Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-33-33-002-2017-00151-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-33-33-002-2017-00151-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 85001-33-33-002-2017-00151-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Radicación número: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE
DENEGÓ LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. LA PRESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN RESPONSABILIDAD FISCAL DEBE CONTABILIZARSE A
PARTIR DE LA FECHA DEL AUTO DE APERTURA DEL PROCESO HASTA
LA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA
RESPONSABILIDAD FISCAL. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado
de la parte actora contra la sentencia de 28 de marzo de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare1, que
denegó las pretensiones de la demanda.
En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
I.- ANTECEDENTES
I.1- La señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2,
presentó demanda en contra de la NACIÓN – CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA3, en la que formuló las siguientes
pretensiones:
“[…] PRIMERO. Que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
a. Auto #2032 de diciembre 2 de 2016 expedido por el Contralor
Delegado Intersectorial Número Veinte (20) del Grupo para el
Conocimiento y Trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la
Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción mediante
el cual se impuso responsabilidad fiscal por la suma de dos mil
setecientos ochenta y ocho millones ochocientos cuarenta y cinco mil
seiscientos ochenta y nueve pesos con noventa y nueve centavos
($2.788.845.689,99).
b. Auto #2117 de diciembre 21 de 2016 expedido por la misma
dependencia y que niega la reposición y concede apelación.
c. Auto #ORD–80112–0009 del 19 de enero de 2017 expedido por el
Contralor General del República, por medio del cual se resuelve el
recurso de apelación.
SEGUNDO. Que se ordene el restablecimiento del derecho de mi
cliente retirando a mi cliente del boletín de responsables fiscales.
En adelante CPACA.
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En adelante la Contraloría.
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TERCERO. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se
indemnice a mi cliente por los daños morales y materiales causados
con los embargos registrados, la inclusión en el boletín de
responsables fiscales y la publicación de la sanción administrativa
[…]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los
siguientes:
Mediante Auto núm. 0471 de 25 de octubre de 2011, la Contraloría
General de la República abrió investigación fiscal por un presunto
daño patrimonial derivado de la construcción del alcantarillado pluvial
en el centro poblado de Bocas del Pauto en el Municipio de Trinidad,
Casanare.
En Auto núm. 001488 de 11 de junio 2014, la Contraloría adicionó el
auto de apertura de 25 de octubre de 2011, para incluir como
presunta responsable dentro del proceso de responsabilidad fiscal
núm. 585 a la señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, en calidad de gerente de la Empresa de Servicios
Públicos de Trinidad, Casanare. Posteriormente, en Auto núm. 00219
de 25 de febrero de 2015, la Contraloría imputó responsabilidad fiscal
solidaria a la aquí demandante.
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El 2 de diciembre de 2016, la Contraloría profirió el Auto núm. 2032,
que contiene el fallo con responsabilidad fiscal de primera instancia
en contra de la aquí demandante, y otros, pues se consideró que en
su calidad de gerente no cumplió con los principios de planeación
contractual, eficiencia y economía.
Mediante Auto núm. 2117 de 21 de diciembre de 2016, la Contraloría
negó el recurso de reposición y concedió el de apelación, que
interpusieron algunos de los investigados contra el Auto núm. 2032
de 2 de diciembre de 2016. En Auto núm. ORD–80 112–0009 de 19
de enero de 2017, la Contraloría confirmó la decisión de primera
instancia, contra la demandante y otros vinculados4.
I.3.- Fundamentos de derecho
La parte actora considera que los actos acusados infringieron los
artículos 29 y 209 de la Constitución Política; 2°, 9°, 13, 22, 23, 24,
4 En el artículo segundo de la parte resolutiva del fallo núm. ORD–80112–0009 de 19 de enero de 2017
acusado, la entidad demandada, resolvió con respecto a la señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR el fallo con responsabilidad contra los siguientes
vinculados, por la suma de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
($2.788.845.689,99):[…]”. (folios 173- 174) (Destacado fuera de texto).
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25, 26, 48, 53 y 54 de la Ley 610 de 2000; 3°, 40 y 42 de la Ley
1437 de 2011. Como fundamento de lo anterior, la parte demandante
formuló los siguientes cargos en contra de los actos acusados:
I.3.1. Falsa motivación
Sostuvo que la Contraloría profirió el fallo con responsabilidad fiscal
sin observar la realidad fáctica en que debió fundarse, pues
consideró, sin justificación, que se habían perdido la totalidad de los
recursos que se invirtieron en el alcantarillado pluvial del centro
poblado de Bocas del Pauto en el Municipio de Trinidad, Casanare.
Señaló que la Contraloría adelantó el proceso de responsabilidad
fiscal, a partir de un hallazgo del grupo de auditoría, en el que se
llegó a unas conclusiones preliminares que se convirtieron en verdad
absoluta hasta el final de la investigación, sin tenerse en cuenta las
pruebas y argumentos que presentó la defensa.
Precisó que cuando se adelantan procesos de responsabilidad fiscal
por obras inconclusas no es fácil establecer el daño al patrimonio
público, pues puede que no exista daño o que este sea por el total
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de la inversión pública, por lo que esos puntos debían ser objeto de
una valoración exhaustiva.
Manifestó que la Contraloría determinó el daño en la suma de
$2.788.845.689, el cual constituía la totalidad de la inversión en la
obra, sin que existiera plena prueba del mismo, pues, incluso,
incurrió en argumentos contradictorios, dado que consideró que la
obra no prestaba el servicio para el cual se construyó; y a la vez
indicó que se presentarían altos costos de mantenimiento.
Destacó que la Contraloría no indagó las razones por las que se
paralizó la obra, ni analizó su potencial funcionamiento en el evento
de ser terminada; negó las pruebas que tenían como objeto
demostrar que la obra funcionaba y prestaría el servicio; y que en la
obra se invirtieron la totalidad de los recursos presupuestados,
además de que estuvo bien diseñada y construida.
De igual forma, indicó que la Contraloría en los actos demandados
incurrió en falsa motivación al indicar que la obra no era necesaria,
dado que esa zona presentaba inundaciones constantes en época de
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invierno, lo que generaba afectaciones a la movilidad, salud y
bienestar de los pobladores.
I.3.2. Falsa motivación en cuanto a la responsabilidad
individual
Señaló que la Contraloría no observó que ella no suscribió el contrato
de obra, dado que ingresó a la entidad el 8 de mayo de 2008, esto
es, ocho meses después de su celebración.
3. Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa
Indicó que la Contraloría no decretó las pruebas necesarias dentro
del proceso de responsabilidad fiscal, ni realizó una correcta
valoración probatoria. Ello, por cuanto se le negó el derecho de
defensa y contradicción para “Dirimir asuntos relativos a la existencia
del detrimento patrimonial; de la existencia de hechos que se
asumen como ciertos en la investigación y de la relación de
causalidad entre éstos y el supuesto de hecho dañino, así como
también ordenó pero no aceptó otras y dejó de valorar y analizar la
totalidad de las aportadas al plenario”.
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Destacó que se le denegó una prueba pericial indispensable para
determinar si la obra era apta para el servicio, pues se asumió que
la visita técnica la reemplazaba, lo que no resulta acertado, dado que
la visita no estaba relacionada con aspectos técnicos; y que en el
expediente administrativo no obran soportes que acreditaran la
idoneidad del ingeniero que practicó la visita.
I.3.3. Infracción de las normas en que ha debido fundarse o
en forma irregular
Sostuvo que la Contraloría en el auto que declaró la responsabilidad
fiscal, también resolvió lo relativo a la prescripción, pero sin aplicar
las normas en que debía fundamentarse la decisión; que la
prescripción se debía contar desde el Auto núm. 0471 de 25 de
octubre de 2011; y que no motivó la suspensión de los términos en
hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, ni cumplió con
el trámite previsto en el artículo 13 de la Ley 610 de 2000.
I.4.- Contestación de la demanda
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La Contraloría General de la República, por intermedio de apoderado,
se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues
señaló que los actos administrativos constitutivos del fallo con
responsabilidad fiscal fueron expedidos conforme a la ley y
garantizando el debido proceso.
Respecto del cargo de falsa motivación, indicó que las pruebas y
razones expuestas en los actos demandados eran suficientes para
inferir la culpa grave de la demandante, pues efectuó una gestión
fiscal antieconómica, ineficiente e ineficaz en la obra de
alcantarillado pluvial del corregimiento de Bocas de Pauto en el
Municipio de Trinidad, Casanare. De igual forma, sostuvo lo siguiente
(folios 253 y 254):
“[…] Téngase en cuenta que la actora realizó gestión fiscal de los
recursos allí ejecutados como se desprende de la firma que la actora
(en calidad de Gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos
de Trinidad – Casanare) realizó de la adición No. 1 al contrato de obra
No. 009 de 10 de septiembre de 2007, celebrado entre la Empresa de
Servicios Públicos Municipal de Trinidad – Casanare y la “Unión
Temporal EL BANCO”, de donde se concluye la existencia de gestión
fiscal directa.
En el caso de la actora, se tiene que en forma adicional suscribió las
actas de recibo de obra No. 01, 02 y 03, las cuales constituyen los
primeros avances de la ejecución del aludido contrato de obra No. 09
de 2007, cuya ejecución resultó inoficiosa para el cumplimiento de los
fines que originalmente motivaron su construcción, es decir, no prestó
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el servicio para el cual se contrató la construcción de esta […]”.
De igual forma, la Contraloría indicó que a la demandante, en calidad
de gerente de la empresa pública contratante, le era exigible
verificar el manejo responsable de los recursos puestos a disposición
del contratista, lo cual no ocurrió.
Agregó que a la demandante se le dio la oportunidad de controvertir
el informe técnico que justificó el fallo con responsabilidad fiscal,
pero guardó silencio durante el traslado que se dio del informe; y
que sus descargos fueron debidamente desvirtuados en el acto
acusado.
Respecto de la prueba pericial que se negó en la actuación
administrativa, sostuvo que era innecesaria esa prueba, pues dentro
del expediente administrativo se encontraba el informe técnico que
demostraba la situación de la obra ejecutada.
Frente a las afirmaciones que expuso la parte actora en el sentido
de que la obra era idónea y no existían pruebas de lo que se afirmó
en el fallo con responsabilidad fiscal, señaló que esas afirmaciones
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no tenían fundamento probatorio, pues las declaraciones de testigos
no eran suficientes para desvirtuar el informe técnico; y que la obra
no prestó el servicio que motivó su contratación, por lo que no existía
la supuesta satisfacción de la comunidad a la que hizo referencia la
demanda.
Manifestó que el cargo de infracción a las normas en que debía
fundarse no estaba llamado a prosperar, pues se presentaron
situaciones que justificaron la suspensión de términos procesales
para el desarrollo de la función de control fiscal, tales como el
traslado de sede de la Contraloría, fallas técnicas en el edificio y el
trámite de una recusación, las que dieron lugar a 90 días calendario
de suspensión, que prorrogaron la competencia hasta el 23 de enero
de 2017, por lo que no operó la prescripción habida cuenta que el
fallo con responsabilidad fiscal quedó ejecutoriado el 19 de enero de
2017.
I.5. Audiencia Inicial
La audiencia se celebró el 28 de septiembre de 2018, en la que luego
de identificadas las partes: i) se realizó el saneamiento del proceso;
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ii) se fijó el litigio; iii) se confirmó que no existía ánimo conciliatorio
entre las partes y; iv) se admitieron las pruebas documentales
aportadas con la demanda y su contestación.
II.-FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 28 de
marzo de 2019, denegó las pretensiones de la demanda al considerar
que los actos demandados no estaban afectados de nulidad, dado
que la demandante fue omisiva en su responsabilidad como gestora
fiscal durante la ejecución del contrato núm. 009 de 2007, con lo que
contribuyó a una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, pues
la obra no sirvió, por lo que se generó un grave detrimento
patrimonial.
Consideró que en este caso no operó la prescripción establecida en
el artículo 9° de la Ley 610 de 2000, pues a la señora ANA
CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ se le vinculó y abrió
investigación por Auto núm. 001488 de 11 de junio de 2014, por lo
que para el 19 de enero de 2017, fecha en que quedó ejecutoriado
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el fallo con responsabilidad fiscal, transcurrieron 2 años, 7 meses y
8 días, lo que significó que no se superó el término de 5 años.
Explicó que dentro del proceso de responsabilidad fiscal se demostró
que el interventor del contrato, el supervisor y la Empresa de
Servicios Públicos de Trinidad, eran plenamente conscientes de las
fallas presentadas, desde el mismo momento en que se hicieron los
estudios técnicos y durante toda la ejecución de la obra, razones que
motivaron reiteradas suspensiones, sin que con posterioridad se
cumpliera el objeto.
Anotó que existían pruebas contundentes de la falta de planeación
de la obra, además de que las falencias persistieron luego de
adicionar en valor y en plazo el contrato el 13 de septiembre de 2009,
y del otrosí modificatorio de 7 de septiembre de 2010.
Respecto de la responsabilidad de la aquí demandante, el Tribunal
consideró que su gestión fiscal como gerente de la Empresa de
Servicios Públicos de Trinidad fue deficiente y antieconómica, para lo
cual indicó lo siguiente (folio 326):
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“En el proceso de responsabilidad fiscal se demostró, que si bien la
señora Hernández ingresó meses después de la suscripción del
contrato No. 009 del 10 de septiembre de 2009, ella fungió como
gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Trinidad durante el
tiempo de su ejecución, tanto así que tenía pleno conocimiento de las
fallas en el diseño de la obra de alcantarillado pluvial, pues como ya
se mencionó suscribió acta No. 05 del 31 de octubre de 2008 en la
cual se amplió la suspensión No. 2 en donde además de reevaluar el
diseño, y los inconvenientes de orden técnico, social, económico y
ambiental, ya se advierte que el predio donde se construirá el emisor
es de propiedad privada y que no se cuenta con los permisos
ambientales ni con las servidumbres.
También tenía conocimiento de la escasa cobertura del alcantarillado
sanitario, pues ella misma suscribió el oficio del 19 de noviembre de
2018 (sic) y en oficio del 26 de noviembre de 2008, informó al
supervisor del convenio, que la obra estaba suspendida por
parámetros de diseño. En acta No. 06 del 18 de febrero de 2009,
suscribió nueva suspensión de la obra y la ampliación de la suspensión
por acta No. 03 del 3 de junio de 2009.
Pese a todo lo anterior, la señora Hernández Rodríguez no tomó
ninguna medida correctiva, más que suscribir prórrogas sucesivas y
finalmente no se superaron las causas que hicieron inoperante la obra
construida, lo que se prueba con el informe final presentado por el
supervisor delegado el 10 de febrero de 2011, donde se indica que la
instalación de un tramo de tubería se vio interrumpida por no tener
un permiso de servidumbre, que se encontraron otras redes en las
excavaciones como acueducto y sistema sanitario especialmente con
cajas sépticas y se resalta que para la fecha del mencionado informe
final, persistían las falencias del diseño por lo que se sugirió corregir
el trazado y en los puntos con obstáculos insalvables, se destaca la
importancia de implementar obras adicionales, también continúan las
fallas con las acometidas y el sumidero, además de que se requiere
validar la excavación de la zanja. Con la visita técnica, realizada el 29
de enero de 2014, se constata que el alcantarillado pluvial del
corregimiento de Bocas del Pauto no está en funcionamiento”.
Frente al cargo de violación del derecho de audiencia y defensa, el
Tribunal señaló que, en efecto, se decretó y practicó visita técnica
por parte de un profesional de la Contraloría, la cual no se objetó
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dentro del proceso de responsabilidad fiscal, por lo que consideró que
era válida, conducente, pertinente y útil para esclarecer los hallazgos
objeto de la investigación.
Agregó que la prueba pericial que solicitaron algunos de los
investigados, se negó mediante un auto que fue confirmado, por lo
que se garantizó el principio de la doble instancia, el derecho a la
defensa y el debido proceso; y que los interrogantes que planteó la
parte actora respecto del dictamen resultaban impertinentes e
inútiles, pues lo probado fue que la obra no funcionó y que ello afectó
el patrimonio público.
III.-FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
III.1. La parte demandante, a través de apoderado, solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, pues consideró que
no existen dos momentos diferentes dentro del mismo proceso de
responsabilidad fiscal que deban tenerse en cuenta como inicio de la
apertura del proceso.
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Indicó que entre el auto de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal y la ejecutoria del fallo con responsabilidad, transcurrieron más
de cinco años, pues el auto de apertura fue del 25 de octubre de
2011 y la ejecutoria del fallo se dio el 19 de enero de 2017. Respecto
de las suspensiones, señaló lo siguiente (folios 332 y 333):
“[…] Para el caso en concreto se deberán efectuar los descuentos de
las suspensiones que corresponden a las siguientes:
1. Auto No. 0612, del 17 de marzo de 2016, por los días 22 y 23 de
marzo de 2016, empero se dijo que estos no afectaban la caducidad
ni la prescripción de dos (2) días.
2. Auto No. 1438, que recoge el contenido de la Resolución No. 00019,
de fecha 16 de agosto de 2016, suspende los términos entre el 19 y
el 23 de agosto de 2016; cinco (5) días.
3. Resolución No. 0021, de fecha 1 de noviembre de 2016, suspende
los términos por los días del 2 al 7 de noviembre de 2016; seis (6)
días.
Así pues, los términos fueron interrumpidos por el lapso de trece (13)
días, con la salvedad que dos (2) de esos días, no aplicaban para
ninguno de los dos fenómenos como la caducidad y la prescripción;
con lo cual el término real de suspensión es de únicamente once (11)
días […]”.
Sostuvo que el término prescripción previsto en el artículo 9° de la
Ley 610 de 2000, finalizó el 5 de noviembre de 2016. Sin embargo,
el fallo con responsabilidad fiscal quedó ejecutoriado el 19 de enero
de 2017, por lo que se configuró el fenómeno de la prescripción
respecto de la actora.
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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
.- La parte actora en su escrito de alegatos de conclusión reiteró lo
expuesto en el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia
del Tribunal, pues señaló que las suspensiones del proceso de
responsabilidad fiscal no subsanaron el exceso del tiempo que utilizó
la Contraloría para expedir los actos demandados; y que respecto de
ella no hubo ruptura de la unidad procesal, por lo que los términos
no se contabilizan en forma independiente para cada uno de los
investigados.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Impedimento
Mediante escrito de 27 de julio de 2020, el doctor ROBERTO
AUGUSTO SERRATO VALDÉS manifestó que se encontraba incurso
en la causal de impedimento prevista en el numeral 3 del artículo
130 del CPACA para conocer del presente proceso, el cual fue
aceptado por la Sala a través de auto de 30 de ese mes y año y, en
consecuencia, se le separó del conocimiento del mismo.
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V.2. Actos administrativos acusados
• Fallo con responsabilidad fiscal contenido en el Auto núm. 2032
de 2 de diciembre de 2016, por medio del cual se declaró
responsable fiscalmente, de manera solidaria, junto con otras
personas, a la señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, por el daño patrimonial causado al Estado con
ocasión de la celebración del Convenio Interadministrativo
núm.0321 de 2007 y el Contrato de Obra núm. 009 de 2007.
• Auto núm. 2117 de 21 de diciembre de 2016, “AUTO POR EL
CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE
CONCEDE APELACIÓN EN EL PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 2014–04247 UCC PRF
585”.
• Fallo de responsabilidad fiscal de segunda instancia contenido en
el Auto núm. ORD–80112–0009, en el que se decidió confirmar
la condena con responsabilidad fiscal de la demandante.
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Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
V.2. Problema jurídico por resolver
De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, la Sala deber resolver si es procedente o no declarar
la nulidad de: i) el acto administrativo que contiene el fallo con
responsabilidad fiscal núm. 2032 de 2 de diciembre de 2016,
expedido por el Contralor Delegado Intersectorial núm. 20 de la
Contraloría General de la República y, ii) el acto administrativo que
contiene el Auto núm. ORD–80112–0009 de 19 de enero de 2017,
expedido por el Contralor General de la República, por haberse
configurado presuntamente la prescripción de la acción fiscal.
V.3. Caso concreto
Sea lo primero señalar que, como resultado del proceso de
responsabilidad fiscal núm. 585 adelantado por la Contraloría, entre
otros, en contra de la señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, en su condición de gerente de la Empresa de Servicios
Públicos de Trinidad, Casanare, se profirió en primera instancia el
fallo con responsabilidad fiscal núm. 2032 de 2 de diciembre de 2016.
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20
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Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Contra la referida decisión se interpusieron recursos de apelación por
parte de los demás declarados fiscalmente responsables, los cuales
fueron resueltos a través del fallo núm. ORD–80112–0009 de 19 de
enero de 2017, que confirmó en todas sus partes el de primera
instancia5.
Como ya se vió, la recurrente se limita a controvertir la sentencia de
primer grado en cuanto erró al contabilizar los términos de
prescripción. Para ello indica que el auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal es de 25 de octubre de 2011, por lo que a partir
de esa fecha se tenían 5 años para que la decisión de responsabilidad
quedara en firme, lo cual no ocurrió.
En orden a dilucidar la controversia, es importante precisar algunas
actuaciones que se surtieron dentro del proceso de responsabilidad
5
En el artículo segundo de la parte resolutiva del fallo núm. ORD–80112–0009 de 19 de enero de 2017
acusado, la entidad demandada, resolvió con respecto a la señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, lo siguiente:
“[…] RESUELVE:
[…]
ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR el fallo con responsabilidad contra los siguientes
vinculados, por la suma de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
($2.788.845.689,99):
[…]
CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número
52.117.685, en calidad de Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Trinidad- Casanare […]”.
(folios 173- 174) (Destacado fuera de texto).
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Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
fiscal en el que se declaró responsable, entre otros, a la señora ANA
CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, así:
La Contraloría con motivo del hallazgo núm. 2–H/08, detectó
irregularidades en desarrollo de la auditoria gubernamental con
enfoque integral que realizó a las regalías del Departamento de
Casanare en el año 2008, por lo que inició el proceso de
responsabilidad fiscal por el presunto detrimento que sufrió el
Departamento de Casanare, en calidad de titular de los recursos con
los cuales se financió el contrato núm. 0321 de 2007.
Fue así como expidió el Auto núm. 0471 de 25 de octubre de 2011,
“Por el cual se inicia proceso de responsabilidad fiscal”, en el
que consideró lo siguiente respecto la obra objeto del hallazgo (folio
35):
“[…] El fin social de la obra no se cumple teniendo en cuenta que no
presta ningún servicio ni utilidad a los habitantes del corregimiento de
bocas del pauto al no dar solución al problema de inundaciones
planteado en el estudio previo al imposibilitarse su puesta en
funcionamiento.
Se presentaron deficiencias en el proceso de planeación y de estudios
previos efectuados por la Gobernación de Casanare los cuales llevaron
a invertir recursos en un proyecto que no cumple con el fin social para
el cual fue contratado, a lo que se suma el daño ambiental y afectación
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Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
a la salud pública por la proliferación de vectores ocasionada por la
mezcla de aguas estancadas con aguas negras.
El proyecto no cumple con los parámetros técnicos, económicos,
ambientales, ni definición de su alcance, incumpliendo con los
principios de transparencia, economía, eficacia y responsabilidad en el
manejo de recursos públicos contenidos en el estatuto de contratación
estatal. Pese a que en los estudios previos y ficha técnica mencionen,
no cumple con las normas RAS, NSR98 y NTC.
En ese orden, se presentaron serios errores en la etapa de planeación
del proyecto de alcantarillado que hacen que el sistema pluvial elegido
no sea el idóneo para satisfacer las necesidades de la población del
corregimiento de bocas del pauto teniendo en cuenta las condiciones
topográficas del mismo […]”.
La Contraloría mediante Auto núm. 000394 de 2 de abril de 2013,
“POR EL CUAL SE ADICIONA EL AUTO DE APERTURA No. 471
DE 25 DE OCTUBRE DE 2011, EN EL SENTIDO DE VINCULAR
PRESUNTOS RESPONSABLES DENTRO DEL PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 585”, decidió vincular nuevos
presuntos responsables del detrimento patrimonial.
De igual forma, mediante Auto núm. 001488 de 11 de junio 2014,
adicionó el auto de apertura de 25 de octubre de 2011, para incluir
como presunta responsable dentro del proceso de responsabilidad
fiscal núm. 585, a la señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ.
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Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
En Auto núm. 00219 de 25 de febrero de 2015, “POR MEDIO DEL
CUAL SE ORDENA IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD
FISCAL Y DESVINCULACIÓN DE UNOS PRESUNTOS
RESPONSABLES DENTRO DEL PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL 585”, la Contraloría imputó
responsabilidad fiscal solidaria a la señora ANA CONSTANZA
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en calidad de gerente de la Empresa de
Servicios Públicos de Trinidad, Casanare.
La Contraloría en Auto núm. ORD–80112–0009 de 19 de enero de
2017, “Por el cual se revisa en grado de consulta y se
resuelven los recursos de apelación interpuestos contra el
fallo proferido dentro del proceso de responsabilidad fiscal
No. PRF–585”, consideró lo siguiente respecto de la prescripción de
la responsabilidad fiscal (folio 154):
“[…] En este caso, para el cómputo del término se toma como punto
de partida la fecha de apertura del proceso de responsabilidad fiscal
PRF–2014–04247_UCC PRF 585, esto es el 25 de octubre de 2011,
razón por la cual, en principio, el término de 5 años de que trata el
artículo 9 de la Ley 610 de 2000, vencería el 25 de octubre de 2016.
No obstante lo anterior, durante el trámite del proceso acaecieron
varias situaciones constitutivas de fuerza mayor y/o caso fortuito, así
como el trámite de recusaciones que implicaron la suspensión de los
términos.
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En efecto, para el cómputo de la prescripción se tuvo en cuenta la
suspensión de términos derivada de la recusación formulada contra el
Contralor Delegado Intersectorial 20 de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, Doctor BRUNO ENRIQUE HERNÁNDEZ
RAMOS, así como otras circunstancias constitutivas de caso fortuito
contenidas en los siguientes actos administrativos, los cuales de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 610 de 2000,
constituyen situaciones que interrumpen el término de prescripción:
EVENTO QUE DA ACTO FECHA DE FECHA DE NÚMERO
LUGAR A LA ADMINISTRATIVO INICIO DE TERMINACIÓN DE DÍAS
SUSPENSIÓN SUSPENSIÓN DE
DE TÉRMINOS SUSPENSIÓN
(ARTÍCULO 13
DE LA LEY 610
DE 2000)
Traslado de sede Resolución 010 del 01/01/2015 20/01/2015 20
(Gran Estación) 31 de diciembre de
2014
Recusación Auto ORD–80112– 06/04/2015 10/06/2015 64
presentada por el 0089 del 10 de junio
apoderado de de 2015
Liberty Seguros
contra el Doctor
Bruno Enrique
Hernández Ramos
Contralor
Delegado
Intersectorial 20
Traslado de sede Auto 1438 del 17 de 19/08/2016 23/08/2016 3
(Alpina a Paralelo agosto de 2016
26)
Fallas técnicas Resolución 02/11/2016 07/11/2016 3
(Paralelo 26) reglamentaria 00021
del 1 de noviembre
de 2016
Como se observa claramente, los hechos que dieron lugar a las
referidas decisiones de suspensión de términos obedecieron al trámite
de una recusación, y a eventos comprobados de fuerza mayor y/o
caso fortuito, y que dichas suspensiones se ordenaron a través de
actos administrativos que gozan de presunción de legalidad. Es
también oportuno precisar que la Contraloría General de la República
dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 610
de 2000, según el cual “tanto la suspensión como la reanudación de
los términos se ordenará mediante auto de trámite, que se notificará
por estado al día siguiente y contra el cual no procede recurso alguno”.
Con fundamento en lo anterior, es dable concluir que no operó el
fenómeno de la prescripción, puesto que contabilizando los días de
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suspensión de términos (90 días) y teniendo como punto de partida el
auto de apertura del proceso (25 de octubre de 2011), la prescripción
solo ocurriría el 25 de enero de 2017 […]”.
Ahora, para resolver el problema jurídico, la Sala considera relevante
abordar los siguientes puntos: i) Marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales de las atribuciones desarrolladas por la Nación –
Contraloría General de la República en los procesos de
responsabilidad fiscal; ii) marco normativo del proceso de
responsabilidad fiscal; iii) de la prescripción de la responsabilidad
fiscal; iv) de la suspensión de los términos en el proceso de
responsabilidad fiscal y v) análisis del caso en concreto.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de las
atribuciones ejecutadas por la Nación –Contraloría General de
la República en los procesos de responsabilidad fiscal
El artículo 268 de la Constitución Política, sobre las atribuciones del
Contralor General de la República, en especial, el numeral 5 señala
la de “[…] Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión
fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar
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su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances
deducidos de la misma […]”.
Por lo anterior, el Contralor General de la República, entre otros
aspectos, establece la responsabilidad que se derive de la gestión
fiscal, la cual, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión
y de resultados.
Marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal
El artículo 1° de la Ley 610 de 2000, sobre el proceso de
responsabilidad fiscal, señala lo siguiente:
“[…] Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de
actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el
fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores
públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión
fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma
dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado […]”.
De igual forma, el artículo 3° de la Ley 610 de 2000, definió el alcance
de la gestión fiscal como el conjunto de actividades económicas,
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las
personas que manejen o administren recursos o fondos públicos y
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cuyo objeto, conforme al artículo 4° ibidem, es el resarcimiento de
los daños ocasionados al patrimonio público 6 como consecuencia de
la conducta dolosa o culposa de quienes realizaron la gestión fiscal
mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.
A su vez, el parágrafo 1° del citado artículo determinó que “[…] la
responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin
perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad […]”,
correspondiéndole a cada uno consecuencias diferentes.
En este sentido, son tres los elementos de la responsabilidad fiscal,
a saber: i) elemento objetivo, consistente en que exista prueba
que acredite con certeza, por un lado, la existencia del daño al
patrimonio público, y, por el otro, su cuantificación; ii) elemento
subjetivo, que evalúa la actuación del gestor fiscal y que implica
6 Entendido como el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido
o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado,
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y
de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos
o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público […]” 6.
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que aquél haya actuado al menos con culpa y iii) elemento de
relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño
al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal7.
Así, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una
declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un
determinado servidor o particular debe cargar con las consecuencias
que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal
que ha realizado y que está obligado a reparar el daño causado al
erario por su conducta dolosa o culposa.
De la prescripción de responsabilidad fiscal
El artículo 9° de la Ley 610 de 2000, sobre prescripción de la acción
de responsabilidad, establece:
“ARTICULO 9 CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. La acción fiscal
caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho
generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará
a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su
7Ver en ese sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia del 18 de octubre de 2019, Rad. Núm. 68001 23 31 000 201101021 01,
MP. Hernando Sánchez Sánchez.
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realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter
permanente o continuado desde la del último hecho o acto.
La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a
partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si
dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la
declare.
El vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo no
impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener
la reparación de la totalidad del detrimento y demás perjuicios que
haya sufrido la administración, a través de la acción civil en el proceso
penal, que podrá ser ejercida por la contraloría correspondiente o por
la respectiva entidad pública”.
Esta Sección8 en relación al término de prescripción de
responsabilidad fiscal ha considerado que: i) el término de 5 años se
contabiliza a partir del auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal; ii) dentro de dicho término la Nación -
Contraloría General de la República debe expedir el acto
administrativo, debidamente ejecutoriado conforme a los artículos 56
de la Ley 610 y 62 del Código Contencioso Administrativo, que
declare la responsabilidad fiscal del servidor público y/o del particular
que ejerza gestión fiscal y cause un daño patrimonial al Estado; iii)
al finalizar el término prescribe la responsabilidad fiscal, esto es, se
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo
de 2012; C.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 50001-23-31-000-2005-30456-
01
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extingue el derecho del Estado de atribuir la responsabilidad fiscal a
quien venía procesando.
Asimismo, la citada sentencia señaló que la prescripción de la
responsabilidad fiscal de que trata la norma señalada supra, se
identifica con la prescripción que la legislación civil denomina
prescripción extintiva, esto es, la que determina la extinción de los
derechos y de las acciones que de estos emanan cuando no han sido
ejercidos por su titular durante determinado lapso de tiempo.
Así, la prescripción se erige en esta materia como un instituto jurídico
liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo cesa la
potestad del Estado para deducir la responsabilidad fiscal de quien
es objeto de un proceso por el daño que con su gestión fiscal le han
causado al patrimonio del Estado; es decir, que si ha transcurrido el
tiempo señalado en la ley, esto es, 5 años a partir del auto que
ordenó la apertura del proceso fiscal, sin que se haya dictado y
además ejecutoriado la decisión sobre la responsabilidad fiscal del
investigado, el órgano de control ya no podrá declarar dicha
responsabilidad.
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De la suspensión de los términos en el proceso de
responsabilidad fiscal
El artículo 13 de la Ley 610, sobre suspensión de términos, señala
que el cómputo de los términos se suspenderá en los siguientes
eventos: i) de fuerza mayor o caso fortuito y ii) por el trámite de una
declaración de impedimento o recusación. Asimismo, la citada norma
señala que la suspensión y reanudación de los términos se ordenará
mediante auto de trámite y se notificará por estado al día siguiente,
contra el cual no procederá recuso alguno.
En relación con la fuerza mayor y el caso fortuito, esta Sección9 ha
señalado que visto el artículo 1° de la Ley 95 de 2 de diciembre de
189010, “[…] se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a
que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un
funcionario público, etc. […]”.
9 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de marzo
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 24 000 2010 00318
00
10 Sobre reformas civiles
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Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
En la citada sentencia se indicó que, conforme a su definición para
que la fuerza mayor se configure, es necesario que se encuentren
acreditados sus tres elementos constitutivos, esto es, que sea: i)
externo, es decir, que está dotado de una fuerza destructora
abstracta, cuya realización no es determinada, ni aun indirectamente
por la actividad del ofensor; ii) irresistible, esto es, que ocurrido el
hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar
sino del modo que lo ha hecho e iii) imprevisible, cuando el suceso
escapa a las previsiones normales, o sea, que ante la conducta
prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o
predecirlo.
A su vez, la referida sentencia indicó que el caso fortuito debe ser
interior, no porque nazca del fuero interno de la persona, sino
porque proviene de la propia estructura de la actividad, puede ser
desconocido y permanecer oculto.
La Corte Constitucional en la sentencia núm. SU-498 de 14 de
septiembre de 201611, determinó que en los eventos en que se
11 Corte Constitucional, sentencia SU-498 de 14 de septiembre de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
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afecta la prestación continua del servicio, esa circunstancia tendría
efectos en derecho, en aplicación de la doctrina del caso fortuito y
la fuerza mayor, de acuerdo con la cual no se pueden derivar
consecuencias adversas ante la presencia de circunstancias que
impidan material o físicamente el cumplimiento de las cargas
procesales.
Análisis del caso en concreto
En el caso bajo estudio, el apoderado de la parte demandante señaló
que el proceso de responsabilidad está prescrito, pues entre el auto
de apertura de 25 de octubre de 2011 y la ejecutoria del fallo con
responsabilidad, 19 de enero de 2017, transcurrieron más de los 5
años previstos para la prescripción de la responsabilidad fiscal, dado
que los términos se suspendieron solo por 11 días.
En ese sentido, se advierte que dentro del proceso de responsabilidad
fiscal núm. 585, la Contraloría expidió el Auto núm. 0471, “Por el
cual se inicia proceso de responsabilidad fiscal”, el 25 de
octubre de 2011, por lo que el término para la prescripción, en
principio, finalizaría el 25 de octubre de 2016. Sin embargo, dentro
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de la actuación administrativa se presentaron suspensiones, que
resultan ser las mismas que se establecieron por la Sala en sentencia
de 3 de octubre de 201912, al analizar la suspensión de términos que
se dio en el citado proceso de responsabilidad fiscal núm. 585, en el
que la demandante era la señora ANA OLIDIA BARRERA MOLA,
en calidad de gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos
de Trinidad, Casanare, en el que se pretendió la nulidad de los
mismos actos aquí demandados, que ahora se prohíja, así:
EVENTO QUE DA ACTO FECHA DE FECHA DE NÚMERO
LUGAR A LA ADMINISTRATIVO INICIO DE TERMINACIÓN DE DÍAS
SUSPENSIÓN DE SUSPENSIÓN DE
TÉRMINOS SUSPENSIÓN
(ARTÍCULO 13 DE LA
LEY 610 DE 2000)
Traslado de sede (Gran Resolución 010 del 01/01/2015 20/01/2015 20
Estación) 31 de diciembre de
2014
Recusación presentada Auto ORD–80112– 06/04/2015 10/06/2015 66
por el apoderado e 0089 del 10 de junio
Liberty Seguros contra de 2015
el Doctor Bruno Enrique
Hernández Ramos
Contralor Delegado
Intersectorial 20
Traslado de sede (Alpina Auto 1438 del 17 de 19/08/2016 23/08/2016 5
a Paralelo 26) agosto de 2016
Fallas técnicas (Paralelo Resolución 02/11/2016 07/11/2016 6
26) reglamentaria 00021
del 1 de noviembre
de 2016
También adujo lo siguiente:
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia del 3 de octubre de 2019, Rad. Núm. 85001-23-33-000-2017-00129-
01. MP. Hernándo Sánchez Sánchez
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35
Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
“[…] 64. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley 610, la parte
demandada adicionó los días de suspensión señalados supra, que
arrojaron un total de 97, extendiéndose el término hasta el 31 de
enero de 2017.
65. Las suspensiones por el traslado de la entidad se ordenaron,
mediante resoluciones ejecutivas expedidas por la parte demandada,
las cuales se encuentran debidamente motivadas y fundamentadas
en la Resolución Orgánica núm. 5706 de 30 de diciembre de 2005,
que señalan que las resoluciones ejecutivas actos administrativos
necesarios para regular los asuntos internos o de funcionamiento de
la Contraloría.
66. Asimismo, se encuentra probado que tanto el acto administrativo
que decidió la suspensión de los términos por la recusación y los actos
administrativos que ordenaron en cada uno de los casos la suspensión
y reanudación de los términos fueron debidamente notificadas a las
partes.
67. Igualmente, la Sala considera que las suspensiones de los
términos se produjeron con fundamento en las situaciones amparadas
en el artículo 13 de la Ley 610, toda vez que:
67.1 La Resolución Ejecutiva 010 de 11 de diciembre de 2014, se
fundamentó en que subsiguiente a la posesión del Contralor General
de la República se presentaba la terminación del contrato de
arrendamiento donde funcionaba la entidad, sin que para el
presupuesto del año 2015 se contara con la partida presupuestal para
la adquisición o localización de una sede con la inclusión del costo de
las adecuaciones y sin que pudiera prorrogarse el contrato ante las
investigaciones penales que se adelantaban por el presunto
sobrecosto en el mismo, generándose un riesgo inminente para el
ejercicio de las funciones propias de la Contraloría General de la
República, que impedían la continuación del servicio.
67.2 La Resolución Ejecutiva 018 de 12 de agosto de 2016
fundamentada en el traslado de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción y de la Contraloría Delegada para la
Participación Ciudadana a la nueva sede de la entidad, situación que
impedía la continuación de la prestación del servicio público, ello,
como consecuencia de la contingencia señalada supra.
67.3 La Resolución Ejecutiva 0021 de 1 de noviembre de 2016
fundamentada en fallas técnicas que impedían el normal
funcionamiento de la entidad pública.
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67.3.1. Por tanto, las suspensiones de los términos señaladas supra,
se expidieron con base en condiciones razonadas, no atribuibles a la
entidad demandada, en razón a la falta de partida presupuestal por
parte del Gobierno Nacional para el año 2015 para la adquisición de
una nueva sede y por fallas técnicas, lo cual alteró la prestación
normal de servicios por parte de la Contraloría General de la
República, y cuya medida de suspensión de términos era necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones que le impone la Constitución
Política y la Ley.
67.4 Sobre la suspensión de los términos por la recusación
presentada contra el Contralor Delegado Intersectorial núm. 20 de la
Contraloría General de la República, esta Corporación ha señalado que
el artículo 66 de la Ley 610, señala la procedencia de la remisión al
Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso), el
cual, en su artículo 145 señala que […] el proceso se suspender desde
que el funcionario se declare impedido o se formule la recusación
hasta cuando se resuelva, sin que por ello se afecte la validez de los
actos surtidos con anterioridad […], lo cual ocurrió en el caso sub
examine, toda vez que se suspendió desde la radicación del memorial
que contenía la recusación, el 6 de abril de 2015 hasta el acto
administrativo que contiene el auto 089 de 10 de junio de 2015 por
el cual se decidió la recusación y se reanudaron los términos de la
actuación.
68. Por tanto, en la medida que el acto administrativo que contiene
el auto ORD 80112-009 de 19 de enero de 2017, expedido por el
Contralor General de la República, mediante el cual resolvió el grado
de consulta y el recurso de apelación contra el acto administrativo
que contiene el fallo de responsabilidad fiscal 2032 de 1 de
diciembre de 2016, fue notificado en estado de 25 de enero de
2017, y quedó ejecutoriado y en firme al día siguiente conforme
lo señala el numeral 3. del artículo 56 de la Ley 610, en concordancia
con el numeral 2. del artículo 87 de la Ley 1437, la Sala considera
que la actuación administrativa se desarrolló dentro del término de
prescripción señalado en el artículo 9. de la Ley 610 […]”.
La Sala advierte que la respuesta al problema jurídico que se planteó
en este caso, al igual que en el asunto en cita, es que la actuación
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administrativa de la Contraloría en el proceso de responsabilidad
fiscal núm. 585, se adelantó dentro del término de prescripción de
que trata el artículo 9º de la Ley de 610 de 2000.
Así, dado que, como ya se dijo, el único argumento que expuso la
parte actora frente a la sentencia del Tribunal, es el de la prescripción
de la responsabilidad fiscal, lo cual no ocurrió, por las razones antes
expuestas, la Sala encuentra procedente confirmar la sentencia de
primera instancia que denegó la pretensión de nulidad de los actos
acusados.
En efecto, dentro del proceso existe claridad acerca de que el término
de prescripción de la responsabilidad se suspendió por 97 días. De
tal manera que no operó el fenómeno de la prescripción, pues el plazo
iba hasta el 31 de enero de 2017.
Al respecto, debe aclararse que las suspensiones ordenadas dentro
del proceso de responsabilidad fiscal se encuentran revestidas de la
presunción de legalidad, de que trata el artículo 8813 de la Ley 1437;
13
“[…] ARTÍCULO 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se
presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
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y que a fin de desvirtuar su legalidad en los procesos ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los cuales se alegue
la prescripción de la acción de responsabilidad fiscal, la parte
demandante debe demandar conjuntamente, con el acto
administrativo con el cual termina el proceso de responsabilidad
fiscal14, los actos que suspenden los términos en el procedimiento de
responsabilidad fiscal, pues, como se dijo, éstos se presumen
legales.
Frente a este asunto, en sentencia de 15 de febrero de 201815, esta
Corporación precisó que si la parte demandante no controvierte los
actos que suspenden los términos en el procedimiento de
responsabilidad fiscal, no es posible analizar si esa suspensión
decretada se enmarca o no en los supuestos previstos en el artículo
13 de la Ley 610; y que, por el contrario, en virtud de la presunción
de legalidad de la que goza el procedimiento adelantado, lo que
corresponde es asumir que la suspensión se encuentra ajustada a
derecho, en los siguientes términos:
Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su
legalidad o se levante dicha medida cautelar [...]”.
14
Artículo 59 de la Ley 610.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta (En Descongestión),
sentencia de 15 de febrero de 2018, C.P. Alberto Yepes Barreiro, núm. único de radicación 25000-23-
24-000-2003-00462-01.
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“[…] En otras palabras, la prescripción no operó en el
caso concreto, toda vez que con la suspensión de términos
decretada en el procedimiento fiscal la prescripción, ya no
finalizaba el 16 de enero de 2003 como aduce el recurrente.
La anterior conclusión se refuerza, si se tiene en cuenta que
el demandante no cuestionó que la Resolución Nº 02147 de
10 de diciembre de 201016 no contuviera una situación de
fuerza mayor o caso fortuito que impidiera suspender los
términos, incluyendo el de la prescripción. En otras palabras,
el actor no atacó esa circunstancia.
Si esto es así, escapa a las competencias de la Sección
analizar si la suspensión decretada se enmarca o no en
los supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley 610
de 2000; por el contrario, en virtud de la presunción de
legalidad de la que goza el procedimiento adelantado,
la cual no fue desvirtuada, lo que corresponde es
asumir que la suspensión se encuentra ajustada a
derecho. […]” (Destacado fuera de texto).
Ahora, si bien el Tribunal indicó, sin motivar su decisión, que el
término de prescripción de 5 años se debía contar a partir del auto
de apertura del proceso de responsabilidad fiscal en contra de la
señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, esto es, el
11 junio de 2014, la Sala reitera que ese término debe contabilizarse
desde el Auto núm. 0471 de 25 de octubre de 2011, por medio del
16
A través de la citada Resolución el Contralor General de la Republica dispuso: “Facultar a los
funcionarios competentes que conocen de procesos de responsabilidad fiscal, de procesos
administrativos sancionatorios y de cobro coactivo para que suspendan términos, a partir del 18 de
diciembre de 2002 y durante quince (15) días hábiles, cuando las circunstancias de cada caso lo
ameriten y sin perjuicio de las labores que deban atender quienes no hagan uso del derecho a disfrutar
de las vacaciones, emitiendo individualmente y por cada actuación la providencia correspondiente para
cada caso en particular” La misma fue publicada en el Diario Oficial Nº 49.039 del 19 de diciembre de
2002, cuya versión digital se encuentra disponible en
http://jacevedo.imprenta.gov.co/tempDownloads/45D0391518129508978.pdf consultado el 8 de
febrero de 2018.
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cual se dio inicio al proceso de responsabilidad, fecha desde la cual
no transcurrieron los 5 años que establece el artículo 9° de la Ley
610 de 2000, dadas las suspensiones de términos, por lo que se
confirmará la decisión del Tribunal, pero por las razones expuestas
en esta providencia.
Por último, se reconocerá personería al doctor DIEGO FERNANDO
FONNEGRA VÉLEZ como apoderado de la entidad demandada, de
conformidad con el poder obrante a folio 29 del cuaderno del recurso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de marzo de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que
denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: TENER al doctor DIEGO FERNANDO FONNEGRA
VÉLEZ como apoderado de la Contraloría General de la
República, de conformidad con el poder obrante a folio 29 del
cuaderno del recurso.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala, en la sesión del día 10 de octubre de 2022.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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