Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00318-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2019 › Radicado 11001-03-24-000-2010-00318-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Servicios públicos: tecnologías de la información y telecomunicaciones
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00318-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2010-00318-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
29 de marzo de 2019
SERVICIOS PÚBLICOS – Tecnologías de la información y telecomunicaciones / AUTORIZACIÓN O PERMISO PARA USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA ACCESO FIJO INALÁMBRICO – Cancelación del otorgado a COSTATEL S.A. E.S.P. / POTESTAD O FACULTAD SANCIONATORIA – Término para su ejercicio / CADUCIDAD DE LA POTESTAD O FACULTAD SANCIONATORIA – No configuración
[D]e conformidad con lo establecido en el artículo 38 del CCA y el precedente jurisprudencial trazado por esta Corporación, la administración cuenta con un término de tres (3) años para expedir el acto administrativo sancionatorio y proceder a su notificación, agotando así la actuación administrativa, para luego, en caso de haberse ejercido los recursos establecidos en el ordenamiento contra el acto administrativo principal, proceder a desatar la vía gubernativa, siendo esta una etapa de defensa estipulada para controvertir una decisión adoptada en una fase administrativa previa, que contó con su propia regulación y términos. Descendiendo al caso concreto, los incumplimientos por los cuales se sancionó a la empresa Costatel S.A. E.S.P. fueron de diversa naturaleza, (i) omisión en la presentación de informes de la ejecución de su plan de expansión y los reportes anuales de sus actualizaciones para cada uno de los municipios en los que se les autorizó el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico, (ii) no pago de las contraprestaciones a su cargo, (iii) no renovación de las pólizas de cumplimiento, todos ellos entre los años 2003 a 2005, inclusive; por lo que, al momento de proferirse el acto principal, esto es, la Resolución 001138 de 11 de mayo de 2006, aún no había operado la caducidad de la facultad sancionatoria. Ahora bien, la Sala pone de presente que no obra prueba de la fecha de notificación de la Resolución 001138 de 2006, sin embargo, el recurso de reposición ejercido en su contra fue presentado el 21 de junio de 2006, como se indicó en los hechos de la demanda y en la Resolución 002548 de 15 de octubre de 2009, por medio de la cual se resolvió la impugnación, por lo que se entiende que la misma se realizó ente el 11 de mayo de 2006 y el 21 de junio de la misma anualidad. En este contexto, al momento de imponerse la sanción y de notificarse la misma, la administración se encontraba dentro del término legal para hacer uso de su facultad sancionatoria conforme a los incumplimientos relacionados en el acto administrativo demandado. En suma, no habiéndose desvirtuado los cargos respecto al incumplimiento de las obligaciones ni haberse aportado prueba alguna que cuestionara los argumentos del acto administrativo demandado respecto a los períodos incumplidos, para la Sala el cargo no tiene vocación de prosperidad.
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO – Concepto / FUERZA MAYOR – Elementos constitutivos / IRRESISTIBILIDAD E IMPRESIVIBILIDAD – Concepto / FUERZA MAYOR – Características / AUTORIZACIÓN O PERMISO PARA USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA ACCESO FIJO INALÁMBRICO – Cancelación del otorgado a COSTATEL S.A. E.S.P. / FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO – No se prueba con recortes de prensa / CORTES DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA – No se acreditó que su ocurrencia fuera por fuerza mayor / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a Sala recuerda que la fuerza mayor como causal exonerativa de responsabilidad se encuentra consagrada en el artículo 1º de la Ley 95 de 1890, el cual dispone que “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. Conforme a su definición para que la fuerza mayor se configure, es necesario que se encuentren acreditados sus tres elementos constitutivos, esto es, que sea externo, irresistible e imprevisible. […] Como se observa, para que se configure la fuerza mayor, como causal exonerativa de responsabilidad, requiere que el suceso sea externo a la voluntad la persona, sea imprevisible y sea irresistible. […] En el sub lite y de la revisión del plenario, la Sala encuentra que la parte actora tan solo aportó las pruebas decretadas y practicadas en la actuación administrativa, esto es, sin que haya allegado elemento demostrativo adicional para respaldar las pretensiones de su demanda. Así las cosas, se tiene que a folios 31 a 55 del cuaderno anexo se encuentran una serie de recortes de prensa que dan cuenta de los reiterados cortes de energía en la Costa Atlántica por problemas en la prestación del servicio por parte de electricaribe. Este material probatorio fue valorado por la administración tanto en el acto administrativo sancionatorio como en aquel que resolvió el recurso de reposición, en el sentido de considerar que no era prueba suficiente de la imprevisibilidad y la irresistibilidad de los cortes de energía frente a las obligaciones asumidas por Costatel S.A. E.S.P. Sobre el particular, la Sala comparte lo considerada por el Ministerio demandando en los actos administrativos cuya nulidad se pretende, puesto que la simple prueba de los cortes de energía no son suficientes para acreditar una fuerza mayor, toda vez que era necesario que la empresa actora demostrara que estos hechos no eran reiterativos ni previsibles, así como que su actuación no podía ser diferente a la que se presentó ante la ausencia de electricidad.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Tercera, de 26 de febrero de 2004, Radicación 52001-23-31-000-1996-7506-01 (13.833), C. P. Germán Rodríguez Villamizar y 23 de mayo de 2012, Radicación 05001-23-24-000-1993-01039-01 (21.269), CP. Enrique Gil Botero.
PÉRDIDA DE LA FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTARTIVO – Alcance / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
La empresa actora en su demanda hace mención al cobro de unas obligaciones del año 2001, las cuales, a su juicio, no pueden ser exigibles por haber operado en fenómeno del decaimiento del acto establecido en el citado artículo 66 del CCA. Al respecto y en primer lugar, la Sala advierte que la parte actora omitió señalar frente a cuales actos jurídicos había operado el fenómeno jurídico del decaimiento y, mucho menos, expuso con claridad en qué consisten los cobros que aducía estaba solicitando la administración. La Sala resaltar que en los actos administrativos demandados, la administración hizo relación a actuaciones y omisiones de Costatel S.A. como sustento de los reiterados incumplimientos de las obligaciones derivadas del permiso de uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico, sin que ello implique que se le están haciendo exigibles unos cobros, lo cuales, se insiste, no precisó en debida forma la demandante. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala reitera lo expuesto respecto al alcance de la pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, en tanto su configuración no constituye una causal de nulidad el acto administrativo sino que trae como consecuencia jurídica que deje de producir efectos, esto es, resulta oponible.
FUENTE FORMAL: LEY 72 DE 1989 – ARTÍCULO 5 / LEY 72 DE 1989 – ARTÍCULO 7 / LEY 72 DE 1989 – ARTÍCULO 14 / LEY 72 DE 1989 – ARTÍCULO 15 / LEY 72 DE 1989 – ARTÍCULO 18 / LEY 72 DE 1989 – ARTÍCULO 20 / LEY 95 DE 1890 – ARTÍCULO 1 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 38 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 66
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00318-00
Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA COSTATEL S.A. E.S.P
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Referencia: PERMISO PARA EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA ACCESO FIJO INALÁMBRICO. FUERZA MAYOR – ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN. ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO – TÉRMINO PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA – PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA
Referencia: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia dentro del proceso promovido por la Empresa de Telecomunicaciones de la Costa – Costatel S.A. E.S.P., en contra de la Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Mintic, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 001138 del 11 de mayo de 2006 y 002548 del 15 de octubre de 2009.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
I.1.1. El 10 de junio de 2010, la Empresa de Telecomunicaciones de la Costa Costatel S.A. E.S.P., actuando por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, presentó demanda con la finalidad de que se realicen las siguientes declaraciones:
“3.1. Que se declarare la nulidad de la resolución No. 001138 del 11 de mayo de 2006, emitida por la Directora de Administración de Recursos de Comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por medio de la cual se canceló el permiso otorgado a COSTATEL S.A. E.S.P., para el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico y se declaró responsable a la empresa por el incumplimiento de sus obligaciones.
3.2. Que se declarare la nulidad de la resolución No. 002548 del 15 de octubre de 2009, emitida por la Directora de Administración de Recursos de Comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición y se confirmó lo resuelto en la resolución No. 001138 del 11 de mayo de 2006.
3.3. Que se ordene a la parte demandada el pago de las costas del proceso”.
I.1.2. La parte demandante fundamentó sus pretensiones en los siguientes hechos:
I.1.2.1. El Ministerio de Comunicaciones, mediante Resolución 002801 de 26 de octubre de 1999, otorgó a Costatel S.A. E.S.P. permiso para el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico en los municipios de Dibulla (La Guajira), Aracataca, Ariguaní, Cerro San Antonio, El Piñón, Guamal, Pedraza, Pivijay, Remolino, Salamina y Santa Marta (Magdalena) por el término de 10 años, acto administrativo que fue modificado por la Resolución 001107 de 19 de mayo de 2000, en el sentido de cancelar la asignación de frecuencias en algunos municipios y modificar el ancho de banda de las frecuencias asignadas para los municipios de Aracataca y Santa Marta (Magdalena).
I.1.2.2. A través de la Resolución 001437 de 29 de junio de 2000, el Ministerio resolvió otorgarle a Costatel S.A. E.S.P. permiso para el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico en los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo y la Zona Bananera (Magdalena), por el término de 10 años.
I.1.2.3. El 21 de diciembre de 2005, el Ministerio, mediante auto 0398, abrió investigación administrativa en contra de Costatel por el incumplimiento de algunas de sus obligaciones, tales como:
“No presentar al Ministerio la configuración de su red.
No tener en operación al final de cada año, en los municipios en los que se autorizó el uso del espectro electromagnético para acceso fijo inalámbrico, el número de abonados en servicio.
No cumplir con el plan de expansión propuesto por la entidad.
No liquidar y pagar al fondo de comunicaciones, los valores adeudados por la contraprestación de los permisos otorgados.
No renovar las pólizas de cumplimiento para garantizar el plan de expansión”.
En virtud de lo anterior, la empresa presentó los correspondientes descargos.
I.1.2.4. Por Resolución 001138 del 11 de mayo de 2006, el Ministerio de Comunicaciones canceló el permiso otorgado a Costatel S.A. E.S.P. para el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico y declaró responsable a la empresa por el incumplimiento de sus obligaciones. Frente a la anterior decisión se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución 002548 de 15 de octubre de 2009, en el sentido de confirmar el acto recurrido en todas sus partes.
I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
I.1.3.1. Respecto a los fundamentos de derecho, la sociedad actora sostuvo, en primer lugar, que se desconoció el artículo 29 de la Constitución, toda vez que en el derecho sancionatorio no existe responsabilidad objetiva, sino que debe existir culpa del obligado, la cual no se configuró en el caso concreto al haber operado un evento de fuerza mayor ante la constante falta del servicio de energía en los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo y la Zona Bananera, lo que impidió el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico.
Indicó que “Costatel S.A., en ningún momento incumplió sus obligaciones porque así lo quisiera, sino porque se presentó un caso de fuerza mayor, que fue imposible prever y controlar, por no ser de nuestra orbita el manejo del fluido de energía en el Departamento del Magdalena; de la mano con esto, el Estado no puede imponer sanciones solo por el hecho de cometer la infracción, él debe observar por qué ocurrió la falta y de esta manera determinar si hay responsabilidad o no, debido a que pueden presentarse causales eximentes de responsabilidad como en este caso y al no tenerse en cuenta se generaría un atropello y una sanción arbitraria e ilegal”.
I.1.3.2. Asimismo, consideró que se desconoció el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo - CCA puesto que, al momento en que quedó en firme la sanción impuesta en el año 2006, ya había caducado la facultad de la administración para imponer la misma.
En efecto, expresó que “en el 2006, el Ministerio procedió a sancionar, interponiéndose los respectivos recursos de ley y quedando en firme la sanción hasta el año 2009 cuando estos se resolvieron, entonces es claro que en este caso, la facultad que tiene la autoridad administrativa para imponer sanciones caducó, ya que según el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, el término para poder imponer sanciones es de tres años, contados a partid del día en que se produjo el acto generador de la sanción, entonces mal haría la autoridad administrativa en imponer una sanción sin encontrarse dentro del término de ley establecido para lo mismo y por lo tanto la obligación de Costatel S.A. E.S.P. de pagar sanción alguna desaparece por operar la caducidad”.
I.1.3.3. De otro lado, indicó que se vulneró el artículo 66 del CCA al cobrarse unas liquidaciones anteriores al 2001, luego de transcurridos más de cinco (5) por años, por tanto, los actos administrativos perdieron su fuerza ejecutoria. Al respecto la parte actora indicó que “se ha realizado a COSTATEL el cobro de unas liquidaciones anteriores a julio de 2001, las cuales no pueden adelantarse por la administración, toda vez que ya han transcurrido más de cinco años y se ha perdido la fuerza ejecutoria”.
I.2. Trámite de única instancia
I.2.1. Mediante auto de 29 de octubre de 2010, se admitió la demanda y se ordenaron las notificaciones de ley.
I.2.2. Por proveído del 28 de agosto de 2011, se tuvo por no contestada la demanda al ser presentada de forma extemporánea.
I.2.3. El 13 de junio de 2013, se abrió a pruebas el proceso y por auto del 1º de noviembre del mismo año, se corrió traslado para alegar de conclusión a las partes y al Ministerio Público para que rindiera concepto; oportunidad en la que intervinieron el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la sociedad actora.
I.3. Alegatos de conclusión del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
El apoderado judicial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones puso de presente que los actos administrativos demandados fueron emitidos por funcionario competente, sin infracción de la normatividad vigente, de manera regular y garantizando el derecho de defensa.
Agregó que existió suficiente soporte fáctico y jurídico para expedir las resoluciones acusadas y la demandante pudo ejercer su derecho de defensa durante toda la actuación administrativa.
En consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la demanda.
I.3.1. Alegatos de conclusión de la Empresa de Telecomunicaciones de la Costa Costatel S.A. E.S.P.
La sociedad actora reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso y en el recurso de apelación.
1.6.2.3. Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio guardó silencio en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES
II.1. Competencia
La Sala es competente para conocer en única instancia el proceso de la referencia, conforme con lo establecido en el numeral segundo del artículo 128 del CCA, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999.
II.2. Planteamiento del problema jurídico
La Empresa de Telecomunicaciones de la Costa – Costatel S.A. E.S.P. interpuso demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 001138 de 11 de mayo de 2006, por la cual se le declaró responsable del incumplimiento de las obligaciones derivadas de los permisos otorgados para el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico y, se ordenó la cancelación de dichos permisos; así como de la Resolución 002548 de 15 de octubre de 2009, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión.
Como sustento de sus pretensiones alegó que los actos administrativos demandados desconocieron el debido proceso al haberse configurado una fuerza mayor en el incumplimiento de sus obligaciones; así como quebrantaron el artículo 38 del CCA puesto que al momento en que quedó en firme la sanción impuesta en el año 2006, ya había prescrito la facultad sancionatoria de la administración. Finalmente, señaló que se vulneró el artículo 66 del CCA al cobrarse unas liquidaciones anteriores al 2001, cuando los actos administrativos habían perdido su fuerza ejecutoria.
Por su parte, la entidad demandada consideró que los actos administrativos habían sido expedidos con suficiente soporte fáctico y jurídico y que la sociedad demandante pudo ejercer su derecho de defensa durante toda la actuación administrativa.
Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar: i) si los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad por haber vulnerado el debido proceso; ii) haber sido expedidos sin competencia al haberse perdido la facultad sancionatoria de la administración por el transcurso del término establecido en la ley; y iii) la procedencia del cobro de unas liquidaciones anteriores a julio de 2001, tal como lo expuso la empresa actora en la demanda.
De ahí que, a efectos de entrar a resolver el caso concreto, la Sala considera necesario abordar los siguientes temas: (i) los actos administrativos acusados; (ii) las obligaciones por el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico; para luego proceder a dar solución del caso concreto (iii), en el cual se abordará la fuerza mayor como causal exonerativa de responsabilidad (iii.1.); la potestad sancionatoria de la administración (iii.2.) y la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos (iii.3).
II.3. Los actos administrativos acusados
• Resolución 001138 de 11 de mayo de 2006, expedida por la Directora de Administración de Recursos de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones, “por medio de la cual se ordena la cancelación de los permisos otorgados a la Empresa de Telecomunicaciones de la Costa COSTATEL S.A. E.S.P., para el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico”, de la cual se resaltan, los siguientes apartes:
“Resolución 001138 de 11 de mayo de 2006
Por medio de la cual se ordena la cancelación de los permisos otorgados a la Empresa de Telecomunicaciones de la Costa COSTATEL S.A. E.S.P., para el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico.
La Directora de Administración de Recursos de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones
En ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las que le confieren el Decreto 1620 de 2003, de conformidad con la delegación conferida mediante Resolución No. 00887 del 16 de junio de 2003, y,
CONSIDERANDO
[…]
4. Que una vez revisado el expediente de COSTATEL S.A. E.S.P., se pudo establecer que la Empresa no ha allegado a la Entidad, los reportes que anualmente debe presentar, con el informe detallado de la ejecución de su plan de expansión, para cada uno de los municipios en los que le fue autorizado el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico.
De igual forma se observa que la Empresa no presentó al Ministerio de Comunicaciones, la configuración de su red antes de su entrada en operación y, los reportes anuales de sus actualizaciones para cada uno de los municipios en los que se les autorizó el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico.
Por otra parte, el Estado de Cuenta expedido por el Grupo de Facturación y Cartera de esta Entidad de fecha 10 de noviembre de 2005, certifica que la Empresa COSTATEL S.A. E.S.P., adeuda al Fondo de Comunicaciones, un total de $2.160.000 por concepto capital, por las contraprestaciones por el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico, por el período comprendido entre 31 de agosto de 2000 hasta el 31 de diciembre del mismo año. De igual manera, intereses por $2.896.829, por el período comprendido entre el 24 de noviembre de 2000 y el 30 de noviembre de 2005.
En el mismo estado de cuenta, se registra los valores a cargo de la Empresa y a favor del Fondo de Comunicaciones, por el acuerdo de pago suscrito con la entidad el 15 de enero de 2001, así como los intereses a que esta deuda ha dado lugar hasta el 30 de noviembre de 2005.
Adicionalmente, se hace constar que la Empresa no ha presentado las autoliquidaciones de las contraprestaciones a su cargo, correspondientes a los años 2002, 2003, 2004 y 2005.
Finalmente, no se evidencia en el expediente del concesionario, documento alguno que soporte la renovación de las pólizas de cumplimiento, exigidas por las Resoluciones No. 002801 de 1999 y 001107 de 2000, para garantizar el plan de expansión en los municipios de Aracataca y Santa Marta, desde el 29 de febrero de 2001. De igual manera, no existe documento que soporte la renovación de las pólizas de cumplimiento exigidas por la Resolución 1437 de 2000, para garantizar el plan de expansión en los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo y la Zona Bananera, desde el 28 de septiembre de 2001.
4. (sic) Por las razones expuestas, este Despacho, mediante Auto No. 0398 del 21 de Diciembre de 2005, abrió investigación administrativa en contra de la Empresa COSTATEL S.A. E.S.P., endilgándole el incumplimiento de las siguientes obligaciones adquiridas con ocasión del permiso otorgado para el uso del espectro para acceso fijo inalámbrico.
[…]
5. Que mediante escrito radicado en este Entidad con el No 107305 del 9 de marzo de 2008, el señor Omar Alberto Carrillo Martínez, obrando en su condición de representante legal de la Empresa de Telecomunicaciones de la Costa COSTATEL S.A. E.S.P. y encontrándose en término para hacerlo, presentó descargos a los cargos elevados por esta entidad en contra de su representada, presentando los argumentos de hecho y derecho (sic) con los cuales asumió la defensa de la Empresa, […]:
´Costatel instaló y puso en operación tal como se había comprometido el sistema inalámbrico PRIME WIVE 2000 de L3 Communication, con capacidad para DIEZ MIL LÍNEAS TELEFÓNICAS, inversión que alcanzó la suma de un millón de dólares de los Estados Unidos de América.
Lo anterior se diseñó para efectos de cubrir el plan de expansión propuesto por Costatel durante los cinco primeros años. Pero el sistema estaba diseñado de la siguiente manera (…) una UPS, con una duración máxima de 30 minutos, para prever eventuales fallas del servicio de energía que llegasen a ocurrir, e instaló un total de 500 líneas telefónicas tal como se había comprometido en el primer año, en estratos 1, 2 y 3 (…).
Pero resulta que desde mediados del año 2001, se inició toda una política sistemática de suspensión del servicio de energía de parte del proveedor Electricaribe en la ciudad de Santa Marta, en el Departamento del Magdalena y en la Costa Atlántica, que llevó necesariamente a que cada vez que Electricaribe en sus famosos racionamientos eléctricos (sic) disfrazados o denominados como “mantenimientos” ,(sic) Costatel suspendiera el servicio telefónico a los 20 o 30 minutos de haberse suspendido el suministro de energía eléctrica.
Para acreditar lo anterior se anexan en más de CIEN folios de fotocopias de los periódicos o diarios de circulación en la ciudad de Santa Marta y el Departamento del Magdalena […]
2.3. LA FUERZA MAYOR COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL PRESENTE CASO.
Ante el advenimiento del hecho ajeno e impredecible ocurrido en zona de cobertura del proyecto de telefonía inalámbrica denominado falta de energía eléctrica para la prestación del servicio de telefonía que se constituye en fuerza mayor o caso fortuito y que disminuyó nuestros ingresos e hizo que el proyecto de telefonía inalámbrica se volviera inviable hasta el punto que a la fecha de las 500 líneas que se instalaron en el 2001, y con una capacidad instalada en planta de 10.000 líneas, hoy solo queden en operación 147 usuarios inalámbricos, lo cual implica una pérdida en la reposición de la infraestructura, más las consecuentes pérdidas de la inversión inicial, superior a un millón de dólares […]´
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
A lo largo de sus descargos, la investigada alega como argumento central y exclusivo de defensa, la existencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor, el cual invoca como causal de los incumplimientos de las obligaciones por ella adquirida, en virtud de los permisos obtenidos para el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico.
[…]
Al respecto, es preciso señalar como, (sic) se alega una causa extraña eximente de responsabilidad, como es la “fuerza mayor”, la carga de su prueba radica en quien la alega, en este caso COSTATEL S.A. E.S.P., en su calidad de empresa investigada.
En este orden, era a la empresa, a quien le correspondía probar la existencia del hecho constitutivo de la fuerza mayor invocada, es decir, la existencia de los constantes cortes de energía eléctrica que (sic) de acuerdo con sus afirmaciones, conllevaron a que durante los años 2001 a 2005 hubiese una constante suspensión del servicio telefónico con acceso inalámbrico prestado por la Empresa, Impidiendo en consecuencia el normal desarrollo del proyecto de telefonía inalámbrica.
No obstante lo anterior, con las pruebas allegadas al expediente, sólo se prueba la existencia de los citados cortes de energía en el período comprendido entre el año 2002 y marzo de 2004. Al efecto, a pesar de que la investigada afirma que dicha circunstancia no significa que los cortes de energía no se hubieran presentado en los demás períodos de tiempo debe relevar este Despachó, que en materia probatoria, la prueba es necesariamente vital para la demostración de los hechos en el proceso en consecuencia, al juez, en este caso a la administración, sólo le es dable basarse en pruebas oportunas y legalmente recaudadas al momento de adoptar decisiones definitivas.
Al efecto, tampoco resulta aceptable, tal como lo pretende la investigada, hablar de un hecho notorio exento de prueba, ya que a pesar de que los cortes de energía en el Departamento del Magdalena parecen ser, de acuerdo con los reportes periodísticos allegados al proceso, hechos públicos y reiterados en el Departamento del Magdalena durante los años 2001, 2002 e inicios del 2004. no puede asegurar este Despacho, que esa misma situación se haya presentado en los años 2001 y 2005, período de tiempo para el cual la administración no goza de ninguna información o conocimiento distinto a lo expresado por la investigada en sus descargos.
[…]
En el caso sub examine, admitiendo en gracia de discusión que los constantes cortes de energía eléctrica en el Departamento de Magdalena iniciaron en el año 2001, se podría aceptar que para este año, los citados cortes de energía acaecieron de manera “imprevisible” para COSTATEL S.A. E.S.P.
No obstante lo anterior, no resulta admisible afirmar lo mismo para los años posteriores, años en los cuales, la Empresa COSTATEL S.A. E.S.P., ya tenía pleno conocimiento de los hechos alegados, así como las implicaciones de los mismos en su proyecto de telefonía inalámbrica y sus efectos frente a las obligaciones adquiridas con el Ministerio de Comunicaciones, en virtud de los permisos a ella otorgados, para el uso del espectro para acceso fijo inalámbrico.
Adicionalmente, a pesar de tener pleno conocimiento de dicha circunstancias, la empresa COSTATEL S.A. E.S.P., nunca durante los cinco años que afirma se presentaron los cortes de energía, los puso en conocimiento de esta Entidad, en aras de buscar alternativas viables para el efecto […]”.
R E S U E L V E :
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA COSTATEL S.A. E.S.P., por el incumplimiento de sus obligaciones derivadas de los permisos a ella otorgados para el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico, específicamente por el no cumplimiento de su plan de expansión; por la no renovación de las pólizas de exigidas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y por el no pago de las contraprestaciones a su cargo, desde el año 2001 hasta diciembre de 2005.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo establecido en el artículo anterior, se ordena la cancelación de los permisos otorgados a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA COSTATEL S.A. E.S.P., para el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico, mediante Resolución No. 002801 de 1999, modificada por la No. 001107 del 19 de mayo de 2000, y por la Resolución No. 1437 de 2000, en los municipios de Santa Marta, Aracataca, Cienaga, Pueblo Viejo y la Zona Bananera (Magdalena), en los rangos de frecuencias descritos en los citados actos administrativos.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar las decisiones adoptadas en este acto administrativo a la Dirección de Desarrollo del Sector, a efectos de que proceda al registro como disponible, de las frecuencias asignadas a EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA COSTATEL S.A. E.S.P., (…).
ARTÍCULO CUARTO; Comunicar la presente decisión al Grupo de Recaudo y Control de Cartera del Ministerio de Comunicaciones, a efectos de que proceda al cobro de las contraprestaciones pendientes a cargo de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA COSTATEL S.A. E.S.P., y a favor del Fondo de Comunicaciones […]”.
• Resolución 002548 de 15 de octubre de 2009, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la decisión anterior, en la que se indicó:
“Resolución 002548 de 15 de octubre de 2009
Por la cual se resuelva Recurso de Reposición contra la Resolución Número 001138 del 11 de mayo de 2006.
La Directora de Administración de Recursos de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones
En ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las que le confieren el Decreto 1620 de 2003, y en especial de las delegadas por la Señora Ministra en la Resolución No. 00887 de junio 6 de 2003, y,
CONSIDERANDO
[…]
El recurrente manifiesta que el Despacho, en relación con el incumplimiento del plan de expansión, realizó las siguientes tres consideraciones fundamentales:
1. El hecho invocado como fuerza mayor se encuentra probado entre el 2002 y el 2004, quedando pendiente por probar los años 2001 y 2005.
2. La fuerza mayor solo se aplica para el primer año, es decir el año 2001.
3. La falta de comunicación oportuna de la ocurrencia de la fuerza mayor al Ministerio de Comunicaciones.
El recurrente insiste en que ha aportado suficiente material probatorio, en virtud de la facultad establecida en el artículo 56 del Código Contencioso Administrativo relacionado con la ocurrencia de los hechos.
Resulta para el Despacho extraña la afirmación acerca de que no fue tenida en cuenta toda la documentación aportada y las cuestiones planteadas para probar la fuerza mayor alegada para los años 2001 y 2005, simplemente este Despacho considera que la situación no es eximente de la responsabilidad del concesionario frente al cumplimiento de sus obligaciones de hacer, inherentes única y exclusivamente al resorte de Empresa (sic), como es el hecho de cancelar, informar, comunicar, etc. olvida el recurrente examinar el contexto total de la argumentación por la cual se le comprueba el incumplimiento del primer cargo:
[…]
Se concluye de lo expuesto, en relación con la fuerza mayor o caso fortuito:
Los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito deben ser alegados y probados por quien los invoca. Es decir, la carga de la prueba la debe soportar quien Invoca tales hechos y no quien debe valorarlos.
Debe tratarse de hechos imprevisibles e irresistibles, y por tanto sobrevinientes; esto es, que su previsión escape en condiciones normales a cualquier sujeto y no a una persona en particular, y que además de no haberse podido prever, sea imposible evitar que el hecho se presente.
No constituyen fuerza mayor o caso fortuito los hechos que acontecen frecuentemente o con cierta periodicidad, ni hay fuerza mayor o caso fortuito cuando el obstáculo dificulta el cumplimiento de una obligación, pero no la imposibilita.
Por lo anteriormente expuesto los problemas de cortes de energía no constituyen fuerza mayor y no lo imposibilitaban para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte de la empresa COSTATEL S.A. E.S.P., lo cual significa que a pesar de todas las pruebas allegadas por parte del recurrente, analizadas y valoradas por este Despacho, las mismas no lo exoneran de responsabilidad independientemente del hecho notorio alegado, tal y como se expresó en la resolución recurrida.
Respecto de los documentos del Banco Interamericano de Desarrollo, del pronunciamiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Ley 812 de 2003 y demás documentación enunciada y/o allegada, el Despacho ratifica su posición en el sentido que se evidencia efectivamente una situación "en gracia de discusión", que pudiera constituir fuerza mayor, para algunos sectores y para el cumplimiento de determinadas obligaciones, pero que no conecta, ni justifica, ni es causa bajo ningún aspecto, del incumplimiento en que incurrió COSTATEL S.A. Los hechos probados con la documentación allegada no son conducentes, ni idóneos para intentar desvirtuar o justificar la omisión en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas para con el Ministerio de Comunicaciones de COSTATEL S.A. Recordemos que las obligaciones incumplidas se relacionan con pagos por el uso de frecuencias, independientemente de si las mismas las utilizan 15.000, 10.000 o 1 usuario; la actualización de la garantía con la cual asegura el cumplimiento de todas sus obligaciones como concesionario, la póliza es un elemento de perfeccionamiento del acto administrativo ; que debe permanecer vigente; la falta de presentación de los reportes anuales los cuales y a título ejemplificativo, de haber sido presentados, hubieran evidenciado la falta de cumplimiento en el plan de expansión por x ó y causas, tema que en su momento y bajo este supuesto hubiese tenido que pronunciarse el Ministerio, estableciendo si el hecho notorio de los cortes de energía constituían o no justa causa respecto del incumplimiento en el Plan de expansión,
[…]
En lo relacionado a la falta de comunicación por parte de la empresa COSTATEL S.A. E.S.P. el Investigado afirma que en ningún momento es un elemento constitutivo de la fuerza mayor, y que la administración crea o considera elementos nuevos de fuerza mayor que la norma no establece, argumento que no es de recibo para este Despacho, toda vez que la falta de comunicación por parte de la empresa no se considera ni establece como un elemento adicional de la fuerza mayor, simple y llanamente los cortes de energía no gilí constituyen fuerza mayor, menos aun cuando, de conformidad con todo el acervo probatorio allegado, ya eran anunciados a través de los medios de comunicaciones con la debida antelación. La falta de comunicación, de presentación de informes, de pago, son las que se consideran y constituyen además de un incumplimiento, hecho manifiesto de negligencia por parte de la empresa.
Es necesario resaltar que el investigado durante cinco años tuvo pleno y previo conocimiento de los cortes de energía que se presentaban, la prensa escrita así lo Informaba. COSTATEL S.A. E.S.P. debía entregar un informe anual al Ministerio de Comunicaciones acerca del desarrollo de su plan de expansión, obligación incumplida que no guarda relación directa alguna con la fuerza mayor pretendida por el investigado, no es este un argumento válido ni conducente que apoye la pretensión de COSTATEL S.A., no es válido como causal de exoneración dé responsabilidad, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y que el hecho alegado no era de ninguna forma Imprevisible e irresistible como se expuso anteriormente. La imprevisibllidad, irresistibilidad e inimputabilidad de los hechos pudieran aplicar al inicio de la situación, pero a los pocos días la situación perdió las características constitutivas de "fuerza mayor", más aún cuando, de conformidad con la documentación aportada, la situación se volvió PREVISIBLE y no solo esto, sino que además se anunciaba cuando iba a ocurrir. Este elemento fundamental e integral DESAPARECIÓ.
R E S U E L V E :
PRIMERO: Confirmar en su totalidad el contenido de la Resolución No. 001138 del 11 de mayo de 2006, por la cual el Ministerio de Comunicaciones declaró responsable a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA COSTATEL S.A. E.S.P., de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.
II.4. Del uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico
La Ley 72 de 1989, “por la cual se definen nuevos conceptos y principios sobre la organización de las telecomunicaciones en Colombia y sobre el régimen de concesión de los servicios y se confieren unas facultades extraordinarias al Presidente de la República”, determina que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comunicaciones – hoy Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, es el encargado de adoptar la política general del sector de comunicaciones y de ejercer las funciones de planeación, regulación y control de todos los servicios del sector, que comprende, “entre otros: - los servicios de telecomunicaciones. - los servicios informáticos y de telemática. - los servicios especializados de telecomunicaciones o servicios de valor agregado. - los servicios postales”. Asimismo, se encarga definir el servicio de telecomunicaciones, en los siguientes términos: “se entiende toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos y sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, hilo, radio, medios visuales u otros sistemas electromagnéticos”.
El artículo 5º de la ley establece que “las telecomunicaciones son un servicio público que el Estado prestará directamente o a través de concesiones que podrá otorgar en forma exclusiva, a personas naturales o jurídicas colombianas, reservándose, en todo caso, la facultad de control y vigilancia”. En los términos del artículo 7º, dichas concesiones pueden otorgarse por medio de contratos o en virtud de licencias, y darán lugar al pago de los derechos, tasas o tarifas que fije el mencionado Ministerio, el cual deberá, asimismo, imponer las sanciones legales y contractuales a los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones.
A su vez el Decreto 1900 de1990, expedido de conformidad con las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 14 de la Ley 72 de 1989, reguló lo relativo a las redes de telecomunicaciones, así:
“Artículo 14. La red de telecomunicaciones del Estado es el conjunto de elementos que permite conexiones entre dos o más puntos definidos para establecer la telecomunicación entre ellos, y a través de la cual se prestan los servicios al público. Hacen parte de la red los equipos de conmutación, transmisión y control, cables y otros elementos físicos, el uso de los soportes lógicos, y la parte del espectro electromagnético asignada para la prestación de los servicios y demás actividades de telecomunicaciones.
Artículo 15. La red de telecomunicaciones del Estado comprende además, aquellas redes cuya instalación, uso y explotación se autoricen a personas naturales o jurídicas privadas para la operación de servicios de telecomunicaciones, en las condiciones que se determinan en el presente Decreto.
Parágrafo. El Gobierno Nacional podrá autorizar la instalación, uso y explotación de redes de telecomunicaciones, aun cuando existan redes de telecomunicaciones del Estado.
[…]
Artículo 18. El espectro electromagnético es de propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de dominio público, inajenable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponden al Ministerio de Comunicaciones de conformidad con las leyes vigentes y el presente Decreto.
[…]
Artículo 20. El uso de frecuencias radioeléctricas requiere de permiso previo otorgado por el Ministerio de Comunicaciones y dar lugar al pago de los derechos que correspondan. Cualquier ampliación, extensión, renovación o modificación de las condiciones, requiere de nuevo permiso, previo y expreso.
El permiso para el uso de frecuencias radioeléctricas tendrá un plazo definido que no podrá exceder de veinte años, el cual podrá renovarse hasta por término igual al inicial. En los casos de los servicios de difusión y especiales, su duración será igual a la de la respectiva concesión o autorización”.
En el caso concreto, conforme consta en los actos administrativos demandados, el Ministerio de Comunicaciones otorgó a la Empresa Costatel S.A. E.S.P., mediante Resoluciones 002801 de 26 de octubre de 1999 y 001437 de 29 de junio de 2000, permiso para el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico, en los municipios de Dibulla (La Guajira), Aracataca, Ariguaní, Cerro San Antonio, El Piñón, Guamal, Pedraza, Pivijay, Remolino, Salamina y Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo y la Zona Bananera (Magdalena), por el término de 10 años.
II.5. El caso concreto
Como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe determinar si los actos administrativos demandados, esto es, las Resoluciones 001138 del 11 de mayo de 2006 y 002548 del 15 de octubre de 2009, se encuentran viciados de nulidad al haber sido expedidas con violación del debido proceso y sin competencia por parte de la autoridad administrativa. Además, si resultaba procedente el cobro de unas liquidaciones anteriores a julio de 2001.
Primer cargo: vulneración del debido proceso al haber operado la fuerza mayor como causal exonerativa de responsabilidad.
Respecto a la vulneración del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, la empresa actora aduce que se configura la violación, toda vez que fue sancionada sin tenerse en cuenta que el incumplimiento de sus obligaciones obedeció a una causal de fuerza mayor ante los continuos cortes de energía en los municipios en los cuales debía prestar el servicio público de telecomunicaciones.
Al respecto y para resolver, la Sala recuerda que la fuerza mayor como causal exonerativa de responsabilidad se encuentra consagrada en el artículo 1º de la Ley 95 de 1890, el cual dispone que “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.
Conforme a su definición para que la fuerza mayor se configure, es necesario que se encuentren acreditados sus tres elementos constitutivos, esto es, que sea externo, irresistible e imprevisible.
Sobre la noción de irresistibilidad e imprevisibilidad, esta Corporación ha indicado lo siguiente:
“Irresistible: esto es que ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho.
Imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo”.
En relación con el alcance de la figura de la fuerza y la distinción de sus características, la Sección Tercera ha establecido:
“Para efectos de la distinción, y de acuerdo con la doctrina se entiende que la fuerza mayor debe ser:
“1) Exterior: esto es que ‘está dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya realización no es determinada, ni aún indirectamente por la actividad del ofensor’.
“2) Irresistible: esto es que ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho’
“3) imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo.
“A su vez, el caso fortuito debe ser interior, no porque nazca del fueron interno de la persona, sino porque proviene de la propia estructura de la actividad riesgosa, puede ser desconocido y permanecer oculto, En tales condiciones, según la doctrina se confunde con el riesgo profesional y por tanto no constituye una causa de exención de responsabilidad.” –Negrilla original-
En relación con la imprevisibilidad, se observa que en el asunto sub examine no se configura como quiera que el suceso que produjo el daño, en este caso, la lluvia, no fue insospechado o inesperado para el demandado, en tanto que, se insiste, está demostrado que el trabajador de la obra pública conocía la alta probabilidad de lluvia y por tal razón, colocó tablas y tierra para evitar que los escombros sucumbieran al agua, circunstancia esta que echa por la borda lo alegado por el ente municipal en el sentido de que la lluvia tuviera la característica de sorpresiva.
De otro lado, respecto a la irresistibilidad, se observa que en este caso si bien la entidad señaló que se adoptaron las medidas de seguridad apropiadas con el fin de evitar la causación del daño, para la Sala esta aseveración no es cierta, en atención a que las tablas y la tierra que supuestamente servirían para impedir que la lluvia arrastrara los escombros, no son medios suficientes ni adecuados para conseguir este objetivo, teniendo en cuenta las características del lugar y del terreno”.
Como se observa, para que se configure la fuerza mayor, como causal exonerativa de responsabilidad, requiere que el suceso sea externo a la voluntad la persona, sea imprevisible y sea irresistible.
En el sub lite y de la revisión del plenario, la Sala encuentra que la parte actora tan solo aportó las pruebas decretadas y practicadas en la actuación administrativa, esto es, sin que haya allegado elemento demostrativo adicional para respaldar las pretensiones de su demanda.
Así las cosas, se tiene que a folios 31 a 55 del cuaderno anexo se encuentran una serie de recortes de prensa que dan cuenta de los reiterados cortes de energía en la Costa Atlántica por problemas en la prestación del servicio por parte de electricaribe. Este material probatorio fue valorado por la administración tanto en el acto administrativo sancionatorio como en aquel que resolvió el recurso de reposición, en el sentido de considerar que no era prueba suficiente de la imprevisibilidad y la irresistibilidad de los cortes de energía frente a las obligaciones asumidas por Costatel S.A. E.S.P.
Sobre el particular, la Sala comparte lo considerada por el Ministerio demandando en los actos administrativos cuya nulidad se pretende, puesto que la simple prueba de los cortes de energía no son suficientes para acreditar una fuerza mayor, toda vez que era necesario que la empresa actora demostrara que estos hechos no eran reiterativos ni previsibles, así como que su actuación no podía ser diferente a la que se presentó ante la ausencia de electricidad.
En efecto, era necesario demostrar que los incumplimientos endilgados a Costatel tenían su origen en los cortes de energía y, que, para la empresa, era imposible preverlos y resistirlos.
Recuerda la Sala que conforme a lo expresado en la demanda y en las resoluciones acusadas, estos incumplimientos consistían en:
“4. Que una vez revisado el expediente de COSTATEL S.A. E.S.P., se pudo establecer que la Empresa no ha allegado a la Entidad, los reportes que anualmente debe presentar, con el informe detallado de la ejecución de su plan de expansión, para cada uno de los municipios en los que le fue autorizado el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico.
De igual forma se observa que la Empresa no presentó al Ministerio de Comunicaciones, la configuración de su red antes de su entrada en operación y, los reportes anuales de sus actualizaciones para cada uno de los municipios en los que se les autorizó el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico.
Por otra parte, el Estado de Cuenta expedido por el Grupo de Facturación y Cartera de esta Entidad de fecha 10 de noviembre de 2005, certifica que la Empresa COSTATEL S.A. E.S.P., adeuda al Fondo de Comunicaciones, un total de $2.160.000 por concepto capital, por las contraprestaciones por el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico, por el período comprendido entre 31 de agosto de 2000 hasta el 31 de diciembre del mismo año. De igual manera, intereses por $2.896.829, por el período comprendido entre el 24 de noviembre de 2000 y el 30 de noviembre de 2005.
En el mismo estado de cuenta, se registra los valores a cargo de la Empresa y a favor del Fondo de Comunicaciones, por el acuerdo de pago suscrito con la entidad el 15 de enero de 2001, así como los intereses a que esta deuda ha dado lugar hasta el 30 de noviembre de 2005.
Adicionalmente, se hace constar que la Empresa no ha presentado las autoliquidaciones de las contraprestaciones a su cargo, correspondientes a los años 2002, 2003, 2004 y 2005.
Finalmente, no se evidencia en el expediente del concesionario, documento alguno que soporte la renovación de las pólizas de cumplimiento, exigidas por las Resoluciones No. 002801 de 1999 y 001107 de 2000, para garantizar el plan de expansión en los municipios de Aracataca y Santa Marta, desde el 29 de febrero de 2001. De igual manera, no existe documento que soporte la renovación de las pólizas de cumplimiento exigidas por la Resolución 1437 de 2000, para garantizar el plan de expansión en los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo y la Zona Bananera, desde el 28 de septiembre de 2001”.
Cabe advertir que son los múltiples y variados los incumplimientos endilgados, por lo que no basta con unos recortes de prensa para que de manera adecuada y razonable se pueda extraer que por ese solo hecho no pudo presentar el informe detallado de la ejecución de su plan de expansión, los reportes anuales de sus actualizaciones para cada uno de los municipios en los que se les autorizó el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico, la renovación de las pólizas de cumplimiento e, incluso, las autoliquidaciones de las contraprestaciones a su cargo.
En este contexto, la parte actora no cumplió con su carga probatorio respecto a la prueba de la configuración de los elementos que constituyen la fuerza mayor y, en consecuencia, no está demostrado que se haya vulnerado el debido proceso de la sociedad actora al haber sido sancionado cuando supuestamente operó una causa extraña respecto al incumplimiento de sus obligaciones.
Conforme con lo expuesto no prospera el cargo alegado.
Segundo cargo: falta de competencia al haber perdido la administración la potestad sancionatoria por el transcurso del término establecido en la ley.
Una de las prerrogativas fundamentales con las que cuenta la administración pública es la capacidad de imponer sanciones al administrado, ora porque incumplió sus deberes ciudadanos o como obligado dentro de una relación específica con el Estado como en los eventos del ius puniendi en materia contractual.
Como lo ha afirmado la doctrina, el debido proceso administrativo que “ha de estar presente en todas las actuaciones administrativas, debe estarlo con mayor fuerza, con máximo rigor y exigencia en las actuaciones sancionatorias”, lo que implica que debe regirse con estricta observancia de los principios establecidos en el artículo 3º del CCA, ser adelantado por el funcionario competente, dentro del término legalmente establecido y respetando cada una de las etapas previamente establecidas con el debido ejercicio del derecho de defensa por parte del administrado.
Respecto al término con que cuenta la administración para hacer uso de su potestad sancionatoria, la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación unificó su jurisprudencia mediante sentencia de 29 de septiembre de 2009, en el sentido de determinar que el factor temporal para ejercer la facultad debe contarse hasta el momento que se expide y notifica el acto principal y no aquellas actuaciones posteriores que se surten en virtud de la vía gubernativa.
Así se estableció con claridad en la mencionada sentencia:
“Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, que se concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le otorgó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el último recurso de la vía gubernativa. Por el contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria.
La prosperidad del cargo propuesto impone infirmar la sentencia del 25 de julio de 2002 y, consecuencialmente, emitir sentencia de reemplazo” (negrillas fuera de texto).
De conformidad con la tesis jurisprudencial expuesta, en el término para ejercer la facultad sancionatoria, la administración debe expedir y notificar el acto administrativo principal y luego de vencido este período puede proceder a resolver la correspondiente vía gubernativa, conforme los recursos procedentes contra el acto de naturaleza sancionatoria.
El pronunciamiento proferido por el Sala Plena se realizó dentro de un proceso de carácter sancionador disciplinario regido por normas especiales, razón por la cual no se realizó un análisis a la luz de lo establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo; sin embargo, la Sección Primera de esta Corporación, en concordancia con el precedente jurisprudencial, ha considerado que en el término de tres (3) años con el que cuenta la administración para ejercer la facultad sancionatoria debe proferirse y notificarse el acto administrativo sancionatorio principal, sin que en ese lapso deban ser resueltos los recursos interpuestos puesto que los mismos se consideran una etapa posterior.
La doctrina administrativa ha considerado como un factor fundamental del debido procedimiento administrativo en la adopción del acto, que la decisión se tome dentro de la oportunidad legal, y en tal sentido se ha pronunciado respecto a esta competencia temporal en los siguientes términos:
“En efecto, aunque la normatividad correspondiente ha denominado, de manera desatinada, a este fenómeno caducidad de la facultad sancionatoria, no resulta afortunado el empleo del nomen “caducidad” para indicar, en rectitud, la pérdida de competencia ratione temporis.
Al respecto, el CCA establecía la facultad de las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas (sic) a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas. La norma anterior generó diferentes interpretaciones con relación a qué era lo que la Administración tenía que hacer durante el término legal de los tres años: i) solamente expedir el acto definitivo (tesis favorable a la Administración); ii) expedirlo y notificarlo (tesis intermedia); o iii) expedirlo, notificarlo y resolver los recursos interpuestos en sede administrativa (tesis favorable al administrado).
El Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación, optó por la tesis intermedia, en providencia que, si bien se refería específicamente a un asunto sancionatorio disciplinario, se hizo extensiva a todos los procedimientos sancionatorios que no contaran con ley especial.
Siguiendo el criterio jurisprudencial expuesto, el CPACA determinó “la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca (sic) a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado”.
Se desprende del anterior precepto que, por regla general y salvo lo previsto en leyes especiales, la competencia para la imposición de sanciones administrativas tiene – en protección del Debido Procedimiento Administrativo – un límite en el tiempo, vencido el cual, de llegarse a proferir acto administrativo sancionatorio, este resultaría viciado de nulidad por incompetencia rationi temporis. Debe destacarse que, dentro del arco de tiempo legalmente dispuesto, la respectiva autoridad, para efectos de obrar debida y oportunamente, no solo expedir el respectivo acto administrativo sancionatorio, sino notificarlo personalmente a su destinatario” (negrillas fuera de texto).
En el caso de autos, la Sala observa que la parte actora consideró que se desconoció el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo - CCA puesto que, al momento en que quedó en firme la sanción impuesta en el año 2006, luego de haberse resuelto el recurso de reposición interpuesto contra el acto principal, ya había caducado la facultad de la administración para imponer la misma.
Al respecto y como se expuso líneas atrás, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó su jurisprudencia en el año 2009, respecto al término con el que cuenta la administración para ejercer la potestad sancionatoria de la cual es titular, en el sentido de determinar que en el tiempo establecido en la ley para hacer uso de misma, debe adoptarse la decisión principal, esto es, proferirse el acto sancionatorio, y proceder a su debida notificación, sin que sea exigible que en ese mismo período se resuelvan los recursos ejercidos en vía gubernativa.
La Sala reitera que la Sala Plena del Consejo de Estado no hizo referencia al alcance del artículo 38 del CCA, al tratarse de un proceso de carácter sancionador disciplinario regido por normas especiales, sin embargo, la línea jurisprudencial trazada se hizo extensiva a los procedimientos sancionatorios que no fueran regulados por normas especiales, esto es, los regidos por el artículo 38 del CCA, cuyo tenor es el siguiente:
“Artículo 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.
Con fundamento y en coherencia con lo anterior, la Sección Primera ha emitido diversos pronunciamientos sobre el término para ejercer la potestad sancionatorio, y en tal sentido ha manifestado:
“Para resolver la controversia, la Sala observa que de conformidad con el artículo 38 del C.C.A., “la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”. Para contabilizar el término de caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración, la Jurisprudencia de esta Sección tiene establecido lo siguiente: «Ante las diferentes posiciones e interpretaciones que se le ha dado al tema de la prescripción de la acción sancionatoria, acerca de cuándo debe entenderse “impuesta la sanción”, la Sala Plena de esta Corporación con el fin de unificar jurisprudencia sostuvo mediante sentencia de 29 de septiembre de 2009 , que “la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa”. La postura de la Sala, es pues, la de que la sanción se entiende impuesta oportunamente, si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, la Administración expide y notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, independientemente de la interposición de los recursos” (negrillas fuera de texto).
Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del CCA y el precedente jurisprudencial trazado por esta Corporación, la administración cuenta con un término de tres (3) años para expedir el acto administrativo sancionatorio y proceder a su notificación, agotando así la actuación administrativa, para luego, en caso de haberse ejercido los recursos establecidos en el ordenamiento contra el acto administrativo principal, proceder a desatar la vía gubernativa, siendo esta una etapa de defensa estipulada para controvertir una decisión adoptada en una fase administrativa previa, que contó con su propia regulación y términos.
Descendiendo al caso concreto, los incumplimientos por los cuales se sancionó a la empresa Costatel S.A. E.S.P. fueron de diversa naturaleza, (i) omisión en la presentación de informes de la ejecución de su plan de expansión y los reportes anuales de sus actualizaciones para cada uno de los municipios en los que se les autorizó el uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico, (ii) no pago de las contraprestaciones a su cargo, (iii) no renovación de las pólizas de cumplimiento, todos ellos entre los años 2003 a 2005, inclusive; por lo que, al momento de proferirse el acto principal, esto es, la Resolución 001138 de 11 de mayo de 2006, aún no había operado la caducidad de la facultad sancionatoria.
Ahora bien, la Sala pone de presente que no obra prueba de la fecha de notificación de la Resolución 001138 de 2006, sin embargo, el recurso de reposición ejercido en su contra fue presentado el 21 de junio de 2006, como se indicó en los hechos de la demanda y en la Resolución 002548 de 15 de octubre de 2009, por medio de la cual se resolvió la impugnación, por lo que se entiende que la misma se realizó ente el 11 de mayo de 2006 y el 21 de junio de la misma anualidad. En este contexto, al momento de imponerse la sanción y de notificarse la misma, la administración se encontraba dentro del término legal para hacer uso de su facultad sancionatoria conforme a los incumplimientos relacionados en el acto administrativo demandado.
En suma, no habiéndose desvirtuado los cargos respecto al incumplimiento de las obligaciones ni haberse aportado prueba alguna que cuestionara los argumentos del acto administrativo demandado respecto a los períodos incumplidos, para la Sala el cargo no tiene vocación de prosperidad.
Tercer cargo: Improcedencia del cobro de unas liquidaciones anteriores a julio de 2001 por haber operado el decaimiento del acto administrativo.
Sobre la pérdida de fuerza ejecutoría de los actos administrativos, el artículo 66 del CCA establece:
“ARTICULO 66. PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:
1. Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan su vigencia”.
Respecto a esta figura, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido:
“El decaimiento del acto administrativo, regulado expresamente en el artículo 66 numeral 2° del C.C.A., es una de las causas por las cuales los actos administrativos pierden su fuerza ejecutoria. Dicho fenómeno opera de manera sobreviniente y por ministerio de la ley, al desaparecer los fundamentos fácticos o jurídicos que dieron lugar a su expedición”.
Por tanto, la ocurrencia de la pérdida de la fuerza ejecutoria del acto, no vicia de nulidad el acto administrativo sino que pierde su carácter ejecutorio y, en consecuencia, sus efectos no son vinculantes para el administrado.
La empresa actora en su demanda hace mención al cobro de unas obligaciones del año 2001, las cuales, a su juicio, no pueden ser exigibles por haber operado en fenómeno del decaimiento del acto establecido en el citado artículo 66 del CCA.
Al respecto y en primer lugar, la Sala advierte que la parte actora omitió señalar frente a cuales actos jurídicos había operado el fenómeno jurídico del decaimiento y, mucho menos, expuso con claridad en qué consisten los cobros que aducía estaba solicitando la administración.
La Sala resaltar que en los actos administrativos demandados, la administración hizo relación a actuaciones y omisiones de Costatel S.A. como sustento de los reiterados incumplimientos de las obligaciones derivadas del permiso de uso del espectro radioeléctrico para acceso fijo inalámbrico, sin que ello implique que se le están haciendo exigibles unos cobros, lo cuales, se insiste, no precisó en debida forma la demandante.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala reitera lo expuesto respecto al alcance de la pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, en tanto su configuración no constituye una causal de nulidad el acto administrativo sino que trae como consecuencia jurídica que deje de producir efectos, esto es, resulta oponible.
Al respecto, la Sala ha precisado:
“El fenómeno del decaimiento de un acto administrativo se produce ope legis, es decir, por ministerio de la ley. Por lo anterior, no es preciso adelantar ningún trámite para que opere dicho fenómeno, más sin embargo, nada impide que en sede administrativa la autoridad competente haga una declaración sobre su ocurrencia, sin que tal manifestación constituya en sí misma una nueva manifestación de la voluntad de la Administración, pues se trata simplemente de un acto de simple constatación de un evento sobreviniente cuyos efectos están previamente determinados por el legislador.
En ese mismo contexto, es importante poner de relieve que en el ordenamiento jurídico nacional tampoco existe un mecanismo procesal a través del cual pueda demandarse la declaratoria de haber acontecido el decaimiento. Al respecto, en sentencia del 6 de mayo de 2010, Exp. Núm. 73001-23-31-000-2006-00094-01, como ponencia del Consejero RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, la Sala precisó:
Por lo tanto, la Sala centrará su examen en los dos acuerdos enjuiciados, sin consideración alguna a la aludida resolución, como erróneamente lo hizo el a quo, cuyo pronunciamiento sobre la misma, en el sentido de declarar su decaimiento, es totalmente improcedente, más cuando la jurisdicción tiene reiteradamente señalado que no hay acción contencioso administrativa dirigida para verificar y declarar el decaimiento de los actos administrativos, sino para verificar su legalidad y declarar su nulidad cuando sea del caso, y ordenar el restablecimiento del derecho si hay lugar a ello. El decaimiento es una situación jurídica que se da de pleno derecho y que en principio se ha de hacer efectiva en sede administrativa por vía de excepción. (las subrayas son propias del texto)
Por otra parte, el acaecimiento de esta causal de pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo, no significa en modo alguno que la decisión administrativa sea nula, pues como ya se anotó, el decaimiento del acto está referido concretamente a la desaparición de su carácter ejecutorio. En ese orden, nada obsta para que en ejercicio de los medios de control de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, pueda juzgarse en sede contenciosa la conformidad del acto decaído con las disposiciones de orden superior que ha debido respetar. Por lo mismo, el hecho de que un acto haya quedado sin efectos al desaparecer sus fundamentos fácticos o jurídicos, no significa en modo alguno que no pueda hacerse un pronunciamiento de fondo en sede judicial con respecto a su legalidad, pues no pueden ignorarse los efectos que se produjeron desde el momento de la expedición del acto legislativo y hasta cuando haya ocurrido su decaimiento”.
En este orden de ideas, los argumentos de la parte actora relativos a la improcedencia del cobro de unas liquidaciones, no prosperan.
De conformidad con lo señalado, los cargos elevados por la parte actora no fueron debidamente demostrado y, en consecuencia, se impone denegar las pretensiones de la demanda en el proceso de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada está providencia, ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Folios 36 al 48 del cuaderno principal. Folios 51 al 53, cuaderno principal. Folio 143, cuaderno principal. Folios 161 y 162, cuaderno principal. Folio 164, cuaderno principal. Folios 165 y 166, cuaderno principal. Folios 167 al 176, cuaderno principal.
“ARTICULO 128. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN UNICA INSTANCIA. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
[…]
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral. No obstante, las controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación de huelga son de competencia del Consejo de Estado en única instancia”. El artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, derogó las disposiciones que le sean contrarias, entre ellas las de la Ley 72 de 1989, en lo referente a los servicios, las redes, las actividades y los proveedores, y en cuanto resulte contraria a las normas y principios contenidos en la nueva legislación. Artículo 1º, Ley 72 de 1989. Artículo 2º íbidem. Las mencionadas resoluciones no fueron aportadas al expediente. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 13.833, sentencia de 26 de febrero de 2004, C. P. Germán Rodríguez Villamizar
PEIRANO FACIO. Jorge. Responsabilidad Extracontractual. 3ª ed. Temis. Bogotá. 1981. Págs. 451 a 459. -cita original-
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 13 de noviembre de 1962. –cita original-
Sección Tercera, sentencia de febrero 26 de 2004, exp.13.833.
“Ahora, se entiende por imprevisibilidad, aquella condición según la cual, el acaecimiento del suceso o circunstancia que produjo el daño antijurídico era impensado o insospechado, generando su ocurrencia repentina, efectos del todo sorpresivos. Sobre el particular, ha expuesto la doctrina:
“Por otra parte, es necesario que haya habido, rigurosamente, imposibilidad de prever el acontecimiento. Interesa, según se reconoce, guardarse aquí el acontecimiento. Interesa, según se reconoce, guardarse aquí de una exageración. En efecto, se está tentando de afirmar que todos los acontecimientos son previsibles, salvo aquellos que se producen por primera vez; y ¿no es sabido que no hay nada nuevo bajo el sol? Tal como puede ser el sentido de la noción; de imprevisibilidad. Decir que un acontecimiento era imprevisible significa que no había ninguna razón especial para pensar que se produciría ese acontecimiento. Una simple posibilidad vaga de realización no podía bastar para excluir la imprevisibilidad. –Resalta la Sala- MAZEAUD Henri, MAZEAUD, León y TUNC André. Ob. Cit. Pág. 178.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de Septiembre de 2009, expediente 17.251. C.P. Enrique Gil Botero Por su parte, la jurisprudencia entiende la imprevisibilidad en los siguientes términos “La imprevisibilidad que determina la figura, se presenta cuando no es posible contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer que es lo previsible resulta necesario considerar las circunstancias particulares del caso concreto; supone verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega el fenómeno liberatorio. (…).“De igual manera, en sentencia proferida el 23 de junio de 2000, expediente 5475, manifestó que deben tenerse en cuenta tres criterios sustantivos: ‘1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, y 3) El concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo’. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de septiembre 11 de 2003. Exp.
14.781” “Así las cosas, un hecho es imprevisible cuando, partiendo de la anormalidad en su ocurrencia, su acaecimiento no era probable y, por tanto, se produjo en condiciones de sorpresa y excepcionalidad…” Ibídem.
“…Bajo este entendimiento, para que se estructure la fuerza mayor es preciso que, luego de constatar la exterioridad del suceso causante del daño antijurídico, y su imprevisibilidad, se examinen las posibilidades del sujeto para contrarrestar sus efectos, lo cual se advierte al observar que, a pesar de que se adoptaron las medidas pertinentes, y con la diligencia debida, fue inevitable la causación de los efectos, pues están por fuera de su control físico o material… “Cabe advertir en este punto que, la irresistibilidad respecto a los efectos del suceso no se verifica con la existencia de una “dificultad” para contrarrestarlos, por compleja que ésta sea, como quiera que, aunque en este último caso, el sujeto obligado y/o demandado tenga que realizar un esfuerzo máximo para evitarlos, incurriendo, incluso, en altos costos, y en actividades más gravosas, no se trata de aspectos o fenómenos insuperables, y, por ende, no se configurará la fuerza mayor… “Igualmente, hay que tener claridad en cuanto a que, tanto la imprevisibilidad como la irresistibilidad, deben examinarse respecto a los efectos producidos por el suceso o acontecimiento exterior, y no frente al fenómeno como tal. Así, se prescindirá de analizar las condiciones propias de la causa, para determinar las de sus consecuencias, que son, en últimas, las que permitirán concluir la constitución de la eximente de responsabilidad” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de Septiembre de 2009, expediente 17.251. C.P. Enrique Gil Botero. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de mayo de 2012, Rad. 21.269, MP. Enrique Gil Botero. Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. González Rey, Sergio, “El derecho – principio al debido procedimiento administrativo: límite procesal al ejercicio de la facultad sancionatoria”, en “El poder Sancionador de la Administración Pública: Discusión, expansión y construcción”, Ed. Universidad Externado, 2018, p. 299.
“ARTICULO 3o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera. En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa. En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados. El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al funcionario.
<Expresión tachada INEXEQUIBLE> En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de septiembre de 2009, Rad. 2003-00442, MP.
Susana Buitrago Valencia. Al respecto, se encuentran las sentencias proferidas por la Sección Primera de esta Corporación del 14 de febrero de 2013 y 15 de septiembre de 2015. Gónzalez Rey, Sergio, “El derecho – principio al debido procedimiento administrativo: límite procesal al ejercicio de la facultad sancionatoria”, en “El poder Sancionador de la Administración Pública: Discusión, expansión y construcción”, Ed. Universidad Externado, 2018, p. 305 y 306. CCA, art. 38. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 29 de septiembre de 2009, exp. 11001-03-15-000-2003-00442-01 (S)IJ. En esta providencia de Importancia Jurídica se dijo: “En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa”. CPACA, art. 52. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 23 de agosto de 2012, Rad. 25000-23-24-000-2004-01001-01, MP. María Elizabeth García González. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 3 de abril de 2014, Rad. 11001-03-25-000-2005-00166-01, MP. Guillermo Vargas Ayala. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 3 de abril de 2014, Rad. 11001-03-25-000-2005-00166-01, MP. Guillermo Vargas Ayala.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.