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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00564-01

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00564-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada de 22 de abril de 2015, proferida por la Sección Primera, Subsección “C”, en Descongestión, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 66 Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00564-01 Actora: ECOPETROL S.A. del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las súplicas de la demanda y, en su lugar, DECLARARSE INHIBIDA de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: TENER al doctor DANIEL ZAPATA RUEDA como apoderado de ECOPETROL S.A., de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 25 y 27 a 35 del C. Apelaciones. TERCERO: TENER al doctor GUSTAVO VARGAS QUINTERO, respectivamente, como apoderado de la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, -ANLA-, conforme con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 15 a 24 del mismo cuaderno. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00564-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00564-01
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: ECOPETROL S.A.

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. LOS ACTOS
DEMANDADOS SON DE TRÁMITE, DADO QUE NO DECIDEN DE
FONDO EL ASUNTO, RAZON POR LA CUAL NO SON ENJUICIABLES
ANTE ESTA JURISDICCIÓN. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por el apoderado de ECOPETROL S.A., contra la sentencia de 22 de

abril de 2015, proferida por la Sección Primera, Subsección “C”, en

Descongestión, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que

denegó las súplicas de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00564-01
Actora: ECOPETROL S.A.

I.1. ECOPETROL S.A., por medio de apoderado judicial y en ejercicio

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el

artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA,

presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

tendiente a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 3.1 PRETENSIONES PRINCIPALES:

3.1.1. Primera Pretensión Principal: Que se declare la
nulidad de los numerales 1, 2, 2.1, 2.2 y 2.3 del artículo 10 del
Auto No. 1257 de 20 de abril de 2010, por ser directamente
violatorios del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y
además implica el desconocimiento de una obligación ya
cumplida por ECOPETROL, contraria a las disposiciones legales
vigentes por cuanto:

3.1.2. Desconocen las inversiones realizadas por ECOPETROL,
en beneficio las microcuencas de la quebrada Aguablanca o
(Manoquía) y Algarrobos y del Río Chicaza, con las que ya se
ha cumplido con el deber del 1%.

3.1.3. Desconocen, al requerir nuevamente la liquidación del
1%, los múltiples informes remitidos al Ministerio por la
accionante con las cuales se le informó en forma fehaciente
acerca de las obras y actividades con las cuales ya se había
dado cumplimiento a la obligación del 1%.

3.1.4. Desconocen que entre el uso del recurso y la inversión
del 1% debe existir una proporcionalidad asociada a la tasa por
uso del agua o que cuando menos ese 1% se debe calcular
sobre el valor de las inversiones del Proyecto en términos
contables y/ económicos. En subsidio de lo anterior, si se le da
aplicación al presente caso al artículo 3º del Decreto 1900 de
2006, desconocen que de la liquidación correspondiente deben
excluirse los costos de perforación al no ser una inversión
propiamente dicha o, en todo caso, al no ser una obra civil.

3.1.5. Desconocen que las inversiones del 1% podían hacer
parte del Plan de Manejo Ambiental y el hecho de que con
anterioridad al Decreto 1900 de 2006 no existía norma alguna
que excluyera o limitara esa posibilidad.

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Actora: ECOPETROL S.A.

3.1.6. Desconocen la copiosa información que durante toda la
vida del proyecto licenciado se le suministró al Ministerio
informándolo en forma detallada acerca de la forma en la que
BP venía dando estricto cumplimiento a la obligación del 1% e
informando igualmente cuáles serían los Planes de Inversión
correspondientes; como se ha insistido, los múltiples informes
y oficios enviados al Ministerio no merecieron ninguna
respuesta por parte de dicha entidad.

3.1.7. Desconoce que el Ministerio no puede exigir una
liquidación de la inversión forzosa del 1% diferente a la que le
fue presentada de manera detallada y que en todo caso si se le
da aplicación del artículo 3º del Decreto 1900 de 2006, de la
liquidación correspondiente deben excluirse los costos de
perforación al no ser una inversión propiamente dicha o, en
todo caso al no ser una obra civil.

3.1.8. Desconoce actividades realizadas en cumplimiento de la
inversión del 1%, las cuales cumplen cabalmente con el
objetivo de la misma, sin justificación alguna.

3.2. Segunda Pretensión Principal: Que se declare la
nulidad del artículo 1º del Auto No. 4076 de 17 de noviembre
de 2010, en cuanto confirmó los numerales 1, 2, 2.1, 2.2 y 2.3.
del artículo 10 del Auto No. 1257 de 20 de abril de 2010, por
ser directamente violatorios del parágrafo del artículo 43 de la
Ley 99 de 1993, en la medida en que tal acto administrativo
que ampara la decisión y la impone:

3.2.1. Omite reconocer el cumplimiento por parte de
ECOPETROL de una obligación legal. Lo anterior, teniendo en
consideración que el Ministerio conoce plenamente los informes
de gestión ambiental realizados en el proyecto licenciado desde
su inicio, así como todas las actividades ejecutadas por la
Compañía encaminadas a la recuperación, preservación y
vigilancia de la fuente hídrica de la cual se ha beneficiado; el
Ministerio omite por completo reconocer la labor ya ejecutada
en pro de las microcuencas de las quebradas Aguablanca (o
Manoguía) y Algarrobos y del río Chicaza, claramente
constatable en los diversos informes de cumplimiento
ambiental oportunamente remitidos al Ministerio. El Ministerio
cuenta con la información necesaria para declarar dicho
cumplimiento por parte de ECOPETROL, pero en vez de hacer
tal reconocimiento, se limita a imponer una obligación que ya
está cumplida.

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Actora: ECOPETROL S.A.

3.2.2. Adicionalmente, el Ministerio hace caso omiso por
completo de los informes que se le han presentado desde el
inicio y durante toda la ejecución del proyecto construcción y
operación de las áreas de pozos múltiples denominados
Cupiagua XU y Cupiagua XZ, en los cuales se incluyeron la
totalidad de actividades realizadas en beneficio de las
microcuencas de las quebradas Aguablanca (o Manoguía) y
Algarrobos y del río Chicaza, lo cual está perfectamente
demostrado en los informes de cumplimiento de la inversión
del 1% presentados en su oportunidad al Ministerio y sobre los
que guardó silencio hasta ahora.

3.2.3. Implica, en la práctica, una aplicación retroactiva del
Decreto 1900 de 2006, al disponer que las obras que se han
efectuado en ejecución del Plan de Manejo Ambiental no tienen
validez a efectos de dar cumplimiento a la obligación de 1%
establecida en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993,
cuando dicha restricción, como se ha dicho, no aparece por
ningún lado de la citada ley ni tampoco se encontraba en los
actos con los cuales se otorgó originalmente la licencia
ambiental.

3.2.4. Desconoce las actividades realizadas con anterioridad a
la expedición del Decreto 1900 de 2006 en beneficio de las
microcuencas de las quebradas Aguablanca (o Manoguía) y
Algarrobos y del río Chicaza como si las mismas nunca se
hubieran realizado.

3.2.5. Desconoce actividades que dan cabal cumplimiento a la
obligación de la inversión del 1%, sin justificar plenamente los
motivos y fundamentos del rechazo y cuando se encuentra
plenamente demostrado el beneficio en el que se traducen las
mismas para la cuenca de la que se captó el recurso hídrico
para el desarrollo del Proyecto.

3.3. PRETENSIONES CONSECUENCIALES A TÍTULO DE
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

3.3.1. Primera pretensión consecuencial: En calidad de
restablecimiento del derecho, solicito que se revoquen los
numerales 1, 2, 2.1, 2.2. y 2.3 del artículo 10 del Auto No.
1257 de 20 de abril de 2010, así como el artículo 1º del Auto
núm. 4076 de 17 de noviembre de 2010, mediante el cual se
confirmaron los numerales 1, 2, 2.1, 2.2. y 2.3 el artículo 10
del Auto No. 1257 de 20 de abril de 2010, para que en su lugar:

3.3.2. Se declare que el Ministerio debe aceptar las inversiones
realizadas desde el comienzo de la ejecución del proyecto

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00564-01
Actora: ECOPETROL S.A.

construcción y operación de las áreas de pozos múltiples
denominados Cupiagua XU y Cupiagua XZ en cumplimiento del
deber legal de la inversión forzosa de que trata el parágrafo del
artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y que le han sido informadas
al Ministerio en repetidas oportunidades.

3.3.3. Se declare que ECOPETROL ha cumplido
fehacientemente con el deber de realizar la inversión forzosa
de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, al realizar
infinidad de acciones encaminadas a la protección y
preservación de las microcuencas de las quebradas Aguablanca
(o Manoguía) y Algarrobos y del río Chicaza.

3.3.4. Se declare que ECOPETROL ha cumplido con la
obligación de suministrar los reportes de las actividades
realizadas en el marco de la inversión del 1% y sus respectivos
soportes de ejecución.

3.3.5. Se declare que ECOPETROL, como parte de su plan de
manejo ambiental debidamente avalado por el Ministerio, y
como parte del manejo ambiental que da a proyectos como el
denominado construcción y operación de las áreas de pozos
múltiples denominados Cupiagua XU y Cupiagua XZ invirtió
más del 1% del valor de las obras y actividades que generaron
tasa por utilización del agua o, cuando menos, el 1% del valor
de la inversión del Proyecto, en términos contables y/o
económicos, y en tal sentido ha cumplido con el deber legal del
parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993; en subsidio de
lo anterior, que se declare que si se le da aplicación al artículo
3º del Decreto 1900 de 2006, de la liquidación correspondiente
deben excluirse los costos de perforación al no ser una
inversión propiamente dicha o, en todo caso, al no ser una obra
civil, y en tal sentido ha cumplido con el deber legal del
parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

3.3.6. Se declare que la ley no distinguió en cuanto a las
inversiones que sirven para amortizar la inversión del 1% y en
tal sentido cualquier inversión cuyo propósito sea la
recuperación, preservación y conservación de la cuenca
hidrográfica respectiva y el medio ambiente en su área de
influencia, debe servir para amortizar el deber legal,
especialmente si dicha inversión fue realizada con anterioridad
a la expedición del Decreto 1900 de 2006.

3.3.7. Se declare que el Ministerio no puede desconocer las
inversiones ambientales realizadas por ECOPETROL, con
ocasión de la obligación del 1% dentro del proyecto

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Actora: ECOPETROL S.A.

construcción y operación de las áreas de pozos múltiples
denominados Cupiagua XU y Cupiagua XZ.

3.3.8. Se declare que la inversión del 1% a que se refiere el
parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, se calcula sobre
la inversión que ha generado la tasa por utilización del agua
dado que debe existir una proporcionalidad entre la inversión
del 1% y el uso del recurso hídrico o, cuando menos, sobre el
valor de la Inversión del Proyecto, en términos contables y/o
económicos; en subsidio de lo anterior, que se declare que si
se determina que el presente caso se le debe dar aplicación al
artículo 3º del Decreto 1900 de 2006, de la liquidación
correspondiente deben excluirse los costos de perforación al no
ser una inversión propiamente dicha o, en todo caso, al no ser
una obra civil.

3.3.9. Se declare que las bases sobre las cuales debe calcularse
el 1%, al tenor del Decreto 1900 de 2006, deberán tener en
cuenta una relación causal con el uso del recurso hídrico y la
afectación consecuente de la cuenca hidrográfica respectiva, si
de lo que se trata es de exigir el cumplimiento de inversiones
adicionales.

3.3.10. Se declare que el Ministerio violó por completo sus
deberes legales al tenor de la Ley 99 de 1993 por cuanto se
extralimitó al expedir los Autos demandados al desconocer una
carga ya cumplida y pretender ahora trasladar sus omisiones
al particular […]”.

I.2. La actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes

hechos:

1º. Mediante la Resolución núm. 1623 de 22 de diciembre de 1995,

el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, le

otorgó a la empresa BRITISH PETROLEUM EXPLORATION COMPANY-

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COLOMBIA LIMITED1, en adelante BP, licencia ambiental para la

construcción y operación de las áreas de pozos múltiples

denominados Cupiagua XU y Cupiagua XZ ubicada en las veredas la

Cachiza y Manoguía del Municipio de Aguazul, y Algarrobos y del río

Chicaza, Departamento del Casanare.

2º. A través de la Resolución núm. 846 de 30 de julio 1996, el

Ministerio en mención modificó la anterior decisión, en el sentido de

autorizar algunos cambios en la construcción de los referidos pozos.

3º. Mediante las resoluciones núms. 0497 de 17 de octubre de 1996

y 0498 de la misma fecha, CORPORINOQUIA otorgó concesión de

aguas para el área de pozos Cupiagua XU y Cupiagua XZ,

respectivamente, a captar de la Quebrada Aguablanca, con un caudal

de 5 lts. con destino a uso doméstico, por el término de 5 años.

4º. Por medio de la Resolución núm. 0369 de 28 agosto de 1997,

CORPORINOQUIA modificó el artículo 1º de la Resolución núm. 0497

de 17 de octubre de 1996, con el fin de autorizar la reubicación de

obras y equipos de captación correspondientes a la concesión de

1
Por medio de la Resolución núm. 1840 de 21 de septiembre de 2010, el Ministerio de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial autorizó la cesión de la licencia ambiental otorgada mediante la
Resolución 1623 de 1995, en favor de ECOPETROL S.A.

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aguas otorgada del área de pozos Cupiagua XU, provenientes de la

Quebrada Aguablanca (o Manoguía), con un caudal de 5 lts. con

destino a uso doméstico, riego y uso industrial.

5º. Mediante la Resolución núm. 200.15-0194 de 29 de mayo de 2011,

CORPORINOQUIA otorgó la concesión de aguas para los pozos

Cupiagua XZ, a captar de la Quebrada Algarrobos, con un caudal de

17 lts./seg., con destino a uso doméstico e industrial, por el término

de 5 años; y a través de la Resolución núm. 200.15-0241 de 18 de

junio de 2011, la misma entidad prorrogó la concesión otorgada por

medio de la Resolución núm. 0497.

6º. A través de la Resolución núm. 1592 de 26 de octubre de 2005, el

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

modificó el artículo 8º de la Resolución núm. 1623 de 22 de diciembre

de 1995, en el sentido de ordenarle a BP que realice seguimiento

ambiental al proyecto e impuso la obligación de entregar informes

anuales de cumplimiento.

7º. Por medio de las comunicaciones núms. 20061011-789CUPXU y

20061011-792ECUPXZ, BP entregó el informe del estado de

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cumplimiento de la inversión del 1%, en relación con los pozos

Cupiagua XU y XZ, respectivamente.

8º. Por auto núm. 0018 de 9 de enero de 2007, el mencionado

Ministerio efectuó unos requerimientos a BP relacionados con el plan

de inversión del 1%, frente a los proyectos para la construcción y

operación de las áreas de pozos múltiples Cupiagua XU y Cupiagua

XZ.

9º. Nuevamente, mediante informe núm. 20080117-EUPXU, BP

comunicó tanto al Ministerio en mención como a CORPORINOQUIA el

avance del plan de inversión del 1 % de los pozos Cupiagua, en

beneficio de la Quebrada Manoguía.

10º. A través de la Resolución núm. 1168 de 16 de junio de 2009, el

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

modificó la Resolución núm. 1623 de 22 de diciembre de 1995, en el

sentido de adicionar la obligación del 1%.

11º. BP interpuso recurso de reposición contra la Resolución anterior,

el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 1913 de 6 de octubre

de 2009, en el sentido de confirmar la citada decisión.

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12º. Por medio de la comunicación núm. 4120-EI-115414 de 1º de

octubre de 2009, BP entregó informe de las actividades del convenio

de educación ambiental ENV 006 de 2005 y mediante oficio núm.

4120-E1-14609 de 6 de febrero de 2010 allegó información, en

respuesta a la Resolución núm. 1168 de 16 de junio de 2009

relacionada con la inversión del 1% de los pozos Cupiagua XU y XZ.

13º. Mediante Auto núm. 1257 de 20 de abril de 2010, el

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

efectuó unos requerimientos, el cual fue recurrido por escrito 4120-

E1-65646 de 25 de mayo de 2010.

14º. A través de la Resolución núm. 1840 de 21 de septiembre de

2010, el mencionado Ministerio autorizó la cesión de la licencia

ambiental para la construcción y operación de las áreas de pozos

múltiples denominados Cupiagua XU y Cupiagua XZ, en favor de

ECOPETROL S.A.

15º. Por medio Auto 4076 de 17 de noviembre de 2010, el

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

confirmó los numerales 1, 2.1, 2.2 y 2.3 del artículo décimo del Auto

núm. 1257 de 20 de abril de 2010.

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Actora: ECOPETROL S.A.

I.3. En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los

artículos 6º, 29, 58, 79, 80 y 121 de la Constitución Política; 2º, 35,

36, 39 del CCA; 43 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 19932; 312,

314 literal h), 316, 317, 318, 319, 320 y 321 del Decreto 2811 de

18 de diciembre de 19743; 1° al 12 del Decreto 2857 de 13 de

octubre de 19814; 204 del Decreto 1594 de 26 de junio de 19845;

parágrafo del artículo 16 de la Ley 373 de19976; 76.5.6. de la Ley

715 de 2 de diciembre de 20017; 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19, 23 numeral

5 y parágrafo 1, y 25 del Decreto 1729 de 6 de agosto de 20028; 6º

del Decreto 155 de 22 de enero de 2004 9; parágrafo del artículo 16

de la Ley 812 de 26 de junio de 2003; 101º, 4º, 20, 21, 33 del Decreto

1220 de 21 de abril de 200511; y 5º, parágrafo 2° y 6° del Decreto

1900 de 12 de junio de 200612.

2
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
3
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente”, expedido por el Presidente de la República.
4
“Por el cual se reglamenta la Parte Xlll, Título 2, Capítulo lll del Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre
cuencas hidrográficas y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Presidente de la República.
5
“Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del
Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto Ley 2811 de 1974 en
cuanto a usos del agua y residuos líquidos”, expedido por el Presidente de la República.
6
“Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua”.
7
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
8
“Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre
cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del artículo 5o. de la Ley 99 de 1993 y se dictan
otras disposiciones”, expedido por el Presidente de la República y el Ministro de Medio Ambiente.
9
“Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y
se adoptan otras disposiciones”, expedido por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
10
“Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”.
11
“Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”.
12
“Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones”,
expedido por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00564-01
Actora: ECOPETROL S.A.

En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:

PRIMER CARGO: “CONSIDERACIONES BÁSICAS”

Se refirió al alcance del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, relativo

a la inversión forzosa del 1%, que deben hacer las personas naturales

o jurídicas en la recuperación, preservación y vigilancia de las

cuencas hidrográficas, cuando estas hayan ejecutado proyectos que

involucren el uso de aguas tomadas de fuentes naturales.

Expresó que la falta de reglamentación de la citada disposición

conllevó a que el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial hiciera una interpretación errada de la misma, pues, según

este, el aludido porcentaje se tasa con base en el valor total del

proyecto, sin advertir que ello resulta desproporcionado, por cuanto

existen otras cargas de tipo ambiental que son soportadas por el

inversionista, además de que no todas las obras que se realizan

tienen un impacto sobre el recurso hídrico.

Sostuvo que era necesario distinguir entre la definición de “cuenca”

en el ámbito geográfico de lo que se entiende por “ordenación de una

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cuenca”, siendo esta última una herramienta de planeación para el

uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, con el

fin de prevenir su deterioro o lograr su recuperación.

Anotó que la autoridad ambiental, en el marco de una licencia

ambiental, puede decretar la inversión forzosa, siempre y cuando la

fuente haga parte de una cuenca que haya sido previamente

ordenada.

Afirmó que según la sentencia de 9 de febrero de 2006, proferida por

la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca (C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio)13, se aceptó que

las inversiones del 1% hacían parte del plan del manejo ambiental,

por cuanto la respectiva norma no precisa de qué forma ese

porcentaje se debe invertir. En otras palabras, todo lo que se haya

destinado en beneficio de la cuenca suma como parte de ese

gravamen.

Que no existe criterio jurídico alguno, que permita concluir

válidamente que debe considerarse que el 1% se ubique por fuera

de las inversiones que constituyen el Plan de Manejo Ambiental y,

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Núm. único de radicación 2003-0015.

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por ende, es precisamente en el Plan de Manejo Ambiental donde

podrían ubicarse las inversiones que benefician la cuenca hidrográfica

de la que se capta el recurso hídrico.

Indicó que la posición del Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial desconoce el fallo proferido el 24 de noviembre

de 2000, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, C.P. Darío

Quiñones Pinilla (AP-124), en el que se señaló que era la respectiva

autoridad ambiental, que otorga la licencia, la encargada de fijar

cuáles son las acciones de recuperación, preservación o

conservación.

SEGUNDO CARGO: “POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ARTÍCULO
58 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEL PARÁGRAFO DEL
ARTÍCULO 43 DE LA LEY 99 DE 1993”.

Señaló que el Ministerio en mención interpretó y aplicó de manera

indebida el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, norma que era

inoperante hasta tanto otros preceptos que dependen de ella hayan

sido desarrollados.

Alegó que dicha disposición se implementó sin observar los artículos

312, 314 literal h), 316, 317, 318, 319, 320 y 321 del Decreto 2811;

1 al 12 del Decreto 2857; el parágrafo del artículo 16 de la Ley 373

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de 1997; 76.5.6. de la Ley 715; 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19, 23 numeral 5

y parágrafo 1, y 25 del Decreto 1729; y el parágrafo del artículo 16

de la Ley 373.

Adujo que desde 1974, la normativa vigente exigía la reglamentación

de las cuencas hidrográficas, obligación que fue reiterada en

múltiples ocasiones, pero que solo hasta ahora se estaba

materializando, razón por la que la aplicación del parágrafo del

artículo 43 de la Ley 99 se encontraba condicionada a la

implementación efectiva de las múltiples normas que ordenaban,

entre otros, al Ministerio en mención, a reglamentar las cuencas en

Colombia.

Expresó que debido a tal falencia, los interesados no tenían otra

opción distinta que invertir directamente en la fuente con el propósito

de no afectar su condición ambiental.

Aclaró que antes del Decreto 1900 no había manera de saber qué

clase de inversiones podían contabilizarse como parte del 1%, dado

que solo se contaba con los lineamientos expuestos por la Corte

Constitucional, en la sentencia C-495 de 1996.

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TERCER CARGO: “POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL
PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 99 DE 1993 Y DE
LOS ARTÍCULOS 1º, 4, 20, 21 Y 33 DEL DECRETO 1220 DE
2005, QUE REGLAMENTA LO ATINENTE A LA EXPEDICIÓN Y
MODIFICACIÓN DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y ENTRE
ELLO EL REFERIDO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E INDEBIDA
APLICACIÓN DEL PARÁGRAFO 2º DEL ARTÍCULO 5º DEL
DECRETO 1900 DE 2006.”

Sostuvo que el artículo 43 de la Ley 99 es una sola norma y de esa

misma forma se debe interpretar, es decir, no es de recibo desligar

lo dispuesto en la primera parte del precepto de lo consignado en el

respectivo parágrafo.

Precisó que solo hasta la expedición del Decreto 1900 se determinó

qué actividades ejecutadas, en cumplimiento de la obligación de la

inversión del 1%, debían encontrarse establecidas en un plan de

inversión adicional y no podían hacer parte del Plan de Manejo

Ambiental. Por ello, todas las actividades que cumplan con los

objetivos de la inversión del 1%, realizadas antes de la expedición

del citado decreto, deberán ser aceptadas en cumplimiento de la

inversión forzosa sin importar el documento donde se encuentren

plasmadas.

Que no puede aceptarse y resultaría errado considerar que mientras

que la tasa por uso de aguas se encuentra claramente reglamentada

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con fundamento en la proporcionalidad en el uso del recurso, el

parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 deba interpretarse

independientemente sin acudir a esa misma proporcionalidad en el

uso del agua y la inversión respectiva.

Estimó que obrar en forma contraria implicaría el desconocimiento

de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, relacionada con los

criterios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen las

actuaciones de la Administración Pública.

Manifestó que, por consiguiente, los actos acusados adolecen de una

indebida interpretación desligada de la realidad fáctica y jurídica,

circunstancia que, a su juicio, podría asumirse como una desviación

de poder, bajo el entendido que el Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial pretende que se invierta de manera

indiscriminada en una cuenca que se encuentra en buen estado.

Destacó que antes de la expedición del Decreto 1900 no existía

norma que prohibiera que las actividades incluidas en el Plan de

Manejo Ambiental sirvieran para dar cumplimiento a la inversión del

1%, máxime cuando con ellas se logran los objetivos del artículo 43

de la Ley 99.

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Advirtió que si el mencionado Ministerio asume la posición, según la

cual existe prohibición de aplicar las acciones del Plan de Manejo

Ambiental a la inversión forzosa, esta resulta de una aplicación

retroactiva del parágrafo 2º del artículo 5º del Decreto 1900,

proceder que no está permitido por la legislación.

CUARTO CARGO: POR FALTA DE APLICACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 6º, 80 Y 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA;
LOS ARTÍCULOS 312, 314 LITERAL H), 316, 317, 318, 319,
320 Y 321 DEL DECRETO 2811 DE 1974; LOS ARTÍCULOS 1 AL
7 Y 9 AL 12 DEL DECRETO 2857 DE 1981; NUMERAL 1 DEL
ARTÍCULO 1º Y ARTÍCULO 3º DE LA LEY 99 DE 1993,
PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 373 DE 1997; EL
ARTÍCULO 76.5.6. DE LA LEY 715 DE 2001, LOS ARTÍCULOS
4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19, 23 NUMERAL 5, 23 PARÁGRAFO 1 Y 25
DEL DECRETO 1729 DE 2002, Y EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO
16 DE LA LEY 812 DE 2003 Y POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 3º DEL DECRETO 1900 DE 2006.

Manifestó que se violaron los artículos 6º, 121 y 123 de la

Constitución Política, que desarrollan el principio de legalidad, debido

a que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

estableció una prohibición que no se hallaba establecida en la ley,

por cuanto estimó que las obras incluidas en el Plan de Manejo

Ambiental no debían ser tenidas en cuenta para el cumplimiento de

la obligación del 1%.

Expresó que debe aceptarse que a la actora le era aplicable el

régimen de transición contenido en el Decreto 1900 y que, en tales

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términos, deben darse por cumplidas las obligaciones e inversiones

liquidadas e informadas al Ministerio mencionado.

Argumentó que no se aplicaron los artículos 312, 314 literal h), 315,

316, 317, 318, 319, 320 y 321 del Decreto 2811, 1 al 7 y 9 al 12 del

Decreto 2857, 76.5.6. de la Ley 715 y 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19, 23

numeral 5, 23 parágrafo 1 y 25 del Decreto 1729, dado que en la

motivación de los actos acusados no se definió en qué debía

invertirse el 1%, la cuenca hidrográfica, no estableció un plan de

ordenamiento sobre la misma, ni tampoco una regulación de ahorro

y uso eficiente del agua.

Hizo referencia al contenido de cada una de las disposiciones antes

indicadas, relativas al concepto de cuenca u hoya hidrográfica, al

igual que a las acciones que debe emprender la administración para

su protección, tales como la ordenación de los cuerpos de agua.

Resaltó el contenido del numeral 5 del artículo 23 del Decreto 1729,

que prevé que la financiación de los planes de ordenación de las

cuencas hidrográficas se hará con los recursos provenientes del 1%,

de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99.

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Advirtió que la obligación de ordenar las cuencas existía desde antes

de que se concediera la licencia ambiental para el proyecto referido,

razón por la que en la misma se debía definir dicha regulación y en

ella, las inversiones con cargo al 1%.

Mencionó que no se aplicaron los artículos 16 de la Ley 373 y 16,

parágrafo, de la Ley 812, ya que según esas disposiciones sí existían

parámetros que delimitaran el uso de la inversión del 1%, esto es,

que todos los recursos provenientes de esa obligación estaban

enfocadas a la protección y recuperación del recurso hídrico, de

conformidad con el respectivo plan de ordenamiento y manejo de la

cuenca.

Adujo que el artículo 6º del Decreto 155 preceptúa que la base

gravable de la tasa por uso del agua es el volumen que efectivamente

se capte; y que si el sujeto pasivo de la misma tiene implementado

un sistema de medición, este puede presentar ante la autoridad los

reportes de los respectivos consumos. Norma que no puede

separarse de lo indicado en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99.

QUINTO CARGO: “INDEBIDA O FALSA MOTIVACIÓN”.

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Trajo a colación algunos apartes jurisprudenciales para precisar el

contenido de la falsa motivación y luego, el artículo 35 del CCA,

anotando que en el caso, bajo estudio, no existía soporte alguno ni

fáctico para que el Ministerio demandado expidiera los numerales 1,

2, 2.1, 2.2. y 2.3 del artículo 10 del Auto núm. 1257 de 20 de abril

de 2010 y el artículo 1º del Auto núm. 4076 de 17 de noviembre

de 2010, desconociendo los múltiples reportes que oportunamente

han sido suministrados al Ministerio mencionado, informando los

costos y las actividades con las cuales se le ha dado cumplimiento a

la obligación de la inversión del 1%, de que trata el parágrafo del

artículo 43 de la Ley 99.

SEXTO CARGO: “POR VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 83 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA POR INFRACCIÓN DIRECTA, QUE
CONSAGRA EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA”.

Señaló que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial aprobó el Plan de Manejo Ambiental en los mismos

términos que fue presentado, razón por la que la actora estimó que

tenía la autorización respecto de los proyectos y actividades de

carácter general, incluidas aquellas encaminadas a beneficiar las

cuencas y, por ende, relativas al cumplimiento de la inversión forzosa

del 1%.

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Afirmó que debido a lo anterior, desde el otorgamiento de la licencia

ambiental para el Proyecto de construcción y operación de las áreas

de pozos múltiples denominados Cupiagua XU y Cupiagua XZ, la

demandante ha actuado de buena fe, dando cumplimiento a la

obligación contenida en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 y

teniendo el plan de inversión del 1% debidamente aprobado por el

mencionado Ministerio, desarrolló, implementó y ejecutó múltiples

obras y actividades tendientes a conservar, preservar y vigilar la

respectiva cuenca, de donde tomó el recurso hídrico.

Alegó que el referido Ministerio siempre fue informado de todas las

obras que se ejecutaron, con relación a lo dispuesto en el parágrafo

del artículo 43 de la Ley 99, por cuanto de manera periódica le remitió

los informes de su acatamiento, situación que no fue cuestionada por

casi 10 años.

Sostuvo que debido a la expedición del Decreto 1900, el Ministerio

demandado se interesó en la aplicación de la obligación de la

inversión forzosa, pero de una manera que desconoció las acciones

desarrolladas en la cuenca respectiva.

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Estimó que el hecho de que varios años después de otorgada la

licencia ambiental y de ejecutar múltiples obras la Administración las

desconociera, implicaba una conculcación a los principios de

confianza legítima y buena fe.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales14, mediante

apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad

de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

Que los pronunciamientos efectuados por la entidad demandada, a

través de los actos acusados, se enmarcan en requerir información

adicional, respecto del valor de la obligación y para validar o

rechazar las actividades reportadas por la empresa, en aras de

determinar el estado de cumplimiento de la inversión no menos del

1%, verificando el beneficio real que estas puedan aportar a la

recuperación ambiental de las respectivas Cuencas de la quebrada

Aguablanca o Manoguía, la Quebrada Algarrobos y el Río Cachiza y

14
El Decreto 3573 de 27 de septiembre de 2011, “Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales”, dispuso la creación de esa Autoridad Nacional, como una Unidad Administrativa Especial
con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, que hace parte del sector
administrativo de ambiente y desarrollo sostenible. Tal ente, en la actualidad desempeña las funciones
que antes desarrollaba el Ministerio de Ambiente, en materia de otorgamiento de licencias ambientales,
por virtud de la referida norma, razón por la cual los asuntos que eran de conocimiento de la Dirección
Nacional de Licencias Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial pasaron
a ser de su competencia.

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que por ello, no podía dar por cumplida la obligación de la inversión

del 1%, de que trata el artículo 43 de la Ley 99.

Que los criterios expuestos por la Corte Constitucional, en la sentencia

C-495 de 1996, respecto del cálculo del 1% de la inversión obligatoria,

no constituían precedente jurisprudencial, ya que se trata de una

decisión aislada y no de una línea de pronunciamientos sobre la

materia.

Que debe considerarse la preponderancia que tiene la ley frente a la

jurisprudencia; que la jurisprudencia ha señalado que solo constituye

fuente formal del derecho la ley y, por tanto, el juez en sus

providencias solo se encuentra obligado a sujetarse a ella.

Que, en atención a ello, el juez debe acogerse al texto de la norma,

siendo este explícito al señalar en el parágrafo del artículo 43 de la Ley

99 que la inversión forzosa debe calcularse sobre el total de la

inversión.

Que existía confusión en los argumentos expuestos por la actora,

cuando trató de identificar un vínculo entre la inversión forzosa del

parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 y las tasas por uso de agua,

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siendo que cada uno de esos gravámenes tiene diferentes hechos

generadores y, por tanto, no puede entenderse que alguna de ellas

dependa de la otra.

Adujo que para que se desconozca el principio de confianza legítima se

requiere de un cambio súbito en la legislación, de tal manera que dicho

cambio afecte los intereses del particular, pero que, en el asunto bajo

estudio, la obligación de realizar la inversión del 1% se deriva

directamente de la ley, por lo que los actos administrativos acusados

solo se limitaron a establecer los parámetros a seguir para el

acatamiento del respectivo precepto y se expidieron en cumplimiento

de un mandato legal.

Expresó, frente a la violación del debido proceso, que no había lugar a

tal inferencia, dado que los actos acusados se emitieron dentro de un

trámite del que hizo parte la demandante, quien tuvo conocimiento del

mismo.

Que si bien la licencia ambiental nada dijo respecto a la inversión del

1%, la actora no puede desconocer que se trata de una obligación

establecida en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99. Y que se hace

exigible dicha obligación desde el momento mismo que el beneficiario

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de esa licencia efectúa el uso del agua, tomada directamente de la

fuente natural.

Explicó que el Decreto 1900 no señaló algún tipo de exoneración en

el cumplimiento de la obligación, establecida en el parágrafo del

artículo 43 de la Ley 99, toda vez que indicó que los proyectos

licenciados que no hubieren presentado el programa de inversión del

1%, antes de la entrada en vigencia de dicho reglamento, se regirían

por lo dispuesto en el citado decreto, sin perjuicio de las medidas

sancionatorias a las que hubiere lugar.

Anotó que el demandante tiene el deber legal y constitucional de

cumplir con la obligación de inversión, prevista en el parágrafo del

citado artículo 43, así como dar cumplimiento a las demás

obligaciones contenidas en la licencia ambiental y en el Plan de

Manejo Ambiental, para el desarrollo del proyecto.

Trajo a colación algunos pronunciamientos del Consejo de Estado,

entre ellos la sentencia de 11 de noviembre, proferida por la Sección

Primera15, en la que se dijo que la obligación del parágrafo del

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
noviembre de 2010, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 11007-03-24-
000-2002-00068-01.

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artículo 43 de la Ley “[…] se trata de una obligación establecida

directamente por la ley, es decir, se está ante una norma dispositiva

de aplicación directa, que por lo mismo se entiende que hace parte

de la decisión contenida en el respectivo acto administrativo, en caso

de que nada se diga expresamente en el sobre ese punto […]”.

Así mismo, trajo a colación, como precedentes jurisprudenciales, la

sentencia C-220 de 201116, proferida por la Corte Constitucional, que

declaró exigible el citado parágrafo y los fallos, proferidos el 3 de

marzo17 y 30 de marzo de 201118, por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, en los cuales se indicó que la tasa señalada en la

primera parte del referido artículo 43 y la inversión forzosa del

parágrafo son gravámenes diferentes, con finalidades diferentes,

razón por la cual la inversión forzosa no debe aplicarse en relación

con la inversión que da lugar al cobro de la tasa, sino al total de la

inversión, tal y como la norma lo establece de manera expresa.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

16
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C 220 de 29 de marzo de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, núm. único de radicación D-8241.
17
Núm. único de radicación 2008-00486
18
Núm. único de radicación 2009-0292

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Mediante sentencia de 22 de abril de 2015, la Sección Primera,

Subsección “C”, En Descongestión, del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, declaró probada la objeción grave al dictamen pericial

rendido por el perito Jaime Ramírez Murcia, alegada por el apoderado

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Explicó que existe error en la apreciación de la realidad del objeto del

peritazgo, debido a que el mismo deja entrever que el auxiliar judicial

lo efectuó, teniendo en cuenta la inversión total ambiental de los pozos

Capiagua XU y XZ, sin discriminar las que constituyen parte de la

inversión del 1%, de conformidad con lo previsto en el artículo 5º del

Decreto 1900.

Destacó que la imprecisión en que incurrió el perito resulta relevante,

para el presente caso, ya que determinó una inversión de manera

general, que no coincide con el objeto de estudio, esto es, la inversión

forzosa del 1%.

Asimismo, denegó las pretensiones de la demanda, al no prosperar los

cargos, con base en los razonamientos que pueden resumirse así:

Señaló, con respecto al cargo que denominó “Indebida interpretación

del artículo 58 de la Constitución Política y el parágrafo 43 de la Ley

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99”, que el motivo de disenso entre las partes lo constituye la

obligación contenida en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99.

Que dicha disposición fue declarada exequible por la Corte

Constitucional, en la sentencia C-495 de 26 de septiembre de 199619,

por considerar que es constitucionalmente razonable que se imponga

un deber social cimentado en la función social de la propiedad,

tendiente a la protección e integridad del medio ambiente.

Anotó que, en el presente caso, mediante la Resolución núm. 1623

de 22 de diciembre de 1995, modificadas por las resoluciones núms.

846 de 1996, 1592 de 2005 y 1168 de 2009, se otorgó la licencia

ambiental del citado proyecto, señalando la destinación del 1% que

la empresa debía realizar en el proyecto, para las actividades de

recuperación, preservación y vigilancias de las cuencas.

Expresó que de la Resolución núm. 1168 de 16 de junio de 2009, se

colige que la BP está sometida al contenido de la licencia ambiental,

debiendo, en consecuencia, ejecutar su actividad en los pozos, bajo

las obligaciones plasmadas en las resoluciones en cita, que para el

asunto objeto de la presente litis, se dirigían a destinar como mínimo

19 Corte Constitucional,
Sala Plena, sentencia C-495 de 26 de septiembre de 1996, M.P. Fabio Morón
Díaz, núm. único de radicación D-1285.

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un 1% del total de la inversión del proyecto, en la protección y

recuperación del plan autorizado.

Sostuvo que de acuerdo con las probanzas es claro que la actora ha

venido cumpliendo con su deber de comunicar la ejecución de las

obligaciones surgidas con la licencia ambiental y que en los actos

acusados no se están desconociendo los gastos ni las actividades

realizadas en observancia de la inversión del 1%, puesto que en el

desarrollo del seguimiento ambiental, a medida que cumple con los

requerimientos y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial cuenta con la certeza de su desempeño, reconoce las

acciones ejecutadas con cargo a la inversión forzosa.

Que de ello se infiere que lo que busca el Ministerio mencionado, con

los autos de seguimiento ambiental, es incluir las actividades

desarrolladas en observancia de esa obligación, razón por la cual, en

los actos demandados se ha ido requiriendo la información específica

para corroborar esos gastos y con ello el acatamiento de la

disposición normativa.

Indicó que al solicitarse información sobre el cálculo de las

inversiones, desglosando los costos de las actividades consideradas,

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Actora: ECOPETROL S.A.

el Ministerio en mención lo que pretende es estudiar si las inversiones

realizadas que han sido comunicadas dentro de los términos

previstos, a lo largo de la ejecución del proyecto, son suficientes para

cumplir la finalidad de la norma, como se advierte de los actos

posteriores a los demandados, con los cuales se admitió cumplida

esta obligación.

Estimó que la interpretación de la actora es equivocada, toda vez que

el parágrafo el artículo 43 de la Ley 99 no se refiere ni plasma

expresa o tácitamente, la reglamentación de las cuencas

hidrográficas, como sería el Plan de Ordenación y Manejo de la

Cuenca, como requisito indispensable para que se pueda efectuar la

inversión del 1%.

Precisó que una de las disposiciones jurídicas que, en criterio de la

demandante, condicionan la aplicación del parágrafo del artículo 43

de la Ley 99, es el artículo 23 del Decreto 1729, el cual establece

como fuente de financiación de los planes de ordenación de las

cuencas, los recursos provenientes del 1%, de que trata dicha

norma.

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Actora: ECOPETROL S.A.

Que de esta norma, contrario a lo expresado por la actora, se puede

colegir que los dineros generados en esta inversión, podrán ser

recaudados con destino a la elaboración de dicho proyecto, lo cual se

materializó con la expedición del Decreto 1900.

Manifestó que no se requiere contar con un plan de ordenación de

las cuencas hidrográficas para hacer el gasto ordenado en la ley, pues

a falta de este, la asignación puede destinarse para su elaboración,

debido a que no es necesario contar con un diseño de ordenación

para que se pueda efectuar la inversión del 1%.

Advirtió que la Corte Constitucional en la sentencia C-220 de 29 de

marzo de 201120, acerca del tema, expuso que en ausencia del Plan

de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, los recursos se

podrán invertir en algunas de las obras o actividades de elaboración

de ese plan, en un porcentaje que establezca el Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Afirmó que tampoco resultan de recibo los argumentos según los

cuales, antes de la reglamentación del citado parágrafo, no había

forma de saber qué estimación era imputable al 1%, toda vez que el

20
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C 220 de 29 de marzo de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, núm. único de radicación D-8241.

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parágrafo del artículo 43 prevé con claridad que la inversión de no

menos del 1% se calcula sobre el monto total de la inversión en el

proyecto. Y que si bien es cierto para la época en que la licencia fue

otorgada no se había reglamentado el referido parágrafo, también lo

es que esta circunstancia no puede verse como un impedimento para

observar el deber del 1%, ya que el llamado a hacer la inversión debe

proceder bajo la orientación de la autoridad ambiental, en los

términos de la licencia, como lo indicó la Corte Constitucional en la

sentencia C-495 de 1996.

Estimó que, con fundamento en lo expuesto y en el análisis

normativo efectuado, con la expedición de las resoluciones

modificatorias de la licencia, así como también con el Auto de

Seguimiento núm. 1459 de 5 de mayo de 2010 y el núm. 3735 de

31 de julio de 2010, el mencionado Ministerio no interpretó de forma

errónea el artículo 58 de la Constitución Política y el parágrafo del

artículo 43 de la Ley 99, pues los actos acusados pretenden es

evaluar si las inversiones que se han llevado a cabo cubren el 1% de

la base de liquidación y son lo suficientes para dar cumplimiento a la

finalidad de la norma.

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Actora: ECOPETROL S.A.

Sobre el segundo cargo, que denominó “Existió una interpretación

errónea del parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993, artículo

16 de la Ley 373 de 1993, artículos 1º, 4º, 20, 21 y 33 del Decreto

1220 de 2005, e indebida aplicación del parágrafo 2º del artículo 5º

del decreto 1900 de 2006”, expresó que el parágrafo del artículo 43

de la Ley 99 constituye una disposición autónoma, distinta de sus

incisos.

Señaló que el hecho generador de la tasa por utilización de agua es

el uso del líquido, mientras que en la inversión del 1% si bien no

puede hablarse de un hecho creador debido a que no se trata de un

tributo, consiste en la existencia de un proyecto que trae consigo una

carga social, que es la consecuencia de adelantar una actividad de

tipo industrial, que involucra el uso de recursos naturales.

Agregó que el método para determinar el monto del pago o inversión,

según el caso, difiere trascendentalmente de la tasa por uso del

agua, la cual debe aplicarse el sistema y método para la definición

de los costos, sobre cuya base se calculan y fijan las tasas

retributivas y compensatorias determinadas en el artículo 42 de la

Ley 99, para lo cual se debe computar el valor de la depreciación del

agua, con fundamento en las bases que defina anualmente el

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Actora: ECOPETROL S.A.

Ministerio demandado, debiendo advertir otros aspectos como el

daño social y ambiental, debidamente calculados.

En cuanto al argumento de que el Ministerio implantó como base para

la liquidación de la inversión del 1% el costo total del proyecto

incluyendo los costos de perforación de pozo, a pesar de que para la

actora esta no es una obra civil, conforme lo prevé el artículo 43 de

la Ley 99 y el Decreto 1900, indicó que de dicha normativa sí se

infiere que todo proyecto que involucre en su ejecución el uso de

agua, deberá destinar no menos de un 1% del total de la inversión,

y que la base de liquidación se efectuará, entre otros, atendiendo el

coste de las obras civiles.

Aclaró que el Decreto 1900 establece que todo proyecto que

involucre en su ejecución el uso del agua deberá destinar no menos

de un 1% del total de la inversión y que los costos base de liquidación

incumben a las inversiones realizadas en la etapa de construcción y

montaje, previa a la etapa de operación o producción.

Que de acuerdo con la “Guía de Manejo Ambiental para la Perforación

de Pozos de Petróleo y Gas”, acogida por el Ministerio en mención,

por medio de la Resolución núm. 1023 de 28 de julio de 2005, la

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actividades u obras típicas en los proyectos de perforación de pozos

hacen parte de una obra civil, razón por la cual se han de considerar

como base para la liquidación de la inversión del 1%, conforme lo

señaló la entidad demandada, ya que con estas se inicia la

adecuación y ubicación del campo a perforar.

Precisó que el procedimiento de cálculo de la cuantía de la tasa o

inversión, según el caso, difieren en el método y fuente para su

valoración, en este caso depreciación del recurso vs. el valor del

proyecto.

Que la destinación de la inversión del 1% del valor total del proyecto

es para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca

hidrográfica que alimenta la fuente hídrica, labor que está a cargo

del inversionista, tal y como lo ratificó la mencionada Corte

Constitucional en la sentencia C-220 de 29 de marzo de 201121.

Sostuvo que para el caso de las tasas, es al Estado a quien atañe

recaudar el monto de las mismas con miras a cumplir una función a

su cargo, como es, garantizar la preservación de un bien público, un

medio ambiente sano, entre otros, mientras que la inversión del 1%

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Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C 220 de 29 de marzo de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, núm. único de radicación D-8241.

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es responsabilidad del propietario del proyecto y es a él a quien

corresponde la ejecución de las obras para la recuperación,

preservación y conservación de la cuenca hidrográfica.

Que el citado artículo 43 fue objeto de reglamentación, mediante el

Decreto 155 de 22 de enero de 200422, en lo relativo a las tasas por

utilización de aguas superficiales, pero no incluye las aguas

marítimas.

Anotó que el parágrafo artículo 43 de la Ley 99 fue desarrollado por

una norma distinta, el Decreto 1900, precepto que difiere del objeto

de la reglamentación de la tasa antes indicada.

Destacó que la tasa por utilización de agua es un tributo que debe

reunir los elementos esenciales del mismo al tenor de lo dispuesto

en el artículo 338 de la Constitución Política, mientras que la

destinación de no menos del 1% del total de la inversión corresponde

a una carga que se desprende de la función social de la propiedad,

22
Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y
se adoptan otras disposiciones”, expedido por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

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situación que se corrobora con el citado pronunciamiento de la Corte

Constitucional de 2011.

Advirtió que los porcentajes de inversión del 1% y la tasa por uso de

agua, que a juicio de la actora son similares, son imposiciones de

diferente naturaleza, dado que mientras la tasa reúne las

características de una carga propia del régimen tributario, la

inversión corresponde a una obligación emanada de la función social

de la propiedad prevista en el artículo 58 de la Constitución Política.

Son erogaciones diferentes, tanto en su esencia como en su

aplicación, modo de ejecución y cobertura.

En lo que respecta a la violación de los artículos 1º, 4, 20, 21 y 33

del Decreto 1220, afirmó que no se observa tal vulneración, ya que

estas disposiciones aluden a las medidas, estudios ambientales

previos, para otorgar la licencia ambiental, el control y seguimiento

de las obligaciones en ella contenidas y la observancia del plan de

manejo ambiental orientado a prevenir, mitigar, corregir o

compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el

desarrollo de un proyecto, mas no el cumplimiento del compromiso

contenido el citado artículo 43.

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Aclaró que el hecho de que la entidad demandada, en los actos

administrativos de seguimiento, ha sido enfática en precisar que

algunas actividades incluidas en el Plan Ambiental de Manejo

Ambiental no sean tenidas en cuenta como inversión del 1% es

porque se trata de dos obligaciones completamente diferentes, ya

que el referido Plan Ambiental se orienta a que la actividad

económica de la empresa se adecue al marco normativo con el fin de

que no cause deterioro ambiental o se reduzca su impacto y la

obligación prevista en el artículo 43 de la Ley 99, se encamina

específicamente a la conservación, protección y vigilancia de la

cuenca hidrográfica, como fue ratificado en el artículo 16 de la Ley

373.

Expresó que la actora no logró desvirtuar la legalidad de los actos

acusados, toda vez que de la descripción de los diagnósticos, objeto

de discusión, la entidad admite que se trató de un estudio local de la

cuenca del río Únete, a pesar de que la norma es clara en describir

que las actividades tendientes a la recuperación, preservación y

vigilancia deben de ser en la cuenca hidrográfica, que alimenta la

respectiva fuente hídrica, esto es, la Quebrada Manoguía y

Algarrobos, para el caso particular.

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Explicó que la norma es clara en señalar que las actividades de

recuperación, preservación y vigilancia se efectuarán en la cuenca

hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica, obligación que

no puede ser desconocida, en aras de proteger la diversidad e

integridad del ambiente y conservar las áreas de especial protección

ecológica, todo ello, dentro del principio del pensamiento ecológico

moderno, del “desarrollo sostenible”.

En cuanto al tercer cargo, que denominó “Falta de aplicación de los

artículos 6º, 80 y 121 de la Constitución Política, al igual que los

artículos 312, 314 literal h), 316, 317, 318, 319, 320 y 321 del

Decreto 2811 de 1974; los artículos 1 al 12 del Decreto 2857 de

1981, el artículo 204 del Decreto 1594 de 1984, el parágrafo del

artículo 16 de la Ley 373 de 1997, el artículo 76.5.6. de la Ley 715

de 2001, los artículos 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19, 23 numeral 5, 23

parágrafo 1 y 25 del Decreto 1729 de 2002, el artículo 6º del Decreto

Reglamentario 155 de 2004 y el parágrafo del artículo 16 de la Ley

812 de 2003”, reiteró que la inversión del 1% sí está prevista en la

normatividad ambiental, en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99,

reglamentado por el Decreto 1900, de modo que su exigencia es

legítima por parte de la autoridad ambiental observando los artículos

6º, 121 y 123 de la Constitución Política.

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Insistió en que la tasa por el uso del agua y la inversión del 1%, si

bien están contenidas en un mismo artículo, se trata de cargas

disimiles, por lo tanto, contrario a lo que afirma la parte demandante,

la mencionada inversión no está ligada al volumen de agua

efectivamente captada.

En lo atinente al cargo relacionado con la violación del numeral 1°

del artículo 1° y artículo 3° de la Ley 99, así como el artículo 80 de

la Constitución Política, estimó nuevamente que el cálculo de la

inversión del 1% se lleva a cabo sobre el valor total del proyecto, con

fundamento en las normas analizadas con suficiencia en los párrafos

anteriores, sin que sea del caso entrar a verificar el uso efectivo del

recurso hídrico, comoquiera que para ello se aplica la tasa por uso

del agua.

Sobre la vulneración por falta de aplicación de los artículos 312, 314

literal h), 316, 317, 318, 319, 320 y 321 del Decreto 2811, los

artículos 1º al 7º y 9 al 12 del Decreto 2857, el artículo 76.5.6. de la

Ley 715 y los artículos 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19, 23 numeral 5°, 23

parágrafo 1 y 25 del Decreto 1729, el a quo reiteró, que la ordenación

de las cuencas no es un requisito indispensable para que se pueda

efectuar la inversión del 1%, dado que el parágrafo del artículo 43

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de la Ley 99 no hace referencia a tal requisito y, adicionalmente, los

recursos de esa inversión, precisamente, pueden destinarse a la

elaboración del respectivo plan de ordenación, a falta de este.

En relación con la falta de aplicación del parágrafo del artículo 16 de

la Ley 373 y el parágrafo del artículo 16 de la Ley 812, reiteró lo

señalado en cuanto a la claridad de las normas relativas a las

diferencias existentes entre la tasa por uso del agua y la inversión

forzosa del 1%, cargas cuya única relación deviene del uso del

recurso hídrico, pero con fundamento, naturaleza, base de cálculo y

reglamentaciones diferentes.

En torno a los argumentos referidos a que no se dio aplicación al

artículo 6° del Decreto 155, insistió en que esa preceptiva no se

encargó de reglamentar el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, de

suerte que lo previsto en esa norma no resulta aplicable a la inversión

del 1%, toda vez que lo que allí se refiere es a que la base gravable

que activa la tasa por uso del agua es el volumen de la misma

efectivamente captada, método que no guarda relación alguna con

la inversión del 1% reglamentada de manera independiente en el

Decreto 1900.

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Sobre el cuarto cargo, que denominó “Falsa motivación”, expresó que

los actos administrativos, objeto de la pretensión de nulidad, se

encuentran debidamente motivados, ya que están soportados en

situaciones fácticas y jurídicas que corresponden a la realidad y

tienen plena validez jurídica dando cumplimiento a las normas que

regulan la materia.

Señaló que la entidad demandada analizó la situación particular de

la actora, en cuanto tiene que ver concretamente con el proyecto en

área de pozos Cupiagua XU y XZ y estableció que se hacía necesario

requerir cierta información, a efectos de verificar si la demandante

estaba observando la obligación de la inversión del 1% de la totalidad

del respectivo proyecto.

Sostuvo que la entidad demandada no ha desconocido las inversiones

hechas por la actora, dado que, de acuerdo con lo desarrollado en

los actos demandados, el Ministerio tiene conocimiento de lo

reportado por ECOPETROL S.A. en cuanto a la ejecución del 1%.

Añadió que la demandante tuvo conocimiento, de antaño, acerca de

su obligación de invertir no menos del 1% del valor del total del

proyecto en actividades de recuperación, preservación y vigilancia de

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la cuenca hidrográfica, que alimenta la respectiva fuente hídrica, lo

cual debía ser concertado con CORPORINOQUÍA, al tenor de lo

dispuesto en el artículo primero de la modificación de la licencia

ambiental.

Reiteró que las actividades para las cuales se usó el recurso hídrico,

la duración, captación y cantidad de agua consumida en el proyecto

no constituyen un aspecto condicionante al momento de determinar

la exigibilidad ni el monto de la inversión forzosa del 1%.

Frente al quinto cargo, que denominó “Violación del artículo 83 de la

Constitución Política por infracción directa, que consagra el principio

de confianza legítima”, reiteró que el Ministerio demandado nunca

desconoció las actividades desarrolladas relacionadas con la

inversión forzosa del 1%, según se observa en los autos de

seguimiento.

Explicó que el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 permite colegir

que aún antes del otorgamiento de la Licencia Ambiental, la

legislación exigía una inversión de no menos del 1%, la que se calcula

sobre el valor total del proyecto, sin consideración a las cantidades

del recurso hídrico efectivamente utilizadas.

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Indicó que la entidad demandada de ninguna forma ha modificado

los términos en que fue concedida la licencia, sino que le exigió a la

actora que las obras ejecutadas se ajusten a la finalidad de la

inversión forzosa del 1%, por lo que no se está desconociendo las

expectativas legítimas que tiene ella, sino que se trata de establecer

si cumplió la carga social, que se le impone con ocasión a la actividad

que ejecuta.

Estimó que con los requerimientos que se han hecho a la empresa

actora, mediante los actos demandados, no se ha desconocido el

principio de confianza legítima, contenido en el artículo 83 de la

Constitución Política.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La actora fincó su inconformidad, en esencia, así:

Señaló que en la sentencia apelada erró al sostener que el dictamen

pericial contable había incurrido en un error grave, a pesar de que

no quedo demostrada su existencia, debido a que asume

equivocadamente que en él debían aparecer los registros contables

de las actividades con las cuales se pretendía cumplir con la

obligación del 1%, lo cual no tiene razón de ser si se tienen en cuenta

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las preguntas formuladas y con las cuales no se incluyó dicho asunto,

el cual es un asunto jurídico.

Indicó que no es acertada la consideración del Tribunal de primera

instancia, en el sentido de que no se están rechazando las obras y

actividades.

Adujo que erró el a quo al rechazar las obras y actividades, pues no

hay motivo alguno por el cual dichas actividades e inversiones

ambientales no pudieran valer como parte del cumplimiento de la

inversión del 1% del artículo 43 de la Ley 99, si se tiene en cuenta:

que está probado que todas las actividades e inversiones ambientales

se llevaron a cabo; que dichas obras y actividades beneficiaron de

modo concreto la cuenca de la cual se obtuvo el recurso hídrico para

el proyecto, objeto de la demanda; que está demostrado que dichas

obras y actividades se han venido llevando a cabo desde muchos

años, con anterioridad inclusive a la expedición del Decreto 1900.

Expresó que de ninguna manera el parágrafo 2º del artículo 5º del

referido Decreto 1900 era aplicable respecto de la obras e

inversiones, con las cuales se pretendió darle cumplimiento a la

obligación del 1% y que se ejecutaron luego de la expedición de la

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licencia ambiental, puesto que ese decreto solo vino a ser expedido

muchos años después, siendo claro que una norma prohibitiva no

puede tener aplicación retroactiva.

Afirmó que la entidad demandada no podía negar el reconocimiento

de actividades realizadas por la actora, fundamentándose en que

eran parte del Plan de Manejo Ambiental, ya que al momento de

realizar esas inversiones no existía el citado Decreto 1900 y, por lo

tanto, la restricción del parágrafo 2º del artículo 5º de ese decreto

no puede ser aplicable de manera retroactiva para negar las

inversiones que realizó la demandante, en cumplimiento de la Ley 99

y antes de la expedición de ese decreto.

Manifestó que el perito estableció que las actividades, que ha

solicitado la demandante para que sean reconocidas como parte de

la inversión del 1%, sí se realizaron, se encuentran en sus registros

contables y estuvieron encaminadas a la recuperación, preservación,

la conservación y vigilancia de la cuenca, objeto de estudio.

Anotó que, además, se determinó con todo detalle cuales fueron las

inversiones ambientales efectuadas y cómo las mismas beneficiaron

la cuenca correspondiente.

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Concluyó que el reporte del perito contable establece que las

inversiones de carácter ambiental están reflejadas en los estados

financieros de la compañía demandante; señala de forma directa las

obras y actividades de carácter ambiental, que se han efectuado, las

cuales están encaminadas a la recuperación, preservación y

conservación de la vigilancia de la cuenca y, además, se incluyen los

beneficios concretos que las mismas produjeron; los informes de

seguimiento y de cumplimiento ambiental señalan la observancia de

las correspondientes obligaciones ambientales originadas en la

licencia del proyecto; y los diferentes documentos obrantes en el

expediente ambiental dan cuenta de las inversiones realizadas en

virtud del 1%.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta etapa procesal, tanto las partes como el Ministerio Público

guardaron silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Impedimento

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A través de escrito de 22 de febrero de 202123, el Consejero de

Estado doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ manifestó impedimento

para conocer del presente asunto, el cual le fue aceptado por la Sala

mediante auto de 12 de marzo de 202124, por lo que, en

consecuencia, se ordenó separarlo del conocimiento del mismo.

V.2.- Actos demandados

1. Auto núm. 1257 de 20 de abril de 2010, “Por el cual se

efectúa unos requerimientos y se toman otras

determinaciones”25, expedido por el Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial.

Las disposiciones acusadas de este acto establecen:

“[…] ARTÍCULO DÉCIMO.- Requerir a la empresa B.P.
EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTD., para que,
en relación al plan de inversión del 1% presentado con
el radicado 4120-E-1 del 6 de febrero de 2010, tenga
en cuenta lo siguiente:

1. En un tiempo no mayor a quince (15) días contados
a partir de la ejecutoria de este acto administrativo,
envíe el cálculo de las inversiones del 1% tanto para
Cupiagua XZ como para Cupiagua XU, en el que se
presente en forma desglosada los costos de
actividades tenidas en cuenta para dicho cálculo,
considerando lo establecido en el artículo tercero del

23
Folio 327.
24
Folios 328 a 330.
25
Folios 2 a 76 del C. Anexos.

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Actora: ECOPETROL S.A.

Decreto 1900 de 2006, incluyendo los costos de
perforación. La liquidación de las inversiones
efectivamente realizadas, deberá estar certificada por
el contador o revisor fiscal.
Además, indicar la fecha de la tasa representativa del
mercado- TRM adoptada para la conversión del monto
de la obligación.

2. No se considera factible de ser aprobado como parte del
Plan de Inversión del 1%, lo siguiente:

2.1. Tanto para Cupiagua XZ como para Cupiagua XU, las
actividades referentes al monitoreo de aguas, geotécnica,
seguimiento ambiental (interventoría), revegetación, manejo
de residuos, tratamiento de aguas residuales, por ser
actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y
Licencia Ambiental.

2.2. Para Cupiagua XZ:
2.2.1. La inversión propuesta para compra del predio
Cantaclaro en la Estrella Fluvial de los Farallones, teniendo
en cuenta que ese predio no se encuentra dentro de la cuenca
de la quebrada Algarrobos, sino en la cuenca del río Cusiana.
2.2.2. El diagnóstico de la Cuenca del río Cusiana.
2.2.3. La inversión adicional propuesta para compra del
predio Cantaclaro en la Estrella Fluvial de los Farallones,
teniendo en cuenta que ese predio no se encuentra dentro
de la cuenca de la quebrada Algarrobos, sino en la cuenca
del río Cusiana.
2.2.4. La inversión adicional propuesta por la empresa, para
la implementación del PROCEDA “RECUPERACIÓN DE LA
RONDA PROTECTORA DE LA QUEBRADA ALGARROBOS,
FUENTE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA COMUNIDAD”.

2.3. Para Cupiagua XU:
2.3.1. La inversión propuesta para compra del predio
Cantaclaro en la Estrella Fluvial de los Farallones, teniendo
en cuenta que ese predio no se encuentra dentro de la cuenca
de la quebrada Manoguía, sino en la cuenca del río Cusiana.
2.3.2. Los diagnósticos de la Cuenca del río Unete y de la
cuenca de la quebrada Manoguía.
2.3.3. La inversión adicional propuesta para compra del
predio Cantaclaro en la Estrella Fluvial de los Farallones,
teniendo en cuenta que ese predio no se encuentra dentro
de la cuenca de la quebrada Manoguía, sino en la cuenca del
río Cusiana. […]”.

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En resumen, la entidad demandada hizo los anteriores

requerimientos, como resultado del seguimiento ambiental al

proyecto construcción y operación de las áreas de pozos múltiples

denominados Cupiagua XU y Cupiagua XZ, considerando que

evaluados los documentos y las comunicaciones suministradas por la

empresa B.P. EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LTD.26 y el

Concepto Técnico núm. 482 de 25 de marzo de 2010, se hacía

necesario requerir la información necesaria para establecer el

cumplimiento por parte de la empresa, de la inversión del 1%

de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99.

El citado artículo dispone:

“[…] Tasas por Utilización de Aguas. La utilización de aguas
por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará
lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que
se destinarán al pago de los gastos de protección y
renovación de los recursos hídricos, para los fines
establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional
calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso
de las aguas27.
El sistema y método establecidos por el artículo precedente
para la definición de los costos sobre cuya base se calcularán
y fijarán las tasas retributivas y compensatorias, se aplicarán
al procedimiento de fijación de la tasa de que trata el
presente artículo.

26
Por medio de la Resolución núm. 1840 de 21 de septiembre de 2010, el Ministerio de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial autorizó la cesión de la licencia ambiental otorgada mediante la
Resolución 1623 de 1995, en favor de ECOPETROL S.A.
27
Reglamentada por el Decreto Nacional 155 de 2004.

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Parágrafo. Todo proyecto que involucre en su
ejecución el uso del agua, tomada directamente de
fuentes naturales, bien sea para consumo humano,
recreación, riego o cualquier otra actividad industrial
o agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1%
del total de la inversión para la recuperación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que
alimenta la respectiva fuente hídrica. El propietario del
proyecto deberá invertir este 1% en las obras y
acciones de recuperación, preservación y conservación
de la cuenca que se determinen en la licencia
ambiental del proyecto28 […]” (Destacado fuera de texto).

2. Auto núm. 4076 de 17 de noviembre de 2010, “Por el cual

se resuelve el recurso de reposición”29, emanado del mismo

Ministerio, el cual señala:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer en el sentido de
confirmar lo establecido en los numerales numerales 1, 2,
2.1, 2.2 y 2.3. del artículo décimo del Auto No. 1257 de 20
de abril de 2010, por lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo […]”.

Del texto de los autos acusados se colige que no son actos

administrativos definitivos sino de trámite, pues se limitan a efectuar

unos requerimientos de información, con base en la cual,

precisamente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial30, -entidad que los expidió-, pueda tomar decisiones de

fondo posteriores y establecer con certeza y claridad si cada una

28
Reglamentado por el Decreto Nacional 1900 de 2006, Modificado por el art. 216, Ley 1450 de 2011.
Declarado exequible por la Sentencia C-220 del 29 de marzo 2011, únicamente frente a los cargos
examinados en ella.
29
Folios 77 a 94 del C. Anexos.
30
Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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de las inversiones que la actora hizo, cumple con los requisitos para

que puedan considerarse que son parte de la inversión del 1% de

que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99.

En otras palabras, mediante los actos demandados la entidad

demandada hizo unos requerimientos, con el fin de examinar si la

empresa actora ha cumplido con la obligación contenida en la

Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución núm. 1623 de

1995, modificadas por las resoluciones núms. 846 de 1996, 1592 de

2005 y 1168 de 2009, para llevar a cabo el proyecto denominado

construcción y operación de las áreas de pozos múltiples

denominados Cupiagua XU y Cupiagua XZ, al tenor de lo establecido

en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, sin resolver nada en

concreto respecto del cumplimiento de la obligación de inversión del

1%, que recae sobre la actora.

Cabe precisar, sobre el particular, que si bien es cierto que en el

numeral 2, del artículo décimo acusado del Auto núm. 1257

de 2010, se expresó que no eran “factibles” de ser aprobadas como

parte del Plan de Inversión del 1%, ciertas actividades, también lo

es que con ello no se decidió de fondo sobre el cumplimiento de esas

actividades, en tanto lo señalado en ese numeral como en el

numeral 1 corresponde a indicaciones o parámetros que se deben

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tener en cuenta, para cumplir con el requerimiento que se le hace

a la actora, pues así lo dejar traslucir, el Auto núm. 1257 de 2010

demandado, cuando al efecto, dispone:

“[…] ARTÍCULO DÉCIMO.- Requerir a la empresa B.P.
EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTD., para que, en
relación al plan de inversión del 1% presentado con el
radicado 4120-E-1 del 6 de febrero de 2010, tenga en
cuenta lo siguiente:
1. […]
2.[…]” (Destacado fuera de texto).

Para la Sala, en manera alguna, de ello se puede desprender o colegir

que se trata de una decisión definitiva o que se dio por cumplida la

obligación de destinar no menos de un 1% del total de la inversión,

para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca

hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica, o que se

concluyó la actuación administrativa o que se hace imposible

continuarla, máxime cuando la mencionada entidad demandada, al

contestar la demanda lo ratificó, en los siguientes términos:

“[…] Los pronunciamientos efectuados por esta
Autoridad se enmarcan en requerir información
respecto del valor de la obligación y requerir
información adicional para validar o rechazar las
actividades reportadas por la empresa en aras de
determinar el estado de cumplimiento de la inversión
no menos del 1%, verificando el beneficio real que
estas puedan aportar a la recuperación ambiental de
las respectivas Cuencas de la quebrada Aguablanca o
Manoguía, la quebrada Algarrobos y el Río Cachiza.
[…]

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Actora: ECOPETROL S.A.

Esta autoridad no puede dar por cumplida la obligación como
lo pretende la empresa […]”31 (Destacado fuera de texto).

Además, en el Auto núm. 1257 de 20 de abril de 2010, acusado,

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, precisó

lo siguiente:

“[…] CONSIDERACIONES JURÍDICAS

[…]
Que si bien se señala que algunas de las obligaciones no
aplican o cumplen, se considera necesario hacerle
requerimientos como se menciona en las
observaciones del concepto técnico No. 482 del 25 de
marzo de 2010. […]” (Destacado fuera de texto).

Y en el Auto núm. 4076 de 17 de noviembre de 2010, también

acusado, señaló lo siguiente:

“[…] Seguimos reiterando a la empresa BP EXPLORATION
(COLOMBIA) LTDA BPXC, que no se desconoce el avance
adelantado por ella en la ejecución del Plan de Inversión del
1% durante el desarrollo del proyecto, evidenciado mediante
la información que ha remitido, no obstante lo anterior, se
aclara que cada una de las actividades mencionadas
por la empresa como parte de la inversión del 1% ya
fueron analizadas dentro del concepto técnico No. 482
del 25 de marzo de 2010 y se determinó que es
necesario aclarar y/o complementar la información
aportada según los requerimientos que se efectúa en
el Auto No. 1257 de 20 de abril de 2010, y en otros
pronunciamientos de este Ministerio que le fueron
debidamente notificados […]” (Destacado fuera de texto).

31
Folio 155 del C. Principal.

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En efecto, tales medidas responden al uso de la facultad de

seguimiento y control, de la que es titular el Ministerio en mención,

en aras a la verificación de la gestión ambiental del proyecto, sin que

los referidos actos impidan continuar el procedimiento administrativo

o definan la actuación administrativa. Todo lo contrario, su

expedición tuvo como finalidad darle trámite al mismo y recaudar la

documentación necesaria para tomar una decisión de fondo, tal y

como lo reconoció el fallador de primera instancia, cuando expresó:

“[…] se infiere que lo que busca el Ministerio mencionado,
con los autos de seguimiento ambiental, es incluir las
actividades desarrolladas en observancia de esa obligación,
razón por la cual, como se expuso con antelación, en los
actos demandados se ha ido requiriendo la
información específica para corroborar esos gastos y
con ello el acatamiento de la disposición normativa.

Así las cosas, al solicitarse información sobre el cálculo de las
inversiones, desglosando los costos de las actividades
consideradas, el Ministerio en mención lo que pretende
es estudiar si las inversiones realizadas que han sido
comunicadas dentro de los términos previstos, a lo
largo de la ejecución del proyecto, son suficientes para
cumplir la finalidad de la norma, como se advierte de
los actos posteriores a los demandados, con los cuales
se admitió cumplida esta obligación.

[…] la entidad demandada analizó la situación particular de
la sociedad ECOPETROL en cuanto tiene que ver
concretamente con el proyecto en Área de pozos Cupiagua
XU y XZ y estableció que se hacía necesario requerir
cierta información, a efectos de verificar si la
demandante estaba observando la obligación de la
inversión del 1% de la totalidad del respectivo
proyecto. […]” (Destacado fuera de texto).

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57

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Cabe resaltar que, en un caso similar, en auto del 9 de febrero de

201732, esta Sección sostuvo que no es posible demandar la legalidad

de los actos administrativos, a través de los cuales la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales, –ANLA-, o el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, se limita a requerir información

para constatar el cumplimiento de las obligaciones de inversión del

1%, por tratarse de decisiones de mero trámite, de la siguiente

manera:

“[…] En el presente caso, se repite, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a través del
Auto núm. 5969 de 17 de diciembre de 2015, no
resolvió nada en concreto respecto del cumplimiento
de la obligación de inversión del 1% que recae sobre
la actora en virtud de su proyecto “Adecuación del pozo
Cusiana 1, reinyector de gas al yacimiento de CUSIANA”,
únicamente la requirió para que allegara una
información al respecto, en ejercicio de su función de
seguimiento y control ambiental. Tampoco se observa
que el acto referido impida continuar el procedimiento
administrativo; todo lo contrario, su expedición tuvo
como finalidad darle trámite al mismo y recaudar la
documentación necesaria para tomar una decisión de
fondo.

Para la Sala, el hecho de que la actora no esté de acuerdo
con los requerimientos de información hechos por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a
través del auto controvertido, no significa que
automáticamente lo pueda demandar ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, ya que debe esperar a que

32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 9
de febrero de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-41-000-
2016-01542-01.
Criterio reiterado en proveído de 12 de septiembre de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-41-
000-2019-00082-01).

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culmine el procedimiento administrativo sancionatorio
y se tomen las decisiones de fondo a que hayan lugar.

Finalmente, cabe resaltar que en otros casos similares, esta
Sala ya ha sostenido que no es posible demandar la
legalidad de los actos administrativos a través de los
cuales la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
– ANLA o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, se limita a requerir información para
constatar el cumplimiento de las obligaciones de
inversión del 1%, por tratarse de decisiones de mero
trámite. […]” (Destacado fuera de texto).

Y en sentencia de 1o. de diciembre de 201733, la misma Sección

puntualizó lo siguiente:

“[...] Como se puede apreciar, el artículo segundo del
Auto No. 4485 del 22 de diciembre de 2010 da cuenta
de unos requerimientos de información que se hacen a
la empresa demandante, siendo por ello asuntos de
mero trámite a través de los cuales la parte
demandada persigue la obtención de la información
que considera se encuentra en poder de la
multinacional y con base en la cual podría tomar
decisiones posteriores. En consecuencia, por tratarse de
una simple decisión de trámite por medio de la cual se busca
sustanciar la actuación administrativa y recaudar
información, la misma no resulta ser objeto de control por
parte del juez contencioso, toda vez que carece del elemento
material que permite su control, esto es, ser decisión de
carácter definitivo que crea, modifica o extingue una
situación jurídica. […]” (Destacado fuera de texto).

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de
diciembre de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011
00869 01.
Criterio reiterado en proveído de 27 de septiembre de 2018 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-
23-41-000-2017-00364-01).

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En este orden de ideas, la Sala considera que no existe en los actos

acusados un pronunciamiento de fondo que indique que se dieron por

cumplidas de las inversiones presentadas por la demandante, o que

se rechazaron las actividades reportadas por la empresa en aras de

determinar el estado de cumplimiento de la obligación de inversión

del 1%, sino que, por el contrario, la expedición de los actos

administrativos demandados tiene como fin darle trámite al

procedimiento, en aras de recaudar información que le permita a la

entidad demandada tomar una decisión de fondo y, por lo tanto, no

se prevé una consecuencia, que en este caso sería una sanción,

cuando se prueba el incumplimiento de la obligación por parte de la

actora de destinar no menos de un 1% del total de la inversión, para

la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica

que alimenta la respectiva fuente hídrica, como lo exige el parágrafo

del artículo 43 de la Ley 99 y su Decreto Reglamentario 1900.

Lo anterior indica que los actos acusados cuya nulidad se pretende

no tienen la capacidad de crear, modificar o extinguir situaciones

jurídicas particulares, porque no deciden de fondo el asunto ni hacen

imposible continuar una actuación.

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Es importante enfatizar que de conformidad con lo establecido en el

artículo 4334 del CPACA, son actos administrativos definitivos los que

deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen

imposible continuar con la actuación.

En ese contexto, se advierte que únicamente las decisiones de la

administración, producto de la conclusión de un procedimiento

administrativo, o los actos de trámite que hacen imposible la

continuación de esa actuación, son susceptibles de control de

legalidad por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, de

modo tal que los actos de trámite o preparatorios distintos de los

antes señalados se encuentran excluidos de dicho control35.

Ahora, vale la pena aclarar que, para la Sala, si la actora no estaba

de acuerdo con los requerimientos de información realizados por la

entidad demandada, a través de los autos acusados, no significa que

automáticamente los pueda demandar ante la Jurisdicción

Contencioso Administrativa, ya que debe esperar a que culmine el

34
“[…] Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente
el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación […]”.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 12 de
septiembre de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-41-000-2019-
00082-01.

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procedimiento administrativo sancionatorio y se tomen las decisiones

de fondo a que haya lugar.

Asimismo, que el hecho de que se hubiera admitido y respondido el

recurso de reposición que la actora interpuso contra el Auto núm.

1257 de 20 de abril de 2010, no convierte a los autos acusados

en actos administrativos con carácter definitivo; se trata de actos de

trámite y, por lo tanto, no susceptibles de control jurisdiccional.

Frente a este asunto, es del caso traer a colación la sentencia de 3

de julio de 201436, en la que esta Sección sostuvo:

“[…] El hecho de que se hubiera admitido y respondido
el recurso de reposición que la actora interpuso contra
el Auto núm. 3088 de 15 de octubre de 2008, no
convierte a los autos acusados en actos
administrativos con carácter definitivo; se trata de
actos de trámite y, por lo tanto, no susceptibles de
control jurisdiccional, que hace que la demanda sea
inepta, motivo por el cual la Sala revocará el fallo apelado y,
en su lugar, se declarará inhibida de pronunciarse sobre las
pretensiones de la demanda.

Cabe resaltar que en un asunto prácticamente idéntico, la
Sala decidió un recurso de apelación interpuesto por la
misma actora en este proceso -B.P. EXPLORATION
COMPANY COLOMBIA LIMITED-, contra una providencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, que rechazó la demanda.

En esa oportunidad la misma sociedad, en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, demanda

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de julio
de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2009-00429-01.

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contra los Autos núms. 3032 de 9 de noviembre de 2007,
“Por el cual se hacen unos requerimientos” y 2922 de 22 de
septiembre de 2008, “por el cual se resuelve un recurso de
reposición” presentado contra el acto anterior, expedidos por
la misma entidad demandada en este proceso.

El Tribunal mediante auto de 14 de octubre de 2010,
expediente núm. 2010-00352, rechazó la demanda, al
señalar que conforme al inciso 5° del artículo 50 del C.C.A.,
no pueden ser demandados los actos de simple trámite,
porque no ponen fin a una actuación administrativa.

Esta Sección, en proveído de 13 de febrero de 2014
(Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno),
confirmó el auto proferido por el Tribunal en consideración a
los siguientes argumentos, que la Sala prohíja en esta
oportunidad:

“En el caso objeto de estudio, la controversia gira en torno a
determinar si los actos objeto de la demanda son
susceptibles de control jurisdiccional, pues en criterio del
Tribunal de instancia son de mero trámite, razón por la cual
es procedente el rechazo de la demanda.

Para resolver el asunto sometido a consideración, se advierte
que son actos administrativos de trámite aquellos que le dan
celeridad a la actuación, que impulsan el trámite de una
decisión que se tomará con posterioridad y que por ello, no
son susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.

A diferencia de los actos de trámite, los actos
definitivos son aquellos que ponen fin a una actuación
administrativa en tanto deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, y crean, modifican
o extinguen situaciones jurídicas.

En anterior ocasión, esta Sección hizo la diferenciación entre
esta clase de actos, en los siguientes términos:

“ […] En ese contexto normativo, se advierte que
únicamente las decisiones de la administración
producto de la conclusión de un procedimiento
administrativo, o los actos de trámite que hacen
imposible la continuación de esa actuación, son
susceptibles de control de legalidad por parte de la
jurisdicción contencioso administrativa, de modo tal
que los actos de trámite o preparatorios distintos de

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los antes señalados se encuentran excluidos de dicho
control; así mismo se exceptúan de control jurisdiccional los
actos de ejecución de una decisión administrativa o
jurisdiccional, toda vez que a través de ellos tampoco se
decide definitivamente una actuación, pues sólo son
expedidos en orden a materializar o ejecutar esas
decisiones37.[…]”

En el presente asunto se trata de unos autos expedidos
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial en virtud de los cuales se dispuso hacer
unos requerimientos a la parte actora, con el objeto de
que “liquide nuevamente el monto de la inversión del
1% discriminando los costos que se tuvieron en cuenta
para su cálculo, de conformidad (sic) dando aplicación
a lo establecido en la Resolución 1114 de junio 21 de
2007 y el Decreto 1900 de 2006. Los valores deben ser
certificados por contador público o revisor fiscal” y,
requerir a la empresa actora para que “en el término de dos
(2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, presente a este Ministerio para su evaluación
o verificación la siguiente información (…)” y en el auto que
resuelve desfavorablemente el recurso de reposición
interpuesto en contra de la anterior decisión advierte que en
el caso concreto se pretende hacer requerimientos en
cumplimiento de unas obligaciones ambientales establecidas
por el Ministerio, teniendo en cuenta la competencia que
frente al control y seguimiento tiene respecto de los
proyectos ambientales que cuentan con licencia ambiental,
razón por la cual se limita a “Ratificar los requerimientos
establecidos en auto 3032 del 9 de noviembre de 2007”.

En estos términos, la Sala observa que el Auto núm.
3032 de 9 de noviembre de 2007, es un acto de trámite
expedido para hacer seguimiento al cumplimiento de
la Resolución No. 1114 de 2007, por parte de la
sociedad actora, sobre la obligación de realizar la
inversión del 1% del valor del proyecto de exploración
de petróleo en los pozos múltiples Buenos Aires
ubicados en el Municipio de Tauramena – Casanare, en
actividades de compensación forestal, en el cual
concretamente la requieren a través de este auto para
que nuevamente liquide esa inversión y allegue la
información respectiva.

37
Consejo de Estado, Sección Primera. Auto de 27 de mayo de 2010. Exp: 25000-23-24-000-2009-
00045-01. Magistrado Ponente: Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

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Actora: ECOPETROL S.A.

Es decir, que los autos cuya nulidad se pretende no
tienen la capacidad de producir efectos jurídicos
vinculantes, tampoco crean, modifican o extinguen
situaciones jurídicas, toda vez, que con ellos no se
decide el fondo del asunto y solo fueron expedidos
para establecer si la accionante ha cumplido con las
obligaciones impuestas en la Resolución 1114 de 2007
y el Decreto 1900 de 2006.

Así las cosas, se tiene que pese a que en la parte
resolutiva del Auto núm. 3032 de 2007 se admite la
procedencia del recurso de reposición contra ese
requerimiento, por ese sólo hecho no se constituye en
un acto administrativo con carácter de definitivo, y por
regla general sólo los actos definitivos son
susceptibles de los recursos en la vía gubernativa (art.
50, CCA), razón por la cual no debió proceder ningún
tipo de recurso como erróneamente lo concedió el
Ministerio de Ambiente , Vivienda y Desarrollo
Territorial.

En el presente caso como quedó establecido que los
autos demandados son de trámite y por lo tanto no son
susceptibles de control jurisdiccional, hacen que la
demanda carezca de objeto y haya lugar a su rechazo”. […]”
(Destacado fuera de texto).

Así las cosas, y teniendo en cuenta la Jurisprudencia traída a

colación38, es claro que los actos acusados son actos de trámite y,

por tanto, no son susceptibles de control jurisdiccional, ya que se

trata de actos, cuya finalidad es que el Ministerio demandado pueda

obtener información por parte de la demandante respecto del

38
Criterio también adoptado, entre otras, en sentencias de 10 de septiembre de 2015 (Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
expediente núm. 25000-23-24-000-2010-00259-01); de 8 de junio de 2017 (Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente
núm. 25000-23-24-000-2011-00235-01); y 31 de agosto de 2023 (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente núm.
25000-23-24-000-2011-00665-01).

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Actora: ECOPETROL S.A.

cumplimiento de la obligación ambiental de inversión del 1% del

valor total del proyecto con los valores que no han sido invertidos

debidamente, sin que con ello defina una situación jurídica, o se

impida continuar un trámite administrativo, razón por la cual la Sala

revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará inhibida de

pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, conforme lo

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Por último, se reconocerá personería a los doctores DANIEL ZAPATA

RUEDA y GUSTAVO VARGAS QUINTERO, como apoderados,

respectivamente, de ECOPETROL S.A. y de la AUTORIDAD

NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, -ANLA-, de

conformidad con los poderes y documentos anexos obrantes a folios

15 a 25 y 27 a 35 del C. Apelaciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada de 22 de abril de 2015,

proferida por la Sección Primera, Subsección “C”, en Descongestión,

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Actora: ECOPETROL S.A.

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las

súplicas de la demanda y, en su lugar, DECLARARSE INHIBIDA de

pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: TENER al doctor DANIEL ZAPATA RUEDA como

apoderado de ECOPETROL S.A., de conformidad con el poder y los

documentos anexos obrantes a folios 25 y 27 a 35 del C. Apelaciones.

TERCERO: TENER al doctor GUSTAVO VARGAS QUINTERO,

respectivamente, como apoderado de la AUTORIDAD NACIONAL DE

LICENCIAS AMBIENTALES, -ANLA-, conforme con el poder y los

documentos anexos obrantes a folios 15 a 24 del mismo cuaderno.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de noviembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Aclara voto

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Actora: ECOPETROL S.A.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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