasionaron daños antijurídicos, pues le impidieron continuar con
inversiones proyectadas y la obligaron a endeudarse para pagar la
condena fiscal. Y que existió un menoscabo patrimonial derivado de
los ingresos dejados de percibir por la imposibilidad de implementar
la plataforma tecnológica BEA, destinada a controlar la evasión en el
pago del pasaje, así como por el aumento del costo del proyecto
debido a la variación de la tasa de cambio, dado que el contrato
estaba pactado en dólares.
Adujo que el Tribunal desconoció el material probatorio que
demostraba que el proyecto BEA era real, concreto y no meramente
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hipotético, para lo cual se refirió a los informes presentados a la
Asamblea General de Accionistas de 2013, en los que se explicó que
la empresa había realizado pruebas con la Bitácora Electrónica
Automotriz, producida por Idear Electrónica S.A. de C.V., y que dicha
plataforma permitía controlar ascenso y descenso de pasajeros,
velocidad, recorridos y otros elementos útiles para optimizar la
operación.
Indicó que, en diciembre de 2013, se formalizó la adquisición inicial
de 45 equipos para ser instalados en vehículos de propiedad de
SOCOBUSES S.A., con la intención de adquirir posteriormente los
equipos necesarios para la totalidad de automotores vinculados a la
empresa. Y que el Acta 623 de 19 de diciembre de 2013 de la Junta
Directiva, en la que se habría autorizado la compra del software y de
los equipos BEA, así como los informes de gestión de 2014, en los
que se dejó constancia de que la plataforma fue adquirida
inicialmente para 45 vehículos y que hacía parte de una estrategia
de control y monitoreo de flota.
Afirmó que en el expediente obraba el contrato 087-13 de 20 de
diciembre de 2013, celebrado con Idear Electrónica S.A. de C.V.,
cuyo objeto consistía en el suministro, instalación, capacitación e
implementación de 45 equipos BEA GPS de dos puertas, con cuatro
radiobases multicanal GPS, ocho semanas de capacitación y asesoría,
y la posibilidad de contratar unidades adicionales mediante otrosí
hasta completar 366 unidades proyectadas. Y que dicho contrato fijó
un valor de USD 104.850, correspondiente al primer pedido de 43
equipos BEA GPS para instalación y 2 equipos de soporte, y
estableció un cronograma de planeación, instalación,
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implementación, monitoreo, capacitación e inicio de recaudo entre
diciembre de 2013 y abril de 2014.
Para demostrar que la falta de implementación total del sistema
obedeció a las medidas cautelares y al proceso fiscal, citó la
declaración del exgerente Álvaro Moreno Quintero, quien señaló que
la empresa tuvo que frenar inversiones programadas, operar con la
liquidez disponible y esperar el levantamiento de los embargos;
también explicó que la empresa había decidido adquirir
progresivamente los equipos BEA hasta cubrir todos los vehículos,
pero que ello no pudo cumplirse por las dificultades económicas
derivadas de la actuación fiscal.
Asimismo, citó a la revisora fiscal Margarita Soto Giraldo, quien
afirmó que la empresa había detectado evasión en el recaudo, que
contaba con recursos para implementar el proyecto, pero que la
medida cautelar la obligó a interrumpir el montaje de los equipos,
suspender el manejo ordinario de cuentas bancarias, acudir al
endeudamiento y asumir costos financieros. También hizo referencia
a la declaración de Adriana Marcela Garzón Rodríguez, vinculada con
la empresa proveedora, quien explicó que el contrato inicial cubría
45 equipos, pero que la negociación se había realizado con base en
un precio de volumen para 366 unidades, cuya implementación
completa estaba proyectada entre diciembre de 2013 y mayo de
2014.
De igual forma, citó la declaración de Claudia Cristina Gómez
Londoño, miembro de su junta directiva, quien manifestó que la
empresa había acordado iniciar con 45 equipos como prueba piloto y
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luego continuar con la totalidad de la flota, pero que el embargo y la
decisión de la Contraloría impidieron pagar a la empresa mexicana,
afectaron la relación con los bancos y generaron pérdida de
oportunidad, incremento del valor de los equipos y aumento del costo
por la variación del dólar.
Sostuvo que los beneficios esperados con la implementación del
sistema BEA estaban probados, para lo cual, mencionó el testimonio
de Margarita Soto Giraldo sobre la existencia de estadísticas internas
de la empresa para estimar la evasión, controlar rutas, velocidad,
consumo de combustible y otros indicadores operativos. Igualmente,
citó el testimonio de a Ana Cristina López Sánchez, analista de sus
estadísticas, quien explicó la metodología usada para comparar el
indicador de pasajeros por recorrido entre el período abril-diciembre
de 2013, cuando los vehículos operaban con registradora, y el mismo
período de 2014, cuando ya se había instalado el sistema BEA en
algunos vehículos.
Invocó la declaración de Adriana Marcela Garzón Rodríguez, experta
en el conocimiento de plataformas tecnológicas, quien señaló que,
con base en experiencias de empresas que utilizaban BEA en otras
ciudades, la plataforma podía generar aumentos de ingresos entre el
10 % y el 25 %, además de beneficios por control de insumos,
combustible, revoluciones, kilómetros reales, seguridad y calidad del
servicio. Agregó que Claudia Cristina Gómez Londoño explicó que se
venía registrando evasión por puerta delantera y trasera entre el 5
% y el 8 %, detectada mediante “recorredores ocultos”, y que la
plataforma BEA era relevante para enfrentar esa evasión y para
soportar la capacidad transportadora de la empresa ante eventuales
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procesos de reestructuración de rutas.
Sostuvo que la pericia financiera allegada al proceso debía ser
valorada favorablemente, pues fue rendida por una experta
calificada, se basó en información real y certificada, fue debidamente
controvertida y no fue objetada por la Contraloría. Y que, conforme
al dictamen, el daño por la imposibilidad de inversión y puesta en
funcionamiento de los equipos faltantes fue calculado en dos
escenarios: en primer lugar un daño emergente de $786.871.557,87,
lucro cesante a 30 de marzo de 2016 por $3.293.642.439,29 y lucro
cesante futuro por $5.691.414.135, para un total de
$9.771.928.132,16. En segundo lugar, se mantuvo el daño
emergente en $786.871.557,87, se calculó lucro cesante a 30 de
marzo de 2016 por $3.016.563.753,50 y lucro cesante futuro por
$4.743.803.956,91, para un total de $8.547.239.268,28.
Afirmó que fue equivocada la negativa del Tribunal a reconocer los
perjuicios materiales por lucro cesante, pues, en su criterio, el
proceso acreditó que las medidas cautelares ocasionaron esos daños
y que debía ordenarse la reparación integral.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Comoquiera que no hubo solicitud de pruebas en esta instancia, no
se corrió traslado para alegar de conclusión, y las partes no
intervinieron. El MINISTERIO PÚBLICO tampoco rindió concepto.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
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• Fallo de responsabilidad fiscal 15 de 21 de octubre de 2015,
emitido por la Dirección de Investigaciones Fiscales de la
Contraloría.
“[…] FALLO No. 015 DE RESPONSABILIDAD FISCAL
[…]
ASUNTO Procede la Dirección de Investigaciones Fiscales de la
Contraloría General de la República a proferir decisión de fondo dentro
del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2014-00240_10111606
que se viene adelantando por el daño patrimonial sufrido por la EMPRESA
TRANSPORTE INTEGRADO DE MANIZALES TIM S.A., HOY LIQUIDADA
(TIM S.A.).
[…]
FUNDAMENTOS DE HECHO
Las irregularidades objeto de investigación están relacionadas con la
presunta omisión de asegurar los equipos a bordo que se adquirieron
para implementar el Sistema Estratégico de Transporte Público de las
ciudades de Manizales Villamaría (SETP).
De dichos equipos, resultaron vandalizados ciento dieciocho (118)
validadores durante las protestas que se presentaron los días 2 y 3 de
marzo de 2010 en la ciudad de Manizales durante la implementación del
SETP, cada uno con un costo de OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($8.167.579), los
que a su vez fueron objeto de reposición, ocasionando un daño
patrimonial a los intereses de la EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO
DE MANIZALES TIM S.A., HOY LIQUIDADA (TIM S.A.), cuya cuantía sin
indexar asciende a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS
VEINTIDÓS PESOS ($963.774.322).
[…]
B) Conductas de las empresas transportadoras.
Los medios probatorios allegados válidamente al plenario demuestran
que el Concejo Municipal de Manizales, por medio del Acuerdo 645 del
20 de septiembre de 2006 (Folios 1520 a 1522 Carpeta 8), modificado
por el Acuerdo 0702 del 23 de diciembre de 2008, autorizó al Alcalde de
Manizales para constituir una sociedad por acciones pública del orden
Municipal, para la gestión, implementación, planeado y control del
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Actora: SOCOBUSES S.A.
Sistema Estratégico de Transporte Público y Multimodal de la ciudad de
Manizales […]
El 10 de noviembre de 2009, la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Manizales expidió la Resolución No. 146 (Folios 847 a 862 Carpeta 5,
1379 a 1394 Carpeta 7, 1414 a 1430 y 1484 a 1499 Carpeta 8), la cual
señaló que “son operadores de transporte las empresas de transporte
terrestre [...]. legalmente habilitadas" y resolvió en su artículo 13 lo
siguiente:
“ARTICULO [sic] 13: TIM como ente gestor del sistema, y el operador de
plataforma, respectivamente, entregarán el uso y goce de los siguientes
equipos a LOS OPERADORES DE TRANSPORTE, debidamente instalados
y en perfecto estado de funcionamiento y se encargarán del soporte y
mantenimiento de los mismos:
1. Torniquete
2. Antena GPS
3. Interface de GPS (dentro del torniquete)
4. Interface de torniquete (dentro del torniquete)
5. Sensor de puerta trasera.
6. Botonera de conductor.
7. Equipo encargado de la validación y descuento de viajes de la tarjeta
inteligente
sin contacto (validador)
8. Bracket de sujeción del validador, cableado, conectares y corazas de
protección.
[...]
PARAGRAFO [sic] PRIMERO: Los equipos enumerados del 1 al 8
conforman el control de flota a bordo para cada vehículo [.. J.
PARAGRAFO [sic] SEGUNDO: LOS OPERADORES DE TRANSPORTE
obligan a garantizar el buen uso y conservación de los bienes que serán
entregados en comodato, garantía que será determinada por el ENTE
GESTOR" (Negrilla fuera del texto original).
La anterior normativa local, permite observar que dentro del Sistema
Estratégico de Transporte Público de las ciudades de Manizales y
Villamaría (SETP), la Empresa de Transporte Integrado de Manizales S.A.
TIM S.A., hoy liquidada (TIM S.A), tendría la calidad de Ente Gestor y las
empresas de transporte la de Operadores de Transporte.
El Ente Gestor debía instalar los equipos a bordo de la plataforma
tecnológica del SETP, en cada uno de los vehículos de los Operadores de
Transporte, para lo cual entregaría su "uso y goce", “a título de
comodato", obligándose a "garantizar el buen
uso y conservación", por medio de una ‘garantía que será determinada
por el ENTE GESTOR".
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Actora: SOCOBUSES S.A.
[…]
7. SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES
(SOCOBUSES S.A)
Respecto de la procesada sociedad SOCOBUSES S.A, la Dirección de
Investigaciones Fiscales, mediante Auto No.84 del 18 de 2015 (Folios
4356 a 4420 Carpetas 22 y 23), resolvió imputarle responsabilidad fiscal
con base en las siguientes consideraciones:
[…]
Así las cosas, si bien la suscrición de un contrato de comodato con
ocasión de la tenencia de los equipos a bordo era una obligación del
resorte de la aquí procesada, a la luz de la normatividad local vigente
como se señaló con anterioridad, también lo es que tal compromiso se
enmarcaba dentro de los términos de la Ley 80 de 1993, donde la
voluntad del contratista protección limitada sólo por la ley.
De esa manera, no era posible constreñir a la sociedad SOCOBUSES
S.A., suscribir un contrato, si no era su voluntad hacerlo pero asumiendo
las consecuencias que tal decisión le podría conllevar, en su calidad de
operador de transporte del SETP, por lo que el hecho imputado a la
mencionada presunta responsable fiscal referente a “suscribir los
contratos de comodato", se tiene por desvirtuado.
Un segundo argumento defensivo esgrimido por la defensa técnica de la
sociedad SOCOBUSES S.A., consiste en señalar que de "ninguna manera
la empresa estaba en la obligación legal de proceder a tal
aseguramiento", porque en su sentir "esta obligación recae en cabeza
del propietario", consideración que encuentra el Despacho es
parcialmente cierta.
[…]
El anterior medio probatorio documental permite evidenciar
diáfanamente que en el mercado asegurador, para el día 21 de enero de
2010, existía una compañía de seguros que podía asegurar los equipos
a bordo del SETP que se encontraban instalados en los vehículos de las
operadoras de transporte de dicho sistema, entre ellas la sociedad
SOCOBUSES S.A., sin que la sociedad procesada haya procedido a su
amparo.
[…]”
Por todo lo anterior, considera la Dirección de Investigaciones Fiscales
que la sociedad SOCOBUSES S.A., el 2 y 3 de marzo de 2010 ejercía
actividades propias de la gestión fiscal al ser una de las empresas de
trasporte que participaban en el SETP, como operadora de trasporte y
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Actora: SOCOBUSES S.A.
tener los equipos a bordo de la plataforma tecnológica de este sistema
bajo su tenencia, en cuya condición dejó de constituir las garantías que
ampararan los referidos equipos a bordo, siendo vandalizados ochenta
(80) de ellos, evidenciadose la falta de cuidado de quien actuó en nombre
de aquella, afectándose el patrimonio de la Empresa de Trasporte
Integrado de Manizales S.A.
[…]
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la tacha de desconocimiento impetrada por el
apoderado principal de la presunta responsable fiscal SOCIEDAD
COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES (SOCOBUSES
S.A.), doctor CARLOS ALBERTO ARANGO MEJÍA, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 10.216.103 dé Manizales y portador de la
Tarjeta Profesional No. 11.624 del Consejo Superior de la Judicatura,
mediante memorial del 16 de marzo de 2015 y reiterada en el escrito de
argumentos defensivos del 17 de marzo de 2015, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, conforme lo
previene el artículo 53 de la Ley 610 de 2000 dentro del trámite del
Proceso de Responsabilidad fiscal signado PRF-2014-00240_10111606
EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE MANIZALES TIM S.A. HOY
LIQUIDADA., y en consecuencia declarar fiscalmente responsables a
título de CULPA GRAVE a las siguientes personas natural y jurídicas, por
la suma indexada de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON
98/100 MCTE ($1.149.176.240,98), de acuerdo a las consideraciones de
la presente providencia, quienes deberán responder de SOLIDARIA de
acuerdo a las sumas que se indican a continuación:
[…]
f) SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES
(SOCOBUSES S.A.), identificada con NIT 0890800701-7, representada
legalmente por el señor ALVARO MORENO QUINTERO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 10.237.795 o quien haga sus veces, en calidad
de Operadora de Transporte y ostentar la tenencia de los equipos a bordo
de la plataforma tecnológica del Sistema Estratégico de Transporte
Público de las ciudades de Manizales y Villamaría (SETP), por la suma
indexada de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOS
MIL QUINIENTOS TREINTA SEIS PESOS CON 26/100 MCTE
($779.102.536,26), en forma solidaria con el señor JOSÉ ALFONSO
JARAMILLO JARAMILLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.
10.230.819 de Manizales, en calidad de Gerente General de la EMPRESA
DE TRANSPORTE INTEGRADO DE MANIZALES TIM S.A. (TIM S.A.), para
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Actora: SOCOBUSES S.A.
la fecha de los hechos […]”.
• Auto 783 de 12 de noviembre de 2015, “POR MEDIO DEL
CUAL SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICION: SE
CONCEDEN APELACIONES INTERPUESTAS CONTRA EL
FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 015 DEL 21 DE
OCTUBRE DE 2015 Y SE RESUELVEN OTRAS SOLICITUDES”,
emitido por la Dirección de Investigaciones Fiscales de la
CGR.
“[…] AUTO No. 783
POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICION:
SE CONCEDEN APELACIONES INTERPUESTAS CONTRA EL FALLO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 015 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2015 Y SE
RESUELVEN OTRAS SOLICITUDES
[…]
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de aclaración interpuestas el 9 y 10 de
noviembre de 2015, por parte los procesados SOCIEDAD COORDINADORA
DE BUSES URBANOS DE MANIZALES (SOCOBUSES S.A.) y la COOPERATIVA
UNIÓN DE TRANSPORTADORES (UNITRANS LTDA). conforme a la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NO REPONER y por el contrario CONFIRMAR el Fallo de
Responsabilidad Fiscal No. 015 del 21 de octubre de 2015.
• Auto 652 de 1º de diciembre de 2015, “POR EL CUAL SE
SURTE UN RECURSO DE APELACION”, proferido por la
Contraloría Delegada para Investigaciones Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva.
“[…] AUTO No. 00652
POR EL CUAL SE SURTE UN RECURSO DE APELACION
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[…]
ASUNTO: RECURSO DE APELACIÓN
El Despacho, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales
administrativas, procede a decidir los recursos de apelación interpuestos
contra el Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 015 de fecha 21 de octubre
de 2015, proferido por la Dirección de Investigaciones Fiscales.
[…]
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Confirmar el Fallo con Responsabilidad Fiscal No.
015 de fecha 21 de octubre de 2015, proferido por la Dirección de
Investigaciones Fiscales de la Contraloría General de la República, dentro
del proceso No. 2014-00240_10111606, conforme con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia de responsabilidad.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de este proveído por
estado, de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede
recurso alguno […]”.
V.2.- Problemas jurídicos
A partir de los reproches formulados en los recursos de apelación,
corresponde a la Sala determinar si la sentencia de primera instancia
debe confirmarse, modificarse o revocarse, en primer lugar, porque
en sentir de la CGR la sociedad demandante podía ser considerada
gestora fiscal por su condición de operadora del servicio público de
transporte, por el vínculo legal derivado de la implementación del
SETP y por la tenencia de los equipos a bordo instalados en sus
vehículos y, en todo caso, no había lugar a reconocer los perjuicios
reconocidos por el a quo.
A su turno, con ocasión de la apelación adhesiva de SOCOBUSES
S.A., corresponde determinar si en el proceso fiscal operó la
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prescripción prevista en el artículo 9º de la Ley 610 de 2000, o si el
término fue válidamente suspendido por el traslado de sede de la
CGR; además si se mantiene la nulidad de los actos acusados, deberá
definirse si procede adicionar el restablecimiento del derecho con el
reconocimiento del lucro cesante reclamado por la no
implementación total del sistema BEA.
V.3.- Caso concreto
De conformidad con las pruebas allegadas al expediente la Sala
observa que la Dirección de Investigaciones Fiscales de la Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva de la Contraloría General de la República profirió el Fallo
015 de 21 de octubre de 2015, dentro del proceso de responsabilidad
fiscal PRF-2014-00240_10111606, adelantado por el presunto daño
patrimonial causado a la Empresa de Transporte Integrado de
Manizales TIM S.A., hoy liquidada.
En dicho acto se identificó como entidad afectada a TIM S.A. y como
presuntos responsables fiscales, entre otros, al señor José Alfonso
Jaramillo Jaramillo, en calidad de gerente general de esa empresa, y
a varias empresas operadoras de transporte, incluida SOCOBUSES
S.A.
La CGR señaló que el proceso tuvo origen en un hallazgo de auditoría
gubernamental con enfoque integral especial exprés, practicada por
la Contraloría Municipal de Manizales al proceso de implementación
del Sistema Estratégico de Transporte Público de las ciudades de
Manizales y Villamaría SETP.
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La actuación fue asumida después por la CGR, en virtud del control
excepcional autorizado sobre el SETP de Manizales mediante Auto
000116 de 4 de febrero de 2011.
En cuanto a los fundamentos de hecho, la CGR sostuvo que las
irregularidades investigadas estaban relacionadas con la presunta
omisión de asegurar los equipos a bordo adquiridos para
implementar el SETP y señaló que, durante las protestas ocurridas
los días 2 y 3 de marzo de 2010 en Manizales, fueron vandalizados
ciento dieciocho validadores, cada uno con un costo de $8.167.579,
los cuales habrían sido objeto de reposición, lo que ocasionó un daño
patrimonial a TIM S.A. por $963.774.322 sin indexar.
Respecto de SOCOBUSES S.A., el acto examinó, en primer lugar, la
tacha de desconocimiento formulada por su apoderado contra el CD
que contenía actas de instalación y entrega de los equipos a bordo.
En el acto consta que la sociedad sostuvo que tales actas no habían
sido suscritas por su representante legal y que, por ello, no podían
valorarse para demostrar la recepción de los equipos ni para
imputarle responsabilidad fiscal.
También invocó una respuesta de la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Manizales, según la cual no se encontró documento
suscrito por SOCOBUSES S.A. relativo a contrato de comodato,
actas de entrega o recibo a satisfacción de los equipos antes de los
hechos de marzo de 2010.
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La CGR negó esa tacha, al estimar que las actas de entrega e
instalación sí estaban suscritas, aunque no por el representante legal
de SOCOBUSES S.A., sino por personas encargadas de llevar los
vehículos de la flota al lugar de instalación.
El ente de control indicó que el hecho generador del daño no era, en
estricto sentido, el vandalismo de los validadores, sino la omisión
previa consistente en no constituir las garantías o seguros que
ampararan los equipos a bordo.
La CGR calificó la conducta de SOCOBUSES S.A. como constitutiva
de culpa grave, porque la omisión de asegurar los equipos a bordo,
pese a su condición de operadora de transporte y tenedora de los
bienes vinculados a la plataforma tecnológica del SETP, era
suficiente para declarar su responsabilidad fiscal.
Mediante Auto 783 de 12 de noviembre de 2015, la Dirección de
Investigaciones Fiscales de la CGR resolvió los recursos de reposición
interpuestos contra el Fallo de Responsabilidad Fiscal 015 de 21 de
octubre de 2015, concedió los recursos de apelación formulados en
su contra y decidió otras solicitudes elevadas dentro del proceso
fiscal.
Mantuvo la tesis adoptada en el fallo recurrido al sostener que la
empresa sí ostentaba la tenencia de los equipos a bordo instalados
en su flota y que, en su condición de operadora de transporte del
SETP, debía garantizar su buen uso, conservación y aseguramiento,
por lo que la falta de suscripción formal del contrato de comodato no
desvirtuaba la obligación atribuida a las empresas transportadoras.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
Con relación a la prescripción la entidad advirtió que esta no había
operado, porque mediante Resolución Reglamentaria Ejecutiva 010
de 31 de diciembre de 2014 se habían suspendido los términos
procesales de los procesos de responsabilidad fiscal adelantados en
dependencias ubicadas en el edificio Gran Estación II, entre el 1.º y
el 20 de enero de 2015.
La CGR no repuso el Fallo de Responsabilidad Fiscal 015 de 21 de
octubre de 2015 y mantuvo la declaratoria de responsabilidad fiscal
contra SOCOBUSES S.A.
Con Auto 00652 de 1º de diciembre de 2015, la CGR resolvió los
recursos de apelación interpuestos contra el Fallo de Responsabilidad
Fiscal 015 de 21 de octubre de 2015.
En dicho acto el ente de control señaló que la cuantía indexada del
daño ascendía a $1.149.176.240,98 y reiteró que la actuación se
originó por la omisión de asegurar los equipos a bordo adquiridos
para implementar el SETP, de los cuales fueron vandalizados ciento
dieciocho validadores durante las protestas ocurridas los días 2 y 3
de marzo de 2010.
En relación con SOCOBUSES S.A., la CGR recordó que el fallo de
responsabilidad fiscal la había declarado responsable porque, en su
condición de operadora de transporte, tenía bajo su tenencia los
equipos a bordo instalados en sus vehículos y dejó de constituir las
garantías que los ampararan.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
Por esa razón, consideró que su conducta era gravemente culposa y
que debía responder fiscalmente junto con los demás operadores
vinculados.
Al resolver la apelación, el ente de control mantuvo la valoración
según la cual los validadores vandalizados hacían parte del “equipo
a bordo” adquirido globalmente por TIM S.A., razón por la cual no
acogió los reparos orientados a reducir el daño únicamente al valor
individual de los validadores.
También reiteró que, de acuerdo con las pruebas del expediente, a
SOCOBUSES S.A. le fueron vandalizados 80 equipos a bordo,
circunstancia que sirvió de base para la cuantificación individual de
su responsabilidad.
Finalmente, frente a la prescripción, el auto sostuvo que el término
previsto en el artículo 9º de la Ley 610 de 2000 no había vencido,
porque debía adicionarse la suspensión de términos dispuesta
mediante la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 010 de 31 de
diciembre de 2014.
Procede la Sala, según lo observado, a abordar el estudio de los
cargos planteados en los recursos de apelación.
V.3.1.- Del carácter de gestor fiscal atribuido por la CGR a la
actora
La CGR sostuvo, en primer lugar, que el Tribunal realizó un análisis
incompleto de la gestión fiscal de los particulares, al supeditarla a la
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Actora: SOCOBUSES S.A.
inexistencia de un contrato de comodato y omitir el vínculo legal que
tenía SOCOBUSES S.A. como operadora del servicio público de
transporte y participante en la implementación del SETP, con
fundamento en los artículos 2 (literal b y numerales 2,6 y7) de la Ley
105, 10 del Decreto 170 de 2001 y el Decreto Municipal 225 de 2009.
En segundo lugar, afirmó que el a quo desconoció el contexto fáctico
del caso, pues la no suscripción del comodato obedeció a la renuencia
de las empresas transportadoras, sin que esa circunstancia pudiera
exonerarlas del deber de custodiar y asegurar los equipos a bordo,
cuya falta de amparo impidió recuperar el valor de los validadores
vandalizados.
Al respecto la Sala recuerda que el artículo 3º de la Ley 610 define
la gestión fiscal como el conjunto de actividades económicas,
jurídicas y tecnológicas realizadas por servidores públicos o por
personas de derecho privado que manejen o administren recursos o
fondos públicos, dirigidas a la adecuada adquisición, planeación,
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación,
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de bienes
públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus
rentas, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia,
economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad,
transparencia, publicidad y valoración de costos ambientales.
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-438 de 2022, precisó que
la gestión fiscal constituye el presupuesto fundante de la
responsabilidad fiscal, de manera que, sin gestión fiscal resultante
de una habilitación legal, administrativa o contractual, no puede
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deducirse responsabilidad de esa naturaleza, así:
“[…]
157. En ese contexto, no cabe duda de que el entendimiento de la
gestión fiscal, pese a no estar definida expresamente por la
Constitución Política sino en la ley, sí ha sido el presupuesto exigido
por aquella como fundante de la responsabilidad fiscal (Artículo 268
numeral 5), lo que significa que si no se realiza gestión fiscal, de la
cual pueda predicarse la existencia de un detrimento patrimonial,
entonces, no podrá deducirse luego responsabilidad fiscal.
(iv) El gestor fiscal
158. Como en precedencia fue anotado, según lo prevén los
artículos 267 y 268 de la Constitución y sus desarrollos contenidos
principalmente en las Leyes 42 de 1993 y 610 de 2000 y el Decreto
Ley 267 de 2000, entre otras, son gestores fiscales tanto las
entidades públicas y con ellas los servidores públicos que laboran en
ellas, así como las personas jurídicas de derecho privado y los
particulares que allí trabajan o, en general, todos aquellos que por
habilitación legal, administrativa o contractual reciban, recauden,
perciban, manejen, administren, dispongan o destinen bienes,
fondos o recursos públicos y, son precisamente ellos, los mismos
sujetos de control fiscal. Sobre esa base, la jurisprudencia
constitucional ha entendido que la gestión fiscal a cargo de tales
gestores comprende todo un universo de acciones inmersas en las
denominadas “actividades económicas, jurídicas y tecnológicas” y la
capacidad de realizar una o más acciones derivadas del tráfico de
los recursos o bienes públicos en cumplimiento de los fines a cargo
del Estado.
[…]
163. En conclusión, son gestores fiscales, y en caso de que se
produzca un daño al patrimonio público, presuntos responsables
fiscalmente, los servidores públicos y/o los particulares que por
habilitación legal, administrativa o contractual manejen o
administren bienes y recursos públicos y que tengan capacidad
decisoria frente a los mismos por haber sido dispuestos a su cargo.
En razón a ello, indistintamente de la condición pública o privada del
ejecutor o del poder jurídico o fuente de la cual se derivan las
obligaciones fiscalizadoras, es la gestión fiscal la que constituye el
elemento decisorio y determinante de las responsabilidades
inherentes al recibo, percepción, recaudo, administración, gestión,
disposición o destinación de dichos bienes o recursos de naturaleza
pública.
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[…]
(v) El poder jurídico habilitante para el ejercicio de la gestión
fiscal
164. Según lo ha enfatizado esta Corte, se requiere verificar, con
suficiente grado de certeza, la capacidad o competencia de la
entidad pública y con ella la del servidor público, así como la de la
persona jurídica de derecho privado o, en general, del particular, a
quien se le haya atribuido por atribución, facultad o deber
legal, acto administrativo o cualquier otro acto habilitante,
realizar gestión fiscal y la acción u omisión específica, y,
consecuentemente, descartar cualquier otra relación “tácita,
implícita o analógica” que se aleje o que rompa el vínculo con
dicha gestión.
165. Así, entonces, respecto del vínculo o poder jurídico del
que se deriva el deber, facultad, función u obligación de la
gestión fiscal, es necesario precisar que, por regla general,
dicha calidad es atribuida por el ordenamiento jurídico, esto
es, la Constitución, la ley, los actos administrativos
normativos, sean ellos reguladores o reglamentarios, al
atribuir las funciones, facultades, atribuciones, potestades y
deberes, muchas de la cuales pueden comportar la entrega,
percepción, recibo, administración, manejo, disposición,
destinación y el gasto de bienes y de recursos públicos. La
Corte ha señalado que si dentro de estas funciones se derivan
actuaciones que afectan la titularidad administrativa o dispositiva de
los bienes o recursos públicos, sea a través de “planes de acción,
programas, actos de recaudo, inversión y gasto, entre otros, o
comprenden actividades de ordenación, control, dirección y
coordinación del gasto,” se entiende atribuida y, por lo tanto,
configurada la gestión fiscal.
166. También, el poder jurídico del cual se deriva el deber u
obligación de gestión fiscal y, consecuentemente, la vigilancia y
control fiscal y la posible vinculación a un proceso de responsabilidad
fiscal, puede provenir de un contrato estatal. En este caso, el
contratista adquiere la calidad de gestor fiscal si y solo sí, del objeto
u obligación contractual se derivan facultades de administración de
recursos o de disposición material o jurídica de bienes de naturaleza
pública. Por ello, si aquella disposición está ausente, no se puede
contemplar la existencia de gestión fiscal. En consecuencia, se
requiere necesariamente de la participación del gestor fiscal titular
para determinar el grado de conexidad próxima y necesaria entre
éste y el contratista, por lo cual, las conductas aisladas derivadas
meramente de la esencia obligacional del contratista no constituyen
gestión fiscal y, por lo tanto, no son objeto de responsabilidad fiscal.
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167. Sobre lo anterior, el Consejo de Estado ha indicado que “se
debe mirar cada caso en particular para determinar con fundamento
en el tipo de contrato cuestionado, si el particular que manejó o
administró bienes o recursos públicos, se desempeñó como gestor
fiscal […]”. (Destacado fuera de texto).
En la sentencia en cita, la Corte Constitucional precisó que la
responsabilidad fiscal no puede predicarse de cualquier daño causado
al patrimonio público, sino únicamente de aquellos detrimentos que
tengan origen en el ejercicio de gestión fiscal o en una conducta
vinculada de manera próxima y necesaria con ella.
Por eso, aunque la Constitución no define directamente el concepto
de gestión fiscal, sí lo exige como presupuesto fundante de la
responsabilidad fiscal, de manera que, si no existe aquella, no puede
declararse responsabilidad de esa naturaleza.
En cuanto al sujeto que puede ser considerado gestor fiscal, la Corte
señaló que esa calidad no depende de si se trata de una persona
pública o privada, sino de la función que ejerce frente a bienes o
recursos públicos.
En esa medida, pueden ser gestores fiscales los servidores públicos,
las entidades públicas, las personas jurídicas de derecho privado y
los particulares, siempre que, por habilitación legal, administrativa o
contractual, recauden, perciban, manejen, administren, dispongan o
destinen bienes, fondos o recursos públicos.
La providencia también enfatizó que no basta una relación material,
indirecta o genérica con bienes públicos, pues para que exista gestión
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fiscal, el sujeto debe tener capacidad decisoria frente a los bienes o
recursos, porque estos le fueron puestos a su cargo. En otras
palabras, la gestión fiscal supone un poder jurídico o funcional real
sobre el patrimonio público, que permita atribuir al sujeto una
actividad de administración, manejo, disposición, destinación,
custodia o control sobre esos bienes.
Además, la Corte fue expresa en exigir que el juez o la autoridad
fiscal verifique, con suficiente grado de certeza, cuál es la fuente
habilitante de esa gestión fiscal, la cual puede provenir de la ley, de
un acto administrativo, de un contrato o de otro acto habilitante;
pero no puede deducirse de relaciones tácitas, implícitas o analógicas
que rompan el vínculo con la gestión fiscal.
Finalmente, cuando la gestión fiscal se pretende derivar de un
contrato estatal, la Corte indicó que el contratista solo adquiere la
calidad de gestor fiscal si del objeto u obligaciones contractuales se
desprenden facultades de administración de recursos públicos o de
disposición material o jurídica de bienes públicos. Si esa facultad de
administración o disposición no existe, la sola ejecución de
obligaciones contractuales no configura gestión fiscal.
En consonancia con lo anterior, la Sección Primera del Consejo de
Estado ha reiterado que lo determinante para establecer la
responsabilidad fiscal no es la calidad formal de servidor público o
particular, sino la existencia de gestión fiscal.
Así, ha sostenido que la responsabilidad fiscal debe recaer
necesariamente sobre el manejo o administración de bienes,
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recursos o fondos públicos, respecto de servidores públicos o
particulares que los tengan a su cargo y cuenten con capacidad o
poder decisorio sobre ellos.
Al respecto, en sentencia de marzo de 2026, esta Sección7 indicó:
“[…] La Sala considera pertinente enfatizar que, la responsabilidad
fiscal debe necesariamente recaer sobre el manejo o administración
de bienes y recursos o fondos públicos, y respecto de los servidores
públicos y particulares que los tengan a su cargo por estar
revestidos de capacidad o poder decisorio sobre los mismos […]”
En ese orden de ideas, para determinar si la empresa transportadora
fue gestora fiscal debe verificarse si hay una norma o acto habilitante
que le asigne el manejo de recursos o bienes públicos, pero en
particular si le atribuyó efectivamente la custodia, administración,
disposición o aseguramiento de los equipos a bordo, o si solo impuso
la instalación de dichos equipos como condición de operación del
servicio.
En el recurso de apelación, la CGR reprochó que el Tribunal haya
supeditado el estudio del caso a la exigencia del vínculo contractual
porque en su sentir, el carácter de gestión fiscal atribuido a la actora
tiene su fuente en disposiciones legales para lo cual, en concreto,
citó los artículos 2 (literal b y numerales 2,6 y7) de la Ley 105, 10
del Decreto 170 de 2001 y el Decreto Municipal 225 de 2009 que, en
los apartes invocados por aquella, disponen:
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de
marzo de 2026, MP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 250002324000 2011
00463 03.
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• Ley 105
“[…] ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.
[…]
b. DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO: Corresponde al Estado la
planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y
de las actividades a él vinculadas.
[…]
2. EL CARÁCTER DEL SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE:
La operación del transporte público en Colombia es un servicio
público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la
vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de
calidad, oportunidad y seguridad.
Excepcionalmente la Nación, las entidades territoriales, los
establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales
del Estado de cualquier orden, podrán prestar el servicio público de
transporte, cuando éste no sea prestado por los particulares, o se
presenten prácticas monopolísticas u oligopolísticas que afecten los
intereses de los usuarios. En todo caso el servicio prestado por las
entidades públicas estará sometido a las mismas condiciones y
regulaciones de los particulares.
Existirá un servicio básico de transporte accesible a todos los
usuarios. Se permitirán de acuerdo con la regulación o normatividad
el transporte de lujo, turísticos y especiales, que no compitan
deslealmente con el sistema básico.
6. DE LA LIBERTAD DE EMPRESA:
Para la constitución de empresas o de formas asociativas de
transporte no se podrán exigir otros requisitos que los establecidos
en las normas legales y en los reglamentos respectivos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para acceder a la
prestación del servicio público, las empresas, formas asociativas de
transporte y de economía solidaria deberán estar habilitadas por el
Estado. Para asumir esa responsabilidad, acreditarán condiciones
que demuestren capacidad técnica, operativa, financiera, de
seguridad y procedencia del capital aportado.
Las autoridades sólo podrán aplicar las restricciones a la iniciativa
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privada establecidas en la ley, que tiendan a evitar la competencia
desleal, el abuso que personas o empresas hagan de su posición
dominante en el mercado, para garantizar la eficiencia del sistema
y el principio de seguridad.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte o sus
organismos adscritos reglamentará las condiciones de carácter
técnico u operativo para la prestación del servicio, con base en
estudios de demanda potencial y capacidad transportadora.
El transporte de carga será prestado por personas naturales o
jurídicas debidamente autorizadas por las autoridades y el Gobierno
Nacional regulará su funcionamiento. El Gobierno establecerá los
lineamientos para que el transporte de carga se lleve a cabo bajo
condiciones de seguridad y eficiencia. Igualmente no existirán
restricciones para rutas y frecuencias, estas serán determinadas por
el mercado. El Gobierno Nacional podrá establecer condiciones
técnicas y de seguridad para la prestación del servicio y su control
será responsabilidad de las autoridades de tránsito.
7. DE LOS PERMISOS O CONTRATOS DE CONCESIÓN:
Sin perjuicio de lo previsto en tratados, acuerdos o convenios de
carácter internacional, la prestación del servicio de transporte
público estará sujeta a la expedición de un permiso o contrato de
concesión u operación por parte de la autoridad competente.
Quien cumpla con las exigencias que al respecto se establezcan,
tendrá derecho a ese permiso o contrato de concesión u operación.
Quedan incluidos dentro de este literal los servicios de transportes
especiales […]”.
• Decreto 170 de 2001
“[…] ARTICULO 10.-Autoridades de transporte. Son autoridades de
transporte competentes las siguientes:
En la jurisdicción nacional. El Ministerio de Transporte.
En la jurisdicción distrital y municipal. Los alcaldes municipales
y/o distritales o en los que estos deleguen tal atribución.
En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad
con la ley. La autoridad única de transporte metropolitano o los
alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada.
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No se podrá prestar el servicio de transporte público de esta
modalidad en un radio de acción diferente al autorizado.
Las autoridades de transporte metropolitanas, municipales y/o
distritales, no podrán autorizar servicios de transporte por fuera del
territorio de su jurisdicción, so pena de incurrir en causal de mala
conducta […]”.
• Decreto Municipal 225 de 16 de junio de 2009
“[…] Alcaldía de Manizales
Decreto No. 0225
“por el cual se ordena la instalación de los equipos a bordo para los
vehículos que prestan servicio de transporte colectivo de pasajeros
dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público de Manizales
y Villamaría”
El Alcalde de Manizales en uso de sus facultades legales y en
especial las conferidas por el literal c), del Artículo 1 del Decreto
Nacional 80 de 1987, Artículo 30 de la Ley 336 de 1996, y el
Decreto Munidpai 246 de 2006.
CONSIDERANDO;
Que mediante decreto.246 del 05 de diciembre de 2006 la
administración Municipal estableció criterios para la reorganización
del transporte público colectivo en el Municipio de Manizales.
Oue dentro de! acto administrativo en comento, como parte de las
medidas de reorganización del servicio se ordenó la implementación
de uno indicadores de gestión y condiciones mínimas de operación
de flota, situación que se encuentra consignada dentro del decreto
321 de 2007.
Que con el fin de controlar y verificar el cumplimiento de los
indicadores de gestión el decreto 0246 de 2006 igualmente
determinó la necesidad de la implementación de una plataforma
tecnológica.
Que como parte de las gestiones realizadas por la Empresa de
Trasporte Integrado de Manizales TIM SA, la plataforma tecnológica
ya se encuentra implementada y para su entrada en
funcionamiento, se hace necesario iniciar con la instalación de
equipos en los vehículos, y de esa manera realizar el control de los
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indicadores de gestión de la flota dentro de las condiciones mínimas
de operación y como parte de los elementos que permitan la
prestación del servicio de transporte público colectivo, dentro del
esquema de recaudo centralizado que operará al entrar en
funcionamiento la plataforma tecnológica mencionada del Sistema
Estratégico de Transporte Público y Multimodal de las ciudades de
Manizales y Villamaría, conforme los lineamientos contenidos en el
artículo 53 del Plan Nacional de Desarrollo.
En merito de lo anteriormente expuesto, el alcalde de Manizales,
DECRETA
Artículo Primero: Ordenar la instalación de los equipos a bordo
necesarios para el funcionamiento de la plataforma tecnológica para
el control y la verificación de los indicadores de gestión y condiciones
mínimas de operación, dentro del Sistema Estratégico de Transporte
Público y Multimodal de las ciudades de Manizales y Villamaría.
Parágrafo Primero: Para los efectos del presente artículo, la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales entregará la
programación de instalación para cada una de las empresas que
presenta el servicio de transporte terrestre automotor colectivo en
las ciudades de Manizales y Villamaría y establecerá las condiciones
que se debe cumplir para efectuarla.
Parágrafo Segundo: La instalación de los equipos a bordo estará a
cargo de La Empresa de Transporte Integrado de Manizales “TIM
SA” en su calidad de ente gestor del Sistema Estratégico de
Transporte Público y Multimodal de la ciudad de Manizales y
Villamaría, quien entregará los equipos a título de comodato.
Artículo Segundo: Los vehículos de las empresas que no efectúen la
instalación dentro del cronograma fijado por la Secretaría de
Tránsito y Trasporte, no podrán prestar el servicio de transporte
público para estén autorizados.
Artículo Tercero: El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación […]”.
La Ley 105, en los apartes citados por la entidad apelante, establece
que corresponde al Estado la planeación, control, regulación y
vigilancia del transporte y de las actividades vinculadas a este; que
la operación del transporte público es un servicio público sometido a
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regulación estatal; que las empresas deben estar habilitadas por el
Estado para acceder a su prestación; y que dicha prestación está
sujeta a permiso, concesión u operación por parte de la autoridad
competente.
Por su parte, el artículo 10 del Decreto 170 de 2001 define cuáles
son las autoridades de transporte competentes y, para el ámbito
distrital y municipal, asigna esa condición a los alcaldes municipales
o distritales, o a quienes estos deleguen tal atribución. Asimismo,
dispone que el servicio no puede prestarse en un radio de acción
distinto al autorizado.
Si bien estas disposiciones acreditan que SOCOBUSES S.A., como
empresa habilitada para prestar el servicio público de transporte
colectivo, se encontraba sometida a la regulación, control y vigilancia
de la autoridad de transporte, lo cierto es que de ellas no se
desprende, por sí solo, una atribución concreta de gestión fiscal sobre
los equipos a bordo, pues no le asignan a la empresa la
administración, custodia, disposición, aseguramiento o capacidad
decisoria sobre bienes o recursos públicos determinados.
En otras palabras, esas normas explican el vínculo regulatorio de la
empresa con la prestación del servicio público, pero no bastan para
demostrar el vínculo fiscal exigido por los artículos 3º y 6º de la Ley
610.
Por su parte, el Decreto Municipal 225 de 16 de junio de 2009 fue la
norma que ordenó la instalación de los equipos a bordo necesarios
para el funcionamiento de la plataforma tecnológica del SETP. En ese
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acto se dispuso que la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Manizales entregaría la programación de instalación para cada
empresa y establecería las condiciones que debían cumplirse para
efectuarla.
También señaló que la instalación estaría a cargo de TIM S.A., en su
calidad de ente gestor del sistema, quien entregaría los equipos a
título de comodato y previó que los vehículos de las empresas que
no efectuaran la instalación dentro del cronograma fijado no podrían
prestar el servicio público autorizado.
De esa regulación se desprende que la instalación de los equipos a
bordo era una exigencia administrativa para la continuidad en la
prestación del servicio público de transporte dentro del SETP. No
obstante, el mismo decreto indicó que la instalación estaría a cargo
de TIM S.A. y que la entrega de los equipos se realizaría a título de
comodato, lo cual evidencia que la fuente prevista para trasladar
deberes de uso, conservación o restitución era precisamente ese
instrumento negocial, el comodato.
Así, el Decreto 225 de 2009 permite afirmar que SOCOBUSES S.A.
tenía que permitir la instalación de los equipos en los vehículos
vinculados a su operación y que la falta de instalación afectaría la
autorización para prestar el servicio, pero esa consecuencia
regulatoria no equivale, por sí misma, a poner los equipos a cargo de
la empresa con capacidad decisoria de administración, custodia,
disposición o aseguramiento fiscalmente relevante. Para que ello
ocurriera, debía acreditarse que el ordenamiento, el acto
administrativo o el contrato le hubieran atribuido expresamente esos
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deberes respecto de bienes públicos determinados.
En ese orden, las normas invocadas por la CGR demuestran la
existencia de un marco legal y administrativo de intervención estatal
en el servicio público de transporte y de implementación obligatoria
de los equipos tecnológicos del SETP. Sin embargo, no acreditan,
por sí solas, que SOCOBUSES S.A. hubiera adquirido la calidad de
gestora fiscal respecto de los validadores, pues no le atribuyeron de
manera clara e inequívoca el manejo, administración, custodia,
disposición o aseguramiento de esos bienes, ni capacidad decisoria
sobre ellos.
Ahora bien, en el proceso no existe controversia en torno a que
SOCOBUSES S.A. no suscribió contrato de comodato con TIM S.A.
respecto de los equipos a bordo instalados en los vehículos
vinculados a su operación. Por el contrario, ese hecho fue reconocido
tanto por la sociedad demandante como por la propia CGR en los
actos acusados, y también fue advertido por el Tribunal al resolver el
cargo de ausencia de gestión fiscal.
Esa circunstancia resulta relevante porque el Decreto Municipal 225
de 2009 previó que TIM S.A., en su condición de ente gestor del
SETP, entregaría los equipos a título de comodato. Por tanto, si el
propio acto administrativo remitía a ese negocio jurídico como
instrumento para formalizar la entrega de los bienes, la inexistencia
del contrato impedía establecer, a partir de esa fuente, cuáles eran
las obligaciones concretas asumidas por SOCOBUSES S.A. frente a
los equipos instalados en sus vehículos.
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Número único de radicación: 17001-23-33-000-2016-00173-01
Actora: SOCOBUSES S.A.
En efecto, al no haberse perfeccionado el comodato, no existe un
documento contractual que permita determinar si la sociedad
demandante asumió deberes de administración, custodia,
conservación, restitución, aseguramiento o disposición sobre los
equipos a bordo. Tampoco se acreditó, por esa vía, que la empresa
por intermedio de su representante legal hubiera adquirido capacidad
decisoria sobre su manejo, uso técnico, protección, aseguramiento o
destinación.
Lo anterior es determinante porque, conforme con los artículos 3º y
6º de la Ley 610, la gestión fiscal no se configura por la sola relación
material con un bien público, sino por la existencia de una
habilitación legal, administrativa o contractual que ponga ese bien a
cargo del particular y le atribuya capacidad de manejo,
administración, custodia, conservación, disposición o decisión sobre
él.
Así, aunque está demostrado que los equipos fueron instalados en
vehículos vinculados a SOCOBUSES S.A., esa instalación material
no permite concluir, por sí sola, que la empresa hubiera ejercido
gestión fiscal, pues para ello era necesario acreditar que la sociedad
tenía un poder jurídico o funcional sobre los equipos que le permitiera
adoptar decisiones fiscalmente relevantes respecto de su
administración, conservación, custodia o aseguramiento, lo cual no
se deriva de las normas citadas por la CGR en el recurso de
apelación.
La Sala no desconoce que SOCOBUSES S.A. estaba sometida al
marco regulatorio del servicio público de transporte ni que debía
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Número único de radicación: 17001-23-33-000-2016-00173-01
Actora: SOCOBUSES S.A.
permitir la instalación de los equipos a bordo como condición para
continuar operando dentro del SETP. No obstante, esa obligación
regulatoria no equivale a atribuirle gestión fiscal per se sobre los
bienes instalados, pues no comportaba, por sí misma, la
administración, custodia, disposición, aseguramiento o capacidad
decisoria sobre ellos, pues para predicar responsabilidad fiscal era
necesario demostrar que tales deberes habían sido asignados de
manera clara y concreta, lo que no se acreditó en este caso.
Por demás, la Sala observa que la propia CGR al resolver la actuación
en sede administrativa reconoció que el acuerdo de voluntades no se
elevó a escrito, y aun así estimó que la entrega material de los
validadores a las empresas transportadoras, en su condición de
operadoras del sistema, acreditaba la existencia del comodato y, por
esa vía, hacía surgir las obligaciones de conservación, restitución y
aseguramiento de los bienes.
En efecto, en el acto que resolvió la apelación en sede administrativa,
el ente de control sostuvo:
“[…] Sobre este argumento, es pertinente enfatizar que si bien el
acuerdo de voluntades no se elevó a escrito, está plenamente
demostrado la entrega del bien, en este caso los validadores a las
empresas transportadoras en su condición de operadoras del
Sistema, lo que acredita la existencia del comodato.
[…]
Pues el contrato de comodato se caracteriza, por ser gratuito, por
ser unilateral y porque impone obligaciones únicamente al
comodatario, quien debe velar por la conservación y oportuna
restitución del bien cuando así lo solicite el comodante.
[…]
En efecto, de acuerdo con las normas municipales la empresa de
transporte integrado de Manizales TIM S.A, en su condición de ente
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Número único de radicación: 17001-23-33-000-2016-00173-01
Actora: SOCOBUSES S.A.
gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público y Multimodal
de la ciudad de Manizales y Villamaría, entregó los referidos equipos
a título de comodato, a cada una de las empresas operadoras de
transporte, quienes tenían la obligación de garantizar el buen uso y
conservación de estos bienes. Por lo que los argumentos expuestos
por los recurrentes no están llamados a prosperar […]”.
La tesis jurídica planteada por la CGR en sede administrativa
contradice lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 que
prevén que los contratos estatales deben contar por escrito para su
perfeccionamiento, así:
“[…] ARTÍCULO 39. DE LA FORMA DEL CONTRATO
ESTATAL. Los contratos que celebren las entidades estatales
constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura
pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del
dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes
inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas
legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad […]
ARTÍCULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se
logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve
a escrito […]”.
Al respecto, en relación con el contrato de comodato y la obligación
de que conste por escrito para efectos de su existencia, la Sección
Tercera de esta Corporación ha indicado8:
“[…] 4. El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos
estatales como los actos jurídicos generadores de obligaciones
celebrados con entidades del Estado previstos en el derecho privado
o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomía de la voluntad. A su vez, el artículo 39 establece que los
contratos estatales constarán por escrito y el artículo 41 dispone que
se perfeccionarán cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la
contraprestación y éste se eleve a escrito. Los contratos estatales
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, MP Guillermo Sánchez
Luque, providencia de 17 de mayo de 2019, número único de radicación 76001-23-33-008-2017-
00104-01(60309).
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Número único de radicación: 17001-23-33-000-2016-00173-01
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son -pues- solemnes (art. 1500 CC), y según el artículo 13 de la Ley
80 de 1993, se rigen por las normas del derecho común, salvo en
las materias que particularmente hayan sido reguladas por el
Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública.
5. Como las partes el 16 de septiembre de 2014 acordaron el objeto
y la contraprestación del contrato de comodato nº. 0575, lo
elevaron a escrito y lo suscribieron, el contrato se perfeccionó en
ese momento, según el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, sin que sea aplicable el artículo 2200
del Código Civil que prevé que el contrato de comodato se
perfecciona con la tradición de la cosa. Los requisitos de
perfeccionamiento del contrato estatal están previstos en el
Estatuto General de la Contratación de la Administración
Pública y cualquier estipulación de las partes al respecto
deberá entenderse de conformidad con los criterios de
interpretación de los contratos del derecho civil y comercial
(Art. 23 de la Ley 80 de 1993) […]”. (Destacado fuera de texto)
Ahora bien, la Sala tampoco comparte los reproches de la CGR con
los cuales pretendía ilustrar que el Tribunal desconoció el contexto
fáctico y los hechos generadores del daño a partir de la obligatoriedad
de las disposiciones de tránsito y la renuencia que dice devino de
SOCOBUSES S.A. en la firma del contrato de comodato y su omisión
en el aseguramiento de los instrumentos electrónicos.
En efecto, la obligatoriedad de la instalación de los equipos no
equivale, por sí misma, a la atribución de facultades de
administración, custodia, conservación, disposición o aseguramiento
sobre bienes públicos, pues una cosa era que la empresa, en su
condición de operadora de transporte, debiera permitir la instalación
de los dispositivos en los vehículos vinculados a su operación, so
pena de no poder continuar prestando el servicio autorizado, y otra
distinta que, por esa sola razón, los equipos hubieran sido puestos
jurídicamente a su cargo con capacidad decisoria sobre su manejo o
aseguramiento, por la carencia de fuente jurídica que así lo
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dispusiera en concreta como se anotó en precedencia.
Tampoco resulta de recibo el argumento según el cual la falta de
suscripción del contrato de comodato obedeció a la renuencia de las
empresas transportadoras y, por tanto, no podía operar en su favor,
pues la controversia no consiste en determinar si SOCOBUSES S.A.
actuó o no correctamente al abstenerse de suscribir la minuta de
comodato, ni si esa conducta podía generar consecuencias
administrativas en el marco de la regulación del transporte.
El punto relevante, para efectos de la responsabilidad fiscal, es si al
momento de los hechos existía un título legal, administrativo o
contractual que le hubiera atribuido a la sociedad la gestión fiscal de
los equipos vandalizados. Bajo ese enfoque, la renuencia a suscribir
el comodato no suple la inexistencia del título jurídico requerido, sino
que al contrario, confirma que el instrumento previsto para
formalizar la entrega de los equipos y definir las obligaciones no se
perfeccionó.
En consecuencia, no podía presumirse que SOCOBUSES S.A. asumió
las obligaciones propias del comodatario, entre ellas las de
conservar, restituir o asegurar los equipos, cuando precisamente no
existía el contrato del cual la CGR derivó tales deberes. La Sala
tampoco desconoce que los validadores fueron instalados en
vehículos vinculados a SOCOBUSES S.A. ni que, con posterioridad,
fueron vandalizados en los hechos ocurridos los días 2 y 3 de marzo
de 2010, sin embargo, la responsabilidad fiscal no podía
estructurarse únicamente a partir de la relación material con los
bienes ni de la ocurrencia del daño, sino que requería acreditar que
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la sociedad ejercía gestión fiscal respecto de aquellos.
Esto exigía demostrar que los equipos estaban a su cargo con
capacidad jurídica o funcional de administración, custodia,
conservación, disposición o aseguramiento, lo que no se acreditó en
el proceso. En ese sentido, aunque la Contraloría sostiene que el
daño no se produjo por la vandalización en sí misma, sino por la falta
de aseguramiento que impidió recuperar el valor de los equipos, esa
tesis supone demostrar previamente que SOCOBUSES S.A. tenía el
deber jurídico de asegurarlos.
Las normas invocadas por la Contraloría muestran que el transporte
público estaba sometido a intervención, regulación y vigilancia
estatal; que las empresas debían estar habilitadas para prestar el
servicio; y que, en el marco del SETP, los vehículos debían contar
con equipos a bordo para operar dentro del sistema. Pero de allí no
se desprende, de manera clara e inequívoca, que SOCOBUSES S.A.
tuviera a su cargo la administración, custodia o aseguramiento de los
validadores.
En ese orden de ideas, los reproches de la CGR no están llamados a
prosperar, pues las normas invocadas en la apelación acreditan que
SOCOBUSES S.A. estaba sometida al régimen de regulación, control
y vigilancia propio del servicio público de transporte y a las
condiciones fijadas para operar dentro del SETP; no obstante, no
demuestran que hubiera recibido una habilitación legal,
administrativa o contractual para manejar, administrar, custodiar,
disponer o asegurar los equipos a bordo, ni que tuviera capacidad
decisoria sobre esos bienes en los términos de la Ley 610 de 2000.
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Tampoco el contexto fáctico invocado por la entidad por la
implementación obligatoria del SETP, la instalación de los
validadores, la renuencia a suscribir los comodatos y la posterior
vandalización de los equipos permiten atribuir gestión fiscal a la
actora. La falta de suscripción del comodato evidencia la ausencia del
título jurídico previsto para formalizar la entrega de los equipos y
definir los deberes de las partes, de modo que la obligación de
permitir su instalación como condición de operación no equivalía a
ponerlos a cargo de SOCOBUSES S.A. con facultades de
administración, custodia, conservación, disposición o aseguramiento.
Tampoco modifica la conclusión anterior la invocación que hace la
Contraloría del Decreto Ley 403 de 2020, respecto del cual no se
ahondará, porque dicha normativa no estaba vigente para la época
de los hechos investigados ni para cuando se profirieron los actos
acusados, de manera que no podía constituir el fundamento jurídico
de la responsabilidad fiscal atribuida a SOCOBUSES S.A.
V.3.2.- Del reconocimiento de los costos financieros
El Tribunal, además de ordenar la devolución indexada de la suma
pagada por SOCOBUSES S.A. con ocasión del fallo fiscal anulado,
reconoció a favor de la demandante el valor correspondiente al costo
financiero del crédito que, según encontró probado, la sociedad
contrató para efectuar dicho pago.
Para ello, tuvo en cuenta el dictamen pericial financiero y sus anexos,
en los que se indicó que SOCOBUSES S.A. obtuvo un crédito
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bancario por $800.000.000 con el Banco Davivienda S.A., destinado
a cancelar la condena impuesta por la Contraloría, operación que
habría generado intereses por $238.859.888.
En la apelación la CGR sostuvo que no había lugar a ordenar suma
alguna por ese concepto porque el proceso de responsabilidad fiscal
ofrecía a la investigada mecanismos distintos al pago de la condena
para obtener el levantamiento de las medidas cautelares, en
particular la constitución de garantías reales, bancarias o expedidas
por compañías de seguros.
Por ello, consideró que el sometimiento a una investigación fiscal no
podía traducirse en beneficios económicos para la investigada
diferentes de la indexación de las sumas eventualmente
comprometidas con el pago del resarcimiento.
Al respecto, la Sala encuentra fundado el reproche de la CGR, pues
si bien en efecto, el dictamen pericial y sus anexos permiten tener
por acreditado que SOCOBUSES S.A. contrató un crédito bancario
por $800.000.000 y que dicha operación generó intereses
financieros, lo cierto es que, la existencia contable de ese gasto no
conduce, por sí sola, a tenerlo como un daño emergente
indemnizable a cargo de la entidad demandada.
Para ello era necesario demostrar, además de su realidad y cuantía,
que el costo financiero fue una consecuencia directa, necesaria e
inevitable de los actos administrativos anulados.
En este punto resulta relevante que el artículo 12 de la Ley 610 prevé
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que el presunto responsable fiscal puede solicitar el desembargo al
órgano fiscalizador, en cualquier momento del proceso o cuando el
acto que estableció la responsabilidad se encuentre demandado ante
la jurisdicción competente, siempre que constituya garantía real,
bancaria o expedida por una compañía de seguros, suficiente para
amparar el pago del presunto detrimento y aprobada por quien
decretó la medida, así:
“[…] Artículo 12. Medidas cautelares. En cualquier momento del
proceso de responsabilidad fiscal se podrán decretar medidas
cautelares sobre los bienes de la persona presuntamente
responsable de un detrimento al patrimonio público, por un monto
suficiente para amparar el pago del posible desmedro al erario, sin
que el funcionario que las ordene tenga que prestar caución. Este
último responderá por los perjuicios que se causen en el evento de
haber obrado con temeridad o mala fe.
Las medidas cautelares decretadas se extenderán y tendrán
vigencia hasta la culminación del proceso de cobro coactivo, en el
evento de emitirse fallo con responsabilidad fiscal.
Se ordenará el desembargo de bienes cuando habiendo sido
decretada la medida cautelar se profiera auto de archivo o fallo sin
responsabilidad fiscal, caso en el cual la Contraloría procederá a
ordenarlo en la misma providencia. También se podrá solicitar
el desembargo al órgano fiscalizador, en cualquier momento
del proceso o cuando el acto que estableció la
responsabilidad se encuentre demandado ante el tribunal
competente, siempre que exista previa constitución de
garantía real, bancaria o expedida por una compañía de
seguros, suficiente para amparar el pago del presunto
detrimento y aprobada por quien decretó la medida.
Parágrafo. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares
dentro del proceso de jurisdicción coactiva y el deudor demuestre
que se ha admitido demanda y que esta se encuentra pendiente de
fallo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, aquellas
no podrán ser levantadas hasta tanto no se prestegarantía bancaria
o de compañía de seguros, por el valor adeudado más los intereses
moratorios […]”. (Decretado fuera de texto)
De esa disposición se desprende que si la sociedad actora pretendía
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procurar el levantamiento de las medidas cautelares practicadas por
el órgano de control fiscal o mitigar sus efectos patrimoniales, el pago
total de la condena no era el único mecanismo previsto por el
ordenamiento para tal fin, pues podía acudir a la constitución de una
garantía idónea, real, bancaria o de seguros, sin necesidad de
cancelar de manera definitiva la suma fijada en el fallo fiscal mientras
discutía su legalidad ante esta jurisdicción.
Ahora bien, la sociedad actora también mencionó que debió cancelar
la condena impuesta para evitar los efectos de la inscripción en el
boletín de responsables fiscales, lo cual solo hubiese sido posible de
esa manera o por la revocatoria del fallo de responsabilidad o su
anulación.
Respecto del registro en el boletín de responsables fiscales el artículo
60 de la Ley 610, prevé:
“[…] Artículo 60. Boletín de responsables fiscales. La
Contraloría General de la República publicará con periodicidad
trimestral un boletín que contendrá los nombres de las personas
naturales o jurídicas a quienes s e les haya dictado fallo con
responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y no hayan satisfecho
la obligación contenida en él.
Para efecto de lo anterior, las contralorías territoriales deberán
informar a la Contraloría General de la República, en la forma y
términos que esta establezca, la relación de las personas a quienes
se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal, así como de las
que hubieren acreditado el pago correspondiente, de los fallos que
hubieren sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y de las revocaciones directas que hayan proferido,
para incluir o retirar sus nombres del boletín, según el caso […]”.
En este escenario en el que la intensión de la actora habría sido evitar
los efectos de su inclusión en el boletín de responsables fiscales, o su
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exclusión inmediata, la Sala observa que la contratación del crédito
respondió a una decisión empresarial asumida motu proprio por
aquella dentro de todas las alternativas disponibles, sin que dicha
actuación hubiese sido impuesta por el ente de control en los actos
acusados o por ministerio de la Ley.
Ciertamente, el costo de los intereses no aparece como una
consecuencia directa e ineludible de la actuación administrativa
anulada, sino como el resultado de la forma específica en que la
actora decidió atender la contingencia económica derivada del
proceso fiscal, frente a lo cual debe permanecer al margen cualquier
medida resarcitoria de las ordenadas en el caso concreto a título de
restablecimiento del derecho.
La Sala precisa que esta conclusión no desconoce la procedencia de
la devolución de la suma efectivamente pagada por SOCOBUSES
S.A., debidamente actualizada como lo ordenó el Tribunal, como
consecuencia natural de la nulidad de los actos acusados. Lo que sí
queda descartado es que los intereses financieros del crédito
contratado para realizar ese pago deban trasladarse, per se, a la CGR
como si consistieran en daño emergente, habida cuenta que el
ordenamiento le ofrecía mecanismos alternos para conseguir, bien el
levantamiento de las cautelas mediante la constitución de garantías,
o bien su no inclusión o exclusión del boletín de responsables fiscales
—pago de la condena fiscal sin acudir a créditos bancarios—.
En consecuencia, aunque el dictamen pericial dio cuenta de la
existencia del crédito y cuantificó unos intereses, SOCOBUSES S.A.
no logró demostrar que el costo financiero de esa operación bancaria
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fuese imputable directa y necesariamente a los actos acusados,
expedidos por la CGR.
Por ello, se modificará la sentencia apelada en este aspecto, para
denegar lo relativo al reconocimiento de los $238.859.888,
ordenados por el Tribunal por concepto de costo financiero del
crédito.
V.3.3.- De la prescripción alegada por la parte actora
La actora sostuvo que operó la prescripción del artículo 9º de la Ley
610 de 2000, porque entre el Auto 006 de 16 de noviembre de 2010,
que abrió el proceso fiscal, y el Auto 00652 de 1º de diciembre de
2015, que resolvió la apelación administrativa, transcurrieron más
de cinco años sin decisión en firme.
Además, cuestionó el cómputo de la suspensión dispuesta por la
Resolución Reglamentaria Ejecutiva 010 de 31 de diciembre de 2014,
pues consideró que el término de prescripción, al estar fijado en
años, debía contarse conforme al calendario; que el traslado de sede
de la CGR no constituía fuerza mayor o caso fortuito; y que la
suspensión no fue incorporada al proceso mediante auto de trámite
notificado por estado, como lo exige el artículo 13 de la Ley 610.
Al respecto la Sala advierte que el artículo 9° de la Ley 610, sobre
prescripción de la acción de responsabilidad, establece:
“[…] ARTICULO 9 CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. La acción
fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia
del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha
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proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal.
Este término empezará a contarse para los hechos o actos
instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de
tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del
último hecho o acto.
La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a
partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si
dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que
la declare.
El vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo
no impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se pueda
obtener la reparación de la totalidad del detrimento y demás
perjuicios que haya sufrido la administración, a través de la acción
civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la contraloría
correspondiente o por la respectiva entidad pública […] ”.
Esta Sección9 en relación al término de prescripción de
responsabilidad fiscal ha considerado que: i) el término de 5 años se
contabiliza a partir del auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal; ii) dentro de dicho término la CGR debe
expedir el acto administrativo, debidamente ejecutoriado conforme a
los artículos 56 de la Ley 610 y 62 del CPACA, que declare la
responsabilidad fiscal del servidor público y/o del particular que
ejerza gestión fiscal y cause un daño patrimonial al Estado; iii) al
finalizar el término prescribe la responsabilidad fiscal, esto es, se
extingue el derecho del Estado de atribuir la responsabilidad fiscal a
quien venía procesando.
Asimismo, la citada sentencia señaló que la prescripción de la
responsabilidad fiscal de que trata la norma señalada supra, se
identifica con la prescripción que la legislación civil denomina
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
mayo de 2012; C.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 50001-23-31-000-
2005-30456-01
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prescripción extintiva, esto es, la que determina la extinción de los
derechos y de las acciones que de estos emanan cuando no han sido
ejercidos por su titular durante determinado lapso de tiempo.
Así, la prescripción se erige en esta materia como un instituto jurídico
liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo cesa la
potestad del Estado para deducir la responsabilidad fiscal de quien
es objeto de un proceso por el daño que con su gestión fiscal le han
causado al patrimonio del Estado; es decir, que si ha transcurrido el
tiempo señalado en la ley, esto es, 5 años a partir del auto que
ordenó la apertura del proceso fiscal, sin que se haya dictado y
además ejecutoriado la decisión sobre la responsabilidad fiscal del
investigado, el órgano de control ya no podrá declarar dicha
responsabilidad.
Ahora bien, el artículo 13 de la Ley 610, sobre suspensión de
términos, señala que el cómputo de los términos se suspenderá en
los siguientes eventos: i) de fuerza mayor o caso fortuito y ii) por el
trámite de una declaración de impedimento o recusación. Asimismo,
la citada norma señala que la suspensión y reanudación de los
términos se ordenará mediante auto de trámite y se notificará por
estado al día siguiente, contra el cual no procederá recuso alguno.
En relación con la fuerza mayor y el caso fortuito, esta Sección 10 ha
señalado que visto el artículo 1° de la Ley 95 de 2 de diciembre de
189011, “[…] se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a
que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
10 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de
marzo de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 24 000
2010 00318 00
11 Sobre reformas civiles
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Número único de radicación: 17001-23-33-000-2016-00173-01
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apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un
funcionario público, etc. […]”.
En la citada sentencia se indicó que, conforme a su definición para
que la fuerza mayor se configure, es necesario que se encuentren
acreditados sus tres elementos constitutivos, esto es, que sea: i)
externo, es decir, que está dotado de una fuerza destructora
abstracta, cuya realización no es determinada, ni aun indirectamente
por la actividad del ofensor; ii) irresistible, esto es, que ocurrido el
hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar
sino del modo que lo ha hecho e iii) imprevisible, cuando el suceso
escapa a las previsiones normales, o sea, que ante la conducta
prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o
predecirlo.
A su vez, la referida sentencia indicó que el caso fortuito debe ser
interior, no porque nazca del fuero interno de la persona, sino
porque proviene de la propia estructura de la actividad, puede ser
desconocido y permanecer oculto.
La Corte Constitucional en la sentencia SU-498 de 14 de septiembre
de 201612, determinó que en los eventos en que se afecta la
prestación continua del servicio, esa circunstancia tendría efectos
en derecho, en aplicación de la doctrina del caso fortuito y la fuerza
mayor, de acuerdo con la cual no se pueden derivar consecuencias
adversas ante la presencia de circunstancias que impidan material
o físicamente el cumplimiento de las cargas procesales.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-498 de 14 de septiembre de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado
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Número único de radicación: 17001-23-33-000-2016-00173-01
Actora: SOCOBUSES S.A.
En el caso bajo estudio, la Sala advierte que por Auto 006 de 16 de
noviembre de 2010, la Coordinación del Área de Responsabilidad
Fiscal de la CGR dio apertura al proceso de responsabilidad, por lo
que en principio el término de prescripción fiscal finalizaría el 16 de
noviembre de 2015, mientras que el acto administrativo a través
del cual fue concluida la actuación fue proferido el 1º de diciembre
siguiente.
Sin embargo, el término de prescripción podía ser interrumpido con
ocasión del advenimiento de algunos específicos eventos, entre los
que se cuentan la fuerza mayor o el caso fortuito, tal y como lo
dispone el artículo 13 de la Ley 610 previamente referenciado.
En efecto, la Sala advierte que el contralor general de la República
expidió la Resolución Reglamentaria 010 de 31 de diciembre de 2014,
por medio de la cual dispuso la suspensión de los términos en los
procesos de responsabilidad fiscal, así como en las indagaciones
preliminares fiscales, en los procesos de jurisdicción coactiva que se
encuentren adelantando las diferentes unidades, contralorías
delegadas y demás áreas, direcciones u oficinas de la sede central
de Bogotá, D.C., así como las actividades misionales que requerían
el cómputo de términos, ubicadas en el edificio Gran Estación II, por
20 días, desde el 1° de enero de 2015 hasta el 20 de enero de 2015.
Respecto de los efectos de la suspensión acaecida con fundamento
en la Resolución Reglamentaria 010 de 31 de diciembre de 2014, en
reiteración de la posición, en sentencia de 3 de julio de 202513, esta
Sección indicó:
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de julio
de 2025, MP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 85 001 23 33 000 2017 00152 01.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
“[…] En este punto, se advierte que en sentencia del 8 de octubre
de 202029, la Sección Primera de la Corporación aludió a la
Resolución Reglamentaria Ejecutiva 10 de diciembre de 2014 e
indicó que “el Contralor General de la República declaró la urgencia
manifiesta para atender la situación relacionada con el traslado de
funcionarios y elementos de la entidad, teniendo en cuenta que la
situación indicada supra generaba un riesgo inminente para el
ejercicio de las funciones” y concluyó que “de acuerdo con lo
expuesto, la suspensión de los términos por el traslado de la sede
física de la entidad fue consecuencia de una contingencia que
impedía la prestación normal y continúa del servicio, así como el
trámite de los procesos, al punto que fue necesario declarar la
urgencia manifiesta”. Por último, en la referida sentencia, la
Sección explicó que la precitada resolución reglamentaria
goza de presunción de legalidad, la cual no fue desvirtuada
en este proceso […]”
En ese orden de ideas, la Sala considera que el cargo no está llamado
a prosperar, pues si bien el término inicial de prescripción vencía el
16 de noviembre de 2015, lo cierto es que dicho plazo fue suspendido
por 20 días, entre el 1º y el 20 de enero de 2015, en virtud de la
Resolución Reglamentaria Ejecutiva 010 de 31 de diciembre de 2014,
respecto de los procesos de responsabilidad fiscal adelantados en las
dependencias ubicadas en el edificio Gran Estación II.
Para esa fecha, el proceso fiscal seguido contra SOCOBUSES S.A.
se encontraba a cargo de la Dirección de Investigaciones Fiscales de
la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva, con sede en Bogotá, por lo que quedó cobijado
por dicha suspensión.
La suspensión dispuesta por el citado acto administrativo no puede
asimilarse a una simple vacancia, cierre ordinario o interrupción
común del despacho, pues como esta Sección ha reconocido que la
Resolución Reglamentaria Ejecutiva 010 de 2014 respondió a una
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contingencia que impedía la prestación normal y continua del servicio
y el trámite de los procesos14, al punto que fue necesario declarar la
urgencia manifiesta; además, ha precisado que dicho acto goza de
presunción de legalidad, sin que en este proceso se hubiera
desvirtuado.
Por ello, no le asiste razón a la actora cuando afirma que, por tratarse
de un término fijado en años, era imposible aplicar cualquier
suspensión, pues una cosa es que los términos de años se computen
conforme al calendario y que no se suspendan por cierres ordinarios
del despacho, y otra distinta es que el artículo 13 de la Ley 610
prevea expresamente la suspensión de los términos del proceso de
responsabilidad fiscal en eventos de fuerza mayor o caso fortuito.
En este asunto, la suspensión no se fundó en la regla general de
cómputo de términos, sino en una causal especial prevista en la
propia Ley 610.
Tampoco prospera el reparo relativo a la falta de auto de trámite
dentro del proceso fiscal, dado que aunque el artículo 13 de la Ley
610 dispone que la suspensión debe ordenarse mediante auto
notificado por estado, en este caso la suspensión fue decretada
mediante un acto administrativo general expedido por el Contralor
General de la República, aplicable a los procesos tramitados en las
dependencias afectadas por el traslado de sede.
Dicho acto fue incorporado y valorado dentro de la actuación fiscal,
14 Ver además. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 21 de enero de 2021, MP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación
20001233900220160003601.
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y sus efectos fueron expresamente considerados tanto en el Auto 783
de 12 de noviembre de 2015 como en el Auto 00652 de 1º de
diciembre de 2015, al resolver sobre la prescripción.
En consecuencia, la ausencia de un auto individual adicional no tiene
la entidad suficiente para desconocer los efectos de una suspensión
general, motivada y amparada por la presunción de legalidad.
Así las cosas, al término inicial que vencía el 16 de noviembre de
2015 debían adicionarse los 20 días de suspensión dispuestos por la
Resolución Reglamentaria Ejecutiva 010 de 31 de diciembre de 2014,
por lo que el plazo de prescripción se extendió hasta el 6 de diciembre
de 2015, por lo que el Auto 00652 de 1º de diciembre de 2015 y
ejecutoriado el 3 de diciembre siguiente15, mediante el cual se
resolvió la apelación administrativa, fue proferido dentro del término
legal.
V.3.4.-De los demás perjuicios reclamados por la actora
Además del reconocimiento de los costos financieros en que incurrió
con el crédito bancario que adquirió para pagar la condena impuesta
por la CGR, la actora solicitó que se le indemnizara por los perjuicios
materiales por daño emergente y lucro cesante causados por el
trámite y decisión del proceso de responsabilidad fiscal derivados de
las medidas cautelares decretadas mediante Auto 000321 de 28 de
marzo de 2014, embargo y secuestro preventivos sobre bienes
inmuebles y depósitos bancarios.
15 Expediente digitalizado SAMAI primera instancia, One drive archivo 170012333000201600173C3
folio 387.
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Como fundamento, sostuvo que las medidas cautelares impidieron
continuar las inversiones proyectadas desde 2013 para implementar
el sistema BEA, destinado al control de la evasión en el recaudo del
pasaje.
Indicó que el Contrato 087-13 de 20 de diciembre de 2013, previsto
para completar 366 unidades, solo pudo ejecutarse respecto de 45
equipos, lo que habría generado lucro cesante por ingresos dejados
de percibir y daño emergente por el aumento del costo de las
inversiones debido a la variación de la tasa de cambio.
El Tribunal negó los perjuicios asociados a la no implementación total
del sistema BEA, para lo cual consideró que el dictamen pericial
permitía cuantificar los perjuicios reclamados, pero no acreditar por
sí solo su existencia, los cuales no tuvo como ciertos.
En la apelación, la actora insistió en que las medidas cautelares de
embargo decretadas por la CGR la obligaron a suspender inversiones
proyectadas desde 2013 y le impidieron continuar con la
implementación total de la plataforma tecnológica BEA, destinada a
controlar la evasión en el pago del pasaje y optimizar la operación de
la flota.
Indicó que dicho proyecto no era una expectativa abstracta, sino una
inversión empresarial real, aprobada por los órganos de dirección de
la sociedad y ejecutada en una primera etapa.
Para sustentar esa afirmación, invocó los informes presentados a la
Asamblea General de Accionistas de 2013 y 2014, el Acta 623 de 19
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de diciembre de 2013 de la Junta Directiva, el Contrato 087-13 de
20 de diciembre de 2013, los testimonios practicados en el proceso
y el dictamen pericial financiero rendido por María Mercedes Bernal
de Jaramillo y aportado con la demanda.
Según la apelante, esos elementos demostraban que la imposibilidad
de continuar con el proyecto BEA le produjo daño emergente, por el
mayor costo de adquisición de los equipos derivado de la variación
de la tasa de cambio, y lucro cesante, por los ingresos dejados de
percibir al no poder controlar la evasión del recaudo.
Al respecto, sea lo primero señalar que, la Sección Tercera de esta
Corporación ha precisado que el daño emergente supone la salida
actual o futura de un bien económico del patrimonio del afectado,
mientras que el lucro cesante se refiere a la ganancia frustrada, esto
es, al bien económico que, de no haber ocurrido el hecho dañoso,
habría ingresado al patrimonio del afectado, así16:
“[…] El artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como
“el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la
obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse
retardado su cumplimiento”. Estos perjuicios se traducen en las
pérdidas económicas que se causan con ocasión de una acción,
omisión u operación administrativa imputable a la entidad
demandada. En concordancia con lo previsto en el artículo 16 de la
Ley 446 de 1998, solo pueden indemnizarse a título de daño
emergente las sumas que empobrecieron a la víctima o que
debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho
dañoso y del daño mismo.
Por su parte, la norma citada en precedencia ha entendido el lucro
cesante como la ganancia o provecho que deja de reportarse por no
haberse cumplido la obligación, por haberse cumplido
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección “A”,
sentencia de 23 de abril de 2021, MP Marta Nubia Velásquez Rico, número único de radicación 19001-
23-31-000-2012-00159-01.
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imperfectamente, o por haberse retardado su cumplimiento, lo que
se traduce en la privación de activos que eran percibidos por el
afectado […]”.
De igual forma, la Sección Tercera ha explicó que la prosperidad de
los perjuicios materiales exige su acreditación en el proceso, de
manera que no basta su invocación ni su liquidación aritmética, así17:
“[…] para que prospere la pretensión respecto de la reparación por
los perjuicios materiales alegados, éstos deben acreditarse
debidamente en el proceso; es decir, si se busca la condena de la
parte demandada al pago del daño emergente se deberá probar que
algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima;
por otro lado, si se persigue la condena al pago de lucro cesante
será necesario acreditar la ganancia frustrada, o todo bien
económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso
normal, habría ingresado ya o lo haría en el futuro, al patrimonio de
la víctima […]”.
Ahora bien, cuando la parte pretende acreditar o cuantificar esos
perjuicios mediante dictamen pericial, dicho medio de prueba no
desplaza la función valorativa del juez, pues los artículos 176, 226 y
232 del Código General del Proceso disponen que las pruebas deben
apreciarse en conjunto, conforme a las reglas de la sana crítica, y
que, al valorar el dictamen, debe atenderse a la firmeza, precisión y
calidad de sus fundamentos, a la competencia del perito y a los
demás elementos probatorios obrantes en el proceso.
En materia de perjuicios empresariales, la exigencia de soporte
probatorio adquiere especial relevancia, pues las proyecciones de
ingresos, utilidades, costos o afectaciones patrimoniales deben estar
respaldadas en información contable, financiera o contractual
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección “A”,
sentencia de 16 de agosto de 2012, MP Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 50001-
23-31-000-1997-06359-01.
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verificable, como lo señaló la Sección Tercera de esta Corporación en
sentencia de 11 de octubre de 202118, al analizar un dictamen que
pretendía acreditar utilidades y afectación de activos intangibles con
base en proyecciones no soportadas en documentos contables, así:
“[…] las cifras expresadas en el referido cuadro […] no están
soportadas en los estados financieros debidamente presentados u
otro documento contable o financiero que permita establecer su
veracidad y correspondencia con la realidad, pues aunque el
ingeniero dijo que se basó en documentos contables, no los
identificó ni los aportó […]”.
De las reglas anteriores se desprende que la anulación de los actos
administrativos no genera automáticamente el reconocimiento de
todos los perjuicios materiales reclamados, pues la parte actora debe
demostrar, con medios idóneos y suficientes, la existencia cierta del
daño, su relación causal con la actuación anulada y su cuantía.
El dictamen pericial puede servir para acreditar o cuantificar ese
perjuicio, pero solo si sus conclusiones se apoyan en fundamentos
firmes, precisos, verificables y coherentes con el restante material
probatorio, por lo que en consecuencia, las proyecciones de ingresos
o utilidades esperadas que no estén soportadas en información
contable, contractual o financiera cierta no pasan de ser expectativas
empresariales no indemnizables.
Bajo ese marco, la Sala pasa a valorar las pruebas invocadas por
SOCOBUSES S.A. para demostrar los perjuicios materiales que, a
su juicio, se derivaron de la imposibilidad de continuar con la
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, M.P.
José Roberto Sáchica Méndez, sentencia de 11 de octubre de 2021, número único de radicación
76001-23-31-000-2007-00092-05 (53479).
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implementación total del proyecto BEA.
En la apelación, la sociedad actora hizo referencia, en primer lugar,
a los informes presentados a la asamblea general de accionistas de
los años 2013 y 2014, según los cuales demostraban que la
implementación de la plataforma tecnológica BEA era un proyecto
empresarial en curso, orientado al control de la evasión en el pago
del pasaje y a la optimización de la operación de la flota.
También invocó el Acta 623 de 19 de diciembre de 2013 de la Junta
Directiva, con la cual pretendió acreditar que el órgano de
administración autorizó la compra del software y de los equipos
necesarios para implementar la plataforma.
Asimismo, la actora se refirió al Contrato 087-13 de 20 de diciembre
de 2013, celebrado entre SOCOBUSES S.A. e IDEAR
ELECTRÓNICA S.A., con el cual acredita que celebró un negocio de
suministro, instalación, capacitación e implementación de 45 equipos
BEA GPS, por valor de USD 104.850, con un cronograma de ejecución
entre el 16 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014, sin
embargo, el mismo contrato precisó que, para las unidades
adicionales, debía celebrarse un otrosí hasta completar las 366
unidades proyectadas.
También fueron invocados los testimonios de Álvaro Moreno
Quintero, Margarita Soto Giraldo, Ana Cristina López, Adriana
Marcela Garzón Rodríguez y Claudia Cristina Gómez, cuyas
declaraciones convergen en cuanto a que el proyecto BEA existía,
tenía finalidad operativa y económica, había sido iniciado con 45
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equipos y su expansión fue aplazada en un contexto de afectación
financiera de la empresa. De igual forma señalan que SOCOBUSES
S.A. sufrió una restricción de liquidez y que acudió al crédito para
pagar la condena fiscal, aspecto que coincide con el perjuicio que
había sido reconocido por el Tribunal.
Sin embargo, esos testimonios no demuestran con certeza suficiente
el lucro cesante ni el daño emergente reclamados por la no
instalación de los 321 equipos restantes, porque los declarantes
hablan de beneficios esperados, porcentajes aproximados o
estimados de recuperación de evasión, pero no de ingresos ciertos
ya consolidados.
Estas pruebas permiten tener por acreditado que SOCOBUSES S.A.
adelantó un proyecto empresarial real para implementar la
plataforma BEA y que ejecutó una primera fase limitada a 45 equipos,
no obstante, no demuestran, por sí solas, que la sociedad hubiera
asumido una obligación contractual cierta e inmediata de adquirir los
321 equipos restantes, ni que de la no ejecución de esa expansión
se hubiera derivado un daño emergente y un lucro cesante ciertos.
En cuanto al dictamen pericial financiero rendido por María Mercedes
Bernal de Jaramillo, la Sala advierte que este tuvo por objeto
cuantificar el daño emergente y el lucro cesante que, según
SOCOBUSES S.A., se causaron con ocasión del proceso de
responsabilidad fiscal.
La experticia partió de la premisa de que la sociedad tenía previsto
instalar el sistema BEA en todos los vehículos de la compañía, tanto
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propios como vinculados; que la primera etapa de 45 equipos se
ejecutó; y que la expansión del proyecto se suspendió por las
medidas cautelares decretadas dentro del proceso fiscal.
A partir de esa premisa, el dictamen calculó tres conceptos
principales: i) daño emergente por el mayor valor de adquisición de
los 321 equipos restantes, derivado de la variación de la tasa de
cambio; ii) lucro cesante por los ingresos que se habrían obtenido si
el sistema BEA se hubiera implementado en toda la flota; y iii) costo
financiero del crédito de $800.000.000 que la empresa habría
adquirido para pagar la condena fiscal.
Respecto del daño emergente por la no adquisición de los 321
equipos restantes, la perito sostuvo que el valor de la inversión en
abril de 2014 era de $1.369.193.383,05 y que para marzo de 2016
ascendía a $2.156.064.940,92, por lo que estimó un perjuicio de
$786.871.557,87. Para ello multiplicó los 321 equipos no adquiridos
por un valor unitario en dólares de USD 2.200,52 y comparó dos
tasas representativas del mercado: la de abril de 2014 y la de marzo
de 2016.
Sin embargo, esa conclusión presenta una dificultad probatoria
relevante, pues parte de que SOCOBUSES S.A. necesariamente
habría adquirido los 321 equipos restantes, pero esa premisa no se
encuentra demostrada con el mismo grado de certeza que la primera
fase del proyecto. Como se indicó, el Contrato 087-13 solo
comprendía el suministro, instalación, capacitación e implementación
de 45 equipos BEA GPS, y respecto de las unidades adicionales señaló
que, para contratarlas, debía celebrarse un otrosí.
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Por tanto, la diferencia cambiaria calculada por la perito recae sobre
una operación futura no contractualizada, no sobre una obligación
cierta ya asumida por la sociedad. En ese sentido, el daño emergente
calculado no corresponde a una salida patrimonial efectivamente
causada ni a una obligación cierta que hubiera incrementado su valor
por causa de la actuación de la CGR, sino a la estimación del mayor
costo de una inversión que la sociedad proyectaba realizar.
Bajo las reglas jurisprudenciales referidas, ese tipo de proyección no
basta para tener por acreditado el daño emergente, pues la parte
debía demostrar que el bien económico salió o debía salir
necesariamente de su patrimonio, y no solo que una inversión futura
se habría encarecido.
En cuanto al lucro cesante, el dictamen afirmó que la instalación de
los equipos BEA permitió aumentar en promedio un 5% el recaudo o
la productividad de los conductores, por lo que para obtener ese
indicador, comparó el número de pasajeros por recorrido en
vehículos con sistema BEA durante 2014 frente a datos de 2013 con
registradora.
La Sala advierte que esa metodología puede ser útil como ejercicio
de estimación financiera, pero no acredita por sí sola la certeza del
lucro cesante reclamado, porque el dictamen toma el
comportamiento de los 45 vehículos inicialmente instalados y lo
proyecta sobre los 321 restantes, sin demostrar que todos esos
vehículos tenían condiciones operativas homogéneas, iguales rutas,
igual demanda, igual nivel de evasión, igual número de recorridos o
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igual capacidad de generar el incremento promedio del 5%.
En segundo lugar, porque el dictamen asume que todo aumento en
pasajeros o recaudo sería ingreso neto, al señalar que la empresa ya
tenía cubiertos todos los costos fijos y variables; sin embargo, esa
afirmación requería soporte contable suficiente que permitiera
verificar que la expansión del sistema no implicaría costos adicionales
de instalación, mantenimiento, operación, personal, recaudo,
administración o financiación.
Tampoco basta, para ese efecto, la afirmación de que las medidas
cautelares impidieron continuar el proyecto, pues el dictamen
enuncia esa relación causal, pero no demuestra técnicamente que la
causa directa y determinante de la no adquisición de los 321 equipos
restantes hubiera sido la actuación de la CGR.
Por lo anterior, la Sala concluye que el Tribunal acertó al negar los
demás perjuicios asociados a la no implementación total del proyecto
BEA, por loque en consecuencia, este cargo de la apelación no
prospera y la sentencia apelada será confirmada en este aspecto.
V.3.5.- Síntesis y conclusión de la decisión
La Sala concluye que la sentencia apelada debe confirmarse en
cuanto declaró la nulidad de los actos acusados en relación con
SOCOBUSES S.A., pues la CGR no acreditó que esta ejerciera
gestión fiscal respecto de los validadores instalados en los vehículos
vinculados a su operación.
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La sola condición de empresa operadora del servicio público de
transporte, la implementación obligatoria del SETP y la instalación
material de los equipos a bordo no demostraban, por sí mismas, que
la demandante tuviera a su cargo la administración, custodia,
disposición o aseguramiento de esos bienes, ni que existiera un título
legal, administrativo o contractual que le atribuyera tales deberes.
También se confirmará la decisión de primera instancia en cuanto
negó la prescripción de la responsabilidad fiscal, toda vez que al
término ordinario de cinco años previsto en el artículo 9º de la Ley
610 debía adicionarse la suspensión de términos dispuesta mediante
la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 010 de 31 de diciembre de
2014, de modo que el Auto 00652 de 1.º de diciembre de 2015 fue
proferido y quedó ejecutoriado dentro del plazo legal.
De igual forma, se mantendrá la negativa de reconocer los perjuicios
reclamados por la no implementación total del sistema BEA, porque
las pruebas aportadas demostraron la existencia de un proyecto
empresarial y la ejecución de una primera fase de 45 equipos, pero
no acreditaron que la adquisición de los 321 equipos restantes
constituyera una obligación contractual cierta ni que los ingresos
proyectados por reducción de evasión correspondieran a un lucro
cesante real, consolidado y directamente imputable a la actuación
fiscal.
No obstante, la Sala modificará la sentencia apelada en cuanto
reconoció a favor de SOCOBUSES S.A. la suma de $238.859.888
por concepto de costo financiero del crédito contratado para pagar la
condena fiscal.
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Aunque el dictamen pericial y sus anexos acreditaron la existencia
del crédito y de los intereses causados, no demostraron que ese costo
financiero fuera una consecuencia directa, necesaria e inevitable de
los actos anulados, máxime cuando el artículo 12 de la Ley 610
permitía solicitar el levantamiento de las medidas cautelares
mediante la constitución de garantía real, bancaria o expedida por
una compañía de seguros.
En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia
únicamente en ese punto y la confirmará en lo demás.
V.3.6.- De la condena en costas
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso19 y por las agencias en derecho20“.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18821 del CPACA en
armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP22, esto es, en
19 “[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales
como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias,
registros, pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
20 “[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
21 “[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
22 El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
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Número único de radicación: 17001-23-33-000-2016-00173-01
Actora: SOCOBUSES S.A.
aplicación de un criterio objetivo valorativo23, corresponde a la
Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a la parte a la que
se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, en los
términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 424 del artículo 365 ibidem,
habida cuenta de la decisión que aquí se profiere.
Al respecto se tiene que, en esta instancia, y según las reglas
previstas en el artículo 365 del CGP la Sala no condenará en costas
procesales en el componente de agencias en derecho ni expensas por
no encontrarse probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la parte resolutiva de la sentencia de 24 de
septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, en el sentido de NEGAR el reconocimiento de la suma de
23 Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
24 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a
aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.
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Número único de radicación: 17001-23-33-000-2016-00173-01
Actora: SOCOBUSES S.A.
$238.859.888 por concepto de costo financiero del crédito
contratado por SOCOBUSES S.A., por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia apelada.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, conforme
con los señalado en la parte motiva de esta decisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 6 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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