Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-33-000-2015-00383-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-33-000-2015-00383-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-33-000-2015-00383-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 19001-23-33-000-2015-00383-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
TESIS: NO SE CONFIGURÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD FISCAL, TODA VEZ QUE ENTRE LA FECHA DEL
AUTO DE APERTURA DEL PROCESO Y AQUELLA EN LA QUE QUEDÓ
EN FIRME LA DECISIÓN QUE PUSO FIN AL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO NO TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO LEGAL PARA
QUE OPERARA DICHO FENÓMENO JURÍDICO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia de 30 de enero de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca1, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I.- LA DEMANDA
I.1. El señor Adelmo Carabali Rodallega, a través de apoderado
judicial, promovió demanda ante el Tribunal, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
el artículo 138 del CPACA, en la que formuló las siguientes
pretensiones:
“[…] PRETENSIONES.
PRIMERA: Declárese la nulidad del Fallo No 16 de 27 de
noviembre de 2014, emitido por la Dirección de Investigaciones
Fiscales, Contraloría Delegada de Investigaciones de la
Contraloría General de la República, y de todas las actuaciones
surtidas en el proceso de responsabilidad fiscal No. 80192-076-
06 que sirven de fundamento del fallo demandado.
SEGUNDA. Declárese la nulidad del Auto No. 972 de 17 de
diciembre de 2014, proferido por la Dirección de Investigaciones
Fiscales de la Contraloría General de la República, en virtud del
cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el Fallo
16 del 27 de noviembre del 2014, confirmándolo en todas sus
partes.
TERCERA. Declárese la nulidad del Auto No. 000759 de 29 de
diciembre de 2014 "POR EL CUAL SE RESUELVE UNOS
RECURSOS DE APELACIÓN Y UN GRADO DE CONSULTA”, a través
del cual el Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la
República, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el
Fallo N*16 del 27 de noviembre del 2014, confirmándolo en todas
sus partes.
CUARTA: Que, como consecuencia de la declaración de nulidad
de los acto administrativos demandados, se ordene el
restablecimiento de los derechos conculcados al señor ADELMO
CARABALI RODALLEGA, exonerándolo del pago del valor
señalado en el Fallo de responsabilidad fiscal No 16 del 27 de
noviembre de 2014, emitido por la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.
QUINTA: Igualmente, a título de restablecimiento del derecho,
condenar a la Nación — Contraloría General de la República, la
restitución de las sumas que en virtud de los actos
administrativos impugnados le sean cobrados o pagados al señor
ADELMO CARABALI RODALLEGA, en el proceso de jurisdicción
coactiva originado en tales actos, con su correspondiente
actualización e intereses moratorios a la tasa máxima legal
permitida, desde el momento en que los mismos salgan del
patrimonio del señor CARABALI y hasta que le sean devueltos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
SEXTA: Se declare la prescripción de la acción fiscal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 9 y 18 de la ley 610,
habida cuenta, que si computamos el tiempo transcurrido desde
el auto de apertura de la investigación fiscal de fecha 4 de enero
del 2010 y el auto de 00759 del 29 de diciembre del 2014, el cual
se notificó por estado el 24 de enero del 2015, veinte (20) días
después, debido a lo establecido en el artículo 9 de la ley 610 del
2000, el estado habría perdido la competencia para seguir
conociendo de este asunto, por haber operado el fenómeno
jurídico de la prescripción de la acción fiscal.
SÉPTIMA: Que como consecuencia de las pretensiones anteriores
y a título de Restablecimiento del derecho:
a. Se exonere de toda responsabilidad al señor ADELMO
CARABALI RODALLEGA.
b. se ordene a la Contraloría General de la Nación, a liberar de
las medidas cautelares los bienes del señor ADELMO CARABALI
RODALLEGA.
c. Se archive la investigación fiscal.
d. Que, como parte del Restablecimiento del derecho, se condene
en costas a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, y a
que reembolse a el señor ADELMO CARABALI RODALLEGA los
gastos en que haya incurrido correspondiente a agencias en
derecho, de acuerdo con el Artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
e. Se excluya su nombre del boletín de responsables fiscales.
f. Si al momento de la sentencia se hubiese pagado suma alguna,
se ordene su devolución junto con sus respectivos intereses,
indexaciones, actualizaciones y demás valores a los que haya
lugar […]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los
siguientes:
Indicó que el 12 de noviembre de 2005 se posesionó como alcalde
del municipio de Buenos Aires (Cauca).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
Manifestó que con ocasión de la realización de una Auditoria
Gubernamental, el Grupo de Vigilancia Fiscal de la Gerencia
Departamental del Cauca de la Contraloría General de la República
halló presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los recursos
correspondientes al Sistema General de Participaciones, Sector Salud
desembolsados en el año 2007.
Adujó que producto de la investigación se identificó que 2
transacciones por las sumas de $63.570.009 y $97.450.203, se
realizaron a favor de Asmet Salud EPS de manera errónea, por lo
que se inició el proceso de solicitud de devolución del dinero
entregado equivocadamente.
Afirmó que los días 27 y 28 de noviembre de 2007 Asmet Salud
EPS procedió a devolver las sumas de $63.570.009 y $97.450.203 a
favor del municipio.
Señaló que, posteriormente, dichas sumas de dinero fueron
debitadas a favor de la Cooperativa de Trabajo Asociado E.M.,
sin que existiera contrato, convenio o decisión judicial que justificara
dicha transacción.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
Indicó que la Contraloría General de la República expidió el auto
núm. 1152 de 4 de enero de 2010, “Por el cual se inicia proceso de
responsabilidad fiscal”, en el que abrió proceso de responsabilidad
fiscal en su contra con ocasión del detrimento patrimonial generado
por los giros anteriormente relacionados.
Adujó que la demandada, mediante fallo con responsabilidad fiscal
núm. 16 de 27 de noviembre de 2014, resolvió declararlo
responsable fiscalmente por la suma de $203.515,254
(correspondiente al valor del daño patrimonial indexado).
Expuso que, inconforme con lo anterior, interpuso recursos de
reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a
través de los autos núms. 972 de 17 de diciembre de 2014, “por el
cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el fallo
de responsabilidad fiscal no. 16 del 27 de noviembre de 2014”; y
000759 de 29 de diciembre de 2014, “por el cual se resuelve unos
recursos de apelación y un grado de consulta”, que confirmaron la
decisión recurrida.
I.3- Normas violadas y concepto de violación.
Indicó que el proceso de responsabilidad fiscal estaba prescrito, por
cuanto este fue aperturado a través de auto núm. 1152 de 4 de enero
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
de 2010, mientras que el auto 000759 de 29 de diciembre de 2014
fue notificado el 23 de enero de 2015, esto es, cuando habían
trascurrido más de 5 años desde iniciado el proceso hasta que quedó
en firme el auto que finalizó el trámite administrativo.
Manifestó que la Contraloría General de la República trasgredió
su derecho al debido proceso, habida cuenta que no valoró
integralmente las pruebas aportadas al proceso de responsabilidad
fiscal.
Explicó que dentro del proceso administrativo se logró establecer que
efectivamente se realizaron 2 transacciones a favor de Asmet Salud
EPS con ocasión de contratos celebrados con la entidad que
justificaron el reconocimiento a la cuenta corriente 346-04301-1 de
Davivienda – Bancafé; la existencia de contratos y de pagos a favor
de la Cooperativa de Trabajo Asociado E Medios y/o de Jorge Andrés
Caicedo Vidal y que los pagos fueron autorizados por la contadora
Teresa Hernández.
Afirmó que de lo anterior se desprendía que no era el autor de los
pagos, por lo que no podía ser declarado responsable fiscalmente con
ocasión de ellos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
Adujo que dentro del proceso de responsabilidad fiscal no se vinculó
a todas las personas que debían ser investigadas por la demandada,
tales como el señor Olmedo Peña Arroyo en calidad de Secretario
de Hacienda; la señora Teresa Hernández por ser la contadora y
quien intervino para la generación del hecho dañoso; la entidad
bancaria Davivienda – Bancafé por ser aquella que administraba
las cuentas de donde salieron las sumas de dinero objeto de
investigación; al jefe de control interno y al jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica del municipio, a Asmet Salud EPS; a la
Cooperativa de Trabajo Asociado E. Medios; y a la aseguradora
La Previsora.
Señaló que los actos demandados eran nulos por falsa, o falta o
indebida motivación, toda vez que la Contraloría General de la
República dio por cierta la declaración del señor Olmedo Peña
Arroyo sin tener en cuenta que en su calidad de gestor fiscal omitió
cumplir con sus deberes al inducir en error a su “sucesor” respecto
del manejo de las cuentas por medio de las cuales se giraban los
recursos objeto de investigación.
Indicó que la demandada valoró indebidamente las pruebas
relacionadas con las solicitudes de devolución de dinero realizadas a
Asmet Salud EPS sin advertir que ellos fueron suscritos por la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
señora Teresa Hernández, a quien debía tenerse como responsable
del pago indebido.
Afirmó que dentro del proceso no existen pruebas que acrediten que
en su calidad de nominador del gasto hubiese puesto en riesgo los
bienes, ocultado información o expedido actos administrativos que
generaran un detrimento patrimonial al municipio.
Sostuvo que tampoco se demostró la existencia de una conducta
culposa o dolosa de su parte; y que tampoco se estableció el nexo
causal entre el hecho generador y el daño patrimonial que se le
imputó.
I.4.- Contestación
I.4.1. La Contraloría General de la República afirmó que no
operó la prescripción del proceso de responsabilidad fiscal, toda vez
que el Auto 000759 29 de diciembre de 2014, por medio del cual se
resolvieron los recursos de apelación y el grado de consulta en el
Proceso de Responsabilidad Fiscal, cobró fuerza de ejecutoria el
mismo día que fue expedido, esto es, el 29 de diciembre de 2014,
según lo previsto en el artículo 56 de la Ley 610 de 2000.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
Manifestó que la parte actora tampoco tuvo en cuenta que el término
de prescripción fue suspendido, en especial, por la Resolución
reglamentaria ejecutiva 010 de 31 de diciembre de 2014, por cuanto
la entidad no contaba en esa época con instalaciones físicas donde
ejercer sus funciones misionales.
Indicó que, contrario a lo afirmado por el demandante, dentro del
proceso se respetó el derecho al debido proceso del investigado y se
valoraron las pruebas aportadas al proceso conforme con las reglas
de la experiencia y la sana crítica.
Señaló que cuenta con autonomía para determinar en cada caso
concreto la viabilidad jurídica de la vinculación o no al proceso de
responsabilidad fiscal de aquellas personas que conforme con las
pruebas aportadas al proceso, ostenten la calidad de gestores fiscales
y su conducta haya contribuido o determinado la configuración de
daño patrimonial a los recursos estatales.
Puso de presente que el hecho de que el presunto responsable fiscal
estime que otra persona debe ser vinculada al proceso no significa
que ello sea procedente, pues es al funcionario de conocimiento a
quien le corresponde evaluar dicha circunstancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
Señaló que la conducta del demandante constituía culpa grave en los
términos del artículo 63 del Código Civil, pues no ejerció la labor de
“control y seguimiento de los recursos del municipio, y permitió que
personas que no debían hacerlo, realizarán transacciones
electrónicas a través de la terminal financiera del municipio, y aun
sabiendo esto, no ejerció el debido cuidado y vigilancia del actuar de
estas persona, ejerciendo una gestión fiscal ineficiente e ineficaz, y
facilitando con su descuido grave, la desviación de los recursos
públicos pertenecientes al ente territorial”.
Manifestó que se encuentra demostrado dentro del proceso de
responsabilidad fiscal el daño patrimonial al municipio de Buenos
Aires por la desviación de los recursos del sistema general de
participaciones, sin tener soporte alguno que justifique el gasto, a
favor de un tercero que nunca los reintegro, lo que produjo el
detrimento patrimonial al Estado en cuantía de $160'608.954.00 (sin
indexación).
Indicó que se acreditó el nexo causal entre la conducta y el daño
patrimonial causado, toda vez que si el demandante hubiera obrado
de manera responsable y diligente en el cumplimiento de sus deberes
como administrador y custodio de los recursos públicos, se hubiese
evitado el detrimento patrimonial a los recursos del Estado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
Reiteró que dentro del proceso se encuentra acreditado que se
agotaron todas las etapas del proceso de responsabilidad fiscal
garantizando los derechos al debido proceso, de defensa y de
postulación del investigado.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 30 de enero de 2020, el Tribunal declaró la
nulidad del fallo con responsabilidad fiscal núm. 16 de 27 de
noviembre de 2014 y de los autos núms. 972 de 17 de diciembre de
2014, “por el cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto
contra el fallo de responsabilidad fiscal no. 16 del 27 de noviembre
de 2014” y 000759 de 29 de diciembre de 2014, “por el cual se
resuelve unos recursos de apelación y un grado de consulta”.
Como consecuencia de lo anterior, ordenó que la Contraloría
General de la República exonerara de responsabilidad fiscal al
actor y lo excluyera del Boletín de responsables fiscales.
Para sustentar su decisión, el a quo adujo que había operado la
prescripción del proceso de responsabilidad fiscal debido a que el
auto 000759 de 29 de diciembre de 2014, "por el cual se resuelve
unos recursos de apelación y un grado de consulta”, fue notificado
más de 5 años después de expedido el auto de apertura del proceso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
Indicó que el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal
era del 4 de enero de 2010, por lo que la demandada contaba con un
plazo máximo hasta el 4 de enero de 2015, para poner fin al proceso
mediante auto debidamente ejecutoriado.
Manifestó que comoquiera que el auto 000759 de 29 de diciembre de
2014 fue notificado el 23 de enero de 2015, este había quedado en
firme por fuera del término de prescripción previsto en el artículo 9°
de la Ley 610 de 2000.
Agregó que no era dable tener en cuenta la suspensión de términos
realizada a través del auto núm. 00824 de 15 de septiembre de 2010,
“mediante el cual se suspenden términos”, en la que se dispuso
“cerrar por inventarios para efectos de los procesos de
responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares [...] por el término
de trece (13) días contados a partir de la fecha de la publicación de
la presente resolución [...]”, toda vez que, a su juicio, el cierre por
inventario no constituía un caso fortuito en los términos del artículo
13 de la Ley 610 de 2000.
Sostuvo que tampoco podía tenerse en cuenta lo establecido en el
auto núm. 00824 de 15 de septiembre de 2010, pues las
suspensiones de términos solo operan para aquellos establecidos en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
días, según lo previsto en el artículo 121 del Código de Procedimiento
Civil.
Manifestó que la suspensión de términos establecida en la Resolución
Reglamentaria Ejecutiva 010 de 31 de diciembre de 2014, tampoco
podía tenerse en cuenta para el caso concreto, toda vez que dentro
del trámite administrativo no se expidió otro acto administrativo que
ordenara la suspensión por la causa establecida en la resolución, que
esta se hubiese notificado por estado o que obrara la constancia de
la suspensión correspondiente.
Afirmó que la expedición de la resolución o de la constancia era
obligatoria pues no constituía una mera formalidad sino una garantía
de los derechos al debido proceso, de defensa y contradicción del
investigado.
Adujo que se relevaba de efectuar pronunciamiento alguno respecto
de los demás cargos formulados en la demanda, por cuanto había
prosperado el relacionado con la prescripción del proceso de
responsabilidad fiscal; y que no había lugar a ordenar la restitución
de suma de dinero alguna, debido a que no se demostró que el actor
hubiera realizado pago alguno a la demandada con ocasión de los
actos controvertidos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
Precisó que a título de restablecimiento del derecho ordenaría que la
demandada exonerara al actor de la responsabilidad fiscal endilgada
y del pago de la suma señalada en el fallo de responsabilidad fiscal
núm. 16 de 2014.
Finalmente, condenó en costas a la parte demandada por la suma
equivalente al 0.5% del valor de las pretensiones de la demanda.
III-. RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada solicitó revocar el fallo recurrido y, en su lugar,
denegar las pretensiones de la demanda.
Afirmó que no era cierto que hubiera operado la prescripción prevista
en el artículo 9° de la Ley 610 de 2000 dentro del proceso de
responsabilidad fiscal, habida cuenta que el auto de apertura fue
expedido el 4 de enero de 2010 y el auto 000759 de 2014 fue dictado
el 29 de diciembre de 2014, esto es, dentro del lapso de 5 años
previsto en el artículo mencionado.
Expuso que conforme con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 610
de 2000, el auto 000759 de 29 de diciembre de 2014 quedó en firme
ese mismo día, habida cuenta que contra dicha decisión agotó la vía
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
gubernativa y resolvió los recursos interpuestos contra el fallo 16 de
27 de noviembre de 2014.
Adujó que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, el proceso de
responsabilidad fiscal fue suspendido por un total de 23 días, a través
de resoluciones que cuentan con presunción de legalidad y que no
son objeto de demanda en el litigio de la referencia.
Afirmó que el Tribunal desconoció lo considerado por la Sección
Primera del Consejo de Estado sobre el tema, pues en sentencia de
18 de octubre de 20192 sostuvo que era dable la suspensión de
términos con ocasión de la realización de un inventario por tratarse
de uno de los eventos previstos en el artículo 13 de la Ley 610 de
2000, conforme con lo señalado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-498 de 14 de septiembre de 2016.
Expresó que dentro del proceso obraba el auto núm. 00824 de 15 de
septiembre de 2010 que suspendió el proceso de responsabilidad
fiscal por 13 días, con fundamento en las mismas razones de hecho
y de derecho que en el caso analizado por la Sección Primera del
Consejo de Estado, por lo que no era dable no tener en cuenta dicha
suspensión de términos.
2
Proceso núm. 68001233100020110102101; M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
Respecto de la suspensión de términos ordenada con ocasión de la
Resolución reglamentaria ejecutiva 010 de 31 de diciembre de 2014,
explicó que ello se debió a una situación coyuntural por no contar
con una sede para desarrollar sus actividades lo cual generó un
riesgo inminente para el ejercicio de las funciones propias de la
entidad que impedían continuar con la prestación del servicio.
Señaló que debido a lo anterior y conforme con lo previsto en los
artículos 13 de la Ley 610 de 2000, 2° de la Resolución 5844 de 17
de abril de 2007 y 118 del CGP, resultó necesario suspender los
términos para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal desde el
1° de enero de 2015 hasta el 20 de enero de 2015.
Indicó que la Resolución reglamentaria ejecutiva 010 de 31 de
diciembre de 2014 fue publicada en el diario oficial 49381 de la
misma fecha, sin que fuera posible expedir otro auto en ese momento
por cuanto era imposible tramitar autos o notificaciones a través de
la secretaria común, pues la entidad se encontraba en traslado de
funcionarios y de todos sus elementos de trabajo.
IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.2.1- El señor Adelmo Carabali Rodallega solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
Afirmó que en el proceso se encuentra demostrado que el auto
000759 de 2014 fue dictado más de 5 años después de la apertura
del proceso de responsabilidad fiscal, por lo que debía aplicarse la
figura de la prescripción prevista en el artículo 9° de la Ley 610 de
2010.
Precisó que el auto de apertura del proceso fue expedido el 4 de
enero de 2010 mientras que el auto 000759 de 29 de diciembre de
2014, que puso fin al procedimiento, fue notificado el 23 de enero de
2015, lo cual demostraba con claridad que operó la prescripción del
proceso de responsabilidad fiscal.
IV.2.2- La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA reiteró
los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia.
IV.3- El MINISTERIO PÚBLICO guardó silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Los actos acusados
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través del fallo
con responsabilidad fiscal núm. 16 de 27 de noviembre de 2014,
declaró responsable fiscalmente al actor por la suma de
$203.515.254 por el detrimento patrimonial ocasionado por
transacciones efectuadas sin justificación alguna con recursos del
sistema general de participaciones del municipio de Buenos Aires. En
su parte resolutiva resolvió:
“[…] PRIMERO: Fallar Con Responsabilidad Fiscal conforme lo
previsto en el artículo 53 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000,
y, en consecuencia, declarar fiscalmente responsable a ADELMO
CARABALI RODALLEGA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 6.336.200 de Jamundí (Valle) en cuantía de DOSCIENTOS
TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($203.515.254), valor del daño
patrimonial indexado.
SEGUNDO: No acceder a ninguna de las pretensiones
interpuestas en el escrito de descargos presentado por el señor
ADELMO CARABALI RODALLEGA, de conformidad con lo expuesto
en los apartes considerativos de la presente providencia.
TERCERO: Mantener las medidas cautelares decretadas
mediante Auto 0440 del 17 de mayo de 2012 y adicionadas
mediante Auto 00588 del 05 de julio de 2012, las cuales se
mantendrán vigentes hasta la culminación del Proceso de Cobro
Coactivo, de ser necesario, tal como se establece en el artículo
segundo del Auto 0440 del 17 de mayo de 2012 y en el artículo
12, inciso segundo de la Ley 610 de 2000.
CUARTO: Notificar personalmente el presente fallo en la forma y
términos establecidos en los artículos 106 de la Ley 1474 del 12
de julio de 2011, en concordancia con los artículos 67 a 69 de la
Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, a:
ADELMO CARABALI RODALLEGA, al correo electrónico
adelmocarabalirWhotmail.com tal como lo solicitó el implicado en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
escrito obrante a folios 1373 a 1376 del expediente y a su
apoderada de oficio ANGELA MARIA VANEGAS PÉREZ, quien
puede ser localizada en el consultorio jurídico de la Universidad
del Rosario ubicado en la Avenida Jiménez No. 8-49 piso 3.
QUINTO: El monto del daño fiscal enunciado se deberá consignar
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, a la ejecutoria y
firmeza del presente Fallo, la consignación de las sumas de
dinero indicadas en el numeral segundo, en la Cuenta Corriente
No. 050- 001-20-5 del Banco Popular, a nombre de "Dirección
del Tesoro Nacional”, y su correspondiente acreditación […]”.
Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a
través de los autos núms. 972 de 17 de diciembre de 2014, “por el
cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el fallo
de responsabilidad fiscal no. 16 del 27 de noviembre de 2014”; y
000759 de 29 de diciembre de 2014, “por el cual se resuelve unos
recursos de apelación y un grado de consulta”, que confirmaron la
decisión recurrida.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de las
atribuciones ejecutadas por la Nación –Contraloría General de
la República en los procesos de responsabilidad fiscal
El artículo 268 de la Constitución Política, sobre las atribuciones del
Contralor General de la República, en especial, el numeral 5 señala
la de “[…] Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión
fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances
deducidos de la misma […]”.
Por lo anterior, el Contralor General de la República, entre otros
aspectos, establece la responsabilidad que se derive de la gestión
fiscal, la cual incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión
y de resultados.
Marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal
El artículo 1° de la Ley 610 de 2000, sobre el proceso de
responsabilidad fiscal, señala lo siguiente:
“[…] Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las
Contralorías con el fin de determinar y establecer la
responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares,
cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta,
causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño
al patrimonio del Estado […]”.
De igual forma, el artículo 3° de la Ley 610 de 2000, definió el alcance
de la gestión fiscal como el conjunto de actividades económicas,
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las
personas que manejen o administren recursos o fondos públicos y
cuyo objeto, conforme al artículo 4° ibidem, es el resarcimiento de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
los daños ocasionados al patrimonio público 3 como consecuencia de
la conducta dolosa o culposa de quienes realizaron la gestión fiscal
mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.
A su vez, el parágrafo 1° del citado artículo determinó que “[…] la
responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin
perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad […]”,
correspondiéndole a cada uno consecuencias diferentes.
En este sentido, son tres los elementos de la responsabilidad fiscal,
a saber: i) elemento objetivo, consistente en que exista prueba
que acredite con certeza, por un lado, la existencia del daño al
patrimonio público; y, por el otro, su cuantificación; ii) elemento
subjetivo, que evalúa la actuación del gestor fiscal y que implica
que aquél haya actuado al menos con culpa; y iii) elemento de
3
Entendido como el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro
de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente
o contribuyan al detrimento al patrimonio público […]”3.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño
al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal4.
Así, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una
declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un
determinado servidor o particular debe cargar con las consecuencias
que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal
que ha realizado y que está obligado a reparar el daño causado al
erario por su conducta dolosa o culposa.
De la prescripción de responsabilidad fiscal
El artículo 9° de la Ley 610 de 2000, sobre la prescripción de la acción
de responsabilidad, establece:
“[…] ARTICULO 9 CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. La acción
fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia
del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha
proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal.
Este término empezará a contarse para los hechos o actos
instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos,
de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde
la del último hecho o acto.
La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados
a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en
firme que la declare.
4
Ver en ese sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia del 18 de octubre de 2019, Rad. Núm. 68001 23 31 000 201101021 01, MP. Hernando
Sánchez Sánchez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
El vencimiento de los términos establecidos en el presente
artículo no impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se
pueda obtener la reparación de la totalidad del detrimento y
demás perjuicios que haya sufrido la administración, a través de
la acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la
contraloría correspondiente o por la respectiva entidad pública
[…]”.
Esta Sección5 en relación al término de prescripción de
responsabilidad fiscal ha considerado que: i) el término de 5 años se
contabiliza a partir del auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal; ii) dentro de dicho término la Nación -
Contraloría General de la República debe expedir el acto
administrativo, debidamente ejecutoriado conforme a los artículos 56
de la Ley 610 y 62 del Código Contencioso Administrativo, que
declare la responsabilidad fiscal del servidor público y/o del particular
que ejerza gestión fiscal y cause un daño patrimonial al Estado; iii)
al finalizar el término prescribe la responsabilidad fiscal, esto es, se
extingue el derecho del Estado de atribuir la responsabilidad fiscal a
quien venía procesando.
Asimismo, la citada sentencia señaló que la prescripción de la
responsabilidad fiscal de que trata la norma señalada supra, se
identifica con la prescripción que la legislación civil denomina
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo
de 2012; C.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 50001-23-31-000-2005-30456-
01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
prescripción extintiva, esto es, la que determina la extinción de los
derechos y de las acciones que de estos emanan cuando no han sido
ejercidos por su titular durante determinado lapso.
Así, la prescripción se erige en esta materia como un instituto jurídico
liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo cesa la
potestad del Estado para deducir la responsabilidad fiscal de quien
es objeto de un proceso por el daño que con su gestión fiscal le han
causado al patrimonio del Estado; es decir, que si ha transcurrido el
tiempo señalado en la ley, esto es, 5 años a partir del auto que
ordenó la apertura del proceso fiscal, sin que se haya dictado y
además ejecutoriado la decisión sobre la responsabilidad fiscal del
investigado, el órgano de control ya no podrá declarar dicha
responsabilidad.
De la suspensión de los términos en el proceso de
responsabilidad fiscal
El artículo 13 de la Ley 610, sobre suspensión de términos, señala
que el cómputo de los términos se suspenderá en los siguientes
eventos: i) de fuerza mayor o caso fortuito y ii) por el trámite de una
declaración de impedimento o recusación. Asimismo, la citada norma
señala que la suspensión y reanudación de los términos se ordenará
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
mediante auto de trámite y se notificará por estado al día siguiente,
contra el cual no procederá recuso alguno.
En relación con la fuerza mayor y el caso fortuito, esta Sección 6 ha
señalado que visto el artículo 1° de la Ley 95 de 2 de diciembre de
18907, “[…] se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que
no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un
funcionario público, etc. […]”.
En la citada sentencia se indicó que, conforme a su definición para
que la fuerza mayor se configure, es necesario que se encuentren
acreditados sus tres elementos constitutivos, esto es, que sea: i)
externo, es decir, que está dotado de una fuerza destructora
abstracta, cuya realización no es determinada, ni aun indirectamente
por la actividad del ofensor; ii) irresistible, esto es, que ocurrido el
hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar
sino del modo que lo ha hecho; e iii) imprevisible, cuando el suceso
escapa a las previsiones normales, o sea, que ante la conducta
6
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de marzo
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 24 000 2010
00318 00
7
Sobre reformas civiles.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o
predecirlo.
A su vez, la referida sentencia indicó que el caso fortuito debe ser
interior, no porque nazca del fuero interno de la persona, sino
porque proviene de la propia estructura de la actividad, puede ser
desconocido y permanecer oculto.
La Corte Constitucional en la sentencia núm. SU-498 de 14 de
septiembre de 20168, determinó que en los eventos en que se afecta
la prestación continua del servicio, esa circunstancia tendría efectos
en derecho, en aplicación de la doctrina del caso fortuito y la fuerza
mayor, de acuerdo con la cual no se pueden derivar consecuencias
adversas ante la presencia de circunstancias que impidan material
o físicamente el cumplimiento de las cargas procesales.
Análisis del caso en concreto
En el caso bajo estudio el Tribunal sostuvo que el proceso de
responsabilidad está prescrito, debido a que entre el auto de apertura
de 4 de enero de 2010 y la notificación del auto 000759 de 29 de
8
Corte Constitucional, sentencia SU-498 de 14 de septiembre de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
diciembre de 2014, por medio del cual finalizó el trámite
administrativo, transcurrieron más de los 5 años previstos para la
prescripción de la responsabilidad fiscal.
En ese sentido, se advierte que dentro del proceso de responsabilidad
fiscal núm. 80192-076-06, la Contraloría expidió el auto núm. 1152,
“Por el cual se inicia proceso de responsabilidad fiscal”, el 4
de enero de 2010, por lo que el término para la prescripción, en
principio, finalizaría el 4 de enero de 2015, que siendo domingo —
día no hábil— se corrió al siguiente día hábil, esto es al 5 de enero
de 2015.
Ahora, de la revisión del procedimiento administrativo y conforme
con lo señalado en el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada se advierte que se presentaron las siguientes
suspensiones de términos:
Mediante auto núm. 00824 de 15 de septiembre de 2010, la
demandada suspendió el proceso de responsabilidad fiscal por un
lapso de 13 días hábiles, contados a partir del 15 de septiembre de
ese año, con ocasión del cierre por inventario ordenado mediante
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
Resolución reglamentaria 0112 de 13 de septiembre de 2010. En el
mencionado auto se señaló:
“[…] AUTO No 00824
Mediante el cual se suspenden términos
[…]
La Contralora General de la República, profirió la Resolución
Reglamentaria No. 0112 del 13 de septiembre de 2010, "Por la
cual se adoptan decisiones en materia de términos dentro de las
Indagaciones Preliminares y Procesos de Responsabilidad Fiscal";
cuya parte resolutiva a continuación se transcribe:
ARTICULO PRIMERO. Cerrar por inventario para efectos de
los Procesos de Responsabilidad Fiscal e Indagaciones
Preliminares, las secretarias Comunes de: La Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva, los Grupos de Investigaciones de
las Gerencia Departamentales y la Oficina Jurídica, por el
término de trece (13) días contados a partir de la fecha de
publicación de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO Suspender términos en todos los Procesos
de Responsabilidad Fiscal e Indagaciones Preliminares que se
adelanten tanto en el nivel Central como Desconcentrado por el
término de 13 días, a partir de la fecha de publicación de la
presente resolución.
[…]
Conforme a lo anterior esta Dirección de Investigaciones Fiscales,
RESUELVE
PRIMERO: SUSPENDER los términos del presente Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 80192-076-06, por 13 días hábiles,
contados a partir del 15 de septiembre de 2010, fecha de
publicación de la Resolución Reglamentaria No. 0112 de 2010.
SEGUNDO: REANUDAR la actuación procesal, conforme lo
previsto en la Resolución Reglamentaria No. 0112 de 2010.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
TERCERO: INCORPORAR al expediente fotocopia simple de la
Resolución Reglamentaria No. 0112 de 2010, expedida por la
Contralora General de la República […]”.
Asimismo, a través de la Resolución reglamentaria ejecutiva núm.
010 de 31 de diciembre de 2014, se dispuso la suspensión de
términos desde el 1° de enero hasta el 20 de enero de 2015, por los
siguientes motivos:
“[…] Que el artículo 13 de la Ley 610 de 2000 determina que el
cómputo de los términos previstos en la referida ley se
suspenderá en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito.
Que mediante el contrato 233 de 2012, la Contraloría General de
la República y la sociedad PROYECTOS Y DESARROLLOS I S.A.,
celebraron el contrato estatal de arrendamiento de la actual sede
en que funciona la entidad en la ciudad de Bogotá, el cual vence
el 31 de diciembre de 2014.
Que, al momento de la posesión del actual Contralor General de
la República, no se contaba con asignación presupuestal ni para
el año 2014, ni para la vigencia del año 2015, que tuviera por
objeto la adquisición o localización de una sede para el ejercicio
permanente de las funciones de la Contraloría General de la
República.
Que dentro del presupuesto aprobado para la vigencia fiscal de
2015, se hizo una asignación en una cuantía parcial de $80.000
millones de pesos solo para adquirir una sede pura y simple,
como podrá acreditarse con la Oficina de Planeación y la División
Financiera del Ente de Control, es decir, sin contar con la
previsión y costo de las adecuaciones de muebles e inmuebles
por destinación o por adhesión que requerirá el traslado de los
funcionarios a un lugar definitivo, de manera que se asegure la
continuidad del servicio.
Que la Contraloría en la actualidad, año 2014, frente a las
disposiciones del Estatuto Orgánico de Presupuesto y del
Estatuto General de Contratación Estatal, no está facultada
jurídicamente para adquirir sede propia, pues no cuenta ni con
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
presupuesto actual ni con presupuesto suficiente para obtener un
sitio con todos los medios logísticos, tecnológicos y operacionales
que le permita funcionar sin interinidades de ninguna índole.
Que la Fiscalía General de la Nación advirtió al Contralor sobre
los antecedentes de los procesos penales que se adelantan por
celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales
y por lavado de activos, antes de decidir si prorroga o no el
contrato de arrendamiento No. 233 de 2012. Por lo tanto,
consideró importante tener en cuenta la existencia de estas
actuaciones al momento de estudiar y adoptar las acciones
administrativas que resulten necesarias para el correcto
funcionamiento de la Contraloría General de la República.
Que ante la situación fáctica anterior, el Contralor General NO
puede prorrogar el actual contrato de arrendamiento pues, de
hacerlo, estaría desconociendo la existencia de investigaciones
penales que están relacionadas con la presunta comisión de
diferentes delitos en la tramitación, celebración y ejecución de
los contratos de arrendamiento 233 у 234 de 2012 celebrados
entre la empresa Proyectos y Desarrollos I S.A., como
arrendadora y la Contraloría General de la República en calidad
de arrendataria en virtud de las cuales fue radicado el pasado 9
de diciembre escrito de acusación ante la Honorable Corte
Suprema de Justicia-Sala Penal, así como de una investigación
penal de extinción de dominio sobre el edificio en donde están
ubicadas las oficinas de la Contraloría. Que la situación
anteriormente descrita genera un riesgo inminente para el
ejercicio de las funciones propias de la Contraloría General de la
República que impiden continuar con la prestación del servicio.
Que el 30 de diciembre de 2014, el Contralor General de la
República declaró la urgencia manifiesta en la Contraloría
General de la República para atender la situación de emergencia
presentada, relacionada con el traslado de funcionarios y
elementos de la entidad y prevenir la paralización de la función
pública encomendada a este Órgano de Control.
Que por los (sic) anterior y de conformidad con el artículo 13 de
la Ley 610 de 2000, el artículo 2º de la Resolución 5844 del 17
de abril de 2007 y el artículo 118 de la Ley 1564 de 2012 Código
General del Proceso, y demás disposiciones concordantes,
resulta inminente la suspensión de los términos procesales
determinados por el legislador para adelantar el trámite verbal y
ordinario del proceso de responsabilidad fiscal, así como las
indagaciones preliminares y procesos de jurisdicción coactiva que
se encuentren adelantando en las diferentes unidades,
Contralorías Delegadas y demás áreas, Direcciones u Oficinas de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
la sede central de Bogotá, así como las actividades misionales
que requieran la contabilización de términos, ubicadas en el
edificio Gran Estación II. Las sedes restantes continuarán
funcionando normalmente.
Que de acuerdo con lo anterior se suspenderán los términos
procesales a partir del día 01 de enero de 2015 a las 8:00 horas
hasta el 20 de enero de 2015.
Que de igual forma se suspenderán las actividades
administrativas y misionales por un término de 72 horas; estas
actividades corresponden a las que normalmente se desarrollan
en las oficinas de la sede Central — Bogotá de la Contraloría
General de la República ubicadas en el Edificio Gran Estación II,
para que se informe lo ocurrido dentro de las diferentes
respuestas que deban darse por las distintas oficinas, a los
particulares y demás entidades del Estado en los diferentes
órdenes (derechos de petición, acciones de tutela y demás
actuaciones).
En mérito de lo expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: SUSPENDER los términos procesales
determinados por el legislador para adelantar el trámite
verbal y ordinario del proceso de responsabilidad fiscal,
así como de las indagaciones preliminares y procesos de
jurisdicción coactiva que se encuentren adelantando en
las diferentes unidades, Contralorías Delegadas y demás
áreas, Direcciones u Oficinas de la sede central de Bogotá,
así como de las actividades misionales que requieran el
cómputo de términos, ubicadas en el edificio Gran
Estación II, desde el 01 de enero de 2015 a las 08:00 hasta
el 20 de enero de 2015 […]”.
Precisado lo anterior, respecto de la suspensión de términos
ordenada a través de auto 00824 de 15 de septiembre de 2010 con
fundamento en la Resolución reglamentaria 0112 de 13 de
septiembre de 2010, la Sala advierte que ya tuvo la oportunidad de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
pronunciarse sobre su procedencia en un asunto similar, a través de
sentencia de 18 de octubre de 20199, así:
“[…] 89.5. Acto administrativo que contiene el auto núm. 217
de 15 de septiembre de 201010, que suspendió los trámites
por el término de 13 días, es decir hasta el 3 de octubre de
2010. Textualmente señaló:
“[…] Que la señora Contralora General de la República, mediante
Resolución Reglamentaria No. 0112 de septiembre 10 de 2010
adoptó decisiones en materia de términos al interior de la
entidad, disponiendo en su artículo primero “… Cerrar por
inventarios para efectos de los procesos de
responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares […] los
términos dentro de los procesos de responsabilidad fiscal e
indagaciones preliminares se reanudarán a partir del 4 de
octubre de 2010 […]”
[…]
90.1. La suspensión de términos señalados en el acto
administrativo que contiene el auto núm. 217 de 15 de
septiembre de 2010, mediante el cual se ordenó la suspensión
de los términos por 13 días por la realización de un inventario
de la parte demandada corresponde en una situación amparada
en el artículo 13 de la Ley 610, toda vez que conforme la
sentencia SU-498 de 14 de septiembre de 201611 proferida por
la Corte Constitucional, esta circunstancia se encontraba
razonablemente motivada y afectaba la prestación continua del
servicio […]”.
En cuanto a la suspensión de términos fundamentada en la
Resolución reglamentaria ejecutiva núm. 010 de 31 de diciembre de
2014, la Sala en reiterada jurisprudencia, entre otras, en sentencia
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 18 de
octubre de 2019; Número único de radicación: 68001 23 31 000 201101021 01; M.P. Hernando
Sánchez Sánchez.
10
Folio 119 del cuaderno núm. 2 del expediente.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-498 de 14 de septiembre de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
de 3 de julio de 202512, sostuvo que era válida la suspensión de
términos por el traslado físico de la entidad, así:
“[…] En este punto, se advierte que en sentencia del 8 de octubre
de 2020, la Sección Primera de la Corporación aludió a la
Resolución Reglamentaria Ejecutiva 10 de diciembre de 2014 e
indicó que “el Contralor General de la República declaró la
urgencia manifiesta para atender la situación relacionada con el
traslado de funcionarios y elementos de la entidad, teniendo en
cuenta que la situación indicada supra generaba un riesgo
inminente para el ejercicio de las funciones” y concluyó que “de
acuerdo con lo expuesto, la suspensión de los términos
por el traslado de la sede física de la entidad fue
consecuencia de una contingencia que impedía la
prestación normal y continúa del servicio, así como el
trámite de los procesos, al punto que fue necesario
declarar la urgencia manifiesta”. Por último, en la referida
sentencia, la Sección explicó que la precitada resolución
reglamentaria goza de presunción de legalidad, la cual no
fue desvirtuada en este proceso […]”.
Por ello, la Sala considera que en el presente caso para establecer si
operó o no la prescripción del proceso de responsabilidad fiscal
debían tenerse en cuenta las suspensiones de términos establecidas
en el auto núm. 00824 de 15 de septiembre de 2010 y la Resolución
reglamentaria ejecutiva núm. 010 de 31 de diciembre de 2014,
correspondientes a 13 días hábiles y 20 días calendarios,
respectivamente, por lo que el término de prescripción se extendió,
a partir del día siguiente a la finalización del término inicial —5 de
enero de 2015 — hasta el 20 de febrero de 2015.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 3 de julio
de 2025. Proceso núm: 85 001 23 33 000 2017 00152 01; M.P. Oswaldo Giraldo López.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
Así las cosas, la Sala advierte que en el presente caso no operó la
prescripción en el proceso de responsabilidad fiscal núm. 80192-076-
06, comoquiera que el auto núm. 000759 de 2014 se notificó por
estado el 23 de enero de 2015, por lo que quedó ejecutoriado y en
firme al día siguiente, esto es, el 26 de enero de 2015, conforme
lo señala el numeral 3 del artículo 56 de la Ley 61013, en concordancia
con el numeral 2 del artículo 8714 del CPACA15, razón por la cual se
debe colegir que el proceso de responsabilidad fiscal, objeto de
estudio, se desarrolló dentro del término de prescripción señalado en
el artículo 9º de la Ley 610, motivo por el cual este cargo no
prospera.
Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia de 30 de enero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca y, en
consecuencia, ordenará devolver el expediente al a quo para que
adopte la decisión de fondo respecto de los demás cargos de la
demanda.
13
“[…] ARTICULO 56. EJECUTORIEDAD DE LAS PROVIDENCIAS. Las providencias quedarán
ejecutoriadas: […] 3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. […]”
14
“[…] ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos
quedarán en firme: […] Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la
decisión sobre los recursos interpuestos. […]”.
15
Ver sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 3 de octubre de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001 23 33 000
2017 00129 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
Al respecto, se pone de presente que, la Sala al resolver un asunto
similar, en sentencia de 26 de junio de 202516, adoptó dicha
determinación, por los motivos que aquí se prohíjan:
“[…] Ahora bien, conforme lo ha señalado la Sala mayoritaria, en
atención a la especial naturaleza de los procesos de
responsabilidad fiscal, se debe devolver el expediente al tribunal
de origen con el propósito de garantizar el derecho fundamental
de las partes al debido proceso y a la segunda instancia, para
que se pronuncie sobre los cargos de nulidad que no fueron
objeto de análisis en la sentencia proferida en primera instancia,
en atención a que dicha sentencia se centró exclusivamente en
la prescripción del proceso de responsabilidad fiscal, sin que el a
quo analizara y resolviera los demás fundamentos jurídicos de la
demanda, y en atención a que la competencia del ad quem está
delimitada por el recurso de alzada.
En el mismo sentido, esta Sección ha considerado que la
imposibilidad de abordar cargos en segunda instancia, que no
fueron analizados en la primera, no constituye una omisión sino,
por el contrario, la garantía de los principios de limitación de la
competencia del juez superior, de la doble instancia y del debido
proceso42, toda vez que “[…] resolver de fondo la controversia
en la segunda instancia, implica reemplazar al a quo en el estudio
de los cargos de la demanda que no realizó y equivale a
convertirla en única instancia, privando a la parte desfavorecida
del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa,
íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la
Administración de Justicia […]”.
De conformidad con lo anterior, la Sala devolverá el expediente
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que inicialmente
conoció del asunto, para que, atendiendo la plena observancia
de los principios de economía, celeridad, eficiencia y eficacia
procesal, adopte la decisión de fondo respecto de los otros cargos
de nulidad de la demanda que no fueron objeto de análisis en la
sentencia proferida en primera instancia. La decisión de fondo
deberá proferirse, junto con la orden de obedecimiento, dentro
de los cuarenta días siguientes de ingreso del expediente a
despacho, según lo previsto por el artículo 120 del Código
General del Proceso […]”.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 26 de junio
de 2025, proceso núm. 76 001 33 31 000 2011 00539 01 M.P. Oswaldo Giraldo López.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
Costas procesales
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso17 y por las agencias en derecho18“.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18819 del CPACA en
armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP20, esto es, en
aplicación de un criterio objetivo valorativo21, corresponde a la
Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a la parte a la que
se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, en los
términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 422 del artículo 365 ibidem,
habida cuenta de la decisión que aquí se profiere.
17
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
18
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
19
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
20
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
21
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
22
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
Al respecto se tiene que, en esta instancia, y según las reglas
previstas en el artículo 365 del CGP la Sala no condenará en costas
procesales en el componente de agencias en derecho ni expensas por
no encontrarse probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 30 de enero de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca y, en su lugar, DEVOLVER
expediente al Tribunal de origen para que, teniendo en cuenta la
plena observancia de los principios de economía, celeridad, eficiencia
y eficacia procesal, adopte la decisión de fondo respecto de los demás
cargos de la demanda, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia. La decisión de fondo deberá proferirse, junto con
la orden de obedecimiento, dentro de los cuarenta días siguientes de
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Número único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00383-01
Actor: ADELMO CARABALI RODALLEGA
ingreso del expediente a despacho, según lo previsto por el artículo
120 del Código General del Proceso.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de junio de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.