Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00488-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00488-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2011-00488-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00488-011
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actores: CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA Y OTROS.
TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA, TODA VEZ QUE NO
OPERÓ LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA
SIC. ASIMISMO, SE ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE AL
TRIBUNAL PARA QUE SE PRONUNCIE RESPECTO DE LAS DEMÁS
CENSURAS DE LA DEMANDA, POR CUANTO NO PROSPERARON LOS
CARGOS DE FALTA DE COMPETENCIA Y VIOLACIÓN DE LOS
DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y DE DEFENSA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO2 y por una
de las sociedades actoras GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA
S.A. – CRYOGAS S.A.3, contra la sentencia de 6 de marzo de
2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A”4, que accedió a las pretensiones
de la demanda.
1
Acumulados: 25000-23-24-000-2011-00489-01
25000-23-24-000-2011-00511-01
25000-23-24-000-2012-00883-01
2
En adelante SIC.
3
En adelante CRYOGAS S.A.
4
En adelante Tribunal.
2
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
Actores: CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA Y OTROS.
I. ANTECEDENTES
I.1- Proceso núm. 2011-00488-01
I.1.1. El señor CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA, actuando a
través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda
tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª: Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a) La Resolución núm. 65477 de 25 de noviembre de 2010,
“Por la cual se impone una sanción”, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se
declaró que CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA infringió el
artículo 4º, numeral 16, del Decreto 2153 de 30 de diciembre
19925; y le impuso una multa por valor de $ 154.500.000.
b) La Resolución núm. 18747 de 31 de marzo de 2011, “Por la
cual se resuelven unos recursos de reposición”, por medio de la
cual se confirmó la referida disposición.
5
“Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras
disposiciones”.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
Actores: CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA Y OTROS.
2ª: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título del
restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada o
a la autoridad que corresponda, la restitución de las sumas de
dinero a las que se refiere la pretensión primera con su respectiva
actualización.
3ª: Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la
entidad demandada que dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de la sentencia, publique en un diario de amplia
circulación nacional de las mismas condiciones de aquel en que se
obligó a publicar los actos acusados, que no había lugar a dicha
sanción y que este no ha infringido la ley.
4ª: Que se condene a la SIC a pagar las costas y gastos del
presente proceso.
I.2. Proceso núm. 2011-00489-01
I.2.1. La sociedad OXÍGENOS DE COLOMBIA LTDA, -OXICOL6-,
actuando a través de apoderado, en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del
6
En adelante OXICOL.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
Actores: CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA Y OTROS.
CCA, presentó demanda tendiente a obtener las siguientes
declaraciones:
1ª: Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a) La Resolución núm. 65477 de 25 de noviembre de 2010,
“Por la cual se impone una sanción”, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se
declaró que OXICOL infringió los artículos 1º. de la Ley 155 de 24
de diciembre de 19597 y el numeral 10 del artículo 47 del Decreto
2153 y le impuso una multa de $1.030.000.000.
b) La Resolución núm. 18747 de 31 de marzo de 2011, “Por la
cual se resuelven unos recursos de reposición”, por medio de la
cual se confirmó la referida disposición.
2ª: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título del
restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada o
a la autoridad que corresponda, la restitución de las sumas de
dinero a las que se refiere la pretensión primera con su respectiva
actualización.
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“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas”.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
Actores: CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA Y OTROS.
3ª: Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la
entidad demandada que dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de la sentencia, publique en un diario de amplia
circulación nacional de las mismas condiciones de aquel en que se
obligó a publicar los actos acusados, que no había lugar a dicha
sanción y que este no ha infringido la ley.
4ª: Que se ordene remitir copia de la sentencia que resuelva el
presente proceso a la Dirección del Tesoro Nacional, a la Dirección
General del Presupuesto Nacional y la Contaduría General de la
Nación, para lo de su competencia.
5ª: Que se condene a la SIC a pagar las costas y gastos del
presente proceso.
I.3. Proceso núm. 2011-00511-01
I.3.1. La sociedad AGA FANO FÁBRICA NACIONAL DE
OXÍGENOS S.A., –AGA FANO89-, y la señora DIANA ELIZABETH
RÍOS MEJÍA, actuando a través de apoderado, en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
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Hoy LINDE COLOMBIA S.A.
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En adelante AGA FANO.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
Actores: CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA Y OTROS.
artículo 85 del CCA, presentaron demanda tendiente a obtener las
siguientes declaraciones:
1ª: Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a) La Resolución núm. 65477 de 25 de noviembre de 2010,
“Por la cual se impone una sanción”, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se
declaró que AGA FANO infringió los artículos 1º de la Ley 155 y el
numeral 10 del artículo 47 del Decreto 2153 y le impuso una multa
de $1.030.000.000; y que la señora DIANA ELIZABETH RÍOS
MEJÍA infringió el numeral 16 del artículo 4º del Decreto 2153 y le
impuso una multa de $154.500.000.
b) La Resolución núm. 18747 de 31 de marzo de 2011, “Por la
cual se resuelven unos recursos de reposición”, por medio de la
cual se confirmó la referida disposición.
2ª: Que se declare que los actores no incurrieron en las conductas
sancionadas por medio de los actos administrativos acusados.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
Actores: CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA Y OTROS.
3ª: Que, a título del restablecimiento del derecho, se ordene a la
entidad demandada o a la autoridad que corresponda, abstenerse
de cobrar las sumas de dinero las que se refiere la pretensión
primera.
4ª: Que, a título del restablecimiento del derecho, se ordene a la
entidad demandada o a la autoridad que corresponda, en el evento
en el que los actores por cualquier causa, paguen las multas
impuestas, la restitución de las sumas de dinero a las que se refiere
la pretensión primera con su respectiva actualización y con los
intereses a que haya lugar.
5ª: Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la
entidad demandada publicar en un diario de amplia circulación
nacional de las mismas condiciones de aquel en que se obligó a
publicar los actos acusados, que no había lugar a dicha sanción y
que estos no han infringido la ley.
6ª: Que se condene a la SIC a pagar las costas y gastos del
presente proceso.
I.4. Proceso núm. 2012-00883-01
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
Actores: CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA Y OTROS.
I.4.1. La sociedad CRYOGAS S.A., actuando a través de
apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho prevista en el artículo 85 del CCA, presentó demanda
tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª: Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a) La Resolución núm. 65477 de 25 de noviembre de 2010,
“Por la cual se impone una sanción”, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se
declaró que CRYOGAS S.A. infringió los artículos 1º. de la Ley 155
y el numeral 10 del artículo 47 del Decreto 2153 y le impuso una
multa de $1.030.000.000.
b) La Resolución núm. 25752 de 16 de mayo de 2011, “Por la
cual se rechaza un recurso de reposición”, por medio de la cual se
rechazó por extemporáneo el recurso de reposición presentado por
la sociedad CRYOGAS S.A.
2ª: Que, a título del restablecimiento del derecho, se ordene a la
entidad demandada o a la autoridad que corresponda, la restitución
de las sumas de dinero a las que se refiere la pretensión primera
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Actores: CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA Y OTROS.
con su respectiva actualización y con los intereses a que haya
lugar.
3ª: Que se condene a la SIC a pagar las costas y gastos del
presente proceso.
I.2- Los actores fundamentaron sus demandas, las cuales
presentan el mismo sustento fáctico, en síntesis, en los siguientes
hechos:
1º: El 23 de abril de 2004 el señor JUAN EUGENIO RODRÍGUEZ
ZAMBRANO, representante de la CLÍNICA PEDIÁTRICA LAURA
ALEJANDRA, radicó la queja núm. 04047600 ante la NACIÓN -
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, por
unos hechos ocurridos entre los años 2001 y 2004, en el que,
presuntamente, las hoy demandantes por medio de un acuerdo
estaban impidiendo la entrada de las plantas PSA10 al mercado de
gases medicinales en Colombia.
2º: Que el 21 de mayo de 2004 la NACIÓN - MINISTERIO DE
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Por sus siglas en inglés “Pressure swing adsorber”, también conocidas como “Plantas de Producción
en Sitio”.
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Actores: CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA Y OTROS.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO trasladó dicha queja a la
SIC, para lo de su competencia.
3ª: Que la SIC mediante Resolución núm. 11972 de 25 de mayo de
2005, abrió investigación en contra de: i) las sociedades OXICOL,
AGA FANO (hoy LINDE COLOMBIA S.A.) y CRYOGAS S.A., con
el fin de determinar si dichas compañías vulneraron el artículo 1°
de la Ley 155 y el numeral 10 del artículo 47 del Decreto 2153; y ii)
los señores CÉSAR OSWALDO RIVERA FRANCO, y HERNANDO
VERGARA GÓMEZ CÁCERES11 y MARÍA VICTORIA
ECHAVARRÍA GOICOCHEA como representantes legales de las
referidas sociedades, con el fin de determinar si los referidos
ciudadanos violaron el numeral 16 del artículo 4º del Decreto 2153.
4º: Que a través de la Resolución núm. 14379 de 5 de julio de
2006, se adicionó el anterior acto administrativo de apertura de
investigación y se vinculó a la señora DIANA ELIZABETH RÍOS
MEJÍA, gerente de la División Medicinal y representante legal de
AGA FANO (hoy LINDE COLOMBIA S.A.).
5º: Que el 25 de octubre de 2006, la Delegatura para la Promoción
de la Competencia de la SIC decretó algunas de las pruebas
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Anterior representante legal de AGA FANO.
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solicitadas por los investigados, así como otras que estimó
necesario decretar de oficio; y que el 2 de octubre de 2007, dicha
dependencia nuevamente decretó de oficio otras pruebas y ordenó
como prueba adicional la traducción de un documento encontrado
en el idioma inglés en el computador de la señora DIANA
ELIZABETH RÍOS MEJÍA, gerente de la División Medicinal de AGA
FANO y un documento en el idioma portugués encontrado en el
computador de SANDRA QUINTERO, gerente de operaciones
medicinales de OXICOL.
6º: Que el 18 de junio de 2019, el Delegado para la Promoción de
la Competencia de la SIC envió el informe motivado al
Superintendente de Industria y Comercio, recomendando la
imposición de una sanción por la comisión de prácticas restrictivas
de la competencia; frente a lo cual las demandantes no tuvieron
oportunidad de contradecirlo sustancialmente.
7º: Que por medio de la Resolución núm. 65477 de 25 de
noviembre de 2010, el Superintendente de Industria y Comercio,
impuso las siguientes sanciones a los demandantes por infracción
de las normas antes citadas, así:
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PERSONA NATURAL / JURÍDICA SANCIÓN
CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA $ 154.500.000
OXICOL $ 1.030.000.000
AGA FANO (HOY LINDE COLOMBIA S.A.) $ 1.030.000.000
DIANA ELIZABETH RÍOS MEJÍA $ 154.500.000
CRYOGAS S.A. $ 1.030.000.000
En el artículo décimo de la mencionada resolución se dispuso que,
de conformidad con el numeral 3 del artículo 17 de la Ley 1340 de
24 de julio de 200912, y a costa de las personas naturales y
jurídicas sancionadas, una vez en firme dicha resolución, se
publicara dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de
esta un texto señalado por la Superintendencia en donde se
informa las sanciones impuestas y los motivos de las mismas.
8º: Que contra la mencionada decisión, los señores CÉSAR
OSWALDO FRANCO RIVERA y DIANA ELIZABETH RÍOS
MEJÍA, así como las sociedades OXICOL, AGA FANO y CRYOGAS
S.A. interpusieron recursos de reposición, siendo resueltos frente a
los referidos señores y las primeras dos compañías, mediante
Resolución núm. 18747 de 31 de marzo de 2011, en la que se
confirmó la decisión recurrida; y, en cuanto a CRYOGAS S.A., a
través de la Resolución núm. 25752 de 16 de mayo de 2011,
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“Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”.
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en la que se rechazó por extemporáneo el recurso de reposición
presentado.
II- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
II.1 2011-00488-01
En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo la violación de los
artículos 29 de la Constitución Política; 35 y 38 del CCA; 1° de la
Ley 155; 2º, numeral 2, 4º, numerales 1 y 16, 47, numeral 10 y 52
del Decreto 2153; y 19 de la Ley 256 de 1996.
En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:
II.1.1. Falsa motivación
Alegó que la SIC dio por probado, sin estarlo, que AGA FANO,
OXICOL y CRYOGAS S.A. ejecutaron conductas conscientemente
paralelas con el fin de evitar la entrada en el mercado de las
compañías que ofrecían tecnología PSA.
Mencionó que no se demostró, en los actos administrativos
acusados, que la referida conducta haya correspondido a una
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práctica concertada; y que, por el contrario, dicha conducta es una
reacción completamente natural de cualquier comerciante diligente
que viera latente la afectación de la calidad de su producto con los
riesgos a la salud que se presenta para la vida de muchas
personas.
Expresó que la SIC no motivó su decisión de no hacer
pronunciamiento alguno de por qué no tuvo en cuenta la confesión
del representante legal de AGA FANO, efectuada bajo la gravedad
de juramento; y que, además, la entidad demandada tomó
documentos del año 2002, tales como el plan de acción PSA, el cual
correspondía a una estrategia propia y legítima de OXICOL, el cual
tiene una fecha anterior a la supuesta estrategia Burson-Marsteller.
Que lo anterior evidencia que la SIC motivó falsamente la inclusión
de dicha estrategia de imagen, como elemento conector entre las
diferentes compañías sancionadas.
Mencionó que la existencia de una estrategia de manejo de
relaciones públicas no está prohibida legalmente y no existe prueba
alguna que la mencionada estrategia hubiera sido acogida por
alguna de las sociedades sancionadas; por el contrario, la sociedad
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contratante de la misma, AGA FANO, indicó que dicha estrategia
no era compatible con la visión y las políticas de la empresa.
Indicó que, de los contratos examinados por la SIC, no puede
deducirse la existencia de un acuerdo o de una práctica
conscientemente paralela entre OXICOL, AGA FANO y CRYOGAS
S.A., toda vez que el primer contrato citado por la SIC como
ejemplo de la conducta, inexistente a su juicio, celebrado por
CRYOGAS, es un contrato de suministro y transporte de gases con
la Clínica del Rosario de Cartagena, cuya fecha de suscripción fue el
21 de octubre de 2006, esto es, 9 años después del primer contrato
suscrito por OXICOL y 2 años después del suscrito por AGA FANO,
también traídos a colación por la entidad demandada.
II.1.2. Falta de Competencia
Manifestó que la facultad sancionadora de las autoridades
administrativas caduca a los 3 años de ocurrido o producido el acto
que pueda ocasionarlos; y que, aunque la caducidad opera por
ministerio de la ley, el funcionario debe declararla.
Señaló que hubo solicitudes de las investigadas, frente a las cuales
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la SIC argumentó no tener elementos de juicio y que debería
esperar hasta cuando se expidiera la resolución final de la actuación
administrativa; y que en dicha resolución transcribió una cita
jurisprudencial descontextualizada que se refiere a la manera en
que se ejecutan los contratos de tracto sucesivo, lo cual demuestra
una indebida motivación cuando incluso se refiere a diversos
contratos celebrados por las compañías sancionadas, aduciendo que
los mismos tenían cláusulas de exclusividad.
Indicó que la SIC, erróneamente, concluyó que la conducta era
continuada en el tiempo, aun cuando no es cierto que la inclusión
de cláusulas de exclusividad tenga alguna relación con las
conductas imputadas.
Explicó que la conducta imputada por la Superintendencia a las
investigadas no podía tenerse como de ejecución sucesiva, debido a
que el perfeccionamiento de esa conducta, es decir, del supuesto
acuerdo o convenio, es el presunto pacto que hubo entre OXICOL y
sus competidores, frente a lo cual la entidad demandada se limitó a
establecer que ocurrió “por lo menos desde el 2002” o “en los
últimos 8 años”.
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Alegó que la entidad demandada en ningún momento dentro del
trámite administrativo estableció un hito temporal exacto, es decir,
una fecha día/mes/año a partir del cual pueda ser contado el
término de caducidad; y que, en todo caso, la facultad de la SIC
estaba caducada frente a OXICOL y, por consiguiente, frente al
actor, al momento de expedir los actos administrativos acusados.
Trajo a colación el siguiente cuadro para explicar el tiempo
transcurrido y por qué había caducado la facultad sancionatoria de
la SIC:
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II.1.3. Violación del derecho al debido proceso
Manifestó que la facultad sancionatoria de la SIC recae sobre actos
concretos de los investigados que pueden constituir violaciones de
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Folio 141 del cuaderno núm. 1 del expediente de primera instancia.
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la Ley; y que en el proceso llevado a cabo para sancionar al
demandante, la SIC confundió los conceptos de actos con los de
violaciones, dado que ante el argumento de que se encontraba
investigando una misma violación al régimen de la competencia,
incluyó una serie de actos en distintas etapas de la investigación sin
permitirle a la empresa OXICOL ni al actor ejercer su derecho de
defensa sobre cada uno de esos actos.
Señaló que en el caso en concreto la violación investigada por la
SIC fue un supuesto acuerdo y era dicha entidad quien tenía la
carga de probar y señalar concretamente que actos constituían
dicha violación; y que ante los nuevos actos incluidos por la SIC,
esta entidad debió abrir nuevas investigaciones para que los
investigados tuvieran un debido proceso para pronunciarse respecto
de estos, pero ello no fue así.
Indicó que nunca fue demostrado por parte de la SIC la existencia
de un cartel; y que en el procedimiento administrativo nunca fue
mencionada alguna prueba de la que pudiera inferirse que CÉSAR
OSWALDO FRANCO RIVERA hubiera ejecutado o autorizado las
conductas objeto de cuestionamiento, ni que hubo una omisión de
su parte para permitir o tolerar la celebración o ejecución de
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acuerdos anticompetitivos.
II.2. 2011-00489-01
En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los
artículos 29 de la Constitución Política; 35 y 38 del CCA; 1° de la
Ley 155; 2º, numeral 2, 4º, numerales 1 y 16, 47, numeral 10 y 52
del Decreto 2153; y 19 de la Ley 256 de 1996.
En síntesis, alegó los mismos cargos de violación indicados en el
proceso 2011-00488-01.
II.3. 2011-00511-01
En apoyo de sus pretensiones, los actores adujeron la violación de
los artículos 29 de la Constitución Política; 174, 178, 187, 248 y
250 del CPC; 35 y 38 del CCA; 52 del Decreto 2153; y 40 de la Ley
153 de 1887.
En síntesis, señalaron los siguientes cargos de violación:
II.3.1 Violación de las normas en que debía fundarse
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Sostuvieron que la SIC desconoció las normas en que debía
fundarse los actos acusados, al no aplicar las disposiciones sobre
caducidad de la facultad sancionatoria, a pesar de que
transcurrieron más de siete (7) años desde que ocurrieron los
hechos investigados.
Mencionaron que la Superintendencia demandada consideró que la
caducidad no operó por tratarse de una investigación por conductas
continuadas, desarrolladas durante al menos los últimos ocho (8)
años y que incluso se prolongaron más allá de la resolución de
sanción.
Alegaron que la investigación administrativa se inició por hechos
ocurridos entre los años 2001 y 2004, razón por la cual, para el 25
de noviembre de 2010, fecha de expedición de la Resolución
núm. 65477 acusada, la facultad sancionatoria de la entidad ya
había caducado y, por ese mismo motivo, el acto administrativo fue
expedido sin la competencia para ello.
Argumentaron que conforme las normas y la jurisprudencia
pertinente, se debe concluir que, independientemente de que los
efectos de una conducta puedan permanecer en el tiempo, lo que
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es decisivo para que comience a transcurrir el término de
caducidad, es la fecha de su ocurrencia y no el momento en el que
cesan sus efectos, puesto que, de lo contrario, se haría nugatoria la
figura de la caducidad.
Anotaron que en el presente caso lo relevante es identificar el
último hecho objeto de investigación, que en todo caso no puede
ser posterior a la fecha de apertura de la misma, es decir, 25 de
mayo de 2005, cuando se expidió la Resolución núm. 11972; y que,
en este orden, el periodo investigado no puede prolongarse más
allá del año 2005, fecha en la que se abrió la investigación, dado
que si la SIC hubiera encontrado que, con posterioridad a esa fecha
ocurrieron nuevos hechos que merecían ser indagados, debió iniciar
nuevas investigaciones con el propósito de dilucidar lo ocurrido,
pero no considerar que se trataba de conductas continuadas.
II.3.2 Violación del derecho de audiencia y defensa
Indicaron que la SIC vulneró flagrantemente el artículo 29 de la
Constitución Política, al modificar durante el transcurso de la
investigación, la imputación fáctica sin brindar a los investigados la
oportunidad procesal correspondiente para desvirtuar los nuevos
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hechos objeto de sanción.
Señalaron que dicha actuación desconoció los postulados acerca de
la congruencia que debe existir entre la acusación y la sanción, así
como el principio de contradicción de la prueba que debe regir en
las actuaciones administrativas, como pilar fundamental del
derecho de defensa.
II.3.3 Falsa Motivación
Manifestaron que las pruebas que se aportaron y aquellas cuya
práctica se solicitó, demuestran que las consideraciones de la SIC
acerca de las actuaciones de los demandantes, así como las
conclusiones de esa entidad en relación con su conducta, no
corresponden a la realidad ni a rectos juicios jurídicos.
Arguyeron que la SIC desconoció las pruebas y argumentos
jurídicos que acreditaron que los demandantes actuaron conforme a
la ley sin concretar la conducta con sus competidores; y que la
entidad demandada partió sin tener pruebas del supuesto de que
existía un acuerdo, en la modalidad de práctica concertada entre las
sociedades demandantes para evitar que terceros entraran al
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mercado de gases medicinales en Colombia.
Que la SIC concluyó que existían elementos objetivos que
facilitaban tal práctica, sin que los mismos hubiesen sido probados,
desconociendo los argumentos y pruebas relativos a que el objeto
de las visitas que realizó AGA FANO, a sus clientes, así como la
información suministrada a los mismos sobre las PSAs, tenían un
objeto lícito y diferente al que le atribuyó la Superintendencia.
Expusieron que la SIC desconoció los argumentos relacionados con:
i) la presentación Burson-Marsteller; ii) las cláusulas de
exclusividad; iii) la disuasión de clientes a través de precios como
conducta lícita; y iv) la ausencia de amenazas, presiones o dádivas
referentes al desmonte de las plantas PSA.
Pusieron de presente que las conductas que, en criterio de la SIC,
dieron lugar a sancionar a la actora DIANA ELIZABETH RÍOS
MEJÍA sólo fueron conocidas hasta la Resolución que resolvió el
recurso de reposición.
II.4 2012-00883-01
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En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los
artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 23, 29, 58, 83, 84, 90, 122, 123, 209, 228
y 230 de la Constitución Política; 2º, 3º, 7º, 38, 44, 45, 51, 63 y 66
del CCA; 161 numeral 2 del CPACA; 1º, 4º, 822, 845, 851, 853,
862, 864 y 977 del Código de Comercio; 1494, 1502, 1505, 1530,
1536, 1602 y 1625 del Código Civil; 174, 176, 177, 178, 179, 187,
248 y 250 del CPC; 1° de la Ley 155; 44 a 50 y 52 del Decreto
2153; 1º, 10, 12 y 13 de la Ley 256 de 1996; Decreto 677 de
1995; la Resolución núm. 3183 de 199514, el Decreto 549 de
200115; el Acuerdo 228 de 200216; la Resolución núm. 1672 de
200417; la Resolución núm. 3862 de 200618 y la Resolución núm.
4410 de 200919.
En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:
II.4.1 Violación de los derechos al debido proceso y de defensa
Manifestó que la violación de estos derechos se da por parte de la
14
Expedida por el Ministerio de Salud, por medio de la cual se adoptó oficialmente el Manual de BPM
de la Organización Mundial de la Salud.
15
Expedido por el Ministerio de Salud, mediante el cual se establece el procedimiento para la
obtención de certificados BPM de los laboratorios fabricantes de medicamentos y directriz del INVIMA.
16
Expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en la Salud, por medio del cual se actualizó el
Manual de Medicamentos del POS, incluyendo al oxígeno como medicamento en la forma
farmacéutica de gas.
17
Expedida por el Ministerio de Protección Social, por la cual se adoptó el Manual de Buenas Prácticas
de Manufactura para gases medicinales.
18
Expedida por el Ministerio de Protección Social, a través del cual de adoptó la guía de inspección de
buenas prácticas de manufactura para la fabricación, llenado y distribución de gases medicinales.
19
Expedida por el Ministerio de Protección Social, mediante la cual se profirió el reglamento técnico
que contiene el Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas de gases medicinales.
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SIC al desarrollar la investigación en un término mayor al previsto
en el artículo 38 del CCA, aplicable en este caso por remisión del
artículo 52 del Decreto 2153, que señala que la facultad que tienen
las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a
los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.
Resaltó que en el caso en concreto transcurrieron siete (7) años
contados desde la presentación de la queja ante la NACIÓN -
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, es decir,
desde el 15 de abril de 2004 hasta cuando se expidió el acto
administrativo sancionatorio con fecha de 25 de noviembre de
2010, por lo que fueron superados los términos previstos en el
artículo 38 ibidem.
Agregó que se violó el principio de legalidad, dado que en la
Resolución núm. 65477 de 25 de noviembre de 2010
acusada, se le impuso a CRYOGAS S.A., una sanción no prevista
por la ley vigente al momento de ocurrencia de los hechos
investigados, puesto que se aplicó retroactivamente una norma
posterior, esto es, el artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, cuando la
disposición vigente era el Decreto 2153, lo que va en contraposición
a las garantías constitucionales establecidas en el artículo 29 de la
Constitución Política.
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Indicó que las imputaciones formuladas en la resolución de apertura
de investigación son diametralmente distintas a los actos por los
cuales resultó sancionada, circunstancia por la cual no tuvo
oportunidad de controvertir y demostrar dentro del proceso
administrativo que nunca contrató o pagó los honorarios al asesor
Burson-Marsteller ni recibió o conoció el mencionado plan de
comunicaciones para una legislación adecuada del oxígeno.
II.4.2 Desviación de poder por falsa motivación
Señaló que la Superintendencia ignoró que en el expediente existen
declaraciones de representantes de clínicas y hospitales que
desvirtúa que ella hubiera denigrado o realizado comentarios
malintencionados en relación con las PSA y que, por tanto, queda
absolutamente demostrado, a su juicio, que los actos realizados por
ella en ningún momento constituyeron violación al régimen de
protección de la competencia, dado que estuvieron encaminados a
informar a la clientela y, por consiguiente, al público en general,
sobre las ventajas de los productos y servicios ofrecidos por la
compañía.
Manifestó que la SIC se contradice al sostener que los actos
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considerados del “quehacer comercial” fueron realizados de forma
coordinada con el único objetivo de desplazar del mercado a la
tecnología PSA; por el contrario, dicho actuar no es más que un
acto de competencia leal, entendido como los encaminados a
mantener e incrementar la clientela, atrayéndola a su producto y,
como consecuencia lógica, persuadiendo al cliente a no acudir a
otros competidores, de manera que no puede la SIC reprochar
estas conductas, dado que desconocería el derecho a la libre
competencia.
Resaltó que no es verídico el argumento de la SIC en donde señala
que las empresas investigadas siguieron las estrategias definidas
por el estudio realizado por Burson-Marsteller y que al seguir las
estrategias allí planteadas se configuró la violación al régimen de
libertad de competencia.
Argumentó que, teniendo en cuenta que el acto recurrido
fundamenta sus acusaciones bajo el denominado “Plan de Acción
contra las PSA”, este sólo contempla lineamientos del “quehacer
comercial”, lo que hace evidente que dichas proyecciones en ningún
momento pueden ser tenidas como violatorias del régimen de
competencia.
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Señaló que se incurre en desviación de poder por falsa motivación
al tergiversar diferentes medios probatorios para dar por
demostrado, sin estarlo, un presunto acuerdo entre las empresas
demandantes, tendiente a impedir el acceso a los mercados o a los
canales de comercialización de terceros, específicamente, de las
empresas productoras de oxígeno medicinal a través del sistema
PSA, dado que, se omitió valorar otros medios probatorios que
desvirtúan el presunto acuerdo y que permiten inferir que la queja
formulada por el representante de la Clínica Pediátrica Laura
Alejandra, hace parte de una estrategia ideada por OGSI LTDA y
OXÍGENOS DE LOS ANDES LTDA. en contra de las querelladas
aprovechando en su momento la falta de regulación de la
producción, transporte y distribución de oxígeno medicinal en
Colombia.
Que también se configura la falsa motivación cuando la SIC da por
demostrado, sin estarlo, que los representantes legales de las
empresas demandantes habían autorizado, ejecutado o tolerados
esas prácticas restrictivas a la competencia investigadas.
Manifestó que la SIC cometió un grave error al dar por demostrado
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que la empresa Burson-Marsteller fue contratada por CRYOGAS
S.A., en asocio con OXICOL, y AGA FANO, para la elaboración y
presentación del mencionado plan estratégico, en el sentido que la
empresa CRYOGAS S.A. nunca contrató, conoció o le fue
presentado o enviado para su conocimiento el mencionado plan y
mucho menos que haya llegado a pagar suma alguna al referido
consultor para su elaboración y presentación.
Expresó que la Superintendencia incurrió en un grave error al forzar
una conclusión sobre la práctica concretada, dado que la
jurisprudencia y doctrina exigen para poder deducir una
concertación, la prueba de tres elementos: a) conductas paralelas
de las investigadas en el mercado; b) contacto efectivo entre las
partes; y c) nexo de causalidad entre los anteriores.
Que, para el caso en concreto, no se probó la existencia de las
conductas paralelas y solo hay una descripción vaga, genérica y
amañada, cimentada sobre conjeturas y no sobre hechos o
conductas que se puedan asociar fácticamente de algún modo a la
prueba de un contacto efectivo de las tres compañías, tendientes a
eliminar del mercado a los vendedores de PSA.
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III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SIC, por medio de apoderado, contestó las demandas y se
opuso a las pretensiones de las mismas, en los siguientes términos
comunes a cada una de las acciones interpuestas:
Señaló que desde el momento de la expedición del informe
motivado, la entidad advirtió que no existían pruebas directas sobre
la configuración del acuerdo o convenio adoptado por las tres
empresas AGA FANO (hoy LINDE COLOMBIA S.A.), CRYOGAS
S.A. y OXICOL, con la finalidad de obstruir la entrada de otros
competidores al mercado; sin embargo, la ausencia de pruebas
directas no es óbice para que pueda estudiarse la existencia de
múltiples pruebas indirectas o indiciarias respecto de la existencia
de conductas anticompetitivas.
Adujo que la verificación de estrategias comunes, adoptadas
durante periodos similares, con implementación de actividades
idénticas, celebrando contratos de compraventa, suministro y
comodato a los que se les incluían cláusulas de exclusividad,
aunado al hecho de contar con la asesoría de una firma consultora
que elaboró un diagnóstico y recomendaciones dirigidas a estas
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mismas tres empresas, permitió con suficiente respaldo probatorio,
declarar probado el acuerdo en la modalidad de práctica
concertada.
Manifestó que los vacíos en la normatividad fueron aprovechados
por las investigadas para crear barreras de entrada al mercado de
fabricación y comercialización de gases medicinales,
particularmente, de oxígeno medicinal; y que de esto se tuvo
conocimiento con ocasión del hallazgo del “Plan de comunicaciones
para propiciar una legislación adecuada para el oxígeno
hospitalario” Burson-Marsteller, en cuyo diagnóstico identificaban
como debilidad general para Colombia una legislación débil con una
aplicación ambigua e inconsistente por parte de las autoridades y
una crisis en el sector de la salud pública que aumentaba el interés
del gobierno en la disminución de los costos de los medicamentos.
Destacó que resultó evidente que el interés de las sociedades
actoras en propiciar una legislación para la producción de oxígeno
medicinal obedecía más a una estrategia anticompetitiva que a un
interés por proteger la salud de los consumidores–pacientes, frente
a los presuntos riesgos provenientes del proceso de producción del
oxígeno in situ o por medio de la tecnología conocida como PSA.
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En relación con las pruebas que llevaron a la SIC a sancionar a las
empresas demandantes, indicó que de conformidad con los
documentos allegados al proceso se encuentra probado en el
expediente que a la empresa CHAHER S.A. se le había aprobado la
compra por parte de Saludcoop de diferentes plantas PSA; que, a
raíz de la actuación realizada por la sociedad AGA FANO, tal
contratación nunca tuvo lugar; y que estas pruebas demostraron
que dicha empresa sí presionó a sus clientes para desmontar las
plantas PSA, a través de las afirmaciones negativas que realizó
sobre dichas plantas.
Anotó que dicha actuación fue puesta en marcha como una
estrategia y, de manera similar, por otra de las demandantes,
cuando años después Saludcoop decidió volver a adquirir plantas
PSA; y que, en esa oportunidad, la empresa OXICOL puso de
presente a Saludcoop que en caso de que ellos instalaran plantas
PSA, dejarían de prestar suministro de oxígeno como “Backup” y
que, en efecto, ello así se evidenció gracias a una presentación
realizada en el año 2008 por OXICOL.
Sostuvo que la misma circunstancia se presentó con la empresa
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CRYOGAS S.A., en la cual por medio de comunicación de 25 de
febrero de 2004 dirigida al gerente de la Clínica Bautista de la
ciudad de Barranquilla utilizó la misma estrategia citada en
precedencia.
Indicó que en el expediente obran diferentes pruebas que
demuestran que la actuación de las investigadas no es propia de
empresas que actúan de manera independiente, sino que la misma
fue realizada de manera coordinada por las investigadas con el fin
de impedir que los proveedores de las plantas PSA entraran al
mercado.
En relación con la caducidad de la facultad sancionatoria, advirtió
que, a su juicio, se equivocan los demandantes cuando estiman que
la fecha que se debe tener en cuenta para analizar la ocurrencia del
fenómeno mencionado está delimitada por la apertura de la
investigación.
Que, de acuerdo con el artículo 38 del CCA, la caducidad para
imponer sanciones se presenta a los tres (3) años de producido el
acto que pueda ocasionarlas. En ese sentido, precisó que es
inviable entender que las pruebas que se obtienen con
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posterioridad al acto de apertura de una investigación no puedan
ser tenidas en cuenta para efectos de determinar la fecha en la que
se produjeron los actos objeto del proceso, dado que tal
interpretación implicaría que sea imposible adelantar una
investigación, ya que no existirían conductas por investigar.
Agregó que tampoco puede limitarse a la fecha de expedición del
acto de apertura de investigación, dado que tal acto fija los
lineamientos a seguir durante el curso de la investigación y con
ello, practicar pruebas que las partes pueden controvertir.
Que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado,
se debe tener en cuenta que la finalidad de las investigaciones por
prácticas comerciales restrictivas de la competencia es proteger los
mercados de la ocurrencia de prácticas anticompetitivas y, en esa
medida, no resulta aceptable que la autoridad de competencia
pierda su facultad para sancionar una conducta que, a pesar de que
inició con anterioridad superior a tres (3) años, aún se encuentra
presente en el mercado produciendo efectos y ocasionando todos
los daños que de la misma se derivan; y que, además, cuando la
práctica reprochable provenga de un contrato, la fecha para
determinar la caducidad no debe ser la de suscripción del mismo
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sino la de su finalización, pues los efectos anticompetitivos se
siguen prolongando en el tiempo mientras perdure la vigencia de
los mismos.
Aseguró que con las pruebas practicadas se encuentra acreditado
que las investigadas adoptaron diferentes comportamientos que
buscaban obstruir la entrada de terceros al mercado, de manera
escalonada por lo menos durante los últimos ocho (8) años, dentro
de los cuales se suscribieron distintos contratos celebrados por las
sociedades demandantes entre los años 2006 y 2010; y que dichas
fechas permiten establecer la referencia cronológica en el cálculo de
los 3 años para que opere la caducidad de las facultades de la
Administración previstas en el artículo 38 del CCA.
Expuso que, contrario a lo manifestado por las actoras, el hecho de
que las cláusulas de exclusividad de los contratos de compraventa,
suministro y/o comodato de gases medicinales se hayan venido
aplicando desde años atrás, no implica que su implementación no
conlleve un efecto restrictivo; y que si bien es cierto que en
Colombia las referidas cláusulas no se pueden considerar per se
cómo restrictivas de la competencia, también lo es que en el
mercado analizado se verificaron las circunstancias que hacían de
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ellas una herramienta idónea para mantener la cuota de
participación de las investigadas.
IV. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 6 de marzo de 2014, el Tribunal, accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda, así:
i) Declaró la nulidad de las resoluciones núms. 65477 de 25 de
noviembre de 2010, 18747 de 31 de marzo de 2011 y 25752
de 16 de mayo de ese año, por medio de las cuales la SIC
declaró que las empresas AGA FANO, OXICOL y CRYOGAS S.A.,
infringieron el artículo 1º de la Ley 155 y el numeral 10 del artículo
47 del Decreto 2153 y les impuso sanción pecuniaria; y que los
señores CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA y DIANA
ELIZABETH RÍOS MEJÍA infringieron el numeral 16 del artículo 4º
del Decreto 2153 y les impuso sanción pecuniaria.
ii) A título de restablecimiento del derecho, declaró que las
sociedades AGA FANO y OXICOL, así como los señores CÉSAR
OSWALDO FRANCO RIVERA y DIANA ELIZABETH RÍOS MEJÍA
no están obligados a pagar la sanción impuesta en los actos
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administrativos anulados; por ende, ordenó que se efectuara el
desglose de la póliza 01JU003244 constituida por la Compañía de
Seguros Confianza, cuyo tomador es la sociedad AGA FANO, así
como efectuar el reintegro del dinero consignado como garantía
judicial por parte de la señora DIANA ELIZABETH RÍOS MEJÍA.
iii) Negó el restablecimiento del derecho elevado dentro del proceso
núm. 2012-00883, por la sociedad CRYOGAS S.A.
iv) Denegó las demás pretensiones de las demandas promovidas
contra la SIC; se abstuvo de condenar en costas; y ordenó devolver
el remanente que hubiese a su favor por concepto de depósito de
expensas para atender los gastos ordinarios del proceso.
Fundamentó su decisión con base en los razonamientos que pueden
resumirse así:
En relación con la facultad sancionatoria de la entidad demandada,
manifestó que esta había caducado, por cuanto la expedición y
notificación del acto administrativo sancionador debe efectuarse
dentro de los 3 años siguientes a la ocurrencia del hecho
constitutivo de sanción, término que debe contabilizarse desde el
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momento en que la autoridad sancionadora haya tenido
conocimiento del mismo, dado que a partir de ese momento es que
puede ejercer su facultad sancionatoria.
Puso de presente que en el caso sub examine, cuando se expidió y
notificó la Resolución núm. 65477 de 25 de noviembre de
2010 demandada había transcurrido más del término de tres (3)
años previsto en el artículo 38 del CCA, lo que conllevó a que la SIC
perdiera competencia para sancionar a las sociedades
demandantes, así como también a los señores CÉSAR OSWALDO
FRANCO RIVERA y DIANA ELIZABETH RÍOS MEJÍA, por la
presunta infracción de las normas que protegen la libre
competencia.
Destacó que la SIC tuvo conocimiento del hecho constitutivo de
sanción el 21 de mayo de 2004, fecha en la que el MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y TURISMO le dio traslado de la queja
presentada en contra de los demandantes, por lo que es evidente
que desde esa fecha la entidad demandada contaba con la facultad
para investigar e imponer sanciones por transgresión a las normas
que protegen la libre competencia.
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Sostuvo que la caducidad está directamente relacionada con el
margen temporal con que cuenta la administración para investigar,
tramitar y sancionar o absolver al administrado de las presuntas
faltas que puedo haber cometido, de tal manera que no se puede
pretender que el investigado espere eternamente que le decidan su
situación frente a la administración, dado que lo contrario se
traduciría en una indefinición de la situación jurídica de aquel, lo
cual atenta contra la seguridad jurídica y los derechos del
administrado.
Advirtió que acogía la tesis referente a que el término de la
caducidad de la facultad sancionatoria de la administración
transcurre hasta el momento en que es expedido y notificado el
acto administrativo sancionador, es decir, que dentro del lapso de
tres (3) años previsto en el artículo 38 del CCA, debe investigarse
la conducta objeto de sanción, expedirse y notificarse el acto
sancionatorio. Ello, en atención a que, si bien es cierto que la
administración ha emitido su decisión, también lo es que la
potestad sancionatoria se tiene como ejercida cuando la decisión ha
sido notificada al administrado o sancionado, puesto que de nada
serviría la existencia de la misma sin que la persona vinculada
conozca de ella, debido a que tal decisión sería letra muerta.
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Expuso que las pruebas que lleguen a recaudarse para efectos de
imponer o no una sanción administrativa, son totalmente
independientes al ejercicio de la facultad sancionatoria, en el
entendido de que la primera conlleva a determinar si es o no
posible una sanción, en tanto que la segunda es el ejercicio de esa
atribución en sí misma; y que en este orden, no puede pretender la
entidad demandada que su facultad sancionatoria se extienda en el
tiempo de forma indefinida, hasta cuando recaude las pruebas que,
a su juicio, puedan resultar suficientes para imponer la sanción.
Arguyó que en el presente caso no existe una conducta continuada,
dado que, de haber existido el hecho constitutivo de sanción, el
mismo se refiere a un acuerdo para limitar la libre competencia, el
cual, aunque tiene efectos prolongados en el tiempo, esta última
circunstancia no lo convierte en una conducta continuada, como
erróneamente lo interpreta la SIC.
De conformidad con lo anterior, señaló que independientemente de
las pruebas que hubiesen que practicar o de la búsqueda de más
medios probatorios, la entidad demandada tuvo conocimiento de la
queja desde el 21 de mayo de 2004, de manera que el término de 3
años para imponer la sanción se extendía hasta el 21 de mayo de
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2007; sin embargo el acto administrativo sancionatorio solo fue
expedido hasta el 25 de noviembre de 2010 y notificado el 9 de
diciembre del mismo año, lo que es sin lugar a duda, por fuera del
término de 3 años con que contaba la Administración para
investigar la conducta, expedir el acto administrativo sancionatorio
y notificarlo, momento para el cual, como ya había caducado tal
facultad, la entidad demandada no tenía competencia para imponer
sanción alguna.
El Tribunal, ante la prosperidad del cargo relacionado con la falta de
competencia, se relevó de examinar el mérito de las demás
acusaciones formuladas por los demandantes.
En relación con el restablecimiento del derecho del proceso 2012-
00883-01, el a quo negó la petición elevada, en el entendido de que
no se encontró probado en el expediente que la sociedad
CRYOGAS S.A. haya incurrido en pago alguno con ocasión de la
expedición de las resoluciones demandadas.
V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
V.1. La SIC, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, denegar las pretensiones contenidas en las demandas.
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Para el efecto, fincó su inconformidad, en esencia, así:
Señaló que el a quo incurrió en un yerro al considerar que el hecho
generador del término de caducidad fue la denuncia trasladada por
la NACIÓN - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO a la SIC el 21 de mayo de 2004, en la medida que
resultó probado, por esta última entidad, que la conducta
investigada inició en el año 2002 y tuvo vocación de permanencia
hasta el 13 de diciembre de 2010 para el caso de AGA FANO, 26
de agosto de 2010 para OXICOL y el 9 de abril de 2012 para
CRYOGAS S.A., fechas en las que habría cesado la conducta
desplegada por cada una de las sociedades actoras y éstas eran las
que se debían tener en cuenta al momento de contar la ocurrencia
o no del fenómeno de la caducidad.
Mencionó que el a quo no realizó alguna valoración ni mucho menos
logró desvirtuar la existencia y duración de los contratos obrantes
en el expediente administrativo y que ratificaban la permanencia en
el tiempo de la conducta anticompetitiva desplegadas por dichas
sociedades y que fue abiertamente contraria al interés general
tutelado en el artículo 333 de la Constitución Política, como también
en el régimen de protección de la competencia.
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Alegó que no es cierto lo expuesto por el Tribunal, en el sentido de
tratarse de una conducta de ejecución instantánea, que generó
efectos en el tiempo, dado que se probó que se estuvo ante una
conducta continuada, de tracto sucesivo, cuyo propósito era evitar
el ingreso o permanencia de las PSA en el mercado.
Manifestó que el a quo erró al determinar que la caducidad había
operado, dado que de conformidad con la jurisprudencia el término
para su contabilización inicia en fecha inmediatamente posterior al
último hecho conocido, de tal manera que habiéndose sustentado
con pruebas obtenidas de los mismos demandantes, la conducta
endilgada perduró un poco más de ocho (8) años, de manera que,
evidentemente, a su juicio, no había operado en la fecha señalada
en el fallo de primera instancia, sino en unas posteriores, teniendo
en cuenta que el último hecho conocido en el caso de cada uno de
los demandantes, se dio en un momento diferente.
Sostuvo que si bien es cierto que mediante oficio de 21 de mayo de
2004 la NACIÓN - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO trasladó la queja interpuesta por la Clínica Pediátrica
Laura Alejandra de Bogotá, resulta contrario a la verdad procesal
que fue ese el momento en que la SIC conoció los hechos.
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Lo anterior, debido a que la referida queja aludía a la decisión
adoptada por su proveedor de oxígeno de suspender el suministro
del mismo y otros gases medicinales, pero no mencionaban las
restricciones que ello estaba ocasionando en el mercado, porque no
lo conocían; y que hay una diametral diferencia entre radicar o
trasladar una queja y el conocimiento que la SIC tenga de las
conductas anticompetitivas.
Indicó que la Clínica quejosa denunció el perjuicio que le
ocasionaba la sociedad OXICOL al no suministrarle oxígeno y lo
que la SIC logró determinar, después de meses de indagaciones y
recaudo de pruebas, fue un cartel en el mercado de oxígeno
medicinal, conformado por empresas competidoras que se
adecuaba a la tipificación de la conducta señalada artículo 47,
numeral 10, del Decreto 2153, con el objeto y el efecto de obstruir
o impedir el acceso de terceros al mercado.
Que, por esta razón, resulta desatinado e impreciso señalar que esa
fue la fecha en que la SIC conoció los hechos y que esa deba ser la
fecha tenida en cuenta para entrar a calcular los tres años para
investigar y sancionar.
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Expresó que hay una configuración de una vía de hecho y
vulneración de sus derechos, por parte del a quo, que se
comprueba al sustentar la nulidad de los actos administrativos, en
la contradicción de afirmar que la conducta no fue continuada, pero
que sí generó efectos en el tiempo.
Destacó que no puede desconocerse por parte del a quo que la
información recaudada en el mismo trámite administrativo permitió
a dicha entidad obtener pruebas para sustentar que la conducta fue
continuada; y que resulta bastante diciente que el mismo Tribunal
en el fallo reconozca que la conducta generó efectos en el tiempo y,
haciendo caso omiso de las reglas sobre conteo de la caducidad en
conductas continuadas, hubiese concluido sin mayor nivel de
sustentación o profundidad, que la conducta fue de ejecución
instantánea.
Puso de presente que el Tribunal al proferir la sentencia apelada,
incurrió en un error al no individualizar los hechos indicadores o
temporales que permitían señalar de manera individual para cada
una de las empresas investigadas, la manera en que había operado
la caducidad; hecho trascendental tanto para lo sustancial de la
conducta anticompetitiva, como para lo procesal que permitirían
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contabilizar los 3 años para la caducidad de la facultad
sancionatoria de la SIC, en el sentido que el fallo del a quo se limitó
a referir de manera puntual que el único hecho indicador para el
término de caducidad era tomar la fecha de traslado de la queja
que hizo ante el mencionado Ministerio.
V.2. La sociedad CRYOGAS S.A., solicitó revocar el numeral octavo
y décimo de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, que se
acceda al restablecimiento del derecho y a condenar en costas a la
entidad demandada.
Señaló que los actos de ejecución y cobro coactivo de las
resoluciones núms. 11972 de 2005 y 65477 de 2010 (acusada)
realizados por la Superintendencia, así como el pago del capital e
intereses efectuados por CRYOGAS S.A., como fueron actos de
fecha posterior a la de la presentación de la demanda no fueron
aportados por ella con aquella, pero sí se encontraban en poder de
la SIC al momento de contestar la misma, así como también
cuando presentó los antecedentes administrativos al proceso en el
año 2012, por lo cual al presentar dicho expediente incompleto sin
el cobro coactivo y su pago, debe interpretarse su comportamiento
como un indicio en su contra de conformidad con lo señalado por el
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artículo 60 de la Ley 1395 de 2010.
Manifestó que el a quo con sus diferentes actuaciones en el proceso
de primera instancia, como la de suprimir etapas tan importantes
como la audiencia inicial y el periodo probatorio, no resolvió nada
sobre la solicitud de la prueba trasladada contenida en el numeral 2
de la demanda20 y, en particular, sobre los documentos del cobro
coactivo y pago de la multa con intereses como parte de los
antecedentes administrativos, como si se tratara de un asunto de
puro derecho, dado que con la negación solo de la prueba
testimonial corrió traslado para la presentación de alegatos de
conclusión, pero prescindiendo de la audiencia inicial.
Señaló que ignorar en la sentencia los documentos y alegaciones
sobre la aplicación de la sanción y su pago con intereses, hecho que
ocurrió con posterioridad a la sentencia, y negar el restablecimiento
del derecho sin tener en cuenta que el mismo Tribunal había
pretermitido la audiencia inicial y el período probatorio, con sus
componentes de saneamiento, conciliación y oportunidad de
20
“Prueba Trasladada. Igualmente pretendemos hacer valer como pruebas todo el expediente y
antecedentes administrativos que dieron lugar a la expedición de las resoluciones No. 11972 del 25
de mayo de 2005 y la resolución No. 65477 del 25 de noviembre de 2010, de la Superintendencia de
Industria y Comercio, expediente radicado bajo el No. 04047600.
Por lo cual solicitamos se oficie a dicha entidad para que remita a nuestra consta copia de todo el
expediente mencionado, con el cual pretendemos acreditar todas las violaciones a que hace referencia
la presente demanda como los pasos de costas y gastos efectuados por Cryogas dentro de
mencionado trámite.
En el mismo oficio se solicitará certificación sobre todos los pagos efectuados por CRYOGAS con
ocasión del expediente No. 04047600.”
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aportación y decreto de pruebas, demuestra que el operador
judicial se olvidó que su objeto principal es la efectividad de los
derechos y que la Constitución Política se encuentra inspirada en
una concepción garantista del Estado de Derecho.
Resaltó que aun desconociendo los documentos sobre el pago
presentados por el apoderado de la parte actora, los elementos de
juicio le permitirían al operador judicial inferir la existencia del
perjuicio o daño futuro a los intereses económicos de CRYOGAS
S.A. y la relación de causalidad de ese daño futuro con los actos
administrativos declarados nulos, faltando solo su cuantificación,
hecho que podría liquidarse dentro de los 60 días siguientes a la
ejecutoria de fallo mediante trámite incidental como lo dispone el
artículo 193 del CPACA.
Acusó la sentencia de primera instancia de un error de hecho
generado bajo la especie de un falso juicio de existencia, al afirmar
que no está probado el perjuicio ocurrido bajo la omisión o
ignorancia de unos determinados medios de prueba, porque por su
omisión no se condenó in genere al pago de los perjuicios futuros
causados conforme lo dispone el artículo 193 del CPACA.
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Señaló que en la hipótesis que la cuantía de los perjuicios no
estuviera plenamente determinada y fuera considerado un punto
dudoso, la pretensión tampoco debió ser negada y se debió admitir
y verificar como parte de los antecedentes administrativos los
documentos obrantes a folios 438, 439 y 440 del cuaderno núm. 2
del expediente radicado bajo el núm. 2011-00488-00, que le
indicaban, no solo el cobro coactivo por parte de la SIC, sino
también sobre el pago de la multa con intereses que la empresa
CRYOGAS S.A. había hecho con ocasión de la expedición de los
actos administrativos acusados, hechos ocurridos después de
presentada y admitida la demanda, pero sucedidos antes de
expedirse la sentencia; por lo tanto, se trataba de unos hechos
ocurridos con posterioridad a la oportunidad de pedir y practicar
pruebas.
Manifestó que de no producirse una condena in genere acorde con
lo solicitado o de no incorporarse los documentos a pesar de su
falta de contradicción y la no presentación completa por parte de la
SIC de los antecedentes administrativos, se incurriría en una vía de
hecho por presentarse un ostensible y manifiesto defecto fáctico
por omisión en derecho, práctica y contradicción de una prueba que
resultaba conducente, pertinente e indispensable para resolver el
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asunto sometido a la consideración del juez, particularmente, el
referido al restablecimiento del derecho.
Por último, en relación con la condena en costas, argumentó que
dentro de la sentencia el juez deberá pronunciarse sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil; y que en razón a que en el
presente proceso se accedió a las pretensiones de la demanda y en
segunda instancia se restablecerá el derecho a través de la condena
al pago de perjuicios, en ambos casos se deberá reconocer no solo
las expensas sino también las agencias en derecho a favor de la
parte demandante, conforme lo dispuesto en Acuerdo núm. 1887
de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
Solicitó que se condene in genere a la SIC a la devolución de la
suma de capital e intereses moratorios que hubiere pagado
CRYOGAS S.A., por concepto ejecución y cobro coactivo de la
sanción o multa contenida en la Resoluciones núms. 65477 de
25 de noviembre de 2010 y 25752 de 16 de mayo de 2011
acusadas, suma que deberá ser indexada de acuerdo con el índice
de precios al consumidor desde la fecha que fue hecho el pago
hasta la ejecutoria de la sentencia, más los intereses moratorios.
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Además, que se incorporen y se notifiquen por estado, con el objeto
de amparar el derecho fundamental al debido proceso y
contradicción, a la igualdad, acceso a la justicia, a un orden justo y
eficacia de la justicia, no solo los antecedentes administrativos y el
informe juramentado presentado por la Superintendencia obrantes
a folios 571 a 57521, sino también los documentos obrantes a folios
438 a 44022, que acreditan la terminación del cobro coactivo y el
pago efectivo de la multa con intereses por parte de la empresa
CRYOGAS S.A.
VI.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
VI.1.- En esta etapa procesal, la SIC, en su escrito de alegatos23,
insistió en los argumentos expuestos en el recurso de apelación, en
el sentido de que se revoque en la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se denieguen las pretensiones contenidas en las
demandas, dado que no operó la caducidad de la facultad
sancionatoria y, en consecuencia, sí tiene la competencia para
imponer las sanciones señaladas en los actos administrativos
acusados.
21
Cuaderno núm 2 exp. 2012-00883
22
Cuaderno núm 2 exp. 2011-00488
23
Folios 107 a 120 del cuaderno de apelación.
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Explicó que el Tribunal se equivocó al momento de motivar su
providencia en varios aspectos fundamentales que tuvieron
incidencia directa en la conclusión a la que arribó, toda vez que la
conducta investigada y sancionada, contrario a lo señalado por el a
quo, fue de carácter continuado.
Que, en ese sentido, la caducidad de la facultad sancionatoria, en
los términos del artículo 38 del CCA, debe contabilizarse a partir del
momento en que se cese o desaparezca el comportamiento o hecho
contrario al ordenamiento jurídico, como ocurrió en el caso sub
examine.
VI.2. La sociedad actora CRYOGAS S.A., reiteró los argumentos24
señalados en su escrito de apelación. Para el efecto, señaló que en
el presente asunto estaba demostrada la certidumbre y el perjuicio
futuro por las pruebas directas e indirectas que reposan en el
expediente, que permiten al operador judicial inferir racionalmente
con certeza el carácter ineluctable de perjuicio, porque se trataba
de un proyecto real y concreto de daño futuro.
Alegó que de no producirse una condena in genere acorde con lo
solicitado o de no incorporarse los documentos, a pesar de su falta
24
Folios 60 a 89 del cuaderno de apelación.
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de contradicción, que acreditan el cobro coactivo, así como el pago
y, por ende, la causación del perjuicio a ella generado, se incurriría
en una vía de hecho por presentarse un ostensible y manifiesto
defecto fáctico.
En cuanto a los argumentos planteados por la SIC en su recurso de
apelación, mencionó que la sentencia recurrida debe confirmarse en
cuanto a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
acusados, ya que la entidad demandada no puede prolongar de
manera indefinida el tiempo de su competencia sancionatoria.
Destacó que en el presente caso los hechos denunciados datan,
presuntamente, del año 2002, por lo cual, transcurrieron casi ocho
(8) años hasta la expedición del acto administrativo acusado, razón
por la cual el término previsto en el artículo 38 del CCA había sido
superado.
VI.3. Por su parte, las sociedades actoras OXICOL y AGA FANO,
así como los señores CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA y
DIANA ELIZABETH RÍOS MEJÍA solicitaron que se confirme la
sentencia apelada, arguyendo, en esencia, lo siguiente:
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IV.3.1.- La sociedad OXICOL y CÉSAR OSWALDO FRANCO
RIVERA25 alegaron que es evidente que el fallo recurrido se expidió
con el respeto al ordenamiento jurídico; y que las nulidades
declaradas tienen la suficiente motivación, las cuales se sustentan
en la pérdida de competencia por parte de la SIC al haber caducado
su facultad sancionatoria.
Manifestaron que la caducidad de la facultad sancionatoria es una
garantía o un instrumento legal que pretende dar seguridad jurídica
a las relaciones que surgen entre la Administración y sus
administrados, de manera que los argumentos expuestos por la SIC
en su escrito de apelación quedan sin piso jurídico, toda vez que de
tener el aval por parte de esta Corporación, se podría estar
vulnerando sus derechos fundamentales.
Que la SIC busca que en este proceso se declare que el término de
la caducidad debe computarse considerando que ella puede
encontrar pruebas en el transcurso de la investigación, de manera
que, bajo esa lógica, la entidad demandada podría extender su fase
investigativa hasta el infinito en el futuro, sumando toda suerte de
actos que según su criterio eran parte de una práctica continuada y
así, a partir de cada uno de esos nuevos hechos no contemplados
25
Folios 26 a 59 del cuaderno de apelación.
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en la apertura de investigación, reiniciar el conteo del término de la
caducidad.
Adujeron que esa no sería una postura acorde ni con la Constitución
Política ni con la ley.
Precisaron que la caducidad no está condicionada a que cesen los
efectos del hecho o de la conducta investigada, en tanto que esta
es un fenómeno jurídico que obra por el solo ministerio de la ley y
que incluso debe ser declarada de oficio por las autoridades
administrativas. En consecuencia, la operancia de la caducidad debe
interpretarse de manera concreta y no le es dado a las autoridades
de ningún orden, entre ellas la SIC, la facultad de condicionar,
ampliar o restringir su aplicación a requisitos no contemplados en la
norma.
Llamaron la atención con respecto a que la SIC estuvo, sin
justificación alguna, 12 meses inactiva, toda vez que, desde el 21
de mayo de 2004, -fecha en la que se le trasladó la queja-, hasta el
25 de mayo de 2005 que expidió la Resolución de la apertura de la
investigación, fue que emitió un primer pronunciamiento; y que
dicha entidad se tomó en total 6 años y 7 meses desde que le fue
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corrido el traslado de la queja para proferir el acto administrativo
sancionatorio.
VI.3.2.- La sociedad AGA FANO y DIANA ELIZABETH RÍOS
MEJÍA26 señalaron que en este caso operó la caducidad de la
facultad sancionatoria, por haber transcurrido un término superior a
los tres (3) años entre la ocurrencia de la conducta sancionada y la
fecha en que se profirió y notificó la resolución sancionatoria.
Mencionaron que el contrato de suministro de gases medicinales
celebrado entre AGA FANO y la Clínica el Rosario el 13 de
diciembre de 2010, al que de manera reiterativa hace referencia la
SIC en su desesperado esfuerzo por negar la evidente caducidad de
la facultad sancionatoria y la consecuente falta de competencia
para expedir los actos demandados, en definitiva no sirvió de
fundamento ni para abrir la investigación administrativa ni para
proferir la sanción contenida en la Resolución núm. 65477 de
2010 demandada.
Alegaron que ese contrato fue recaudado a último momento y con
total desatención del procedimiento especial previsto en el artículo
52 del Decreto 2153, con el único propósito de desestimar la
26
Folios 90 a 106 del cuaderno de apelación.
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ocurrencia de la caducidad que ya había sido puesta de presente a
la Administración desde antes de la expedición de la Resolución
núm. 65477 de 2010 acusada y que fue reiterada al momento de
interponer el recurso de reposición contra esa decisión.
Insistieron en que el referido contrato de suministro de gases
medicinales celebrado entre AGA FANO y la Clínica el Rosario el 13
de diciembre de 2010 fue recaudado como prueba con posterioridad
a la expedición de la referida Resolución núm. 65477 de 2010,
de manera que no podía tener como referencia documentos que no
habían sido siquiera recaudados al momento de expedir ese acto
administrativo.
Señalaron que la misma SIC puso en evidencia que su facultad
sancionatoria ya había caducado cuando practicó las visitas
administrativas con posterioridad a la expedición del acto
sancionador y, al citar, posteriormente, los documentos recaudados
en esa oportunidad como “hechos indicadores” de la supuesta
continuidad de la conducta.
Expresaron que la conducta atribuida a ellas no era continuada,
sino de ejecución instantánea.
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VI.4.- Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 65477 de 25 de noviembre de 2010,
18747 de 31 de marzo de 2011 y 25752 de 16 de mayo de
ese año, expedidas por el Superintendente de Industria y
Comercio, por medio de las cuales se impuso a las sociedades
OXICOL, AGA FANO y CRYOGAS S.A. una multa de
$1.030.000.000, por infringir el artículo 1º de la Ley 155 y el
numeral 10 del artículo 47 del Decreto 2153.
Asimismo, se sancionó con una multa de $154.500.000 a los
señores CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA, representante legal
del OXICOL y DIANA ELIZABETH RÍOS MEJÍA, representante
legal del AGA FANO, por violar el numeral 16 del artículo 4º del
Decreto 2153.
Las anteriores sanciones pecuniarias fueron impuestas como
resultado de la investigación administrativa adelantada contra los
actores, por la violación de los artículos 1º de la Ley 155 y 47,
numeral 10, del Decreto 2153, así como el numeral 16 del artículo
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4º del Decreto 2153, al comprobar que incurrieron en un acuerdo, en
la modalidad de práctica concertada, encaminado a impedir el ingreso
de las empresas dedicadas a la instalación de plantas de producción
de oxígeno in situ o conocidas como PSA al mercado de gases
medicinales en Colombia, para el período comprendido entre el año
2002 hasta el 13 de diciembre de 2010 para el caso de AGA FANO,
26 de agosto de 2010 para OXICOL y el 9 de abril de 2012 para
CRYOGAS S.A.
El Tribunal de primera instancia, en la sentencia apelada, declaró la
nulidad de las resoluciones acusadas, al estimar que la facultad
sancionatoria de la entidad demandada había caducado, por cuanto
la expedición y notificación del acto administrativo sancionador
debe efectuarse dentro de los 3 años siguientes a la ocurrencia del
hecho constitutivo de sanción, término que, a su juicio, debe
contabilizarse desde el momento en que la autoridad sancionadora
haya tenido conocimiento del mismo, dado que a partir de ese
momento es que puede ejercer su facultad sancionatoria.
Puso de presente que en el caso sub examine, cuando se expidió y
notificó la Resolución núm. 65477 de 25 de noviembre de
2010 acusada había transcurrido más del término de tres (3) años
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previsto en el artículo 38 del CCA, lo que conllevó a que la SIC
perdiera competencia para sancionar a las sociedades
demandantes, así como también a los señores CÉSAR OSWALDO
FRANCO RIVERA y DIANA ELIZABETH RÍOS MEJÍA, por la
presunta infracción de las normas que protegen la libre
competencia.
Destacó que la SIC tuvo conocimiento del hecho constitutivo de
sanción el 21 de mayo de 2004, fecha en la que el MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y TURISMO le dio traslado de la queja
presentada en contra de los demandantes, por lo que es evidente
que desde esa fecha la entidad demandada contaba con la facultad
para investigar e imponer sanciones por trasgresión a las normas
que protegen la libre competencia.
Por su parte, la SIC, en su recurso de apelación, adujo que el a quo
incurrió en un yerro al considerar que el hecho generador del
término de caducidad fue la denuncia trasladada por la NACIÓN -
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO a la SIC
el 21 de mayo de 2004, en la medida que resultó probado, por esta
entidad, que la conducta investigada inició en el año 2002 hasta el
13 de diciembre de 2010 para el caso de AGA FANO, 26 de agosto
de 2010 para OXICOL y el 9 de abril de 2012 para CRYOGAS S.A.,
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fechas en las que habría cesado la conducta desplegada por cada
una de las sociedades actoras y éstas eran las que se debían tener
en cuenta al momento de contar la ocurrencia o no del fenómeno
de la caducidad.
Mencionó que el a quo no realizó alguna valoración ni mucho menos
logró desvirtuar la existencia y duración de los contratos obrantes
en el expediente administrativo y que ratificaban la permanencia en
el tiempo de la conducta anticompetitiva desplegadas por dichas
sociedades y que fue abiertamente contraria al interés general
tutelado en el artículo 333 de la Constitución Política, como también
en el régimen de protección de la competencia.
Alegó que no es cierto lo expuesto por el Tribunal, en el sentido de
tratarse de una conducta de ejecución instantánea, que generó
efectos en el tiempo, dado que se probó que se estuvo ante una
conducta continuada, de tracto sucesivo, cuyo propósito era evitar
el ingreso o permanencia de las PSA en el mercado.
Por su parte, la sociedad actora CRYOGAS S.A. señaló que los
actos de ejecución y cobro coactivo de las resoluciones núms.
11972 de 2005 y 65477 de 2010 (acusada) realizados por la
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Superintendencia, así como el pago del capital e intereses
efectuados por CRYOGAS S.A., como fueron actos de fecha
posterior a la de la presentación de la demanda no fueron
aportados por ella con aquella, pero sí se encontraban en poder de
la SIC al momento de contestar la misma, así como también
cuando presentó los antecedentes administrativos al proceso en el
año 2012, por lo cual al presentar dicho expediente incompleto sin
el cobro coactivo y su pago, debe interpretarse su comportamiento
como un indicio en su contra de conformidad con lo señalado por el
artículo 60 de la Ley 1395 de 2010.
Manifestó que el a quo con sus diferentes actuaciones en el proceso
de primera instancia, como la de suprimir etapas tan importantes
como la audiencia inicial y el periodo probatorio, no resolvió nada
sobre la solicitud de la prueba trasladada contenida en el numeral 2
de la demanda27 y, en particular, sobre los documentos del cobro
coactivo y pago de la multa con intereses como parte de los
antecedentes administrativos, como si se tratara de un asunto de
puro derecho, dado que con la negación solo de la prueba
27
“Prueba Trasladada. Igualmente pretendemos hacer valer como pruebas todo el expediente y
antecedentes administrativos que dieron lugar a la expedición de las resoluciones No. 11972 del 25
de mayo de 2005 y la resolución No. 65477 del 25 de noviembre de 2010, de la Superintendencia de
Industria y Comercio, expediente radicado bajo el No. 04047600.
Por lo cual solicitamos se oficie a dicha entidad para que remita a nuestra consta copia de todo el
expediente mencionado, con el cual pretendemos acreditar todas las violaciones a que hace referencia
la presente demanda como los pasos de costas y gastos efectuados por Cryogas dentro de
mencionado trámite.
En el mismo oficio se solicitará certificación sobre todos los pagos efectuados por CRYOGAS con
ocasión del expediente No. 04047600.”
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testimonial, corrió traslado para la presentación de alegatos de
conclusión, pero prescindiendo de la audiencia inicial.
Sostuvo que ignorar en la sentencia los documentos y alegaciones
sobre la aplicación de la sanción y su pago con intereses, hecho que
ocurrió con posterioridad a la sentencia, y negar el restablecimiento
del derecho sin tener en cuenta que el mismo Tribunal había
pretermitido la audiencia inicial y el periodo probatorio, con sus
componentes de saneamiento, conciliación y oportunidad de
aportación y decreto de pruebas, demuestra que el operador
judicial se olvidó que su objeto principal es la efectividad de los
derechos y que la Constitución Política se encuentra inspirada en
una concepción garantista del Estado de Derecho.
Acusó la sentencia de primera instancia de un error de hecho
generado bajo la especie de un falso juicio de existencia, al afirmar
que no está probado el perjuicio ocurrido bajo la omisión o
ignorancia de unos determinados medios de prueba, porque por su
omisión no se condenó in genere al pago de los perjuicios futuros
causados conforme lo dispone el artículo 193 del CPACA.
VII.1.- Actos demandados
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En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:
.- Resolución núm. 65477 de 25 de noviembre de 2010,
expedida por el Superintendente de Industria y Comercio “Por la
cual impone una sanción”28, en la que se resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR que las sociedades
FÁBRICA NACIONAL DE OXÍGENO – AGA FANO hoy LINDE
COLOMBIA S.A., OXÍGENOS DE COLOMBIA LTDA –
OXICOL y GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.
CRYOGAS, infringieron lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley
155 de 1959 y en el numeral 10 del artículo 47 del Decreto
2153 de 1992.
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer sanción pecuniaria por valor
de un mil treinta millones de pesos MCT ($1.030.000.000.oo) a
la empresa FÁBRICA NACIONAL DE OXÍGENO S.A. - AGA
FANO hoy LINDE COLOMBIA S.A., NIT. 860 005114-4.
ARTÍCULO TERCERO: Imponer sanción pecuniaria por valor
de un mil treinta millones de pesos MCT ($1.030.000.000.oo) a
la empresa OXÍGENOS DE COLOMBIA LTDA., - OXICOL
NIT.860040094-3.
ARTÍCULO CUARTO: Imponer sanción pecuniaria por valor de
un mil treinta millones de pesos MCT ($1.030.000.000.oo) a la
empresa GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. –
CRYOGAS NIT.860013704-3.
ARTÍCULO QUINTO: Declarar que los señores DIANA
ELIZABETH RÍOS MEJÍA y CÉSAR OSWALDO FRANCO
RIVERA incurrieron en la responsabilidad establecida en el
numeral 16 del artículo 4° del Decreto 2153 de 1992.
ARTÍCULO SEXTO: Imponer una sanción pecuniaria por la
suma de ciento cincuenta y cuatro millones quinientos mil
pesos Moneda corriente ($154.500.000.oo) a la señora DIANA
ELIZABETH RÍOS MEJÍA.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Imponer una sanción pecuniaria por la
suma de ciento cincuenta y cuatro millones quinientos mil
28
Folios 6 a 75 del anexo del Expediente 2011-00488.
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pesos Moneda corriente ($154.500.000.oo) al señor CÉSAR
OSWALDO FRANCO RIVERA.
ARTÍCULO OCTAVO: El valor de la sanción pecuniaria deberá
consignarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de ejecutoria de la Resolución.
ARTÍCULO NOVENO: Exonerar de responsabilidad a
HERNANDO VERGARA GÓMEZCÁCERES y MARIA
VICTORIA ECHEVERRÍA GOICOCHEA por las razones
expuestas en la Resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO: Ordenar la publicación del texto indicado
por la Superintendencia de Industria y Comercio en un diario
de amplia circulación nacional.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Ordenar a las sociedades
involucradas poner término a la infracción y abstenerse de
realizar prácticas similares.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Declarar improcedentes las
solicitudes de nulidad.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese personalmente el
contenido de la presente Resolución a los apoderados y
personas indicadas. […]”.
.- Resolución núm. 18747 de 31 de marzo de 2011, expedida
por el Superintendente de Industria y Comercio, “por la cual se
deciden unos recursos de reposición y se toman otras decisiones”.
En su artículo primero dispuso lo siguiente29:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes
la Resolución No 65477 de 2010. […]”.
.- Resolución núm. 25752 de 16 de mayo de 2011, emanada
por el Superintendente de Industria y Comercio, “Por la cual se
29
Folios 76 a 119 del anexo del Expediente 2011-00488.
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rechaza un recurso de reposición” 30, en la que se decidió:
“[…]
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR desvirtuados los
argumentos esgrimidos por el apoderado de CRYOGAS S.A. en
el sentido que se había incurrido en serias irregularidades en la
notificación respecto de este investigado, de la resolución de
sanción No. 65477 del 25 de noviembre de 2010, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente
resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: RECHAZAR por extemporáneo el
recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la
sociedad GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. –
CRYOGAS, contra la Resolución de Sanción No. 65477 del 25
de noviembre de 2010. Lo anterior de conformidad con el
artículo 53 del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de la
presente resolución al apoderado de la investigada CRYOGAS
S.A., informándole que contra la misma no procede recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la
ley 1340 de 2009[…]”.
VII.2.- Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos planteados por la SIC y la sociedad
actora CRYOGAS S.A. en sus recursos de apelación, corresponde a
la Sala determinar si: i) los actos acusados se encuentran incursos
en vicios relacionados con la oportunidad para el ejercicio de la
facultad sancionatoria, o si, por el contrario, deben conservar la
presunción de legalidad que los ampara; y ii) si le era dable o no el
restablecimiento del derecho a la empresa CRYOGAS S.A.
30
Folios 157 a 162 del expediente 2012-00883.
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correspondiente a ordenar la devolución del valor pagado con
ocasión de la sanción impuesta, más los intereses aplicables.
VII.2.1. De la caducidad de la facultad sancionatoria en los
procesos sancionatorios adelantados por la SIC
Sea lo primero precisar que esta Corporación, en reiterados
pronunciamientos, ha delimitado el objeto del recurso de apelación
y de conformidad con el artículo 357 del CPC, el juez de instancia
deberá pronunciarse solamente frente a los argumentos expuestos
por el apelante y, en específico, a las referencias argumentativas
que aduce en el escrito contentivo del recurso contra la decisión
que adoptó la primera instancia.
Aclarado lo anterior, se observa que la parte demandada disiente
en lo relacionado con el alcance dado por el Tribunal respecto de la
caducidad de la potestad sancionatoria, por lo que, para determinar
la forma y el momento a partir del cual se debe contabilizar el
término, deberá analizarse lo siguiente: i) si la conducta objeto de
reproche es continuada o instantánea; y ii) cuándo se entiende
impuesta la sanción a la luz de lo que ha expuesto por la
jurisprudencia sobre el particular.
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Previo a realizar el análisis referido, la Sala debe precisar que el
término de caducidad de la facultad sancionatoria de la SIC, en el
presente asunto, es el previsto en el artículo 3831 del CCA y no el
establecido en el artículo 2732 de la Ley 1340 de 2009. Ello es así,
por cuanto la actuación administrativa que culminó con las
resoluciones demandadas fue iniciada con anterioridad a la entrada
en vigencia de la referida norma. Lo anterior, en atención a lo
dispuesto por el artículo 4033 de la Ley 153 de 1887, que establece
que aquellos trámites que se encuentren en curso al entrar en vigor
una norma deberán continuar con la ley anterior, esto es, el artículo
38 del CCA34.
31
“ARTÍCULO 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlas.”
32
“ARTÍCULO 27. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. La facultad que tiene la
autoridad de protección de la competencia para imponer una sanción por la violación del régimen de
protección de la competencia caducará transcurridos cinco (5) años de haberse ejecutado la conducta
violatoria o del último hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo,
sin que el acto administrativo sancionatorio haya sido notificado.”
33
“ARTÍCULO 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren
empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley
vigente al tiempo de su iniciación.»
34
Así lo señaló la Sala en una anterior oportunidad:
“[…] 220. Previo a realizar el análisis referido, la Sala ha de precisar que para el término de
caducidad de la facultad sancionatoria de la SIC, en el presente asunto, es el consignado en
el artículo 38 del CCA y no el establecido en el artículo 27 de la Ley 1340 de 2009 «Por
medio de la cual se dictan norma en materia de protección de la competencia». Ello es así,
por cuanto la actuación administrativa que culminó con las resoluciones demandadas fue
iniciada con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida norma. Lo anterior, en
atención a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que establece que aquellos
trámites que se encuentren en curso al entrar en vigor una norma deberán continuar con la
ley anterior, esto es, el artículo 38 del CCA. […]” (Destacado fuera de texto).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de
diciembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación
25000232400020120067803.
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Aclarado lo anterior, debe señalarse que, conforme se señaló en la
sentencia de esta Sección de 23 de octubre de 2025 35, que la
potestad sancionatoria de la administración constituye una
manifestación del ius puniendi del Estado, en virtud de la cual las
autoridades administrativas están habilitadas para imponer medidas
represivas, impartir órdenes o imponer multas a particulares y a
servidores públicos cuando incurran en conductas que vulneren o
amenacen el ordenamiento jurídico; sin embargo, el ejercicio de
dicha potestad se encuentra sometido a límites derivados del
respeto de los derechos fundamentales, entre ellos el debido
proceso, el derecho de defensa y contradicción y la presunción de
inocencia, así como a criterios temporales que garantizan a los
administrados que estas facultades se ejerzan dentro de los plazos
establecidos en la ley.
Dicho lo anterior, la Sala pasa a referirse al primer punto del
análisis de la ocurrencia de la caducidad, esto es, determinar el
momento a partir del cual comienza a contabilizarse el ejercicio
oportuno de la potestad sancionatoria de la Administración, frente a
lo cual la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de
octubre de 2025, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta, núm. único de radicación 25000 23 41 000 2015
01695 01.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
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señalar que se debe tener en cuenta el tipo de conducta que es
objeto de sanción.
Para abordar el alcance de dicha regla resulta pertinente considerar
la jurisprudencia de esta Corporación36 en torno al cómputo del
término de caducidad, en particular, en lo relativo a su extremo
inicial del cómputo del plazo para el ejercicio oportuno de la
facultad sancionatoria. En ese orden, se ha señalado que este
puede empezar a computarse desde: i) la consumación del acto de
ejecución instantánea; ii) el cese de la conducta continuada; iii) el
momento en que debió cumplirse un deber jurídico; o iv) de forma
individual para cada acto reiterado y homogéneo.
En suma, la verificación de la eventual caducidad de la facultad
sancionatoria exige un examen particular de cada asunto, a partir
de las conductas concretas que fueron objeto de sanción y del
acervo probatorio que integra el expediente, pues únicamente
mediante el estudio de la naturaleza de la infracción, de los hechos
que la configuran y de su desarrollo en el tiempo es posible
determinar con precisión el momento a partir del cual debe iniciarse
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Sentencia de 12 de
septiembre de 2019, radicación 25000-23-24-000-2011-00494-01, C. P. Nubia Margoth Peña Garzón,
actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Reiterado en sentencia de 3 de diciembre de
2020, radicación 25000 23-24-000-2012-00678-03 y en la antes citada sentencia de 23 de octubre
de 2025.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
Actores: CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA Y OTROS.
el cómputo del término de caducidad, conforme a la normativa
aplicable.
En otras palabras, estas hipótesis tienen como común denominador
la realización del hecho, conforme lo dispone el artículo 38 del CCA
y como lo ha precisado esta Corporación37. Por tanto, para
contabilizar el término de caducidad de la facultad sancionatoria, se
debe, en cada caso, determinar el tipo de conducta objeto de
infracción.
En ese orden de ideas, cuando se trata de una conducta de
ejecución instantánea, el término para investigar y sancionar al
administrado se debe contabilizar desde que se produce el hecho;
mientras que cuando se trata del segundo tipo de conductas, el
término de los tres (3) años de que trata el artículo 38 del CCA,
comienza a contarse a partir del momento en que cesa la conducta
reprochable38.
En lo que respecta al extremo final del cómputo del plazo previsto
para el ejercicio oportuno de la facultad sancionatoria por parte de
37
Entre otras, en sentencia de 13 de marzo de 2014 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla, núm. único de radicación 44-001-23-31-
000-2008-00124-01).
38
Ver sentencia de 18 de agosto de 2011 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 11001-03-24-000-
2007-00013-01).
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
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la Administración, conviene recordar que la Sala Plena de esta
Corporación39 unificó la jurisprudencia al sostener que dicha
potestad se entiende ejercida en tiempo cuando el acto
administrativo sancionatorio se expide y se notifica dentro del
término previsto en la ley, sin que resulte necesario que en ese
mismo lapso se decidan los recursos interpuestos contra la decisión
que puso fin a la actuación administrativa.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 del CCA y el precedente jurisprudencial trazado por esta
Corporación, la administración cuenta con un término de tres (3)
años para expedir el acto administrativo sancionatorio y proceder a
su notificación, agotando así la actuación administrativa, para
luego, en caso de haberse ejercido los recursos establecidos en el
ordenamiento contra el acto administrativo principal, proceder a
desatar la vía gubernativa, siendo esta una etapa de defensa
estipulada para controvertir una decisión adoptada en una fase
administrativa previa, que cuenta con su propia regulación y
términos.
Resulta relevante tener en consideración las decisiones en las que
se ha señalado que para efectos de computar el plazo dentro del
39
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de septiembre de
2009, C.P. Susana Buitrago Valencia, núm. único de radicación: 11001-0315000-2003-00442-01.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
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cual la Administración debe ejercer su facultad sancionatoria en
casos de conductas contrarias a la libre competencia, es
indispensable precisar la naturaleza jurídica de los hechos
investigados, distinguiendo entre aquellos de ejecución instantánea
(que se consuman en un acto único y definido) y aquellos de
ejecución sucesiva o continuada (que se prolongan en el tiempo
mediante una serie de actuaciones interrelacionadas), como se
indicó en la citada sentencia de 23 de octubre de 2025 de esta
Sección.
Cabe mencionar que mientras que en las primeras el plazo de la
caducidad comienza a correr desde la consumación del acto
violatorio de las normas de competencia; en las segundas el
cómputo se inicia a partir de la realización del último acto ejecutivo
que integra la conducta infractora, por constituir este el momento
en que cesa la afectación, de tal suerte que la facultad
sancionatoria de la administración debe computarse a partir de la
comisión o realización del último acto de ejecución40.
Así, entonces, para efectos de determinar en el presente asunto el
momento a partir del cual debe iniciarse el cómputo del término de
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de
diciembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación
25000232400020120067803.
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caducidad de la facultad sancionatoria de la SIC, resulta necesario
establecer cuáles fueron las conductas por las cuales se sancionó a
las demandantes y definir si estas corresponden a comportamientos
de ejecución instantánea o si, por el contrario, revisten carácter
continuado.
Descendiendo al caso que ocupa la Sala, cabe precisar que la
Resolución núm. 65477 de 2010 acusada, mediante la cual la
SIC impuso una sanción a los actores por conductas contrarias a la
libre competencia, se notificó por edicto que se desfijó el 9 de
diciembre de 201041.
Para determinar el extremo a partir del cual se debe contabilizar el
término de caducidad de la facultad sancionatoria de la SIC, la Sala
debe establecer el tipo de conductas por las cuales se sancionó a
las empresas OXICOL, AGA FANO y CRYOGAS S.A., así como a
las personas naturales CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA y
DIANA ELIZABETH RÍOS MEJÍA.
En ese sentido, resulta pertinente precisar que la multa impuesta
en la Resolución núm. 65477 de 2010 acusada, confirmada por
la Resolución núm. 18747 de 2011 acusada, se fundamentó en
41
Folio 156 del expediente núm. 2012-00883.
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la infracción, respecto de las empresas sancionadas, de lo dispuesto
en los artículos 1º de la Ley 155 y 47, numeral 10, del Decreto
2153 y frente a las personas naturales, de lo previsto en el artículo
4º, numeral 16, del Decreto 251, en razón de que incurrieron en un
acuerdo, en la modalidad de práctica concertada, encaminado a
impedir el ingreso de las empresas dedicadas a la instalación de
plantas de producción de oxígeno in situ o conocidas como PSA. al
mercado de gases medicinales en Colombia, para el período
comprendido entre el año 2002 hasta el 13 de diciembre de 2010
para el caso de AGA FANO, 26 de agosto de 2010 para OXICOL y
el 9 de abril de 2012 para CRYOGAS S.A.
Sobre el particular, debe precisarse que el artículo 47, numeral 10,
del mencionado Decreto señala lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA
LIBRE COMPETENCIA. Para el cumplimiento de las
funciones a que se refiere el artículo 44 del presente Decreto
se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros,
los siguientes acuerdos:
10. Los que tengan por objeto o tengan como efecto impedir
a terceros el acceso a los mercados o a los canales de
comercialización. […]”
También se advierte que el artículo 45 del referido Decreto, define a
los acuerdos como: “[…] todo contrato, convenio, concertación,
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práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más
empresas. En consecuencia, los acuerdos contrarios a la libre
competencia pueden presentarse como: (a) convenios o acuerdos
restrictivos de la competencia, (b) prácticas concertadas y (c)
prácticas conscientemente paralelas […]”.
En cuanto a las prácticas concertadas, la SIC en la Resolución
acusada, definió estas como: “[…] aquellos comportamientos entre
competidores que no tienen otra explicación desde la racionalidad
económica que la existencia de alguna forma de coordinación o
cooperación práctica entre ellas. Al igual que los convenios o
acuerdos restrictivos, las prácticas concertadas modifican las
condiciones de mercado de tal manera que no correspondan a las
condiciones normales de competencia que resultarían de la
naturaleza de los productos, el número de las empresas, el
volumen y las características del intercambio […]”.
Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, en el presente
asunto la conducta endilgada por la SIC a las sociedades actoras
consistió en un acuerdo bajo la modalidad de prácticas concertadas,
con la finalidad de imponer barreras o impedir el acceso en el
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mercado de gases medicinales en Colombia a las empresas que se
encontraban implementando la tecnología PSA.
Ahora, según lo argumentado en las resoluciones cuya nulidad se
depreca, y de lo acreditado en los antecedentes administrativos que
dieron lugar a su expedición42, los hechos considerados contrarios a
la libre competencia se originaron entre el año 2002, de acuerdo
con los documentos encontrados en los computadores de los
funcionarios de las sociedades demandantes, relacionados con
estrategias dirigidas a obstruir la entrada de la tecnología PSA al
mercado del gases medicinales, particularmente, del oxígeno
medicinal, y el 9 de abril de 2012, fecha de terminación de uno de
los contratos de suministro recaudados, que contenía una cláusula
de exclusividad celebrado entre la sociedad investigada CRYOGAS
S.A., y la Clínica Versalles de Manizales.
En desarrollo de lo anterior, es relevante señalar que, según lo
establecido por la SIC en las resoluciones demandadas, las
actuaciones objeto de investigación tienen el carácter de
continuado, pues las conductas anticompetitivas investigadas,
relativas a impedir la entrada de las PSA al mercado de gases
42
Dos paquetes de CDs, sin folio, obrantes en el expediente núm. 2011-00488.
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medicinales, particularmente, de oxígeno medicinal en Colombia, no
se ejecutaron en un único momento, sino que se desarrollaron a
través de varios actos sucesivos en el tiempo, tales como: i)
campañas ejecutadas por las actoras para desestimular la
adquisición de plantas PSAs de los competidores; ii) la estrategia
Burson & Marsteller; iii) la suscripción de contratos de suministro
de gases medicinales de larga duración con cláusulas de
exclusividad, cuyos efectos continuaban produciéndose mientras
estos permanecieran vigentes; iv) disuasión de posibles clientes de
las PSA a través de precios inferiores; y v) desmonte de las plantas
PSA ante presiones u ofrecimiento de dádivas de las grandes
empresas fabricantes de gases.
En la resolución sancionatoria la SIC encontró probado lo siguiente:
“[…] 5.4. Imputación sobre la existencia de un acuerdo en la
modalidad de práctica concertada.
Uno de los objetivos de la presente actuación administrativa, de
conformidad con lo planteado en la Resolución de apertura de
investigación, fue establecer si AGA FANO hoy LINDE DE COLOMBIA
S.A., OXICOL y CRYOGAS actuaron en contra de lo dispuesto por el
artículo 1º de la Ley 155 de 1959 y del numeral 10 del artículo 47
del Decreto 2153 de 1992.
[…]
5.4.1. Consideraciones del Despacho
Las pruebas recaudadas dentro de la investigación permiten
establecer la existencia de conductas realizadas por las
empresas involucradas de manera coincidente, armónica y
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extendida en el tiempo, que al ser articuladas bajo una línea
o elemento de coordinación y concomitancia, develan una
práctica restrictiva concertada.
En efecto, como se verá más adelante, la concertación acusada se
sustenta en diferentes elementos probatorios entre los que se
encuentran escritos e impresos correspondientes a documentos,
correos electrónicos y presentaciones en Power Point hallados en los
computadores de personas vinculadas con las empresas objeto de
la investigación.
Tal y como se describió en el Informe Motivado, todas las empresas
investigadas realizaron de manera independiente, pero coordinada,
conductas encaminadas a impedir el acceso al mercado específico
de la tecnología PSA. A continuación, se analizarán cada una de las
estrategias aplicadas por las investigadas y la forma como éstas
confluyeron en características y tiempo.
5.4.1.1. La entrada de las PSA al mercado del oxígeno y la
actuación de las Empresas Investigadas
Según informa el apoderado de AGA FANO, hoy Linde Colombia
S.A., la tecnología de producción de oxígeno para uso medicinal a
través de plantas PSA ingresó al país hace más o menos 12 años,
pero fue hacia el año 2002 cuando se presentó un mayor ingreso de
esa tecnología al mercado.
No obstante, como puede observarse en la Gráfica 1, a pesar de la
entrada de nuevos competidores, el mercado de oxígeno medicinal
ha permanecido altamente concentrado y las empresas investigadas
siempre tuvieron conjuntamente una altísima cuota del mismo.
En relación con la actuación de las investigadas, se encuentra
probado en el expediente la realización de conductas
concertadas encaminadas a impedir el ingreso al mercado
de las plantas PSA, tales como: (i) campañas para desestimular la
adquisición de plantas PSA de los competidores; (ii) la estrategia
Burson-Marsteller encaminada a evidenciar los riesgos de la
producción de oxígeno e importación de PSA, y señalar las
responsabilidades jurídicas en que podrían incurrir los usuarios de
PSA; (iii) la inclusión de cláusulas de exclusividad, de reciprocidad y
anexos de exoneración de responsabilidad en los contratos de
suministro de gases; (iv) la disuasión a posibles clientes de las PSA
a través de precios inferiores; (v) el desmonte de plantas PSA por
parte de clínicas y hospitales ante presiones u ofrecimiento de
dádivas de las grandes empresas fabricantes de gases.
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Las actividades mencionadas, como se expone en la
presente Resolución, estaban dirigidas a obstruir la entrada
o incursión de las empresas de tecnología PSA al mercado
del oxígeno. Esta finalidad fue expresada por las investigadas así:
(i) Para OXICOL, las “metas de la estrategia” implicaban el
“mantenimiento actual del mercado para el oxígeno líquido y para el
oxígeno gaseoso” y “la posibilidad de reversar o desactivar las PSA
actuales y poder recuperar esos volúmenes”.
(ii) Para CRYOGAS, el “Plan de Acción Inmediato” era “visitar a
todas las instituciones con PSA y desmontarlas”.
(iii) Para AGA FANO, hoy Linde Colombia S.A., las estrategias se
realizaban a través de “acciones y programas de carácter comercial
destinados a CONSERVAR y RECUPERAR clientes, esto con el fin de
no permitir a las PSA alcanzar el nivel aceptable de masa crítica que
les permita perpetuarse en el mercado”.
Estas manifestaciones, junto con las demás pruebas que obran en el
proceso y que se analizan en la presente Resolución, muestran
que la finalidad de las estrategias adoptadas estaba
vinculada al propósito común de obstaculizar la entrada de
los competidores al mercado, y no, como lo sostienen los
investigados, con el exclusivo interés de proteger la salud de los
pacientes. Lo anterior resulta más claro aún si se tiene en cuenta
que, de acuerdo con el peritazgo realizado y los testimonios
recogidos en el curso de la investigación, está probado que no
existían riesgos reales por el suministro de oxígeno producido por
plantas PSA, siempre que, al igual que sucede con el sistema
criogénico, se cumplieran las normas técnicas establecidas para la
producción del mismo.
Como se expone a continuación, las conductas a las que se ha
hecho referencia, fueron desarrolladas por las investigadas
con la finalidad de impedir u obstaculizar el ingreso de la
tecnología PSA al mercado analizado.
a. Campañas para desestimular la adquisición de plantas
PSA de los competidores
Este Despacho encontró en las pruebas que obran en el expediente,
conforme con las cuales, las campañas desarrolladas por las
empresas investigadas tenían como objetivo generar preocupación
y alerta por la calidad del oxígeno ofrecido a entidades de salud por
proveedores de la tecnología PSA, con el fin de evitar que
adquirieran dicha tecnología o provocar que desmontaran la
existente.
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El mecanismo adoptado por las investigadas para implementar la
campaña en contra de las PSA consistió en la realización de visitas a
cada una de las instituciones de salud que podían ser clientas de
PSA y a las que ya lo eran, para demostrar las ventajas de
mantener o volver a adquirir oxígeno producido por el método
criogénico, mediante charlas en el curso de las cuales exponían las
desventajas de la otra tecnología o sistema de producción de
oxígeno y hacían énfasis en la imposibilidad de compartir redes con
el oxígeno producido por tecnología PSA o servir de respaldo (back
up) al mismo.
Según se evidencia en las pruebas que obran en el expediente, esta
actividad se planeó y puso en práctica por cada una de las
investigadas, así:
(i) AGA FANO, hoy Linde Colombia S.A., previó “la programación de
visitas para lo cual previamente definían temas y audiencias, así
como se preparaban presentaciones sintetizadas para contactos
individuales”.
(ii) CRYOGAS definió “hacer a cada institución lo antes posible una
completa presentación de las ventajas y beneficios que representa
para la institución la criogenia comparada con las PSA en los
aspectos económico, legal, operativo y de seguridad (…) por parte
del vendedor, el jefe de servicios y hasta el gerente regional cuando
se requiera”; y
(iii) OXICOL decidió “aumentar la frecuencia de visitas, estrechando
las relaciones con quienes toman las decisiones” y, como acción de
mediano plazo, “dotar a todas las regiones de un analizador de
oxígeno, para promover visitas a los clientes con PSA instalada y
mostrar a los mismos la pureza del gas que están consumiendo
(…)”.
Nuevamente, se observa cómo una conducta propia del quehacer
comercial, cobra importancia frente al régimen de protección de la
libre competencia cuando es realizada por las principales
competidoras en el mercado de oxígenos en Colombia con un fin
coincidente: el desplazar del mercado a la tecnología PSA,
atacando con ello en forma coordinada.
Adicionalmente, el contenido de la estrategia proponía una
tarea común y concordada, constituida por las visitas que se
realizarían a las diferentes entidades de salud que podrían estar
interesadas en adquirir el sistema PSA o que ya lo habían adquirido,
así como la focalización en las presuntas desventajas de dicho
sistema frente al tradicional sistema criogénico.
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b. La estrategia de Burson-Marsteller
Además de la preocupación manifiesta y coincidente de las
investigadas por la entrada al mercado de las plantas PSA, durante
la etapa de investigación se encontró una presentación elaborada
por la firma Burson-Marsteller (consultor internacional),
denominada “Estrategia de prevención y alerta”, dirigida a las tres
empresas investigadas.
La estrategia planteada en dicho documento incluía una referencia a
las debilidades del sector y señalaba entre ellas el “ingreso fuerte de
máquinas PSA en el último año, especialmente en la Costa
Atlántica”. Otro de los puntos señalados en la estrategia era la
creación de un ambiente favorable para la expedición de
normatividad sobre gases medicinales, lo cual se lograría mediante
una agenda pública en materia de temas de salud pública.
Para lograr el objetivo, el consultor recomendó desarrollar las
siguientes actividades, a saber: (i) Una campaña denominada “Con
el oxígeno no se juega”, destinada para sensibilizar la percepción
respecto de la percepción del oxígeno como medicamento y a
“despertar preocupación y generar alerta por la calidad del oxígeno
hospitalario” y (ii) La realización de actividades de cabildeo a
diferentes niveles (Ministerio de la Protección Social, INVIMA,
Ministerio de Comercio Exterior, Congreso de la República,
asociaciones médicas, clínicas y hospitales, pacientes, ICONTEC y
líderes de opinión), para “persuadir a las audiencias clave” y lograr
la expedición de normas técnicas exigentes para la producción de
oxígeno.
Se contemplan también estrategias de presión a través de una
“Agenda de Ataque”, que tendría como objetivo “Evidenciar los
riesgos que la producción de oxígeno e importación de PSA supone
para la salud y las finanzas públicas”. Esta agenda comprendía: i)
Denuncias públicas, ii) Acciones legales (incluye denuncias ante
INVIMA por la calidad o falta de requisitos de los medicamentos;
solicitud de revocación de la habilitación de la entidad prestadora de
servicios de salud, denuncia penal, acciones e cumplimiento y
tutela, entre otros) y iii) mensajes de advertencia mediante “visitas
de los asesores legales a personal médico y administrativo de
clínicas y hospitales” con el mensaje “irregularidades y
responsabilidades por el uso de PSA” tendientes a evidenciar los
riesgos de la producción de oxígeno por el sistema PSA.
[…]
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d. Coincidencia en contratos de suministro de gases
medicinales de larga duración con cláusulas de exclusividad
y anexos de exoneración de responsabilidad
Otra de las estrategias adoptadas por las empresas investigadas fue
buscar mantener con sus clientes relaciones comerciales a través de
la suscripción de contratos de largo plazo con cláusulas de
exclusividad, con el objeto de atar a los clientes institucionales a su
sistema de suministro.
La existencia de contratos de larga duración con cláusulas
restrictivas favorece la fidelización de los clientes, pues mediante
ellos una cierta porción de la clientela se ve transitoriamente cautiva
de su actual proveedor, lo cual dificulta el ingreso al mercado de las
empresas de tecnología PSA.
[…]
En el presente caso, como se verá a continuación, las investigadas
suscribieron contratos con las características anotadas:
d.1. Contratos celebrados por AGA FANO hoy Linde Colombia
S.A. que evidencian largos plazos y cláusulas de exclusividad
• Contrato de suministro de gases medicinales – Clínica de
Occidente de Cali. Vigencia del contrato: tres (3) años contados a
partir del 1° de julio de 2004.
“Cláusula Cuarta – Reciprocidad: El Contratante (Clínica), por los
beneficios que recibe, se compromete a comprar exclusivamente los
mencionados productos (oxígeno líquido, oxígeno gaseoso, óxido
nitroso, nitrógeno gaseoso y CO2 seco) durante la vigencia del
presente contrato, exceptuándose circunstancias de fuerza mayor
como daño en la producción del CONTRATISTA, problemas de
transporte, catástrofes naturales, guerras u otra razón entre las
partes. En tal caso, el CONTRATISTA notificará de inmediato al
CONTRATANTE, quien tendrá derecho a suplir sus necesidades en
otra forma mientras persistan las dificultades para la entrega (…)”.
• Contrato de suministro de gases medicinales – Clínica de
Occidente de Tuluá. Vigencia: tres (3) años contados a partir del 1°
de julio de 2004.
“Cláusula Cuarta – Reciprocidad: El Contratante (Clínica), por los
beneficios que recibe, se compromete a comprar exclusivamente los
mencionados productos durante la vigencia del presente contrato
(…)”.
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d.2. Contratos celebrados por Oxígenos de Colombia que
evidencian largos plazos e inclusión de cláusulas de
exclusividad
• Contrato de proveeduría de gases, Folios 179, 180, cuaderno No.
6, visita administrativa a Oxígenos de Colombia, celebrado en el año
1997 con la Clínica Vascular Navarra - Plazo de duración: ocho (8)
años.
Cláusula 8, segundo inciso: “La proveedora se obliga a proveer al
cliente (clínica) el producto objeto de este contrato y éste se
compromete a adquirir tal producto de manera exclusiva a la
PROVEEDORA en todas las aplicaciones y locales donde lo viene
utilizando”.
• Propuesta comercial para el suministro de gases: - Clínica de
Occidente Bogotá. “Condiciones comerciales: 1) ampliar el término
del contrato actual por un periodo de 2 años adicionales, hasta el
2010, actualizando el modelo de contrato vigente. 2) La clínica
garantizará a Oxígenos, ser la primera opción en los suministros de
gases medicinales, compresor de aire, bomba de vacío y demás
elementos que pueda proveer nuestra compañía”.
La cláusula quinta de esa propuesta establece la siguiente obligación
"1. Adquirir con carácter preferente los gases medicinales (Oxígeno
gaseoso, aire comprimido, nitrógeno gaseoso y óxido nitroso)
proporcionados y con carácter exclusivo el oxígeno líquido, en la
totalidad de sus necesidades y en todas sus aplicaciones y
localidades en que pueda ser utilizado, pagando el precio
convenido".
• Contrato de comodato para suministro de óxido nítrico Oxígenos
de Colombia y Saludcoop - Cundinamarca-, duración: 1 año y se
prorrogará por períodos iguales según acuerdo escrito previo entre
las partes.
"Cláusula tercera - obligaciones del comodatario - c) Consumir y
comprar el óxido nítrico y los demás gases que requiera o llegue a
requerir única y exclusivamente al COMODANTE - OXICOL."
• Contrato de comodato de bienes muebles (redes, tanques,
equipos en adelante la red) celebrado con la Fundación Abod Shaio
• Bogotá, (contrato accesorio al de suministro de gases
medicinales), duración: desde abril de 2005 hasta diciembre de
2008.
"Cláusula Tercera. Uso Autorizado.- única y exclusivamente para el
desarrollo de las aplicaciones en sus instalaciones [...]"
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"Parágrafo - PACTO DE PREFERENCIA: El Comodatario (clínica)
acuerda que, El Comodante, tendrá preferencia, frente a los otros
proveedores en el mercado, en la compra de todos aquellos
productos que requiera o llegare a requerir y que El Comodante
esté en capacidad de suministrar, siempre y cuando El Comodante
ofrezca condiciones iguales o mejores a las de terceros."
"Cláusula cuarta - obligaciones del comodatario - c) Consumir y
comprar el oxígeno líquido y los demás gases que requiera o llegue
a requerir única y exclusivamente al COMODANTE - OXICOL."
d.3. Contratos celebrados por CRYOGAS que evidencian
largos plazos y cláusulas de exclusividad o de terminación
del contrato frente a la opción de obtener el suministro de
oxígeno de otro proveedor
• Oferta Mercantil de Suministro aceptada por la Clínica Versalles
S.A. de Manizales, Visita administrativa realizada a las instalaciones
de CRYOGAS en la ciudad de Medellín, "Cláusula Décima Séptima.-
Causales especiales de terminación - "literal g: Por parte del
oferente (CRYOGAS): En el evento en que durante la vigencia de la
presente oferta mercantil, el beneficiario de la misma (Clínica),
optare por obtener de terceros, productos de la misma o similar
naturaleza de la que es objeto esta oferta mercantil comercial de
suministro, o se provea de éstos con medios propios tendientes a su
producción, el oferente podrá dar por terminada de manera
unilateral la presente oferta mercantil sin que por ello se configure
un incumplimiento a sus obligaciones”. Fecha de suscripción: 9 de
abril de 2007 – Cláusula Décima: Duración y aceptación de la
oferta: 5 años.
• Oferta Mercantil de Suministro y transporte de gases aceptada por
la Clínica del Rosario de Cartagena, Fecha 21 de octubre de 2006 -
Visita administrativa CRYOGAS.
"Cláusula Décima: Duración y aceptación de la oferta: seis (6)
años."
"Cláusula Décima Octava.- Causales especiales de terminación.-
numeral 7: Por parte del oferente (CRYOGAS): En el evento en que
durante la vigencia de la presente oferta mercantil, EL
BENEFICIARIO de la misma (Clínica), optare por obtener de
terceros, productos de la misma o similar naturaleza de la que es
objeto esta oferta mercantil comercial de suministro, o se provea de
éstos con medios propios tendientes a su producción. EL OFERENTE
podrá dar por terminada de manera unilateral la presente oferta
mercantil sin que por ello se configure un incumplimiento a sus
obligaciones".
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Actores: CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA Y OTROS.
Los Anexos de exoneración de responsabilidad, que debieron firmar
las clínicas y hospitales se fundaron en los presuntos riesgos para la
salud humana por la posibilidad de compartir las redes de
conducción de gases medicinales entre los métodos de producción
de oxígeno medicinal criogénico y PSA; riesgos que conforme con la
información obrante en el expediente resultaron ser más una
estrategia encaminada a obstruir el ingreso al mercado de la
tecnología PSA, que una probabilidad apoyada en evidencia
científica.
A dicha conclusión se arriba luego de contar con el experticio
técnico, practicado a solicitud de la empresa Oxígenos de Colombia
Ltda., rendido por la perito bióloga nombrada dentro de la
investigación, que informó:
"El oxígeno proveniente de plantas PSA's o plantas criogénicas tiene
las mismas características físico-químicas por lo que no tiene ningún
tipo de incidencia clínica el compartir sus redes.”
Además, los siguientes testimonios indican que los temores por el
uso de oxígeno producido por plantas PSA que infundían a sus
clientes las Empresas Investigadas, carecían de soporte.
[…]
d.4. Efectos de las cláusulas de exclusividad
Entre los efectos de las cláusulas de exclusividad que distorsionan la
libre competencia, se encuentran:
-Excluir o eliminar agentes de los canales de distribución en el
mercado secundario o de abajo.
-Generar barreras de entrada o de expansión.
-Facilitar la cartelización al negarle a los compradores la oportunidad
de forzar competencia entre los distribuidores.
[…]
En efecto, bajo el esquema estructurado por AGA FANO hoy Linde
Colombia S.A., OXICOL y CRYOGAS, los proveedores de plantas
PSA no tienen la posibilidad de ofrecer su venta, instalación y
servicios a los hospitales y clínicas, ya que éstas se encuentran
obligadas por un contrato de exclusividad firmado con las empresas
investigadas, con lo cual aumenta la posibilidad de obstruir la
entrada al mercado de empresas con tecnología PSA.
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El sistema de cláusulas de exclusividad, tal como funciona en el
presente caso, otorga ventajas a las empresas investigadas que
poseen la mayor participación de mercado, lo que se traduce en
hacer prácticamente imposible el acceso de los proveedores de
tecnología PSA, y en restringir la libertad de las clínicas y hospitales
para elegir la tecnología que más les convenga en función de las
ventajas económicas que ofrece. En efecto, las cláusulas de
preferencia por los productos de la oferente arriba mencionadas, le
entregan al productor incumbente la opción de igualar la oferta del
productor entrante, impidiendo así que se de competencia efectiva
en el mercado. Del mismo modo, otras cláusulas como la cláusula
de primera opción arriba definida, las cláusulas de terminación
unilateral por la demanda de productos sustitutos, y las demás
cláusulas definidas, componen un sistema de exclusividad
contractual diseñado con el fin de restringir la entrada de
competidores al mercado. Sistema que se hace reprochable a la luz
del derecho de la competencia, en vista del amplio poder de
mercado que tienen en conjunto las empresas investigadas y la
evidente concertación de estrategias jurídicas encaminadas
a impedir o excluir del mercado las empresas competidoras.
[…]” (Destacado fuera de texto).
Dentro de los acápites arriba citados de la resolución sancionatoria, se
analizaron las pruebas obrantes en el expediente que muestran que la
finalidad de las estrategias adoptadas estaba vinculada al propósito
común de obstaculizar la entrada de los competidores al mercado y
se precisó que infringieron los artículos 47, numeral 10, del Decreto
2153 y 1º de la Ley 155, al realizar un acuerdo, en la modalidad de
práctica concertada, desarrollada por las empresas fabricantes y
distribuidoras de gases medicinales, particularmente, de oxígeno
medicinal, tendiente a obstruir la entrada o participación de otros
agentes en el mercado.
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Además, encontró acreditado que la parte demandante llevó a cabo
diferentes actividades concertadas, tales como: i) campañas para
desestimular la adquisición de plantas PSAs de los competidores;
ii) la estrategia Burson & Marsteller; iii) la coincidencia en contratos
de suministro de gases medicinales de larga duración con cláusulas
de exclusividad y los anexos de exoneración de responsabilidad; iv)
disuasión de posibles clientes de las PSA a través de precios
inferiores; y v) desmonte de las plantas PSA ante presiones u
ofrecimiento de dádivas de las grandes empresas fabricantes de
gases, todas estas encaminadas a impedir la entrada de las PSA al
mercado de gases medicinales, particularmente, de oxígeno
medicinal en Colombia.
También indicó que en el presente proceso la prueba de la
existencia de acuerdo o práctica concertada con fines
anticompetitivos llevada a cabo por las investigadas, se acreditó no
solo con un comportamiento adoptado por las mismas, sino
también por una cadena de comportamientos que se han extendido
en el tiempo y que implican que su análisis no se realice
separadamente sino en su conjunto, para concluir, con certeza, que
no existía ánimo de competir por parte de las mismas.
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Precisó, en la Resolución sancionatoria, que para el cómputo de la
caducidad, es importante tener en cuenta el siguiente análisis:
43
Señaló que, de lo anterior, puede concluirse que en el presente
asunto se estaba ante unas conductas continuadas; y que las
fechas de vigencias de los contratos arriba listados eran los que
permitían establecer un orden cronológico para el cálculo de los tres
(3) años para que opere la caducidad en los términos del artículo
38 del CCA.
En ese contexto, para la Sala sí se encuentra acreditado que en el
presente asunto se estaba ante unas conductas continuadas, en la
medida en que tuvieron ocurrencia de manera prolongada y
continuada, de modo que el cómputo de la caducidad para imponer
43
Folio 64 del anexo núm. 1. del expediente núm. 2011-00488.
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la sanción debe hacerse a partir del último acto, esto es, desde la
fecha en la cual cesó dicha conducta.
En efecto, dentro de las diferentes prácticas concertadas y
continuadas traídas a colación por la entidad demandada en el acto
sancionatorio acusado, la Sala encuentra que estas tuvieron su
primera ocurrencia en el 2002 y se mantuvieron en el tiempo de la
siguiente manera:
.- En cuanto a la sociedad AGA FANO, obra el contrato de
suministro con cláusula de exclusividad suscrito con la Clínica
Occidente de Tuluá44, que tenía una vigencia de 3 años contados a
partir del 1º de julio de 2004, por lo que este se encontró vigente
hasta el 1º de julio de 2007.
.- En lo que respecta a CRYOGAS S.A., consta la oferta de
suministro45, que contenía una cláusula de exclusividad o de
terminación del contrato frente a la opción de obtener el suministro
de oxígeno de otro proveedor, la cual fue aceptada por la Clínica
Versalles de Manizales, con fecha de suscripción de 9 de abril de
2007, con una duración y aceptación de la oferta con vigencia de 5
44
CD anexo al expediente 2011-00488.
45
CD anexo al expediente 2011-00488.
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años, de manera que esta estuvo vigente hasta el 9 de abril de
2012.
.- En lo relativo a OXICOL, obra el contrato de comodato de bienes
muebles consistente en redes, tanques y equipos, siendo accesorio
al contrato de suministro de gases medicinales, suscrito con la
Fundación Abod Shaio – Bogotá, que contenía una cláusula de
exclusividad, con una duración desde abril de 2005 hasta el 31 de
diciembre de 2008, por lo que este estuvo vigente hasta 31 de
diciembre de 2011.
Sobre el particular, la Sala destaca que la suscripción de los
contratos corresponde a una de las cinco conductas concertadas
endilgadas a las actoras por parte de la SIC, las cuales se
encontraban encaminadas al único propósito de impedir el ingreso
en el mercado de las plantas PSA.
Su referencia resulta relevante no solo porque integran una de las
conductas investigadas, sino porque incorporaban, precisamente,
las cláusulas de exclusividad que permanecieron vigentes y
continuaban produciendo los efectos que la autoridad administrativa
calificó como anticompetitivos en el acto sancionatorio, razón por la
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cual el análisis de la caducidad debe efectuarse a partir del último
hecho constitutivo de la conducta lesiva de la libre competencia,
entendida en su integridad, lo que supone identificar el momento
final de ejecución de la estrategia anticompetitiva desplegada por
las empresas sancionadas.
Por lo tanto, de dichos contratos, además de las otras cuatro
conductas endilgadas, es que la Sala puede determinar que la
conducta por la cual se sancionó a las demandantes es de carácter
continuado. Los hechos se encuentran relacionados por una unidad
de propósito, por cuanto, como lo afirma la SIC en los actos
demandados, todos hacen parte de una serie de estrategias
encaminadas a afectar la competencia en el mercado de los gases
medicinales. En esa medida, no pueden ser analizados de manera
independiente, sino que deben estudiarse en conjunto.
A este respecto, es importante precisar, entonces, que las
infracciones endilgadas no se desarrollaron en un solo momento y
que dichas infracciones no dependieron de una única conducta
reprochable sino de un conjunto de actividades que sumadas
identificaron las infracciones calificadas de anticompetitivas.
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Sobre este particular, es importante traer a colación lo señalado por
esta Sección en la sentencia de 25 de noviembre de 201946,
pronunciamiento reiterado en las sentencias de 30 de julio, 24 de
septiembre y 12 de noviembre de 202047 que, en lo concerniente al
carácter continuado de la conducta, se señaló lo siguiente:
“[…] En ese orden, no es de recibo que la Superintendencia
hubiese desconocido el mandato contenido en el artículo 38 del
CCA, pues de acuerdo con lo que está probado, las
infracciones endilgadas no dependieron de una única
conducta reprochable sino de un conjunto de actividades
que sumadas identificaron las infracciones calificadas de
anticompetitivas.
[…]
En efecto, la investigación que se adelantó se soportó en una
situación particular que no desvirtuó la parte actora. Lo
investigado atiende a la condición de conductas
continuadas, pues la infracción no se desarrolló en un
solo momento y por la EPS demandante, sino que se
extendió en el tiempo con ocasión de los actos que
encontró la SIC para delimitar las tres infracciones
formuladas respecto de un conjunto de EPS y la entidad
que las asocia al identificar tres estadios diferentes de la
realización de las faltas por las cuales se le sancionó, así:
[…]
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de
noviembre de 2019. Rad: 11001-03-24-000-2012-00679-02. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
Actora: Entidad Promotora de salud Servicio Occidental de Salud S.A. – SOS.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de
julio de 2020. Rad: 25000-23-24-000-2012-00662-01. Magistrado Ponente: Doctor Roberto Augusto
Serrato Valdés. Actora: Salud Total EPS. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio –
SIC.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de
septiembre de 2020. Rad: 25000-23-24-000-2012-00527-01. Magistrado Ponente: Doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. Actora: Caja de Compensación Familiar Comfenalco Valle EPS –
COMFENALCO VALLE. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de
noviembre de 2020. Rad: 25000-23-24-000-2012-00529-01. Magistrado Ponente: Doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. Actora: Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia EPS –
COMFENALCO Antioquia. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.
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Las resoluciones acusadas fueron el resultado del
procedimiento administrativo que se adelantó, a partir de la
formulación de los cargos y los hechos específicos que los
respaldaron, para calificar las conductas contrarias a la libre
competencia en el mercado de servicios de salud.
[…]
Este último hecho también la involucra en la actuación
por el contexto de las actividades objeto de la
investigación, las cuales no resultan separables por las
condiciones asumidas por las EPS investigadas, que
accedieron al envío de información y asintieron en las
orientaciones dadas por la ACEMI, frente a los consensos
logrados.
[…]
Por lo precedente, no le asiste la razón a la parte apelante al
considerar como fecha de conteo del término de caducidad, […]
porque dada la naturaleza de la infracción, que implicó la
realización de actos positivos continuados de doble dirección
para examinar la afectación al mercado de salud, resultaba
insuficiente para la autoridad de vigilancia restringirse a
uno solo de los eventos que encontró para estructurar
las trasgresiones investigadas en tanto, como lo explicó
en el auto de formulación de cargos, se requirió de un
examen complejo por ser una conducta continuada y no
evidenciada sino a través del contexto de las pruebas
recopiladas que daban cuenta del escenario de infracción
en el que se movían ciertos asuntos tratados por
conducto de la ACEMI con las EPS miembros que
desbordaban el propósito de asociación y cooperación en
el que se amparan. […]” (Destacado fuera de texto).
Lo anterior lleva a la Sala considerar que no le asistió razón al
Tribunal al estimar, por un lado, que la conducta fue de ejecución
instantánea y, por el otro, que la fecha para contabilizar el término
de caducidad previsto en el artículo 38 del CCA era el 21 de mayo
de 2004, fecha en la que se le trasladó la queja interpuesta en
contra de las actoras a la entidad demandada.
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En ese contexto, se tiene que la SIC encontró acreditado una serie
de comportamientos de la parte actora, ejecutado durante varios
años con el propósito de impedir la entrada de las PSA al mercado
de gases medicinales, particularmente, de oxígeno medicinal en
Colombia, circunstancia que, como se dijo con anterioridad,
permitió establecer que se trató de una conducta continuada.
Bajo ese entendimiento, y por tratarse de una serie de conductas
proyectadas en el tiempo y ejecutadas bajo una misma unidad de
propósito, resulta razonable considerar que el último hecho
constitutivo de la infracción ocurrió el 9 de abril de 2012, fecha en
la que culminó la vigencia de la oferta de suministro otorgada por
CRYOGAS S.A. a la Clínica Versalles de Manizales, la cual fue
debidamente aceptada por esta última y que contenía una cláusula
de exclusividad o de terminación del contrato frente a la opción de
obtener el suministro de oxígeno de otro proveedor.
Sobre este particular, es importante precisar que, si bien es cierto
que dicha oferta fue suscrita y aceptada el 9 de abril de 2007,
también lo es que los efectos anticompetitivos endilgados por la
autoridad administrativa, consistentes en impedir la entrada de las
PSA al mercado de gases medicinales, particularmente, de oxígeno
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medicinal en Colombia, continuaban produciéndose mientras esta
se encontrara vigente. De ahí que el último hecho constitutivo de la
conducta lesiva de la libre competencia, entendida en su integridad,
sea el 9 de abril de 2012, fecha en la que culminó la vigencia de la
mencionada oferta de suministro.
A este respecto, cabe señalar que la SIC sancionó a las empresas
AGA FANO, OXICOL y CRYOGAS por una práctica concertada, la
cual es una modalidad del género de los acuerdos anticompetitivos,
por lo que debe destacarse que las cláusulas de exclusividad o de
terminación del contrato, estipuladas en los contratos de suministro
suscritos por las actoras, fueron parte de esa concertación o
estrategia y, en consecuencia, mientras estuvieran vigentes dichas
cláusulas, aún en uno solo de los contratos, los efectos de la
conducta imputada se mantenían en el mercado generando una
barrera de acceso, lo cual reafirma que el último hecho a tener en
cuenta para el cómputo de la conducta sea el 9 de abril de 2012.
Además, al haber existido una unidad de propósito y al tratarse de
una serie de conductas continuadas, la Sala considera que el
término para contabilizar la caducidad de la facultad sancionatoria
de la SIC no puede efectuarse de manera independiente frente a
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cada una de las investigadas, como lo alegaba la entidad
demandada en su recurso de alzada, sino a partir del último hecho
constitutivo de la conducta endilgada a las empresas sancionadas,
entendiéndose estas, como un todo, toda vez que las infracciones
continuadas “[…] suponen pluralidad de acciones u omisiones, una
unidad de intención y la identidad de los elementos que configuran
la conducta descrita en la ley como sancionable […]”.48
Así las cosas, si bien es cierto que las conductas ejecutadas por
OXICOL, AGA FANO y CRYOGAS se acreditaron mediante
actuaciones realizadas en fechas diferentes, también lo es que se
trata de manifestaciones de una misma práctica restrictiva de la
competencia, desarrollada de manera coordinada para impedir el
ingreso de la tecnología PSA al mercado. En este sentido, al ser un
único acuerdo anticompetitivo integrado por múltiples actos de
ejecución, la fecha relevante para efectos de la caducidad
corresponde al último hecho constitutivo de esa conducta común.
Por lo tanto, a la luz de la jurisprudencia consolidada tanto de la
Corporación49 como de esta Sección, así como de lo previsto en el
48
Ver sentencia de 2 de julio de 1999 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, C.P. Daniel Manrique Guzmán, núm. único de radicación 25000-23-27-000-11935-
01-9384). Criterio reiterado en sentencia de 21 de mayo de 2026, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de
radicación 2018-00871-01.
49
Ver la citada sentencia de 2 de julio de 1999.
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artículo 38 del CCA, la Sala considera que la entidad demandada
tenía hasta el 9 de abril de 2015 para imponer y notificar la
sanción respectiva antes de que caducara su facultad sancionadora,
la que en efecto ejerció mediante la expedición de la Resolución
núm. 65477 de 25 de noviembre de 2010, notificada por edicto
desfijado el 9 de diciembre de 2010.
Por consiguiente, se advierte que no operó la caducidad
erróneamente advertida por el a quo en la sentencia apelada de 6
de marzo de 2014, de manera que el cargo propuesto por los
actores en sus demandas no debía tener vocación de prosperidad.
Ahora, cabe señalar que la SIC, en su recurso de apelación solicitó
tener en cuenta para contar la caducidad de la facultad
sancionatoria, el contrato de suministro de gases medicinales
celebrado entre AGA FANO y la Clínica el Rosario el 13 de
diciembre de 2010.
Sobre el particular, tanto la empresa AGA FANO, como su
representante legal DIANA ELIZABETH RÍOS MEJÍA, pusieron de
presente en sus alegatos de conclusión que dicho contrato fue
recaudado como prueba con posterioridad a la expedición de la
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Resolución núm. 65477 de 2010, de manera que simplemente
no podía tener como referencia documentos que no habían sido
siquiera recaudados al momento de expedir ese acto
administrativo.
Al respecto, debe precisarse que no le asiste razón a la SIC en su
recurso de apelación al afirmar que, para contabilizar el término de
caducidad de la facultad sancionatoria, era viable tener en cuenta el
contrato de suministro de gases medicinales celebrado entre AGA
FANO y la Clínica el Rosario suscrito el 13 de diciembre de 2010.
Debe destacarse que dicha fecha se menciona es en la Resolución
acusada núm. 18747 de 2011 acusada, por medio de la cual se
resolvió el recurso de reposición interpuesto por las sociedades
OXICOL y AGA FANO y sus representantes legales CÉSAR
OSWALDO FRANCO RIVERA y DIANA ELIZABETH RÍOS MEJÍA
en contra de la Resolución acusada núm. 65477 de 2010, en la
que SIC trajo a colación tres nuevos documentos, recaudados por
medio de una visita administrativa que se llevó a cabo con
posterioridad a la expedición del acto sancionatorio, consistentes
en: i) un contrato de suministro de gases medicinales suscrito entre
AGA FANO y clínica El Rosario suscrito el 13 de diciembre de 2010,
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con término de duración de cinco (5) años; ii) un contrato de
suministro de gases medicinales firmado entre AGA FANO y la IPS
Cruz Blanca el 1º de septiembre de 2009, con un término de
duración de un (1) año; y iii) una oferta de suministro de gases
medicinales firmado entre AGA FANO y la Clínica Soma de
Medellín, con fecha de 10 de abril de 2010.
Sobre este aspecto, la Sala considera importante puntualizar que
debe distinguirse entre la posibilidad que tiene la entidad
demandada de que, con posterioridad a la apertura de investigación
sea posible que surjan pruebas o elementos probatorios que
permitan precisar las circunstancias de hecho y de derecho de la
conducta imputada y la pretensión de que, al momento de resolver
un recurso de reposición, se sigan recaudando elementos
probatorios adicionales para modificar las circunstancias de hecho
ya fijadas en el acto sancionatorio.
Lo anterior, teniendo en cuenta que en el auto de apertura de
investigación la conducta se imputa de manera provisional y
supeditada al material probatorio que se recaude durante dicha
etapa, ya que durante esta etapa se busca esclarecer si la conducta
tuvo lugar, las circunstancias de hecho y de derecho en que se dio
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la misma, quiénes son responsables de tal comportamiento, y
recaudar las pruebas o la evidencia, relacionada con los cargos o
conducta imputada, que le permita tener elementos de juicio para
determinar la existencia o no de la conducta imputada y, por ende,
para decidir imponer o no la sanción, y solo es hasta el acto que
resuelve la actuación administrativa, -Fallo sancionatorio-50, luego
de practicadas las pruebas, cuando la SIC determina o establece en
forma precisa la existencia de la conducta imputada, las
circunstancias de hecho y de derecho en que se realizó esa
conducta, así como la responsabilidad de los investigados.
De ahí que no resulte viable, como lo pretende la SIC, incorporar
nuevos elementos probatorios, con posterioridad a la expedición del
acto sancionatorio, para modificar las circunstancias de hecho que
ya habían sido fijadas en la resolución sancionatoria. En efecto, no
puede la entidad demandada acudir a contratos de suministro que
fueron recaudados después de haber expedido la Resolución núm.
65477 de 2010, acusada, con la finalidad de alterar las fechas ya
establecidas en dicho acto y, con ello, redefinir el término para el
cómputo de la caducidad de la facultad sancionatoria, como en
50
Ver sentencia de 21 de mayo de 2026 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2018-00871-01).
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efecto lo hizo por medio de la Resolución núm. 18747 de 2011,
demandada.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que el argumento de la SIC
referente a la existencia de una conducta continuada y que, por
consiguiente, se encontraba dentro del término previsto por el
artículo 38 del CCA para expedir los actos acusados, tiene vocación
de prosperidad, habida cuenta que, como quedó visto, no operó la
caducidad de la facultad sancionatoria de la entidad demandada
para expedir la Resolución acusada núm. 65477 de 2010.
Por lo tanto, la Sala ordenará revocar la sentencia apelada y, en su
lugar, denegará el cargo de falta de competencia propuesto por las
sociedades OXICOL y AGA FANO y sus representantes legales
CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA y DIANA ELIZABETH RÍOS
MEJÍA, así como el cargo de violación de los derechos al debido
proceso y de defensa aducido por la empresa CRYOGAS S.A.
VII.2.2. De restablecimiento del derecho solicitado por
CRYOGAS S.A.
La sociedad apelante CRYOGAS S.A., señaló que los actos de
ejecución y cobro coactivo de las resoluciones núms. 11972 de
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2005 y 65477 de 2010 acusada, realizados por la
Superintendencia, así como el pago del capital e intereses
efectuados por dicha compañía, comoquiera que fueron actos de
fecha posterior a la presentación de la demanda, no pudo
aportarlos con esta, pero que sí se encontraban en poder de la SIC
al momento de responder la demanda.
El a quo, negó el restablecimiento del derecho de la Sociedad
CRYOGAS S.A., dado que no encontró probado en el expediente
que dicha empresa haya incurrido en pago alguno con ocasión de la
expedición de las resoluciones demandadas.
Sobre el particular, la Sala considera que no hay lugar a efectuar
pronunciamiento alguno, comoquiera que se revocará la
declaratoria de nulidad de los actos acusados, así como aquellas
órdenes relacionadas con los restablecimientos del derecho
solicitados por los actores en sus demandas, ante la prosperidad del
cargo señalado por la SIC en su recurso de apelación, habida
cuenta que no había caducado la facultad sancionatoria de la
entidad demandada, de manera que los actos acusados aún gozan
de presunción de legalidad.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
Actores: CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA Y OTROS.
En virtud de los razonamientos expuestos a lo largo de esta
providencia, la Sala procederá, entonces, a revocar la sentencia
de 6 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal y, en su lugar,
denegará el cargo de falta de competencia propuesto por las
sociedades OXICOL y AGA FANO y sus representantes legales
CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA y DIANA ELIZABETH RÍOS
MEJÍA, así como el cargo de violación de los derechos al debido
proceso y de defensa aducido por la empresa CRYOGAS S.A.
Definido lo anterior, sería del caso entrar a examinar los demás
cargos propuestos en sus demandas por los actores. Sin embargo,
la Sala encuentra que no es posible emitir pronunciamiento sobre
los demás reproches de nulidad elevados, habida cuenta que
aquellos no fueron analizados por el Tribunal, autoridad a la que le
correspondía adelantar dicho estudio, amén de que no fueron
objeto de los recursos de apelación; y sabido es que la
competencia del ad quem está delimitada por el recurso de alzada.
Al respecto, cabe resaltar que la Sección ha señalado que la
imposibilidad de abordar censuras en segunda instancia, que no
fueron analizadas en primera, no constituye una omisión sino, por
el contrario, la garantía de los principios de limitación de la
competencia del Juez superior, de la doble instancia y del debido
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
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proceso, toda vez que “[…] resolver de fondo la controversia en la
segunda instancia, implica reemplazar al a quo en el estudio de los
cargos de la demanda que no realizó y equivale a convertirla en
única instancia, privando a la parte desfavorecida del derecho
fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente
ligado al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia
[…]”51.
En este orden de ideas, acogiendo la reiterada tesis de la Sala52, se
remitirá el presente expediente al Tribunal, quien fungió como juez
de primera instancia de esta causa, y así se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia, para que se pronuncie respecto de
los demás cargos que fueron objeto de demanda y registre
proyecto dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la recepción
del expediente, en los términos del artículo 211 del CCA5354,
conservando, para los efectos, el turno para fallo.
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
abril de 2013, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación
50001233100020060100401.
52
Entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias
de 12 de diciembre de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación
76001233100020060203901; y de 24 de mayo de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm.
único de radicación 25000232400020040068401. Reiteradas en sentencia de 6 de noviembre de 2020
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón, número único de radicación 25000234100020140028401).
53
“[…] Registro del proyecto. Artículo 211. Modificado por el artículo 50, Decreto Nacional
2304 de 1989. Vencido el término de traslado al fiscal, se enviará el expediente al ponente para que
elabore proyecto de sentencia. Este se deberá registrar dentro de los cuarenta (40) días siguientes.
La Sala, sección o subsección tendrá veinte (20) días para fallar […]”.
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o. de
diciembre de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00170-01.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
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Costas procesales
Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que
de conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con
los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión
del artículo 168 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las
partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.
Finalmente, se le reconocerá personería a la doctora MARÍA
ISABEL SALAZAR ROJAS como apoderada de la SIC, de
conformidad con el poder y documentos anexos obrantes en el
índice 42 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 6 de marzo de 2014,
proferida por la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal de
Cundinamarca y, en su lugar, DENEGAR el cargo de falta de
competencia propuesto por las sociedades OXICOL y AGA FANO y
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
Actores: CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA Y OTROS.
sus representantes legales CÉSAR OSWALDO FRANCO RIVERA y
DIANA ELIZABETH RÍOS MEJÍA, así como el cargo de violación
de los derechos al debido proceso y de defensa aducido por la
empresa CRYOGAS S.A., por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo decidido en el artículo
PRIMERO, se dispone: REMITIR el expediente al Tribunal de
origen para que se pronuncie respecto de los demás cargos que
fueron objeto de las demandas y registre proyecto dentro de los
cuarenta (40) días siguientes a la recepción del expediente, en los
términos del artículo 211 del CCA, conservando, para los efectos, el
turno para fallo.
TERCERO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO: TENER a la doctora MARÍA ISABEL SALAZAR ROJAS
como apoderada de la SIC, de conformidad con el poder y
documentos anexos obrantes en el índice 42 del expediente digital
agregado al sistema SAMAI.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2011-00488-01.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de julio de
2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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