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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-33-000-2015-00383-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-33-000-2015-00383-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 30 de enero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca y, en su lugar, DEVOLVER expediente al Tribunal de origen para que, teniendo en cuenta la plena observancia de los principios de economía, celeridad, eficiencia y eficacia procesal, adopte la decisión de fondo respecto de los demás cargos de la demanda, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. La decisión de fondo deberá proferirse, junto con la orden de obedecimiento, dentro de los cuarenta días siguientes de 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01 Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA ingreso del expediente a despacho, según lo previsto por el artículo 120 del Código General del Proceso. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 19001-23-33-000-2015-00383-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

TESIS: NO SE CONFIGURÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD FISCAL, TODA VEZ QUE ENTRE LA FECHA DEL
AUTO DE APERTURA DEL PROCESO Y AQUELLA EN LA QUE QUEDÓ
EN FIRME LA DECISIÓN QUE PUSO FIN AL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO NO TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO LEGAL PARA
QUE OPERARA DICHO FENÓMENO JURÍDICO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandada contra la sentencia de 30 de enero de 2020, proferida

por el Tribunal Administrativo del Cauca1, que accedió a las

pretensiones de la demanda.

I.- LA DEMANDA

I.1. El señor Adelmo Carabali Rodallega, a través de apoderado

judicial, promovió demanda ante el Tribunal, en ejercicio del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

el artículo 138 del CPACA, en la que formuló las siguientes

pretensiones:

“[…] PRETENSIONES.

PRIMERA: Declárese la nulidad del Fallo No 16 de 27 de
noviembre de 2014, emitido por la Dirección de Investigaciones
Fiscales, Contraloría Delegada de Investigaciones de la
Contraloría General de la República, y de todas las actuaciones
surtidas en el proceso de responsabilidad fiscal No. 80192-076-
06 que sirven de fundamento del fallo demandado.

SEGUNDA. Declárese la nulidad del Auto No. 972 de 17 de
diciembre de 2014, proferido por la Dirección de Investigaciones
Fiscales de la Contraloría General de la República, en virtud del
cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el Fallo
16 del 27 de noviembre del 2014, confirmándolo en todas sus
partes.

TERCERA. Declárese la nulidad del Auto No. 000759 de 29 de
diciembre de 2014 "POR EL CUAL SE RESUELVE UNOS
RECURSOS DE APELACIÓN Y UN GRADO DE CONSULTA”, a través
del cual el Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la
República, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el
Fallo N*16 del 27 de noviembre del 2014, confirmándolo en todas
sus partes.

CUARTA: Que, como consecuencia de la declaración de nulidad
de los acto administrativos demandados, se ordene el
restablecimiento de los derechos conculcados al señor ADELMO
CARABALI RODALLEGA, exonerándolo del pago del valor
señalado en el Fallo de responsabilidad fiscal No 16 del 27 de
noviembre de 2014, emitido por la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

QUINTA: Igualmente, a título de restablecimiento del derecho,
condenar a la Nación — Contraloría General de la República, la
restitución de las sumas que en virtud de los actos
administrativos impugnados le sean cobrados o pagados al señor
ADELMO CARABALI RODALLEGA, en el proceso de jurisdicción
coactiva originado en tales actos, con su correspondiente
actualización e intereses moratorios a la tasa máxima legal
permitida, desde el momento en que los mismos salgan del
patrimonio del señor CARABALI y hasta que le sean devueltos.

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Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

SEXTA: Se declare la prescripción de la acción fiscal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 9 y 18 de la ley 610,
habida cuenta, que si computamos el tiempo transcurrido desde
el auto de apertura de la investigación fiscal de fecha 4 de enero
del 2010 y el auto de 00759 del 29 de diciembre del 2014, el cual
se notificó por estado el 24 de enero del 2015, veinte (20) días
después, debido a lo establecido en el artículo 9 de la ley 610 del
2000, el estado habría perdido la competencia para seguir
conociendo de este asunto, por haber operado el fenómeno
jurídico de la prescripción de la acción fiscal.

SÉPTIMA: Que como consecuencia de las pretensiones anteriores
y a título de Restablecimiento del derecho:

a. Se exonere de toda responsabilidad al señor ADELMO
CARABALI RODALLEGA.

b. se ordene a la Contraloría General de la Nación, a liberar de
las medidas cautelares los bienes del señor ADELMO CARABALI
RODALLEGA.

c. Se archive la investigación fiscal.

d. Que, como parte del Restablecimiento del derecho, se condene
en costas a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, y a
que reembolse a el señor ADELMO CARABALI RODALLEGA los
gastos en que haya incurrido correspondiente a agencias en
derecho, de acuerdo con el Artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

e. Se excluya su nombre del boletín de responsables fiscales.

f. Si al momento de la sentencia se hubiese pagado suma alguna,
se ordene su devolución junto con sus respectivos intereses,
indexaciones, actualizaciones y demás valores a los que haya
lugar […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los

siguientes:

Indicó que el 12 de noviembre de 2005 se posesionó como alcalde

del municipio de Buenos Aires (Cauca).

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Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

Manifestó que con ocasión de la realización de una Auditoria

Gubernamental, el Grupo de Vigilancia Fiscal de la Gerencia

Departamental del Cauca de la Contraloría General de la República

halló presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los recursos

correspondientes al Sistema General de Participaciones, Sector Salud

desembolsados en el año 2007.

Adujó que producto de la investigación se identificó que 2

transacciones por las sumas de $63.570.009 y $97.450.203, se

realizaron a favor de Asmet Salud EPS de manera errónea, por lo

que se inició el proceso de solicitud de devolución del dinero

entregado equivocadamente.

Afirmó que los días 27 y 28 de noviembre de 2007 Asmet Salud

EPS procedió a devolver las sumas de $63.570.009 y $97.450.203 a

favor del municipio.

Señaló que, posteriormente, dichas sumas de dinero fueron

debitadas a favor de la Cooperativa de Trabajo Asociado E.M.,

sin que existiera contrato, convenio o decisión judicial que justificara

dicha transacción.

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Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

Indicó que la Contraloría General de la República expidió el auto

núm. 1152 de 4 de enero de 2010, “Por el cual se inicia proceso de

responsabilidad fiscal”, en el que abrió proceso de responsabilidad

fiscal en su contra con ocasión del detrimento patrimonial generado

por los giros anteriormente relacionados.

Adujó que la demandada, mediante fallo con responsabilidad fiscal

núm. 16 de 27 de noviembre de 2014, resolvió declararlo

responsable fiscalmente por la suma de $203.515,254

(correspondiente al valor del daño patrimonial indexado).

Expuso que, inconforme con lo anterior, interpuso recursos de

reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a

través de los autos núms. 972 de 17 de diciembre de 2014, “por el

cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el fallo

de responsabilidad fiscal no. 16 del 27 de noviembre de 2014”; y

000759 de 29 de diciembre de 2014, “por el cual se resuelve unos

recursos de apelación y un grado de consulta”, que confirmaron la

decisión recurrida.

I.3- Normas violadas y concepto de violación.

Indicó que el proceso de responsabilidad fiscal estaba prescrito, por

cuanto este fue aperturado a través de auto núm. 1152 de 4 de enero

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Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

de 2010, mientras que el auto 000759 de 29 de diciembre de 2014

fue notificado el 23 de enero de 2015, esto es, cuando habían

trascurrido más de 5 años desde iniciado el proceso hasta que quedó

en firme el auto que finalizó el trámite administrativo.

Manifestó que la Contraloría General de la República trasgredió

su derecho al debido proceso, habida cuenta que no valoró

integralmente las pruebas aportadas al proceso de responsabilidad

fiscal.

Explicó que dentro del proceso administrativo se logró establecer que

efectivamente se realizaron 2 transacciones a favor de Asmet Salud

EPS con ocasión de contratos celebrados con la entidad que

justificaron el reconocimiento a la cuenta corriente 346-04301-1 de

Davivienda – Bancafé; la existencia de contratos y de pagos a favor

de la Cooperativa de Trabajo Asociado E Medios y/o de Jorge Andrés

Caicedo Vidal y que los pagos fueron autorizados por la contadora

Teresa Hernández.

Afirmó que de lo anterior se desprendía que no era el autor de los

pagos, por lo que no podía ser declarado responsable fiscalmente con

ocasión de ellos.

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Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

Adujo que dentro del proceso de responsabilidad fiscal no se vinculó

a todas las personas que debían ser investigadas por la demandada,

tales como el señor Olmedo Peña Arroyo en calidad de Secretario

de Hacienda; la señora Teresa Hernández por ser la contadora y

quien intervino para la generación del hecho dañoso; la entidad

bancaria Davivienda – Bancafé por ser aquella que administraba

las cuentas de donde salieron las sumas de dinero objeto de

investigación; al jefe de control interno y al jefe de la Oficina de

Asesoría Jurídica del municipio, a Asmet Salud EPS; a la

Cooperativa de Trabajo Asociado E. Medios; y a la aseguradora

La Previsora.

Señaló que los actos demandados eran nulos por falsa, o falta o

indebida motivación, toda vez que la Contraloría General de la

República dio por cierta la declaración del señor Olmedo Peña

Arroyo sin tener en cuenta que en su calidad de gestor fiscal omitió

cumplir con sus deberes al inducir en error a su “sucesor” respecto

del manejo de las cuentas por medio de las cuales se giraban los

recursos objeto de investigación.

Indicó que la demandada valoró indebidamente las pruebas

relacionadas con las solicitudes de devolución de dinero realizadas a

Asmet Salud EPS sin advertir que ellos fueron suscritos por la

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Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

señora Teresa Hernández, a quien debía tenerse como responsable

del pago indebido.

Afirmó que dentro del proceso no existen pruebas que acrediten que

en su calidad de nominador del gasto hubiese puesto en riesgo los

bienes, ocultado información o expedido actos administrativos que

generaran un detrimento patrimonial al municipio.

Sostuvo que tampoco se demostró la existencia de una conducta

culposa o dolosa de su parte; y que tampoco se estableció el nexo

causal entre el hecho generador y el daño patrimonial que se le

imputó.

I.4.- Contestación

I.4.1. La Contraloría General de la República afirmó que no

operó la prescripción del proceso de responsabilidad fiscal, toda vez

que el Auto 000759 29 de diciembre de 2014, por medio del cual se

resolvieron los recursos de apelación y el grado de consulta en el

Proceso de Responsabilidad Fiscal, cobró fuerza de ejecutoria el

mismo día que fue expedido, esto es, el 29 de diciembre de 2014,

según lo previsto en el artículo 56 de la Ley 610 de 2000.

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Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

Manifestó que la parte actora tampoco tuvo en cuenta que el término

de prescripción fue suspendido, en especial, por la Resolución

reglamentaria ejecutiva 010 de 31 de diciembre de 2014, por cuanto

la entidad no contaba en esa época con instalaciones físicas donde

ejercer sus funciones misionales.

Indicó que, contrario a lo afirmado por el demandante, dentro del

proceso se respetó el derecho al debido proceso del investigado y se

valoraron las pruebas aportadas al proceso conforme con las reglas

de la experiencia y la sana crítica.

Señaló que cuenta con autonomía para determinar en cada caso

concreto la viabilidad jurídica de la vinculación o no al proceso de

responsabilidad fiscal de aquellas personas que conforme con las

pruebas aportadas al proceso, ostenten la calidad de gestores fiscales

y su conducta haya contribuido o determinado la configuración de

daño patrimonial a los recursos estatales.

Puso de presente que el hecho de que el presunto responsable fiscal

estime que otra persona debe ser vinculada al proceso no significa

que ello sea procedente, pues es al funcionario de conocimiento a

quien le corresponde evaluar dicha circunstancia.

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Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

Señaló que la conducta del demandante constituía culpa grave en los

términos del artículo 63 del Código Civil, pues no ejerció la labor de

“control y seguimiento de los recursos del municipio, y permitió que

personas que no debían hacerlo, realizarán transacciones

electrónicas a través de la terminal financiera del municipio, y aun

sabiendo esto, no ejerció el debido cuidado y vigilancia del actuar de

estas persona, ejerciendo una gestión fiscal ineficiente e ineficaz, y

facilitando con su descuido grave, la desviación de los recursos

públicos pertenecientes al ente territorial”.

Manifestó que se encuentra demostrado dentro del proceso de

responsabilidad fiscal el daño patrimonial al municipio de Buenos

Aires por la desviación de los recursos del sistema general de

participaciones, sin tener soporte alguno que justifique el gasto, a

favor de un tercero que nunca los reintegro, lo que produjo el

detrimento patrimonial al Estado en cuantía de $160'608.954.00 (sin

indexación).

Indicó que se acreditó el nexo causal entre la conducta y el daño

patrimonial causado, toda vez que si el demandante hubiera obrado

de manera responsable y diligente en el cumplimiento de sus deberes

como administrador y custodio de los recursos públicos, se hubiese

evitado el detrimento patrimonial a los recursos del Estado.

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Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

Reiteró que dentro del proceso se encuentra acreditado que se

agotaron todas las etapas del proceso de responsabilidad fiscal

garantizando los derechos al debido proceso, de defensa y de

postulación del investigado.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 30 de enero de 2020, el Tribunal declaró la

nulidad del fallo con responsabilidad fiscal núm. 16 de 27 de

noviembre de 2014 y de los autos núms. 972 de 17 de diciembre de

2014, “por el cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto

contra el fallo de responsabilidad fiscal no. 16 del 27 de noviembre

de 2014” y 000759 de 29 de diciembre de 2014, “por el cual se

resuelve unos recursos de apelación y un grado de consulta”.

Como consecuencia de lo anterior, ordenó que la Contraloría

General de la República exonerara de responsabilidad fiscal al

actor y lo excluyera del Boletín de responsables fiscales.

Para sustentar su decisión, el a quo adujo que había operado la

prescripción del proceso de responsabilidad fiscal debido a que el

auto 000759 de 29 de diciembre de 2014, "por el cual se resuelve

unos recursos de apelación y un grado de consulta”, fue notificado

más de 5 años después de expedido el auto de apertura del proceso.

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Indicó que el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal

era del 4 de enero de 2010, por lo que la demandada contaba con un

plazo máximo hasta el 4 de enero de 2015, para poner fin al proceso

mediante auto debidamente ejecutoriado.

Manifestó que comoquiera que el auto 000759 de 29 de diciembre de

2014 fue notificado el 23 de enero de 2015, este había quedado en

firme por fuera del término de prescripción previsto en el artículo 9°

de la Ley 610 de 2000.

Agregó que no era dable tener en cuenta la suspensión de términos

realizada a través del auto núm. 00824 de 15 de septiembre de 2010,

“mediante el cual se suspenden términos”, en la que se dispuso

“cerrar por inventarios para efectos de los procesos de

responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares [...] por el término

de trece (13) días contados a partir de la fecha de la publicación de

la presente resolución [...]”, toda vez que, a su juicio, el cierre por

inventario no constituía un caso fortuito en los términos del artículo

13 de la Ley 610 de 2000.

Sostuvo que tampoco podía tenerse en cuenta lo establecido en el

auto núm. 00824 de 15 de septiembre de 2010, pues las

suspensiones de términos solo operan para aquellos establecidos en

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días, según lo previsto en el artículo 121 del Código de Procedimiento

Civil.

Manifestó que la suspensión de términos establecida en la Resolución

Reglamentaria Ejecutiva 010 de 31 de diciembre de 2014, tampoco

podía tenerse en cuenta para el caso concreto, toda vez que dentro

del trámite administrativo no se expidió otro acto administrativo que

ordenara la suspensión por la causa establecida en la resolución, que

esta se hubiese notificado por estado o que obrara la constancia de

la suspensión correspondiente.

Afirmó que la expedición de la resolución o de la constancia era

obligatoria pues no constituía una mera formalidad sino una garantía

de los derechos al debido proceso, de defensa y contradicción del

investigado.

Adujo que se relevaba de efectuar pronunciamiento alguno respecto

de los demás cargos formulados en la demanda, por cuanto había

prosperado el relacionado con la prescripción del proceso de

responsabilidad fiscal; y que no había lugar a ordenar la restitución

de suma de dinero alguna, debido a que no se demostró que el actor

hubiera realizado pago alguno a la demandada con ocasión de los

actos controvertidos.

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Precisó que a título de restablecimiento del derecho ordenaría que la

demandada exonerara al actor de la responsabilidad fiscal endilgada

y del pago de la suma señalada en el fallo de responsabilidad fiscal

núm. 16 de 2014.

Finalmente, condenó en costas a la parte demandada por la suma

equivalente al 0.5% del valor de las pretensiones de la demanda.

III-. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada solicitó revocar el fallo recurrido y, en su lugar,

denegar las pretensiones de la demanda.

Afirmó que no era cierto que hubiera operado la prescripción prevista

en el artículo 9° de la Ley 610 de 2000 dentro del proceso de

responsabilidad fiscal, habida cuenta que el auto de apertura fue

expedido el 4 de enero de 2010 y el auto 000759 de 2014 fue dictado

el 29 de diciembre de 2014, esto es, dentro del lapso de 5 años

previsto en el artículo mencionado.

Expuso que conforme con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 610

de 2000, el auto 000759 de 29 de diciembre de 2014 quedó en firme

ese mismo día, habida cuenta que contra dicha decisión agotó la vía

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gubernativa y resolvió los recursos interpuestos contra el fallo 16 de

27 de noviembre de 2014.

Adujó que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, el proceso de

responsabilidad fiscal fue suspendido por un total de 23 días, a través

de resoluciones que cuentan con presunción de legalidad y que no

son objeto de demanda en el litigio de la referencia.

Afirmó que el Tribunal desconoció lo considerado por la Sección

Primera del Consejo de Estado sobre el tema, pues en sentencia de

18 de octubre de 20192 sostuvo que era dable la suspensión de

términos con ocasión de la realización de un inventario por tratarse

de uno de los eventos previstos en el artículo 13 de la Ley 610 de

2000, conforme con lo señalado por la Corte Constitucional en la

sentencia SU-498 de 14 de septiembre de 2016.

Expresó que dentro del proceso obraba el auto núm. 00824 de 15 de

septiembre de 2010 que suspendió el proceso de responsabilidad

fiscal por 13 días, con fundamento en las mismas razones de hecho

y de derecho que en el caso analizado por la Sección Primera del

Consejo de Estado, por lo que no era dable no tener en cuenta dicha

suspensión de términos.

2
Proceso núm. 68001233100020110102101; M.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Respecto de la suspensión de términos ordenada con ocasión de la

Resolución reglamentaria ejecutiva 010 de 31 de diciembre de 2014,

explicó que ello se debió a una situación coyuntural por no contar

con una sede para desarrollar sus actividades lo cual generó un

riesgo inminente para el ejercicio de las funciones propias de la

entidad que impedían continuar con la prestación del servicio.

Señaló que debido a lo anterior y conforme con lo previsto en los

artículos 13 de la Ley 610 de 2000, 2° de la Resolución 5844 de 17

de abril de 2007 y 118 del CGP, resultó necesario suspender los

términos para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal desde el

1° de enero de 2015 hasta el 20 de enero de 2015.

Indicó que la Resolución reglamentaria ejecutiva 010 de 31 de

diciembre de 2014 fue publicada en el diario oficial 49381 de la

misma fecha, sin que fuera posible expedir otro auto en ese momento

por cuanto era imposible tramitar autos o notificaciones a través de

la secretaria común, pues la entidad se encontraba en traslado de

funcionarios y de todos sus elementos de trabajo.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.2.1- El señor Adelmo Carabali Rodallega solicitó confirmar la

sentencia de primera instancia.

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Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

Afirmó que en el proceso se encuentra demostrado que el auto

000759 de 2014 fue dictado más de 5 años después de la apertura

del proceso de responsabilidad fiscal, por lo que debía aplicarse la

figura de la prescripción prevista en el artículo 9° de la Ley 610 de

2010.

Precisó que el auto de apertura del proceso fue expedido el 4 de

enero de 2010 mientras que el auto 000759 de 29 de diciembre de

2014, que puso fin al procedimiento, fue notificado el 23 de enero de

2015, lo cual demostraba con claridad que operó la prescripción del

proceso de responsabilidad fiscal.

IV.2.2- La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA reiteró

los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto

contra la sentencia de primera instancia.

IV.3- El MINISTERIO PÚBLICO guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Los actos acusados

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Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través del fallo

con responsabilidad fiscal núm. 16 de 27 de noviembre de 2014,

declaró responsable fiscalmente al actor por la suma de

$203.515.254 por el detrimento patrimonial ocasionado por

transacciones efectuadas sin justificación alguna con recursos del

sistema general de participaciones del municipio de Buenos Aires. En

su parte resolutiva resolvió:

“[…] PRIMERO: Fallar Con Responsabilidad Fiscal conforme lo
previsto en el artículo 53 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000,
y, en consecuencia, declarar fiscalmente responsable a ADELMO
CARABALI RODALLEGA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 6.336.200 de Jamundí (Valle) en cuantía de DOSCIENTOS
TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($203.515.254), valor del daño
patrimonial indexado.

SEGUNDO: No acceder a ninguna de las pretensiones
interpuestas en el escrito de descargos presentado por el señor
ADELMO CARABALI RODALLEGA, de conformidad con lo expuesto
en los apartes considerativos de la presente providencia.

TERCERO: Mantener las medidas cautelares decretadas
mediante Auto 0440 del 17 de mayo de 2012 y adicionadas
mediante Auto 00588 del 05 de julio de 2012, las cuales se
mantendrán vigentes hasta la culminación del Proceso de Cobro
Coactivo, de ser necesario, tal como se establece en el artículo
segundo del Auto 0440 del 17 de mayo de 2012 y en el artículo
12, inciso segundo de la Ley 610 de 2000.

CUARTO: Notificar personalmente el presente fallo en la forma y
términos establecidos en los artículos 106 de la Ley 1474 del 12
de julio de 2011, en concordancia con los artículos 67 a 69 de la
Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, a:

ADELMO CARABALI RODALLEGA, al correo electrónico
adelmocarabalirWhotmail.com tal como lo solicitó el implicado en

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Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

escrito obrante a folios 1373 a 1376 del expediente y a su
apoderada de oficio ANGELA MARIA VANEGAS PÉREZ, quien
puede ser localizada en el consultorio jurídico de la Universidad
del Rosario ubicado en la Avenida Jiménez No. 8-49 piso 3.

QUINTO: El monto del daño fiscal enunciado se deberá consignar
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, a la ejecutoria y
firmeza del presente Fallo, la consignación de las sumas de
dinero indicadas en el numeral segundo, en la Cuenta Corriente
No. 050- 001-20-5 del Banco Popular, a nombre de "Dirección
del Tesoro Nacional”, y su correspondiente acreditación […]”.

Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de

reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a

través de los autos núms. 972 de 17 de diciembre de 2014, “por el

cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el fallo

de responsabilidad fiscal no. 16 del 27 de noviembre de 2014”; y

000759 de 29 de diciembre de 2014, “por el cual se resuelve unos

recursos de apelación y un grado de consulta”, que confirmaron la

decisión recurrida.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de las
atribuciones ejecutadas por la Nación –Contraloría General de
la República en los procesos de responsabilidad fiscal

El artículo 268 de la Constitución Política, sobre las atribuciones del

Contralor General de la República, en especial, el numeral 5 señala

la de “[…] Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión

fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar

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su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances

deducidos de la misma […]”.

Por lo anterior, el Contralor General de la República, entre otros

aspectos, establece la responsabilidad que se derive de la gestión

fiscal, la cual incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión

y de resultados.

Marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal

El artículo 1° de la Ley 610 de 2000, sobre el proceso de

responsabilidad fiscal, señala lo siguiente:

“[…] Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las
Contralorías con el fin de determinar y establecer la
responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares,
cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta,
causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño
al patrimonio del Estado […]”.

De igual forma, el artículo 3° de la Ley 610 de 2000, definió el alcance

de la gestión fiscal como el conjunto de actividades económicas,

jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las

personas que manejen o administren recursos o fondos públicos y

cuyo objeto, conforme al artículo 4° ibidem, es el resarcimiento de

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los daños ocasionados al patrimonio público 3 como consecuencia de

la conducta dolosa o culposa de quienes realizaron la gestión fiscal

mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el

perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

A su vez, el parágrafo 1° del citado artículo determinó que “[…] la

responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin

perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad […]”,

correspondiéndole a cada uno consecuencias diferentes.

En este sentido, son tres los elementos de la responsabilidad fiscal,

a saber: i) elemento objetivo, consistente en que exista prueba

que acredite con certeza, por un lado, la existencia del daño al

patrimonio público; y, por el otro, su cuantificación; ii) elemento

subjetivo, que evalúa la actuación del gestor fiscal y que implica

que aquél haya actuado al menos con culpa; y iii) elemento de

3
Entendido como el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro
de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente
o contribuyan al detrimento al patrimonio público […]”3.

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relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño

al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal4.

Así, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una

declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un

determinado servidor o particular debe cargar con las consecuencias

que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal

que ha realizado y que está obligado a reparar el daño causado al

erario por su conducta dolosa o culposa.

De la prescripción de responsabilidad fiscal

El artículo 9° de la Ley 610 de 2000, sobre la prescripción de la acción

de responsabilidad, establece:

“[…] ARTICULO 9 CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. La acción
fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia
del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha
proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal.
Este término empezará a contarse para los hechos o actos
instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos,
de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde
la del último hecho o acto.

La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados
a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en
firme que la declare.

4
Ver en ese sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia del 18 de octubre de 2019, Rad. Núm. 68001 23 31 000 201101021 01, MP. Hernando
Sánchez Sánchez.

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Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

El vencimiento de los términos establecidos en el presente
artículo no impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se
pueda obtener la reparación de la totalidad del detrimento y
demás perjuicios que haya sufrido la administración, a través de
la acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la
contraloría correspondiente o por la respectiva entidad pública
[…]”.

Esta Sección5 en relación al término de prescripción de

responsabilidad fiscal ha considerado que: i) el término de 5 años se

contabiliza a partir del auto de apertura del proceso de

responsabilidad fiscal; ii) dentro de dicho término la Nación -

Contraloría General de la República debe expedir el acto

administrativo, debidamente ejecutoriado conforme a los artículos 56

de la Ley 610 y 62 del Código Contencioso Administrativo, que

declare la responsabilidad fiscal del servidor público y/o del particular

que ejerza gestión fiscal y cause un daño patrimonial al Estado; iii)

al finalizar el término prescribe la responsabilidad fiscal, esto es, se

extingue el derecho del Estado de atribuir la responsabilidad fiscal a

quien venía procesando.

Asimismo, la citada sentencia señaló que la prescripción de la

responsabilidad fiscal de que trata la norma señalada supra, se

identifica con la prescripción que la legislación civil denomina

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo
de 2012; C.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 50001-23-31-000-2005-30456-
01

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prescripción extintiva, esto es, la que determina la extinción de los

derechos y de las acciones que de estos emanan cuando no han sido

ejercidos por su titular durante determinado lapso.

Así, la prescripción se erige en esta materia como un instituto jurídico

liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo cesa la

potestad del Estado para deducir la responsabilidad fiscal de quien

es objeto de un proceso por el daño que con su gestión fiscal le han

causado al patrimonio del Estado; es decir, que si ha transcurrido el

tiempo señalado en la ley, esto es, 5 años a partir del auto que

ordenó la apertura del proceso fiscal, sin que se haya dictado y

además ejecutoriado la decisión sobre la responsabilidad fiscal del

investigado, el órgano de control ya no podrá declarar dicha

responsabilidad.

De la suspensión de los términos en el proceso de
responsabilidad fiscal

El artículo 13 de la Ley 610, sobre suspensión de términos, señala

que el cómputo de los términos se suspenderá en los siguientes

eventos: i) de fuerza mayor o caso fortuito y ii) por el trámite de una

declaración de impedimento o recusación. Asimismo, la citada norma

señala que la suspensión y reanudación de los términos se ordenará

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mediante auto de trámite y se notificará por estado al día siguiente,

contra el cual no procederá recuso alguno.

En relación con la fuerza mayor y el caso fortuito, esta Sección 6 ha

señalado que visto el artículo 1° de la Ley 95 de 2 de diciembre de

18907, “[…] se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que

no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el

apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un

funcionario público, etc. […]”.

En la citada sentencia se indicó que, conforme a su definición para

que la fuerza mayor se configure, es necesario que se encuentren

acreditados sus tres elementos constitutivos, esto es, que sea: i)

externo, es decir, que está dotado de una fuerza destructora

abstracta, cuya realización no es determinada, ni aun indirectamente

por la actividad del ofensor; ii) irresistible, esto es, que ocurrido el

hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar

sino del modo que lo ha hecho; e iii) imprevisible, cuando el suceso

escapa a las previsiones normales, o sea, que ante la conducta

6
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de marzo
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 24 000 2010
00318 00
7
Sobre reformas civiles.

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prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o

predecirlo.

A su vez, la referida sentencia indicó que el caso fortuito debe ser

interior, no porque nazca del fuero interno de la persona, sino

porque proviene de la propia estructura de la actividad, puede ser

desconocido y permanecer oculto.

La Corte Constitucional en la sentencia núm. SU-498 de 14 de

septiembre de 20168, determinó que en los eventos en que se afecta

la prestación continua del servicio, esa circunstancia tendría efectos

en derecho, en aplicación de la doctrina del caso fortuito y la fuerza

mayor, de acuerdo con la cual no se pueden derivar consecuencias

adversas ante la presencia de circunstancias que impidan material

o físicamente el cumplimiento de las cargas procesales.

Análisis del caso en concreto

En el caso bajo estudio el Tribunal sostuvo que el proceso de

responsabilidad está prescrito, debido a que entre el auto de apertura

de 4 de enero de 2010 y la notificación del auto 000759 de 29 de

8
Corte Constitucional, sentencia SU-498 de 14 de septiembre de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

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diciembre de 2014, por medio del cual finalizó el trámite

administrativo, transcurrieron más de los 5 años previstos para la

prescripción de la responsabilidad fiscal.

En ese sentido, se advierte que dentro del proceso de responsabilidad

fiscal núm. 80192-076-06, la Contraloría expidió el auto núm. 1152,

“Por el cual se inicia proceso de responsabilidad fiscal”, el 4

de enero de 2010, por lo que el término para la prescripción, en

principio, finalizaría el 4 de enero de 2015, que siendo domingo —

día no hábil— se corrió al siguiente día hábil, esto es al 5 de enero

de 2015.

Ahora, de la revisión del procedimiento administrativo y conforme

con lo señalado en el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandada se advierte que se presentaron las siguientes

suspensiones de términos:

Mediante auto núm. 00824 de 15 de septiembre de 2010, la

demandada suspendió el proceso de responsabilidad fiscal por un

lapso de 13 días hábiles, contados a partir del 15 de septiembre de

ese año, con ocasión del cierre por inventario ordenado mediante

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Resolución reglamentaria 0112 de 13 de septiembre de 2010. En el

mencionado auto se señaló:

“[…] AUTO No 00824

Mediante el cual se suspenden términos

[…]

La Contralora General de la República, profirió la Resolución
Reglamentaria No. 0112 del 13 de septiembre de 2010, "Por la
cual se adoptan decisiones en materia de términos dentro de las
Indagaciones Preliminares y Procesos de Responsabilidad Fiscal";
cuya parte resolutiva a continuación se transcribe:

ARTICULO PRIMERO. Cerrar por inventario para efectos de
los Procesos de Responsabilidad Fiscal e Indagaciones
Preliminares, las secretarias Comunes de: La Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva, los Grupos de Investigaciones de
las Gerencia Departamentales y la Oficina Jurídica, por el
término de trece (13) días contados a partir de la fecha de
publicación de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO Suspender términos en todos los Procesos
de Responsabilidad Fiscal e Indagaciones Preliminares que se
adelanten tanto en el nivel Central como Desconcentrado por el
término de 13 días, a partir de la fecha de publicación de la
presente resolución.

[…]

Conforme a lo anterior esta Dirección de Investigaciones Fiscales,

RESUELVE

PRIMERO: SUSPENDER los términos del presente Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 80192-076-06, por 13 días hábiles,
contados a partir del 15 de septiembre de 2010, fecha de
publicación de la Resolución Reglamentaria No. 0112 de 2010.

SEGUNDO: REANUDAR la actuación procesal, conforme lo
previsto en la Resolución Reglamentaria No. 0112 de 2010.

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TERCERO: INCORPORAR al expediente fotocopia simple de la
Resolución Reglamentaria No. 0112 de 2010, expedida por la
Contralora General de la República […]”.

Asimismo, a través de la Resolución reglamentaria ejecutiva núm.

010 de 31 de diciembre de 2014, se dispuso la suspensión de

términos desde el 1° de enero hasta el 20 de enero de 2015, por los

siguientes motivos:

“[…] Que el artículo 13 de la Ley 610 de 2000 determina que el
cómputo de los términos previstos en la referida ley se
suspenderá en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

Que mediante el contrato 233 de 2012, la Contraloría General de
la República y la sociedad PROYECTOS Y DESARROLLOS I S.A.,
celebraron el contrato estatal de arrendamiento de la actual sede
en que funciona la entidad en la ciudad de Bogotá, el cual vence
el 31 de diciembre de 2014.

Que, al momento de la posesión del actual Contralor General de
la República, no se contaba con asignación presupuestal ni para
el año 2014, ni para la vigencia del año 2015, que tuviera por
objeto la adquisición o localización de una sede para el ejercicio
permanente de las funciones de la Contraloría General de la
República.

Que dentro del presupuesto aprobado para la vigencia fiscal de
2015, se hizo una asignación en una cuantía parcial de $80.000
millones de pesos solo para adquirir una sede pura y simple,
como podrá acreditarse con la Oficina de Planeación y la División
Financiera del Ente de Control, es decir, sin contar con la
previsión y costo de las adecuaciones de muebles e inmuebles
por destinación o por adhesión que requerirá el traslado de los
funcionarios a un lugar definitivo, de manera que se asegure la
continuidad del servicio.

Que la Contraloría en la actualidad, año 2014, frente a las
disposiciones del Estatuto Orgánico de Presupuesto y del
Estatuto General de Contratación Estatal, no está facultada
jurídicamente para adquirir sede propia, pues no cuenta ni con

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presupuesto actual ni con presupuesto suficiente para obtener un
sitio con todos los medios logísticos, tecnológicos y operacionales
que le permita funcionar sin interinidades de ninguna índole.

Que la Fiscalía General de la Nación advirtió al Contralor sobre
los antecedentes de los procesos penales que se adelantan por
celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales
y por lavado de activos, antes de decidir si prorroga o no el
contrato de arrendamiento No. 233 de 2012. Por lo tanto,
consideró importante tener en cuenta la existencia de estas
actuaciones al momento de estudiar y adoptar las acciones
administrativas que resulten necesarias para el correcto
funcionamiento de la Contraloría General de la República.

Que ante la situación fáctica anterior, el Contralor General NO
puede prorrogar el actual contrato de arrendamiento pues, de
hacerlo, estaría desconociendo la existencia de investigaciones
penales que están relacionadas con la presunta comisión de
diferentes delitos en la tramitación, celebración y ejecución de
los contratos de arrendamiento 233 у 234 de 2012 celebrados
entre la empresa Proyectos y Desarrollos I S.A., como
arrendadora y la Contraloría General de la República en calidad
de arrendataria en virtud de las cuales fue radicado el pasado 9
de diciembre escrito de acusación ante la Honorable Corte
Suprema de Justicia-Sala Penal, así como de una investigación
penal de extinción de dominio sobre el edificio en donde están
ubicadas las oficinas de la Contraloría. Que la situación
anteriormente descrita genera un riesgo inminente para el
ejercicio de las funciones propias de la Contraloría General de la
República que impiden continuar con la prestación del servicio.

Que el 30 de diciembre de 2014, el Contralor General de la
República declaró la urgencia manifiesta en la Contraloría
General de la República para atender la situación de emergencia
presentada, relacionada con el traslado de funcionarios y
elementos de la entidad y prevenir la paralización de la función
pública encomendada a este Órgano de Control.

Que por los (sic) anterior y de conformidad con el artículo 13 de
la Ley 610 de 2000, el artículo 2º de la Resolución 5844 del 17
de abril de 2007 y el artículo 118 de la Ley 1564 de 2012 Código
General del Proceso, y demás disposiciones concordantes,
resulta inminente la suspensión de los términos procesales
determinados por el legislador para adelantar el trámite verbal y
ordinario del proceso de responsabilidad fiscal, así como las
indagaciones preliminares y procesos de jurisdicción coactiva que
se encuentren adelantando en las diferentes unidades,
Contralorías Delegadas y demás áreas, Direcciones u Oficinas de

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la sede central de Bogotá, así como las actividades misionales
que requieran la contabilización de términos, ubicadas en el
edificio Gran Estación II. Las sedes restantes continuarán
funcionando normalmente.

Que de acuerdo con lo anterior se suspenderán los términos
procesales a partir del día 01 de enero de 2015 a las 8:00 horas
hasta el 20 de enero de 2015.

Que de igual forma se suspenderán las actividades
administrativas y misionales por un término de 72 horas; estas
actividades corresponden a las que normalmente se desarrollan
en las oficinas de la sede Central — Bogotá de la Contraloría
General de la República ubicadas en el Edificio Gran Estación II,
para que se informe lo ocurrido dentro de las diferentes
respuestas que deban darse por las distintas oficinas, a los
particulares y demás entidades del Estado en los diferentes
órdenes (derechos de petición, acciones de tutela y demás
actuaciones).

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

PRIMERO: SUSPENDER los términos procesales
determinados por el legislador para adelantar el trámite
verbal y ordinario del proceso de responsabilidad fiscal,
así como de las indagaciones preliminares y procesos de
jurisdicción coactiva que se encuentren adelantando en
las diferentes unidades, Contralorías Delegadas y demás
áreas, Direcciones u Oficinas de la sede central de Bogotá,
así como de las actividades misionales que requieran el
cómputo de términos, ubicadas en el edificio Gran
Estación II, desde el 01 de enero de 2015 a las 08:00 hasta
el 20 de enero de 2015 […]”.

Precisado lo anterior, respecto de la suspensión de términos

ordenada a través de auto 00824 de 15 de septiembre de 2010 con

fundamento en la Resolución reglamentaria 0112 de 13 de

septiembre de 2010, la Sala advierte que ya tuvo la oportunidad de

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pronunciarse sobre su procedencia en un asunto similar, a través de

sentencia de 18 de octubre de 20199, así:

“[…] 89.5. Acto administrativo que contiene el auto núm. 217
de 15 de septiembre de 201010, que suspendió los trámites
por el término de 13 días, es decir hasta el 3 de octubre de
2010. Textualmente señaló:

“[…] Que la señora Contralora General de la República, mediante
Resolución Reglamentaria No. 0112 de septiembre 10 de 2010
adoptó decisiones en materia de términos al interior de la
entidad, disponiendo en su artículo primero “… Cerrar por
inventarios para efectos de los procesos de
responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares […] los
términos dentro de los procesos de responsabilidad fiscal e
indagaciones preliminares se reanudarán a partir del 4 de
octubre de 2010 […]”

[…]

90.1. La suspensión de términos señalados en el acto
administrativo que contiene el auto núm. 217 de 15 de
septiembre de 2010, mediante el cual se ordenó la suspensión
de los términos por 13 días por la realización de un inventario
de la parte demandada corresponde en una situación amparada
en el artículo 13 de la Ley 610, toda vez que conforme la
sentencia SU-498 de 14 de septiembre de 201611 proferida por
la Corte Constitucional, esta circunstancia se encontraba
razonablemente motivada y afectaba la prestación continua del
servicio […]”.

En cuanto a la suspensión de términos fundamentada en la

Resolución reglamentaria ejecutiva núm. 010 de 31 de diciembre de

2014, la Sala en reiterada jurisprudencia, entre otras, en sentencia

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 18 de
octubre de 2019; Número único de radicación: 68001 23 31 000 201101021 01; M.P. Hernando
Sánchez Sánchez.
10
Folio 119 del cuaderno núm. 2 del expediente.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-498 de 14 de septiembre de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

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Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

de 3 de julio de 202512, sostuvo que era válida la suspensión de

términos por el traslado físico de la entidad, así:

“[…] En este punto, se advierte que en sentencia del 8 de octubre
de 2020, la Sección Primera de la Corporación aludió a la
Resolución Reglamentaria Ejecutiva 10 de diciembre de 2014 e
indicó que “el Contralor General de la República declaró la
urgencia manifiesta para atender la situación relacionada con el
traslado de funcionarios y elementos de la entidad, teniendo en
cuenta que la situación indicada supra generaba un riesgo
inminente para el ejercicio de las funciones” y concluyó que “de
acuerdo con lo expuesto, la suspensión de los términos
por el traslado de la sede física de la entidad fue
consecuencia de una contingencia que impedía la
prestación normal y continúa del servicio, así como el
trámite de los procesos, al punto que fue necesario
declarar la urgencia manifiesta”. Por último, en la referida
sentencia, la Sección explicó que la precitada resolución
reglamentaria goza de presunción de legalidad, la cual no
fue desvirtuada en este proceso […]”.

Por ello, la Sala considera que en el presente caso para establecer si

operó o no la prescripción del proceso de responsabilidad fiscal

debían tenerse en cuenta las suspensiones de términos establecidas

en el auto núm. 00824 de 15 de septiembre de 2010 y la Resolución

reglamentaria ejecutiva núm. 010 de 31 de diciembre de 2014,

correspondientes a 13 días hábiles y 20 días calendarios,

respectivamente, por lo que el término de prescripción se extendió,

a partir del día siguiente a la finalización del término inicial —5 de

enero de 2015 — hasta el 20 de febrero de 2015.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 3 de julio
de 2025. Proceso núm: 85 001 23 33 000 2017 00152 01; M.P. Oswaldo Giraldo López.

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Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

Así las cosas, la Sala advierte que en el presente caso no operó la

prescripción en el proceso de responsabilidad fiscal núm. 80192-076-

06, comoquiera que el auto núm. 000759 de 2014 se notificó por

estado el 23 de enero de 2015, por lo que quedó ejecutoriado y en

firme al día siguiente, esto es, el 26 de enero de 2015, conforme

lo señala el numeral 3 del artículo 56 de la Ley 61013, en concordancia

con el numeral 2 del artículo 8714 del CPACA15, razón por la cual se

debe colegir que el proceso de responsabilidad fiscal, objeto de

estudio, se desarrolló dentro del término de prescripción señalado en

el artículo 9º de la Ley 610, motivo por el cual este cargo no

prospera.

Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia de 30 de enero de 2020,

proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca y, en

consecuencia, ordenará devolver el expediente al a quo para que

adopte la decisión de fondo respecto de los demás cargos de la

demanda.

13
“[…] ARTICULO 56. EJECUTORIEDAD DE LAS PROVIDENCIAS. Las providencias quedarán
ejecutoriadas: […] 3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. […]”
14
“[…] ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos
quedarán en firme: […] Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la
decisión sobre los recursos interpuestos. […]”.
15
Ver sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 3 de octubre de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001 23 33 000
2017 00129 01.

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Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

Al respecto, se pone de presente que, la Sala al resolver un asunto

similar, en sentencia de 26 de junio de 202516, adoptó dicha

determinación, por los motivos que aquí se prohíjan:

“[…] Ahora bien, conforme lo ha señalado la Sala mayoritaria, en
atención a la especial naturaleza de los procesos de
responsabilidad fiscal, se debe devolver el expediente al tribunal
de origen con el propósito de garantizar el derecho fundamental
de las partes al debido proceso y a la segunda instancia, para
que se pronuncie sobre los cargos de nulidad que no fueron
objeto de análisis en la sentencia proferida en primera instancia,
en atención a que dicha sentencia se centró exclusivamente en
la prescripción del proceso de responsabilidad fiscal, sin que el a
quo analizara y resolviera los demás fundamentos jurídicos de la
demanda, y en atención a que la competencia del ad quem está
delimitada por el recurso de alzada.

En el mismo sentido, esta Sección ha considerado que la
imposibilidad de abordar cargos en segunda instancia, que no
fueron analizados en la primera, no constituye una omisión sino,
por el contrario, la garantía de los principios de limitación de la
competencia del juez superior, de la doble instancia y del debido
proceso42, toda vez que “[…] resolver de fondo la controversia
en la segunda instancia, implica reemplazar al a quo en el estudio
de los cargos de la demanda que no realizó y equivale a
convertirla en única instancia, privando a la parte desfavorecida
del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa,
íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la
Administración de Justicia […]”.

De conformidad con lo anterior, la Sala devolverá el expediente
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que inicialmente
conoció del asunto, para que, atendiendo la plena observancia
de los principios de economía, celeridad, eficiencia y eficacia
procesal, adopte la decisión de fondo respecto de los otros cargos
de nulidad de la demanda que no fueron objeto de análisis en la
sentencia proferida en primera instancia. La decisión de fondo
deberá proferirse, junto con la orden de obedecimiento, dentro
de los cuarenta días siguientes de ingreso del expediente a
despacho, según lo previsto por el artículo 120 del Código
General del Proceso […]”.

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 26 de junio
de 2025, proceso núm. 76 001 33 31 000 2011 00539 01 M.P. Oswaldo Giraldo López.

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Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

Costas procesales

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso17 y por las agencias en derecho18“.

De conformidad con lo previsto en el artículo 18819 del CPACA en

armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP20, esto es, en

aplicación de un criterio objetivo valorativo21, corresponde a la

Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a la parte a la que

se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, en los

términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 422 del artículo 365 ibidem,

habida cuenta de la decisión que aquí se profiere.

17
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
18
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
19
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
20
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
21
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
22
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

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37

Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

Al respecto se tiene que, en esta instancia, y según las reglas

previstas en el artículo 365 del CGP la Sala no condenará en costas

procesales en el componente de agencias en derecho ni expensas por

no encontrarse probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 30 de enero de 2020, proferida

por el Tribunal Administrativo del Cauca y, en su lugar, DEVOLVER

expediente al Tribunal de origen para que, teniendo en cuenta la

plena observancia de los principios de economía, celeridad, eficiencia

y eficacia procesal, adopte la decisión de fondo respecto de los demás

cargos de la demanda, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de

esta providencia. La decisión de fondo deberá proferirse, junto con

la orden de obedecimiento, dentro de los cuarenta días siguientes de

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.

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Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA

ingreso del expediente a despacho, según lo previsto por el artículo

120 del Código General del Proceso.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo

expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de junio de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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