Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00598-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00598-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2011-00598-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
19 de marzo de 2026
Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00598 01
Demandante: Koreanas Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00598 01
Demandante: Koreanas Ltda.
Demandada: Nación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tesis: No es susceptible de control judicial la decisión contenida en un acta por
medio del cual se impusieron medidas preventivas en caso de flagrancia e informe
preliminar.
Es susceptible de control judicial el acto administrativo a través del cual se legaliza
una medida preventiva en materia ambiental.
No es nulo el acto administrativo que impone una medida preventiva ambiental
consistente en la suspensión de actividades mineras y el decomiso de elementos,
si se encontraba en trámite una solicitud de legalización de minería tradicional.
No es cierto que la medida preventiva ambiental consistente en la suspensión de
actividades mineras y el decomiso de elementos, haya indicado como su
fundamento la inexistencia de licencia ambiental.
Los contratos de obra celebrados entre propietarios de los predios y la accionante
cuyo objeto comprendía la explotación y exploración minera y la excavación y
extracción de material de arrastre son irrelevantes al análisis de legalidad del acto
que impone una medida preventiva ambiental de suspensión de actividades y
decomiso de algunos elementos.
No es cierto que el a quo no valoró el dictamen pericial practicado en el proceso que
demostraba que la actividad de explotación minera se llevaba a cabo en los
inmuebles respecto de los cuales se había presentado la solicitud de legalización
de minería tradicional (radicados LCP-15381X y LCP-15431X).
No es cierto que la intervención de la abogada Martha Jimena Suárez Burgos haya
resultado determinante para la expedición de la medida preventiva ambiental de
suspensión de actividades y decomiso de algunos elementos.
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00598 01
Demandante: Koreanas Ltda.
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 28 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. DEMANDA
1.1. Pretensiones
1. Koreanas Ltda. presentó demanda contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho1, con las siguientes pretensiones:
«1°- Declarar la Nulidad de la Diligencia de Incautación a que hace referencia
el Acta de Imposición de Suspensión de toda Actividad Minera y Decomiso de
las máquinas retroexcavadoras que adelantara el Dr. Doctor (sic) CAMILO
ALEXANDER RINCON ESCOBAR de la Oficina de Licencias, Trámites y
Permisos Ambientales del Ministerio de Ambiente Vivienda y desarrollo
Territorial llevada a cabo en la famosa operación Gaitana I en el Predio la Isla
del Sol, Municipio de Rivera, Dpto. del Huila aquél 22 y 23 de febrero del 2011
por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, mismas a las que hace
referencia los primeros diez (10) folios del hoy expediente No. LAM-5286, en
las coordenadas que en dicha acta aparecen relacionados en donde además
de ordenar la suspensión de actividades, se procedió a decomisar trece (13)
máquinas retroexcavadoras de las características allí relacionadas que se le
incautaron al Sr. JIN HOAN JU portador de la cédula de extranjería No. 309978
expedida en Bogotá, representante legal de la firma Koreanas Ltda. distinguida
con el Nit. No. 900044229-3 por haber violado los artículos: 63, 65 y 67 del C.
de P. C. que dan cuenta sobre la actuación de mandatarios debidamente
constituidos y a los cuales se les debe reconoce personería para actuar, y en el
sub-judice, se escuchó, se atendió las afirmaciones que hiciera en la diligencia
la Sra. Marta Jimena Suarez Burgos, no obstante de no haber exhibido el
Memorial - poder que acreditara la condición que ella manifestaba tener, tal
como consta en el Folio tres (3) y nueve (9) del Acta de Imposición de Medidas
Preventivas en el hoy expediente LAM-5286 motivo por el cual se estructuró la
causal de Nulidad de que da cuenta el Nral. 7° del Artículo 140 del C de P. C, y
es deber de este despacho declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la
diligencia levantada en el acta aquél 22 y 23 de febrero del 2011 como se indicó
anteriormente, máxime cuando se dejó constancia en la referida Diligencia (sic)
y acta, de las manifestaciones que ofreciera la Sra. MARTA JIMENZA (sic)
SUAREZ BURGOS, no sin antes haber dado aplicación a lo preceptuado en
180, 181, 213, 214, 224, 226, 227, 228 del C. de P.C que permitieran al
despacho valorar dicho testimonio como lo previene y autorizan los artículos
187, 194, 195. 197, 198 ídem (sic). Y, al y al (sic) pretermitir las formalidades
propias de este proceso, esto es el señalado en los artículos 12, 13, 14, 15, y
1 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 «[…] Por el cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]».
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00598 01
Demandante: Koreanas Ltda.
16 de la Ley 1333 de 2009 en armonía y concordancia con los artículos 180,
181, 213, 214, 224, 226, 227, 228 del C de P.C automáticamente viola el Nral.
4° del artículo 140 del C. de P. C. que aun cuando se ha dicho siempre hace
referencia a los procesos que se los hace transitar por un procedimiento distinto
al señalado en la ley, esto es: Un ordinario, por el trámite Verbal o Abreviado, o
por un Ejecutivo, se pretermitió las formalidades señaladas en los artículos: 12,
13, 14, 15 y 16 de la Ley 1333 de 2009, configurándose entonces la nulidad de
que da cuenta el artículo 29 de la Constitución Nacional artículos y que la
Doctrina y la Jurisprudencia han recogido en la Sentencia de la Corte
Constitucional No. C-491de Noviembre 2/95 todo lo cual conduce a una abierta
violación al debido proceso, a una violación a la Defensa (sic) y violación a la
Recta Administración de Justicia, máxime cuando en dicha diligencia llevada a
cabo aquél 22 y 23 de febrero del 2010 se ha desconocido abiertamente el
parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 1382 de febrero 09 del 2010 que
les permite a la luz de lo señalado en el artículo 27 de la Ley 685 del 2001
celebrar Contratos de Obra o de Prestación de Servicios, a la luz de lo señalado
en los artículos: 1494, 1495, 1498, 1499, 1502, 1602, 1603 del código civil,
especialmente lo provisto en el Tit. XXVI, libro 4° Capitulo 8° artículos 2053 a
2062 del mismo código con los titulares de la Solicitud de Legalización de
Minería de Hecho esto es los señores: LUIS ENRIQUE TOVAR ALVARES,
LUISA PLAZAS DE TOVAR Y ENRIQUE TOVAR PLAZAS, quien (sic) figuran
ante INGEOMINAS como solicitantes de un Contrato de Contrato de Concesión
Minero, distinguidos como las planchas Nos. L.CP-15431X y LCP-15831X
acogiéndose, que desde ese 25 de Marzo del 2010 se acogieron a lo señalado
en el artículo 12 de la Ley 1382 del 2010, al exigirles, sin estar autorizados el
cumplimientos de requisitos a que no hace referencia el estatuto en mención,
esto es: La Licencia Ambiental ni el Contrato de Concesión Minera, con lo
cual se violó el Derecho de Defensa, del Derecho a la Recta Administración de
Justicia, el Derecho al Debido Proceso, el Derecho a la libertad de Empresa y
el Derecho al trabajo de que es titular el Sr. JIN HOAN JU como persona
individualmente considerada, al igual que la firma comercial que él representa,
esto es: Koreanas Ltda.
2°.- Del mismo modo, declarar la Nulidad de la Resolución No. 0331 de fecha:
Febrero 25 del 2011 expedida por la Dra. LUZ HELENA SARMIENTO
VILLAMIZAR Directora de la Oficina de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por
medio de la cual se legalizó unas Medidas Preventivas Impuestas, con la cual
se pretendió legalizar la Medida Preventiva Impuesta a Prevención por el citado
despacho, mediante el acta del 22 de Febrero del 2011 consistente en la
suspensión de actividades de la mina denominada Isla del Sol ubicada en el
predio Isla del Sol del municipio de Rivera, Dpto del Huila en el sitio con las
coordenadas geográficas: 02° 47 4.15" N 071° 19' 9.15" cuyos presuntos
responsables dizque eran la Empresa Koreanas Ltda. Nit. 900044229-3 con
domicilio en la ciudad de Neiva y/o los señores JIN HOAN JU identificado con
la cédula de extranjería No. 309978 LUIS ENRIQUE TOVAR PLAZAS, LUISA
PLAZAS DE TOVAR, JAIME IVAN LALINDE ... en donde además de ordenar
la suspensión de actividades, se procedió a decomisar trece (13) máquinas
retroexcavadoras de las características allí relacionadas que se le incautaron al
Sr. JIN HOAN JU portador de la cédula de extranjería No. 309978 expedida en
Bogotá, representante legal de la firma: Koreanas Ltda. distinguida con el Nit.
No. 900044229-3 por haberse violado con dicho acto administrativo que ahora
se declara su nulidad, los artículos: 63, 65 y 67 del C. de P. C. que dan cuenta
sobre la actuación de mandatarios debidamente constituidos y a los cuales se
les debe reconocer personería para actuar, y en el sub-judice, se escuchó, se
atendió las afirmaciones que hiciera en la diligencia la Sra. Marta Jimena Suarez
Burgos, no obstante de no haber exhibido el Memorial - poder que acreditara la
condición que ella manifestaba tener, siendo esta declaración el pilar y
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00598 01
Demandante: Koreanas Ltda.
fundamento de la resolución 0331 de febrero 25 del 2011, motivo por el cual se
estructuró la causal de Nulidad de que da cuenta el Nral. 7° del Artículo 140 del
C de P. C, motivo por el cual es deber de su despacho declarar la nulidad de
todo lo actuado a partir de la diligencia levantada en el acta aquél 22 y 23 de
febrero del 2011 como se indicó anteriormente, máxime cuando se dejó
constancia en la referida Diligencia y acta, de las manifestaciones que ofreciera
la Sera. (sic) MARTA JIMENZA (sic) SUAREZ BURGOS, no sin antes haber
dado aplicación a lo preceptuado en 180, 181, 213, 214, 224, 226, 227, 228 del
C de P.C que permitieran al despacho valorar dicho testimonio como lo previene
y autorizan los artículos 187, 194, 195, 197, 198 ídem. Y, al y al (sic) pretermitir
las formalidades propias de este proceso, esto es el señalado en los artículos
12, 13, 14, 15, y 16 de la Ley 1333 de 2009 en armonía y concordancia con los
artículos 180, 181, 213, 214, 224, 226, 227, 228 del C. de P.C. automáticamente
viola el Nral. 4° del artículo 140 del C de P. C. que aun cuando se ha dicho
siempre hace referencia a los procesos que se los hace transitar por un
procedimiento distinto al señalado en la ley, esto es: Un ordinario, por el trámite
Verbal o Abreviado, o por un Ejecutivo, se pretermitió las formalidades
señaladas en los artículos: 12, 13, 14, 15, y 16 de la Ley 1333 de 2009,
configurándose entonces la nulidad de que da cuenta el artículo 29 de la
Constitución Nacional artículos y que la Doctrina y la Jurisprudencia han
recogido en la Sentencia de la Corte Constitucional No. C-491de Noviembre
2/95 todo lo cual conduce a una abierta violación al debido proceso, a una
violación a la Defensa y violación a la Recta Administración de Justicia, además
de que con dicha resolución 0331 de febrero 25 del 2010 se ha desconocido
abiertamente el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 1382 de febrero 09
del 2010 que les permite a la luz de lo señalado en el artículo 27 de la Ley 685
del 2001 celebrar Contratos de Obra o de Prestación de Servicios, a la luz de lo
señalado en los artículos: 1494, 1495, 1498, 1499, 1502, 1602, 1603 del código
civil, especialmente lo provisto en el Tit. XXVI, libro 4º Capítulo 8° artículos 2053
a 2062 del mismo código con los titulares de la Solicitud de Legalización de
Minería de Hecho esto es los señores: LUIS ENRIQUE TOVAR ALVARES,
LUISA PLAZAS DE TOVAR Y ENRIQUE TOVAR PLAZAS, quien figuran ante
INGEOMINAS como solicitantes de un Contrato de Contrato (sic) de Concesión
Minero, distinguidos como las planchas Nos. LCP-15431X y LCP-15831X
acogiéndose, que desde ese 25 de Marzo del 2010 se acogieron a lo señalado
en el artículo 12 de la Ley 1382 del 2010, al exigirles, sin estar autorizados el
cumplimientos de requisitos a que no hace referencia el estatuto en mención,
esto es: La Licencia Ambiental ni el Contrato de Concesión Minera, con lo
cual se violó el Derecho de Defensa, del Derecho a la Recta Administración de
Justicia, el Derecho al Debido Proceso, el Derecho a la libertad de Empresa y
el Derecho al trabajo de que es titular el Sr. JIN HOAN JU como persona
individualmente considerada, al igual que la firma comercial que él representa,
esto es: Koreanas Ltda.
3°.- Declarar la Nulidad de la respuesta de fecha 29 de abril del 2011 que
ofreciera la Dra. LUZ HELENA SARMIENTO VILLAMIZAR Directora de la
Oficina de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a la Demanda (sic) de Nulidad que
formulara desde el 14 de marzo del 2011 el Dr. ORLANDO ORDOÑEZ
CHAVARRO, actuando en nombre y representación del Sr. JIN HOAN JU y de
la firma comercial Koreanas Ltda toda vez que está probado que dicha decisión
viola abiertamente los artículos 44, 45, 46 y 47 del Decreto 01 de 1984 toda vez
que toda decisión administrativa debe ser notificada personalmente con el lleno
de las formalidades y solemnidades prescritas por el legislador en los estatutos
antes referidos y al no cumplir con la ritualidad en ellos señalada,
necesariamente es de resorte obligatorio dar aplicación a lo señalado en el
artículo siguiente, esto es, el artículo 49 del C.C. Adm, máxime cuando el actor
demostró hasta la saciedad la abierta violación de los artículos: 63, 65 y 67 del
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C. de P. C. que dan cuenta sobre la actuación de mandatarios debidamente
constituidos y a los cuales se les debe reconocer personería para actuar, y en
el sub-judice, se escuchó, se atendió las afirmaciones que hiciera en la
diligencia la Sra. Marta Jimena Suarez Burgos, no obstante de no haber
exhibido el Memorial - poder que acreditara la condición que ella manifestaba
tener, siendo esta declaración el pilar y fundamento de la resolución 0331 de
febrero 25 del 2011, motivo por el cual se estructuró la causal de Nulidad de
que da cuenta el Nral. 7º del Artículo 140 del C de P. C, motivo por el cual era
deber del despacho denunciado declarar la nulidad de todo lo actuado a partir
de la diligencia levantada en el acta aquél 22 y 23 de febrero del 2011 como se
indicó anteriormente, máxime cuando se dejó constancia en la referida
Diligencia y acta, de las manifestaciones que ofreciera la Sera. MARTA
JIMENZA (sic) SUAREZ BURGOS, no sin antes haber dado aplicación a lo
preceptuado en 180, 181, 213, 214, 224, 226, 227, 228 del C de P.C que
permitieran al despacho valorar dicho testimonio como lo previene y autorizan
los artículos 187, 194, 195, 197, 198 ídem. Y, al y al (sic) pretermitir las
formalidades propias de este proceso, esto es el señalado en los artículos 12,
13, 14, 15, y 16 de la Ley 1333 de 2009 en armonía y concordancia con los
artículos 180, 181, 213, 214, 224, 226, 227, 228 del C de P.C automáticamente
viola el Nral. 4° del artículo 140 del C de P. C. que aun cuando se ha dicho
siempre hace referencia a los procesos que se los hace transitar por un
procedimiento distinto al señalado en la ley, esto es: Un ordinario, por el trámite
Verbal o Abreviado, o por un Ejecutivo, se pretermitió las formalidades
señaladas en los artículos: 12, 13, 14, 15, y 16 de la Ley 1333 de 2009,
configurándose entonces la nulidad de que da cuenta el artículo 29 de la
Constitución Nacional artículos y que la Doctrina y la Jurisprudencia han
recogido en la Sentencia de la Corte Constitucional No. C-491de Noviembre
2/95 todo lo cual conduce a una abierta violación al debido proceso, a una
violación a la Defensa y violación a la Recta Administración de Justicia,
además de que con dicha resolución 0331 de febrero 25 del 2010 se ha
desconocido abiertamente el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 1382
de febrero 09 del 2010 que les permite a la luz de lo señalado en el artículo 27
de la Ley 685 del 2001 celebrar Contratos de Obra o de Prestación de Servicios,
a la luz de lo señalado en los artículos: 1494, 1495, 1498, 1499, 1502, 1602,
1603 del código civil, especialmente lo provisto en el Tit. XXVI, libro 4° Capitulo
8° artículos 2053 a 2062 del mismo código con los titulares de la Solicitud de
Legalización de Minería de Hecho esto es los señores: LUIS ENRIQUE TOVAR
ALVARES, LUISA PLAZAS DE TOVAR Y ENRIQUE TOVAR PLAZAS, quien
figuran ante INGEOMINAS como solicitantes de un Contrato de Contrato (sic)
de Concesión Minero, distinguidos como las planchas Nos. LCP-15431X y LCP-
15831X acogiéndose, que desde ese 25 de Marzo del 2010 se acogieron a lo
señalado en el artículo 12 de la Ley 1382 del 2010, al exigirles, sin estar
autorizados el cumplimientos de requisitos a que no hace referencia el estatuto
en mención, esto es: La Licencia Ambiental ni el Contrato de Concesión
Minera, con lo cual se violó el Derecho de Defensa, del Derecho a la Recta
Administración de Justicia, el Derecho al Debido Proceso, el Derecho a la
libertad de Empresa y el Derecho al trabajo de que es titular el Sr. JIN HOAN
JU como persona individualmente considerada, al igual que la firma comercial
que él representa, esto es: Koreanas Ltda.
4- Como consecuencia de las nulidades ahora declaradas, y a título de
Restablecimiento del Derecho a que hace referencia el artículo 85 del Decreto
01 de 1984 ordénese: El levantamiento del Decomiso al igual que las Medidas
Previas Decretadas en las providencias anteriores sobre los bienes muebles
objeto de tales medidas, al igual que ordénese la devolución inmediata dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
todas y cada una de trece (13) máquinas retroexcavadoras que fueron
decomisadas y objeto de medidas previas, al Sr. JIN HONA (sic) JU, portador
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00598 01
Demandante: Koreanas Ltda.
de la cédula de extranjería No. 309978 expedida en Bogotá, representante legal
de la firma: KOREANAS LTDA, mismos a los que hace referencia la señalada
Resolución No. 0331 de Febrero 25 del 2011 dictada por el mencionado
despacho en el expediente No. LAM-5286, máquinas retroexcavadoras que
aparecen relacionadas en la Diligencia y Acta levantadas en el sitio de los
hechos aquél 22 y 23 de Febrero del 2011 y que se perfeccionara su decomiso
y legalizara las Medidas Preventivas Decretas sobre ellas, es decir las
siguientes máquinas retroexcavadoras:
Doosan DX300lca DHKCECAAE90007628
Volvo EC290BLC VCEC290BV0014418
Volvo EC290BLC VCEC290BK00015726
Doossan DX300LC DHKHECGOC70007019
Volvo EC290BLC VCEC290BE00015493
Volvo EC290BLC VCEC210BC00019904
Doosan DX300LCA DHKCEEAAL90007805
Volvo EC290BLC VCEC90BT00015738
Doosan DHKCECAAKA0008238
Kobelco SK210LC YQO9U4030
Kobelco SK210LC YQO08U2195
Doosan DX300LCA DHKCECAAEA0008170
Volvo EC290BLC VCEC290BK00016388
4°- (sic) Para la (sic) cabal cumplimiento de la decisión que ahora se hace,
mediante oficio, ordénese al Sr. Director de la Corporación Autónoma Regional
del Alto Magdalena CAN de la ciudad d (sic) Neiva, Dpto del Huila para que se
sirva proceder de inmediato hacer devolución inmediata al Sr. JIN HOAN JU,
portador de la cédula de extranjería No. 309978 expedida en Bogotá,
Representante legal de la firma: KOREANAS LTDA distinguida con el Nit. No.
900044229-3 de todas y cada una de las trece (13) máquinas retroexcavadoras
descritas y relacionadas en este proveído, mismas que aparecen relacionadas
en la Diligencia y Acta de Decomiso e Imposición de Medidas Preventivas del
22 y 23 de Febrero (sic) del 2011 al igual que en la Resolución 0331 de fecha:
Febrero 25 de 2011 emanada de este despacho.
5°.- Remitir copia de la providencia que declara la nulidad de las actuaciones
antes relacionadas, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y
Agrarios: a la Dirección de Carabineros de la policía Nacional - DICAR - al
Instituto Nacional de Geología y Minería INGEOMINAS; a la Gobernación del
Huila; al Fisca (sic) Séptimo Local de Neiva, Dr. Edgar Lasso en la Calle 7 No.
5-45 Piso 5 de Neiva: a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
• y al Departamento Administrativo de Seguridad DAS para su conocimiento y
fines pertinentes.
6°.- Condénese a la Nación, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial a pagar dentro de los tres (3) días siguientes al término de ejecutoria
de este proveído, a título de Daño Emergente, a favor del Sr. JIN HOAN JU y
Koreanas Ltda de las condiciones civiles ampliamente conocida en autos, la
suma de $ 168.480.000,00 CIENTO SESENTA OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL, que
corresponde a los dineros dejados de percibir a Junio del 2011 demás (sic) del
valor de las máquinas retroexcavadoras las cuales a le (sic) fecha de
presentación de la demanda ya la depreciación había llegado al máximo,
haciendo que dicho parque automotor sea inservible como quiera que la CAM
celebró Contratos Interadministrativos con entidades territoriales con ocasión a
los estatutos que expidiera el Dr. Juan Manuel Santos con los cuales pretendía
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00598 01
Demandante: Koreanas Ltda.
conjurar la crisis invernal que azotó el país entonces, suma esta que asciende
a la suma de: $2.467.371.281.50 DOS MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y
SIETE MILLONES TRES CIENTOS SETENTA Y UN MIL DOS CIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS de conformidad con
la prueba documental allegada al proceso, esto es Facturas y manifiestos de
Importación. Del mismo modo, ordénese la indexación a que por ley tienen los
actores, la cual se deberá liquidar al momento de expedir la sentencia ahora
solicitada, para lo cual se deberá solicitar a la Superintendencia Bancaria que
se sirvan remitir a este despacho, con destino a este expediente la
correspondiente Certificación, con la cual se hará la correspondiente
actualización del monto a liquidar al momento de expedir la sentencia.
7°.- Condénese a la Nación, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial a pagar dentro de los tres (3) días siguientes al término de ejecutoria
de este proveído, a título de Lucro Cesante, a favor del Sr. JIN HOAN JU y
Koreanas Ltda de las condiciones civiles ampliamente conocida en autos, la
suma de $20.217.600.000,00 VEINTE MIL DOS CIENTOS DIEZ Y SIETE
MILLONES SEIS CIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE para lo cual
se tuvo en cuenta la vigencia de la firma comercial Koreanas Ltda que se
extendería por los próximos 10 años contados aproximadamente desde la fecha
de presentación de la demanda, dineros dejados de percibir con ocasión a los
daños y perjuicios padecidos por los actos administrativos que ahora se declara
su nulidad. Del mismo modo, ordénese la indexación a que por ley tienen los
actores, la cual se deberá liquidar al momento de expedir la sentencia ahora
solicitada Del mismo modo, ordénese la indexación a que por ley tienen los
actores, la cual se deberá liquidar al momento de expedir la sentencia ahora
solicitada, para lo cual se deberá solicitar a la Superintendencia Bancaria que
se sirvan remitir a este despacho, con destino a este expediente la
correspondiente Certificación, con la que se hará la correspondiente
actualización del monto a liquidar al momento de expedir la sentencia.
8°- Condénese a la Nación, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial a pagar dentro de los tres (3) días siguientes al término de ejecutoria
de este proveído. a título de Perjuicios Morales, a favor del Sr. JIN HOAN JU,
de las condiciones civiles ampliamente conocida en autos, a título de Perjuicio
Moral el equivalente al cien (100) kilos de oro puro, para lo cual se solicitará al
Banco de la República, Certificación del valor de gramo oro puro a la fecha de
expedición de esta sentencia […].»2
1.2. Actos demandados
2. El Acta de imposición de medidas preventivas en caso de flagrancia e informe
preliminar dispuso:
«1. DATOS DEL PRESUNTO INFRACTOR AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN
PERSONA NATURAL
2 Samai, archivo
«98ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_01DEMANDA.pdf».
7
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00598 01
Demandante: Koreanas Ltda.
[…]
PERSONA JURÍDICA
[…]
2. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
El 22 del mes de febrero de dos mil once (2011), siendo las 5:15 pm en visita
de inspección al predio Isla del Sol, cuya localización se describe en la presente
acta, se encontró el desarrollo de una actividad minero extractiva de oro y otros
materiales, en las siguientes condiciones:
• Con título minero sí ( ) no (X)
Descripción:
Se verificaron coordenadas con el Ingeominas y se encontró solicitud de
contrato de concesión por María Celenia Arias Ramírez con radicación JCQ-
08149X
[…]
3. DICHA ACTIVIDAD CORRESPONDE A EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO
MEDIANTE EL USO DE LA SIGUIENTE MAQUINARIA:
[…]
[…]
8
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00598 01
Demandante: Koreanas Ltda.
[…]
5. BENEFICIO DEL MATERIAL EXTRAÍDO MEDIANTE:
[…]
• Lavado con agua (x)
[…]
6. CON LAS ACTIVIDADES MINERO-EXTRACTIVAS SE ESTA
GENERANDO:
• Cambio en las propiedades físicas de los suelos. Si (x) No ( ).
Descripción: Generada por remoción del suelo.
• Cambio en el uso del suelo: Si (x) No ( ).
Descripción: La vocación del suelo se ve afectada por la explotación minera.
-Activación de procesos erosivos y desestabilización de terrenos: Sí (x) No ( ).
Descripción: Generado por extracción de materiales.
-Alteración de las geoformas predominantes Si (x) No ( )
Descripción: Por intervención con maquinaria pesada.
• Alteración de la calidad visual del paisaje Si (x) No ( )
Descripción: Remoción de capa vegetal.
• Desaparición y/o transformación de ambientes lóticos y lénticos. Si (x) No ( )
Descripción: por utilización del recurso en las labores mineras.
• Cambio en el flujo y la dinámica de corrientes superficiales. Si (x) No ( )
Descripción: Para la extracción del material.
• Disminución de la disponibilidad del recurso hídrico para usos aguas abajo. Si
(x) No ( )
Descripción: Por utilización del agua en la actividad minera.
• Generación y disposición inadecuada de residuos sólidos. Si (x) No ( )
Descripción: Mala disposición de canecas y residuos sólidos.
• Disminución de la cobertura vegetal. Si (x) No ( )
Descripción: Pérdida de la cobertura por remoción de material.
• Pérdida de hábitats apropiados para la fauna terrestre. Sí (x) No ( )
Descripción: Alteración del paisaje y las condiciones del hábitat natural.
Como se evidencia, se está causando alteración al medio ambiente y a los
recursos naturales por la actividad minero – extractiva de oro de la naturaleza,
en los términos del artículo 8° del Código de los Recursos Naturales Renovables
y de la Protección del Medio Ambiente (Decreto- ley 2811 de 1974), en
cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la
salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del
ambiente, de los recursos de la Nación o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos
o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración
ambiental de las precedentemente descritas. La contaminación puede ser física,
química o biológica.
[…]
Observaciones:
Dejando las personas capturadas en la URI de Neiva. Se presentó abogada
(sic) Martha Jimena Suárez Burgos quien manifestó ser representante de la
empresa Koreanas Ltda sin presentar poder e informó que las actividades
minero extractivas las realiza la empresa Koreanas Ltda quien labora con
porcentaje en títulos mineros de Luis Enrique Tovar Plazas y Luisa Plazas de
Tovar que el título es e EE091 (radicación a la cual le falta un dígito) y que no
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Demandante: Koreanas Ltda.
cuenta con licencia ambiental , pero que tiene un asesoría con la CAM para
hacer la restauración ambiental del área.
[…]
8. MEDIDAS PREVENTIVAS
SÍ [X] NO [ ]
Cuáles:
Suspensión del proyecto, obra o actividad (art. 39, Ley 1333 de.2009) (X)
Observaciones: Se impone medida preventiva de suspensión de actividades por
la realización de actividades de explotación minera sin contar con título minero
ni licencia ambiental y la realización de daño al medio ambiente y a los recursos
naturales renovables con dicha actividad.
Decomiso y aprehensión preventiva de productos, elementos, medios, equipos,
vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción
ambiental o producido como resultado de la misma, (art. 38, Ley 1333 de 2009,
adicionado por el artículo 1° del Decreto Legislativo 4673 del 17 de diciembre
de - 2010) (X)
Observaciones: Se decomisa las retroexcavadoras y demás maquinaria
relacionada en el numeral 3 de esta acta, por tratarse de elementos con los
cuales se desarrolla la actividad minera extractiva […].»3
3. La Resolución 0331 de 25 de febrero de 2011, por medio de la cual la Dirección
de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial «legaliza unas medidas preventivas impuestas en
flagrancia», prevé:
«RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Legalizar la medida preventiva impuesta a prevención
por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante acta del 22 de febrero
de 2011, consistente en la suspensión de actividades de la mina denominada
Isla de Sol, ubicada en el predio isla del Sal del municipio de Rivera,
departamento de Huila, específicamente en el sitio con coordenadas
geográficas 02° 47´ 4.15" N 071° 19' 9.15" W., cuyos presuntos responsables
son la empresa KOREANAS LTDA, NIT. 900044229-3, con domicilio en la
ciudad de Neiva, y/o los señores JIN HOAN JU, […] LUIS ENRIQUE TOVAR
PLAZAS, LUISA PLAZAS DE TOVAR, JAIME IVAN LALINDE BALBUENA […]
y MARÍA CELENIA ARIAS RAMÍREZ.
ARTICULO SEGUNDO.- Legalizar la medida preventiva impuesta a prevención
por la Dirección de Licencias, Ambiente, Permisos y Trámites Ambientales del
Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante acta del 22 de febrero
de 2011, consistente en el decomiso preventivo de los siguientes elementos:
3 Folios 296 a 306 del Cuaderno Principal del Tribunal.
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Demandante: Koreanas Ltda.
MARCA MODELO SERIAL
DOOSAN DX300lca DHKCECAAE90007628
VOLVO EC290BLC VCEC290BV0014418
VOLVO EC290BLC VCEC290BK00015726
DOOSSAN DX300LC DHKHECGOC70007019
VOLVO EC290BLC VCEC290BE00015493
VOLVO EC290BLC VCEC210BC00019904
DOOSAN DX300LCA DHKCEEAAL90007805
VOLVO EC290BLC VCEC90BT00015738
DOOSAN DHKCECAAKA0008238
KOBELCO SK210LC YQO9U4030
KOBELCO SK210LC YQO08U2195
DOOSAN DX300LCA DHKCECAAEA0008170
VOLVO EC290BLC VCEC290BK00016388
DRAGA Sin identificación Sin identificación
DRAGA Sin identificación Sin identificación
MOTOBOMBA Sin identificación Sin identificación
ARTICULO TERCERO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales, crear el expediente LAM5286, para que se glosen los documentos
relacionados con la medida preventiva que mediante el presente acto
administrativo se legaliza.
ARTICULO CUARTO.- Remitir el acta del 22 de febrero de 2011 en la cual
constan las medidas preventivas impuestas y demás actuaciones posteriores
que obran en el expediente LAM5286, a la Corporación Autónoma Regional del
Alto Magdalena - CAM, como autoridad ambiental competente, en cumplimiento
de lo dispuesto en el parágrafo del artículo segundo de la Ley 1333 de 2009.
PARAGRAFO: La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM,
de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1333 de 2009; en un término no
mayor a diez (10) días deberá proceder a evaluar si existe mérito para iniciar
procedimiento sancionatorio contra la empresa KOREANAS LTDA, NIT.
900044229-3, con domicilio en la ciudad de Neiva, y/o los señores JIN HOAN
JU, […] LUIS ENRIQUE TOVAR PLAZAS, LUISA PLAZAS DE TOVAR,
JAIME IVAN LALINDE BALBUENA […] y MARÍA CELENIA ARIAS RAMÍREZ;
o cualquier otro posible, infractor, y determinar sobre la continuidad de las
medidas preventivas impuestas.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo
a la empresa KOREANAS LTDA, con domicilio en la ciudad de Neiva […] a
través de su representante legal o apoderado debidamente constituido y a los
señores JIN HOAN JU, LUIS ENRIQUE TOVAR PLAZAS y LUISA PLAZAS DE
TOVAR, […] JAIME IVÁN LALINDE BALVUENA […] y MARÍA CELENIA ARIAS
RAMÍREZ […]
ARTÍCULO SEXTO.- Remitir copia de la presente Resolución a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, a la Dirección de Carabineros
de la Policía Nacional – DICAR, al Instituto Nacional de Geología y Minería […]
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y al Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS, para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra lo establecido en el presente acto administrativo
no procede recurso alguno.»
4. El Oficio sin número de 29 de abril de 2011, que negó la solicitud de nulidad del
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proceso administrativo LAM5286, señala en lo pertinente:
«[…] Tanto el acta de imposición de medidas preventivas, como la resolución
que legalizó dichas medidas son actos administrativos de carácter particular y
concreto, en tanto que son manifestaciones expresas de la voluntad de la
administración, tendientes a producir efectos jurídicos.
[…]
Así las cosas no es procedente la declaratoria de nulidad del Acta de Imposición
de Medidas Preventivas en Caso de Flagrancia, contentiva de la diligencia
practicada en la mina denominada “La Isla del Sol” en el municipio de Rivera,
departamento del Huila el día 22 de febrero de 2011 y de la Resolución 331 del
25 de febrero de 2011 […] se deniega también igualmente la solicitud de
levantamiento de las medidas preventivas impuestas por este Ministerio como
autoridad a prevención, así como la solicitud de ordenar al Director General de
la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM.
[…]»4
1.3. Supuestos fácticos
5. Narró que Koreanas Ltda., cuyo representante legal era Jin Hoan Ju, realizaba
actividades mineras en el predio La Isla del Sol en el marco de un contrato de obra
celebrado con Luis Enrique Tovar Álvarez, Luisa Plazas de Tovar y Luis Enrique
Tovar Plazas, quienes a su vez, habían presentado solicitudes de legalización de
minería de hecho (Radicaciones LCP-15341X y LCP-15831X) en trámite ante el
Instituto Colombiano de Geología y Minería (en adelante Ingeominas), amparadas
por el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010. Argumentó que estaban cobijados por un
régimen que los eximía de contar con licencia ambiental de manera previa y los
protegía de medidas preventivas mientras se resolvía su solicitud.
4 Folio 140 a 144 del Cuaderno Principal del Tribunal.
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6. Indicó que el 22 de febrero de 2011, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, actuando como autoridad a prevención de la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena (en adelante CAM) junto con varias
entidades (Policía Nacional, Ingeominas, DIAN), realizó un operativo denominado
Gaitana I en el predio La Isla del Sol, ubicado en el municipio de Rivera (Huila); que
en desarrollo de la diligencia se impusieron medidas preventivas, incluyendo la
suspensión de actividades mineras y el decomiso de 13 máquinas
retroexcavadoras, al encontrar en flagrancia explotación minera sin título ni licencia
ambiental. Añadió que en desarrollo del operativo no estuvo presente el
representante legal de la firma Koreanas Ltda.
7. Precisó que en las instalaciones de la URI de Neiva, se presentó la abogada
Martha Jimena Suárez Burgos, quien manifestó ser la apoderada de Koreanas Ltda.
Sin embargo, no exhibió poder que la acreditara como mandataria de la empresa o
de su representante legal y a pesar de ello afirmó que: i) Koreanas Ltda. trabajaba
con porcentajes en un supuesto título minero de la familia Tovar Plazas (Radicación
EE091), ii) la empresa no contaba con licencia ambiental y iii) tenía una asesoría
con la CAM para la restauración ambiental.
8. Indicó que el 24 de febrero de 2011, se emitió el Concepto Técnico 0277 de 2011
por parte de funcionarios del Ministerio referido que recomendaba la imposición y
legalización de las medidas preventivas.
9. Señaló que el 25 de febrero de 2011, la Dirección de Licencias, Permisos y
Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
expidió la Resolución 0331 de 2011, mediante la cual se legalizaron formalmente
las medidas preventivas de suspensión y decomiso. Argumentó que dicha decisión
se tomó con fundamento en las declaraciones de Martha Jimena Suarez Burgos, a
pesar de que en el acta de imposición se había dejado constancia de la no
presentación de poder.
10. Manifestó que el 15 de marzo de 2011, la ahora demandante presentó un
incidente de nulidad contra el acta y la Resolución 0331 de 2011, con fundamento
en la indebida representación establecida en el numeral 7º del artículo 140 del
Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC), al haberse otorgado valor
probatorio a las declaraciones de una persona que no acreditó su personería.
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11. Añadió que se expuso como fundamento de la nulidad el incumplimiento del
artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, al no haber hecho entrega del acta con sus
requisitos y no contar con la firma del presunto infractor. Así mismo informó que se
expuso como motivo de inconformidad el haberse dado un trámite diferente al que
corresponde y el de violación al debido proceso conforme el artículo 29 de la
Constitución Política.
12. Adujo que el 4 de mayo de 2011 recibió por correo certificado oficio de fecha 29
de abril de 2011, mediante el cual el Ministerio demandado respondió al incidente
de nulidad y negó sus pretensiones bajo el argumento de que el proceso se
encontraba en sede administrativa y no judicial por lo que las causales de nulidad
del CPC no eran aplicables Así mismo, se señaló que la información de la abogada
Suárez no fue el pilar fundamental de la decisión, sino los hechos evidenciados por
los funcionarios que asistieron a la diligencia.
13. Informó que este acto administrativo de respuesta a la nulidad no fue notificado
personalmente sino que les fue enviado por correo, lo que impidió impugnarlo
mediante recursos.
14. Señaló que Koreanas Ltda. suscribió el 27 de enero de 2011 un contrato con la
empresa de servicios temporales AICE Ltda., para la vinculación de todo el personal
requerido. Indicó también que el 10 de enero de 2011 suscribió un negocio jurídico
con la empresa Seguridad Astro Ltda. para la prestación de servicios de vigilancia.
15. Informó que la medida adoptada por la Administración dejó un total de 81
personas sin trabajo.
1.4. Normas violadas
16. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 2, 4, 5, 6, 13, 23,
25, 29, 87 y 100 de la Constitución Política; 12 de la Ley 1382 de 2010; 27 de la Ley
685 de 2001; 12, 13, 14, 15, y 16 de la Ley 1333 de 2009; 140, 180, 181, 187, 194,
195, 197, 198, 213, 214, 224, 226, 227, 228 del CPC.;
1.5. Concepto de la violación
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17. Expuso que se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa contemplados
en el artículo 29 de la Constitución Política, al ordenarse el decomiso de las 13
máquinas retroexcavadoras y la suspensión de la actividad minera.
18. Manifestó que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (en
adelante MAVDT), en conjunto con la Oficina de Licencias, Trámites y Permisos
Ambientales y su Asesor, incumplieron su deber constitucional establecido en los
artículos 2, 4, 5, 6 y 13 de la Constitución Política de proteger a los demandantes a
sabiendas que eran extranjeros y de sus dificultades con el idioma. Expuso que las
autoridades lejos de brindar orientación y colaboración, los han perseguido de
manera implacable, causándoles perjuicios morales y patrimoniales.
19. Argumentó que la parte demandada incurrió en una vía de hecho, abuso y
desviación del poder al ejercer arbitrariamente sus competencias, pues no observó
lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley 685 de 2001, los artículos 1494, 1495,
1498, 1499, 1502, 1602, 1603, 2053 a 2062 y el Título XXVI, Libro 4, Capítulo 8 del
Código Civil (en adelante CC) y el artículo 12 de la Ley 1382 de 20105, al momento
de resolver sobre la nulidad solicitada el 14 de marzo de 2011, pues la parte actora
no tenía contrato minero inscrito en el Registro Minero Nacional ni Licencia
Ambiental y estos no eran exigibles habida cuenta de que estaba en trámite una
solicitud de legalización minera de hecho identificada con las radicaciones LCP-
15341X y LCP-15831X presentadas por la familia Tovar Plazas, con quienes a su
vez Koreanas Ltda. ejercía su derecho a operar bajo el marco de los subcontratos
mineros.
20. Señaló además que Koreanas Ltda. desarrollaba actividades de explotación
minera en el predio La Isla del Sol, en virtud de acuerdos contractuales celebrados
con los señores Luis Enrique Tovar Álvarez, Luisa Plazas de Tovar y Luis Enrique
Tovar Plazas quienes adelantaban solicitudes de legalización de minería de hecho
ante Ingeominas. Indicó que, según lo manifestado durante la diligencia, la empresa
operaba en el marco de dichos vínculos negociales y con participación porcentual
en la explotación, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las autoridades
en el curso del operativo. No obstante, sostuvo que al momento de imponer las
5 «Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas».
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medidas preventivas y posteriormente legalizarlas mediante la Resolución 0331 de
2011, la Administración no valoró de manera suficiente esa situación fáctica y
contractual, limitándose a considerar la actividad minera como realizada sin título ni
licencia ambiental, omitiendo el contexto en el que la empresa ejecutaba las labores
y la relación existente con quienes tenían trámites de legalización en curso.
21. Agregó que según concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Minas y Energía, contenido en el oficio radicado No. 2010009986 del
1 de marzo de 2010, tratándose de solicitudes de legalización minera reguladas por
el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, la exigencia de licencia ambiental no resultaba
procedente en esa etapa, al tratarse de un régimen exceptivo, la normativa
únicamente requería la presentación del Plan de Manejo Ambiental.
22. Manifestó que se desconoció el procedimiento para la imposición de medidas
preventivas establecido en los artículos 12 a 16 de la Ley 1333 de 2009,
configurándose así la nulidad del numeral 4° del artículo 140 del CPC y la violación
los artículos 23 y 29 de la Constitución Política, por quebrantamiento del debido
proceso, el derecho de defensa y la recta administración de justicia, conforme a la
sentencia C-491 de 1995.
23. Adujo que las autoridades ambientales, al incorporar y valorar las declaraciones
de la abogada Martha Jimena Suárez Burgos en el acta y la Resolución 0331 de
2011, incumplieron las normas procesales que regulan la prueba testimonial,
específicamente los artículos 187, 194, 195, 197 y 198 del CPC.
24. Señaló que se le negó la oportunidad de impugnar la respuesta del 29 de abril
de 2011 que despachó desfavorablemente la solicitud de nulidad, ya que su
notificación incumplió los requisitos de los artículos 44 a 47 del CCA y por tanto no
se tenía por hecha, en aplicación del artículo 48 de esta normativa.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
25. La parte demandante interpuso demanda contra el MAVDT; sin embargo, el
Tribunal, mediante auto del 26 de enero de 2012, ordenó notificar personalmente
tanto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante MADS) como
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (en adelante MVCT), debido a que la
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cartera ministerial demandada había sido escindida como resultado de la
reorganización dispuesta por la Ley 1444 de 2011.
26. El MVCT 6 adujo que los actos administrativos demandados, específicamente
los relacionados con la legalización de medidas preventivas dentro del expediente
LAM 5286 de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, no fueron
expedidos por dicha cartera ministerial.
27. Aclaró que el Decreto-Ley 3570 de 2011 estableció que todas las referencias
normativas al MAVDT en materia ambiental deben entenderse referidas al MADS.
De igual forma, manifestó que la norma en mención define que el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio no cuenta con competencias en licencias ambientales.
28. Explicó que el Decreto-Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (en adelante ANLA), le asignó funciones específicas como
otorgar o negar licencias ambientales, realizar su seguimiento, adelantar
procedimientos sancionatorios ambientales y asumir la representación judicial y
extrajudicial de la Nación en asuntos de su competencia.
29. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que
no tiene funciones relacionadas con otorgamiento de licencias ambientales ni
imposición de medidas preventivas en caso de presunta minería ilegal.
30. Mediante auto del 13 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vinculó en calidad de litisconsorte necesario a la ANLA, en razón a
que el objeto de la demanda se centraba en la nulidad de actos administrativos
mediante los cuales se legalizaron medidas preventivas impuestas a la sociedad
actora y dicha investigación administrativa había sido asumida por la referida
autoridad ambiental.
31. Como respuesta a su vinculación la ANLA señaló que la actuación
administrativa respetó plenamente el procedimiento establecido en la Ley 1333 de
2009, al i) imponer medidas preventivas durante la Operación Gaitana I en atención
6 Samai, archivo «115ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO» - Folios
355 a 362 del Cuaderno Principal del Tribunal.
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a que sorprendió a los trabajadores en flagrancia realizando explotación minera sin
licencia ambiental, ii) legalizar dichas medidas mediante Resolución 331 dentro del
término legal de 3 días y iii) remitir las actuaciones a la CAM dentro de los 5 días
hábiles siguientes, conforme a su facultad de actuación a prevención 7.
32. Expuso que en la CAM obra el expediente del procedimiento sancionatorio
respectivo bajo el número 1.102-2011, adelantado en contra de la empresa
Koreanas Ltda., Jin Hoan Ju, María Cenelia Arias, Jaime Iván Lalinde, Enrique
Tovar Plaza y Luisa Plazas de Tovar. Aclaró que culminó en el año 2012 mediante
sanción ambiental contenida en la Resolución 176 del mismo año.
33. Sostuvo que las medidas preventivas no constituyen una violación al debido
proceso, pues la sentencia C-703 de 2010 de la Corte Constitucional las reconoce
como instrumentos necesarios para neutralizar riesgos ambientales y justifica las
limitaciones razonables a derechos como la propiedad y la libre empresa en aras de
la prevalencia del interés general y la protección del medio ambiente sano.
34. Destacó que la imposición de medidas preventivas constituye una carga legítima
que los particulares deben soportar en atención al principio de prevalencia del
interés general, fundamentándose en la jurisprudencia constitucional (sentencia C-
450 de 2003) que ha reconocido el carácter de medidas de prudencia a las
actuaciones preventivas estatales en materia ambiental.
35. Argumentó que se observó el debido proceso administrativo, se respetaron las
oportunidades procesales del presunto infractor para defenderse e incluso se otorgó
respuesta a cada una de las peticiones formuladas por la parte activa, a pesar de
su improcedencia.
36. Finalmente expuso que el acta de imposición de medidas preventivas, la
resolución que las legalizó y el oficio que negó la nulidad, no son actos
administrativos definitivos. Explicó que la actuación administrativa sancionatoria
concluye con el acto que declara responsable al presunto infractor e impone la
sanción respectiva.
7 Samai, archivo «137ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO» - folios
368 a 407 del Cuaderno Principal del Tribunal.
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Demandante: Koreanas Ltda.
37. Explicó que las medidas preventivas no son sanciones, no tienen el carácter de
definitivas y se basan en presunciones de culpa o dolo que pueden ser desvirtuadas
dentro del correspondiente proceso sancionatorio, el cual finaliza con un acto
administrativo definitivo demandable ante esta Jurisdicción.
38. El MADS no se pronunció sobre el particular.
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
39. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 28 de
julio de 20158 i) declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva y de actos no demandables respecto al acta de decomiso y la
Resolución 0331 de 2011; ii) declaró probada la excepción de acto no demandable
respecto a la respuesta del 29 de abril de 2011 y iii) negó las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:
3.1. Excepciones
40. Desestimó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el MAVDT, argumentó que aunque la ANLA asumió por
desconcentración las funciones de licencias ambientales y se le asignó la
representación judicial, dicha entidad no tiene personería jurídica por lo que su
representación le corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
entidad que goza de personería jurídica y por tal razón es quien tiene capacidad
para ser parte en el proceso.
41. Expuso que existe nexo causal entre el actuar del MADS al haber sido la
autoridad que expidió el acto demandado e intervenir en las situaciones de hecho
que fundan la demanda.
42. Asimismo, declaró procedente el control jurisdiccional sobre el acta y la
Resolución 0331 de 2011, por considerar que son actos administrativos que, al
8 Samai, archivo: «032CUADERNO TRIBUNAL PRINCIPAL.pdf», folios 875 a 935 del Cuaderno
Principal del Tribunal. Con salvamento de voto de la Magistrada Gloria Dorys Álvarez García.
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imponer la suspensión de actividades y el decomiso, producen afectaciones directas
a los derechos del demandante.
43. Sobre el acta adujo que en ella se dejó constancia de las afectaciones
observadas además de imponerse medidas preventivas y decisiones de decomiso
de maquinarias, lo que la convierten en una decisión enjuiciable.
44. En cuanto al acto administrativo de legalización de medidas preventivas
impuestas en flagrancia, argumentó que se expide de manera independiente al de
la sanción definitiva, pues las medidas no constituyen una sanción. Por lo tanto,
añadió que tienen una naturaleza distinta pues la primera de ellas busca garantizar
el principio de precaución mientras que el acto sancionatorio determina la
responsabilidad del infractor.
45. No obstante, se inhibió de pronunciarse sobre la respuesta del 29 de abril de
2011, por tratarse de un acto de mero trámite que no crea una situación jurídica y
cuyos argumentos podían ser debatidos en el procedimiento sancionatorio que
estaba en curso.
3.2. Asunto de fondo
46. Advirtió que conforme a las pruebas allegadas al expediente, se constató que
con ocasión del operativo adelantado en el predio Mina Isla del Sol, la autoridad
ambiental impuso medidas preventivas de suspensión de toda actividad minera y
decomiso de maquinaria por la explotación de oro sin título minero ni licencia
ambiental.
47. Manifestó que el material probatorio aportado por el actor no desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos demandados, pues no acreditó que la actividad
minera se desarrollara en condiciones de protección ambiental.
48. Arguyó que, aunque el actor aportó solicitudes de legalización minera y
certificaciones expedidas por Ingeominas, se verificó que fueron rechazadas
mediante Resoluciones SCTM-011898 del 26 y 27 de julio de 2011, por lo que no
existía aval alguno para desarrollar la actividad extractiva. Esto de acuerdo con la
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Resolución 0176 del 31 de enero de 2012, acto administrativo posterior que ordenó
sancionar a Koreanas Ltda.
49. En cuanto al dictamen pericial, indicó sobre el presunto error en las coordenadas
que correspondió a una simple equivocación de transcripción la cual no afectó la
identificación del predio ni desvirtuó la validez de los actos demandados.
50. Expuso que de acuerdo con el Concepto Técnico del 31 de agosto de 2011,
elaborado con base en muestras tomadas por el IDEAM durante el operativo
Gaitana I, se pudo establecer que el agua del sector presentaba contaminación
tóxica por cadmio, cromo, mercurio, níquel y plomo, causando afectaciones graves
a los ecosistemas acuáticos y con probabilidades de impactar la salud pública.
51. Indicó que no se configuró vulneración al derecho al trabajo, pues la actividad
minera debe desarrollarse dentro de los límites legales y bajo control estatal para
garantizar la protección del medio ambiente.
52. Estableció que no se demostró discriminación por la condición de extranjero del
actor, ni extralimitación de funciones por parte de la administración, en tanto la
adopción de medidas preventivas se sustentó en la verificación de un riesgo
ambiental cierto y en la ausencia de título minero y licencia ambiental.
53. En lo relativo a la supuesta infracción de normas del Código Civil y al contrato
suscrito por Koreanas Ltda., constató que este hacía referencia a otros lotes
distintos al predio Isla del Sol, por lo que no se acreditó autorización para la
explotación allí desarrollada. No obstante, en la demanda no se formuló un cargo
específico y autónomo encaminado a cuestionar la legalidad de los actos acusados
con fundamento en ese aspecto.
54. Advirtió que la valoración del testimonio de la abogada Martha Jimena Suárez
Burgos no generó irregularidad alguna, por cuanto su manifestación no constituyó
el fundamento de las medidas preventivas, las cuales se soportaron en el acta de
inspección, los registros fotográficos, la verificación de ausencia de título minero y
de licencia ambiental.
55. Finalmente, desestimó el cargo por la falta de oportunidad para impugnar la
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respuesta del 29 de abril de 2011, al tratarse de un acto de trámite. Sin embargo,
añadió que no hubo vulneración del derecho de petición consagrado en el artículo
23 constitucional, ya que la solicitud de nulidad fue debidamente contestada por la
autoridad.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
4.1. Escrito inicial del recurso
56. La parte actora interpuso recurso de apelación el cual fue adicionado en escrito
posterior allegado oportunamente9.
57. Argumentó que el a quo incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico al no
valorar correctamente las solicitudes de legalización de minería de hecho radicadas
ante el Ingeominas con números LCP-15341X y LCP-15831X, amparadas bajo el
artículo 12 Ley 1382 de 2010, el cual prevé que no es posible imponer medidas de
decomiso o suspensión mientras la solicitud es resuelta de fondo.
58. Reiteró que no se tuvo en cuenta el concepto contenido en oficio 2010009986
del 1 de marzo de 2010, suscrito por la Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de
Minas y Energía, en el cual se precisó el alcance del artículo 12 de la Ley 1382 de
2010 respecto de la exigibilidad ambiental en los trámites de legalización.
Argumentó que en dicho documento se indicó que no es exigible la licencia
ambiental, siendo necesario únicamente el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de
Trabajo y Obras para la viabilidad de la solicitud.
59. Expuso que los señores Luis Enrique Tovar Alvarez, Luisa Plazas De Tovar y
Henri Tovar Plazas, celebraron el 18 de mayo de 2010 con la firma Koreanas Ltda.
un Contrato de Obra para la ejecución de actividades mineras dentro de las áreas
solicitadas en legalización, conforme a lo permitido por los artículos 1494 a 1502 y
2053 a 2062 del CC, y expresamente autorizado por el artículo 27 de la Ley 685 de
2001. Agregó que el a quo omitió valorar estos documentos, a pesar de que
acreditan el ejercicio legítimo de la facultad que tiene el titular o solicitante de
9 Samai, archivos: «38ED_CUADERNO1_09SOLICITUDACLARACIO» y
«63ED_CUADERNO1_34RECURSOAPELACIONP.pdf».
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subcontratar estudios, obras y trabajos sin que ello implique cesión de derechos
mineros ni requiera anuencia de la autoridad minera.
60. Indicó que en el acta de imposición de medidas preventivas del 22 de febrero
de 2011, en la Resolución 0331 del 25 de febrero de 2011 y en la respuesta del 29
de abril de 2011, la autoridad ambiental consignó coordenadas que no
corresponden al predio Isla del Sol en el municipio de Rivera (Huila); tal y como fue
reconocido por el delegado del Ministerio al contestar la tutela rad. 25000 23 15 000
2011 01392 01, la apoderada del Ministerio de Ambiente y de la ANLA al contestar
la demanda y las conclusiones del dictamen pericial de 4 de septiembre de 2014,
rendido por el Ingeniero Iván Javier Puentes Rodríguez, en el que se concluyó que
las coordenadas consignadas en las actuaciones administrativas no corresponden
al lugar en el que efectivamente se practicó la diligencia.
61. Destacó que se trata de una prueba determinante para valorar la legalidad del
operativo y de la medida preventiva, pero que a pesar de ello el fallo impugnado no
la analizó, configurándose un defecto fáctico que compromete la validez de la
decisión.
62. Añadió que la diligencia de incautación y suspensión de actividad minera
realizada el 22 de febrero de 2011 se encuentra viciada por indebida representación,
conforme al numeral 7 del artículo 140 del CPC, toda vez que se permitió la
intervención activa, pronunciarse en la diligencia y la firma del acta por parte de una
persona que no contaba con poder ni autorización legal para actuar en nombre de
Koreanas Ltda.
63. En el escrito que apelación que dio alcance a los reparos esgrimidos
inicialmente, manifestó que el recurso se interponía en lo desfavorable y que
ratificaba lo alegado en el escrito inicial de apelación.
64. Aclaró que aunque se reconoce al medio ambiente como un bien jurídico
constitucionalmente, las autoridades deben ejercer sus competencias, incluida la
potestad sancionatoria ambiental regulada por la Ley 1333 de 2009, con estricto
apego a la Constitución y la ley. Subrayó que este ejercicio debe respetar el debido
proceso, lo que implica probar los hechos imputados, señalar las normas violadas y
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seguir el procedimiento establecido, evitando la arbitrariedad.
65. Alegó que en el caso concreto la motivación de las medidas fue insuficiente, al
basarse en descripciones genéricas y abstractas de daños ambientales sin una
comprobación adecuada.
66. Agregó que la autoridad incurrió en un error de derecho al fundamentar las
medidas en la falta de título minero y licencia ambiental, desconociendo que
Koreanas Ltda. actuaba como sustituta de los solicitantes (familia Tovar Plazas) de
una legalización minera acogida al artículo 12 de la Ley 1382 de 2010. Enfatizó que
el parágrafo 1° de dicha norma prohíbe expresamente proceder con medidas como
el decomiso (artículo 161 del Código de Minas) o la suspensión (artículo 306 ibidem)
mientras la autoridad minera no resuelva la solicitud de legalización, lo que configura
una violación del debido proceso.
67. Reiteró la existencia de vicios procedimentales graves, como la incorrecta
identificación del predio con coordenadas que lo ubicaban en San José del Guaviare
y no en Rivera (Huila) y la intervención de una abogada sin acreditar poder.
68. Criticó que la sentencia no valoró pruebas, como el dictamen pericial que
demostró que la actividad se realizaba dentro del área de las solicitudes de
legalización (radicados LCP-15381X y LCP-15431X) y los testimonios que
acreditaban la operación de Koreanas Ltda. amparada en los contratos con la familia
Tovar y el trámite de legalización en curso, con lo cual el a quo desconoció los
artículos 174, 175, 176, 187, 194, 195, 196, 197, 198, 233, 251, 252, 262 y 264 del
CPC.
V. ACTUACIONES RELEVANTES DE SEGUNDA INSTANCIA
69. El entonces Magistrado Hernán Andrade Rincón de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto del 20 de abril de 201710, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28
de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
10 Samai, archivo: «70ED_CUADERNO1_41AUTOADMITEYOADMITE-
ADMITERECURSODEAPELACION.pdf».
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70. Posteriormente, a través del auto de 23 de febrero de 201811, ese Despacho
corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, por el término de 10 días, para
que presentaran sus alegatos de conclusión.
71. La parte demandante12 reiteró lo expuesto en el recurso de apelación y solicitó
tener en consideración los argumentos expuestos tanto en la demanda como en los
alegatos de conclusión de primera instancia.
72. Igualmente, a la ANLA13 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda.
73. Los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Ambiente y Desarrollo
Sostenible guardaron silencio en esta etapa procesal14.
74. Mediante auto del 7 de febrero de 202415 se remitió el expediente a la Sección
Primera, por considerar que la controversia es de naturaleza ambiental pues,
aunque las medidas preventivas afectaban una explotación minera, el conflicto se
centra en un procedimiento sancionatorio ambiental regulado por la Ley 1333 de
2009 y no por el Código de Minas.
VI. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO
75. El Agente del Ministerio Público sostuvo que las medidas preventivas impuestas
se enmarcan en la Ley 1333 de 2009, la cual les confiere carácter transitorio, de
ejecución inmediata y sin recurso por estar destinadas a prevenir daños graves al
medio ambiente16. Argumentó que conforme a la jurisprudencia constitucional, estas
medidas no constituyen sanciones ni deciden sobre la responsabilidad sino que
buscan detener actividades lesivas de manera urgente.
76. Señaló que el acta de imposición de medidas y la Resolución 0331 de 2011 no
11 Samai: archivo: «78ED_CUADERNO1_49AUTOCORRETRASLADOP».
12 Samai, archivo: «79ED_CUADERNO1_50ALEGATOS.pdf».
13 Samai, archivo: «81ED_CUADERNO1_52ALEGATOS.pdf».
14 Samai, archivo: «84ED_CUADERNO1_55INFORMEPASODESPACH.pdf».
15 Samai, archivo: «261AUTOQUEORDENAREMITIRALASECCIONCOMPETENTE.pdf».
16 Samai, archivo: «83ED_CUADERNO1_54OTROS». Folios 1123 a 1145 del Cuaderno Principal
del Tribunal.
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son actos administrativos definitivos, sino decisiones de trámite dentro de un
procedimiento sancionatorio ambiental que culminó con la Resolución 0176 de 2012
de la CAM, la cual sí era definitiva pero no fue objeto de esta demanda. Agregó que,
al no poner fin a la actuación administrativa, estos actos no son demandables de
manera autónoma, por lo que la acción adolece de ineptitud sustantiva lo que a su
vez produce un fallo inhibitorio.
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia de la Sala
77. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
así como de lo ordenado en los artículos 129 y 132 (numeral 3) del CCA y en el
artículo 1317 del Acuerdo 80 de 201918, la Sección Primera del Consejo de Estado
es competente para conocer del asunto de la referencia.
7.2. Sobre los cargos de indebida identificación del predio e insuficiente
motivación
78. De manera previa a plantear los problemas que correspondan, la Sala observa
que en el recurso de apelación se introdujeron cuestionamientos de legalidad que
no fueron propuestos en la demanda inicial, concretamente los relacionados con:
(i) los cuestionamientos al acta del 29 de abril de 2011 y la Resolución 331 de ese
año sobre las equivocaciones consignadas en las coordenadas de ubicación del
predio Isla del Sol y (ii) el reproche sobre la insuficiente motivación de los actos al
fundarse en descripciones genéricas y abstractas de daños ambentales sin una
comprobación adecuada.
79. En ese orden, es menester resolver si es procedente que en el recurso de
alzada interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, se agreguen
cargos que no fueron planteados en la demanda.
17 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, «por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89 y 90».
18 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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80. Al respecto, es necesario precisar que, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 137 y 208 del CCA19, la oportunidad que tiene el extremo activo de la litis
para exponer los puntos de hecho y de derecho que considera pertinentes para
atacar la validez del(os) acto(s) que se cuestiona(n) ante el Juez de lo Contencioso
Administrativo es en la demanda o en su reforma.
81. Siendo ello así, y habida cuenta de que los cargos a que se ha hecho referencia
no fueron formulados en el momento procesal oportuno, esto es, en el libelo
introductorio ni se presentó reforma a ese escrito, no puede la Sala abordarlos, so
pena de desconocer el derecho al debido proceso, de contradicción y de defensa
de que es titular la parte demandada al no haber tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre ellos en primera instancia.
82. Tal ha sido la postura pacífica, reiterada y uniforme de esta Corporación al
indicar que las providencias judiciales deben observar con rigor el principio de
congruencia entre el petitum (pretensiones de la demanda), lo expuesto en la
contestación y el decisum, de modo que exista una total correspondencia; veamos:
«Según lo previsto por el artículo 281 del Código General del Proceso,
“[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que
este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas
y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”. De acuerdo con lo
expresado por la Corte Constitucional, el de congruencia constituye “un
concepto nuclear dentro del derecho procesal civil, en virtud del cual, el
juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido
(extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita); de no ser así, con su
actuación estaría desbordando, positiva o negativamente, los límites de
su potestad”20. En últimas, representa “un principio general, en materia
19 «Artículo 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa
deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se demanda.
3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia»
(Subrayas de la Sala).
«Artículo 208. Aclaración o corrección de la demanda. Hasta el último día de fijación en lista
podrá aclararse o corregirse la demanda. En tal caso, volverá a ordenarse la actuación prevista en
el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso una sola vez.
Sin embargo, si las personas llamadas al proceso como partes, por tener interés directo en el
resultado del mismo, están representadas por curador ad litem, la nueva notificación se surtirá
directamente con éste.» (Subrayas de la Sala).
20 Sentencia T-450 de 2001.
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de procedimiento, por estar directamente relacionado con el debido
proceso y el derecho de defensa, que exista la debida coherencia, en
todas las sentencias, entre los hechos, las pretensiones y la decisión”21.
Como puede apreciarse, de su caracterización legal y jurisprudencial el
principio de congruencia exige consonancia entre lo pedido por las
partes (petitum) y lo resuelto por el tribunal (decisum), entendiéndose
que se atentará contra él allí donde el juez concede más o algo distinto
de lo que le fue demandado por la parte actora (ultra o extra petita). En
consecuencia, la verificación de la congruencia de un fallo exige hacer
una comparación entre lo decidido con lo reclamado por las partes. En
materia de contencioso de anulación de actos administrativos, dado el
carácter rogado de la jurisdicción y las formalidades que la ley plantea a
la demanda, que exigen la formulación de los cargos de invalidación
propuestos y el señalamiento expreso de su fundamento normativo
(artículo 162.4 del CPACA), ello implica que el juez no puede fallar lo
pedido desbordando los cargos formulados por la parte actora» 22.
(Subrayas de la Sala).
83. Al respecto, en sentencia del 11 de octubre de 2019, esta Sección señaló:
«En ese orden de ideas, la Sala considera que, en virtud de los principios
de lealtad procesal, debido proceso, contradicción y de defensa y en
atención a la congruencia que debe existir: por un lado, entre la demanda
-la pretensión y los argumentos que la fundamentan-, su contestación y
la sentencia proferida, en primera instancia; y, por el otro, entre estos y
el recurso de apelación; se imponen que al apelante le esté vedado
exponer en el recurso de apelación hechos, cargos y pretensiones
nuevas que no hayan sido alegados en la demanda o en su contestación.
Si lo hiciere, el ad quem no puede abordar el estudio de estos nuevos
reproches, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales
al debido proceso y de defensa de la contraparte en el proceso”»23
(Subrayas de la Sala).
84. De modo que no tienen vocación de prosperidad los puntos esgrimidos en el
recurso de apelación pero no planteados en el libelo introductorio.
21 Sentencia T-592 de 2000.
22 Sección Primera. Sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida en el proceso número 25000-23-
41-000-2013-00855-01. Tal razonamiento ha sido expuesto también en sentencias del 3 de
noviembre de 2016 proferida en el proceso número 13001-23-31-000-2001-02023-01; Fallo del 8 de
junio de 2016 expedido en el expediente 25000-23-24-000-2005-00270-01; Providencia del 7 de
mayo de 2015 dictada en el proceso 41001-23-31-000-2006-00234-01; Sentencia del 20 de
noviembre de 2014 expedida en el asunto identificado con el número 25000-23-27-000-2006-00705-
01.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de
octubre de 2019. Proceso radicado número: 05001 23 33 000 2017 02599 01. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
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7.2. Sobre la posibilidad de enjuiciar las actas y las medidas preventivas
ambientales
85. La Sala tendrá que determinar si son susceptibles de control judicial las
decisiones contenidas en un acta por medio de la cual se impusieron medidas
preventivas en caso de flagrancia y el informe preliminar, así como aquel que
legalizó esa medida preventiva.
86. Al respecto, es preciso señalar que esta Sección ha reconocido desde tiempo
atrás que no solo es enjuiciable la decisión ambiental que pone fin a una actuación
administrativa, sino también aquella que impone medidas preventivas que producen
efectos al pretender prevenir o impedir un hecho, una actividad o una situación que
atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana.
87. En este sentido, durante la vigencia de los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de
199324, la Sección estableció lo siguiente:
«En efecto, considera la Sala que los actos administrativos demandados son de
trámite por las consideraciones arriba esbozadas, pues el Ministerio está
efectuando una serie de observaciones relacionadas con el cumplimiento de las
condiciones contenidas en una serie de actos administrativos a través de los
cuales se otorgó permiso de perforación exploratoria de hidrocarburos de un
proyecto denominado “Bloque Río Putumayo” a la sociedad Ram Petroleums
Limited., quien se encontraba vinculada con ECOPETROL S.A. en virtud de un
contrato de asociación, negocio jurídico éste que según se advierte de los
antecedentes vistos en los actos censurados, mediante radicado número 088 del
1 de octubre de 2003 fue terminado unilateralmente por la demandante.
Bajo tal escenario, sería demandable aquel que termine la citada actuación
administrativa, esto es, la que sancione o adopte las medidas preventivas como
consecuencia de un eventual incumplimiento por parte de ECOPETROL S.A. de
las obligaciones a las que se requirió su acatamiento en el artículo primero del
Auto 2770 de 2008»25.
88. Los artículos 15 y 16 de la Ley 1333 de 2009, se ocuparon del tema así:
24 «por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de
la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.»
25 Consejo de Estado. Sección Primera, auto del 1º de diciembre de 2011, radicado: 25000 23 24
000 2009 00220 01. En el mismo sentido ver auto de 16 de febrero de 2012, radicación: 25000 23
24 000 2011 00113 01.
29
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Demandante: Koreanas Ltda.
«Artículo 15. Procedimiento para la imposición de medidas preventivas en
caso de flagrancia. En los eventos de flagrancia que requieran la imposición
de una medida preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, se procederá
a levantar un acta en la cual constarán los motivos que la justifican; la autoridad
que la impone; lugar, fecha y hora de su fijación; funcionario competente,
persona, proyecto, obra o actividad a la cual se impone la medida preventiva.
El acta será suscrita por el presunto infractor o, si se rehusare a hacerlo, se hará
firmar por un testigo. En el caso de que no sea factible la firma del acta por parte
del presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola suscripción por parte
del funcionario encargado del asunto. De lo anterior deberá dejar la constancia
respectiva. El acta deberá ser legalizada a través de un acto administrativo en
donde se establecerán condiciones de las medidas preventivas impuestas, en
un término no mayor a tres días.» (Subrayas de la Sala).
«Artículo 16. Continuidad de la actuación. Legalizada la medida preventiva
mediante el acto administrativo, se procederá, en un término no mayor a 10
días, a evaluar si existe mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio. De
no encontrarse mérito suficiente para iniciar el procedimiento, se procederá a
levantar la medida preventiva. En caso contrario, se levantará dicha medida una
vez se compruebe que desaparecieron las causas que la motivaron.» (Subrayas
de la Sala).
89. En línea con lo anterior, a propósito de las disposiciones contenidas en la Ley
1333 de 2009 (que sustituyó los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993), esta
Sección precisó que al demandarse conjuntamente el acta de imposición y la
resolución que legaliza la medida, la primera es un acto preparatorio o de trámite,
mientras que la segunda es un acto definitivo. Así lo expuso:
«En desarrollo del principio de precaución en materia ambiental, contenido en el
marco de la Constitución Ecológica, la Ley 1333 de 2009 estableció las
denominadas medidas preventivas como un conjunto de decisiones de ejecución
inmediata que pueden adoptar las autoridades ambientales, en aplicación de su
poder de policía, tendientes a “prevenir, impedir o evitar la continuación de la
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje
o la salud humana”. (Artículo 4º).
Estas medidas ambientales preventivas, de acuerdo a la citada Ley, (i) no tienen
la naturaleza jurídica de sanción, (ii) su ejecución y efectos deben ser inmediatos
debido a su carácter preventivo, y (iii) deben ser adoptadas mediante acto
administrativo debidamente motivado.
Frente a la naturaleza de dicho acto administrativo, se pronunció la Sección
cuando dirimió igualmente un recurso de apelación en contra de una decisión de
rechazo de la demanda, en el que consideró que sólo las decisiones que
determinaran medidas preventivas o aquellas que impusieran una sanción
podían considerarse como actos definitivos y por tanto susceptibles de censura
en esta Jurisdicción
[…]
5.3.- Actos pasibles de control judicial. Caso concreto
Ahora bien, la sociedad demandante, por conducto de su apoderado, pretende
de manera principal la nulidad de dos actos administrativos: el primero,
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compuesto por el Acta de Diligencia de 19 de octubre de 2012 y la Resolución
No. 01300 de 24 de octubre de 2012; y el segundo, por el Memorando de 17 de
enero de 2013 y la Resolución No. 00117 de 04 de febrero de la misma
anualidad.
5.3.1.- Sobre el argumento relacionado en el recurso acerca del desconocimiento
de los actos complejos acusados de parte del Tribunal, debe la Sala aclarar que
las decisiones enjuiciables son las contenidas en las dos resoluciones que
expidió la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., es decir, la Resolución No. 01300 del
24 de octubre de 2012 y la número 00117 del 4 de febrero de 2013, ya que tanto
el Acta de Diligencia como el Memorando, respectivamente, configuran actos
preparatorios o de trámite de las citadas resoluciones, en tanto no definen la
situación jurídica de imposición de la medida preventiva o de su levantamiento,
sino que permiten que a partir de la visita correspondiente la Administración tome
una decisión definitiva.
5.3.2.- Para la Sala resulta imperioso entonces centrar el objeto de estudio en la
Resolución No. 01300 de 24 de octubre de 2012, toda vez que es de este acto
administrativo que se deriva la imposición (y legalización) de la medida ambiental
preventiva de la cual la demandante predica la causación de los perjuicios por
ella sufridos.
[…]
La citada decisión permite concluir que la medida preventiva determinó para la
parte demandante una situación jurídica de carácter definitivo en tanto que la
obligó a suspender las actividades de construcción que venía adelantando, lo
cual pudo haber causado perjuicios de orden económico.
Es claro que crea una situación jurídica de carácter particular que produce
efectos jurídicos para el demandante en lo que hace a la ejecución de la actividad
de construcción, y que habida cuenta de las citadas consideraciones tales
decisiones deben ser objeto de control por parte de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Ahora bien, el hecho de que la medida se haya levantado con posterioridad, no
hace que sea considerada como de trámite, pues por el contrario, lo que indica
es que el periodo de la medida es cierto y determinable, y que por ello puede ser
censurable por la vía judicial.» 26
90. En ese orden de ideas, al Agente del Ministerio Público le asiste razón
parcialmente, pues el «Acta de imposición de medidas preventivas en caso de
flagrancia e informe preliminar» de 22 de febrero de 2011, no es pasible de control
alguno, como quiera que constituye el soporte técnico para la expedición de la
medida que se legaliza posteriormente recogida en la Resolución 0331 de 25 de
febrero de 2011.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 26 de
noviembre de 2015, radicado 25000 23 41 000 2013 00717 01.
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91. En consecuencia, la Sala declarará probada la excepción de que el acta de
imposición de medidas preventivas e informe preliminar no es susceptible de control
judicial.
7.3. Sobre el desconocimiento del trámite de legalización minera tradicional
92. La Sala ahora dilucidará si es nulo el acto administrativo que impone una medida
preventiva ambiental consistente en la suspensión de actividades mineras y el
decomiso de elementos, si se encontraba en trámite una solicitud de legalización de
minería tradicional.
93. Los recurrentes invocan como fuente normativa de su alegato el artículo 12 de
la Ley 1382 de 201027, según el cual los interesados en explotar minas de propiedad
del Estado sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, podrían solicitar a la
autoridad respectiva la legalización correspondiente y que hasta tanto no le fuera
resuelta no había lugar a adelantar las acciones policivas de que tratan los artículos
161 y 306 del Código de Minas. El artículo 12 en cita es del siguiente tenor:
«Artículo 12. Legalización. Los explotadores, los grupos y asociaciones de
minería tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en
el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable de
dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, que la mina
o minas correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el efecto
todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se
hallare libre para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen
adelantando en forma continua desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001.
(…)
Parágrafo 1o. En todo caso, la autoridad minera contará hasta con un (1) año
para realizar la visita de viabilización, después de presentada la solicitud de
legalización, para resolver el respectivo trámite; y contará hasta con dos (2)
meses, a partir del recibo de los PTO y PMA por parte del interesado, para
resolver de fondo la solicitud de legalización. Hasta tanto la Autoridad Minera no
resuelva las solicitudes de legalización en virtud de este artículo no habrá lugar
27
La última de las solicitudes se presentó en vigencia del Decreto 2715 del 28 de julio de 2010, que
reglamentó el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, cuyo artículo 2 señaló:
«Artículo 2°. Actividad Objeto de Legalización. La Autoridad Minera legalizará la actividad minera
adelantada por aquellos explotadores, grupos y asociaciones, que acrediten ser mineros
tradicionales, para lo cual deben cumplir con todos los requisitos establecidos en este Decreto.
Parágrafo. Desde la presentación de la solicitud de legalización y hasta tanto la autoridad minera
resuelva las solicitudes de legalización, y se suscriba el respectivo contrato de concesión minera, no
habrá lugar a proceder, respecto a la aplicación de las medidas previstas en los artículos 161 y 306,
ni a proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de la Ley 685 de 2001,
sin perjuicio de la aplicación de las medidas preventivas y sancionatorias de carácter ambiental»
(Subrayas de la Sala).
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a proceder, respecto de los interesados, mediante las medidas previstas en los
artículos 161 y 306, ni a proseguirles las acciones penales señaladas en los
artículos 159 y 160 de este Código […] (Subrayas de la Sala).»
94. Los artículos 161 y 306 del Código de Minas preceptúan:
«Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes efectuarán el decomiso provisional de
los minerales que se transporten o comercien y que no se hallen amparados por
factura o constancia de las minas de donde provengan. Si se comprobare la
procedencia ilícita de los minerales se pondrán además a disposición de la
autoridad penal que conozca de los hechos. Lo dispuesto en este artículo no se
aplicará a la minería de barequeo.» (Subrayas de la Sala)
«Artículo 306. Minería sin título. Los alcaldes procederán a suspender, en
cualquier tiempo, de oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la
explotación de minerales sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta
suspensión será indefinida y no se revocará sino cuando los explotadores
presenten dicho título. La omisión por el alcalde de esta medida, después de
recibido el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción disciplinaria por falta grave.»
(Subrayas de la Sala).
95. Se deriva de lo expuesto que las acciones que prohíbe el artículo 12 de la Ley
1382 de 2010 son aquellas que podrían adoptar los alcaldes, en ejercicio de
funciones de policía.
96. Siendo ello así, de cara al examen del asunto la Sala evidencia que la petición
orientada a solicitar la legalización de minería tradicional se radicó en vigencia de la
mencionada normativa, pues obran formularios radicados por Luis Enrique Tovar
Álvarez, Luisa Plazas de Tovar y Luis Enrique Tovar Plazas ante el Ingeominas el
25 de marzo de 2010 para los predios con folio de matrícula inmobiliaria 200-
114928, 200-114929, 200-114930, 200-114931 y 200-8407328.
97. Consta además que el 20 de mayo de 201029 los solicitantes del título minero y
Koreanas Ltda. representada por Jin Hoan Ju, celebraron un contrato de obra para
la excavación y apertura de estanques para la exploración y explotación minera por
medio de maquinaria como retroexcavadoras y motobombas en los inmuebles
anteriormente referidos, con un plazo inicial de ejecución de 2 meses. Las partes
aclararon que el contrato acogía al artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 para la
legalización de la minería tradicional.
28 Samai, archivo: «99ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO»,
páginas 64 a 69, 72 a 77.
29 Ibidem, páginas 82 a 91.
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98. Posteriormente, el 1° de diciembre de 2010 30 Luis Enrique Tovar Álvarez, Luis
Enrique Tovar Plazas y Luisa Plazas De Tovar y a Jin Hoan Ju, celebraron contrato
cuyo objeto era la ejecución de obras de excavación y extracción de material de
arrastre en los predios referidos anteriormente. Igualmente, las partes aclararon que
el contrato se acogía a los beneficios de legalización minera previstos en el artículo
12 de la Ley 1382 de 2010.
99. No obstante, tal y como se explicó de manera previa, esas peticiones de
legalización no inhibían la intervención de las autoridades ambientales sino solo la
de los alcaldes, de manera que no podría estimarse el cargo de nulidad así
enrostrado pues los actos demandados fueron emitidos por MAVDT en ejercicio de
las atribuciones propias de protección del ecosistema que prevé la Ley 1333 de
200931.
100. Justamente, el artículo 12 ibidem dispone que «las medidas preventivas tienen
por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana» y el artículo 36 prevé de manera
enunciativa las siguientes, dentro de las cuales se halla la de suspensión y el
decomiso. Veamos:
«Artículo 36. Tipos de Medidas Preventivas. El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, y las demás autoridades ambientales, la Autoridad
Nacional dé Licencias Ambientales, las Autoridades Ambientales, las entidades
territoriales, los demás centros urbanos, Parques Nacionales Naturales de
Colombia y las delegaciones de asuntos ambientales de la Armada Nacional, el
Ejercito Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, impondrán
al infractor de las normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y
de acuerdo con la gravedad de la infracción, entre otras, alguna o algunas de las
siguientes medidas preventivas:
1. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos
utilizados para cometer la infracción.
[…]
3. Suspensión del proyecto, obra o actividad cuando pueda derivarse daño o
peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje y los
30 Ibidem, páginas 92 a 100.
31 «Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones.»
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ecosistemas o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya
iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental; o ejecutado
incumpliendo los términos de los mismos […]»
101. Y es que al proceso se aportaron certificaciones32 del 9 de julio y 11 de octubre
de 2010 del Grupo de Información y Atención al Minero que dan cuenta que los
señores Luis Enrique Tovar Álvarez, Luisa Plazas de Tovar y Luis Enrique Tovar
Plazas presentaron ante el Ingeominas solicitud de legalización para la explotación
minera y sus concentrados con radicados LCP-15341X y LCP-15831X,
respectivamente, pero, además, en ambas constancias indicaban que:
«[…] Es del caso aclarar que el artículo antes mencionado [12 de la ley 1382 de
2010] señala que una vez formulada la solicitud y mientras ésta no sea resuelta
por la autoridad minera, para el caso INGEOMINAS, no habrá lugar a proceder
respecto a los interesados mediante las medidas previstas en los artículos 161
(DECOMISO) y 306 (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACION
POR PARTE DE LOS ALCALDES), ni a proseguirles las acciones penales
previstas en los artículos 159 y 160 de la ley 685 de 2001, sin perjuicio de las
medidas preventivas y sancionatorias de carácter ambiental (Subrayas y
negrillas texto original).»
7.4. Sobre el Concepto de Ingeominas 2010009936 del 1 de marzo de 2010
102. Conviene preguntarse si es nulo el acto administrativo que impone una medida
preventiva ambiental de suspensión de actividades mineras y decomiso de algunos
elementos, si parte de su fundamento es la inexistencia de licencia ambiental pero
existe un concepto emitido por una autoridad minera que indica que es exigible
solamente Plan de Manejo Ambiental y Plan de Trabajos y Obras.
103. El Concepto a que hace referencia la memorialista es el número 2010009986
del 1 de marzo de 2010 expedido por Ingeominas que consta en los folios 246 y 247
y es del siguiente tenor:
32 Samai, archivo: «99ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO»,
páginas 80 y 81.
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104. De la última respuesta que Ingeominas ofrece se puede colegir que lleva a
cabo una interpretación del primer inciso del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010,
para indicar que la solicitud de legalización de minería tradicional se encontraba
sujeta a la presentación del Plan de Trabajos y Obras (en adelante PTO) y del PMA.
105. Así, al margen de la vinculatoriedad de ese tipo de conceptos 33, lo que
encuentra la Sala es que aun teniendo en cuenta su alcance y de cara a la medida
impuesta, lo que el ministerio accionado reprochó no fue solamente que la
accionante no contara con licencia ambiental para la actividad extractiva minera,
sino que advirtió que no mediaba ningún instrumento de manejo ambiental. Así reza
la propia Resolución 0331 de 25 de febrero de 2011:
33 Artículo 25. El derecho de petición incluye el de formular consultas escritas o verbales a las
autoridades, en relación con las materias a su cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan normas
especiales.
Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e imparcialidad y resolverse
en un plazo máximo de treinta (30) días.
Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las
atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.» (Subrayas de la Sala).
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«2. DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS VISITADOS
A continuación, se describe la situación observada durante las visitas realizadas,
con base en la información reportada en las actas de visita diligenciadas por cada
uno de los grupos técnico-jurídicos que fueron conformados, como figura en la
copia de las mismas actas que se adjuntan como anexo al presente concepto
técnico (Actas de Imposición de Medidas Preventivas en Caso de Flagrancia e
Informe Preliminar):
2.1. Mina Isla del Sol
Se realizó recorrido en el área de esta mina localizada en el municipio de Rivera
predio Isla del Sol, en las coordenadas geográficas: N: 02° 47 4.15 y W: 71°
19´9.15´´, siendo las 5:15 p.m. y se encontraron personas desarrollando
actividades de explotación minera, con una máquina retroexcavadora en
operación, así como huellas de que varias de las maquinas, retroexcavadoras
fueron apagadas al momento de realizar el operativo y que varias personas
huyeron ante la presencia de la policía nacional.
De acuerdo con lo manifestado por las personas que se encontraban
adelantando labores de explotación minera en el lugar (alrededor de unas 200
personas), no se tenía conocimiento de quién es el propietario o responsable de
la mina, por lo cual ninguna persona se hizo responsable de las labores allí
adelantadas; no obstante lo anterior, se evidenció que la mina cuenta con
personal con asignación de tareas específicas para adelantar las labores, la mina
tiene servicio de seguridad privada suministrado por la empresa Seguridad Astro,
transporte y suministro -de combustibles y aceites, adicionalmente, fueron
encontradas: 13 retroexcavadoras con sus respectivos operarios y personal de
mantenimiento, 2 dragas y una motobomba, dispuestas en distintos frentes
mineros, lo cual hace evidente que se trata de labores organizadas y
desarrolladas como empresa.
Al preguntar a las personas que allí laboraban acerca de la existencia de Titulo
Minero, Licencia Ambiental o en su defecto el Plan de Manejo Ambiental
acompañado de los respectivos permisos para el uso y/o aprovechamiento de
los recursos naturales requeridos para el desarrollo de su actividad minera,
manifestaron que la mina como tal no cuenta con título minero ni con Licencia
Ambiental o autorización ambiental que ampare dichas actividades.
De igual manera el personal del Instituto Colombiano de Geología y Minería -
INGEOMINAS realizó consulta al Registro Minero Nacional sobre la existencia
de título minero otorgado para el punto de las coordenadas N: 02° 47 4.15 y W:
71° 19´9.15 verificando que no existe título minero otorgado o inscrito y que ante
dicho Instituto cursa trámite de propuesta de contrato de concesión minera No.
1CQ-08149X, cuyo solicitante os la señora MARÍA CENELIA ARIAS RAMÍREZ.
Con base en la información suministrada por el INGEOMINAS, igualmente es
posible concluir que la mina ISLA DEL SOL no cuenta con la respectiva licencia
ambiental o autorización ambiental, en atención a que el artículo 195 del
Código de Minas establece que: "En ningún caso la autoridad ambiental podrá,
otorgar permisos, concesiones, autorizaciones o licencias de orden ambiental,
para obras y trabajos no amparados por un título minero”.
Las actividades observadas corresponden a actividad extractiva de material
aluvial con contenido de oro e igualmente se explota y comercializa materiales
de construcción, dichas actividades se adelantan por medios mecanizados, toda
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vez que fueron encontradas un total de trece (13) retroexcavadoras, dos (2)
dragas motobomba.
El beneficio del material extraído se hace mediante la utilización de agua, la cual
es utilizada para lavar el material para posteriormente proceder a la separación
del oro por medio de barequeo. El agua al parecer tiene origen en los niveles
freáticos del área, es decir aflora en las excavaciones mineras adelantadas. El
proceso de evacuación de las aguas infiltradas en los frentes de explotación se
hace mediante la utilización de motobomba, la cual impulsa el recurso hasta un
punto de vertido en el rio Magdalena.
Cabe anotar que de acuerdo con el contrato de prestación de servicios de
vigilancia y seguridad privada que presentó el señor Edgar Bravo de la empresa
Seguridad Astro en las instalaciones de la SIJIN de Neiva, y cuyas fotografías se
anexan; se pudo establecer que las actividades de explotación se desarrollan por
lo menos desde mayo de 2010 por parte de la empresa KOREANAS LTDA.
Que teniendo en cuenta la situación encontrada y descrita en el citado Concepto
Técnico, así como la información obtenida por esta Dirección y según se indagó
con los responsables de la mina y la consulta efectuada con los funcionarios de
INGEOMINAS presentes en la operación, el área objeto de explotación minera
se encuentra, localizada dentro del área con propuesta de contrato de concesión
minera No. ICQ-08149X solicitada por la señora MARIA CELENIA ARIAS
RAMIREZ […]; y no se encuentra localizada dentro del área correspondiente a la
solicitud de legalización de minería tradicional LH9-14091 radicado por el señor
JAIME İVAN LALINDE BALVUENA, por lo cual dicha mina no cuenta con un
título minero vigente e igualmente se evidenció que no cuenta con la
licencia ambiental requerida o autorización ambiental que ampere el
desarrollo de dichas actividades
Que en razón de lo anterior, y ante la evidencia de la realización de una actividad
que atenta contra el medio ambiente y los recursos naturales renovables, en
ejercicio de la facultad a prevención, esta Dirección procedió a imponer la medida
preventiva de suspensión de actividades a la mina denominada ISLA DEL SOL,
ubicada en el predio Isla del Sol del municipio de Rivera, departamento de Huila,
según consta en acta firmada por el Funcionario de la Dirección de Licencias
Permisos y Trámites Ambientales y el Funcionario de la Policía Nacional quien
firmó en calidad de testigo, al haber sido sorprendidos en flagrancia varios de
sus trabajadores desarrollando actividades de remoción de suelos para la
extracción de material para la explotación de oro y materiales de construcción;
dicha situación presuntamente constituye una infracción administrativa de
carácter ambiental, por cuanto no cuenta con la licencia ambiental requerida o la
correspondiente autorización ambiental que ampere el desarrollo de dichas
actividades. Así mismo, se evidenció que el uso, aprovechamiento y/o afectación
de los recursos naturales renovables evidenciado, tales como agua, suelo, aire,
forestales, no cuentan con las correspondientes autorizaciones ambientales
exigidas por la normatividad ambiental vigente.
Que de igual forma, se procedió a imponer y ejecutar la medida de decomiso
preventivo de los siguientes elementos utilizados para la comisión de las
presuntas infracciones ambientales evidenciadas:
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[…]
Con base en la situación observada por los integrantes de los grupos
conformados, registrada en las actas correspondientes y que han sido descritas
en el presente concepto técnico, se tienen las siguientes consideraciones,
técnico-ambientales:
3.1 La mina Isla del Sol no cuenta con Titulo Minero ni con Licencia
Ambiental (u otro tipo de autorización ambiental idónea) para el desarrollo,
de la actividad de explotación aurífera, por lo que carece de instrumentos que
permitan un control adecuado de la misma en términos, técnico-ambientales y
jurídicos»
106. En suma, lo que encuentra esta Sala es que el fundamento de la tesis del
recurrente no es cierto, pues el ministerio no solo echó de menos el licenciamiento
ambiental sino cualquier otro tipo de herramienta para la protección ecosistémica.
7.5. Sobre la valoración de los contratos suscritos por Koreanas Ltda.
107. De otro lado, la Sala abordará el reparo de nulidad de la medida preventiva
ambiental consistente en la suspensión de actividades y el decomiso de algunos
elementos, si se desconocieron contratos de obra celebrados entre propietarios de
los predios y la accionante cuyo objeto comprendía la explotación y exploración
minera y la excavación y extracción de material de arrastre.
108. Sobre el punto, la memorialista aduce la infracción del artículo 27 del Código
de Minas y los artículos 1494, 1495, 1498, 1499, 1502, 1602, 1603, 2053 a 2062 del
CC.
109. La primera normativa señala:
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«Artículo 27. Subcontratos. El beneficiario de un título minero podrá libremente
realizar todos los estudios, obras y trabajos a que está obligado, mediante
cualquier clase de contratos de obra o de ejecución que no impliquen para los
subcontratistas subrogarse en los derechos y obligaciones emanados del título,
ni les confieran derecho a participar en los minerales por explotar. Para los
contratos mencionados no se requerirá permiso o aviso alguno a la autoridad
minera.»
110. Dicha norma permite al titular de un título minero subcontratar obras mientras
que las traídas a colación contenidas en el Código Civil refieren el ejercicio de la
autonomía de la voluntad y la vinculatoriedad entre las partes del contrato sobre lo
allí pactado, todo lo cual no enerva la presunción de legalidad del acto objeto de
control, siendo por demás irrelevantes para el estudio de validez que nos ocupa en
tanto no trascienden al ámbito ambiental ni sustituyen ni reemplazan el deber de
cumplir normas de ese carácter
7.6. Sobre la valoración de la prueba pericial por la sentencia recurrida
111. Tendrá que definir la Sala si es cierto que el a quo no valoró el dictamen pericial
practicado en el proceso que demostraba que la actividad de explotación minera se
llevaba a cabo en los inmuebles respecto de los cuales se había presentado la
solicitud de legalización de minería tradicional (radicados LCP-15381X y LCP-
15431X).
112. La Sala advierte que el dictamen pericial rendido el 28 de agosto de 202434,
concluyó que tras la confrontación de las coordenadas planas y geográficas
registradas durante la diligencia pericial del 1 de agosto de 2014 en el predio Isla
del Sol (Rivera, Huila) con las coordenadas reportadas en el acta, la actividad
minera intervenida sí se realizaba dentro del área autorizada por las solicitudes de
legalización minera (Radicados LCP-15381X y LCP-15431X). Adicionalmente, el
experto identificó una inconsistencia, pues las coordenadas geográficas oficiales del
municipio de Rivera son 75° Oeste de longitud, mientras que en los documentos
administrativos del operativo «Gaitana I» se consignó erróneamente una longitud
de 071°, lo que demuestra un error en la descripción técnica del lugar de los hechos.
Textualmente explicó:
34 Samai, archivo «218ED_CUADERNO10NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO»,
páginas 127 a 165.
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«1.- Al confrontar la alinderación, o lo que es lo mismo las Coordenadas Planas
consignadas en los Formularios Simplificados que LUIS ENRIQUE TOVAR
ALVAREZ, LUISA PLAZAS DE TOVAR Y ENRIQUE TOVAR PLAZAS con las
coordenadas también planas que se registraron al momento de llevar a cabo la
Diligencia del Dictamen Pericial solicitado al Predio Rural Isla del Sol en
Jurisdicción del Municipio de Rivera, Departamento del Huila se concluye que la
actividad minera de Exploración y Explotación de los yacimientos minero de oro
y sus concentrados a que hacen referencia las solicitudes de Minería de Hechos
distinguida como las planchas LCP-15381X y LCP-15431X tal como consta en
las Certificaciones que expidiera la Dra. MARISOL GOMEZ CUERVO en su
Condición de Coordinadora del Grupo de Información y Atención del Minero del
Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS que obra a folios 153
y 160 del expediente se estaba realizando dentro del área autorizada y avala
esta conclusión, la confrontación de las Coordenadas planas registradas tanto
para el Lote No. 1 como el Lote No. 2, esto es las Planchas LCP-15381X y LCP-
15431X respectivamente, con las coordenadas que se tomaron en el sitio materia
del Acta de Imposición de Medidas Preventivas de Suspensión de la Actividad
Minera y el Decomiso de las trece (13) máquinas retroexcavadoras […].
3.- Ahora bien, estudiado todos y cada uno lecturas de las coordenadas planas
y su equivalente en coordenadas Geográficas, procedo a establecer que:
[…]
3.3.- Así mismo, en el Folio (sic) 113 al 119 del expediente obra la Resolución
0331 de Febrero 25 del 2011 suscrita por la Dra. LUZ HELENA SARMIENTO
VILLAMIZAR Directora de Licencias, Permisos, y Trámites Ambientales del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual Legaliza la
Imposición de Medidas Preventivas y el decomiso entre otros, de 13 máquinas
retroexcavadoras en la mina Isla del Sol, predio del mismo nombre ubicado en el
Municipio Rivera, Dpto. del Huila en donde indica que el operativo se llevó a cabo
en el sitio distinguido con las coordenadas: Geográfica: N: 029 47' 4.15" y W: 71º
19' 9.15" y entre otra serie de afirmaciones dispuso: RESUELVE: ARTICULO
PRIMERO: legalizar la medida preventiva impuesta a prevención por la dirección
de licencias, Permisos y Tramites Ambientales del Ministerio de Ambiente,
vivienda y desarrollo territorial, mediante el acta del 22 de febrero de 2011,
consistente en la suspensión de actividades de la mina denominada ISLA DEL
SOL, ubicada en el predio ISLA DE SOL del municipio de Rivera, departamento
de Huila, específicamente en el sitio con coordenadas geográficas: 02º 47' 4,15"
N, 071º 19' 9.15".W., ..." lo que NO ES CIERTO, habida consideración que en
esa región la Coordenada Geográfica -W- u Oeste es 0759, nunca la W 071º lo
cual se demuestra con el GPS utilizado para registrar las verdaderas
COORDENADAS PLANAS y su equivalente en
COORDENADAS GEOGRAFICAS […] (Negrillas texto original).»
113. Sobre este punto, el Tribunal argumentó que «[i]ndependientemente, de que
haya quedado justificado el error de transcripción de las coordenadas a que hizo
alusión la experticia, la imprecisión en que se incurrió no tiene la fuerza para nulitar
los acto (sic) demandados, como quiera que con esta no se comprueba el no
deterioro ambiental surtido por la actividad minera por parte de la Empresa
Koreanas Ltda.»35
35
Samai, archivo: «032CUADERNO TRIBUNAL PRINCIPAL.pdf», folios 875 a 935 del Cuaderno
Principal del Tribunal. Con salvamento de voto de la Magistrada Gloria Dorys Álvarez García.
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114. Por lo tanto, la Sala considera que el Tribunal de primera instancia sí se
pronunció sobre este punto y su razonamiento es acertado, pues, aunque la
descripción geográfica señalada en el operativo fue inexacta, no tenía la fuerza para
desvirtuar las razones por las que fue impuesta la medida preventiva, esto es, por
el incumplimiento de normas ambientales.
7.7. Sobre la indebida representación de la abogada Martha Jimena Suárez
Burgos
115. Finalmente, la Sala establecerá si es nulo el acto que impone una medida
preventiva ambiental de suspensión de actividades y decomiso de algunos
elementos, si en la actuación que dio lugar a dicha decisión intervino una persona
que dijo representar a la accionada sin contar con documento alguno que acreditara
tal condición y ello resultó determinante para la expedición de dicho acto.
115. Para el efecto, lo que se observa es que la efectiva participación de la citada
profesional del derecho en la visita efectuada a los predios donde se llevaba a cabo
la extracción y explotación minera objeto de la medida censurada no resultó
determinante para efectos de su expedición.
116. Tal aserto es perfectamente demostrable de la mera lectura del acto acusado,
toda vez que allí no se detecta argumento alguno que conduzca a concluir que
alguna manifestación de la persona fue tenida en cuenta para la emisión del acto
que se cuestiona. Más bien lo fueron no contar con instrumentos ambientales y el
deterioro y riesgo ambiental que generaba la actividad de Koreanas. Los extractos
del numeral 105 de esta providencia y los que pasan a acotarse, demuestran lo
dicho:
3.3 Las actividades de extracción y beneficio del material explotado han
originado al menos las siguientes afectaciones ambientales (impactos
negativos), en las
diferentes áreas de interés:
• Cambio, en las propiedades físicas del suelo, grado de consolidación,
granulometría, permeabilidad, composición, etc (por acción de descapote y
movimiento de tierras)
• Cambio en el uso del suelo (por descapote y remoción de cobertura
vegetal en áreas, de rastrojo tradicionalmente usadas para ganadería)
• Activación de procesos erosivos y riesgo de desestabilización de terrenos
(por remoción de suelos y de la cobertura vegetal antes existentes, mayor
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exposición a los agentes erosivos y debido a las dimensiones y forma de
las excavaciones realizadas).
• Alteración de las geoformas predominantes (por la explotación de áreas
de colinas y llanuras, así como la disposición de material aluvial, generando
áreas deprimidas y apilamientos de materiales estériles)
• Alteración de la calidad visual del paisaje (por remoción de cobertura
vegetal generando contrastes fuertes de color y geometría respecto de las
áreas circundantes no intervenidas)
• Desaparición y/o transformación de ambientes lóticos y lenticos (por
alteración de zonas y áreas de drenaje natural conectadas con cuerpos de
agua superficiales al ubicarse en las microcuencas de estos)
• Cambio en el flujo y la dinámica de corrientes superficiales (por la
alteración de parámetros como pendiente, área aferente, rugosidad y
permeabilidad de suelos en las zonas de drenaje natural en las
microcuencas intervenidas)
• Disminución de la disponibilidad del recurso hídrico para usos aguas abajo
(por alteración de zonas y áreas de drenaje natural conectadas)
• Generación y disposición inadecuada de residuos líquidos (directamente
sobre el suelo o áreas y zonas de drenaje natural de las microcuencas
afectadas sin
ningún tipo de tratamiento previo)
• Generación y disposición inadecuada de residuos, sólidos (disposición de
residuos sobre el suelo y/o en el agua sin ningún tipo de manejo o
tratamiento previo)
• Disminución de la cobertura vegetal (por remoción de la cobertura vegetal)
• Pérdida de hábitat apropiados para la fauna terrestre, por la afectación de
la cobertura vegetal antes existente”
De acuerdo con lo anterior, es claro que la necesidad de las medidas preventivas
de suspensión de actividades y decomiso preventivo impuestas, que se legalizan
mediante este acto administrativo, se sustenta en la necesidad de evitar el riesgo
que representan las afectaciones evidenciadas en la mina Isla del Sol, ubicada
en el predio Isla del Sol del municipio de Rivera, departamento de Huila, se
concrete en daños graves e irreversibles a los recursos naturales renovables y al
medio ambiente.
Dicha necesidad de suspender las actividades halladas en desarrollo de la
operación "Gaitana Fase I' y decomiso preventivo de los elementos que. se
desarrolla dicha actividad, se mantiene dentro del marco del principio de
proporcionalidad, cuya aplicación, en palabras de la H. Corte Constitucional “no
puede ser ajena a la clase y al nivel de riesgo advertido, como quiera que las
medidas deben responder a cada tipo de riesgo, pues como lo ha señalado la
doctrina, debe existir una razonable proporción entre la magnitud e inminencia
del riesgo que se advierte y la intensidad de las medidas que se adoptan".
Así las cosas, el riesgo advertido, tal y conto se citó en el Concepto Técnico No.
277 del 24 de febrero de 2011 consiste en que las afectaciones evidenciadas
como consecuencia de la explotación de oro y materiales de construcción en la
mina ISLA DEL SOL, ubicada en el predio Isla del Sol del municipio de Rivera,
departamento de Huila, puede traducirse, en graves eventos de contaminación
sobre los recursos afectados.
De lo anteriormente expuesto se concluye que en el momento en que se
impusieron las medidas preventivas que mediante este acto administrativo se
legalizan, se daban los presupuestos necesarios para sustentar la necesidad de
ordenar la suspensión de toda actividad de explotación minera y el decomiso de
los elementos utilizados para el desarrollo de dichas actividades en la mina ISLA
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DEL SOL, ubicada en el predio Isla del Sol del municipio de Rivera, departamento
de Huila.»
7.8. Sobre la condena en costas
117. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 171 del CCA y atendiendo la
conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los
presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 28 de julio de 2015, proferida el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el sentido declararse INHIBIDA para
pronunciarse de fondo frente al «Acta de imposición de medidas preventivas en
caso de flagrancia e informe preliminar» de 22 de febrero de 2011», por las razones
expuesta en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 28 de julio de 2015,
proferida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
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Demandante: Koreanas Ltda.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Aclaro voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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