Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 27001-23-33-000-2016-00023-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 27001-23-33-000-2016-00023-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 27001-23-33-000-2016-00023-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 27001-23-33-000-2016-00023-01
Demandante: Alcira Chaverra Lagarejo
Demandado: Contraloría General de la República
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Responsabilidad fiscal. Término para resolver el grado de consulta
Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad
del acto administrativo demandado
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Contraloría General de la
República en contra de la sentencia de 13 de diciembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2, la señora Alcira Chaverra Lagarejo, por conducto de apoderado judicial3,
demandó a la Contraloría General de la República con el objeto de que se accediera a
las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Que se declare la nulidad del auto número ORD-80112 -009 del 23 de enero
de 2015, notificado personalmente el día 22 de mayo de 2015, por medio del cual se
resolvió por parte del despacho del señor Contralor General de la Nación el grado de
consulta dentro del proceso de responsabilidad Fiscal radicado bajo el número 2.014-
03159, entre otras, modificando el auto número 000685 del 27 de noviembre de 2.014
proferido por la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva, y disponiendo en consecuencia, fallar con responsabilidad fiscal, en forma
solidaria a título de culpa grave, en contra de la señora ALCIRA CHAVERRA LAGAREJO
y otros, en su condición de Secretaria de Planeación del Departamento del Chocó, en
cuantía de doscientos cuarenta y mueve millones trescientos cuatro mil quinientos
noventa y cuatro pesos ($249,304,594.00).
SEGUNDA: Que, como consecuencia de ello y a título de restablecimiento del derecho,
se ordene a la Contraloría General de la Nación exonerar de toda responsabilidad fiscal a
la señora Alcira Chaverra Lagarejo y el pago de los gastos que le generaron atender la
1 Índice 25 del aplicativo SAMAI. Archivo: «CUADERNO NO 1 FOLIOS 1 AL 379(.pdf)». Folios: 2-16.
2 En adelante CPACA.
3 Índice 25 del aplicativo SAMAI. Archivo: «CUADERNO NO 1 FOLIOS 1 AL 379(.pdf)». Folio 1.
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investigación fiscal en cuestión así como el presente medio de control, los cuales estima
en la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000).
TERCERA: Que se ordene el levantamiento de las medidas cautelar de embargos y otras
que se hayan ordenado en contra de los bienes, dineros y demás de propiedad de la
señora CHAVERRA LAGAREJO.
CUARTA: Ordenar la exclusión de la señora ALCIRA CHAVERRA LAGAREJO di boletín
de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.
QUINTA: Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos
192 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
1.2. Fundamentos de hecho
Mediante oficio remitido el 9 de diciembre de 2009 por el director de Asuntos Indígenas,
Minorías y Rom del Ministerio del Interior y de Justicia a la Contraloría General de la
República, se puso en conocimiento un posible incumplimiento de la obligación de remitir
a dicha cartera ministerial copia de los contratos celebrados para la administración de los
recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para
Resguardos Indígenas. Según lo informado, dicha situación involucraba, entre otras
entidades territoriales, al municipio de Bojayá del departamento del Chocó.
En la comunicación también se indicó que, durante una visita realizada a ese municipio,
se evidenció la ausencia de soportes que permitieran acreditar la existencia de los
contratos que debían celebrarse entre la administración municipal y diversos resguardos
indígenas durante las vigencias 2008 y 2009. Tales hechos guardaban relación con
recursos provenientes de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones
por valor de $858’057.846.
Con fundamento en esa información, mediante Auto 00202 del 10 de abril de 2010 la
Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
ordenó la apertura de la indagación preliminar núm. 00225, con el fin de verificar las
presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de dichos recursos.
Posteriormente, a través de Auto núm. 000366 del 11 de junio de 2010, dispuso la
apertura del proceso de responsabilidad fiscal, vinculó al entonces alcalde municipal de
Bojayá y estimó la cuantía de la actuación en la suma de $858’057.846.
La señora Alcira Chaverra Lagarejo fue vinculada a la actuación mediante Auto núm.
00519 del 18 de julio de 2012, en consideración a que para la época de los hechos ejercía
el cargo de secretaria de Planeación del departamento del Chocó. Posteriormente, el 25
de octubre de 2013, la Contraloría adecuó la actuación al procedimiento verbal previsto
en la Ley 1474 de 2011 y formuló imputación de responsabilidad fiscal respecto de las
personas vinculadas al proceso, entre ellas, la ahora demandante.
Surtidas las audiencias de descargos y de decisión, la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, en audiencia celebrada los días
16 y 30 de septiembre de 2014, profirió fallo con responsabilidad fiscal en contra de los
investigados. No obstante, por Auto núm. 000685 del 27 de noviembre de 2014, proferido
en sede de reposición, revocó dicha decisión y, en su lugar, absolvió a los vinculados al
proceso.
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La anterior providencia fue remitida al despacho del Contralor General de la República
para que se surtiera el grado de consulta. En ejercicio de dicha competencia, esa
autoridad profirió el Auto ORD-80112-009 del 23 de enero de 2015, mediante el cual
modificó la decisión adoptada el 27 de noviembre de 2014 y declaró la responsabilidad
fiscal solidaria, a título de culpa grave, de algunos de los vinculados al proceso, entre
ellos la señora Alcira Chaverra Lagarejo.
Según se expuso en ese pronunciamiento, la responsabilidad atribuida a la demandante
tuvo fundamento en las funciones que los artículos 83 y 89 de la Ley 715 de 2001 asignan
a las secretarías departamentales de planeación en materia de capacitación, asistencia
técnica, seguimiento y evaluación de los recursos del Sistema General de
Participaciones. Bajo ese entendimiento, la autoridad fiscal consideró que la entonces
secretaria de Planeación del departamento del Chocó incumplió los deberes asociados
al control, vigilancia y evaluación de los recursos administrados por el municipio de
Bojayá.
Asimismo, le reprochó no haber desarrollado ni ejecutado programas de capacitación,
asesoría y asistencia técnica dirigidos a los resguardos indígenas y a las autoridades
municipales para la adecuada programación y utilización de dichos recursos. A juicio de
la Contraloría, esas omisiones propiciaron el manejo irregular de los recursos girados a
los resguardos indígenas de Opogadó y Pichicora durante las vigencias 2008 y 2009.
Con fundamento en lo anterior, el despacho del Contralor General concluyó que las
omisiones atribuidas a la demandante contribuyeron a la causación de un detrimento
patrimonial equivalente a los recursos girados a favor de esos resguardos durante las
vigencias mencionadas, razón por la cual modificó la decisión consultada y declaró su
responsabilidad fiscal.
1.3. Normas vulneradas y concepto de violación
La demandante consideró vulnerados el artículo 29 de la Constitución Política, los
artículos 3, 5 y 18 de la Ley 610 de 2000 y los artículos 83 y 89 de la Ley 715 de 2001.
Con fundamento en dichas disposiciones, formuló los siguientes cargos de nulidad:
▪ Falsa motivación por atribución indebida de la condición de gestora fiscal y de
funciones ajenas al cargo
La demandante sostuvo que el acto acusado incurrió en falsa motivación al atribuirle
responsabilidad sobre la base de que ostentaba la condición de gestora fiscal respecto
de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para
Resguardos Indígenas administrados por el municipio de Bojayá.
Afirmó que las funciones asignadas a las secretarías departamentales de planeación por
los artículos 83 y 89 de la Ley 715 de 2001 se limitan a labores de capacitación, asesoría
técnica, seguimiento y evaluación, sin que ello implique administración, recaudo,
inversión, disposición o manejo directo de recursos públicos en los términos previstos en
la Ley 610 de 2000.
Manifestó que las eventuales omisiones derivadas del incumplimiento de tales deberes
podrían dar lugar a otro tipo de responsabilidades, particularmente de carácter
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disciplinario, mas no a responsabilidad fiscal, dado que su cargo no comportaba la gestión
material de los recursos cuya pérdida dio origen a la actuación.
Añadió que la investigación tuvo origen en la ausencia de soportes contractuales y en la
falta de acreditación de la ejecución de recursos administrados por el municipio de Bojayá
y por los resguardos indígenas beneficiarios, circunstancia que, a su juicio, evidenciaba
que tales recursos no estaban bajo la administración de la Secretaría Departamental de
Planeación del Chocó.
Asimismo, afirmó que el acto acusado incurrió en falsa motivación al atribuirle funciones
que no le correspondían. Explicó que, de conformidad con el Decreto Departamental
núm. 0691 de 2008, la función específica de realizar seguimiento a la inversión de los
recursos del Sistema General de Participaciones en los municipios del departamento
estaba asignada a un Profesional Universitario, Código 219 - Grado 17 y no directamente
a la Secretaría de Planeación Departamental.
Indicó que la autoridad fiscal omitió valorar dicha prueba y edificó la imputación sobre una
premisa fáctica equivocada, consistente en atribuirle obligaciones operativas cuyo
cumplimiento correspondía a otros funcionarios o dependencias de la administración
departamental. En consecuencia, sostuvo que la decisión desconoció la distribución
interna de competencias vigente para la época de los hechos y derivó conclusiones que
carecían de respaldo en el material probatorio obrante en el expediente.
▪ Falsa motivación por omisión y valoración defectuosa del material probatorio
La demandante alegó que el despacho del Contralor General de la República omitió
valorar pruebas que demostraban el cumplimiento de actividades de capacitación,
asesoría y asistencia técnica por parte de la Secretaría de Planeación Departamental
durante las vigencias investigadas.
Señaló que la ausencia inicial de ciertos soportes documentales obedeció a
circunstancias asociadas al deterioro, pérdida y destrucción parcial de archivos como
consecuencia de traslados administrativos y de las condiciones ambientales propias de
la región.
Indicó que, posteriormente, dentro del trámite fiscal fueron recibidos los testimonios de
Roquelino Mosquera Chaverra y Ever de Jesús Rodríguez Díaz, quienes se
desempeñaban como funcionarios de la entidad para la época de los hechos y dieron
cuenta de la realización de actividades de capacitación, acompañamiento y asistencia
técnica dirigidas a las autoridades indígenas y municipales.
Agregó que, durante las actuaciones probatorias, también se aportaron documentos
relacionados con talleres, comunicaciones, circulares y demás actividades desarrolladas
por la Secretaría de Planeación Departamental para apoyar la administración de esos
recursos. Sin embargo, tales elementos no fueron debidamente considerados por la
autoridad fiscal al momento de adoptar la decisión.
De igual forma, sostuvo que tampoco se valoraron adecuadamente las dificultades
geográficas y de orden público existentes en la zona, circunstancias que habrían limitado
el acceso a algunos resguardos indígenas del municipio de Bojayá y condicionado el
ejercicio de las actividades de seguimiento presencial.
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Con fundamento en lo anterior, concluyó que el acto acusado estaba afectado por falsa
motivación, dado que se sustentó en una valoración incompleta e insuficiente del acervo
probatorio.
▪ Falta de competencia para decidir el grado de consulta
La parte demandante sostuvo que el despacho del Contralor General de la República
carecía de competencia para modificar la decisión absolutoria adoptada el 27 de
noviembre de 2014, debido al vencimiento del término previsto en el artículo 18 de la Ley
610 de 2000 para resolver el grado de consulta. Explicó que dicha disposición establece
que, una vez recibido el expediente por el superior funcional o jerárquico, este cuenta con
un plazo de un mes para adoptar la respectiva decisión y que, vencido ese término sin
pronunciamiento, queda en firme la providencia objeto de consulta.
Afirmó que la decisión absolutoria contenida en el Auto núm. 000685 del 27 de noviembre
de 2014 fue remitida para consulta y que el Auto ORD-80112-009 fue expedido
únicamente el 23 de enero de 2015, cuando, en su criterio, ya había transcurrido el
término legalmente establecido para pronunciarse.
Bajo esa premisa, indicó que al momento de expedir el acto acusado la decisión
absolutoria ya se encontraba ejecutoriada por ministerio de la ley, razón por la cual el
despacho del Contralor General habría actuado sin competencia para modificarla.
1.4. Contestación de la demanda4
La Contraloría General de la República se opuso a las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que el acto acusado fue expedido con observancia de las disposiciones que
regulan la responsabilidad fiscal y que los cargos formulados por la actora obedecían a
una interpretación parcial del material probatorio y del marco normativo aplicable. En ese
sentido, solicitó negar las pretensiones y, para el efecto, planteó los siguientes
argumentos de defensa:
Frente al primer cargo de nulidad, la Contraloría sostuvo que la demandante sí ostentaba
la condición de gestora fiscal, toda vez que las funciones asignadas por los artículos 83
y 89 de la Ley 715 de 2001 comprendían labores de planeación, seguimiento, evaluación
y control sobre la ejecución de recursos públicos. En su criterio, tales competencias la
vinculaban funcionalmente con los recursos investigados y le imponían el deber de
verificar su adecuada ejecución.
Asimismo, afirmó que las responsabilidades atribuidas a la demandante no desaparecían
por el hecho de que otros funcionarios también tuvieran funciones relacionadas con el
seguimiento de los recursos del Sistema General de Participaciones. Señaló que dichas
competencias eran concurrentes y que el manual de funciones invocado por la actora no
la eximía del cumplimiento de los deberes previstos en la ley.
En relación con el segundo cargo, relativo a la omisión y valoración defectuosa del
material probatorio, manifestó que las pruebas invocadas por la actora sí fueron
4 Índice 25 del aplicativo SAMAI. Archivo: «CUADERNO NO 1 FOLIOS 1 AL 379(.pdf)». Folios: 234-254.
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valoradas dentro del proceso fiscal y que el desacuerdo con las conclusiones alcanzadas
por la autoridad de control no demostraba la configuración de una falsa motivación.
Agregó que no existía prueba suficiente que acreditara la pérdida o destrucción de los
archivos invocada por la demandante ni elementos que demostraran el cumplimiento de
las labores de seguimiento, evaluación, capacitación y asistencia técnica cuya omisión
se le atribuyó. Igualmente, sostuvo que la demanda no identificaba de manera precisa
las pruebas presuntamente omitidas ni explicaba de qué forma estas habrían modificado
el sentido de la decisión.
Finalmente, frente al tercer cargo, relacionado con la falta de competencia para decidir el
grado de consulta, sostuvo que el despacho del Contralor General de la República
conservaba competencia para resolver dicho mecanismo de revisión automática. Explicó
que el término de un mes previsto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000 debía
contabilizarse a partir del ingreso del expediente a la dependencia competente. En ese
sentido, señaló que la fecha del 1º de diciembre de 2014 correspondía a la generación y
remisión interna del oficio mediante el cual se envió la actuación, mientras que la
recepción efectiva del expediente por parte de la autoridad encargada del trámite tuvo
lugar el 3 de diciembre siguiente, fecha a partir de la cual debía iniciarse el cómputo del
término legal.
Sostuvo que el plazo se suspendió entre el 1º y el 20 de enero de 2015 mediante las
resoluciones expedidas por el Contralor General de la República con ocasión de
circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, por lo que la decisión
adoptada mediante el Auto ORD-80112-009 del 23 de enero de 2015 fue proferida dentro
del plazo legalmente previsto.
1.5. El trámite de primera instancia
Mediante auto de 3 de agosto de 20165, el Tribunal Administrativo del Chocó admitió la
demanda y dispuso las actuaciones procesales correspondientes.
El 29 de agosto de 20176, se llevó a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180
del CPACA, oportunidad en la que se agotaron las etapas previstas en la norma en
comento. En esa misma diligencia, el Tribunal consideró que el expediente contaba con
los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión de fondo. En consecuencia,
dispuso que el trámite subsiguiente se surtiera por escrito y corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión, así como al Ministerio Público para que
rindiera concepto.
II. LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia del 13 de diciembre de 20197, el Tribunal Administrativo del Chocó
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La parte resolutiva de la
providencia es la siguiente:
PRIMERO. DECLARAR la nulidad del Auto N° ORD 80112-0009-2014 del 23 de enero de
2015 “por el cual se decide el grado de consulta dentro del proceso de Responsabilidad
5 Índice 25 del aplicativo SAMAI. Archivo: «CUADERNO NO 1 FOLIOS 1 AL 379(.pdf)». Folios: 123-125.
6 Índice 25 del aplicativo SAMAI. Archivo: «CUADERNO NO 1 FOLIOS 1 AL 379(.pdf)». Folios: 307-309.
7Índice 25 del aplicativo SAMAI. Archivo: «CUADERNO NO 1 FOLIOS 1 AL 379(.pdf)». Folios: 331-339.
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Demandado: Contraloría General de la República
Fiscal N° 2014-03150-000225”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, ordénese a la Contraloría General de la República a: i) declarar en firme el
auto N° 00685 del 27 de noviembre de 2015 Responsabilidad Fiscal N° 2014-03150-
000225, ii) levantar las medidas cautelares de embargo o las que se hayan ordenado en
contra de los bienes, dinero y demás propiedades de la señora ALCIRA CHAVERRA
LAGAREJO y iii) excluir a la señor Chaverra Lagarejo del boletín de responsables fiscales
de la Contraloría General de la República.
TERCRO: NIÉGUENSE las demás pretensiones.
CUARTO: Por Secretaría, devuélvase a la parte demandante el remanente de los gastos
del proceso, si hay lugar a ello.
QUINTO: A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos del artículo 192 del
CPACA.
SEXTO: Sin costas.
SÉPTIMO: Ejecutoriada la presente providencia, expídanse copias autenticadas de la
presente a las partes y al Agente del Ministerio Público.
En primer lugar, el Tribunal examinó el cargo de falsa motivación relacionado con la
atribución de responsabilidad fiscal a la demandante, particularmente en lo concerniente
a su condición de gestora fiscal y a las funciones que le correspondían respecto de los
recursos del Sistema General de Participaciones. Para ello, recordó que dicho vicio se
configura cuando la decisión administrativa se fundamenta en supuestos de hecho o de
derecho inexistentes o erróneamente apreciados.
Bajo esa premisa, analizó el argumento de la demandante según el cual no podía
atribuírsele responsabilidad fiscal por carecer de la condición de gestora fiscal respecto
de los recursos objeto de investigación. Al respecto, consideró que las funciones
asignadas a las secretarías departamentales de planeación por los artículos 83 y 89 de
la Ley 715 de 2001 comprendían actividades de seguimiento, evaluación y control
relacionadas con la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones,
las cuales hacían parte de la gestión fiscal en los términos de la Ley 610 de 2000.
En consecuencia, concluyó que la señora Alcira Chaverra Lagarejo podía ser sujeto
pasivo de responsabilidad fiscal y descartó que el acto acusado estuviera falsamente
motivado por la atribución de dicha condición o por las funciones tenidas en cuenta por
la Contraloría para fundamentar la declaratoria de responsabilidad.
Posteriormente, el Tribunal analizó el cargo relacionado con la falta de competencia para
decidir el grado de consulta. Recordó que el artículo 18 de la Ley 610 de 2000 establece
que, una vez recibido el expediente por el superior funcional o jerárquico, este dispone
de un término de un mes para resolver el grado de consulta. Vencido dicho plazo sin que
se haya proferido la respectiva decisión, queda en firme la providencia objeto de consulta.
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Bajo esa premisa, advirtió que en el expediente obraba el Oficio núm. 282113, mediante
el cual se remitió el expediente fiscal para surtir el grado de consulta. Dicho documento
registraba un sello de radicación de la Contraloría General de la República con fecha 1º
de diciembre de 2014 y, adicionalmente, una constancia manuscrita según la cual el
expediente había sido recibido el día 3 de diciembre «para dar trámite al grado de
consulta».
Al valorar ambas fechas, el Tribunal estimó que la relevante para efectos del artículo 18
de la Ley 610 de 2000 era la correspondiente al 1º de diciembre de 2014, por cuanto
reflejaba el ingreso formal del expediente a la Contraloría General de la República a
través del registro oficial de radicación. En consecuencia, consideró que la constancia
manuscrita que daba cuenta del recibo del expediente el 3 de diciembre de 2014 para
efectos del trámite de la consulta no modificaba el inicio del cómputo del término legal.
Con fundamento en ello, concluyó que el término para resolver el grado de consulta debía
contabilizarse a partir del 1º de diciembre de 2014, por lo que el plazo previsto en el
artículo 18 de la Ley 610 de 2000 vencía, en principio, el 1º de enero de 2015. No
obstante, como para esa fecha se encontraba vigente la suspensión de términos
dispuesta entre el 1º y el 20 de enero de 2015, estimó que el día restante para completar
el término debía contabilizarse a partir de la reanudación, de manera que la oportunidad
para decidir expiraba el 21 de enero de 2015. Como el Auto ORD-80112-009 fue expedido
el 23 de enero siguiente, concluyó que la decisión fue adoptada por fuera del plazo
legalmente establecido.
En esas condiciones, determinó que el Contralor General de la República había perdido
competencia para resolver el grado de consulta y, en consecuencia, declaró la nulidad
del acto acusado.
Dada la prosperidad de este cargo, el Tribunal se abstuvo de examinar los
cuestionamientos relacionados con la valoración del material probatorio recaudado
durante la actuación fiscal, que agrupó bajo la denominación de «violación del debido
proceso por error de hecho por falso juicio».
A título de restablecimiento del derecho, dispuso que permaneciera en firme el Auto núm.
000685 del 27 de noviembre de 2014, mediante el cual la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva absolvió a los vinculados al
proceso fiscal. Por otra parte, negó el reconocimiento de los perjuicios materiales
reclamados por la demandante por concepto de «gastos de apoderamiento», al
considerar que no se encontraban acreditados dentro del expediente. Por último, se
abstuvo de condenar en costas.
III. El RECURSO DE APELACIÓN
La Contraloría General de la República solicitó revocar la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda8. Como argumento preliminar,
8Índice 25 del aplicativo SAMAI. Archivo: «CUADERNO NO 1 FOLIOS 1 AL 379(.pdf)». Folios: 344-352.
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sostuvo que las decisiones de responsabilidad fiscal fueron adoptadas con observancia
del debido proceso y con fundamento en el material probatorio recaudado durante la
actuación administrativa. Asimismo, afirmó que la demandante tuvo conocimiento de las
actuaciones adelantadas en su contra, ejerció su derecho de defensa e intervino
plenamente en las distintas etapas del proceso fiscal.
Por otra parte, cuestionó la conclusión del Tribunal según la cual el Contralor General de
la República había perdido competencia para decidir el grado de consulta.
Sostuvo que la sentencia de primera instancia tomó como punto de partida para el
cómputo del término de un mes establecido en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000 para
decidir el grado de consulta, la fecha registrada en el sistema de gestión documental de
la entidad, correspondiente al 1º de diciembre de 2014, sin distinguir entre la creación y
remisión interna del documento y la recepción efectiva del expediente por parte de la
dependencia competente para tramitar dicho mecanismo.
Explicó que el Oficio núm. 82113, mediante el cual se remitió el proceso de
responsabilidad fiscal para surtir el grado de consulta, fue generado el 1º de diciembre
de 2014 por la dependencia de origen. Sin embargo, la recepción efectiva del proceso
por parte de la autoridad encargada del trámite tuvo lugar el 3 de diciembre siguiente,
circunstancia que, según indicó, se encontraba acreditada tanto en la constancia de
recibido obrante en el expediente como en los registros de trazabilidad del sistema de
gestión documental SIGEDOC, cuyos reportes y capturas de pantalla fueron
incorporados al escrito de apelación.
Con fundamento en ello, sostuvo que el término de un mes previsto en el artículo 18 de
la Ley 610 de 2000 debía contabilizarse a partir del 3 de diciembre de 2014, fecha en la
que la dependencia competente recibió el expediente para tramitar el grado de consulta.
Bajo ese entendimiento, la oportunidad para adoptar la decisión vencía, en principio, el 3
de enero de 2015. No obstante, el término fue suspendido entre el 1º y el 20 de enero de
2015 mediante la Resolución Reglamentaria núm. 010 del 31 de diciembre de 2014,
expedida con ocasión de circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito. En
consecuencia, afirmó que, al momento de iniciarse la suspensión, aún restaban tres días
para que expirara el plazo legal, los cuales debían contabilizarse a partir de la
reanudación de los términos el 21 de enero de 2015, razón por la cual la fecha límite para
decidir la consulta era el 23 de enero de 2015.
Bajo esa premisa, concluyó que el Auto ORD-80112-009 fue expedido oportunamente,
pues fue proferido precisamente el 23 de enero de 2015, razón por la cual no se configuró
la pérdida de competencia declarada por el Tribunal.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
4.1. Mediante providencia del 21 de junio de 20219, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la Contraloría General de la República. Posteriormente, por auto del 27
de agosto de 202110, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto.
9 Índice 3 del aplicativo SAMAI.
10 Índice 9 del aplicativo SAMAI.
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4.2. La parte demandante solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia11.
Sostuvo que el Tribunal valoró adecuadamente el material probatorio al concluir que la
fecha relevante para contabilizar el término previsto en el artículo 18 de la Ley 610 de
2000 era la consignada en el sello institucional de recibido del 1 de diciembre de 2014.
Afirmó que la Contraloría General de la República no aportó oportunamente elementos
que permitieran acreditar que la recepción del expediente para efectos del trámite de la
consulta ocurrió el 3 de diciembre siguiente, por lo que resultaba improcedente pretender
sustentar en segunda instancia, mediante explicaciones sobre el funcionamiento del
sistema SIGEDOC y documentos anexos al recurso, una circunstancia que no fue
debidamente demostrada ante el juez de primera instancia.
4.2. La Contraloría General de la República reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación y solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia12.
Sostuvo que la decisión del Tribunal se fundamentó en una interpretación errónea del
artículo 18 de la Ley 610 de 2000, al contabilizar el término para decidir el grado de
consulta desde la fecha de generación y remisión interna del oficio mediante el cual se
envió el expediente, y no desde la fecha en que este fue recibido por la dependencia
competente para tramitar la consulta.
En ese sentido, reiteró que el sistema de gestión documental SIGEDOC permitía
establecer que el expediente ingresó a la Oficina Jurídica el 3 de diciembre de 2014 y
que, una vez descontado el período de suspensión de términos dispuesto entre el 1º y el
20 de enero de 2015, la decisión de consulta adoptada el 23 de enero de 2015 fue
proferida dentro del plazo legalmente previsto.
4.3. El Ministerio Público guardó silencio.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, de conformidad con lo
previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 13
(modificado por el artículo 1 del Acuerdo núm. 434 de 2024), que regula la distribución
de negocios entre las secciones.
5.2. El acto administrativo demandado
Auto núm. ORD-80112-009 del 23 de enero de 2015 proferido por el despacho del Contralor
General de la República al resolver el grado de consulta dentro del proceso de responsabilidad
fiscal núm. 2014-03150-000225, cuya parte resolutiva, en lo pertinente, dispone:
MODIFICAR en grado de consulta el Auto No. 000685 del 27 de noviembre de 2014
dictado por la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva, el cual quedará así:
PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, en forma solidaria y a título de
Culpa Grave en contra de los señores MANUEL JOAQUIN PALACIOS ASPRILLA […] en
11 Índice 14 y 15 del aplicativo SAMAI.
12 Índice 16 del aplicativo SAMAI.
13 Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
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su condición de Alcalde del Municipio de Bojayá-Chocó, ALCIRA CHAVERRA LAGAREJO
[…] en su condición de Secretaria de Planeación del Departamento del Chocó, y
FLORENCIA DELFINA GÓMEZ RENTERÍA […]en su condición de Profesional
Universitario Grado 16 de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Departamento
del Chocó, por los hechos materia de investigación, en cuantía de DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS ($249'304.594,oo).
5.3. Delimitación de la controversia y metodología de la decisión
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos concretos formulados en el recurso
de apelación, los cuales delimitan el ámbito de competencia funcional del juez de
segunda instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código General
del Proceso14.
Por consiguiente, el análisis se centrará únicamente en los argumentos de la apelación
relacionados con que no se configuró la falta de competencia del Contralor General de la
República para resolver el grado de consulta, en la medida de que no se dan los
supuestos de los artículos 287 -inciso segundo-15 y 32816 del Código General del Proceso
que habilitan al juez de segunda instancia para pronunciarse sobre los cargos no
estudiados por el a quo y resolver sin limitaciones, respectivamente.
En consecuencia, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia consiste en
determinar si el Auto núm. ORD-80112-009 del 23 de enero de 2015 fue expedido dentro
del término previsto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000 o si, por el contrario, para esa
fecha la autoridad fiscal había perdido competencia para adoptar dicha decisión.
5.4. Análisis sobre la falta de competencia para decidir el grado de consulta
El artículo 18 de la Ley 610 de 2000 regula el grado de consulta dentro de los procesos
de responsabilidad fiscal y establece tanto los eventos en que este procede como el
término con que cuenta la autoridad competente para resolverlo. De manera particular,
la disposición prevé que, una vez recibido el expediente por el superior funcional o
jerárquico, este dispone de un plazo de un (1) mes para proferir la decisión
correspondiente. Asimismo, determina que, si dicho término transcurre sin que se adopte
la respectiva providencia, adquiere firmeza el fallo o auto sometido a consulta, sin
perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pueda derivarse para el funcionario que
omitió decidir oportunamente. La norma es del siguiente tenor:
14 «ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71».
15 «El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte
perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un
proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria».
16 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones».
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Artículo 18. Grado de consulta. Se establece el grado de consulta en defensa del interés
público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Procederá
la consulta cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o
cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado
representado por un apoderado de oficio.
Para efectos de la consulta, el funcionario que haya proferido la decisión deberá enviar el
expediente dentro de los tres (3) días siguientes a su superior funcional o jerárquico, según
la estructura y manual de funciones de cada órgano fiscalizador.
Si transcurrido un mes de recibido el expediente por el superior no se hubiere proferido la
respectiva providencia, quedará en firme el fallo o auto materia de la consulta, sin perjuicio
de la responsabilidad disciplinaria del funcionario moroso.
De la lectura de la norma, se advierte que el legislador estableció que el término para
resolver el grado de consulta inicia a partir del momento en que el expediente es
recibido por el superior competente para decidirlo. Por consiguiente, la fecha de
recepción del expediente constituye el aspecto central para establecer si la decisión
adoptada en el presente asunto fue proferida dentro del plazo previsto por el artículo 18
de la Ley 610 de 2000 o si, por el contrario, la competencia para resolver la consulta ya
se había extinguido.
En el expediente obra el Oficio núm. 8211317, mediante el cual la Contraloría Delegada
para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva remitió el proceso de
responsabilidad fiscal núm. 00225 para que se surtiera el grado de consulta.
En dicho documento se observan dos registros de fecha distintos. En la parte superior
aparece un sello institucional de la Contraloría General de la República con fecha 1º de
diciembre de 2014, mientras que en la parte inferior obra una constancia manuscrita
fechada el día 3 de ese mismo mes y año, en la que se registra el recibo del expediente
y de los documentos remitidos, así:
17 Índice 25 del aplicativo SAMAI. Archivo: «CUADERNO NO 1 FOLIOS 1 AL 379(.pdf)». Folio: 259.
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Si bien ambos registros aparecen incorporados en un mismo documento, lo cierto es que
corresponden a actuaciones distintas dentro del trámite de remisión del expediente.
En efecto, el sello institucional ubicado en la parte superior contiene información propia
del sistema documental de la Contraloría General de la República, entre ella el número
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de identificación del documento, la dependencia de origen, la dependencia destinataria y
la fecha de registro correspondiente al 1º de diciembre de 2014. Por su parte, la anotación
manuscrita incorporada en la parte inferior da cuenta de la recepción material de la
documentación remitida e incluye una referencia expresa a la fecha 3 de diciembre de
2014, así como a la cantidad de carpetas recibidas y la correspondiente firma de quien
efectuó dicha actuación.
Bajo esa perspectiva, el documento permite advertir que la fecha del 1º de diciembre de
2014 se encuentra asociada al registro y remisión del oficio dentro del sistema
documental de la entidad, mientras que la del 3 de diciembre de 2014 corresponde a una
actuación posterior relacionada con el recibido físico del expediente remitido.
La anterior conclusión guarda correspondencia con lo sostenido por la Contraloría
General de la República desde la contestación de la demanda y reiterado en el recurso
de apelación, según lo cual la fecha del 1º de diciembre de 2014 corresponde a la
generación y remisión interna del oficio mediante el cual se envió la actuación, mientras
que la recepción efectiva del expediente por la dependencia encargada de tramitar el
grado de consulta ocurrió el día 3 de ese mismo mes y año.
En sustento de dicha afirmación, la Contraloría General de la República incorporó en el
recurso de apelación varias capturas de pantalla correspondientes a la trazabilidad del
documento identificado con el radicado 2014IE0166674 en el sistema de gestión
documental SIGEDOC:
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De las anteriores imágenes se observa que el documento fue registrado como una
comunicación interna enviada por la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva con destino a la Oficina Jurídica. Asimismo, se advierte
que en los campos «Fecha de creación» y «Fecha de radicación» aparece consignada la
fecha 1º de diciembre de 2014 a las 16:13 horas.
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Del mismo modo, los registros de auditoría muestran que, con posterioridad a esa fecha,
el documento continuó surtiendo diversas actuaciones administrativas relacionadas con
su recepción, clasificación, asignación y traslado interno. Particularmente, se observan
registros correspondientes a los días 2 y 3 de diciembre de 2014 asociados al recibo y
trámite del expediente por funcionarios adscritos a la Oficina Jurídica.
Tales registros corroboran la información consignada en el Oficio núm. 82113. En efecto,
la trazabilidad del sistema SIGEDOC muestra que la fecha del 1º de diciembre de 2014
corresponde a la creación y radicación del documento por la dependencia de origen,
mientras que las actuaciones posteriores registradas en el sistema evidencian
actividades asociadas a su recepción y trámite durante los días subsiguientes,
circunstancia que resulta concordante con la constancia manuscrita de recibo fechada el
3 de diciembre de 2014.
La Sala considera procedente valorar las capturas de pantalla incorporadas con el
recurso de apelación, en atención al criterio acogido por esta Sección que, al resolver
una controversia relacionada con la determinación de la fecha relevante para el cómputo
de un término procesal, señaló:
Pese a lo anterior, una vez revisado el expediente, particularmente los pantallazos
adjuntados en el recurso de apelación, la Sala advierte que el a quo sí se equivocó en la
fecha a partir de la cual debía contarse la caducidad en el presente caso, pero no por el
hecho de que el día de la notificación de la resolución que dio por terminada la actuación
administrativa fuera inhábil o porque la notificación no pueda entenderse surtida en un día
inhábil, sino porque tuvo en cuenta una fecha incorrecta que no obedecía al día en que
realmente se remitió la notificación.
[...]
La actora, en el recurso de apelación, aportó sendos pantallazos en los que obra la
constancia de remisión del correo electrónico contentivo de la referida notificación emitido
por la empresa de servicios postales 4/72 y del correo de recepción de esta, en los que
se puede corroborar que la fecha de notificación de la Resolución núm. 0023352 de 2023
fue el día 18 de octubre de 2023 y no el 15 de ese mismo mes y año como erradamente
lo sostuvo el Tribunal.
[...]
Cabe resaltar que los pantallazos traídos a colación solo fueron aportados con el recurso
de apelación interpuesto contra el auto por medio del cual se rechazó la demanda,
situación que pudo dar lugar al error en el que incurrió el a quo, pues resolvió sobre la
admisibilidad de la demanda con los documentos anexados con la misma.
Bajo esa misma lógica, la Sala estima procedente valorar conjuntamente el Oficio núm.
82113 y los registros de trazabilidad del sistema SIGEDOC, pues estos últimos permiten
precisar el alcance de la información consignada en dicho documento y reconstruir la
secuencia documental surtida entre la dependencia de origen y la dependencia
destinataria.
En ese orden de ideas, las anotaciones plasmadas en el Oficio núm. 82113 y los registros
de trazabilidad del sistema SIGEDOC permiten concluir que las fechas del 1 y 3 de
diciembre de 2014 no corresponden a una misma actuación administrativa. La primera
se relaciona con la creación, radicación y remisión interna del documento por parte de la
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dependencia de origen, mientras que la segunda evidencia la recepción del expediente
por la dependencia destinataria encargada de tramitar el grado de consulta.
Lo anterior resulta relevante para este caso, dado que el artículo 18 de la Ley 610 de
2000 prevé el inicio del cómputo del término para resolver el grado de consulta al
momento en que el expediente es recibido por el superior competente. Por ello, la fecha
del 1º de diciembre de 2014, asociada a la creación y remisión interna del oficio no
satisface dicho supuesto normativo, a diferencia de la del 3 de diciembre de 2014, que
corresponde a la recepción efectiva del expediente por la dependencia encargada de
tramitar la consulta.
Por consiguiente, la Sala encuentra acreditado que el expediente fue recibido por la
dependencia competente para adelantar el trámite de la consulta el 3 de diciembre de
2014, motivo por el cual es la fecha que debe tenerse en cuenta para contabilizar el
cómputo del término de un (1) mes previsto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000.
Precisado lo anterior, y teniendo en cuenta la suspensión de términos dispuesta mediante
la Resolución Reglamentaria Ejecutiva núm. 010 del 31 de diciembre de 2014 18, medida
cuya validez ha sido reconocida por esta Corporación19, el término previsto en el artículo
18 de la Ley 610 de 2000, en el presente caso debe contabilizarse así:
ACTUACIÓN FECHA
Recepción del expediente por la
dependencia competente para tramitar el 3 de diciembre de 2014
grado de consulta
Vencimiento inicial del término de un (1)
mes previsto en el artículo 18 de la Ley 3 de enero de 2015
610 de 2000
Inicio de la suspensión de términos 1 de enero de 2015
Días restantes al momento de la 3 días
suspensión
Reanudación de términos 21 de enero de 2015
Fecha límite para decidir el grado de 23 de enero de 2015
consulta
Expedición del Auto núm. ORD-80112- 23 de enero de 2015
009
De acuerdo con el anterior cómputo, la Sala concluye que el Auto núm. ORD-80112-009
del 23 de enero de 2015 fue expedido dentro del término previsto en el artículo 18 de la
Ley 610 de 2000 para resolver el grado de consulta. En consecuencia, no se configuró la
pérdida de competencia declarada por el Tribunal Administrativo del Chocó, razón por la
cual la sentencia apelada deberá ser revocada en este aspecto.
18 Índice 25 del aplicativo SAMAI. Archivo: «CUADERNO NO 1 FOLIOS 1 AL 379(.pdf)». Folios: 360-261.
19 Al respecto, consultar Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 3 de julio de 2025, rad. núm. 85001-23-33-000-2017-00152-01, C.P. Oswaldo Giraldo López,
criterio reiterado en la sentencia de 4 de junio de 2026, rad. núm. 19001-23-33-000-2015-00383-01, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón.
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5.5. Condena en costas
La Sala se abstendrá de imponer condena por concepto de costas en ambas instancias,
comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo
con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365
y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. En consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias, conforme con lo señalado en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Una vez en firme esta decisión, la Secretaría procederá al archivo del
expediente, con las constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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