Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00665-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00665-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2011-00665-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
31 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 25000232400020110066501
Demandante: Ecopetrol S.A.
Demandada: Nación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 1
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) - Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales2
Tema: Inversión forzosa del uno por ciento (1%) del parágrafo del artículo 43
de la Ley 99 de 22 de diciembre de 19933. Seguimiento a la ejecución de obras
y actividades correspondientes a la obligación del 1%. Actos de trámite. Fallo
inhibitorio frente a actos de trámite. Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 16 de junio de 2015 por la
1 Mediante la Ley 1444 de 4 de mayo de 2011, “[…] Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se
otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la
Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras
disposiciones […]”, se reorganizó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el cual se
denominará Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y continuará cumpliendo los objetivos y funciones
señalados en las normas vigentes salvo en lo concerniente a la escisión de los objetivos y funciones asignados
por las normas vigentes a los Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y al Despacho
del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.
2 De conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 3 del Decreto 3573 de 27 de septiembre de
2011, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se le asignó la función de “[…] 13. Asumir la
representación judicial y extrajudicial de la Nación en los asuntos de su competencia. […]”.
3 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
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Número único de radicación: 25000232400020110066501
Demandante: Ecopetrol S.A.
Subsección “C”, en Descongestión, de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Ecopetrol S.A. 4 , en adelante la parte demandante, presentó demanda 5
contra la Nación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en
adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19846, en
adelante, Código Contencioso Administrativo o CCA, para que se declare la
nulidad: i) del artículo 2°, en particular sus numerales 15.1, 15.2.1, 15.2.2, y 15.2.3,
del auto núm. 2330 de 24 de junio de 2010, “Por el cual se declara el
cumplimiento de unas obligaciones y se hacen unos requerimientos”; y ii) del
artículo 1° del auto núm. 0996 de 6 de abril de 2011, “Por el cual se resuelve un
recurso de reposición contra el Auto No. 2330 del 24 de junio de 2010”,
expedidos por el Asesor de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se revoque los actos
administrativos acusados y que se declare que la parte demandada debe aceptar
las inversiones que realizó la parte demandante desde el comienzo de la ejecución
del proyecto para la perforación de dos (2) pozos de desarrollo en el área de pozos
4 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 109.
5 Cfr. Folios 1 a 108.
6 “Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo”
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Número único de radicación: 25000232400020110066501
Demandante: Ecopetrol S.A.
de Cupiagua XW, en el marco de la obligación prevista en el parágrafo del artículo
43 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 19937, entre otras pretensiones.
Pretensiones
3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 3.1. PRETENSIONES PRINCIPALES
3.1.1. Primera Pretensión Principal: Que se declare la nulidad del Artículo 2°,
particularmente sus numerales 15.1, 15.2.1, 15.2.2 y 15.2.3, del Auto No. 2330 del
24 de junio de 2010 por ser directamente violatorios del parágrafo del artículo 43 de
la Ley 99 de 1993 y además implican el desconocimiento de una obligación ya
cumplida en su momento por BP, contraria a las disposiciones legales vigentes por
cuanto:
3.1.2. Desconocen las inversiones realizadas en su momento por BP en beneficio
de la cuenca hidrográfica […] ubicada en el área de influencia del proyecto licenciado
con las que ya se ha cumplido con el deber del 1%.
3.1.3. Desconocen, al requerir nuevamente la liquidación del 1%, lo múltiples
informes remitidos al Ministerio por la accionante con los cuales se le informó en
forma fehaciente acerca de las obras y actividades con las cuales ya se le había dado
cumplimiento a la obligación del 1%.
3.1.4. Desconocen que entre el uso del recurso y la inversión del 1% debe existir
una proporcionalidad asociada a la tasa por uso del agua o que cuando menos ese
1% se debe calcular sobre el valor de las inversiones del Proyecto en términos
contables y/o económicos. En subsidio de lo anterior, si se le da aplicación al
presente caso al artículo 3° del Decreto 1900 de 2006, desconocen que de la
liquidación correspondiente deben excluirse los costos de perforación al no ser una
Inversión propiamente dicha o, en todo caso, al no ser una obra civil.
3.1.5. Desconocen que las inversiones del 1% podían hacer parte del Plan de
Manejo Ambiental y el hecho de que con anterioridad al Decreto 1900 de 2006 no
existía norma alguna que excluya o limite esta posibilidad.
3.1.6. Desconocen la copiosa información que durante toda la vida del proyecto
licenciado se le suministró al Ministerio informándole en forma detallada acerca de la
forma en la que BP venía dando estricto cumplimiento a la obligación del 1% e
informando igualmente cuáles serían los Planes de Inversión correspondientes; como
se ha insistido, los múltiples informes y oficios enviados al Ministerio no merecieron
ninguna respuesta de parte de dicha entidad.
7 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
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Demandante: Ecopetrol S.A.
3.1.7. Desconocen que el Ministerio no puede exigir una liquidación de la inversión
forzosa del 1% diferente a la que le fue presentada de manera detallada y que en
todo caso si se le da aplicación al artículo 3° del Decreto 1900 de 2006, de la
liquidación correspondiente deben excluirse los costos de perforación al no ser una
Inversión propiamente dicha o, en todo caso, al no ser una obra civil.
3.2. Segunda Pretensión Principal: Que se declare la nulidad del Artículo 1°
del Auto No. 0996 del 6 de abril de 2011 en cuanto confirmó los numerales antes
mencionados del Auto No. 2330 del 24 de junio de 2010, por ser directamente
violatorio del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, en la medida en que el
acto administrativo que ampara la decisión y la impone:
3.2.1. Omite reconocer el cumplimiento efectuado en su momento por BP de una
obligación legal. Lo anterior, teniendo en consideración que el Ministerio conoce
plenamente los informes de gestión ambiental realizados en su momento por BP en
el proyecto licenciado desde su inicio así como todas las actividades encaminadas a
la recuperación, preservación y vigilancia de la fuente hídrica de la cual se ha tomado
el recurso hídrico; el Ministerio omite por completo reconocer la labor ya ejecutada
en pro de la cuenca hidrográfica de la cual se ha tomado el recurso hídrico,
claramente constatable en los diversos informes de cumplimiento ambiental
oportunamente remitidos al Ministerio. El Ministerio cuenta con la información
necesaria para declarar dicho cumplimiento, pero en vez de hacer tal reconocimiento,
se limita a desconocer una obligación que ya está cumplida.
3.2.2. Adicionalmente, el Ministerio hace caso omiso por completo de los informes
que se le han presentado desde el inicio y durante toda la ejecución del proyecto para
la perforación de dos (2) pozos de desarrollo en el área de pozos Cupiagua XW, en
los cuales se incluyeron la totalidad de actividades realizadas en beneficio de la
cuenca hidrográfica ubicada dentro del área del proyecto licenciado, lo cual está
perfectamente demostrado en los informes de cumplimiento de la inversión del 1%
presentados en su oportunidad al Ministerio y sobre los que guardó silencio absoluto
hasta ahora.
3.2.3. Implica, en la práctica, una aplicación retroactiva del Decreto 1900 de 2006,
al disponer que las obras que se han efectuado en ejecución del Plan de Manejo
Ambiental no tienen validez a efectos de dar cumplimiento a la obligación del 1%
establecida en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, cuando dicha
restricción, como se ha dicho, no aparece por ningún lado de la citada ley ni tampoco
se encontraba en los actos con los cuales se otorgó originalmente la licencia
ambiental.
3.2.4. Desconoce las actividades realizadas con anterioridad a la expedición del
Decreto 1900 de 2006 en beneficio de la cuenca del área de influencia del proyecto
licenciado como si las mismas nunca se hubieran realizado.
3.2.5. Desconoce actividades que dan cabal cumplimiento a la obligación de la
inversión del 1%, sin justificar plenamente los motivos y fundamentos del rechazo y
cuando se encuentra plenamente demostrado el beneficio en el que se traducen las
mismas para las cuencas hidrográficas de las que se captó para el desarrollo del
proyecto.
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3.3. PRETENSIONES CONSECUENCIALES A TÍTULO DE
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
3.3.1. Primera pretensión consecuencial: En calidad de restablecimiento del
derecho, solicito que se revoquen los actos demandados, en lo que hace a los
apartes aludidos en las pretensiones anteriores, para que en su lugar:
3.3.2. Se declare que el Ministerio debe aceptar las inversiones realizadas desde
el comienzo de la ejecución del proyecto para la perforación de dos (2) pozos de
desarrollo en el área de pozos Cupiagua XW en cumplimiento del deber legal de la
inversión forzosa de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y que
le han sido informadas al Ministerio de (sic) repetidas oportunidades.
3.3.3. Se declare que en el presente caso se ha cumplido fehacientemente con el
deber de realizar la inversión forzosa de que trata el parágrafo del artículo 43 de la
Ley 99 de 1993, al haber BP realizado en su momento infinidad de acciones
encaminadas a la protección y preservación de la cuenca hidrográfica ubicada dentro
del área de influencia del proyecto licenciado.
3.3.4. Se declare que en el presente caso se ha cumplido con la obligación de
suministrar los reportes de las actividades realizadas en el marco de la inversión del
1% y sus respectivos soportes de ejecución.
3.3.5. Se declare que BP en su momento, como parte de su plan de manejo
ambiental debidamente avalado por el Ministerio, y como parte del manejo ambiental
que da a proyectos como el denominado para la perforación de dos (2) pozos de
desarrollo en el área de pozos Cupiagua XW invirtió más del 1% del valor de las
obras y actividades que generaron tasa por utilización del agua o, cuando menos, el
1% del valor de la Inversión del Proyecto, en términos contables y/o económicos, y
en tal sentido ha cumplido con el deber legal del parágrafo del artículo 43 de la Ley
99 de 1993; en subsidio de lo anterior, que se declare que si se le da aplicación al
artículo 3° del Decreto 1900 de 2006, de la liquidación correspondiente deben
excluirse los costos de perforación al no ser una Inversión propiamente dicha o, en
todo caso, al no ser una obra civil, y en tal sentido ha cumplido con el deber legal del
parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.
3.3.6. Se declare que la ley no distinguió en cuanto a las inversiones que sirven
para amortizar la inversión del 1% y en tal sentido cualquier inversión cuyo propósito
sea la recuperación, preservación y conservación de la cuenca hidrográfica
respectiva y el medio ambiente en su área de influencia, debe servir para amortizar
el deber legal.
3.3.7. Se declare que el Ministerio no puede desconocer las inversiones
ambientales realizadas por BP en su momento con ocasión de la obligación del 1%
dentro del proyecto para la perforación de dos (2) pozos de desarrollo en el área de
pozos Cupiagua XW.
3.3.8. Se declare que la inversión del 1% a que se refiere el parágrafo del artículo
43 de la Ley 99 de 1993, se calcula sobre la inversión que ha generado tasa por
utilización del agua dado que debe existir una proporcionalidad entre la inversión del
1% y el uso del recurso hídrico o, cuando menos, sobre el valor de la Inversión del
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Proyecto, en términos contables y/o económicos; en subsidio de lo anterior, que se
declare que si se determina que el (sic) presente caso se le debe dar aplicación al
artículo 3° del Decreto 1900 de 2006, de la liquidación correspondiente deben
excluirse los costos de perforación al no ser una Inversión propiamente dicha o, en
todo caso, al no ser una obra civil.
3.3.8. (sic) Se declare que las bases sobre las cuales debe calcularse el 1%, al tenor
del Decreto 1900 de 2006, deberán tener una relación causal con el uso del recurso
hídrico y la afectación consecuente de la cuenca hidrográfica respectiva, si de lo que
se trata es de exigir el cumplimiento de inversiones adicionales.
3.3.9. (sic) Se declare que el Ministerio violó por completo sus deberes legales al
tenor de la Ley 99 de 1993 por cuanto se extralimitó al expedir los Autos demandados
en aras de desconocer una carga ya cumplida y pretender ahora trasladar sus
omisiones al particular. […]”8 (Destacado del texto).
Presupuestos fácticos
4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
4.1. El Ministerio de Medio Ambiente, mediante la Resolución núm. 0538 de 6
de julio de 1999, otorgó licencia ambiental a BP EXPLORATION COMPANY
(COLOMBIA) LTD, hoy Equion Energía Limited, para la perforación de dos (2)
pozos de desarrollo en el área de pozos Cupiagua XW y la construcción de una vía
de acceso de 2.6 Km, “[…] que parte de la confluencia del caño caracol y la
quebrada Caño Rico, proyecto ubicado en la Vereda Cachiza, […]” 9, municipio de
Aguazul, Departamento del Casanare.
4.2. El Ministerio de Medio Ambiente, mediante la Resolución núm. 0302 de 9 de
abril de 2002, modificó la licencia ambiental otorgada a favor de BP, en el sentido
de “[…] incluir la instalación y operación ordinaria de equipos de separación,
bombeo y compresión de los fluidos de producción en el proyecto de área de pozos
Cupiagua XW. […]”10.
8 Cfr. Folios 24 a 30.
9 Cfr. Folio 30.
10Cfr. Folio 31.
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4.3. BP ha venido cumpliendo con las obligaciones derivadas de las licencias
ambientales otorgadas para sus proyectos, entre ellos, el de Cupiagua XW, lo que
se acredita con las múltiples comunicaciones dirigidas al Ministerio de Medio
Ambiente.
4.4. Aun cuando BP venia cumpliendo con sus obligaciones derivadas de la
licencia ambiental y de los premisos de concesión de aguas y de vertimientos, el
Ministerio abrió una investigación en contra de BP mediante la Resolución núm.
2050 de 13 de diciembre de 2005, por la presunta violación de la normativa
ambiental, de manera concreta lo dispuesto en el parágrafo del artículo 43 de la
Ley 99, la cual rindió sus descargos el 17 de enero de 2006.
4.5. BP con escrito No. 4120-E1-98344 de 12 de octubre de 2006, allegó al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial los informes de estado de
cumplimiento de la inversión del 1%.
4.6. El Ministerio expidió la Resolución núm. 1245 de 11 de julio de 2008,
mediante la cual declaró responsable a BP del incumplimiento de la inversión
forzosa del 1% y le impuso una multa “[…] por valor de Cuarenta y Nueve Millones
Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Pesos M/cte ($49.8425.000). (sic) […]”11.
4.7. Contra la resolución indicada supra, BP interpuso recurso de reposición, el
cual fue resuelto desfavorablemente a través de la Resolución núm. 0794 de 29 de
abril de 2009.
4.8. No obstante, la multa impuesta, BP continuó cumpliendo con las
obligaciones derivadas de la ley en relación con la inversión del 1%, en
cumplimiento de la Ley 99 y el Decreto 1900 de 12 de junio de 200612.
4.9. Los argumentos expuestos por BP en el recurso interpuesto contra la
Resolución No. 1245 de 2008, se fundamentaron, entre otras normas, en la Ley 99,
11 Cfr. Folio 33.
12 “[…] por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras
disposiciones. […]”.
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el Decreto 2811 de 18 de diciembre de 197413, el Decreto 1594 de 26 de junio de
198414, el Decreto 1220 de 21 de abril de 200515 y el Decreto 500 de 20 de febrero
de 200616, y en la sentencia de la Corte Constitucional C-495 de 26 de septiembre
de 1996, con ponencia del doctor Fabio Morón Díaz.
4.10. El artículo primero de la Resolución 0794 de 2009, resolvió confirmar en
todas sus partes la Resolución 1245 de 2008, mediante la cual se declaró
responsable a BP del cargo formulado a través de la Resolución 2050 de 2005, y
precisó en su artículo quinto que contra este acto administrativo no procedía ningún
recurso, entendiéndose agotada la vía gubernativa.
4.11. Mediante el Auto 2330 de 24 de junio de 2010, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial realizó seguimiento y control ambiental al “[…]
proyecto Construcción y operación de las Áreas de Pozos Cupiagua YA y Cupiagua
S, […]”17.
4.12. BP presentó recurso de reposición contra el Auto 2330 de 2010, a través de
la comunicación con radicado núm. 4120-E1-94489 de 28 de julio de 2010, el cual
fue resuelto a mediante el Auto núm. 0996 de 6 de abril de 2011, confirmando el
primero.
4.13. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la
Resolución núm. 1910 de 30 de septiembre de 201018, autorizó la cesión de la
licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0538 de 1999 a favor de
la parte demandante, la cual en su calidad de beneficiaria actual de la licencia
13 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente […]”.
14 “[…] Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título
VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y
residuos líquidos […]”
15 “[…] por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. […]”.
16 “[…] Por el cual se modifica el Decreto 1220 del 21 de abril de 2005, reglamentario del Título VIII de la Ley
99 de 1993 sobre licencias ambientales. […]”.
17 Cfr. Folio 35.
18 “[…] “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA POR LA
RESOLUCIÓN 538 DEL 6 DE JULIO DE 1999 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES” […]”. En su
artículo primero se autorizó la cesión de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 538 de 6 de
julio de 1999, a la empresa BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED, a favor de la empresa
ECOPETROL S.A.
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ambiental asumiría todas las obligaciones y derechos derivados de dicha
autorización.
Normas violadas
5. La parte demandante indicó como vulneradas las siguientes normas:
Artículos 6, 29, 58, 79, 80 y 121 de la Constitución Política;
Artículos 312, 314 -literal h)- y 316 a 321 del el Decreto 2811 de 18 de diciembre
de 197419;
Artículos 1 al 12 del 2857 de 13 de octubre de 198120;
Artículo 204 del Decreto 1594 de 26 de junio de 198421;
Artículo 16 parágrafo de la Ley 373 de 6 de junio de 199722;
Artículo 43 parágrafo de la Ley 99;
Artículo 76.5.6 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200123;
Artículos 4, 6 al 9, 19, 23 numeral 5 y parágrafo 1 y 25 del Decreto 1729 de 6 de
agosto de 200224.;
19 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente […]”.
20 “[…] Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto- Ley 2811 de 1974 sobre
Cuencas Hidrográficas y se dictan otras disposiciones […]”.
21 “[…] Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título
VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y
residuos líquidos […]”
22 “[…] Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. […]”.
23 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. […]”.
24 "[…] Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas
hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del Artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones
[…]".
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Demandante: Ecopetrol S.A.
Artículo 6 del Decreto 155 de 22 de enero de 200425;
Artículo 16 parágrafo de la Ley 812 de 26 de junio de 200326;
Artículos 35, 59, 76 y 84 del Código Contencioso Administrativo.
Concepto de Violación
6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:
Consideraciones básicas
6.1. Refirió al parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 y a la evolución normativa y
jurisprudencial de la inversión del 1% para la recuperación, preservación y vigilancia
de la cuenca hidrográfica que alimenta la fuente hídrica afectada por un proyecto
determinado objeto de licencia ambiental.
6.2. A su juicio, el ordenamiento jurídico impone varias cargas ambientales con
impacto económico que pueden afectar el desarrollo de proyectos, obras y
actividades.
6.3. Reiteró que para que una autoridad ambiental pueda asignar la obligación
de inversión forzosa es necesario que se haya realizado: i) la caracterización de la
cuenca que resultaría afectada con el proyecto, obra o actividad; y ii) los programas
de ahorro y uso eficiente del agua.
25 "[…] Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se
adoptan otras disposiciones. […]”.
26 “[…] Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. […]”.
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Número único de radicación: 25000232400020110066501
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6.4. Se refirió a las decisiones judiciales en las que se consideró que las
inversiones previstas en el Plan de Manejo Ambiental son imputables al
cumplimiento de la obligación del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99.
Primer cargo: Falsa interpretación del artículo 58 de la Constitución Política
y del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99
6.5. A su juicio, la parte demandada aplicó el parágrafo del artículo 43 de la Ley
99 con un alcance que la norma idem no prevé, lo cual provocó su interpretación
errónea.
6.6. Citó el artículo 58 de la Constitución Política y concluyó que la propiedad
tiene una función ecológica, sin embargo, esta no implica una carga ajena al recurso
natural y a su uso y conservación. Asimismo, indicó lo siguiente:
“[…] Pretende el Ministerio aplicar una norma que no fue contemplada dentro de la
Licencia y que puede resultar operacional sin que las normas de las que depende
hayan sido implementadas. En efecto, intenta aplicar el parágrafo del artículo 43 de
la Ley 99 de 1993 en desconocimiento de los artículos 312, 314 literal h), 316, 317,
318, 319, 320 y 321 del Decreto 2811 de 1974, los artículos 1 al 12 del Decreto 2857
de 1981, el parágrafo del artículo 16 de la Ley 373 de 1997, el artículo 76.5.6 de la
Ley 715 de 2001, los artículos 4, 6, 7, 8, 9, 19, 23 numeral 5, 23 parágrafo 1 y 25 del
Decreto 1729 de 2002, y el parágrafo del artículo 16 de la Ley 812 de 2003 (todos
estos artículos, citados más adelante en este escrito). Desde el año de 1974 se exigió
en la normatividad vigente la reglamentación de las cuencas hidrográficas. Esta
obligación, a lo largo de los años, ha sido reiterada en repetidas ocasiones y como
se ha advertido reiteradamente tan sólo hasta ahora se está realizando tal
reglamentación. Jurídicamente, la aplicabilidad del parágrafo del artículo 43 de la Ley
99 de 1993 se encuentra condicionada a la implementación efectiva de las múltiples
normas que ordenaban, entre otros al Ministerio, reglamentar las cuencas en
Colombia.
El parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 indica que el propietario del proyecto
debe invertir el 1% en las obras y acciones de recuperación, preservación y
conservación de la cuenca. Sin embargo, desde el año 1997 se precisó que la
destinación del 1% debía estar ligada a los planes de uso y ahorro eficiente del agua
al tenor de la Ley 373 de 1997, a una cuenca ordenada y según el plan de
ordenamiento respectivo, todo dentro del plan ambiental regional o municipal (Ley
715 de 2001) y, desde el año 2002 para “la protección y recuperación del recurso
hídrico de conformidad con el respectivo Plan de Ordenamiento y manejo de la
cuenca” (Ley 812 de 2003), planes o programas que tan sólo hasta ahora están
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siendo definidos. ¿Cómo pretende entonces el Ministerio desconocer las inversiones
efectuadas por BP en su momento en cumplimiento de sus deberes legales? Intenta
el Ministerio aplicar indebidamente la norma al tratar de hacerla efectiva, sin la
implementación efectiva de las restantes regulaciones de las cuales depende. […]”27
(Subrayado del texto).
6.7. Afirmó que antes de la expedición del Decreto 1900 de 2006, no había
forma de “saber” cuáles inversiones podían imputarse al cumplimiento de la
obligación prevista en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99. Por ello, toda
actividad u obra adelantada en beneficio efectivo de la cuenta de donde se tomó el
recurso hídrico para el proyecto respectivo, estuviera incluida o no dentro del Plan
de Manejo Ambiental, debía servir para amortizar dicha obligación.
Segundo cargo: interpretación errónea del parágrafo del artículo 43 de la Ley
99 y de los artículos 1, 4, 20, 21 y 33 del Decreto 1220 de 2005 e indebida
aplicación del parágrafo 2.° del artículo 5.° del Decreto 1900 de 2006
6.8. Citó el artículo 43 de la Ley 99 y manifestó lo siguiente:
“[…] La interpretación que el Ministerio pretende dar al parágrafo se contrae a indicar
en el Auto que “Este Ministerio no comparte lo expresado por la empresa cuando
menciona que la liquidación de la obligación de inversión del 1% en (sic) proporcional
a la cantidad de agua tomada, es así como el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99
de 1993 establece con claridad que el titular de la licencia debe invertir no menos del
1% del total de la inversión en la recuperación, preservación, conservación y
vigilancia de la cuenca hidrográfica de la cual hace uso del agua para el proyecto;
dicho parágrafo no establece condicionalmente (sic) alguno para calcular el valor de
la obligación como se quiere ver.” Sobre estos aspectos vale resaltar:
a) Una interpretación que desconozca que el parágrafo del artículo 43 de la Ley
99 de 1993 es parte integral del citado artículo 43, resulta completamente contraria a
los principios de interpretación normativa existentes desde la Ley 153 de 1887. Si el
legislador incluyó un parágrafo dentro del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, no es
dable concluir nada diferente a que éste tenía una correlación directa con el artículo
del cual forma parte integral.
b) No puede aceptarse y resultaría errado considerar, que mientras que la tasa
por uso de aguas se encuentra claramente reglamentada con fundamento en la
proporcionalidad en el uso del recurso y la tasa misma, el parágrafo del artículo 43
de la Ley 99 de 1993 deba interpretarse independientemente sin acudir a esa misma
proporcionalidad en el uso del agua y la inversión respectiva. Tal situación
desbordaría por completo la sana interpretación de la norma y se vería contrapuesta
27 Cfr. Folio 61.
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a los múltiples fallos que han definido el tema de cargas para el administrado. Así por
ejemplo:
(i) En fallo de Tutela T-015 de 1994, Sala Séptima de Revisión (Expediente - T-
21.434) Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero, consideró la Corte que la
razón jurídica de la razonabilidad y de la proporcionalidad no es otra que la necesidad
de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de
proporcionalidad rige todas las actuaciones de la administración pública y de los
actos de los particulares que estén encargados de la prestación de un servicio
público.
(ii) En Sentencia C-070 de 1996, por la cual se resolvió la demanda D-1021 de
inconstitucionalidad contra el numeral 1° del artículo 372 del Código Penal (Decreto
Ley 100 de 1980), Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, consideró la Corte
que sin necesidad de elevar el principio de antijuridicidad (Código Penal, art. 4) al
rango de principio supralegal, bien puede afirmarse que éste tiene su corolario
constitucional en el principio de proporcionalidad o “prohibición de exceso”, deducido
jurisprudencialmente de los artículos 1° (Estado social de derecho, principio de
dignidad humana), 2° (principio de efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución), 5° (reconocimiento de los derechos inalienables de
la persona), 6° (responsabilidad por extralimitación de las funciones públicas), 11
(prohibición de la pena de muerte), 12 (prohibición de tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes), 13 (principio de igualdad) y 214 de la Constitución
(proporcionalidad de las medidas excepcionales). Para la Corte el principio de
proporcionalidad presupone la ponderación de bienes jurídicos constitucionales. Este
sopesamiento (sic) asume la forma de un juicio de proporcionalidad de los medios
[…]”28.
6.9. Sostuvo que la obligación prevista en el parágrafo del artículo 43 de la Ley
99 se encuentra relacionada directamente con las obras y costos que generan las
tasas por el uso del agua.
6.10. En su criterio, no es correcto que en la liquidación de la obligación indicada
supra se incluyan algunos costos del proyecto porque para determinar la inversión
se debe acudir a ciencias administrativas y económicas; en efecto, no es lo mismo
la inversión que el costo. La inversión es el proceso por medio del cual un sujeto
decide vincular unos recursos financieros líquidos a cambio de la expectativa de
obtener beneficios. En contraste, los costos son definidos como el gasto económico
que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio.
28 Cfr. Folios 63 a 64.
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6.11. Manifestó que, por lo tanto, la inversión se asocia únicamente a los
emolumentos destinados a obtener un provecho económico y no está relacionada
con los gastos para la extracción del hidrocarburo de la tierra.
6.12. Reiteró que en la base de liquidación no deben incluirse los costos de
perforación por no tratarse de una inversión y de una obra civil “propiamente dicha”.
6.13. Citó una “opinión técnica jurídica” del doctor Jorge Arango Mejía respecto
del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99.
6.14. Destacó que, desde el inicio del proyecto, el titular de la licencia ambiental
realizó varias actividades para la recuperación, preservación y vigilancia de la
cuenca hidrográfica de la cual se ha tomado el recurso hídrico, efectuando
inversiones dirigidas al cumplimiento de la inversión forzosa del 1%; sin embargo,
la parte demandada no las tuvo en cuenta.
6.15. Señaló que la parte demandada, mediante los actos administrativos
acusados, incurrió en una falsa interpretación del artículo 43 de la Ley 99 y su
parágrafo, toda vez que ésta no se relaciona con la realidad fáctica y jurídica y
podría configurarse una desviación de poder si se pretende una inversión
indiscriminada por parte de BP y de Ecopetrol, en una cuenca en buen estado
ambiental y sin la proporción del uso real del recurso hídrico.
6.16. Indicó que no se tuvieron en cuenta las obras previstas en el Plan de
Manejo Ambiental que han servido para el cumplimiento de la obligación del 1%, a
pesar de que no existía una prohibición sobre este aspecto antes de la expedición
del Decreto 1900 de 2006, lo cual contraría, no solo lo previsto en el parágrafo del
artículo 43 de la Ley 99, sino además los artículos 1°, 4, 20, 21 y 33 del Decreto
1220 de 2005. Además, esa interpretación implica una aplicación retroactiva del
parágrafo 2° del artículo 5 del Decreto 1900 de 2006.
Tercer cargo: Falta de aplicación de los artículos 6, 80, 121 y 123 de la
Constitución Política; 312, 314 -literal h)- y 316 a 321 del Decreto 2811 de 1974;
1 al 7 y 9 al 12 del Decreto 2857 de 1981; 1 -numeral 1°- y 3 de la Ley 99; artículo
16 -parágrafo- de la Ley 373; 76.5.6. de la Ley 715; 4, 6 al 9, 19, 23 -numeral 5-
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y -parágrafo 1°- y 25 del Decreto 1729 de 2002; artículo 16 -parágrafo- de la
Ley 812; así como indebida aplicación del artículo 3° del Decreto 1900 de 2006
6.17. Reiteró que la parte demandada trasgredió el principio de legalidad toda
vez que rechazó las actividades realizadas en cumplimiento de la obligación de la
inversión del 1%, justificando su decisión de una manera que no está “[…] tipificado
en la norma. […]”29.
6.18. Afirmó que la parte demandada desconoce que:
6.18.1. El parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 forma parte integral de la parte
general de esa norma respecto de la tasa por uso de agua, la cual está ligada al
volumen de agua efectivamente captada.
6.18.2. El parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 no regula varios temas como las
obras que generan la tasa por el uso del agua, el deber de reportar la amortización
del 1%, el término a partir del cual debe efectuarse la inversión forzosa, entre otros.
6.18.3. No existe fundamento legal respecto de la afirmación según la cual, la
inversión forzosa del 1% debe calcularse teniendo en cuenta los costos de
perforación.
6.18.4. El parágrafo indicado supra no indica cuáles actividades ejecutadas en el
marco de la inversión forzosa forman parte de un plan de inversión adicional; esta
situación quedó prevista cuando se expidió el Decreto 1900 de 2006.
6.18.5. No existe fundamento legal que permita inferir que las actividades
previstas en el Plan de Manejo Ambiental no pueden tenerse en cuenta para cumplir
con la obligación prevista en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, lo cual está
en contravía del principio de legalidad.
29 Cfr. Folio 73.
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6.19. Además, aseveró que en este caso le aplicaba el régimen de transición
previsto en el Decreto 1900 de 2006, por lo tanto, deben darse por cumplidas las
obligaciones e inversiones liquidadas a la parte demandante.
6.20. Precisó que, en el evento en que se considere que el artículo 3° del Decreto
1900 de 2006 es aplicable, los actos administrativos acusados están viciados de
nulidad porque la parte demandada incluyó los costos de perforación.
6.21. Destacó que la parte demandada, en los actos administrativos acusados,
omitió aplicar los artículos 312, 314 -literal h)- y 316 a 321 del Decreto 2811 de
1974; 1 al 7 y 9 al 12 del Decreto 2857 de 1981; 76.5.6 de la Ley 715; y 4, 6 a 9,
19, 23 -numeral 5°- y -parágrafo 1°- y 25 del Decreto 1729 de 2002.
6.22. En su criterio, de conformidad con la normativa indicada supra, la autoridad
ambiental tiene la carga de definir la inversión forzosa y la cuenca hidrográfica
correspondiente; asimismo, debe establecer un plan de ordenamiento de ésta, que
prevea los componentes que se beneficiarán con la inversión del 1% y aspectos
regulatorios de ahorro y uso eficiente del agua. Destacó que estos requisitos no
fueron previstos para el proyecto Área de Pozos Cupiagua XW, ni cuando BP
cumplió la obligación de la inversión del 1%.
6.23. En el mismo sentido, manifestó que la parte demandada tampoco aplicó los
parágrafos de los artículos 16 de la Ley 373 y 16 de la Ley 812. Precisó que todos
los recursos provenientes del artículo 43 de la Ley 99, incluida la inversión forzosa,
deben destinarse a la protección y recuperación de recurso hídrico, de conformidad
con el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca, que, en el caso sub examine,
“[…] tan solo hasta ahora se está efectuando […]”.30
6.24. Destacó que, de acuerdo con la Ley 812 y el artículo 6° del Decreto 155 de
2004, debe existir una proporcionalidad entre el uso y la afectación del recurso
30 Cfr. Folio 89.
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hídrico y las inversiones de carácter ambiental destinadas a su preservación y
conservación.
Cuarto cargo: Indebida o falsa motivación
6.25. Refirió a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
sobre la falsa o indebida motivación.
6.26. Sostuvo que no existe soporte jurídico ni fáctico para la expedición de los
actos administrativos acusados, los que además desconocen los reportes que
fueron aportados oportunamente.
Quinto cargo: Violación del artículo 83 de la Constitución Política, respecto
del principio de confianza legítima
6.27. Manifestó que el Plan de Manejo Ambiental que presentó BP para el
otorgamiento de la licencia ambiental, incluyó varias actividades destinadas a
garantizar la protección del medio ambiente, concretamente la conservación,
preservación y vigilancia de las cuencas hidrográficas.
6.28. En su criterio, atendiendo a que la parte demandada aprobó este Plan de
Manejo Ambiental, la titular de la licencia ambiental entendió que estaban
aprobados los proyectos y actividades de carácter general, incluidas las destinadas
a beneficiar las cuencas y por ello a dar cumplimiento a la inversión forzosa del 1%.
6.29. Indicó que, por lo tanto, desde que la parte demandada otorgó la licencia
ambiental para el proyecto Área de Pozos Cupiagua XW, los titulares de la misma,
actuando de buena fe y en cumplimiento de la obligación del parágrafo del artículo
43 de la Ley 99, desarrollaron, implementaron y ejecutaron las obras y actividades
para conservar, preservar y vigilar la respectiva cuenca y así cumplir la inversión
forzosa del 1%.
6.30. Reiteró que la parte demandada siempre estuvo informada de la situación
indicada supra, por medio de reportes de cumplimiento ambiental que presentó la
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titular de la licencia ambiental; y ninguna autoridad ambiental, durante más de diez
(10) años, cuestionó el cumplimiento de la obligación del 1% por parte de BP.
6.31. Señaló que muchos años después de otorgada la licencia ambiental para el
proyecto Área de Pozos Cupiagua XW y de ejecutar obras y actividades para
recuperar, preservar y vigilar la cuenca hidrográfica respectiva, la parte demandada
quien contaba con la información, mediante una interpretación “[…] amañada y
evidentemente descontextualizada […]” del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 y
del Decreto 1900 de 2006, desconoce las cuantiosas inversiones realizadas en
cumplimiento de dicho parágrafo, para fijar una nueva obligación en cabeza de BP
como si nunca la hubiera cumplido.
Solicitud de decreto de una medida cautelar
7. La parte demandante solicitó como medida cautelar la suspensión
provisional del artículo 2°, en particular sus numerales 15.1, 15.2, 15.2.1, 15.2.2 y
15.2.3, del auto núm. 2330 de 24 de junio de 2010 y del artículo 1° del auto núm.
0996 de 6 de abril de 2011, por “[…] ser manifiestamente contrarios al parágrafo
del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, […]”31.
Reforma de la demanda
8. La parte demandante reformó la demanda respecto de la solicitud de
probatoria32.
Contestación de la demanda
9. La parte demandada contestó la demanda33 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:
31 Cfr. Folio 6.
32 Cfr. Folios 148 a 152.
33 Cfr. Folios 158 a 191.
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Frente al desconocimiento de las inversiones realizadas por BP en la cuenca
hidrográfica ubicada en el área de influencia del proyecto licenciado, con las
que cumplió el deber del 1% y de los múltiples informes acerca de las obras
y actividades con las que ya se había dado el cumplimiento indicado
9.1. Transcribió apartes del auto núm. 2330 de 2010 y en relación con la
valoración de la información presentada en respuesta a la obligación del 1%,
manifestó que se aceptaron algunas actividades y se consideraron viables otras, lo
que demuestra que no todas las actividades realizadas por BP fueron rechazadas.
Frente al desconocimiento que entre el uso del recurso y la inversión del 1%
debe existir una proporcionalidad asociada a la tasa por el uso del agua o
cuando menos el 1% se debe calcular sobre el valor del proyecto en términos
contables o económicos; y en subsidio, si se aplica el artículo 3 del Decreto
1900 de 2006, de la liquidación se deben excluir los costos de perforación
9.2. Manifestó que no comparte la interpretación sobre la proporcionalidad citada
y según los pronunciamientos de las altas cortes la misma es errada; indicó la
sentencias C-220 de 29 de marzo de 2011 proferida por la Corte Constitucional y
del 11 de noviembre de 2010, de la Sección Primera de esta Corporación con núm.
único de radicación 11001-03-24-000-2002-00068-01.
Frente al desconocimiento que las inversiones del 1% podían hacer parte del
Plan de Manejo Ambiental y que antes del Decreto 1900 de 2006 no existía
norma que limitará o excluyera esta posibilidad
9.3. Argumentó que en el auto acusado y en otros actos administrativos del
expediente 1888 se evaluó “[…] la información presentada por la empresa y se
establece cuales actividades pueden ser tenidas en cuenta como parte del
cumplimiento de la obligación de invertir no menos del 1% […]”34, con base en el
cumplimiento de los objetivos de preservar, conservar y recuperar la cuenca
34 Cfr. Folio 171.
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hidrográfica de la cual se captó el recurso hídrico, y no como lo “[…] dice la empresa
por haber sido ejecutadas con anterioridad a la expedición del Decreto 1900 de
2006. […]”35.
Frente al desconocimiento de la copiosa información que durante la vida del
proyecto licenciado se entregó a la parte demandada, en la que se detallaba
la forma como BP estaba cumpliendo la obligación del 1% y los planes de
inversión correspondientes
9.4. Indicó que la parte demandada ha valorado la información suministrada por
la empresa, referente a “[…] la inversión de no menos del 1% en diferentes Actos
Administrativos de seguimiento entre el que está el de objeto de la presente
demanda. […]”36.
9.5. Precisó que no es cierto que la información enviada por la empresa no haya
sido analizada; por el contrario, resultado de su estudio es que se determina que
algunas actividades pueden considerarse como cumplimiento de la inversión del
1% y otras no.
Frente al desconocimiento que la parte demandada no puede exigir una
liquidación de la inversión forzosa del 1% diferente a la presentada, y en todo
caso, si se da aplicación al artículo 3 del Decreto 1900 de 2006, de la
liquidación deben excluirse los costos de perforación
9.6. Indicó que acorde “[…] a la lectura de la Sentencia C-1026/01, se pude (sic)
concluir que para dar cumplimiento a la obligación de 1%, deberá efectuarse un
cálculo basado en la inversión que ha generado tasa por uso del agua, es errado a
juicio de este Ministerio, pues el legislador en el Parágrafo del Artículo 43 de la Ley
35 Ibidem.
36 Cfr. Folio 172.
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99 de 1993, como se pretende demostrar a lo largo del presente documento, hace
referencia al valor total del proyecto. […]”37.
Frente a la omisión de reconocer el cumplimiento efectuado por BP de una
obligación legal
9.7. Reiteró que la parte demandada en ningún momento ha desconocido las
actividades desarrolladas por BP; no obstante, se ha efectuado un análisis para
determinar si cumplen con el objetivo previsto en el parágrafo del artículo 43 de la
Ley 99.
Frente a la omisión de la parte demandada respecto a los informes
presentados al inicio y durante toda la ejecución del proyecto licenciado, en
los que se incluyeron las actividades desarrolladas en beneficio de la cuenca
hidrográfica ubicada dentro del área del proyecto supra, lo cual esta
demostrado en los informes de cumplimiento de la obligación del 1%,
presentados en su oportunidad y que se guardó silencio hasta ahora
9.8. Expresó que los informes presentados por BP desde el inicio y la ejecución
del proyecto, han sido evaluados por la parte demandada a través de los autos de
seguimiento en los que se efectúan pronunciamientos y requerimientos del estado
de cumplimiento de las obligaciones ambientales.
9.9. Afirmó que como resultado del proceso de seguimiento al proyecto de Pozos
de desarrollo Cupiagua XW, se emitieron varios actos administrativos 38
relacionados con la inversión del 1%.
9.10. Señaló que de la lectura de los autos anotados en el numeral anterior,
algunas de las inversiones presentadas por BP como realizadas con cargo a la
inversión del 1%, corresponden a obligaciones contenidas en el Plan de Manejo
37 Cfr. Folio 173.
38 Autos 2907 de 15 de diciembre de 2006 y 1850 de 11 de junio de 2008; así como, los acusados en el presente
proceso.
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Ambiental y en la licencia ambiental del proyecto, por lo que su rechazo obedece a
que “[…] no cumplen con el objetivo de la inversión del 1%. […]”39.
Respecto de la aplicación retroactiva del Decreto 1900 de 2006, al disponer
que las obras desarrolladas en ejecución del Plan de Manejo Ambiental no
tienen validez para dar cumplimiento al parágrafo del artículo 43 de la Ley 99,
en razón a que dicha restricción no aparece en ninguna norma
9.11. Citó las sentencias de la Corte Constitucional C-530 de 1993 y C-1026 de
2001, sobre razonabilidad e interpretación legal, respectivamente.
9.12. Aseguró que interpretar el cumplimiento de la inversión del 1% de la misma
forma como se aplican las tasas por uso, implicaría una liquidación periódica de
dicha obligación “[…] lo cual redundaría en mínimos costos para el sujeto pasivo de
la obligación, en acciones sucesivas y un reducido impacto en la cuenca. […]”40.
Frente al desconocimiento de las actividades realizadas antes de la
expedición del Decreto 1900 de 2006, en beneficio de la cuenca hidrográfica
del proyecto como si nunca se hubieran ejecutado y las que dan cumplimiento
a la obligación del 1% sin justificar su rechazo
9.13. Manifestó que la parte demandada no desconoce las actividades realizadas
con anterioridad a la expedición del Decreto 1900 de 2006, sino que se aceptaron
algunas y se consideraron otras, lo que demuestra que no todas las actividades
ejecutadas por BP fueron rechazadas, que la información presentada por dicha
empresa fue valorada bajo criterios técnicos y el análisis de lo previsto en la Ley
99.
9.14. Reiteró que el auto acusado aceptó algunas actividades y consideró viable
otras, lo que acredita que no todas las actividades desarrolladas por BP han sido
rechazadas, que la información suministrada por esta empresa fue analizada y en
39 Cfr. Folio 175.
40 Cfr. Folio 176.
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ningún momento desconocida; y que su evaluación se dio con fundamento en
criterios técnicos y con sujeción al análisis de lo regulado en la ley citada supra.
Frente a las pretensiones consecuenciales
9.15. Reiteró que las actuaciones de la parte demandada fueron ajustadas a la
Constitución y la Ley.
9.16. Precisó que a partir de la información de cumplimiento de la inversión del 1%
entregada por la empresa, se determinó en los autos acusados cuales actividades
corresponden a la ejecución del proyecto, cuales al Plan de Manejo Ambiental del
mismo y a las obligaciones específicas impuestas en la licencia ambiental otorgada
al proyecto; en relación con las restantes actividades se requirió información
adicional para establecer si corresponden a la inversión del 1%, y por ello no se
puede declarar cumplida esta obligación.
9.17. Adujo que el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 previó que la obligación
de la inversión del no menos del 1% se destinaría a la recuperación, protección,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica de la cual se toma el recurso
hídrico, y si bien no distinguió las inversiones para dar cumplimiento a dicha
obligación, la resolución de la licencia ambiental al fijar esta carga en un artículo
diferente a las obligaciones particulares del proyecto y a las obligaciones del Plan
de Manejo Ambiental, permite entender que la obligación del 1% es totalmente
diferente a las otras obligaciones de la autorización anotada.
9.18. Expresó que la parte demandada en ningún momento desconoce las
inversiones ambientales que BP ha realizado en beneficio de la cuenca
hidrográfica, pero teniendo en cuenta sus objetivos no se pueden imputar
nuevamente como cumplimiento de la inversión del 1%.
9.19. Reiteró en cuanto a la proporcionalidad entre el uso del recurso y la inversión
del 1% asociada a la tasa por uso del agua, que no comparte la interpretación de
la norma, la cual según su criterio, se deberá invertir no menos del 1% del total de
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la inversión, “[…] refiriéndose al proyecto y no a las inversiones asociadas al uso
del agua. […]”41.
9.20. Sostuvo que se deben observar las características de cada uno de los
gravámenes ambientales de la tasa compensatoria y la inversión forzosa del 1%,
por lo que los hechos generadores son diferentes y ninguna depende de la otra; así
mismo, la base gravable es independiente.
9.21. Manifestó en relación con la interpretación del decreto 1900 de 2006, que
esta disposición no estableció ninguna exoneración en el cumplimiento de la
inversión del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 y que acorde con el inciso
segundo del artículo 107 de la Ley 99 las normas ambientales son de orden público
y no pueden ser objeto de transacción o de renuncia en su aplicación. Por tanto, la
parte demandante tiene el deber constitucional y legal de cumplir con la inversión
del 1% y las demás obligaciones previstas en la licencia ambiental y en su Plan de
Manejo Ambiental.
9.22. Realizó una comparación literal entre el parágrafo del artículo 43 de la Ley
99 y la sentencia C-495 de 1996 y sostuvo que, en su criterio, la Corte
Constitucional adicionó una frase que no fue establecida en la norma indicada
supra; recordó la regla de interpretación del artículo 27 del Código Civil, que
establece la obligación de respetar el tenor literal de la norma, sin poder darle una
interpretación diferente, cuando el texto sea claro como es en el presente asunto.
Alegatos de conclusión
10. La Magistrada Ponente mediante auto de 28 de febrero de 2013 42 , de
conformidad con el oficio núm. CSBTSA 13-555 de 6 de febrero de 2013 del
Consejo Superior de la Judicatura, dispuso la remisión del expediente de la
41 Cfr. Folio 181.
42 Cfr. Folio 339.
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referencia a la Subsección “C” de Descongestión de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
11. La Magistrada Ponente, una vez agotada la etapa probatoria, mediante auto
proferido el 22 de abril de 201543, corrió traslado común a las partes por el término
de diez (10) días hábiles, para que presentaran alegatos de conclusión.
La parte demandante
12. Reiteró los cargos y argumentos expuestos en la demanda44.
13. Solicitó que, a partir de las pruebas que se presentaron, se reconozca que
las actividades realizadas por la BP antes de 2006 que siguieron los lineamientos
de recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica como inversión
del 1%, así formaran parte del Plan de Manejo Ambiental.
14. Expuso las pruebas practicadas que, en su criterio, demostraron “[…] las
obras de monitoreo de fuentes aledañas, residuos sólidos, interventoría,
tratamiento de lodos y fluidos y estudios en beneficio de la cuenca […]” 45, que
fueron rechazadas en los actos acusados y que se deben tener en cuenta como
parte de la inversión del 1% del artículo 43 de la Ley 99.
Concepto del Ministerio Público
15. Señaló que el problema jurídico se centra en determinar si es posible tener
en cuenta como cumplimiento de la obligación del artículo 43 de la Ley 99, los
recursos de inversión destinados en proporcionalidad a la tasa por el uso del agua.
43 Cfr. Folios 524 a 525.
44 Cfr. Folios 526 a 538.
45 Cfr. Folios 534 a 535.
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16. Precisó que, de la estructura argumentativa de la parte demandante, se “[…]
denota una interpretación no racional y no ajustada a lo contemplado en la norma
aplicable. […]”46.
17. Consideró que el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, regula una obligación
individual, clara y no está sujeta a interpretaciones más allá de lo que en dicha
disposición se establece, que se contrae a la obligación de invertir no menos del
1% del total de la inversión destinada a la recuperación, preservación y protección
de la cuenca hidrográfica que “[…] es utilizada por la mima entidad. […]”47.
18. Expuso que acorde con el parágrafo citado supra, es razonable interpretar
que lo dispuesto por el legislador hace referencia a la obligación del 1% del total de
la inversión destinada para el proyecto, y es diferente a la obligación que prevé el
artículo 57 de la Ley 99 referente al Plan de Manejo Ambiental de la obra o actividad
que se desarrolla, las cuales son obligaciones jurídicas diferentes.
19. Afirmó que del plenario del proceso, se acredita que la parte demandada
interpretando correctamente la Ley 99, reconoció y valoró en el área del proyecto
licenciado (Área de Pozos Cupiagua XW), las actividades que se circunscriben a la
obligación del 1%; y no es aceptable la posición de la parte demandante de
sustentar el incumplimiento de la obligación del parágrafo del artículo 43 de la Ley
99, pues esta disposición es clara sin que tenga que remitirse para su cumplimiento
e interpretación a otras normas.
20. Concluyó que los actos acusados están sujetos a plena legalidad, por lo que
BP tiene “[…] el deber jurídico de destinar no menos del 1%, del valor total de la
inversión de la actividad o proyecto mediante el cual se le concedió la Licencia
ambiental, en consideración a la Ley 99 de 1993, artículo 43 – Parágrafo. […]”48.
46 Cfr. Folio 545.
47 Cfr. Folio 546.
48 Cfr. Folio 550.
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La parte demandada
21. Guardó silencio en esta etapa procesal.
Sentencia proferida en primera instancia
22. La Subsección “C”, en Descongestión, de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 16 de junio de
201549, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- NIEGANSE las pretensiones formuladas en el libelo de demanda.
SEGUNDO.- ABSTIENESE de condenar en costas en esta sentencia.
TERCERO.- RECONOZCASE personería Dr. Rafael Gilberto Manrique identificado
con cedula de ciudadanía No. 19.292.396 y T.P 32.968 del C.S J, para que
represente a ECOPETROL S.A a quien se le reconocerá personería en los términos
conferido y de conformidad con el Articulo 67 del C.P.C
CUARTO.- DEVUÉLVASE a la parte demandante el remanente de los gastos del
proceso, si hubiere lugar a ello.
QUINTO.- ARCHÍVESE el expediente, una vez ejecutoriada esta providencia. […]”50
(Destacado del texto).
Consideraciones del Tribunal
23. El Tribunal analizó los cargos de nulidad que propuso la parte demandante,
así:
Primer cargo: Indebida interpretación del artículo 58 de la Constitución y del
parágrafo del artículo 43 de la Ley 99
23.1. Señaló que del contenido de los actos acusados se colige que el motivo de
desacuerdo entre las partes, es la obligación prevista en el parágrafo del artículo
43 de la Ley 99. Precisó, que dicha disposición fue declarada exequible por la Corte
49 Cfr. Folios 581 a 636.
50 Cfr. Folio 636.
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Constitucional en la sentencia C-495 de 26 de septiembre de 1996, con ponencia
del doctor Fabio Morón Díaz, al considerar que es “[…] constitucionalmente
razonable que se imponga un deber social cimentado en la función social de la
propiedad, tendiente a la protección e integridad del medio ambiente. […]”51.
23.2. Manifestó que en el presente asunto mediante la Resolución 538 de 6 de
julio de 1999, modificada por la Resolución 302 de 9 de abril de 2002, se otorgó la
licencia ambiental y se dispuso que:
“[…] “(…) ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: La empresa BP EXPLORATION
COMPANY (COLOMBIA) LTD, deberá destinar el 1% del total de la inversión del
proyecto en actividades de recuperación, preservación y vigilancia de las
Quebradas Manoguia y Caño Rico, en el área de influencia del proyecto, inversión
que deberá ser proporcional a las actividades desarrolladas, al tenor de los (sic)
establecido en el PARAGRAFO del Artículo 43 de la Ley 99 de 1993.” […]”52.
23.3. Indicó que la parte demandante estaba sometida al contenido de la licencia
ambiental, por lo que debía ejecutar su actividad en los pozos sujeta a las
obligaciones contenidas en las resoluciones y autos que se dirigían a destinar como
mínimo un 1% del total de la inversión del proyecto, en la protección y recuperación
del proyecto autorizado.
23.4. Anotó que previa la realización de unos requerimientos, en el Auto 2330 de
2010, en particular su artículo 2°., numerales 15.1, 15.2.1, 15.2.2 y 15.2.3
acusados, la parte demandada dispuso frente al Plan de inversión del 1%
presentado por la empresa unas exigencias y precisiones frente a unas actividades
y reseñó los trámites que se surtieron en la vía gubernativa con posterioridad al
otorgamiento de la licencia ambiental.
23.5. Consideró que la parte demandante ha cumplido su deber de comunicar la
ejecución de las obligaciones originadas en la licencia ambiental y los actos
acusados no desconocen los gastos ni las actividades desarrolladas en
51 Cfr. Folio 602.
52 Cfr. Folio 603.
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cumplimiento de la inversión forzosa del 1%, en razón a que en virtud del
seguimiento ambiental en la medida que se cumplen los requerimientos, la parte
demandada reconoce las acciones desplegadas con cargo a la obligación del 1%.
De tal manera que, lo que pretende la parte demandada es estudiar si las
inversiones adelantadas e informadas a lo largo de la ejecución del proyecto
cumplen con la finalidad de la norma, lo cual se advierte en actos posteriores a los
demandados, en los que se “[…] admitió cumplida esta obligación. […]”53.
23.6. Consideró que la interpretación de la parte demandante es equivocada,
“[…] toda vez que el parágrafo del artículo 43 de la mencionada preceptiva no se
refiere, ni plasma expresa o tácitamente, la reglamentación de las cuencas
hidrográficas, como sería el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, como
requisito indispensable para que se pueda efectuar la inversión del 1%. […]”.54.
23.7. Aseguró que los recursos provenientes de la inversión del 1% pueden
financiar los planes de ordenación de las cuencas, por lo que contrario a lo alegado
por la parte demandante, los recursos generados de dicha obligación normativa
pueden destinarse a la elaboración de dicho proyecto; ello conlleva a inferir que, no
se requiere contar con un plan de ordenación de las cuencas hidrográficas para
cumplir el mandato legal de la inversión forzosa, debido a que a falta de este, los
recursos se pueden utilizar para su elaboración.
23.8. Manifestó que no obstante para la época del otorgamiento de la licencia
ambiental no se había reglamentado el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, esta
circunstancia no impedía el cumplimiento del deber del 1%, debido que la exigencia
de hacer la inversión procedía bajo la orientación de la autoridad ambiental en los
términos de la licencia, según lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-
495 de 1996.
23.9. Concluyó conforme a lo expuesto, que con la expedición de los actos
acusados la parte demandada no interpretó de forma errónea el artículo 58 de la
Constitución y el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99.
53 Cfr. Folio 613.
54 Ibidem.
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Segundo cargo: existió una interpretación errónea del parágrafo del artículo
43 de la Ley 99, de los artículos 1, 4, 20, 21 y 33 del Decreto 1220 de 2005 e
indebida aplicación del parágrafo 2 del artículo 5 del Decreto 1900 de 2006
23.10. Reiteró el contenido del artículo 43 de la Ley 99, para establecer las
diferencias entre tasa por el uso del agua y la inversión de no menos del 1% y
señaló que el parágrafo de la norma indicada, constituye una disposición autónoma,
distinta de los incisos del artículo citado supra.
23.11. Señaló las diferencias que existen entre la tasa por el uso del agua y la
inversión forzosa del 1%, en cuanto al hecho generador, el método para determinar
la cuantía o monto del pago o inversión, a su destinación, a las normas que las
reglamentan, que la primera debe ser recaudada por el Estado, mientras que la
segunda es responsabilidad del propietario del proyecto quien debe ejecutar las
obras, y la de mayor trascendencia, que la tasa es un tributo y la obligación del 1%
es una carga que proviene de la función social de la propiedad.
23.12. Afirmó que según el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 y el Decreto 1900
de 2006, todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada
directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación,
riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos
de un 1% del total de la inversión y la base de liquidación se efectuará, entre otros,
teniendo en cuenta los costos de las obras civiles.
23.13. Citó respecto a si en la liquidación de la inversión del 1% se debe considerar
los costos de perforación del pozo como una obra civil, el concepto de obras civiles
y lo concerniente a la perforación de pozos, para luego, concluir que las obras de
proyectos de perforación hacen parte de las obras civiles y por tanto se deben
considerar para dicha liquidación, compartiendo la tesis que sobre este asunto
expuso la parte demandada al considerar en el numeral 15.1 del Auto 2330 de 2010
el cálculo del 1%, incluyendo los costos de perforación.
23.14. Señaló que no comparte la posición de la parte demandante de equiparar
la inversión del 1% y la tasa por el uso del agua, como cargas de igual naturaleza,
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en razón a que son erogaciones distintas en su aplicación, modo de ejecución y
cobertura.
23.15. Precisó respecto de la interpretación errónea de los artículos 1, 4, 20, 21 y
33 del Decreto 1220 de 2005, que no se encuentra vulneración alguna a estas
disposiciones que aluden a medidas, estudios ambientales previos al otorgamiento
de la licencia ambiental, control y seguimiento de las obligaciones contenidas en la
misma, observancia del plan de manejo ambiental, pero no al cumplimiento de la
obligación del artículo 43 de la Ley 99.
23.16. Consideró en relación con el argumento de la parte demandante referente
a que ninguna norma impedía que las actividades del plan de manejo ambiental
pudieran imputarse a la obligación del 1% y que esta interpretación es una
aplicación retroactiva del Decreto 1900 de 2006 (parágrafo 2° art. 5), que cuando
la parte demandada en los actos administrativos de seguimiento ha determinado
que algunas actividades del anotado plan no se tengan en cuenta como inversión
del 1%, es porque se trata de dos obligaciones diferentes, es acertada la
determinación contenida en los numerales 15.2.1 y 15.2.2 acusados, de no
considerar las actividades allí contenidas, por estar previstas en el plan de manejo
ambiental y su objeto no se dirige a la finalidad de obligación del 1%.
23.17. Adicionó en cuanto a no aceptar la actividad de compra del predio
Cantaclaro que, si bien la parte demandante realizó acciones dirigidas al
cumplimiento de la obligación, estas se llevaron a cabo en un lugar que no forma
parte del área del proyecto licenciado.
23.18. Coincidió con la parte demandada en cuanto a no considerar las acciones
indicadas supra con cargo a la inversión forzosa del 1%, en razón a que la norma
es clara en establecer que las labores de recuperación, preservación y vigilancia se
realizarán en la cuenca hídrica que alimenta la fuente, obligación que no se puede
desconocer bajo el argumento de proteger la diversidad e integridad del medio
ambiente dentro del principio del “desarrollo sostenible”.
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Tercer cargo: Falta de aplicación de los artículos 6, 29, 80, 121 y 123 de la
Constitución Política; 312, 314 literal h), 316 a 321 del Decreto 2811 de 1974;
1 al 12 del Decreto 2857 de 1981; 204 del Decreto 1594 de 1984; 16 parágrafo
de la Ley 373 de 1997, 76.5.6 de la Ley 715 de 2001; 4, 6 a 9, 19, 23 numeral 5
y parágrafo 1 y 25 del Decreto 1729 de 2002; 6 del Decreto 155 de 2004 y del
16 parágrafo de la Ley 812 de 2003
23.19. Reiteró que la inversión del 1% está prevista en la normatividad ambiental
en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, reglamentado mediante el Decreto 1900
de 2006, por lo que su exigencia observa lo previsto en los artículos 6, 121 y 123
de la Constitución.
23.20. Insistió en la diferencia entre la tasa por el uso del agua y la inversión del
1%, aunque se encuentren contenidas estas cargas en el mismo artículo y que
dicha inversión no está ligada al volumen de agua efectivamente captada.
23.21. Afirmó que la ausencia de un plan de ordenación de las cuencas
hidrográficas no es un eximente de la obligación, sino que es un fundamento de la
inversión forzosa.
23.22. Manifestó que el cálculo de la inversión del 1% se realiza sobre el valor total
del proyecto, según las normas que se citaron y analizaron en esta providencia, sin
que se requiera verificar el uso efectivo del recurso hídrico, por que para ello se
aplica la tasa por uso del agua.
23.23. Reiteró frente al cargo de falta de aplicación de los artículos 312, 314 literal
h), 316 a 321 del Decreto 2811 de 1974, 1 al 7 y 9 al 12 del Decreto 2857 de 1981,
76.5.6 de la Ley 715 de 2001 y 4, 6 a 9, 19, 23 numeral 5 y parágrafo 1 y 25 del
Decreto 1729 de 2002, que la ordenación de cuencas no es requisito indispensable
para que se deba realizar la inversión del 1%, en razón a que el parágrafo del
artículo 43 de la Ley 99 no refiere a dicho requisito y los recursos de la anotada
inversión se pueden destinar a la elaboración del plan de ordenación.
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23.24. Reiteró en relación con el cargo de la falta de aplicación del parágrafo del
artículo 16 de la Ley 373 y del parágrafo del artículo 16 de la Ley 812, según el cual
la parta demandada no analizó los argumentos de BP y sin justificación alguna
determinó que la base para el cálculo de la inversión del 1% es el costo total del
proyecto y no el de las obras que generaron tasa por uso del agua, sobre las
diferencias entre estas dos obligaciones.
23.25. En cuanto al cargo de no aplicación del artículo 6 del Decreto 155 de 2004,
expresó que esta norma no reglamentó el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, de
tal manera que lo previsto en esta disposición no es aplicable a la inversión del 1%
que fue reglamentada de forma independiente en el Decreto 1900 de 2006.
Cuarto cargo: indebida o falsa motivación
23.26. Manifestó que en el presente asunto y según lo establecido a lo largo de la
providencia, los actos acusados están debidamente motivados, por cuanto se
encuentran soportados en situaciones fácticas y jurídicas; la parte demandada ha
dado cumplimiento a la normatividad que regula la materia, analizó la situación
particular del proyecto en el Área de pozos Cupiagua XW y solicitó la información
para verificar si la parte demandante cumplía con la inversión del 1%, la cual se
calculó con el valor total del proyecto y no el uso efectivo del recurso hídrico.
23.27. Reiteró que no se desconocieron las inversiones efectuadas por la parte
demandante, en razón a que conforme con los actos acusados, la parte demandada
tuvo conocimiento de lo reportado en cuanto a la ejecución del 1%; y que, las
actividades en las que se utilizó el recurso hídrico, duración, captación y cantidad
de agua consumida en el proyecto, no condiciona la exigibilidad del cumplimiento
de la inversión forzosa.
Quinto cargo: Violación del artículo 83 de la Constitución por infracción
directa, que consagra el principio de confianza legítima
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23.28. Expresó en relación con la interpretación de las normas que regulan la
inversión del 1% realizada por la parte demandante, la cual no corresponde al
correcto sentido de su interpretación y de esta forma asume que la parte
demandada ha cambiado súbitamente las reglas aplicables, que no ha existido una
modificación a los términos de la licencia ambiental otorgada, sino que lo requerido
corresponde a que las obras ejecutadas se ajusten a la inversión indicada supra.
23.29. Concluyó que no se desconocieron expectativas legitimas de la parte
demandante, sino que se pretende constatar que la parte demandante cumpla con
la carga social con ocasión de la actividad que ejecuta; en consecuencia, con los
requerimientos efectuados a BP en los actos acusados, no se vulneró el principio
de confianza legítima contenido en el artículo 83 de la Constitución.
Recurso de apelación
Parte demandante
24. La parte demandante interpuso, dentro del término legal, recurso de
apelación55 contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con
base en los siguientes argumentos:
24.1. Sostuvo que el fallo de primera instancia “[…] partió de una premisa básica
y a la vez equivocada, consistente en que no podían tenerse en cuenta los
dictámenes practicados en el proceso, […]”56 sin presentar algún argumento; por el
contrario, dado que estos no fueron objetados por error grave, no había razón para
no atender sus conclusiones.
24.2. A su juicio, el a quo no tuvo en cuenta que a través de los dictámenes
periciales se acreditó: i) “[…] cómo efectivamente se habían llevado a cabo las
obras y actividades […]”57 que no se tuvieron en cuenta por la autoridad ambiental,
55 Cfr. Folios 670 a 676.
56 Cfr. Folio 670.
57 Cfr. Folio 670 vto.
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en razón a que su ejecución se reflejaba en la contabilidad de la parte demandante
(dictamen contable); y, ii) que dichas obras y actividades efectivamente
beneficiaron “[…] los cuerpos de agua que forman parte de la cuenca de la cual se
obtuvo el recurso hídrico para el proyecto al cual se refiere la demanda. […]”58.
24.3. Señaló que el juez de primera instancia obvió el dictamen pericial ambiental,
con el cual, en su criterio, se demostró además de las actividades ambientales que
se adelantaron, los beneficios que se produjeron en la cuenca de la que se tomó el
recurso hídrico.
24.4. Aseguró que en la decisión del a quo, “[…] queda claro que efectivamente la
autoridad ambiental aplicó la restricción a la cual se refiere el parágrafo 2°, art. 5°,
del Decreto 1900 de 2006, de forma retroactiva […]”59, en razón a que las obras y
actividades rechazadas se habían realizado con anterioridad a la expedición del
decreto anotado.
24.5. Manifestó que el argumento expuesto por la parte demandada tanto en la
actuación administrativa como en el curso de este proceso, refiere a que las
actividades, obras e inversiones desarrolladas forman parte del Plan de Manejo
Ambiental, aplicando la restricción del artículo 5, parágrafo 2° del Decreto 1900 de
2006 y no a que las mismas han beneficiado o no la cuenca hidrográfica de la cual
se ha tomado el recurso hídrico para el proyecto de que trata la demanda.
24.6. Reiteró que no puede entenderse aplicable el parágrafo citado supra,
respecto de las obras e inversiones “[…] con las cuales se pretendió darle
cumplimiento a la obligación del 1% y que se ejecutaron luego de la expedición de
la licencia ambiental, puesto que el Decreto solo vino a ser expedido muchos años
después, siendo claro que una norma prohibitiva no puede tener aplicación
retroactiva como en general no la pueden tener las normas jurídicas. […]”60.
58 Ibidem.
59 Cfr. Folio 671.
60 Cfr. Folio 673 y vto.
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24.7. Consideró que las obras y actividades “[…] a las que se refieren los actos
demandados no podían ser rechazadas por los motivos expuestos por la autoridad
ambiental como lo expidió. […]”61; por el contrario, las mismas en virtud a que está
acreditado su beneficio en la cuenca correspondiente, cumplieron con los objetivos
del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, motivo por el cual no tiene sustento su
rechazo.
24.8. Aseveró que en el presente asunto no se puede afectar la situación jurídica
particular de la parte demandante para cumplir con la obligación del 1%, con
actividades conforme a los parámetros fijados en el parágrafo del artículo 43 de la
Ley 99, que eran la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca
hidrográfica y tampoco se puede dar aplicación a un decreto a las actividades
realizadas antes del año 2006.
24.9. Solicitó que se reconozcan las actividades desarrolladas antes del año 2006
que siguieron los lineamientos de recuperación, preservación y vigilancia de la
cuenca hidrográfica como inversión del 1%, así estas hicieran parte del Plan de
Manejo Ambiental.
24.10. Afirmó respecto de las actividades de perforación de los pozos, que no son
una obra civil, lo cual se sustrae de la misma argumentación del a quo, por lo que
no se debería incluir en la base de liquidación del 1%, acorde con el artículo 3° del
Decreto 1900 de 2006.
24.11. Reiteró que lo que se pretende es “[…] dar por probado […]” 62que las obras
que fueron negadas en los actos acusados hacen parte de la inversión del 1%,
porque cumplen “[…] con los verbos rectores de la norma -recuperación,
preservación y vigilancia- de la cuenca hidrográfica y se realizan antes de la
expedición del Decreto 1900 de 2006. […]”63.
61 Cfr. Folio 673 vto.
62 Cfr. Folio 674.
63 Ibidem.
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24.12. Aludió a los peritajes ambiental y contable, “[…] los documentos obrantes en
el expediente ambiental y los informes de seguimiento ambiental allegados al
proceso por la ANLA, […]”64, los que, en su criterio, evidencian el cumplimiento de
la inversión del 1%.
24.13. Indicó frente a las motivaciones de la parte demandada en los actos
acusados relativas a las actividades que no podían ser consideradas por cuanto
formaban parte del Plan de Manejo Ambiental, que el a quo no analizó que para la
época en la que se efectuaron las obras y actividades rechazadas, no existía
ninguna prohibición en torno a que las actividades y obras incluidas en el PMA,
pudieran utilizarse para el cumplimiento de la inversión del 1%; esta restricción se
encuentra contenida en el parágrafo 2° del artículo 5 del Decreto 1900 de 2006,
que reiteró, no puede aplicarse a las obras y actividades desarrolladas antes de su
expedición.
Actuaciones en segunda instancia
25. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de noviembre de 2015 65 ,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 16 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en Descongestión.
Alegatos de conclusión
26. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 27 de septiembre de
201866, corrió traslado a las partes por el término común de diez (10) días para alegar
de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.
64 Ibidem.
65 Cfr. Folio 4 del cuaderno núm. 2 del expediente.
66 Cfr. Folios 43 a 44 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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Parte demandante
27. La parte demandante67 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
Parte demandada
28. La parte demandada guardo silenció en esta etapa procesal.
Concepto del Ministerio Público
29. El representante del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
Manifestación de impedimento del Consejero de Estado, doctor Oswaldo
Giraldo López
30. El Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López, mediante escrito
presentado el 3 de agosto de 2023, manifestó su impedimento en los siguientes
términos:
“[…] Con la presente comunicación doy alcance a la fechada el 27 de julio de 202368,
mediante la cual declaré mi impedimento en el asunto de la referencia, en el sentido
de precisar que la causal de impedimento que invoco no es la prevista en el numeral
4° del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo sino la dispuesta en el numeral 1° del artículo 141 del Código General
del Proceso, aplicable por expresa remisión del artículo 160 del Código Contencioso
Administrativo69, estatuto aplicable al proceso de la referencia, cuyo texto es del
siguiente tenor:
67 Folios 45 a 50 del cuaderno núm. 2 del expediente.
68 Visible a índice 33 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
69 “Artículo 160. causales y procedimiento. Serán causales de recusación e impedimento para los
Consejeros, Magistrados y Jueces Administrativos, además de las señaladas en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Civil, las siguientes: (…)” (Negrilla y subrayado del texto).
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“Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las
siguientes:
1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.” (Subrayas mías).
Lo anterior en consideración a que mi esposa, Jeannette Forigua Rojas, es Asesora
Externa de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., empresa que funge como
demandante.
Por consiguiente, manifiesto mi impedimento para participar en el trámite del
proceso y en la decisión que en éste se adopte.
[…]”. (Negrilla y subrayado del texto).
II. CONSIDERACIONES
31. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) cuestión previa; iii) los actos administrativos
acusados; iv) el problema jurídico; v) cuestión previa; y vi) el análisis del caso
concreto.
Competencia de la Sala
32. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo 70 , sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los
términos del artículo 308 71 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 72, sobre el
régimen de transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera
70 “[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión. […]”.
71 “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. […]”.
72 “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
[…]”.
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del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en
segunda instancia.
33. Agotados los procedimientos inherentes a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que se observe causal de nulidad que pueda
invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante.
34. La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte
demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el
16 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “C”, en Descongestión, teniendo en cuenta que de
conformidad con los artículos 32073 y 32874 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201275,
norma aplicable al presente caso en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del
Código Contencioso Administrativo76, el juez se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso.
Cuestión Previa
Manifestación de impedimento del Consejero de Estado, doctor Oswaldo
Giraldo López
35. Atendiendo a que el Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López,
fundamentó el impedimento en que su cónyuge “[…] es Asesora Externa de la Junta
73 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 71 […]”.
74 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.
[…].”
75 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
76 “[…] Artículo 267. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo […]”.
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Directiva de Ecopetrol S.A., empresa que funge como demandante […]”, de
conformidad con la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 de la Ley 1564.
36. Considerando que los impedimentos y las recusaciones establecidas en la
ley son mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas
por los administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
imparcialidad, independencia y transparencia.
37. Visto el numeral 1 del artículo 141 de la Ley 1564, para determinar si se
configura o no la causal de impedimento prevista en dicho numeral es necesario
establecer si el Juez o Magistrado que manifiesta su impedimento, su cónyuge o
su pariente, tiene un interés directo o indirecto en el resultado del proceso.
38. Por lo expuesto, y ante la manifestación de impedimento referida supra, la
Sala considera fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado,
doctor Oswaldo Giraldo López, por cuanto cumple con los supuestos establecidos
en el numeral 1 del artículo 141 de la Ley 1564, citado supra, comoquiera que a
su cónyuge le asiste interés en el resultado del proceso, atendiendo a que es
Asesora Externa de la Junta Directiva de la parte demandante; por lo que se le
aceptará.
Actos administrativos acusados
39. Los actos administrativos acusados son los siguientes:
39.1. Auto núm. 2330 de 24 de junio de 2010, “Por el cual se declara el
cumplimiento de unas obligaciones y se hacen unos requerimientos”, el cual
dispuso:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar que la empresa BP EXPLORATION
COMPANY COLOMBIA LTD., ha venido dando cumplimiento a las siguientes
obligaciones:
[…]
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Demandante: Ecopetrol S.A.
ARTICULO SEGUNDO.- Aceptar la actualización del Plan de Gestión Social del
expediente No. 1888, presentado mediante radicado 4120-E1-65972, del 11 de
junio de 2009 en respuesta a los Autos 2907 del 15 de diciembre de 2006 y 1850
del 11 de junio de 2008, reiterando a la empresa BP EXPLORATION COMPANY
COLOMBIA LTD, que para la implementación del mismo, deberá complementar la
información con las consideraciones establecidas en el acápite del Plan de Gestión
Social del presente acto administrativo, para la Etapa de Operación, y con los
requerimientos presentados a continuación, los cuales deberán ser implementados
de manera inmediata informando del avance en el próximo Informe de
Cumplimiento Ambiental ICA:
[…]
15. En relación al Plan de Inversión del 1% presentado por la empresa se establece
lo siguiente:
15.1 En un tiempo no mayor a un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, enviar el cálculo de las Inversiones del 1% para
Cupiagua XW, en el que se presente en forma desglosada los costos de cada una
de las actividades ejecutadas y contempladas en el artículo tercero del Decreto
1900 de 2006, incluyendo la perforación.
La liquidación de las inversiones efectivamente realizadas deberá estar certificada
por el contador o revisor fiscal. Además, se deberá indicar el valor en pesos
colombianos y la fecha de la TRM adoptada para la conversión del monto de la
obligación.
15.2 No se consideran factibles de ser aprobadas como parte del Plan de Inversión
del 1% para Cupiagua XW, las siguientes actividades:
15.2.1 Monitoreo de aguas, geotecnia, manejo de residuos, tratamiento de aguas,
revegetalización y seguimiento ambiental, por ser actividades contempladas en el
Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a lo analizado en el presente acto
administrativo.
15.2.2 Los Diagnósticos de las Cuencas del río Unete y la quebrada Manoguía, por
las razones expuestas en el presente acto administrativo.
15.2.3 La Inversión adicional propuesta para la compra del predio Cantaclaro en la
Estrella Fluvial de los Farallones, por no estar este predio dentro de la cuenca de la
quebrada Manoguía y Caño Rico como lo estipula el artículo vigésimo Segundo de
la Resolución 538 del 6 de julio de 1999, sino en la cuenca del río Cusiana.
Considerando esto, la empresa deberá:
15.2.3.1 Los predios que vaya a adquirir en la Estrella Fluvial de los Farallones
como inversión adicional para este proyecto, deberán encontrarse dentro de la
cuenca de la quebrada Manoguía y Caño Rico y en concordancia con esto, en un
tiempo no mayor a un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, deberá enviar la información solicitada en el artículo primero del Auto
2739 del 25 de septiembre de 2009, para la evaluación de este Ministerio.
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15.3 Se consideran factibles como Inversión del 1% las siguientes
actividades:
[…]
ARTÍCULO TERCERO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales de este Ministerio, notificar el contenido del presente acto
administrativo al Representante Legal de la empresa BP EXPLORATION
COMPANY COLOMBIA LTD.,, (sic) y/o a su apoderado debidamente constituido
para dicho efecto.
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo, procede por vía
gubernativa el recurso de reposición, el cual se podrá interponer dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación y con el lleno de los requisitos legales
conforme a lo dispuesto en los artículos 50°, 51° y 52° del Código Contencioso
Administrativo. […]”. (Apartes subrayados son los acusados) (Negrilla fuera de
texto).
39.2. Auto núm. 0996 de 6 de abril de 2011, “Por el cual se resuelve un recurso
de reposición contra el Auto No. 2330 del 24 de junio de 2010”, en el que se
resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- Confirmar lo establecido en los numerales 15.1,
15.2.1, 15.2.2., 15.2.3 y 15.2.3.1 del artículo segundo del Auto No. 2330 del 24 de
junio de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Confirmar los plazos establecidos en los numerales
15.3.3 y 15.3.4 del artículo segundo del Auto No. 2330 del 24 de junio de 2010, por
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO.- Modificar de un (1) mes a seis (6) meses, el plazo
establecido en el numeral 15.3.2 del artículo segundo del Auto No. 2330 del 24 de
junio de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites,
notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal de la
empresa ECOPETROL S.A. y/o a su apoderado debidamente constituido para
dicho efecto.
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente auto no procede recurso alguno por
encontrarse agotada la vía gubernativa. […]”. (Artículo subrayado es el acusado).
Problema jurídico
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40. Corresponde a la Sala, con fundamento en la decisión del a quo y el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante, determinar:
40.1. Si se aplicó o no retroactivamente el parágrafo 2° del artículo 5 del Decreto
1900 de 2006, a las obras y actividades que fueron rechazadas por la autoridad
ambiental y que habían sido realizadas con anterioridad a la expedición de dicho
decreto.
40.2. Si las obras y actividades que formaban parte del Plan de Manejo Ambiental
podían o no imputarse al cumplimiento de la inversión del 1%, en aplicación del
parágrafo 2° del artículo 5 del Decreto 1900 de 2006.
40.3. Si las obras y actividades por el solo hecho de beneficiar la cuenca
hidrográfica, no podían ser rechazadas por cuanto se cumplió el objetivo del
parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, de recuperación, preservación y vigilancia
de la misma.
40.4. Si se deben reconocer o no las obras y actividades desarrolladas antes del
año 2006, que cumplieron con los lineamientos de recuperación, preservación y
vigilancia de la cuenca hidrográfica, así formaran parte del Plan de Manejo
Ambiental.
40.5. Si se afecto o no la situación particular de la parte demandante, al cumplir
con la obligación del 1% con las actividades y obras bajo los parámetros del
parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, de recuperación, preservación y vigilancia
de la cuenca hidrográfica y por la aplicación del Decreto 1900 de 2006 a las
actividades realizadas con anterioridad a su expedición.
40.6. Si las actividades de perforación de los pozos se deben incluir o no en la
base de la liquidación de la inversión del 1%.
41. En consecuencia, se determinará si hay lugar a revocar o confirmar la sentencia
proferida, en primera instancia.
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42. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos por la
parte demandante en el recurso de apelación, de acuerdo con el problema jurídico
indicado supra.
Cuestión previa
43. Previo a abordar el problema jurídico planteado en el recurso de apelación,
la Sala estudiará la naturaleza jurídica de los actos administrativos acusados frente
a los criterios jurisprudenciales que definen cuando un acto de dicha naturaleza es
objeto de control judicial. En el presente asunto son los autos 2330 de 2010 y 0996
de 2011.
44. De conformidad con los artículos 5077, 13578 y 13879 del Código Contencioso
Administrativo, los actos administrativos que son susceptibles de control por parte
de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, mediante el ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, son aquellos que crean, modifican o
extinguen una situación jurídica o que siendo de trámite ponen fin a la actuación
administrativa. En este sentido, la Sala, en oportunidades anteriores, ha señalado80:
“[…] Los actos administrativos definitivos son aquellos que ponen fin a una
actuación administrativa o crean una situación jurídica particular, mientras que los
actos de trámite o preparatorios no contienen decisiones de fondo, lo que hace
improcedente cualquier tipo de recurso frente a estos, […]”.
45. Con relación a este mismo asunto, la Corte Constitucional precisó81:
“[…] La doctrina en materia administrativa, ha distinguido a los actos administrativos
según el contenido de la decisión que en ellos se articula y sus efectos, en actos de
trámite o preparatorios y en actos definitivos. Los primeros son los que se encargan
77 Artículo 50. Recursos en vía gubernativa. “[…] Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación
administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a
una actuación cuando hagan imposible continuarla. […]”
78 Artículo 135. “[…] La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a
un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa
mediante acto expreso o presunto por silencio negativo […].”
79 Artículo 138. “[…] Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán
demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la
última decisión.”
80 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto proferido el 26 de marzo
de 2009, C. P. Martha Sofía Sanz Tobón, núm. único de radicación: 25000-23-24-000-1999-00414-01.
81 Corte Constitucional, Sentencia C-557 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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de dar impulso a la actuación o disponen organizar los elementos de juicio que se
requieren para que la administración pueda adoptar la decisión de fondo sobre el
asunto mediante el acto definitivo y, salvo contadas excepciones, no crean,
modifican o extinguen situaciones jurídicas. Los segundos son, obviamente, los
actos que ponen fin a la actuación administrativa, los que deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto.
En este sentido, los actos de trámite son “actos instrumentales”, que integran el
procedimiento anterior a la decisión que finalmente resuelva el asunto y sus defectos
jurídicos podrán cuestionarse cuando se impugne el acto definitivo, el cual podrá ser
invalido, v.gr., por haberse adoptado con desconocimiento del procedimiento previo
que constituye requisito formal del mismo acto. Por lo tanto, es necesario esperar a
que se produzca la resolución final del procedimiento para poder plantear la invalidez
del procedimiento por haberse presentado anomalías en los actos de trámite.
Ahora bien: ciertos actos previos al fallo pueden tornarse definitivos cuando pongan
fin a la actuación administrativa o hagan imposible su continuación. En este caso,
tales actos serán enjuiciables […]” (Destacado de la Sala).
46. De esta manera, las decisiones de la administración pública se concretan,
entre otros, en la expedición de actos administrativos, los cuales pueden ser de
trámite o definitivos; es posible identificar su naturaleza jurídica en virtud del
contenido decisorio y su función al interior del procedimiento administrativo. No
obstante, en algunas oportunidades, dicha función puede materializarse en la
adopción de decisiones de distinta índole contenidas en un mismo acto
administrativo.
47. Atendiendo un supuesto como el anterior, es imperativo que el juez analice
cada una de las decisiones adoptadas por la administración con el fin de establecer
su verdadera naturaleza y, en consecuencia, determinar cuáles asuntos son objeto
de control en sede judicial - actos definitivos - y respecto de cuáles es procedente
una decisión inhibitoria - actos de trámite.
48. En el caso sub examine, la parte demandante pretende la nulidad del artículo
2°, particularmente sus numerales 15.1, 15.2.1, 15.2.2 y 15.2.3, del Auto No. 2330
de 2010, que prevén:
ARTICULO SEGUNDO.- Aceptar la actualización del Plan de Gestión Social del
expediente No. 1888, presentado mediante radicado 4120-E1-65972, del 11 de
junio de 2009 en respuesta a los Autos 2907 del 15 de diciembre de 2006 y 1850
del 11 de junio de 2008, reiterando a la empresa BP EXPLORATION COMPANY
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COLOMBIA LTD, que para la implementación del mismo, deberá complementar la
información con las consideraciones establecidas en el acápite del Plan de Gestión
Social del presente acto administrativo, para la Etapa de Operación, y con los
requerimientos presentados a continuación, los cuales deberán ser implementados
de manera inmediata informando del avance en el próximo Informe de
Cumplimiento Ambiental ICA:
[…]
15. En relación al Plan de Inversión del 1% presentado por la empresa se establece
lo siguiente:
15.1 En un tiempo no mayor a un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, enviar el cálculo de las Inversiones del 1% para
Cupiagua XW, en el que se presente en forma desglosada los costos de cada
una de las actividades ejecutadas y contempladas en el artículo tercero del
Decreto 1900 de 2006, incluyendo la perforación.
La liquidación de las inversiones efectivamente realizadas deberá estar
certificada por el contador o revisor fiscal. Además, se deberá indicar el valor
en pesos colombianos y la fecha de la TRM adoptada para la conversión del
monto de la obligación.
15.2 No se consideran factibles de ser aprobadas como parte del Plan de Inversión
del 1% para Cupiagua XW, las siguientes actividades:
15.2.1 Monitoreo de aguas, geotecnia, manejo de residuos, tratamiento de
aguas, revegetalización y seguimiento ambiental, por ser actividades
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a lo analizado en
el presente acto administrativo.
15.2.2 Los Diagnósticos de las Cuencas del río Unete y la quebrada Manoguía,
por las razones expuestas en el presente acto administrativo.
15.2.3 La Inversión adicional propuesta para la compra del predio Cantaclaro
en la Estrella Fluvial de los Farallones, por no estar este predio dentro de la
cuenca de la quebrada Manoguía y Caño Rico como lo estipula el artículo
vigésimo Segundo de la Resolución 538 del 6 de julio de 1999, sino en la
cuenca del río Cusiana. Considerando esto, la empresa deberá:
15.2.3.1 Los predios que vaya a adquirir en la Estrella Fluvial de los Farallones
como inversión adicional para este proyecto, deberán encontrarse dentro de
la cuenca de la quebrada Manoguía y Caño Rico y en concordancia con esto,
en un tiempo no mayor a un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, deberá enviar la información solicitada en el
artículo primero del Auto 2739 del 25 de septiembre de 2009, para la
evaluación de este Ministerio.
[…]”. (Negrilla fuera de texto).
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49. La parte demandada, mediante el numeral 15.1 del artículo segundo del Auto
núm. 2330 de 2010, requirió a la parte demandante el envío del cálculo de las
Inversiones del 1% para Cupiagua XW, en el cual se detalle de manera desglosada
los costos de cada una de las actividades ejecutadas, incluyendo la perforación,
acorde con el artículo tercero del Decreto 1900 de 2006 y de un certificado de
contador o revisor fiscal de la liquidación de las inversiones efectivamente
realizadas; lo cual no constituye un acto administrativo de carácter definitivo
comoquiera que tiene por objeto la obtención de la información que la parte
demandada considera se encuentra en poder de la parte demandante y con base
en esta podría expedir decisiones posteriores. En consecuencia: i) es una decisión
de trámite que pretende sustanciar la actuación administrativa y no la resuelve de
fondo; y ii) no crea, modifica o extingue una situación jurídica, por el contrario, tienen
por finalidad requerir y verificar el cumplimiento de obligaciones normativas
ambientales.
50. Por lo tanto, la Sala revocará parcialmente la sentencia proferida, en primera
instancia, y se declarará inhibida respecto de la pretensión de nulidad del numeral
15.1 del artículo segundo del Auto núm. 2330 de 2010.
51. En cuanto a los numerales 15.2.1, 15.2.2 y 15.2.3 del artículo segundo del
Auto No. 2330 de 2010, éstos contienen verdaderas decisiones de fondo, por
cuanto se niega que las actividades contenidas en los mismos puedan ser
consideradas para ser aprobadas como parte del Plan de Inversión del 1% para el
proyecto Cupiagua XW.
52. Por este motivo, se analizará la pretensión de nulidad propuesta por la parte
demandante respecto de los numerales 15.2.1, 15.2.2 y 15.2.3 del artículo segundo
del Auto No. 2330 de 2010.
Análisis del caso concreto
Recurso de apelación
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53. En síntesis, los puntos de inconformidad expuestos en el recurso de
apelación contra la sentencia recurrida fueron los siguientes: i) la aplicación
retroactiva del parágrafo 2° del artículo 5 del Decreto 1900 de 2006 a las obras y
actividades realizadas con anterioridad a dicho decreto y que formaban parte del
Plan de Manejo Ambiental; ii) las obras y actividades que formaban parte del Plan
de Manejo Ambiental eran imputables al cumplimiento de la inversión del 1%; iii)
las obras y actividades desarrolladas antes de 2006, por beneficiar la cuenca
hidrográfica, cumplieron con los lineamientos del parágrafo; iv) se afectó la
situación particular de la parte demandante, en razón a que ésta cumplió la
obligación del 1% acorde con los parámetros del parágrafo anotado de
recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica y por la aplicación
del Decreto 1900 de 2006, a las obras y actividades desarrolladas antes de su
expedición; y v) la actividad de perforación de los pozos no se debe incluir en la
base de liquidación de la inversión del 1%.
54. Para efectos de resolver los motivos de inconformidad planteados en el
recurso de apelación, se requiere dilucidar si la parte demandada infringió las
normas superiores en que debían fundarse los actos administrativos acusados,
respecto de lo cual, la Sala reiterara el precedente contenido en la sentencia
proferida el 8 de junio de 201782, en la que se resuelven los siguientes problemas
jurídicos:
“[…] i) Debido a que la reglamentación de la inversión forzosa del parágrafo del
artículo 43 de la Ley 99 de 1993 solo se expidió hasta el año 2006, mediante el
Decreto 1900, ¿cualquier inversión realizada antes de la entrada en vigor de dicho
reglamento, destinada a la recuperación, preservación y conservación de la cuenca,
se debe tener por válida para efectos de acreditar el cumplimiento de la obligación
consistente en la referida inversión forzosa?
En absoluto. La postura de la demandante, que apunta a convalidar de manera
automática cualquier clase de obra o actividad relacionada la recuperación,
preservación y conservación de la cuenca efectuada antes de 2006 para efectos de
acreditar el cumplimiento de la inversión forzosa del 1% del valor del proyecto, si bien
podría justificarse a la luz del vacío normativo existente hasta 2006, en punto al
82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés; número único de radicación 25000-23-24-000-2011-00235-01. Reitera la sentencia de 10 de
septiembre de 2015, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación
No. 25000232400020100025901, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
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sentido concreto del alcance de las inversiones que se deben efectuar bajo este
rubro, no resulta jurídicamente admisible, ya que el mismo enunciado legal contenido
en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199383 es claro en
señalar la necesidad de que la Administración determine, de manera específica, en
qué obras y actividades de recuperación, preservación y conservación de la cuenca
se debe invertir el dinero correspondiente a la inversión forzosa.
ii) ¿Es legítimo considerar que las inversiones efectuadas en el marco del Plan de
Manejo Ambiental no son admisibles para efectos de acreditar el cumplimiento de la
inversión forzosa del 1%? Y de ser afirmativa la respuesta a este interrogante: ¿no
entraña ello la aplicación retroactiva de las disposiciones del Decreto 1900 de 2006?
No es jurídicamente posible imputar las obras y actividades ejecutadas en desarrollo
del Plan de Manejo Ambiental al cumplimiento de la inversión forzosa del 1%, tal
como propone la parte actora, toda vez que ello desconocería una elemental regla
de la hermenéutica jurídica: la del efecto útil. De acuerdo con este parámetro de
interpretación de las normas, “entre dos posibles sentidos de un precepto, uno de los
cuales produce consecuencias jurídicas y el otro a nada conduce, debe preferirse el
primero” 84 . En consecuencia, encuentra la Sala que la posición que plantea la
demandante riñe con este principio, porque termina por tornar superflua o irrelevante
la clarísima distinción impuesta por ley entre la institución del Plan de Manejo
Ambiental y la carga administrativa que entraña la inversión forzosa consagrada en
el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993. Tratándose de institutos totalmente
diferentes en su origen, objeto, alcance y finalidad, y ante la falta de una disposición
legal que así lo establezca de manera expresa, no puede válidamente concluirse que
las actividades realizadas en cumplimiento de uno puedan pretender imputarse
simultáneamente al otro.
Se impone entonces, conforme a la diferenciación efectuada por la ley, separar las
órbitas propias de cada uno de estos instrumentos de protección ambiental y velar
porque su interpretación y aplicación posibiliten el cumplimiento de la función
específica de cada uno de ellos. En efecto, de una parte, el plan de manejo ambiental,
nítida manifestación de los principios de prevención y desarrollo sostenible,
constituye un instrumento esencial para la gestión ambiental de los impactos de un
determinado proyecto, en tanto conjunto de medidas y actividades orientadas a
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales
debidamente identificados del proyecto, obra o actividad que se autoriza. La inversión
forzosa, en cambio, constituye un instrumento económico que se traduce en una
carga que puede tener que llegar a ser asumida por el propietario de un proyecto en
desarrollo de la función social y ecológica de su derecho, según las decisiones que
adopte, pues se trata de una figura que al tiempo que permite la consecución de
recursos para financiar la recuperación, preservación y vigilancia de una cuenca
hidrográfica, puede también -y ese es su verdadero objetivo- desincentivar impactos
ambientales o conductas contaminantes (como la utilización del recurso hídrico
tomado de fuente natural, en este caso) y promover comportamientos más eficientes
desde la óptica de la conservación y protección del ambiente (implantación de
tecnologías limpias, sustitución de componentes o recursos, etc.).
83 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
84 Corte Constitucional, sentencia T-001 de 1992.
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Se tiene así que, con independencia de que el cumplimiento de una y otra pueda
traducirse en la realización de medidas que redunden en beneficio de los recursos
naturales de una determinada cuenca, en manera alguna puedan equipararse –como
si se tratara de una sola institución- y que no sea aceptable que el cumplimiento de
una termine por relevar, en la práctica, al administrado del deber de acatamiento de
la otra.
En este orden, siendo la distinción entre Plan de Manejo Ambiental e inversión
forzosa, una diferenciación impuesta por la ley, su aplicación no puede tomarse como
consecuencia de la expedición del Decreto 1900 de 2006, ya que éste no hizo nada
distinto a formalizar una realidad establecida por la propia Ley 99 de 1993 […]”.
55. La parte demandante pretende la declaratoria de nulidad de los numerales
15.2.1, 15.2.2 y 15.2.3 del artículo segundo del Auto No. 2330 de 2010, que
contienen unas actividades respecto de las cuales la parte demandada niega que
puedan ser consideradas para ser aprobadas como parte del Plan de Inversión del
1% para el proyecto Cupiagua XW, por las razones que se precisan en el mismo
acto administrativo.
56. En efecto, respecto de las actividades de monitoreo de aguas, geotecnia,
manejo de residuos, tratamiento de aguas, revegetalización y seguimiento
ambiental, previstas en el numeral 15.2.1, la parte demandada fundamentó la
decisión negativa citada supra, por ser actividades contempladas en el Plan de
Manejo Ambiental.
57. El Auto 2330 de 2010, en las consideraciones jurídicas señaló:
“[…] Que en el Concepto Técnico No. 805 del 18 de mayo de 2010, se evaluó la
información existente en el expediente No. 1888, en relación el (sic) Plan de
Inversión del 1%, las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo
Ambiental, los actos administrativos, cumplimiento de los permisos, concesiones o
autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables
y lo observado durante la visita de seguimiento a las instalaciones del proyecto en
comento […]”. (Negrilla fuera de texto).
58. Por su parte, el concepto técnico núm. 0805 de 18 de mayo de 2010, emitido
por el Grupo de Seguimiento de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
fundamento del acto acusado, en el numeral 5. referente al cumplimiento de la
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inversión del 1%, en relación con las actividades previstas en el numeral 15.2.1
consideró lo siguiente:
“[…]
Consideraciones del Ministerio
Teniendo en cuenta la información enviada por la empresa, se establece lo siguiente:
-Monitoreo de aguas, geotecnia, manejo de residuos, revegetalización y
seguimiento ambiental
En referencia a estas actividades reportadas en los radicados 4120-E-1-5715 del 21
de enero de 2008 y 4120-E1-91376 del 14 de agosto de 2008, como inversión del
1%, no se aceptan por estar contempladas en los programas del Plan de Manejo
Ambiental o Licencia Ambiental, tal como fue establecido en la Resolución
sancionatoria 1245 del 11 de julio de 2008, que evaluó los descargos presentados
por la empresa contra la Resolución 2050/05 y que fue ratificada por la Resolución
794 del 29 de abril de 2009.
[…]”. (Negrilla fuera de texto).
59. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, las actividades que
forman parte del Plan de Manejo Ambiental no pueden tenerse en cuenta como
cumplimiento de la obligación prevista en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99,
comoquiera que tienen objetivos y alcances diferentes; mientras el primero es el
conjunto de medidas y actividades que están orientadas a prevenir, mitigar, corregir
o compensar de forma general los impactos y efectos ambientales que se causen
con el proyecto objeto de licencia ambiental; el segundo se refiere específicamente
a la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta
la fuente hídrica que se utiliza para el proyecto.
60. Siguiendo esta reiterada línea jurisprudencial, se trata dos instrumentos
diferentes desde su origen legal, razón por la cual, su aplicación no deriva de la
expedición del Decreto 1900 de 2006, sino que esta reglamentación lo que hizo fue
formalizar una realidad establecida desde la Ley 99.
61. En este orden de ideas, no es posible incluir estas actividades como parte del
cumplimiento de la obligación prevista en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99;
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una interpretación contraria conduciría a desconocer el efecto útil de esta norma,
según lo expuesto en precedencia.
62. En consecuencia, la Sala encuentra el numeral 15.2.1 del artículo segundo
del Auto No. 2330 de 2010 ajustado a las normas superiores en que debía fundarse
– parágrafo 43 de la Ley 99 y parágrafo 2º del artículo 5 del Decreto 1900 de 2006.
63. En cuanto a los diagnósticos de las Cuencas del río Unete y la quebrada
Manoguía establecidos en el numeral 15.2.2, se tiene de igual manera las
argumentaciones de su negativa en el concepto técnico núm. 0805 de 2010, en el
cual se indicó:
“[…]
-Diagnósticos de la microcuenca de la quebrada Manoguía
En referencia a esta actividad reportada en el radicado 4120-E1-5715 del 21 de enero
de 2008, se ratifica que no puede ser aceptada como inversión, teniendo en
cuenta que en la Resolución sancionatoria 1245del 11 de julio de 2008, que evaluó
los descargos presentados por la empresa contra la Resolución 2050/05 y que fue
ratificada por la Resolución 794 del 29 de abril de 2009, se estableció que “el
documento “Diagnóstico de la Cuenca de la quebrada Manoguía”, se elaboró con el
objeto de demostrar que la quebrada, según la empresa BP no ha sufrido grandes
cambios por el desarrollo de los proyectos de hidrocarburos, se entiende como una
sustentación (según BP) de la poca o nula afectación de los proyectos al medio
ambiente, y no como un documento elaborado con el fin de determinar que
manejo se le debe dar a la cuenca. Un estudio de este tipo, para ser aceptado como
inversión del 1%, debe llegar a unas conclusiones sólidas y claras respecto al meno
ambiental que se debe dar a determinado ecosistema.
Revisado y evaluado el documento, se determina que no se presenta
información que permita establecer las acciones y actividades desarrolladas
como cumplimiento de la inversión del 1%, para la recuperación, conservación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica de la quebrada Manoguía,
de conformidad con el Parágrafo del Artículo 43 de la Ley 99 de 1993.”
[…]
Diagnóstico de la cuenca del río Unete
Esta actividad reportada en el radicado 4120-E1-5715 del 21 de enero de 2008, no
puede ser aceptado (sic) como parte del Plan de Inversión del 1% para
Cupiagua XW, teniendo en cuenta que se trata de un documento general que se
dirige a demostrar la poca o nula afectación del medio ambiente en esta cuenca por
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los proyectos ejecutados por BPXC y no como un documento elaborado con el
fin de determinar que manejo se le debe dar a dicha cuenca y que implique las
actividades requeridas para contribuir a la conservación, preservación y
vigilancia de la microcuenca de la quebrada Manoguía que es el cuerpo de agua
objetivo de la Inversión del 1% para el proyecto.
[…]”. (Negrilla fuera de texto).
64. La Sala no evidencia los argumentos precisos y puntuales con base en los
cuales la parte demandante fundamenta los cargos de ilegalidad de tal decisión y
solicita su nulidad, pues en el recurso de apelación dirigió sus alegaciones, en
general, a explicar que cualquier obra o actividad enmarcada dentro de los
parámetros de recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que
alimenta la respectiva fuente hídrica, debe ser imputable al cumplimiento de la
inversión del 1%, en contravía del criterio jurisprudencial reiterado, según el cual, el
parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, es claro en prever la necesidad de que la
Administración determine, de manera específica, en qué obras y actividades de
recuperación, preservación y conservación de la cuenca se debe invertir el dinero
correspondiente a la inversión forzosa.
65. La Sala, respecto al análisis de legalidad sobre este numeral, comparte lo
dicho por el a quo, en el sentido que los diagnósticos presentados son documentos
generales que buscan demostrar la poca o nula afectación del medio ambiente, pero
no determinan el manejo que se debe dar a las dos cuencas, precisando las
actividades que contribuyan al objetivo de la inversión del 1% que es la
recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica.
66. Acorde con lo anteriormente expuesto y a lo previsto en el parágrafo del
artículo 43 de la Ley, la negativa de la parte demandada de considerar dichos
diagnósticos como factibles de ser aprobados como parte del Plan de Inversión del
1% para Cupiagua XW, se encuentra conforme a derecho.
67. La Sala, según lo expuesto, encuentra el numeral 15.2.2 del artículo segundo
del Auto No. 2330 de 2010 ajustado al ordenamiento jurídico superior en que debía
fundarse - Parágrafo del artículo 43 de la Ley 99.
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68. En lo relativo a las actividades contenidas en el numeral 15.2.3, referentes a
la inversión adicional propuesta para la compra del predio Cantaclaro en la Estrella
Fluvial de los Farallones, cuya negativa de no ser consideradas como posibles para
la aprobación del Plan de inversión del 1% para el proyecto licenciado, se basó en
que dicho inmueble no está en la cuenca de la quebrada Manoguía y Caño Rico,
sino en la cuenca del río Cusiana; y que como consecuencia de lo anotado, los
predios que se vayan a adquirir en la Estrella Fluvial de los Farallones, como
inversión adicional para el proyecto, deberán encontrarse dentro de la cuenca de la
quebrada Manoguía y Caño Rico, el concepto técnico núm. 0805 de 2010, precisó
lo siguiente:
“[…]
Evaluando la información enviada por la empresa al Artículo (sic) primero del Auto
2739 del 25 de septiembre de 2009, se establece que la Inversión adicional
propuesta para la Compra del predio Cantaclaro no puede ser aprobada como
parte de la Inversión del 1% para el proyecto Área de Pozos Cupiagua XW,
teniendo en cuenta que dicho predio se encuentra dentro de la cuenca del río
Cusiana y no dentro de la cuenca de la quebrada Manoguía y Caño Rico, como
lo estipula el Artículo Vigésimo Segundo de la Resolución 538 del 6 de julio de 1999.
En virtud de esta negativa, se establece en el mismo concepto técnico que: “[…] los
predios que la empresa vaya a adquirir en la Estrella Fluvial de los Farallones como
inversión adicional para este proyecto, deberán encontrarse dentro de la cuenca de
la quebrada Manoguía y Caño Rico y en concordancia con esto, tendrá que proceder
a enviar la información solicitada en los cuatro numerales del Artículo primero del
Auto 2739 del 25 de septiembre de 2009, para la evaluación de este Ministerio.
[…]”. (Negrilla fuera de texto).
69. La Resolución 0538 de 6 de julio de 199985, mediante la cual se otorgó la
licencia ambiental para la perforación de dos (2) pozos de desarrollo en el Área de
Pozos Cupiagua XW, en su artículo vigésimo segundo dispuso la obligación del 1%
y la cuenca de las quebradas Manoguía y Caño Rico como beneficiaria de dicha
inversión, en los siguientes términos:
85 “[…] “Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental” […]”. Otorgó la licencia ambiental para la
perforación de dos (2) pozos de desarrollo en el Área de Pozos Cupiagua XW.
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“[…] ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO-. La Empresa BP EXPLORATION
COMPANY (COLOMBIA) LTD, deberá destinar un 1% del total de la inversión del
proyecto, en actividades de recuperación, preservación y vigilancia de las Quebradas
Manoguía y Caño Rico, en el área de influencia del proyecto, inversión que deberá
ser proporcional a las actividades desarrolladas, al tenor de lo establecido en el
PARAGRAFO del Artículo 43 de la Ley 99 de 1.993.
[…]”. (Subrayado fuera de texto).
70. La Sala en relación con el análisis de legalidad de este numeral, también
comparte lo expuesto por el juez de primera instancia, al determinar que en los
documentos que fueron anexados en respuesta al artículo primero del Auto 2739 de
25 de septiembre de 2009, que describen el predio Cantaclaro, esta actividad no
forma parte del área de influencia del proyecto licenciado, la cual fue delimitada en
la Resolución 508 de 6 de julio de 1999, que otorgó la licencia ambiental; por tanto,
coincidió el a quo con la parte demandada, en que estas acciones no se pueden
considerar con cargo a la inversión del 1%, toda vez que la norma es clara en señalar
que las labores de recuperación, preservación y vigilancia se realizarán en la cuenca
hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica.
71. En efecto, el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99, prevé que la destinación
de no menos de un 1% del total de la inversión, es para la recuperación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente
hídrica y que se debe invertir dicho 1% en las obras y acciones de recuperación,
preservación y conservación de la cuenca que se determine en la licencia ambiental
del proyecto, la cual, en el caso sub examine fue la de las quebradas Manoguía y
Caño Rico, y no la cuenca del río Cusiana donde se encuentra ubicado el predio
Cantaclaro; en tal medida, esta actividad no podía considerarse como factible de ser
aprobada en el plan de inversión del 1%, como acertadamente lo decidió la parte
demandada en el numeral 15.2.3, por no cumplir con el supuesto normativo indicado
supra.
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72. La Sala, acorde con lo expresado, encuentra el numeral 15.2.3 del artículo
segundo del Auto No. 2330 de 2010 ajustado al ordenamiento jurídico superior en
que debía fundarse - Parágrafo del artículo 43 de la Ley 99.
73. En cuanto a la alegación sobre la afectación de la situación particular de la
parte demandante, la Sala reitera el criterio jurisprudencial 86 que ha venido
sosteniendo en asuntos similares al sub lite, al referirse al principio de confianza
legítima en los siguientes términos:
“[…] Señaló el actor que, conforme a esa confianza legítima, y obrando de buena fe, BP
desarrolló, implementó y ejecutó múltiples obras y actividades tendientes a conservar,
preservar y vigilar la respectiva cuenca en donde se tomó el recurso hídrico, para así
dar cumplimiento a la obligación de la inversión forzosa del 1%, razón por la que, no
puede el MINISTERIO obrar en contravía de sus actuaciones iniciales y, con base en
una interpretación descontextualizada del parágrafo del artículo 43 y del Decreto 1900
de 12 de junio de 2006 y sin fundamento alguno desconocer las cuantiosas inversiones
efectivamente realizadas.
Frente este cargo, la Sala comparte las consideraciones del a quo, en el sentido de
indicar que la demandada no modificó los parámetros para identificar qué clase de
acciones contaban para la observancia de la obligación consagrada en el parágrafo
del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, más cuando estas se ajustan a parámetros
objetivos determinados en la normatividad pertinente, en tanto no se acredita
la existencia de ningún acto administrativo o cualquier otra manifestación de
la Administración que permita inferir que el demandado haya aceptado las
acciones relacionadas con la Licencia Ambiental o el Plan de Manejo Ambiental
que fueron exceptuadas como parte de la inversión forzosa, motivo por el cual
se desestima el cargo […]”87 (Negrilla fuera de texto).
74. En consecuencia, el motivo de inconformidad no tiene vocación de
prosperidad.
75. En relación con el motivo de desacuerdo relativo a que la parte demandada
aplicó el Decreto 1900 de 2006, a las obras y actividades desarrolladas antes de su
expedición, la Sala remite a las consideraciones expuestas previamente en esta
86 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Hernando Sánchez
Sánchez; sentencia de 29 de abril de 2021; núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00782-01A.
87 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Hernando Sánchez
Sánchez; sentencia de 18 de julio de 2019; núm. único de radicación 250002324000201100242 02.
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providencia y que han sido reiteradas por la jurisprudencia de esta Sección, al
responder la inquietud referente a la aplicación retroactiva del citado decreto.
76. La Sala, frente al motivo de impugnación referente a que la actividad de
perforación de los pozos no se debe incluir en la base de liquidación de la inversión
del 1%, con fundamento en lo estudiado y decidido en la cuestión previa, se
abstendrá de realizar el análisis del mismo.
77. Por las razones anteriormente expuestas, no tienen vocación de prosperidad
los argumentos del recurso de apelación.
Conclusiones de la Sala
78. Considera que el numeral 15.1 del artículo segundo del Auto núm. 2330 de
2010, no constituye un acto administrativo de carácter definitivo; es una decisión de
trámite, razón por la cual, revocará parcialmente la sentencia proferida, en primera
instancia, y se declarará inhibida respecto de la pretensión de nulidad del numeral
citado supra.
79. En relación con los numerales acusados 15.2.1, 15.2.2 y 15.2.3 del artículo
segundo del Auto No. 2330 de 2010, los encuentra ajustados a la normativa
superior en que debían fundarse, motivo por el cual confirmará la sentencia
proferida en primera instancia.
Reconocimiento de personería
80. Vistos los artículos 160 de la Ley 1437, 74 y 75 de la Ley 1564,
respectivamente, sobre el derecho de postulación, poderes y la designación y
sustitución de apoderados, y demás normas concordantes y complementarias.
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59
Número único de radicación: 25000232400020110066501
Demandante: Ecopetrol S.A.
81. Atendiendo a que el abogado Mario Andrés Álvarez Rincón, identificado con
la cédula de ciudadanía núm. 80.169.386 y con la tarjeta profesional de abogado
núm. 143.758, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura allegó poder 88
para actuar en calidad de apoderado de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, y considerando que cumple con los requisitos de ley, esta
Sala le reconocerá personería.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: ACEPTAR la manifestación de impedimento del Consejero de Estado,
doctor Oswaldo Giraldo López, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 16 de junio de
2015 por la Subsección “C”, en Descongestión, de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, DECLARARSE INHIBIDA respecto
de la pretensión de nulidad del numeral 15.1 del artículo segundo del Auto núm.
2330 de 24 de junio de 2010, expedido por el Asesor de la Dirección de Licencias,
Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia proferida el 16 de junio de
2015 por la Subsección “C”, en Descongestión, de la Sección Primera del Tribunal
88 Cfr. Folio 59 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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60
Número único de radicación: 25000232400020110066501
Demandante: Ecopetrol S.A.
Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
CUARTO: RECONOCER personería al abogado Mario Andrés Álvarez Rincón,
para actuar en calidad de apoderado de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, en los términos y para los efectos del poder conferido que
obra en el expediente.
QUINTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
ISABEL CRISTINA JARAMILLO SIERRA
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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