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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-01695-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-01695-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 13 de junio de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2015-01695-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá D.C., veintitrés (23) octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 25000 23 41 000 2015 01695 01
Demandante: Dairo Alberto García Trujillo y Gisaico S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Tesis: No se configuró la caducidad de la facultad sancionatoria de la
Superintendencia de Industria y Comercio, pues la conducta colusoria fue de
tracto sucesivo y el acto sancionatorio principal se notificó dentro del término legal
de cinco años, contado desde el último hecho constitutivo de la infracción a la libre
competencia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 13 de junio de 2019, por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. DEMANDA

1.1. Pretensiones1

1. Darío Alberto García Trujillo y Gisaico S.A..2 presentaron demanda contra la
Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho3, con las siguientes pretensiones:

«Primera. Que, por las razones alegadas, se declare la nulidad de las
Resoluciones Nos. 83037 de 29 de diciembre de 2014 y 20639 de 27 de abril
de 2015, mediante las cuales se declaró la existencia de una colusión en un
proceso de licitación y se sancionó a GISAICO S. A. como partícipe del
acuerdo correspondiente y a DAIRO ALBERTO GARCÍA TRUJILLO por
haberlo tolerado.

1 Samai, archivo «JR050-15-GISAICO S. A. Y DAIRO ALBERto GARCIA TRUJILLO vs. SIC-Demanda»,
página 88.
2 Por intermedio de apoderado.
3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 «[…] Por el cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]».

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www.consejodeestado.gov.co

2

Número único de radicación: 25 000 23 41 000 2015 01695 01
Demandante: Dairo Alberto García Trujillo y Gisaico S.A.

Subsidiaria de la primera petición. Que, en subsidio, se declare la nulidad
parcial de los actos atacados porque la sanción impuesta vulnera el principio
de proporcionalidad de la sanción.

Consecuencial de la subsidiaria de la primera petición. Que, como
consecuencia, se modifique la sanción ajustándola al principio de
proporcionalidad.

Consecuencial de la susidiaria (sic) de la primera petición. Que, como
consecuencia, se condene a la Superintendencia de Industria y Comercio a
devolver los valores en exceso que hayan sido pagados, con los intereses que
sean aplicables y que compensen los perjuicios producidos con la aplicación
de una sanción exagerada.

Consecuencial de la subsidiaria de la primera petición. Que los valores
correspondientes sean debidamente actualizados.

Segunda. Que, como consecuencia, se condene a la Superintendencia de
Industria y Comercio a restablecer el derecho de los demandantes, mediante
la indemnización de los perjuicios causados.

Tercera. Que como consecuencia de las peticiones anteriores también se
condene a la parte demandada a pagar a la parte demandante las sumas que
se logren demostrar en el proceso.

Cuarta. Que, los valores correspondientes sean debidamente actualizados.

Quinta. Que a la sentencia se le dé cumplimiento en la forma y dentro de los
términos establecidos por la Ley.

Sexta. Que se condene en costas a la Entidad demandada.».

1.2. Los actos demandados

2. Los actos acusados son los siguientes:

3. La Resolución núm. 83037 de 29 de diciembre de 20144 «Por la cual se imponen
unas sanciones y se adoptan otras decisiones», expedida por el Superintendente
de Industria y Comercio. En particular los artículos 1 y 4 resolvieron:

«[…] ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR que […] GISAICO S.A. - GISAICO-
[…] actuaron en contravención a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 47
del Decreto 2153 de 1992 y el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 al haber
incurrido en un acuerdo con objeto colusorio que se traduce en una práctica,
procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia en la licitación
LP-SGT-GPD-042-2009 adelantada por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS,
en los términos establecidos en la parte motiva de la presente Resolución.

En consecuencia, IMPONER las siguientes sanciones pecuniarias al
configurarse la responsabilidad establecida en el artículo 25 de la Ley 1340 de
2009:

[…]

4 Samai, archivo «JR050-15-GISAICO S. A. Y DAIRO ALBERto GARCIA TRUJILLO vs. SIC-Demanda»,
páginas 116 a 229.

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3

Número único de radicación: 25 000 23 41 000 2015 01695 01
Demandante: Dairo Alberto García Trujillo y Gisaico S.A.

1.2. A GISAICO S.A. -GISAICO- por valor de MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE ($1.478 400.000), equivalentes a dos mil cuatrocientos salarios
mínimos mensuales legales vigentes (2.400 SMMLV);

[…]

ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR que DAIRO ALBERTO GARCÍA
TRUJILLO […] facilitó, ejecutó y toleró el acuerdo con objeto colusorio que
implementó una práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre
competencia en la licitación LP-SGT-GPD-042-2009 adelantada por el
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, en los términos establecidos en la parte
considerativa de la presente Resolución, incurriendo en la responsabilidad
prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado
por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.

En consecuencia, IMPONER una sanción pecuniaria a DAIRO ALBERTO
GARCÍA TRUJILLO, por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO
VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($43'120.000), equivalentes a
setenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (70 SMMLV), al
configurarse la responsabilidad establecida en el artículo 26 de la Ley 1340 de
2009 […].»

4. Y la Resolución núm. 20639 de 27 de abril de 20155 «Por la cual se resuelven
unos recursos de reposición», expedida por el Superintendente de Industria y
Comercio, que resolvió:

«[…] ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR los numerales 1.2. […] del
ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 83037 del 29 de diciembre de 2014,
en los siguientes términos:

1.2. A GISAICO S.A. -GISAICO- por valor de MIL TREINTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.034'880.000), equivalentes a mil seiscientos ochenta salarios mínimos
mensuales legales vigentes (1.680 SMMLV);
[…]
ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas las partes restantes la
Resolución 83037 del 29 de diciembre de 2014, por las razones descritas en
la parte motiva de la presente Resolución […].»

1.3. Presupuestos Fácticos

5. La parte demandante indicó los siguientes hechos para fundamentar sus
pretensiones:

6. El Invías mediante Resolución núm. 5782 de 2009 abrió la licitación pública LP-
SGT-GDP-042-2009 cuyo objeto era «la reconstrucción, pavimentación y/o
repavimentación de las vías incluidas en el programa de pavimentación de
infraestructura vial de integración y desarrollo regional - Plan 2500 en el

5 Samai, archivo «JR050-15-GISAICO S. A. Y DAIRO ALBERto GARCIA TRUJILLO vs. SIC-Demanda»,
páginas 370 a 434.

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Demandante: Dairo Alberto García Trujillo y Gisaico S.A.

Departamento de Nariño para la vía tramo 1: Circunvalar Galeras - Sector Sandoná
• con una longitud de 5.40 kilómetros en el Departamento de Nariño».

7. El 21 de octubre de 2019 se cerró la licitación con las propuestas de Pavigas
Ltda., Gisaico S.A., Estyma S.A., Consorcio Vías Nariño (Pavimentos Andinos
S.A., Incoequipos Ingeniería Construcción y Equipos S.A.S), Consorcio Saho
(José Libardo Holguín Díaz, Sallo Construcciones Ltda.) y Consorcio CCA Galeras
(Carlos Córdoba Áviles, Efraín Rodríguez Garzón).

8. El 23 de noviembre de 2009, José Libardo Holguín Díaz, integrante del
Consorcio Saho, radicó un escrito ante el Invías con el fin de poner de presente un
presunto hecho de colusión concertado entre Pavigas Ltda., Gisaico S.A., Estyma
S.A., Pavimentos Andinos S.A., Incoequipos Ingeniería Construcción y Equipos
S.A.S., debido a que las propuestas de estos contaban con el mismo cuadro índice
y todas las pólizas de seriedad fueron expedidas el 19 de octubre de 2009 por
Mafre Seguros bajo radicados consecutivos en la misma oficina.

9. El Invías mediante Resolución núm. 3399 de 29 de julio de 2010 declaró desierta
la licitación LP-SGT-GPD-042-2009 y ordenó dar traslado a la Fiscalía General de
la Nación y a la Superintendencia de Sociedades de los hallazgos encontrados.

10. La Superintendencia de Sociedades por medio de oficio 2010-01-186305 de
24 de agosto de 2010, remitió a la Fiscalía General de la Nación el oficio por medio
el cual ponía en conocimiento la presunta conducta punible en el desarrollo de la
licitación pública.

11. Mediante proveído de 31 de agosto de 2012, la Fiscalía General de la Nación
declaró la atipicidad de la conducta punible de «acuerdos restrictivos de la
competencia» contra Gisaico S.A. porque no estaba tipificada para el momento de
los hechos y, además, ordenó remitir copias a la Superintendencia de Industria y
Comercio (en adelante SIC) para que investigara los hechos de su competencia,
de conformidad con el Decreto 2153 de 1992.

12. Mediante Resolución núm. 61530 de 19 de octubre de 2012, la SIC inició la
investigación administrativa núm. 2012-174085 con el fin de determinar si Gisaico
S.A., Pavigas Ltda., Estyma S.A., Pavimentos Andinos S.A., Incoequipos
Ingeniería Construcción y Equipos S.A.S., Dairo Alberto García Trujillo (subgerente
y representante legal suplente de Gisaico S.A. quien firmó la oferta), Luis Eduardo
Ordóñez Cardozo, Fernando Rocha Parado y Manuel Guillermo Arenas García
realizaron presuntos acuerdos contrarios a la libre competencia por similitudes en

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Demandante: Dairo Alberto García Trujillo y Gisaico S.A.

4 de las propuestas presentadas en el proceso licitatorio núm. LP-SGT-GDP-042-
2009.

13. Mediante Resolución núm. 83037 de 29 de diciembre de 2014, la SIC sancionó
con la imposición de multas, entre otros, a Gisaico S.A. ($1.478.400.000) y a Dairo
Alberto García Trujillo ($43.120.000). La resolución de sanción se notificó el 19 de
enero de 2015.

14. Contra la resolución anterior, la parte demandante interpuso recurso de
reposición, al considerar que: i) la SIC incumplió el deber de presunción de
inocencia y de analizar conductas individuales, asumiendo la ocurrencia de la
colusión sin prueba suficiente; ii) el estudio económico de la Superintendencia era
erróneo, pues las ofertas más bajas (incluidas las de no investigados) desmentían
la teoría de direccionamiento a favor de Gisaico S.A., y las diferencias de precios
no evidenciaban control del mercado; iii) la denuncia penal no implicaba
culpabilidad; iv) se violaron derechos como la no autoincriminación y el debido
proceso, a causa de los interrogatorios improcedentes, falta de peritajes y de
acceso al estudio económico; y, v) la sanción se impuso tras caducar la facultad
sancionatoria y vulnerando el principio de proporcionalidad.

15. Mediante la Resolución núm. 20639 de 27 de abril de 2015 la SIC confirmó la
sanción a Dairo Alberto García Trujillo por la suma de $43.120.000 y redujo la de
Gisaico S.A. al monto de $1.034.880.000. La decisión quedó notificada por aviso
el 11 de mayo siguiente.

1.3. Normas violadas

16. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: Código Civil, Código de
Comercio, Ley 80 de 28 de octubre de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley
640 de 5 de enero de 2001 y Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

1.4. Concepto de la violación

17. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:

1.4.1. Caducidad de la facultad sancionatoria

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18. Manifestó que el artículo 27 de la Ley 1340 de 2009 establece que la facultad
sancionatoria de la SIC caduca a los 5 años de ejecutada la conducta violatoria o
del último hecho en casos de tracto sucesivo, si no se notifica el acto sancionatorio.

19. Indicó que el último hecho constitutivo de la presunta colusión ocurrió el 10 de
diciembre de 2009, cuando se ratificó la denuncia en la audiencia de apertura del
sobre núm. 2 del proceso licitatorio. Incluso si se considerara una conducta de
tracto sucesivo, esta habría cesado el 24 de noviembre de 2009, fecha prevista
para la finalización del proceso, según el pliego de condiciones. Afirmó, que la
declaratoria de desierto del proceso de licitación el 29 de julio de 2010, que fue la
fecha que tomó como referencia la SIC, era un hecho irrelevante pues respondió
a causas ajenas a la conducta investigada.

20. Precisó que el término de caducidad debía computarse desde el 10 de
diciembre de 2009 (último hecho) o, en su defecto, desde el 21 de octubre de 2009
(cierre de presentación de propuestas), por lo que la facultad sancionatoria habría
caducado el 10 de diciembre de 2014. La SIC no podía extender el plazo hasta la
declaratoria de desierto de la mencionada licitación (29 de julio de 2010), ya que
esta fecha no guardaba relación causal con la presunta colusión.

1.4.2. Desconocimiento del principio de proporcionalidad

21. Adujo que era evidente la desproporción entre el monto sancionatorio impuesto
($1.034.000.000) a Gisaico S.A.y las utilidades netas estimadas que esta sociedad
hubiera podido generar del contrato objeto de la licitación ($50.000.000), lo que
configuraba una sanción por completo alejada de la realidad económica del
negocio.

22. Afirmó que la SIC omitió el análisis de los criterios de graduación previstos en
los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, pues no evaluó integralmente los
elementos esenciales como: i) el impacto real en el mercado, que fue nulo al
declararse desierta la licitación; ii) el beneficio efectivamente obtenido, que resultó
inexistente; y iii) el grado específico de participación, que en su caso fue marginal.
Adicionalmente, indicó que no podía tenerse en cuenta el valor total del contrato
($5.399.000.000) como parámetro para fijar la sanción, al no estar este factor
expresamente previsto como criterio de graduación en la norma referida.

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23. Expresó que no era procedente invocar el llamado «mensaje social disuasivo»
como fundamento para agravar la sanción, por tratarse de un concepto carente de
sustento legal expreso.

1.4.3. Inobservancia del debido proceso

24. Argumentó que, en los procedimientos sancionatorios, los investigados solo
pueden rendir versiones libres (sin juramento) y que, al exigírseles declarar bajo
juramento, se les obligó indirectamente a contribuir a su propia incriminación.
Destacó que esta práctica contradice la jurisprudencia constitucional que protege
el derecho a guardar silencio sin consecuencias adversas.

25. Añadió que la SIC violó el debido proceso al denegar dos peritajes claves en
el proceso, a saber: i) el estadístico para determinar si las ofertas colusorias podían
manipular el resultado de la licitación; y ii) el ingenieril para evaluar si los precios
de la propuesta de consorcio Saho eran ajustados al mercado. Siendo que el inciso
2° del artículo 155 del Decreto 19 de 10 de enero de 2012 permitía estas pruebas,
y que su rechazo se basó en el argumento de que la SIC tenía expertos propios,
existió una vulneración del derecho a presentar pruebas técnicas independientes
que pudieran refutar las conclusiones de la Entidad.

26. Esgrimió que la SIC no puso a su disposición los estudios económicos
completos antes del traslado del informe motivado, impidiendo que se ejerciera el
derecho de defensa de manera efectiva. Aunque la Entidad alegó haber dado
traslado por 20 días, en realidad solo se recibió un resumen en el informe final (tras
cerrarse la etapa probatoria), lo que violó el artículo 19 de la Ley 1340 de 2009,
que establece la oportunidad para controvertir pruebas antes de la decisión.

27. Expuso que la SIC tachó la defensa técnica como «improcedente» y
«desobligante» por interrupciones en los interrogatorios, cuando en realidad
ejercer recursos y aclaraciones no puede ser considerado como una conducta
obstructiva, dado que es parte esencial del derecho de defensa. La valoración
subjetiva de la parte demandada carecía de sustento y generó un ambiente
adversarial injusto.

28. Manifestó que al negar las pruebas y limitar su defensa, la SIC sesgó el
proceso para justificar una multa excesiva y desproporcionada frente a las
utilidades esperadas y sin relación con el beneficio obtenido, el cual no existió al
declararse desierta la licitación.

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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA6

29. La SIC contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la parte
demandante, así:

2.1. Frente a la caducidad de la facultad sancionatoria

30. Argumentó que la caducidad de la facultad sancionatoria se debe computar a
partir del momento en que la conducta no se materializó, bien fuera por factores
endógenos o exógenos.

31. Adujo que para el caso se dio un factor exógeno que tuvo lugar cuando el
Invías declaró desierto el proceso licitatorio en el que los investigados se
mantenían como oferentes para lograr la adjudicación en favor de uno de ellos.
Teniendo en cuenta lo anterior, indicó que no tuvo lugar la caducidad de la facultad
sancionatoria pues el término de cinco (5) años que debía contarse, desde la
declaratoria de desierto del proceso, esto es, el 29 de julio de 2010, hasta la
notificación de la sanción, la cual tuvo lugar el 19 de enero de 2015, no expiró.

2.2. Frente a la desproporcionalidad de la sanción

32. Expresó que la multa de $1.034.000.000 a Gisaico S.A. fue proporcional de
conformidad con los criterios establecidos en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009.

33. Indicó que la conducta sancionada (colusión en licitaciones públicas) afectó un
contrato de alto valor destinado a obras de infraestructura crítica en el
departamento de Nariño.

34. Aclaró que Gisaico S.A. no fue un mero partícipe, sino un actor clave en el
esquema colusorio, pues i) mantuvo la conducta hasta la declaratoria de desierta
de la licitación pública por parte del Invías; ii) el objeto de la colusión no se
materializó debido a un factor exógeno a las investigadas (denuncia de Saho y la
posterior actuación del Invías); iii) la conducta conllevó a la declaratoria de desierto
del proceso (afectación absoluta) y iv) que los agentes involucrados representaban

6 Samai, archivo «JR050-15-GISAICO S. A. Y DAIRO ALBERto GARCIA TRUJILLO vs. SIC-Demanda»,
páginas 476 a 530.

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el 100% de las ofertas válidas y el 66.6% de los proponentes que presentaron
oferta.

2.3. Frente a la inobservancia del debido proceso

35. Indicó que la actuación administrativa se ajustó plenamente a derecho, así
como al trámite administrativo previsto, garantizándose el debido proceso y el
derecho de defensa que le asistía a los investigados, asunto que de igual forma
desvirtúa las supuestas violaciones.

36. En relación con la no práctica de un peritaje económico, aclaró que este
peritaje fue solicitado a petición de parte y rechazado; decisión esta que además
fue recurrida por el ahora demandante y confirmada por el delegado. Justificó la
negativa del peritaje estadístico solicitado por la parte demandante en tanto la SIC
contaba con economistas expertos para analizar las ofertas.

37. Afirmó que tampoco es cierto que no se haya permitido a los investigados
conocer los insumos sobre los que construyó su análisis económico, pues al igual
que los demás argumentos contenidos en el informe motivado estos son producto
del procesamiento lógico y juicioso que los funcionarios de la SIC hicieron sobre
los elementos materiales probatorios obrantes en el expediente, los cuales
estuvieron siempre a disposición de los investigados para el ejercicio de su
defensa técnica.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA7

38. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 13 de junio de 2019, resolvió:

“[…] 1) Deniéganse las pretensiones de la demanda.

2°) Condénase en costas de esta instancia procesal a la demandante, liquídense
por la Secretaría de conformidad con lo establecido en el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 366 del Código
General del Proceso.

3°) Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a su favor por concepto
del depósito de expensas para atender los gastos ordinarios del proceso […].»

3.1. Caducidad de la facultad sancionatoria

7 Samai, archivo «013ED_C01_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL-RESERVADO», páginas 83 a 171.

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Demandante: Dairo Alberto García Trujillo y Gisaico S.A.

39. Adujo que el término de caducidad de 5 años (en aplicación del artículo 27 de
la Ley 1340 de 2009) comenzó a contarse desde el 4 de octubre de 2012, fecha
en que la SIC recibió el expediente de la Fiscalía y tuvo conocimiento efectivo de
los hechos, y se computó hasta que se notificó la resolución sancionatoria
(Resolución núm. 83037 de 29 de diciembre de 2014) el 19 de enero de 2015, es
decir, dentro del quinquenio referido.

40. Expresó que aun si se consideraba como último acto de la conducta colusiva
continuada, la declaratoria de desierta de la licitación, esto es, 29 de julio de 2010,
la notificación de la sanción efectuada el 19 de enero de 2015 habría ocurrió antes
del plazo de vencimiento de la caducidad de la Facultad sancionatoria (29 de julio
de 2015).

3.2. Desproporcionalidad de la sanción

41. Afirmó que la SIC aplicó los criterios establecidos en el artículo 25 de la Ley
1340 de 2009 para imponer una sanción a Gisaico S.A. por colusión en una
licitación pública, a saber: i) el impacto de la conducta en el mercado, reconociendo
que la colusión fracasó como causal de atenuación; ii) la dimensión del mercado
afectado, fue valorado en el monto del contrato ($5.399 millones) y no la utilidad
esperada por el agente con el contrato; iii) el beneficio obtenido para la parte
demandante, el cual fue nulo al declararse desierta la licitación; iv) el grado de
participación de Gisaico S.A., calificado como activo y clave para simular
competencia; v) la conducta procesal de los investigados no era un criterio de
reducción por obstaculizar algunos interrogatorios de parte; vi) la cuota de
mercado, dado que los investigados representaban el 100% de los proponentes
habilitados; y vii) el patrimonio de la empresa como criterio de dosificación, el
elemento financiero es un criterio para dosificar la multa pero no es el único
elemento para definir la sanción.

42. Argumentó que la sanción no se basó en el lucro dejado de obtener (utilidad),
sino en el daño potencial y el carácter disuasivo, por la suma de 1.680 SMLMV de
los 100.000 SMLMV permitidos como tope legal, es decir, a Gisaico solo se le
sancionó por el 1.68% del máximo permitido. Tampoco «existía ningún criterio de
los definidos por la ley que se llame mensaje social de disuasión para evitar la
comisión de futuras conductas consignado en los actos acusados para graduar la
sanción».

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43. De otro lado, adujo que la parte demandada aplicó los criterios del artículo 26
de la Ley 1340 de 2009 para imponer la multa a Darío Alberto García Trujillo, estos
son, i) la persistencia en la conducta infractora, la cual se mantuvo entre el cierre
del proceso de licitación y su declaratoria de desierto y tuvo que ser el Invías el
que puso fin al riesgo creado; ii) el impacto de la conducta sobre el mercado, se
reiteró el fracaso que fue dicho en la dosificación de la sanción a las personas
jurídicas; iii) la reiteración de la conducta prohibida, no se acreditó; iv) la conducta
procesal del investigado pues este fue reticente para atender el requerimiento de
su declaración por medio de un interrogatorio de parte; v) el grado de participación
porque fue la persona que firmó la propuesta presentada por Gisaico S.A., quien
a su vez iba a ser beneficiarla de la estructura colusoria.

44. Explicó que el monto de la multa impuesta fue proporcionado, pues se ajustó
a lo previsto sobre esa materia en el inciso 1° del artículo 26 de la Ley 1340 de
2009 en la medida en que correspondió a la gravedad de la falta consistente en la
vulneración a la libre competencia y, además, no superó los 2.000 SMLMV.

3.3. Inobservancia del debido proceso

45. Afirmó que no se desconoció el derecho a la no autoincriminación, en tanto
que, para la práctica del interrogatorio de parte de Dairo Alberto García Trujillo, de
manera previa y explícita, se le puso de presente su derecho a no se obligado a
declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Destacó que hechas las advertencias del caso el interrogado respondió y expuso
de manera voluntaria lo que le constaba de los hechos materia de investigación,
sin que manifestara o ejerciera su derecho a guardar silencio o se ejerciera en su
contra algún tipo de presión física o moral para que declarara. Además, la sanción
se impuso debido a la valoración integral, armónica y en conjunto de las pruebas
aportadas al expediente administrativo.

46. Expuso que el peritaje estadístico no era pertinente, pues la SIC contaba con
economistas expertos para evaluar las coincidencias anómalas en las ofertas y el
peritaje ingenieril no era útil, porque excedía las competencias de la SIC, ya que
la valoración de precios correspondía al Invías bajo el Decreto 1510 de 2013.
Además, indicó que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado8,

8Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación Expediente
Número: 05001-23-15-000-1997-0046-01 (7036), sentencia de 3 de mayo de 2002.

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la parte demandante debió solicitar dichas pruebas en el proceso judicial para
establecer la necesidad, la pertinencia y la idoneidad que causaron el supuesto
desconocimiento del debido proceso.

47. Afirmó que la SIC otorgó un plazo de 20 días hábiles para impugnar el «informe
motivado», incluyendo el «estudio económico». Que los investigados presentaron
observaciones en el trámite del recurso de reposición, ejerciendo su derecho de
defensa y que no existía obligación de compartir borradores o documentos internos
preliminares de la SIC sino la obligación de permitir la contradicción de las pruebas
decisorias, requisito que se cumplió a cabalidad.

48. Adujo que no evidenció un desconocimiento del derecho de defensa, pero sí
una conducta procesal inapropiada durante los interrogatorios de algunos
investigados, acreditada en confusiones al solicitar aclaraciones, realizar
interrupciones constantes, respuestas de los apoderados en lugar de los
investigados y un tono desobligante en reclamos jurídicos. Aunque estos
comportamientos afectaron el desarrollo normal de las diligencias, aclaró que tales
actitudes no influyeron en la tipificación de la falta ni en la responsabilidad de los
implicados.

IV. RECURSO DE APELACIÓN9

49. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 13 de junio de 2019, por la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; para lo cual
expuso los siguientes argumentos:

50. Esgrimió que el a quo incurrió en un error en la aplicación del artículo 27 de la
Ley 1340 de 2009, pues el plazo de caducidad no comenzaba a contar desde que
la SIC recibió el asunto por remisión de la Fiscalía General de la Nación (4 de
octubre de 2012). El artículo 27 de la Ley 1340 de 2009 no vincula el inicio del
plazo de caducidad al conocimiento de la SIC, sino a la ocurrencia del supuesto
jurídico (el acuerdo colusorio), pues los términos de caducidad operan de manera
objetiva, independientemente de cuándo la autoridad tenga conocimiento de la
conducta.

9 Samai, archivo «013ED_C01_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL-RESERVADO», páginas 183 a 203.

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51. Explicó que la denuncia de la colusión no estableció el inicio del plazo de
caducidad, sino que activó la investigación sobre un hecho ya consumado. El
acuerdo se perfeccionó en el momento de su ejecución durante el proceso de
contratación, sin requerir condiciones posteriores para su configuración. Por tanto,
el cómputo del término de caducidad debía iniciar desde la materialización de la
colusión, no desde su posterior revelación o denuncia.

52. Adujo que el Tribunal desconoció, como argumento subsidiario, que incluso
contabilizando el plazo desde la declaratoria de desierta de la licitación (29 de julio
de 2010), no se habría configurado la caducidad, pues «la imputación estaba
circunscrita a haber celebrado un acuerdo colusorio».

53. Afirmó que al momento de notificarse la sanción (19 de enero de 2015), la
facultad sancionatoria de la SIC ya había caducado. El plazo debió iniciar en
cualquiera de los siguientes 3 eventos: i) el cierre del proceso de contratación LP-
SGT-GPD-042-2009 (21 de octubre de 2009); ii) la queja del consorcio Saho (23
de noviembre de 2009); o iii) la denuncia del Invías ante el «Programa Presidencial
Anticorrupción» (18 de diciembre de 2009).

54. Adujo que «sobre los demás cargos esta parte no cuestionará la decisión [del
a quo]», pues los argumentos expuestos relativos a la caducidad los consideró
suficientes para lograr la nulidad de los actos sancionatorios y el restablecimiento
de los derechos vulnerados.

V. ACTUACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA10

55. El Despacho sustanciador mediante auto de 30 de agosto de 2019, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 13 de junio de 2019, por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

56. Igualmente, a través del auto de 30 de septiembre de 2019, corrió traslado a
las partes y al Ministerio Público, por el término de 10 días, para que presentaran
sus alegatos de conclusión11.

10 Samai, Índice 3.
11 Samai, índice 7.

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57. La parte demandante12 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la
demanda y en el recurso de apelación interpuesto; y la parte demandada guardó
silencio.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

58. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia

59. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), sobre la competencia del Consejo
de Estado en segunda instancia, aplicable en los términos del artículo 308 sobre
el régimen de transición y vigencia; y el artículo 1313 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto en segunda instancia.

60. Agotados los trámites inherentes al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante.

61. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia proferida el 13 de junio de 2019, por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los
artículos 320 y 328 del Código General del Proceso (CGP), norma aplicable al
presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 del CPACA. Por lo tanto,
la Sala se limitará a pronunciarse sobre los puntos o cuestiones a los cuales se
contrae dicho recurso.

62. En concreto, corresponde a la Sala, con fundamento en el argumento del
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, determinar si los actos
acusados están viciados de nulidad por haber sido expedidos por parte de la SIC
por fuera del término legal previsto para el ejercicio de la facultad sancionatoria

12 Samai, índice 10.
13 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, «por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90»

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que le corresponde de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1340
de 2009.

7.2. Análisis del caso en concreto

63. Corresponde a la Sala establecer de acuerdo con lo previsto en el artículo 27
de la Ley 1340 de 2009, cuál es el “último hecho constitutivo de la [conducta]”, en
el caso de las conductas de tracto sucesivo, a efectos de señalar el día a partir del
cual deberá iniciar el cómputo del término de cinco (5) años de la caducidad de la
facultad sancionatoria de la SIC.

64. Considera la Sala necesario para efectos de dar respuesta al problema
planteado, abordar la importancia de la facultad sancionatoria y la caducidad de
dicha facultad como límite a las actuaciones del Estado, para luego ahondar en la
noción de las conductas colusorias y su desarrollo a efectos de establecer cuándo
tiene lugar el “último hecho constitutivo” de la infracción.

7.2.1. Potestad Sancionatoria y la caducidad

65. La potestad sancionatoria de la administración constituye una expresión del
ius puniendi del Estado, mediante la cual las autoridades administrativas pueden
imponer medidas represivas, dar órdenes o imponer multas tanto a los particulares
como a los servidores públicos, cuando quiera estos incurran en conductas que
vulneran o amenazan el ordenamiento jurídico14.

66. El ejercicio de estas facultades está limitado por las normas que imponen el
respeto de los derechos fundamentales, como el debido proceso, el derecho a la
defensa y contradicción y la presunción de inocencia y por criterios temporales que
permiten garantizar a los administrados que dichas facultades serán ejercidas
dentro de los plazos fijados en la Ley.

67. Así las cosas. el establecimiento de un plazo preclusivo de caducidad15 para
la facultad sancionatoria, constituye una garantía esencial para la efectividad de
principios constitucionales como la seguridad jurídica y la prevalencia del interés

14 Corte Constitucional, sentencia C-412 de 2015.
15 Cabe señalar que la doctrina ha expresado que «No pueden confundirse los dos fenómenos (caducidad y
prescripción), aunque en la práctica la misma Ley y los doctrinantes los utilizan indistintamente. Aquél
(caducidad), es un término preclusivo de carácter sustancial (extintivo del derecho de acción) pues no ha sido
establecido para consolidar la adquisición o extinción de un derecho por el transcurso del tiempo, como ocurre
con la prescripción, sino para dar, como se dijo, estabilidad y firmeza a una situación jurídica que la necesita»
(cfr. Carlos Betancur Jaramillo, Derecho Procesal Administrativo, Octava Edición 2013, pág. 222).

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general16; controla el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado y, previene
la paralización de los procesos administrativos17.

68. Dicho lo anterior, la Sala precisa que el término de caducidad de la facultad
sancionatoria de la SIC en materia de protección de la competencia es de cinco
(5) años según lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1340 de 200918; norma
aplicable al caso, en tanto los hechos materia de investigación y sanción tuvieron
lugar bajo su vigencia. El artículo en mención establece literalmente lo siguiente:

«[l]a facultad que tiene la autoridad de protección de la competencia para
imponer una sanción por la violación del régimen de protección de la
competencia caducará transcurridos cinco (5) años de haberse ejecutado la
conducta violatoria o del último hecho constitutivo de la misma en los casos
de conductas de tracto sucesivo, sin que el acto administrativo sancionatorio
haya sido notificado» (Subrayas de la Sala).

69. De lo expuesto se advierte que la norma es clara en señalar que el término de
cinco (5) años para imponer la sanción por violación del régimen de protección de
la competencia, se contabiliza desde la ejecución de la conducta o, en caso de ser
esta de tracto sucesivo, desde el último hecho constitutivo de aquella, hasta la
notificación del acto administrativo sancionatorio.

70. Para el análisis de la norma resulta importante considerar las decisiones de
esta Corporación relacionadas con el término de caducidad. Así, en relación con
el extremo inicial del cómputo del plazo para el ejercicio oportuno de la facultad
sancionatoria, el Consejo de Estado19_20 ha señalado que este puede empezar a
computarse, desde: i) la consumación del acto de ejecución instantánea; ii) el cese
de la conducta continuada; iii) el momento en que debió cumplirse un deber
jurídico21 o iv) de forma individual para cada acto reiterado y homogéneo.

71. Resulta relevante entonces tener en consideración las decisiones en las que
el Consejo de Estado22 ha señalado que para efectos de computar el plazo dentro

16 Corte Constitucional, sentencia C-046 de 1994.
17 Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002.
18 «Por medio de la cual se dictan norma en materia de protección de la competencia».
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Sentencia de 12 de septiembre

de 2019, radicación 25000-23-24-000-2011-00494-01, C. P. Nubia Margoth Peña Garzón, actor: Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Reiterado en sentencia de 3 de diciembre de 2020, radicación 25000-
23-24-000-2012-00678-03.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, sentencia de 8 de febrero de

2018, rad. 25000-23-24-000-2008-00045-02, C. P. Rocío Araújo Oñate, actor: Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá – ESP.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, Sentencia de 10 de mayo de

2018, rad. 25000-23-24-000-2009-00353-01, C. P. Rocío Araújo Oñate, actor: Chevron Petroleum Company.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 13 de noviembre

de 2014. Radicado: 150012333000-2013-00254-01. M.P. María Elizabeth García González. Actor: Estación
de Servicio Villa del Río Ltda. y otros.

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del cual la Administración debe ejercer su facultad sancionatoria en casos de
conductas contrarias a la libre competencia, es indispensable precisar la
naturaleza jurídica de los hechos investigados, distinguiendo entre aquellos de
ejecución instantánea (que se consuman en un acto único y definido) y aquellos
de ejecución sucesiva o continuada (que se prolongan en el tiempo mediante una
serie de actuaciones interrelacionadas).

72. Valga recordar que mientras que en las primeras el plazo de la caducidad
comienza a correr desde la consumación del acto violatorio de las normas de
competencia; en las segundas el cómputo se inicia a partir de la realización del
último acto ejecutivo que integra la conducta infractora, por constituir este el
momento en que cesa la afectación, de tal suerte que la facultad sancionatoria de
la administración debe computarse a partir de la comisión o realización del último
acto de ejecución23.

73. En síntesis, la determinación de si ha operado la caducidad de la facultad
sancionatoria debe hacerse en cada caso atendiendo a las conductas específicas
que hayan sido sancionadas y las pruebas que obren en el expediente. Solo a
partir del análisis detallado de la naturaleza y los hechos constitutivos de la
infracción y su desarrollo, será posible establecer con certeza el momento en que
se empieza a contar el término de caducidad, conforme a lo dispuesto por la
normativa aplicable.

74. Respecto del extremo final del cómputo del plazo para el ejercicio oportuno
de la facultad sancionatoria por parte de la Administración, no puede perderse de
vista que la Sala Plena de esta Corporación24 unificó la jurisprudencia adoptando
la tesis según la cual para que la Administración ejerza oportunamente su facultad
sancionatoria, debe expedir el acto administrativo sancionatorio y notificarlo dentro
del término establecido en la ley, sin que sea exigible que en ese mismo período
se resuelvan los recursos frente a la decisión que puso fin a la actuación
administrativa.

75. Establecido lo anterior, en el caso sub examine, con el fin de establecer el
momento o punto inicial para contabilizar la caducidad de la facultad sancionatoria
de la SIC, será necesario determinar cuáles fueron las conductas por las cuales

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Sentencia de 3 de diciembre

de 2020, radicación 25000-23-24-000-2012-00678-03.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de septiembre de 2009,

MP. Susana Buitrago Valencia; número único de radicación: 11001-0315000-2003-00442-01.

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se sancionó a Dairo Alberto García Trujillo y a Gisaico S.A., y si estas fueron de
ejecución instantánea o de carácter de continuado.

76. Sobre el particular, resulta esencial señalar que la SIC mediante la Resolución
núm. 83037 de 29 de diciembre de 2014 sancionó con multa i) a Dairo Alberto
García Trujillo por desconocer el numeral 16 del artículo 4° del Decreto 2153 de
1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, ya que «facilitó, ejecutó
y toleró el acuerdo con objeto colusorio que implementó una práctica,
procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia en la licitación LP-
SGT-GPD-042-2009»; y ii) a Gisaico S.A. por infringir el numeral 9 del artículo 47
ibidem y el artículo 1.° de la Ley 155 de 1959, al celebrar «un acuerdo con objeto
colusorio que se traduce en una práctica, procedimiento o sistema tendiente a
limitar la libre competencia en la licitación LP-SGT-GPD-042-2009».

77. Conforme a lo anterior, encontramos que dos son las normas que fundaron la
sanción a Gisaico S.A., el artículo 1° de la Ley 155 de 1959 contentivo de lo que
se ha denominado la cláusula de prohibición general, y el artículo 47 num. 9 de la
Decreto 2153 de 1992. Por su parte, el fundamento normativo de la sanción al
señor Dairo Alberto García Trujillo fue el numeral 16 del artículo 4° del Decreto
2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, referente legal
para sancionar la participación de los denominados facilitadores de la conducta
anticompetitiva.

78. Al respecto debe considerarse que el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 señala:

«[…] ARTÍCULO 1º. Modificado por el art. 1, Decreto 3307 de 1963. El
nuevo texto es el siguiente. Quedan prohibidos los acuerdos o convenios
que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción,
abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos,
mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda clase
de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre
competencia y a mantener o determinar precios inequitativos […].»

79. La norma citada establece como elementos constitutivos de las prácticas
anticompetitivas: (i) la existencia de acuerdos o convenios entre agentes
económicos; (ii) que dichos acuerdos tengan por objeto limitar la producción, el
abastecimiento, la distribución o el consumo de materias primas, productos,
mercancías o servicios, ya sean nacionales o extranjeros, o que consistan en
prácticas, procedimientos o sistemas; y (iii) que su finalidad sea restringir la libre
competencia o mantener o fijar precios inequitativos, afectando así la libertad de

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acceso a los mercados25. Esta disposición contiene lo que se ha denominado
como la prohibición general de las prácticas restrictivas de la competencia, que es
una prohibición con contenido propio y que además se aplica cuando quiera que
la autoridad de competencia no logra encuadrar el o los comportamientos
anticompetitivos en las disposiciones que prohíben las diferentes tipologías de
conductas anticompetitivas, esto es, los acuerdos, los actos o el abuso de la
posición de dominio (artículos 47 a 50 del Decreto 2153 de 1992) y en esta medida
es una disposición que permite investigar y sancionar conductas que por las
dinámicas mismas de los mercados no están contempladas de forma expresa en
los mencionados artículos del Decreto 2153 de 1992.

80. Por su parte, el num. 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, dispone:

“ARTICULO 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA. Para
el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente
Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes
acuerdos:

[…]

9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que
tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de
concursos o fijación de términos de las propuestas”

81. Esta norma contiene la prohibición de los denominados acuerdos colusorios,
esto es, acuerdos entre agentes de mercado que tienen por objeto o como efecto
alterar la libre competencia en procesos de contratación pública o privada.

82. Esta Sección26 ha definido el término colusión y las modalidades bajo las
cuales puede configurarse, así:

«[…] a) Que el acuerdo tenga por objeto la colusión en las licitaciones o
concursos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones
de contratos, distribución de concursos o fijación de los términos de las
propuestas27.

25 Consejo de Estado, Sección Primera, providencia de 5 de agosto de 2021, radicación núm.: 25000-23-41-

000-2013-00609-01.
26 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de diciembre de 2019, número único de radicación

25000232400020120079001.
27 Cita original: VELANDIA Mauricio, Derecho de la competencia y del consumo, competencia desleal; abuso

de la posición dominante; carteles restrictivos; actos restrictivos; integraciones económicas y protección al
consumidor, 2ª edición, Universidad Externado de Colombia, 2011.

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Colusión, de acuerdo con su significado natural significa “Pacto ilícito en
daño de un tercero”28, de manera que lo que se castiga es el pacto para
desfavorecer a un tercero29.

La doctrina ha señalado que de la citada norma es posible clasificar tres
clases de colusión, como pasa a analizarse a continuación:

Una primera modalidad, por distribución de adjudicación en contratos,
la cual ha sido definida así:

“[…] Esta forma de colusión tiene como sujetos las empresas interesadas
en presentar propuestas, que de manera acordada acogen entre ellas el
agente económico que presentará la mejor propuesta, introduciendo en
cada propuesta elementos que la hacen más atractiva, lo que deja sin
posibilidad de una verdadera escogencia a la empresa interesada en los
servicios30”.

Una segunda modalidad, de distribución de concursos, según la cual:

“[…] Conforme a la ley de contratación administrativa, cuando el objeto del
contrato consiste en estudios o trabajos técnicos o especializados, el
proceso de selección se llamará concurso y se efectuará también mediante
invitación pública. Así, el alcance de este supuesto hace referencia
particular a los concursos, con los mismos elementos ya mencionados en
lo referente al principio de legalidad31”.

Finalmente, una tercera modalidad de fijación de términos de las
propuestas32, que surge cuando:

“[…] La conducta que nos ocupa hace parte de aquellas que requieren
obligatoriamente la participación de la empresa que pretende adjudicar los
contratos. Lo anterior se explica si observamos el contenido del precepto
fáctico, pues la conducta restrictiva debe ser desarrollada por la empresa
que invita a presentar ofertas a otras. La conducta que se reprime consiste
en elaborar unos pliegos que no permiten la igualdad de oportunidades
para los posibles participantes, pues por medio de estos puede la licitación
estar dirigida para que uno de ellos se vea favorecido. En tal instancia la
empresa o la persona encargada de elaborar los pliegos acuerda con uno
de los potenciales contratistas la adjudicación del contrato, diseñando en
conjunto un pliego que beneficiará al partícipe del acuerdo. Además de ser
restrictiva puede llegar a ser desleal”.

Por último, se requiere que el acuerdo afecte la libre competencia […]
[negrillas texto original]».

83. Los acuerdos colusorios requieren para su configuración la pluralidad de
voluntades de agentes independientes que se conciertan o se convienen de forma
expresa o tácita, con el objeto o el efecto de alterar la selección objetiva que debe
presidir los procesos de contratación pública.

28 Cita original: Definición de la Rae: https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=colusi%C3%B3n, fecha de
consulta: 7 de noviembre de 2019.
29 VELANDIA Mauricio, Derecho de la competencia y del consumo, competencia desleal; abuso de la posición

dominante; carteles restrictivos; actos restrictivos; integraciones económicas y protección al consumidor, 2ª
edición, Universidad Externado de Colombia, 2011, página 157.
30 Cita original: Ibídem. Página 158 y 159.
31 Cita original: Ibídem. Folio 159.
32 Cita original: Ibídem. Folio 159.

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84. La SIC de acuerdo con lo señalado en la Resolución núm. 83037 de 29 de
diciembre de 2014, encontró probadas una serie de similitudes en las propuestas
(carátula, tablas de contenido, pólizas de seriedad de la oferta, CD´S contentivos
de las ofertas) presentadas dentro del proceso licitatorio LP-SGT-GDP-042-
2009 del Invías por parte de distintos oferentes, entre ellos Gisaico S.A. Estas
similitudes junto con el análisis económico hecho respecto de ellas, le permitió a
la autoridad de competencia concluir que tal como fueron presentadas las
propuestas, estas favorecían indebidamente a la empresa ahora demandante. Así
lo puso de presente en el acto acusado la autoridad en los siguientes términos:

«4.4.2. Identidad en la forma de las propuestas presentadas

La Delegatura, en consonancia con el análisis de FISCALÍA, expone las
múltiples similitudes encontradas en las ofertas presentadas por los
investigados en la forma de sus propuestas, a saber:

En la carátula de las propuestas:

Inicia la Delegatura con la exposición la forma en que se plasmó el número
del proceso licitatorio en cada una de las carátulas de las ofertas
presentadas.

A partir de lo anterior, la Delegatura encontró que las cuatro propuestas
presentadas por los investigados coinciden en la separación de caracteres
al nombrar el proceso licitatorio en 4 particularidades: (i) no existen
espacios entre los guiones que separan “LP" y "SGT"; (ii) no hay espacios
entre "GPD" y “042"; (iii) sólo hay espacio a la derecha entre el guión que
separa “SGT" y “GPD"; y (iv) hay espacio a ambos lados del guión que
separa “042" y “2009". Así mismo, con miras a hacer una valoración
comparativa de estas coincidencias, la Delegatura expone las carátulas de
los otros dos proponentes para demostrar que las coincidencias no se
encuentran en ellos.
[…]
En las tablas de contenido de las propuestas:

De igual forma, la Delegatura revisó las tablas de contenido de las
propuestas presentadas por los cuatro proponentes investigados y
encontró que en 3 de ellas (PAVIGAS, ESTYMA y GISAICO) existe

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identidad sobre el formato empleado para el cuadro contentivo del índice
de cada una de las propuestas.

De lo anterior, la Delegatura resaltó que los índices de las 3 propuestas se
realizaron bajo el mismo formato, con identidad de fuente, estructura de
tabla, espacios entre filas y numeración de 6 dígitos para identificar el folio.

Similitudes en las pólizas de garantía de seriedad de la oferta:

Respecto a las pólizas de garantía de seriedad de la oferta presentada por
los proponentes investigados, la Delegatura encontró que son coincidentes
en la aseguradora, la sucursal y el intermediario de seguros. Así mismo,
las pólizas son consecutivas.

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[…]
Similitudes físicas de los CDs contentivos de las ofertas económicas:

La Delegatura revisó los medios ópticos de almacenamiento en los que
cuatro proponentes investigados entregaron las ofertas económicas y halló
que los 4 son CD-R marca “PRINGO” y el serial de los discos es coincidente
para tres de los investigados {“P422140009470621") y para PAVIGAS sólo
varia en un dígito (“P422140009460621”).

[…]
Similitudes de contenido de los CDs de las ofertas económicas:

Adicionalmente la Delegatura señaló que la información del archivo
contenido en cada CD tiene las siguientes coincidencias o similitudes, de
conformidad con el informe de policía judicial presentado por el Subteniente
YAIR VANEGAS RODRÍGUEZ el 5 de abril de 2010 dirigido al INVÍAS.

[…]
4.5. Análisis económico de las ofertas
[…]
Por lo anterior, teniendo en cuenta los resultados del ejercicio anterior, la
Delegatura da cuenta de que, en caso de no haberse declarado desierto el
proceso, se hábría presentado una fuerte influencia en el mecanismo de
calificación económica por parte de PAVIGAS, ESTYMA y VÍAS NARIÑO
que hubiese favorecido a GISAICO. Esto último, gracias a que sin importar
que existieran tres proponentes adicionales, uno de los cuales podría
ofertar 161 valores económicos diferentes (desde 0,84% hasta 100% del
presupuesto oficial), las ofertas referidas de PAVIGAS, ESTYMA y VÍAS

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NARIÑO acercarían en la gran mayoría de casos el límite inferior de la
segunda etapa hacía la propuesta de GISAICO, aumentando así, de
manera sustancial sus posibilidades de alcanzar la mayor calificación
posible dentro de la licitación referida.

En este sentido, la Delegatura concluyó que existió una lógica económica
coherente entre las ofertas de los proponentes PAVIGAS, ESTYMA, VÍAS
NARIÑO y GISAICO, tendientes a favorecer a esta última empresa,
mediante el direccionamiento del mecanismo de calificación económica
hacia su valor propuesto.
[…]
Teniendo en cuenta lo anterior, la Delegatura concluye que los porcentajes
de éxito significativos que alcanza GISAICO en una gran cantidad de
escenarios y número de proponentes posibles, refuerzan aún más la lógica
económica colusora que pudo fraguarse por parte de PAVIGAS, ESTYMA,
VÍAS NARINO y GISAICO, durante la licitación LP-SGTGPD-042.2009
adelantada por el INVÍAS.»

85. Conocido lo anterior, la Sala debe establecer si la conducta de Gisaico puede
calificarse como de ejecución instantánea o de tracto sucesivo para luego definir
el momento a partir del cual iniciaría el cómputo del término de la caducidad.

86. La doctrina ha considerado que las conductas colusorias que tienen lugar
dentro de los procesos de contratación pública no se agotan, a diferencia de lo
que ocurre con otros comportamientos anticompetitivos, en un solo momento. Se
trata de comportamientos plurilaterales que son de ejecución continuada
comoquiera que su realización generalmente se prolonga en el tiempo, es decir
que pueden ir desde la preparación de las ofertas, la formación de preguntas
respecto al alcance de los documentos de la licitación o el proceso licitatorio en
concreto, la presentación de las ofertas, la asistencia a las audiencias, la
intervención en los trámites de la subasta de ser el caso, la intervención en la
audiencia de adjudicación, entre otras muchas.

87. A juicio de la Sala, en el caso concreto, los hechos investigados por la SIC
constituyeron conductas continuadas por parte del demandante, quien, en
conjunto con otros oferentes, habría acordado previamente los términos de las
propuestas que cada uno presentaría en la licitación adelantada por el Invías,
desplegando un proceder ilícito dentro del proceso licitatorio con el propósito de
favorecer a Gisaico S.A. en el proceso de adjudicación del contrato.

88. Así, conforme a lo probado, esta infracción no se materializó en un solo
momento, sino que se extendió en el tiempo mediante una serie de acciones
concatenadas que la SIC encontró acreditadas, tales como la elaboración de
ofertas con similitudes sustanciales entre varios proponentes, la obtención de
pólizas de seriedad expedidas por la misma entidad aseguradora, la presentación

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coordinada de dichas propuestas ante el Invías y, finalmente, la conducta de los
oferentes involucrados en la colusión durante el desarrollo del proceso licitatorio.

89. Luego, conforme lo establece el artículo 27 de la Ley 1340 de 2009, el cómputo
del término de caducidad en el caso sub judice, por tratarse de una conducta de
tracto sucesivo, debe iniciarse desde el último hecho que constituya dicha
conducta.

90. En ese orden de ideas, una vez analizado el proceso licitatorio, la Sala
encuentra que la colusión como comportamiento de tracto sucesivo continuó a lo
largo del proceso licitatorio, incluso después de la presentación de las propuestas.
En otros términos, el comportamiento sostenido por los oferentes, incluida la parte
demandante que, tras la denuncia por colusión asumió una actitud pasiva y de
negación de la ilicitud, optando por persistir en el proceso de selección, es una
manifestación de la continuidad del comportamiento anticompetitivo que solo vino
a ser interrumpido el día 29 de julio de 201033 con ocasión de la expedición de la
Resolución núm. 3399 de 29 de julio de 201034, mediante la cual el Invías declaró
desierta la licitación LP-SGT-GPD-042-2009.

91. Téngase presente entonces que el último hecho constitutivo de la conducta
tuvo lugar el día de la declaratoria de desierto del proceso, pues hasta ese
momento las partes continuaron con su actuar ilícito; en todo caso se precisa que
aunque el último hecho constitutivo de la conducta en este caso coincide con el
momento de la declaratoria de desierto del proceso de selección, es independiente
del acto administrativo que contiene tal declaratoria en tanto esta es una
manifestación unilateral de la voluntad de la administración.

92. Así las cosas, cabe precisar que no le asiste razón a la parte apelante al afirmar
que el cómputo del término de caducidad debía iniciar en cualquiera de los
siguientes tres eventos: i) el cierre del proceso de contratación LP-SGT-GPD-042-
2009; ii) la queja del consorcio Saho; o iii) la denuncia del Invías ante el «Programa
Presidencial Anticorrupción». Tales eventos, aunque relevantes en el contexto del
proceso licitatorio, no constituyen por sí mismos hechos configurativos de una
conducta colusoria, por lo que no pueden ser considerados como puntos de partida
válidos para el conteo del término de caducidad de la facultad sancionatoria.

33 Samai, carpeta «USB 1 Folio 399 A», archivo «CARPETA 12 RAD 12-174085», páginas 238 a 252.
34 Samai, carpeta «USB 1 Folio 399 A», archivo «CARPETA 12 RAD 12-174085», páginas 237 y 238.

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93. Tampoco encuentra la Sala que sea de recibo contabilizar el término de
caducidad desde que la SIC tuvo conocimiento de la denuncia, tal como lo
consideró el Tribunal, pues en este caso, existiendo norma especial y precisa, esto
es, el artículo 27 de la Ley 1340 de 2009, debe atenderse a su contenido literal.

94. Bajo el anterior contexto, la Sala tomará como extremo inicial de la caducidad
el día 29 de julio de 2010, que es la fecha de expedición de la Resolución núm.
3399 a través de la cual se declaró desierto el proceso de licitación LP-SGT-GPD-
042-2009 por parte del Invias, motivo por el cual, la SIC tenía hasta el 29 de julio
de 2015 como término oportuno para expedir el acto administrativo sancionatorio
y realizar la correspondiente notificación.

95. Atendiendo que el acto administrativo principal sancionatorio (Resolución núm.
83037 de 29 de diciembre de 2014) se notificó por aviso el 19 de enero de 201535,
la Sala concluye que no se configuró la caducidad de la facultad sancionatoria,
comoquiera que, se reitera, la SIC tenía hasta el 29 de julio de 2015 para imponer
y notificar la sanción, sin que las fechas en que se resolvieron los recursos de
reposición contra la Resolución 83037 de 29 de diciembre de 2014 sean
relevantes, por las consideraciones expuestas en esta providencia.

7.3. Conclusión de la Sala

96. En síntesis, la Sala concluye que el cargo de nulidad por caducidad de la
facultad sancionatoria que fue formulado por la parte demandante como
fundamento jurídico de las pretensiones de la demanda, no tiene mérito de
prosperidad, por cuanto la SIC expidió el acto administrativo sancionatorio y lo
notificó, dentro de la oportunidad legalmente establecida para ello. Por
consiguiente, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia.

7.4. Condena en costas

97. De conformidad con los artículos 18836 del CPACA y 365 del CGP, sobre la
condena en costas, atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas,
considerando que la SIC no actuó en esta instancia y que en el expediente no
aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en costas a la parte
demandante.

35 Samai, carpeta «USB 1 Folio 399 A», archivo «12-174085 CP18 PUBLICA», páginas 41 a 44.
36 Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

VIII. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 13 de junio de 2019, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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