RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 85001-33-33-002-2017-00151-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-33-33-002-2017-00151-01

Fecha
10 de octubre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-33-33-002-2017-00151-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41 Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01 Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ SEGUNDO: TENER al doctor DIEGO FERNANDO FONNEGRA VÉLEZ como apoderado de la Contraloría General de la República, de conformidad con el poder obrante a folio 29 del cuaderno del recurso. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 85001-33-33-002-2017-00151-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación número: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE
DENEGÓ LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. LA PRESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN RESPONSABILIDAD FISCAL DEBE CONTABILIZARSE A
PARTIR DE LA FECHA DEL AUTO DE APERTURA DEL PROCESO HASTA
LA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA
RESPONSABILIDAD FISCAL. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado

de la parte actora contra la sentencia de 28 de marzo de 2019,

proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare1, que

denegó las pretensiones de la demanda.

En adelante el Tribunal.
1

2

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

I.- ANTECEDENTES

I.1- La señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,

mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2,

presentó demanda en contra de la NACIÓN – CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA3, en la que formuló las siguientes

pretensiones:

“[…] PRIMERO. Que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos:

a. Auto #2032 de diciembre 2 de 2016 expedido por el Contralor
Delegado Intersectorial Número Veinte (20) del Grupo para el
Conocimiento y Trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la
Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción mediante
el cual se impuso responsabilidad fiscal por la suma de dos mil
setecientos ochenta y ocho millones ochocientos cuarenta y cinco mil
seiscientos ochenta y nueve pesos con noventa y nueve centavos
($2.788.845.689,99).
b. Auto #2117 de diciembre 21 de 2016 expedido por la misma
dependencia y que niega la reposición y concede apelación.
c. Auto #ORD–80112–0009 del 19 de enero de 2017 expedido por el
Contralor General del República, por medio del cual se resuelve el
recurso de apelación.

SEGUNDO. Que se ordene el restablecimiento del derecho de mi
cliente retirando a mi cliente del boletín de responsables fiscales.

En adelante CPACA.
2

En adelante la Contraloría.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

TERCERO. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se
indemnice a mi cliente por los daños morales y materiales causados
con los embargos registrados, la inclusión en el boletín de
responsables fiscales y la publicación de la sanción administrativa
[…]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los

siguientes:

Mediante Auto núm. 0471 de 25 de octubre de 2011, la Contraloría

General de la República abrió investigación fiscal por un presunto

daño patrimonial derivado de la construcción del alcantarillado pluvial

en el centro poblado de Bocas del Pauto en el Municipio de Trinidad,

Casanare.

En Auto núm. 001488 de 11 de junio 2014, la Contraloría adicionó el

auto de apertura de 25 de octubre de 2011, para incluir como

presunta responsable dentro del proceso de responsabilidad fiscal

núm. 585 a la señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ

RODRÍGUEZ, en calidad de gerente de la Empresa de Servicios

Públicos de Trinidad, Casanare. Posteriormente, en Auto núm. 00219

de 25 de febrero de 2015, la Contraloría imputó responsabilidad fiscal

solidaria a la aquí demandante.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

El 2 de diciembre de 2016, la Contraloría profirió el Auto núm. 2032,

que contiene el fallo con responsabilidad fiscal de primera instancia

en contra de la aquí demandante, y otros, pues se consideró que en

su calidad de gerente no cumplió con los principios de planeación

contractual, eficiencia y economía.

Mediante Auto núm. 2117 de 21 de diciembre de 2016, la Contraloría

negó el recurso de reposición y concedió el de apelación, que

interpusieron algunos de los investigados contra el Auto núm. 2032

de 2 de diciembre de 2016. En Auto núm. ORD–80 112–0009 de 19

de enero de 2017, la Contraloría confirmó la decisión de primera

instancia, contra la demandante y otros vinculados4.

I.3.- Fundamentos de derecho

La parte actora considera que los actos acusados infringieron los

artículos 29 y 209 de la Constitución Política; 2°, 9°, 13, 22, 23, 24,

4 En el artículo segundo de la parte resolutiva del fallo núm. ORD–80112–0009 de 19 de enero de 2017

acusado, la entidad demandada, resolvió con respecto a la señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR el fallo con responsabilidad contra los siguientes
vinculados, por la suma de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
($2.788.845.689,99):[…]”. (folios 173- 174) (Destacado fuera de texto).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

25, 26, 48, 53 y 54 de la Ley 610 de 2000; 3°, 40 y 42 de la Ley

1437 de 2011. Como fundamento de lo anterior, la parte demandante

formuló los siguientes cargos en contra de los actos acusados:

I.3.1. Falsa motivación

Sostuvo que la Contraloría profirió el fallo con responsabilidad fiscal

sin observar la realidad fáctica en que debió fundarse, pues

consideró, sin justificación, que se habían perdido la totalidad de los

recursos que se invirtieron en el alcantarillado pluvial del centro

poblado de Bocas del Pauto en el Municipio de Trinidad, Casanare.

Señaló que la Contraloría adelantó el proceso de responsabilidad

fiscal, a partir de un hallazgo del grupo de auditoría, en el que se

llegó a unas conclusiones preliminares que se convirtieron en verdad

absoluta hasta el final de la investigación, sin tenerse en cuenta las

pruebas y argumentos que presentó la defensa.

Precisó que cuando se adelantan procesos de responsabilidad fiscal

por obras inconclusas no es fácil establecer el daño al patrimonio

público, pues puede que no exista daño o que este sea por el total

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

de la inversión pública, por lo que esos puntos debían ser objeto de

una valoración exhaustiva.

Manifestó que la Contraloría determinó el daño en la suma de

$2.788.845.689, el cual constituía la totalidad de la inversión en la

obra, sin que existiera plena prueba del mismo, pues, incluso,

incurrió en argumentos contradictorios, dado que consideró que la

obra no prestaba el servicio para el cual se construyó; y a la vez

indicó que se presentarían altos costos de mantenimiento.

Destacó que la Contraloría no indagó las razones por las que se

paralizó la obra, ni analizó su potencial funcionamiento en el evento

de ser terminada; negó las pruebas que tenían como objeto

demostrar que la obra funcionaba y prestaría el servicio; y que en la

obra se invirtieron la totalidad de los recursos presupuestados,

además de que estuvo bien diseñada y construida.

De igual forma, indicó que la Contraloría en los actos demandados

incurrió en falsa motivación al indicar que la obra no era necesaria,

dado que esa zona presentaba inundaciones constantes en época de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

invierno, lo que generaba afectaciones a la movilidad, salud y

bienestar de los pobladores.

I.3.2. Falsa motivación en cuanto a la responsabilidad

individual

Señaló que la Contraloría no observó que ella no suscribió el contrato

de obra, dado que ingresó a la entidad el 8 de mayo de 2008, esto

es, ocho meses después de su celebración.

3. Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa

Indicó que la Contraloría no decretó las pruebas necesarias dentro

del proceso de responsabilidad fiscal, ni realizó una correcta

valoración probatoria. Ello, por cuanto se le negó el derecho de

defensa y contradicción para “Dirimir asuntos relativos a la existencia

del detrimento patrimonial; de la existencia de hechos que se

asumen como ciertos en la investigación y de la relación de

causalidad entre éstos y el supuesto de hecho dañino, así como

también ordenó pero no aceptó otras y dejó de valorar y analizar la

totalidad de las aportadas al plenario”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Destacó que se le denegó una prueba pericial indispensable para

determinar si la obra era apta para el servicio, pues se asumió que

la visita técnica la reemplazaba, lo que no resulta acertado, dado que

la visita no estaba relacionada con aspectos técnicos; y que en el

expediente administrativo no obran soportes que acreditaran la

idoneidad del ingeniero que practicó la visita.

I.3.3. Infracción de las normas en que ha debido fundarse o

en forma irregular

Sostuvo que la Contraloría en el auto que declaró la responsabilidad

fiscal, también resolvió lo relativo a la prescripción, pero sin aplicar

las normas en que debía fundamentarse la decisión; que la

prescripción se debía contar desde el Auto núm. 0471 de 25 de

octubre de 2011; y que no motivó la suspensión de los términos en

hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, ni cumplió con

el trámite previsto en el artículo 13 de la Ley 610 de 2000.

I.4.- Contestación de la demanda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

La Contraloría General de la República, por intermedio de apoderado,

se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues

señaló que los actos administrativos constitutivos del fallo con

responsabilidad fiscal fueron expedidos conforme a la ley y

garantizando el debido proceso.

Respecto del cargo de falsa motivación, indicó que las pruebas y

razones expuestas en los actos demandados eran suficientes para

inferir la culpa grave de la demandante, pues efectuó una gestión

fiscal antieconómica, ineficiente e ineficaz en la obra de

alcantarillado pluvial del corregimiento de Bocas de Pauto en el

Municipio de Trinidad, Casanare. De igual forma, sostuvo lo siguiente

(folios 253 y 254):

“[…] Téngase en cuenta que la actora realizó gestión fiscal de los
recursos allí ejecutados como se desprende de la firma que la actora
(en calidad de Gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos
de Trinidad – Casanare) realizó de la adición No. 1 al contrato de obra
No. 009 de 10 de septiembre de 2007, celebrado entre la Empresa de
Servicios Públicos Municipal de Trinidad – Casanare y la “Unión
Temporal EL BANCO”, de donde se concluye la existencia de gestión
fiscal directa.

En el caso de la actora, se tiene que en forma adicional suscribió las
actas de recibo de obra No. 01, 02 y 03, las cuales constituyen los
primeros avances de la ejecución del aludido contrato de obra No. 09
de 2007, cuya ejecución resultó inoficiosa para el cumplimiento de los
fines que originalmente motivaron su construcción, es decir, no prestó

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

el servicio para el cual se contrató la construcción de esta […]”.

De igual forma, la Contraloría indicó que a la demandante, en calidad

de gerente de la empresa pública contratante, le era exigible

verificar el manejo responsable de los recursos puestos a disposición

del contratista, lo cual no ocurrió.

Agregó que a la demandante se le dio la oportunidad de controvertir

el informe técnico que justificó el fallo con responsabilidad fiscal,

pero guardó silencio durante el traslado que se dio del informe; y

que sus descargos fueron debidamente desvirtuados en el acto

acusado.

Respecto de la prueba pericial que se negó en la actuación

administrativa, sostuvo que era innecesaria esa prueba, pues dentro

del expediente administrativo se encontraba el informe técnico que

demostraba la situación de la obra ejecutada.

Frente a las afirmaciones que expuso la parte actora en el sentido

de que la obra era idónea y no existían pruebas de lo que se afirmó

en el fallo con responsabilidad fiscal, señaló que esas afirmaciones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

no tenían fundamento probatorio, pues las declaraciones de testigos

no eran suficientes para desvirtuar el informe técnico; y que la obra

no prestó el servicio que motivó su contratación, por lo que no existía

la supuesta satisfacción de la comunidad a la que hizo referencia la

demanda.

Manifestó que el cargo de infracción a las normas en que debía

fundarse no estaba llamado a prosperar, pues se presentaron

situaciones que justificaron la suspensión de términos procesales

para el desarrollo de la función de control fiscal, tales como el

traslado de sede de la Contraloría, fallas técnicas en el edificio y el

trámite de una recusación, las que dieron lugar a 90 días calendario

de suspensión, que prorrogaron la competencia hasta el 23 de enero

de 2017, por lo que no operó la prescripción habida cuenta que el

fallo con responsabilidad fiscal quedó ejecutoriado el 19 de enero de

2017.

I.5. Audiencia Inicial

La audiencia se celebró el 28 de septiembre de 2018, en la que luego

de identificadas las partes: i) se realizó el saneamiento del proceso;

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

ii) se fijó el litigio; iii) se confirmó que no existía ánimo conciliatorio

entre las partes y; iv) se admitieron las pruebas documentales

aportadas con la demanda y su contestación.

II.-FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 28 de

marzo de 2019, denegó las pretensiones de la demanda al considerar

que los actos demandados no estaban afectados de nulidad, dado

que la demandante fue omisiva en su responsabilidad como gestora

fiscal durante la ejecución del contrato núm. 009 de 2007, con lo que

contribuyó a una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, pues

la obra no sirvió, por lo que se generó un grave detrimento

patrimonial.

Consideró que en este caso no operó la prescripción establecida en

el artículo 9° de la Ley 610 de 2000, pues a la señora ANA

CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ se le vinculó y abrió

investigación por Auto núm. 001488 de 11 de junio de 2014, por lo

que para el 19 de enero de 2017, fecha en que quedó ejecutoriado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

el fallo con responsabilidad fiscal, transcurrieron 2 años, 7 meses y

8 días, lo que significó que no se superó el término de 5 años.

Explicó que dentro del proceso de responsabilidad fiscal se demostró

que el interventor del contrato, el supervisor y la Empresa de

Servicios Públicos de Trinidad, eran plenamente conscientes de las

fallas presentadas, desde el mismo momento en que se hicieron los

estudios técnicos y durante toda la ejecución de la obra, razones que

motivaron reiteradas suspensiones, sin que con posterioridad se

cumpliera el objeto.

Anotó que existían pruebas contundentes de la falta de planeación

de la obra, además de que las falencias persistieron luego de

adicionar en valor y en plazo el contrato el 13 de septiembre de 2009,

y del otrosí modificatorio de 7 de septiembre de 2010.

Respecto de la responsabilidad de la aquí demandante, el Tribunal

consideró que su gestión fiscal como gerente de la Empresa de

Servicios Públicos de Trinidad fue deficiente y antieconómica, para lo

cual indicó lo siguiente (folio 326):

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

“En el proceso de responsabilidad fiscal se demostró, que si bien la
señora Hernández ingresó meses después de la suscripción del
contrato No. 009 del 10 de septiembre de 2009, ella fungió como
gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Trinidad durante el
tiempo de su ejecución, tanto así que tenía pleno conocimiento de las
fallas en el diseño de la obra de alcantarillado pluvial, pues como ya
se mencionó suscribió acta No. 05 del 31 de octubre de 2008 en la
cual se amplió la suspensión No. 2 en donde además de reevaluar el
diseño, y los inconvenientes de orden técnico, social, económico y
ambiental, ya se advierte que el predio donde se construirá el emisor
es de propiedad privada y que no se cuenta con los permisos
ambientales ni con las servidumbres.

También tenía conocimiento de la escasa cobertura del alcantarillado
sanitario, pues ella misma suscribió el oficio del 19 de noviembre de
2018 (sic) y en oficio del 26 de noviembre de 2008, informó al
supervisor del convenio, que la obra estaba suspendida por
parámetros de diseño. En acta No. 06 del 18 de febrero de 2009,
suscribió nueva suspensión de la obra y la ampliación de la suspensión
por acta No. 03 del 3 de junio de 2009.

Pese a todo lo anterior, la señora Hernández Rodríguez no tomó
ninguna medida correctiva, más que suscribir prórrogas sucesivas y
finalmente no se superaron las causas que hicieron inoperante la obra
construida, lo que se prueba con el informe final presentado por el
supervisor delegado el 10 de febrero de 2011, donde se indica que la
instalación de un tramo de tubería se vio interrumpida por no tener
un permiso de servidumbre, que se encontraron otras redes en las
excavaciones como acueducto y sistema sanitario especialmente con
cajas sépticas y se resalta que para la fecha del mencionado informe
final, persistían las falencias del diseño por lo que se sugirió corregir
el trazado y en los puntos con obstáculos insalvables, se destaca la
importancia de implementar obras adicionales, también continúan las
fallas con las acometidas y el sumidero, además de que se requiere
validar la excavación de la zanja. Con la visita técnica, realizada el 29
de enero de 2014, se constata que el alcantarillado pluvial del
corregimiento de Bocas del Pauto no está en funcionamiento”.

Frente al cargo de violación del derecho de audiencia y defensa, el

Tribunal señaló que, en efecto, se decretó y practicó visita técnica

por parte de un profesional de la Contraloría, la cual no se objetó

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

dentro del proceso de responsabilidad fiscal, por lo que consideró que

era válida, conducente, pertinente y útil para esclarecer los hallazgos

objeto de la investigación.

Agregó que la prueba pericial que solicitaron algunos de los

investigados, se negó mediante un auto que fue confirmado, por lo

que se garantizó el principio de la doble instancia, el derecho a la

defensa y el debido proceso; y que los interrogantes que planteó la

parte actora respecto del dictamen resultaban impertinentes e

inútiles, pues lo probado fue que la obra no funcionó y que ello afectó

el patrimonio público.

III.-FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

III.1. La parte demandante, a través de apoderado, solicitó la

revocatoria de la sentencia de primera instancia, pues consideró que

no existen dos momentos diferentes dentro del mismo proceso de

responsabilidad fiscal que deban tenerse en cuenta como inicio de la

apertura del proceso.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Indicó que entre el auto de apertura del proceso de responsabilidad

fiscal y la ejecutoria del fallo con responsabilidad, transcurrieron más

de cinco años, pues el auto de apertura fue del 25 de octubre de

2011 y la ejecutoria del fallo se dio el 19 de enero de 2017. Respecto

de las suspensiones, señaló lo siguiente (folios 332 y 333):

“[…] Para el caso en concreto se deberán efectuar los descuentos de
las suspensiones que corresponden a las siguientes:

1. Auto No. 0612, del 17 de marzo de 2016, por los días 22 y 23 de
marzo de 2016, empero se dijo que estos no afectaban la caducidad
ni la prescripción de dos (2) días.
2. Auto No. 1438, que recoge el contenido de la Resolución No. 00019,
de fecha 16 de agosto de 2016, suspende los términos entre el 19 y
el 23 de agosto de 2016; cinco (5) días.
3. Resolución No. 0021, de fecha 1 de noviembre de 2016, suspende
los términos por los días del 2 al 7 de noviembre de 2016; seis (6)
días.
Así pues, los términos fueron interrumpidos por el lapso de trece (13)
días, con la salvedad que dos (2) de esos días, no aplicaban para
ninguno de los dos fenómenos como la caducidad y la prescripción;
con lo cual el término real de suspensión es de únicamente once (11)
días […]”.

Sostuvo que el término prescripción previsto en el artículo 9° de la

Ley 610 de 2000, finalizó el 5 de noviembre de 2016. Sin embargo,

el fallo con responsabilidad fiscal quedó ejecutoriado el 19 de enero

de 2017, por lo que se configuró el fenómeno de la prescripción

respecto de la actora.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

.- La parte actora en su escrito de alegatos de conclusión reiteró lo

expuesto en el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia

del Tribunal, pues señaló que las suspensiones del proceso de

responsabilidad fiscal no subsanaron el exceso del tiempo que utilizó

la Contraloría para expedir los actos demandados; y que respecto de

ella no hubo ruptura de la unidad procesal, por lo que los términos

no se contabilizan en forma independiente para cada uno de los

investigados.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Impedimento

Mediante escrito de 27 de julio de 2020, el doctor ROBERTO

AUGUSTO SERRATO VALDÉS manifestó que se encontraba incurso

en la causal de impedimento prevista en el numeral 3 del artículo

130 del CPACA para conocer del presente proceso, el cual fue

aceptado por la Sala a través de auto de 30 de ese mes y año y, en

consecuencia, se le separó del conocimiento del mismo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

V.2. Actos administrativos acusados

• Fallo con responsabilidad fiscal contenido en el Auto núm. 2032

de 2 de diciembre de 2016, por medio del cual se declaró

responsable fiscalmente, de manera solidaria, junto con otras

personas, a la señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ

RODRÍGUEZ, por el daño patrimonial causado al Estado con

ocasión de la celebración del Convenio Interadministrativo

núm.0321 de 2007 y el Contrato de Obra núm. 009 de 2007.

• Auto núm. 2117 de 21 de diciembre de 2016, “AUTO POR EL

CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE

CONCEDE APELACIÓN EN EL PROCESO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 2014–04247 UCC PRF

585”.

• Fallo de responsabilidad fiscal de segunda instancia contenido en

el Auto núm. ORD–80112–0009, en el que se decidió confirmar

la condena con responsabilidad fiscal de la demandante.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

V.2. Problema jurídico por resolver

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandante, la Sala deber resolver si es procedente o no declarar

la nulidad de: i) el acto administrativo que contiene el fallo con

responsabilidad fiscal núm. 2032 de 2 de diciembre de 2016,

expedido por el Contralor Delegado Intersectorial núm. 20 de la

Contraloría General de la República y, ii) el acto administrativo que

contiene el Auto núm. ORD–80112–0009 de 19 de enero de 2017,

expedido por el Contralor General de la República, por haberse

configurado presuntamente la prescripción de la acción fiscal.

V.3. Caso concreto

Sea lo primero señalar que, como resultado del proceso de

responsabilidad fiscal núm. 585 adelantado por la Contraloría, entre

otros, en contra de la señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ

RODRÍGUEZ, en su condición de gerente de la Empresa de Servicios

Públicos de Trinidad, Casanare, se profirió en primera instancia el

fallo con responsabilidad fiscal núm. 2032 de 2 de diciembre de 2016.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Contra la referida decisión se interpusieron recursos de apelación por

parte de los demás declarados fiscalmente responsables, los cuales

fueron resueltos a través del fallo núm. ORD–80112–0009 de 19 de

enero de 2017, que confirmó en todas sus partes el de primera

instancia5.

Como ya se vió, la recurrente se limita a controvertir la sentencia de

primer grado en cuanto erró al contabilizar los términos de

prescripción. Para ello indica que el auto de apertura del proceso de

responsabilidad fiscal es de 25 de octubre de 2011, por lo que a partir

de esa fecha se tenían 5 años para que la decisión de responsabilidad

quedara en firme, lo cual no ocurrió.

En orden a dilucidar la controversia, es importante precisar algunas

actuaciones que se surtieron dentro del proceso de responsabilidad

5
En el artículo segundo de la parte resolutiva del fallo núm. ORD–80112–0009 de 19 de enero de 2017
acusado, la entidad demandada, resolvió con respecto a la señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, lo siguiente:

“[…] RESUELVE:
[…]
ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR el fallo con responsabilidad contra los siguientes
vinculados, por la suma de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
($2.788.845.689,99):
[…]
CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número
52.117.685, en calidad de Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Trinidad- Casanare […]”.
(folios 173- 174) (Destacado fuera de texto).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

fiscal en el que se declaró responsable, entre otros, a la señora ANA

CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, así:

La Contraloría con motivo del hallazgo núm. 2–H/08, detectó

irregularidades en desarrollo de la auditoria gubernamental con

enfoque integral que realizó a las regalías del Departamento de

Casanare en el año 2008, por lo que inició el proceso de

responsabilidad fiscal por el presunto detrimento que sufrió el

Departamento de Casanare, en calidad de titular de los recursos con

los cuales se financió el contrato núm. 0321 de 2007.

Fue así como expidió el Auto núm. 0471 de 25 de octubre de 2011,

“Por el cual se inicia proceso de responsabilidad fiscal”, en el

que consideró lo siguiente respecto la obra objeto del hallazgo (folio

35):

“[…] El fin social de la obra no se cumple teniendo en cuenta que no
presta ningún servicio ni utilidad a los habitantes del corregimiento de
bocas del pauto al no dar solución al problema de inundaciones
planteado en el estudio previo al imposibilitarse su puesta en
funcionamiento.

Se presentaron deficiencias en el proceso de planeación y de estudios
previos efectuados por la Gobernación de Casanare los cuales llevaron
a invertir recursos en un proyecto que no cumple con el fin social para
el cual fue contratado, a lo que se suma el daño ambiental y afectación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

a la salud pública por la proliferación de vectores ocasionada por la
mezcla de aguas estancadas con aguas negras.

El proyecto no cumple con los parámetros técnicos, económicos,
ambientales, ni definición de su alcance, incumpliendo con los
principios de transparencia, economía, eficacia y responsabilidad en el
manejo de recursos públicos contenidos en el estatuto de contratación
estatal. Pese a que en los estudios previos y ficha técnica mencionen,
no cumple con las normas RAS, NSR98 y NTC.

En ese orden, se presentaron serios errores en la etapa de planeación
del proyecto de alcantarillado que hacen que el sistema pluvial elegido
no sea el idóneo para satisfacer las necesidades de la población del
corregimiento de bocas del pauto teniendo en cuenta las condiciones
topográficas del mismo […]”.

La Contraloría mediante Auto núm. 000394 de 2 de abril de 2013,

“POR EL CUAL SE ADICIONA EL AUTO DE APERTURA No. 471

DE 25 DE OCTUBRE DE 2011, EN EL SENTIDO DE VINCULAR

PRESUNTOS RESPONSABLES DENTRO DEL PROCESO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL No. 585”, decidió vincular nuevos

presuntos responsables del detrimento patrimonial.

De igual forma, mediante Auto núm. 001488 de 11 de junio 2014,

adicionó el auto de apertura de 25 de octubre de 2011, para incluir

como presunta responsable dentro del proceso de responsabilidad

fiscal núm. 585, a la señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ

RODRÍGUEZ.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

En Auto núm. 00219 de 25 de febrero de 2015, “POR MEDIO DEL

CUAL SE ORDENA IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD

FISCAL Y DESVINCULACIÓN DE UNOS PRESUNTOS

RESPONSABLES DENTRO DEL PROCESO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL 585”, la Contraloría imputó

responsabilidad fiscal solidaria a la señora ANA CONSTANZA

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en calidad de gerente de la Empresa de

Servicios Públicos de Trinidad, Casanare.

La Contraloría en Auto núm. ORD–80112–0009 de 19 de enero de

2017, “Por el cual se revisa en grado de consulta y se

resuelven los recursos de apelación interpuestos contra el

fallo proferido dentro del proceso de responsabilidad fiscal

No. PRF–585”, consideró lo siguiente respecto de la prescripción de

la responsabilidad fiscal (folio 154):

“[…] En este caso, para el cómputo del término se toma como punto
de partida la fecha de apertura del proceso de responsabilidad fiscal
PRF–2014–04247_UCC PRF 585, esto es el 25 de octubre de 2011,
razón por la cual, en principio, el término de 5 años de que trata el
artículo 9 de la Ley 610 de 2000, vencería el 25 de octubre de 2016.

No obstante lo anterior, durante el trámite del proceso acaecieron
varias situaciones constitutivas de fuerza mayor y/o caso fortuito, así
como el trámite de recusaciones que implicaron la suspensión de los
términos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

En efecto, para el cómputo de la prescripción se tuvo en cuenta la
suspensión de términos derivada de la recusación formulada contra el
Contralor Delegado Intersectorial 20 de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, Doctor BRUNO ENRIQUE HERNÁNDEZ
RAMOS, así como otras circunstancias constitutivas de caso fortuito
contenidas en los siguientes actos administrativos, los cuales de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 610 de 2000,
constituyen situaciones que interrumpen el término de prescripción:

EVENTO QUE DA ACTO FECHA DE FECHA DE NÚMERO
LUGAR A LA ADMINISTRATIVO INICIO DE TERMINACIÓN DE DÍAS
SUSPENSIÓN SUSPENSIÓN DE
DE TÉRMINOS SUSPENSIÓN
(ARTÍCULO 13
DE LA LEY 610
DE 2000)
Traslado de sede Resolución 010 del 01/01/2015 20/01/2015 20
(Gran Estación) 31 de diciembre de
2014
Recusación Auto ORD–80112– 06/04/2015 10/06/2015 64
presentada por el 0089 del 10 de junio
apoderado de de 2015
Liberty Seguros
contra el Doctor
Bruno Enrique
Hernández Ramos
Contralor
Delegado
Intersectorial 20
Traslado de sede Auto 1438 del 17 de 19/08/2016 23/08/2016 3
(Alpina a Paralelo agosto de 2016
26)
Fallas técnicas Resolución 02/11/2016 07/11/2016 3
(Paralelo 26) reglamentaria 00021
del 1 de noviembre
de 2016

Como se observa claramente, los hechos que dieron lugar a las
referidas decisiones de suspensión de términos obedecieron al trámite
de una recusación, y a eventos comprobados de fuerza mayor y/o
caso fortuito, y que dichas suspensiones se ordenaron a través de
actos administrativos que gozan de presunción de legalidad. Es
también oportuno precisar que la Contraloría General de la República
dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 610
de 2000, según el cual “tanto la suspensión como la reanudación de
los términos se ordenará mediante auto de trámite, que se notificará
por estado al día siguiente y contra el cual no procede recurso alguno”.

Con fundamento en lo anterior, es dable concluir que no operó el
fenómeno de la prescripción, puesto que contabilizando los días de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

suspensión de términos (90 días) y teniendo como punto de partida el
auto de apertura del proceso (25 de octubre de 2011), la prescripción
solo ocurriría el 25 de enero de 2017 […]”.

Ahora, para resolver el problema jurídico, la Sala considera relevante

abordar los siguientes puntos: i) Marco normativo y desarrollos

jurisprudenciales de las atribuciones desarrolladas por la Nación –

Contraloría General de la República en los procesos de

responsabilidad fiscal; ii) marco normativo del proceso de

responsabilidad fiscal; iii) de la prescripción de la responsabilidad

fiscal; iv) de la suspensión de los términos en el proceso de

responsabilidad fiscal y v) análisis del caso en concreto.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de las

atribuciones ejecutadas por la Nación –Contraloría General de

la República en los procesos de responsabilidad fiscal

El artículo 268 de la Constitución Política, sobre las atribuciones del

Contralor General de la República, en especial, el numeral 5 señala

la de “[…] Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión

fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances

deducidos de la misma […]”.

Por lo anterior, el Contralor General de la República, entre otros

aspectos, establece la responsabilidad que se derive de la gestión

fiscal, la cual, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión

y de resultados.

Marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal

El artículo 1° de la Ley 610 de 2000, sobre el proceso de

responsabilidad fiscal, señala lo siguiente:

“[…] Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de
actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el
fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores
públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión
fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma
dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado […]”.

De igual forma, el artículo 3° de la Ley 610 de 2000, definió el alcance

de la gestión fiscal como el conjunto de actividades económicas,

jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las

personas que manejen o administren recursos o fondos públicos y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

cuyo objeto, conforme al artículo 4° ibidem, es el resarcimiento de

los daños ocasionados al patrimonio público 6 como consecuencia de

la conducta dolosa o culposa de quienes realizaron la gestión fiscal

mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el

perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

A su vez, el parágrafo 1° del citado artículo determinó que “[…] la

responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin

perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad […]”,

correspondiéndole a cada uno consecuencias diferentes.

En este sentido, son tres los elementos de la responsabilidad fiscal,

a saber: i) elemento objetivo, consistente en que exista prueba

que acredite con certeza, por un lado, la existencia del daño al

patrimonio público, y, por el otro, su cuantificación; ii) elemento

subjetivo, que evalúa la actuación del gestor fiscal y que implica

6 Entendido como el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido

o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado,
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y
de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos
o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público […]” 6.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

que aquél haya actuado al menos con culpa y iii) elemento de

relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño

al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal7.

Así, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una

declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un

determinado servidor o particular debe cargar con las consecuencias

que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal

que ha realizado y que está obligado a reparar el daño causado al

erario por su conducta dolosa o culposa.

De la prescripción de responsabilidad fiscal

El artículo 9° de la Ley 610 de 2000, sobre prescripción de la acción

de responsabilidad, establece:

“ARTICULO 9 CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. La acción fiscal
caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho
generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará
a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su

7Ver en ese sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia del 18 de octubre de 2019, Rad. Núm. 68001 23 31 000 201101021 01,
MP. Hernando Sánchez Sánchez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter
permanente o continuado desde la del último hecho o acto.

La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a
partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si
dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la
declare.

El vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo no
impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener
la reparación de la totalidad del detrimento y demás perjuicios que
haya sufrido la administración, a través de la acción civil en el proceso
penal, que podrá ser ejercida por la contraloría correspondiente o por
la respectiva entidad pública”.

Esta Sección8 en relación al término de prescripción de

responsabilidad fiscal ha considerado que: i) el término de 5 años se

contabiliza a partir del auto de apertura del proceso de

responsabilidad fiscal; ii) dentro de dicho término la Nación -

Contraloría General de la República debe expedir el acto

administrativo, debidamente ejecutoriado conforme a los artículos 56

de la Ley 610 y 62 del Código Contencioso Administrativo, que

declare la responsabilidad fiscal del servidor público y/o del particular

que ejerza gestión fiscal y cause un daño patrimonial al Estado; iii)

al finalizar el término prescribe la responsabilidad fiscal, esto es, se

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo

de 2012; C.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 50001-23-31-000-2005-30456-
01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

extingue el derecho del Estado de atribuir la responsabilidad fiscal a

quien venía procesando.

Asimismo, la citada sentencia señaló que la prescripción de la

responsabilidad fiscal de que trata la norma señalada supra, se

identifica con la prescripción que la legislación civil denomina

prescripción extintiva, esto es, la que determina la extinción de los

derechos y de las acciones que de estos emanan cuando no han sido

ejercidos por su titular durante determinado lapso de tiempo.

Así, la prescripción se erige en esta materia como un instituto jurídico

liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo cesa la

potestad del Estado para deducir la responsabilidad fiscal de quien

es objeto de un proceso por el daño que con su gestión fiscal le han

causado al patrimonio del Estado; es decir, que si ha transcurrido el

tiempo señalado en la ley, esto es, 5 años a partir del auto que

ordenó la apertura del proceso fiscal, sin que se haya dictado y

además ejecutoriado la decisión sobre la responsabilidad fiscal del

investigado, el órgano de control ya no podrá declarar dicha

responsabilidad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

De la suspensión de los términos en el proceso de

responsabilidad fiscal

El artículo 13 de la Ley 610, sobre suspensión de términos, señala

que el cómputo de los términos se suspenderá en los siguientes

eventos: i) de fuerza mayor o caso fortuito y ii) por el trámite de una

declaración de impedimento o recusación. Asimismo, la citada norma

señala que la suspensión y reanudación de los términos se ordenará

mediante auto de trámite y se notificará por estado al día siguiente,

contra el cual no procederá recuso alguno.

En relación con la fuerza mayor y el caso fortuito, esta Sección9 ha

señalado que visto el artículo 1° de la Ley 95 de 2 de diciembre de

189010, “[…] se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a

que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el

apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un

funcionario público, etc. […]”.

9 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de marzo

de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 24 000 2010 00318
00
10 Sobre reformas civiles

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

En la citada sentencia se indicó que, conforme a su definición para

que la fuerza mayor se configure, es necesario que se encuentren

acreditados sus tres elementos constitutivos, esto es, que sea: i)

externo, es decir, que está dotado de una fuerza destructora

abstracta, cuya realización no es determinada, ni aun indirectamente

por la actividad del ofensor; ii) irresistible, esto es, que ocurrido el

hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar

sino del modo que lo ha hecho e iii) imprevisible, cuando el suceso

escapa a las previsiones normales, o sea, que ante la conducta

prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o

predecirlo.

A su vez, la referida sentencia indicó que el caso fortuito debe ser

interior, no porque nazca del fuero interno de la persona, sino

porque proviene de la propia estructura de la actividad, puede ser

desconocido y permanecer oculto.

La Corte Constitucional en la sentencia núm. SU-498 de 14 de

septiembre de 201611, determinó que en los eventos en que se

11 Corte Constitucional, sentencia SU-498 de 14 de septiembre de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

afecta la prestación continua del servicio, esa circunstancia tendría

efectos en derecho, en aplicación de la doctrina del caso fortuito y

la fuerza mayor, de acuerdo con la cual no se pueden derivar

consecuencias adversas ante la presencia de circunstancias que

impidan material o físicamente el cumplimiento de las cargas

procesales.

Análisis del caso en concreto

En el caso bajo estudio, el apoderado de la parte demandante señaló

que el proceso de responsabilidad está prescrito, pues entre el auto

de apertura de 25 de octubre de 2011 y la ejecutoria del fallo con

responsabilidad, 19 de enero de 2017, transcurrieron más de los 5

años previstos para la prescripción de la responsabilidad fiscal, dado

que los términos se suspendieron solo por 11 días.

En ese sentido, se advierte que dentro del proceso de responsabilidad

fiscal núm. 585, la Contraloría expidió el Auto núm. 0471, “Por el

cual se inicia proceso de responsabilidad fiscal”, el 25 de

octubre de 2011, por lo que el término para la prescripción, en

principio, finalizaría el 25 de octubre de 2016. Sin embargo, dentro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

de la actuación administrativa se presentaron suspensiones, que

resultan ser las mismas que se establecieron por la Sala en sentencia

de 3 de octubre de 201912, al analizar la suspensión de términos que

se dio en el citado proceso de responsabilidad fiscal núm. 585, en el

que la demandante era la señora ANA OLIDIA BARRERA MOLA,

en calidad de gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos

de Trinidad, Casanare, en el que se pretendió la nulidad de los

mismos actos aquí demandados, que ahora se prohíja, así:

EVENTO QUE DA ACTO FECHA DE FECHA DE NÚMERO
LUGAR A LA ADMINISTRATIVO INICIO DE TERMINACIÓN DE DÍAS
SUSPENSIÓN DE SUSPENSIÓN DE
TÉRMINOS SUSPENSIÓN
(ARTÍCULO 13 DE LA
LEY 610 DE 2000)
Traslado de sede (Gran Resolución 010 del 01/01/2015 20/01/2015 20
Estación) 31 de diciembre de
2014
Recusación presentada Auto ORD–80112– 06/04/2015 10/06/2015 66
por el apoderado e 0089 del 10 de junio
Liberty Seguros contra de 2015
el Doctor Bruno Enrique
Hernández Ramos
Contralor Delegado
Intersectorial 20
Traslado de sede (Alpina Auto 1438 del 17 de 19/08/2016 23/08/2016 5
a Paralelo 26) agosto de 2016
Fallas técnicas (Paralelo Resolución 02/11/2016 07/11/2016 6
26) reglamentaria 00021
del 1 de noviembre
de 2016

También adujo lo siguiente:

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia del 3 de octubre de 2019, Rad. Núm. 85001-23-33-000-2017-00129-
01. MP. Hernándo Sánchez Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

“[…] 64. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley 610, la parte
demandada adicionó los días de suspensión señalados supra, que
arrojaron un total de 97, extendiéndose el término hasta el 31 de
enero de 2017.

65. Las suspensiones por el traslado de la entidad se ordenaron,
mediante resoluciones ejecutivas expedidas por la parte demandada,
las cuales se encuentran debidamente motivadas y fundamentadas
en la Resolución Orgánica núm. 5706 de 30 de diciembre de 2005,
que señalan que las resoluciones ejecutivas actos administrativos
necesarios para regular los asuntos internos o de funcionamiento de
la Contraloría.

66. Asimismo, se encuentra probado que tanto el acto administrativo
que decidió la suspensión de los términos por la recusación y los actos
administrativos que ordenaron en cada uno de los casos la suspensión
y reanudación de los términos fueron debidamente notificadas a las
partes.

67. Igualmente, la Sala considera que las suspensiones de los
términos se produjeron con fundamento en las situaciones amparadas
en el artículo 13 de la Ley 610, toda vez que:

67.1 La Resolución Ejecutiva 010 de 11 de diciembre de 2014, se
fundamentó en que subsiguiente a la posesión del Contralor General
de la República se presentaba la terminación del contrato de
arrendamiento donde funcionaba la entidad, sin que para el
presupuesto del año 2015 se contara con la partida presupuestal para
la adquisición o localización de una sede con la inclusión del costo de
las adecuaciones y sin que pudiera prorrogarse el contrato ante las
investigaciones penales que se adelantaban por el presunto
sobrecosto en el mismo, generándose un riesgo inminente para el
ejercicio de las funciones propias de la Contraloría General de la
República, que impedían la continuación del servicio.

67.2 La Resolución Ejecutiva 018 de 12 de agosto de 2016
fundamentada en el traslado de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción y de la Contraloría Delegada para la
Participación Ciudadana a la nueva sede de la entidad, situación que
impedía la continuación de la prestación del servicio público, ello,
como consecuencia de la contingencia señalada supra.

67.3 La Resolución Ejecutiva 0021 de 1 de noviembre de 2016
fundamentada en fallas técnicas que impedían el normal
funcionamiento de la entidad pública.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

67.3.1. Por tanto, las suspensiones de los términos señaladas supra,
se expidieron con base en condiciones razonadas, no atribuibles a la
entidad demandada, en razón a la falta de partida presupuestal por
parte del Gobierno Nacional para el año 2015 para la adquisición de
una nueva sede y por fallas técnicas, lo cual alteró la prestación
normal de servicios por parte de la Contraloría General de la
República, y cuya medida de suspensión de términos era necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones que le impone la Constitución
Política y la Ley.

67.4 Sobre la suspensión de los términos por la recusación
presentada contra el Contralor Delegado Intersectorial núm. 20 de la
Contraloría General de la República, esta Corporación ha señalado que
el artículo 66 de la Ley 610, señala la procedencia de la remisión al
Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso), el
cual, en su artículo 145 señala que […] el proceso se suspender desde
que el funcionario se declare impedido o se formule la recusación
hasta cuando se resuelva, sin que por ello se afecte la validez de los
actos surtidos con anterioridad […], lo cual ocurrió en el caso sub
examine, toda vez que se suspendió desde la radicación del memorial
que contenía la recusación, el 6 de abril de 2015 hasta el acto
administrativo que contiene el auto 089 de 10 de junio de 2015 por
el cual se decidió la recusación y se reanudaron los términos de la
actuación.

68. Por tanto, en la medida que el acto administrativo que contiene
el auto ORD 80112-009 de 19 de enero de 2017, expedido por el
Contralor General de la República, mediante el cual resolvió el grado
de consulta y el recurso de apelación contra el acto administrativo
que contiene el fallo de responsabilidad fiscal 2032 de 1 de
diciembre de 2016, fue notificado en estado de 25 de enero de
2017, y quedó ejecutoriado y en firme al día siguiente conforme
lo señala el numeral 3. del artículo 56 de la Ley 610, en concordancia
con el numeral 2. del artículo 87 de la Ley 1437, la Sala considera
que la actuación administrativa se desarrolló dentro del término de
prescripción señalado en el artículo 9. de la Ley 610 […]”.

La Sala advierte que la respuesta al problema jurídico que se planteó

en este caso, al igual que en el asunto en cita, es que la actuación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

administrativa de la Contraloría en el proceso de responsabilidad

fiscal núm. 585, se adelantó dentro del término de prescripción de

que trata el artículo 9º de la Ley de 610 de 2000.

Así, dado que, como ya se dijo, el único argumento que expuso la

parte actora frente a la sentencia del Tribunal, es el de la prescripción

de la responsabilidad fiscal, lo cual no ocurrió, por las razones antes

expuestas, la Sala encuentra procedente confirmar la sentencia de

primera instancia que denegó la pretensión de nulidad de los actos

acusados.

En efecto, dentro del proceso existe claridad acerca de que el término

de prescripción de la responsabilidad se suspendió por 97 días. De

tal manera que no operó el fenómeno de la prescripción, pues el plazo

iba hasta el 31 de enero de 2017.

Al respecto, debe aclararse que las suspensiones ordenadas dentro

del proceso de responsabilidad fiscal se encuentran revestidas de la

presunción de legalidad, de que trata el artículo 8813 de la Ley 1437;

13
“[…] ARTÍCULO 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se
presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

y que a fin de desvirtuar su legalidad en los procesos ante la

jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los cuales se alegue

la prescripción de la acción de responsabilidad fiscal, la parte

demandante debe demandar conjuntamente, con el acto

administrativo con el cual termina el proceso de responsabilidad

fiscal14, los actos que suspenden los términos en el procedimiento de

responsabilidad fiscal, pues, como se dijo, éstos se presumen

legales.

Frente a este asunto, en sentencia de 15 de febrero de 201815, esta

Corporación precisó que si la parte demandante no controvierte los

actos que suspenden los términos en el procedimiento de

responsabilidad fiscal, no es posible analizar si esa suspensión

decretada se enmarca o no en los supuestos previstos en el artículo

13 de la Ley 610; y que, por el contrario, en virtud de la presunción

de legalidad de la que goza el procedimiento adelantado, lo que

corresponde es asumir que la suspensión se encuentra ajustada a

derecho, en los siguientes términos:

Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su
legalidad o se levante dicha medida cautelar [...]”.
14
Artículo 59 de la Ley 610.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta (En Descongestión),
sentencia de 15 de febrero de 2018, C.P. Alberto Yepes Barreiro, núm. único de radicación 25000-23-
24-000-2003-00462-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

“[…] En otras palabras, la prescripción no operó en el
caso concreto, toda vez que con la suspensión de términos
decretada en el procedimiento fiscal la prescripción, ya no
finalizaba el 16 de enero de 2003 como aduce el recurrente.

La anterior conclusión se refuerza, si se tiene en cuenta que
el demandante no cuestionó que la Resolución Nº 02147 de
10 de diciembre de 201016 no contuviera una situación de
fuerza mayor o caso fortuito que impidiera suspender los
términos, incluyendo el de la prescripción. En otras palabras,
el actor no atacó esa circunstancia.

Si esto es así, escapa a las competencias de la Sección
analizar si la suspensión decretada se enmarca o no en
los supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley 610
de 2000; por el contrario, en virtud de la presunción de
legalidad de la que goza el procedimiento adelantado,
la cual no fue desvirtuada, lo que corresponde es
asumir que la suspensión se encuentra ajustada a
derecho. […]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, si bien el Tribunal indicó, sin motivar su decisión, que el

término de prescripción de 5 años se debía contar a partir del auto

de apertura del proceso de responsabilidad fiscal en contra de la

señora ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, esto es, el

11 junio de 2014, la Sala reitera que ese término debe contabilizarse

desde el Auto núm. 0471 de 25 de octubre de 2011, por medio del

16
A través de la citada Resolución el Contralor General de la Republica dispuso: “Facultar a los
funcionarios competentes que conocen de procesos de responsabilidad fiscal, de procesos
administrativos sancionatorios y de cobro coactivo para que suspendan términos, a partir del 18 de
diciembre de 2002 y durante quince (15) días hábiles, cuando las circunstancias de cada caso lo
ameriten y sin perjuicio de las labores que deban atender quienes no hagan uso del derecho a disfrutar
de las vacaciones, emitiendo individualmente y por cada actuación la providencia correspondiente para
cada caso en particular” La misma fue publicada en el Diario Oficial Nº 49.039 del 19 de diciembre de
2002, cuya versión digital se encuentra disponible en
http://jacevedo.imprenta.gov.co/tempDownloads/45D0391518129508978.pdf consultado el 8 de
febrero de 2018.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

cual se dio inicio al proceso de responsabilidad, fecha desde la cual

no transcurrieron los 5 años que establece el artículo 9° de la Ley

610 de 2000, dadas las suspensiones de términos, por lo que se

confirmará la decisión del Tribunal, pero por las razones expuestas

en esta providencia.

Por último, se reconocerá personería al doctor DIEGO FERNANDO

FONNEGRA VÉLEZ como apoderado de la entidad demandada, de

conformidad con el poder obrante a folio 29 del cuaderno del recurso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de marzo de 2019,

proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que

denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Número único de radicación: 85001 33 33 002 2017 00151 01
Actora: ANA CONSTANZA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

SEGUNDO: TENER al doctor DIEGO FERNANDO FONNEGRA

VÉLEZ como apoderado de la Contraloría General de la

República, de conformidad con el poder obrante a folio 29 del

cuaderno del recurso.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente

al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala, en la sesión del día 10 de octubre de 2022.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.