Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01436-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
De colombia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01436-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2014-01436-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Demandada: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Tema: Facultad sancionatoria de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA / Cargos nuevos formulados en el recurso de apelación /
Sustentación del recurso de apelación – reiteración de jurisprudencia
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de 16 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La demanda1
1. La sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de
18 de enero de 20112, acudió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
para presentar las siguientes pretensiones:
“[…] 2. PRETENSIONES
PRIMERA: Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
(i) La Resolución No. 2196 del 27 de diciembre de 2012, por medio de la cual el
Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA impuso una sanción de
carácter pecuniario por valor de doscientos cuarenta millones de pesos
(240.000.000.oo) a la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
(ii) La Resolución No. 0221 del 11 de febrero de 2014, notificada el 19 del mismo mes
y año, por medio de la cual el Superintendente Financiero de Colombia modificó la
sanción impuesta a la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. mediante la Resolución
señalada en el numeral anterior, quedando la misma en la suma de doscientos trece
millones trecientos [sic] mil pesos ($213.300.000.oo).
SEGUNDA: Que, en consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se
condene a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA a pagarle a mi
representada la suma de doscientos trece millones quinientos veintinueve mil
quinientos treinta y dos pesos ($213.529.532.oo), actualizada al valor presente en la
1
Cfr. Fol. 1 – 19, cuaderno principal.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
2
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
fecha de la condena, suma de dinero que fue cancelada por ALIANZA FIDUCIARIA
S.A. en atención a lo dispuesto por la Resolución 0221 del 11 de febrero de 2014.
TERCERA: Que se condene a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA a pagarle a mi representada las costas del proceso y las agencias en
derecho. […]” (negrilla del texto)
I.1.1. Los hechos
2. Afirmó que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA en desarrollo
de sus funciones ordenó, mediante oficio de 31 de agosto de 2010, visita de
inspección a la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. con el fin de verificar la manera
en que la entidad desarrolló e implementó el sistema para la administración del
riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo [en adelante
SARLAFT] en el período entre el 30 de junio de 2009 a 30 de junio de 2010.
3. Indicó que el resultado la inspección se plasmó en el informe de visita núm.
05000016201000032 de conformidad con lo previsto en el numeral 3. del artículo
337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero3, el cual se puso a consideración
del representante legal de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. por oficio de 3 de mayo de
2012, notificado el 10 de ese mismo mes y año.
4. En el oficio de 3 de mayo de 2012 se formuló pliego de cargos institucional para
los efectos previstos en el artículo 211 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
y se concedió el término de 30 días hábiles para rendir las explicaciones
respectivas.
5. Mencionó que en el citado oficio se le formularon los siguientes nueve (9) cargos,
correspondientes al período 30 de junio de 2009 a 30 de junio de 2010:
5.1. ALIANZA FIDUCIARIA posiblemente no identificó completamente los riesgos
inherentes a la actividad que desarrolla, toda vez que la metodología implementada
y plasmada tanto en el manual de procedimientos como en el documento técnico
hizo referencia a una metodología de medición o valoración de riesgos pero no a
una metodología de segmentación como tal, en razón a que el resultado final de
esta es un valor cuantitativo obtenido de una valoración realizada a cada variable
que indicaba la tendencia al riesgo de lavado de activos y financiación del
terrorismo.
5.2. ALIANZA FIDUCIARIA S.A. no habría puesto en práctica procedimientos
específicos para la implementación y puesta en funcionamiento de la segmentación
de los factores de riesgo del SARLAFT.
3
Decreto Ley 663 de 2 de abril de 1993, “[…] Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y
se modifica su titulación y numeración […]”.
3
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
5.3. ALIANZA FIDUCIARIA S.A. no habría acatado lo dispuesto en el inciso primero
del subnumeral 4.1.1. del Capítulo XI Título I de la Circular Básica Jurídica4 por no
tener en cuenta completamente los canales de distribución, pues algunos negocios
administrados por la sociedad fiduciaria para esa época se transaban a través de
productos financieros contratados con establecimientos de crédito.
5.4. ALIANZA FIDUCIARIA S.A. no habría atendido el subnumeral 4.2.2.2.2. del
Capítulo XI Título I de la Circular Básica Jurídica, al establecer que la metodología
de la fiduciaria para la segmentación de los factores de riesgo cliente no
garantizaban las características y homogeneidad al interior de los segmentos y de
heterogeneidad entre estos.
5.5. ALIANZA FIDUCIARIA S.A. no habría cumplido con el inciso segundo del
subnumeral 4.2.2.2.1. del Capítulo XI Título I de la Circular Básica Jurídica al señalar
que ninguna de las señales de alerta implementadas en la fiduciaria provenía de los
parámetros establecidos en la segmentación de los factores de riesgo.
5.6. Algunos de los formularios de vinculación de clientes de ALIANZA FIDUCIARIA
S.A. se encontraban legalizados indebidamente.
5.7. ALIANZA FIDUCIARIA S.A. no habría cumplido con lo previsto en el inciso
primero literales a), b) y c) del subnumeral 4.2.2.1.1. del Capítulo XI Título I de la
Circular Básica Jurídica al no contar con un conocimiento actualizado y permanente
del cliente.
5.8. ALIANZA FIDUCIARIA S.A. no habría cumplido con el inciso primero del
subnumeral 4.2.2.1.3. y el literal b) del inciso segundo del subnumeral 4.2.2.3. del
Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica por no contar con un sistema
de monitoreo y detección de operaciones inusuales en efectivo.
5.9. ALIANZA FIDUCIARIA S.A. no habría cumplido con el inciso primero del
subnumeral 4.2.3. del Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica al
considerar que la información capturada en el formato de vinculación presentaba
inconsistencias que conllevaban a deficiencias en la calidad de la información.
6. Señaló que la sociedad fiduciaria presentó sus descargos ante la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA el 22 de junio de 2012,
rindiendo sus explicaciones con el fin de demostrar el cumplimiento de obligaciones
de la entidad, no obstante, la autoridad administrativa desestimó sus argumentos y
expidió la Resolución núm. 2196 de 27 de diciembre de 2012, mediante la cual la
sancionó con multa de $240.000.000.
7. Puso de presente que presentó recurso de apelación en contra de la mencionada
resolución para que la sanción fuera revocada y subsidiariamente para que fuera
4
Circular Externa núm. 007 de 19 de enero de 1996, expedida por la SUPERINTENDENCIA BANCARIA, hoy
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.
4
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
remplazada por un llamado de atención, se disminuyera el valor o se ordenara su
destinación a la implementación de correctivos internos.
8. Aseveró que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA resolvió el
recurso de apelación mediante la Resolución núm. 0221 de 11 de febrero de 2014,
en la cual se disminuyó la sanción a la suma de $213.300.000.
9. Aseguró que en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones demandadas
realizó el pago de la sanción impuesta más los intereses causados hasta la fecha
del pago por la suma de $213.529.532.
I.1.2. Las causales de nulidad invocadas
10. Invocó como causales de nulidad:
“[…] (i) infracción de las normas en que han debido fundarse los actos
administrativos, (ii) expedición irregular de los actos administrativos, (iii) falsa
motivación de hecho y de derecho de los actos administrativos, (iv) violación del
debido proceso, (v) violación del derecho de contradicción y (v) [sic] falta de
competencia […]”
I.1.2.1. La falta de competencia por caducidad de la facultad sancionatoria de
la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
11. Manifestó que de acuerdo con el numeral 6. del artículo 208 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, la facultad para imponer sanciones caducaría en
tres (3) años contados, para las conductas de ejecución instantánea, desde el día
de su consumación.
12. Indicó que los hechos por los cuales fue sancionada ocurrieron en el período del
30 de junio de 2009 a 30 de junio de 2010 y que la resolución que le impuso la
sanción de multa fue expedida el 27 de diciembre de 2013 y notificada el 4 de enero
de 2013.
13. Estimó que operó la caducidad de la facultad sancionatoria para todos los hechos
acaecidos entre las mencionadas fechas y para todos los cargos sustentados en
estos, de tal forma que la autoridad administrativa expidió una decisión
sancionatoria sin tener competencia.
I.1.2.2. La falsa motivación de hecho y de derecho – ausencia de violación de
las normas enunciadas por la autoridad administrativa
14. Indicó que fue en las resoluciones demandadas y no en los cargos que se le
formularon en su contra que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA habría puesto de presente que la sanción no fue impuesta por la
violación de la normatividad en sí sino en razón a que no cumplió la norma en los
términos esperados por la autoridad administrativa.
5
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
15. Se refirió a manera de ejemplo al segundo cargo formulado en su contra para
señalar que la misma SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA había
reconocido que sí había dado cumplimiento a las normas en materia de SARLAFT
que le era aplicables, sin embargo, al parecer para esa autoridad administrativa, la
herramienta implementada no le resultaba útil, como si tal criterio subjetivo creado
por esta pudiera ser motivo suficiente para sancionarla.
I.1.2.3. La falsa motivación de hecho y de derecho frente al cargo segundo –
implementación de procedimientos, metodología de segmentación de los
factores de riesgo
16. Manifestó que había quedado probado en el desarrollo de la visita de inspección
realizada a la sociedad fiduciaria, en los descargos y en el recurso de apelación
presentado contra la resolución sancionatoria que sí contaba con los procedimientos
para la segmentación de los factores de riesgo.
17. Citó la Resolución núm. 2196 de 27 de diciembre de 2012 en lo referente a los
descargos realizados por la sociedad fiduciaria para colegir que había cumplido con
la implementación de los procedimientos requeridos conforme a la Circular Básica
Jurídica y, por ello, no había incurrido en ninguna infracción en materia del
SARLAFT, no obstante, fue sancionada por la autoridad administrativa.
18. Añadió que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA había
considerado que la implementación de los procedimientos se debía realizar,
además, a través del aplicativo SIFI, por ello insistió en confirmar el cargo pese a
que así no lo prevé la Circular Básica Jurídica, lo que permitía deducir que no
incurrió en infracción alguna.
19. Estimó que era contrario a derecho que se le sancionara cuando, cumpliendo con
lo previsto en la regulación, de manera subjetiva la autoridad administrativa
consideró que se ha debido cumplir la norma de otra manera, sin que esta fuera
clara a tal respecto.
20. Adujo que la Resolución núm. 221 de 11 de febrero de 2014 confirmó el cargo
pero con sustento en normas que no fueron relacionadas en el pliego ni en la
Resolución núm. 2196 de 27 de diciembre de 2012, por lo que el cargo inicial se
encontraba fundamentado indebidamente y, por ello, se vulneraba el derecho de
defensa al no haber podido ejercer su derecho de contradicción sobre el nuevo
fundamento planteado por la autoridad administrativa al confirmar la sanción.
I.1.2.4. La falsa motivación de hecho y de derecho frente al cargo tercero –
identificación del factor de riesgo “canal de distribución”
21. Mencionó
que fue sancionada por parte de la SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA por cuanto consideró que los canales de distribución
6
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
no eran solo los utilizados para la venta y comercialización de los productos sino
que abarcaba todos los medios a través de los cuales transan dichos clientes y
productos.
22. Señaló que la Circular Básica Jurídica no definió lo que debía entenderse por
canales de distribución, razón por la cual aplicó un criterio general de lo que
comprende un canal de distribución manifestando en la visita, en los descargos y
en el recurso de apelación que “[…] sus servicios los distribuía a través de canales
propios, sin considerar a las entidades de crédito como canales, por no ser a través
de estas que se ofrecen los servicios de la fiduciaria. […]”.
23. Aseveró que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA consideró
que los canales de distribución abarcaban todos los medios a través de los cuales
transan dichos clientes o productos, lo cual no está previsto en la norma y que
corresponde a la interpretación de la autoridad administrativa, de tal forma que no
era posible que fuera sancionada con sustento en un criterio subjetivo no previsto
en la normatividad aplicable.
I.1.2.5. La falsa motivación de hecho y de derecho frente al cargo séptimo –
actualización de información de clientes
24. Señaló que en los contratos de fiducia mercantil como en los reglamentos de los
diferentes fondos que administra se encuentra la obligación por parte de los clientes
de actualizar su información al menos una vez al año.
25. Adujo que pese a lo expuesto, la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA estimó que era responsable por las obligaciones que los clientes no
habían cumplido, lo cual “[…] es completamente absurdo al tratarse de una
obligación propia de un tercero […]”.
26. Mencionó que la Resolución núm. 221 de 11 de febrero de 2014 aludió al
incumplimiento de una norma que no le fue puesta de presente en el pliego de
cargos ni en la Resolución núm. 2196 de 27 de diciembre de 2012, lo cual
evidenciaba una violación del derecho de defensa.
I.1.2.6. La falsa motivación de hecho y de derecho y violación del debido
proceso frente al cargo octavo – seguimiento de operaciones e identificación
y análisis de operaciones inusuales
27. Indicó que en el pliego de cargos, la autoridad administrativa manifestó que no
contaba con un sistema de monitoreo y de detección de operaciones inusuales en
efectivo al evidenciar que se presentaron movimientos de recursos que se salían de
la normalidad y capacidad financiera de los clientes Gabriel Jaime Pardo Jaller,
Jonhar S.A. y Promotora Sierra Morena S.A.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
28. Aseguró que en los descargos y en el recurso de apelación contra la sentencia
sancionatoria, así como en el expediente, constaba que si cuenta con un sistema
de monitoreo y detección de las operaciones inusuales en efectivo.
29. Aseveró que en la visita realizada por la autoridad administrativa se demostró
que el sistema no era infalible, al detectar que en algunos pocos casos se había
permeado el sistema, no obstante, indicó que las normas no obligan a que el sistema
sea infalible sino que se refiere a la inexistencia de un sistema de monitoreo y
detección de operaciones inusuales, con el cual sí cuenta.
30. Adujo que si la intención era sancionarla porque el sistema no era infalible, esto
ha debido establecerse desde la imputación del cargo mismo, para permitirle el
ejercicio del derecho de defensa y contradicción frente a ese concepto de violación.
31. Puso de presente que en la Resolución núm. 221 de 11 de febrero de 2014 se
confirmó la sanción impuesta bajo el argumento consistente en que el sistema de
monitoreo que tenía la sociedad fiduciaria no cumplía con los estándares que la
autoridad administrativa consideraba se debían tener.
32. Estimó que si el cargo hubiese estado enfocado a los estándares del sistema y
no a su ausencia, su defensa se habría planteado en tal sentido, por lo cual
consideró vulnerado su derecho de defensa en razón a que se invocó un hecho
nuevo sobre este cargo y no tuvo oportunidad de defenderse.
I.2. Trámite de la demanda
33. A través de auto de 11 de septiembre de 20145, se admitió la demanda y, en
consecuencia, i) se ordenó notificar personalmente al Superintendente Financiero
de Colombia, al agente del Ministerio Público y al director de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado; ii) se corrió traslado de la demanda según lo
previsto en los artículos 172 y 199 de la Ley 1437; y, iii) se advirtió a la parte
demandada que durante el término para contestar la demanda debía allegar los
antecedentes administrativos que dieron origen a los actos administrativos
demandados.
I.3. La contestación de la demanda6
34. La SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA contestó la demanda y
se opuso a la prosperidad de sus pretensiones.
35. Solicitó que se decretaran todas las excepciones que resultaran probadas en el
proceso y que debieran ser reconocidas de oficio y señaló que en caso que tal
solicitud no estuviera llamada a prosperar, procedía a exponer sus argumentos de
defensa
5
Cfr. Fol. 261-262, cuaderno principal.
6
Cfr. Fol. 277-293, cuaderno principal.
8
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
i) Falta de competencia por caducidad de la facultad sancionatoria de la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
36. Afirmó que a la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. se le atribuyó la realización
de conductas omisivas, esto es, no haber realizado unas actuaciones que era
imperativas por las normas vulneradas para cada uno de los cargos.
37. Aseveró que de acuerdo con el literal c) del numeral 6. del artículo 208 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el término de caducidad debe contarse
desde el momento en que cesó el deber de conducta.
38. Indicó que la conducta omisiva de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. a la fecha de
contestación de la demanda no había cesado o por lo menos no lo había
demostrado en la actuación administrativa.
39. Reiteró que las conductas que se le atribuyeron a ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
eran de carácter omisivo y no de ejecución instantánea, por cuanto carecía de
herramientas y procedimientos efectivos para evitar la acción delictiva de lavado de
activos y financiación del terrorismo, pese a encontrarse obligado a esto.
40. Puso de presente que de acuerdo con la actuación administrativa adelantada no
era posible considerar que haya operado la caducidad de la facultad sancionatoria
puesto que al momento de proferirse los actos administrativos demandados, la parte
demandante no había demostrado el cumplimiento de las falencias encontradas por
la comisión de visita ni que este incumplimiento hubiere cesado.
41. Puso de presente los cargos formulados en contra de ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
en el pliego de cargos y llegó a la conclusión consistente en que se estaba en
presencia de omisiones detectadas en la visita realizada que estaban presentes
desde las fechas objeto de verificación, esto es, 30 de junio de 2009 a 30 de junio
de 2010, y se mantuvieron en el tiempo al punto que al momento de expedirse las
resoluciones demandadas, insistió, estas no habían cesado o por lo menos la
sancionada no acreditó lo contrario, de tal forma que el cargo no estaba llamado a
prosperar.
42. Adujo que si en gracia de discusión se insistiera en que la caducidad de la
facultad sancionatoria debía contabilizarse desde el momento en que el ente de
control tuvo conocimiento de la infracción, tampoco operó este fenómeno.
43. Se refirió a la tesis sostenida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “B” según la cual el término para contar la facultad
sancionatoria de la administración se surtía desde el momento en que la
administración tenía conocimiento del hecho que se sanciona.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
44. Estimó que siguiendo la tesis expuesta por la mencionada corporación judicial,
la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA había tenido conocimiento
de los hechos entre el 13 de septiembre y 1° de octubre de 2010, de tal forma que
“[…] a partir del 1° de octubre de 2010, fecha en la que finalizó la visita de
inspección, es que debe comenzar a contabilizarse la fecha de caducidad de la
facultad sancionatoria […]”.
45. Afirmó que en consideración a que al 1° de octubre de 2010, fecha en la que
finalizó la visita de inspección realizada a ALIANZA FIDUCIARIA S.A.:
“[…] no había cesado la omisión y el deber de conducta que le era exigible, amén de
que en ese momento se encontraron las debilidades que luego se imputaron en el
pliego de cargos como incumplimientos, el término de caducidad, previsto en el literal
c) del numeral 6 del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por
tratarse de una omisión, sería el 1° de octubre de 2013.
No obstante, teniendo en cuenta que la notificación del acto administrativo
sancionatorio correspondiente interrumpe el término de caducidad de la facultad
sancionatoria, tal como lo prevé el último inciso del numeral 6 del artículo 208 ibidem,
en el caso en estudio, dicha interrupción se materializó desde la fecha en que se
notificó la decisión de primera instancia, lo cual ocurrió, el 4 de enero de 2013, es
decir dentro del término que tenía mi procurada para ejercer su facultad sancionatoria.
Así las cosas, es claro que cualquiera que sea la óptica con la que se analice el caso
en estudio, es claro que en el presente caso no operó el fenómeno de la caducidad
sancionatoria alegada por la demandante. […]”
ii) La falsa motivación de hecho y de derecho – ausencia de violación de las
normas que sirvieron de fundamento a la sanción
46. Puso de presente que expondría sus argumentos de defensa en el mismo orden
en que fueron expuestos en la demanda y mencionó que:
“[…] no obstante conviene manifestarle al Despacho que respecto de aquellos cargos
imputados en vía gubernativa y sobre los cuales el demandante no invocó en vía
judicial violación alguna – léase cargo 4° Condiciones de homogeneidad y
heterogeneidad de los factos [sic] de riesgo cliente y productos. 5° Señales de alerta
y 6° Debido diligenciamiento del formulario de vinculación – estos no pueden ser
objeto de pronunciamiento, por cuanto el principio general que rige el derecho
procesal administrativo es que la justicia es rogada y solo sobre lo expresamente
solicitado por el demandante en su demanda, es que debe pronunciarse el juez de la
causa. […]” (subrayado del texto)
47. Expuso respecto del segundo cargo formulado por la demandante que el motivo
de reproche se originó en el incumplimiento de las obligaciones que le correspondía
ejercer frente al SARLAFT, en especial las contenidas en la Circular Básica Jurídica
Capítulo XI Título I.
48. Estimó que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. no indicó en qué consistió la supuesta
falsa motivación en la que incurrió respecto de este cargo coligiendo que la legalidad
de este debe mantenerse toda vez que conforme lo establecen los artículos 176 y
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
177 del Código de Procedimiento Civil, vigentes para la época de expedición de los
actos acusados, lo legalmente presumido se tiene por cierto, salvo prueba en
contrario.
49. Insistió en que las resoluciones demandadas impusieron una sanción a ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. por el incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con
el SARLAFT al que se encontraba obligada, respetándole en todo momento el
debido proceso y el derecho de defensa que le asistía.
50. Manifestó que, teniendo en cuenta que la carga de la prueba estaba en cabeza
de la parte demandante, la cual se limitó a alegar una falsa motivación que no fue
probada, solicitó desestimar los argumentos expuestos y confirmar la legalidad de
los actos administrativos demandados.
iii) La falsa motivación de hecho y de derecho frente al cargo segundo –
implementación procedimientos y metodología de segmentación de los
factores de riesgo
51. Afirmó que, revisados el pliego de cargos y los actos administrativos
demandados, no le asistía razón a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en razón a que sí
habría infringido la normatividad prevista para la implementación de procedimientos
y metodología de segmentación de los factores de riesgo.
52. Consideró que la decisión adoptada tanto en el pliego de cargos como en la
resolución sancionatoria fueron claras en señalar que las instrucciones impartidas
por la autoridad administrativa a través del artículo 103 numeral 3. del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, subnumerales 4.2.2. inciso segundo literal a) y
4.2.2.2.2. inciso segundo del capítulo XI Título I de la Circular Básica Jurídica,
apuntaban a que las entidades vigiladas pusieran en funcionamiento, en su
operación diaria y frente a todos sus clientes y usuarios, un sistema de
administración para gestionar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, bajo los parámetros mínimos requeridos.
53. Expuso que la visita realizada a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. evidenció que las
herramientas tecnológicas que soportaban la operación del SARLAFT, “[…] incluido
el Sistema de Información Fiduciario SIFI […]”, el cual administraría la información
de los clientes del inicio de su vinculación:
“[…] no contaba con la parametrización ni había puesto en funcionamiento la
segmentación de los factores de riesgo clientes, productos, canales de
distribución y jurisdiccionales, ni las señales de alerta, lo que implica que la
entidad no puede determinar las características usuales de las transacciones o
parámetros de normalidad provenientes de los segmentos resultantes de los
factores de riesgo.
Fíjese que la imputación realizada por mi procurada, guarda estrecha relación con lo
dispuesto en las normas violadas, en el entendido que si la Alianza Fiduciaria S.A.
había desarrollado la metodología de segmentación de los factores de riesgo, esta no
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
había sido aplicada y puesta en funcionamiento en la práctica, esto es, que no podía
comparar las transacciones de los clientes con las características usuales advertidas
para cada segmento. […]” (negrilla y subrayado del texto)
54. Puso de presente que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. buscaba demeritar los
hallazgos evidenciados por la comisión de visita y a partir de allí aducir que las
normas mencionadas como infringidas en el pliego de cargos y en las resoluciones
demandadas no establecían que las entidades debían contar con una herramienta
tecnológica para el desarrollo del SARLAFT.
55. Explicó que si bien era cierto que no había una norma que expresamente
señalara que la implementación de los procedimientos se debía realizar a través de
una herramienta tecnológica, como el aludido “[…] SIFI [..]”, lo era igualmente que
una vez escogido por la vigilada el procedimiento mediante el cual implementaría el
SARLAFT, este debía cumplir con las exigencias contenidas en la Circular Básica
Jurídica, lo cual no se cumplió.
56. Aseveró que en el presente asunto si bien ALIANZA FIDUCIARIA S.A. contaba
con la herramienta tecnológica, esta no era útil para los fines del SARLAFT como lo
exigía el literal a) del subnumeral 4.2.2. del Capítulo XI del Título I de la Circular
Básica Jurídica, asimismo, señaló que no cumplió lo previsto en esa norma puesto
que:
”[…] no había parametrizado ni puesto en funcionamiento la segmentación de los
factores de riesgo, ni las señales de alerta, con lo que no podía determinar las
características usuales de las transacciones o parámetros de normalidad
provenientes de los segmentos resultantes de los factores de riesgo. […]”
57. Aludió al argumento consistente en que en la Resolución núm. 221 de 11 de
febrero de 2014 se confirmó el cargo con soporte en una norma no mencionada en
el pliego de cargos ni en la Resolución núm. 2196 de 27 de diciembre de 2012, lo
cual denotaba una indebida formulación del cargo y una violación del derecho de
defensa de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. al no tener la oportunidad de defenderse de
una nueva imputación, señalando que tal razonamiento no era de recibo.
58. Advirtió que si bien era cierto que en la en la Resolución núm. 221 de 11 de
febrero de 2014 se mencionó lo dispuesto en el subnumeral 4.2.6. del Capítulo XI
Título I de la Circular Básica Jurídica, también lo era que en momento alguno se
afirmó que la sociedad fiduciaria haya incurrido en su infracción.
59. Mencionó que la citada resolución daba cuenta que las normas que se
consideraron infringidas y su concepto de violación se mantuvo sin modificación
alguna desde el pliego de cargos hasta las resoluciones demandadas.
60. Aseguró que la cita que se hizo del subnumeral 4.2.6 del Capítulo XI del Título I
de la Circular Básica Jurídica no correspondía a una nueva imputación pues se le
mencionó para indicar que la herramienta tecnológica con la que la entidad vigilada
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
pretendía acreditar el cumplimiento de las normas por cuyo incumplimiento fue
sancionada:
“[…] no era útil “para instrumentar las diferentes etapas y procedimientos del
SARLAFT”, tal y como lo exige el literal a) del subnumeral 4.2.2 del Capítulo XI
del Título I de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996, norma que se estimó
infringida en este cargo”.
Para de allí concluir que, como se había indicado desde el pliego de cargos, la entidad
“no había parametrizado ni puesto en funcionamiento la segmentación de los
factores de riesgo, ni las señales de alerta, con lo que no podía determinar las
características usuales de las transacciones o parámetros de normalidad
provenientes de los segmentos resultantes de los factores de riesgo”.
Y es que no puede pensarse que el reproche formulado a la Sociedad Fiduciaria
referido al incumplimiento de sus obligaciones de: i) instrumentar las diferentes etapas
y elementos del SARLAFT (literal a del numeral 4.2.2. del Capítulo XI del Título I de
la Circular Básica Jurídica) y ii) segmentar los diferentes factores de riesgo a fin de
determinar las características usuales de las transacciones que se desarrollan y
compararlas con aquellas que realicen los clientes, a efecto de detectar las
operaciones inusuales (inciso 2° del numeral 4.2.2.2.2 del mismo Capítulo), se haya
modificado en la segunda instancia para sancionar a la entidad por deficiencias en el
Sistema de Información Fiduciario SIFI, cuando según se expuso en la misma
Resolución “no hay norma que expresamente señale que la implementación de
los procedimientos se deba hacer a través de una herramienta tecnológica”.
Así las cosas, no hay duda alguna respecto de que la mención que se hizo del
subnumeral 4.2.6 del Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica 007 de
1996 en la Resolución a través de la cual se resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra el acto administrativo sancionatorio, no corresponde a una nueva
imputación de la cual no pudo defenderse la Sociedad Fiduciaria, pues el único fin
con el que la citada disposición se trajo a colación fue para debatir el argumento de
la investigada de acuerdo con el cual estaba dando cumplimiento a las normas que
se señalaron como infringidas a través de una herramienta tecnológica que, según se
evidenció por la Comisión de Visita de la Superintendencia, no era útil. […]” (negrilla
y subrayado del texto)
iv) La falsa motivación de hecho y de derecho frente al cargo tercero –
identificación del factor de riesgo canal de distribución
61. Puso de presente que en el curso de la actuación administrativa se le atribuyó a
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. el incumplimiento de lo previsto en el inciso primero del
subnumeral 4.1.1. del Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica.
62. Señaló que la sociedad fiduciaria habría incumplido dicha norma por cuanto no
tuvo en cuenta la totalidad de los canales de distribución, toda vez que solo
consideró aquellos canales puestos para la vinculación de clientes a través de la
adquisición de productos y dejó de lado los puestos a disposición de los clientes
para realizar transacciones de acuerdo con la operación y administración de sus
productos, los cuales por su naturaleza y características propias generaban riesgo.
63. Indicó
que, conforme lo anterior, la sociedad fiduciaria no identificó
completamente los riesgos inherentes a la actividad que desarrollaba, al no tener
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
en cuenta para esa identificación aquellos canales distintos del propio,
especialmente aquellos que se contrataban para gestionar financieramente un
negocio fiduciario, explicando que la comisión de visita encontró 193 fideicomisos
que transaban a través de productos financieros contratados con otras entidades
financieras sin que la demandante haya identificado los riesgos asociados a esos
canales de distribución.
64. Expuso respecto de lo manifestado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A. atinente al
concepto de canales de distribución que el numeral 1.4. del Capítulo XI Título I de
la Circular Básica Jurídica prevé que los factores de riesgo son los agentes
generadores del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y que para
los efectos del SARLAFT, las entidades vigiladas debían tener en cuenta como
mínimo, entre otros, los canales de distribución.
65. Aseguró que era cierto que el término canales de distribución no estaba definido
en la Circular Básica Jurídica, no obstante, consideró que no se requería de
definiciones especiales para su claro entendimiento y que el concepto aplicado no
era contrario al sentido natural y común.
66. Estimó que el concepto de canales de distribución, en materia financiera y para
efectos de la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, aludía a
todos aquellos conductos o medios utilizados por una entidad vigilada para ofrecer
productos y prestar sus servicios a clientes y usuarios.
67. Frente al presente asunto, aseveró que:
“[…] En este orden, se tiene que, si las operaciones de los 193 fideicomisos
mencionados en el Informe de Inspección se realizaban a través de cuentas y
productos contratados con otras entidades financieras, resulta evidente que ellas
constituían Canales de distribución [sic] y, por ende, debían hacer parte de los
factores de riesgo propios del SARLAFT.
(…)
Y es que, al contar Alianza Fiduciaria con otros canales puestos a disposición de los
clientes para el flujo transaccional de sus productos, vale decir, los mencionados
Fideicomisos, se comprobó que la entidad no realizaba los análisis de riesgos a los
canales no identificados, lo que le impedía conocer el nivel real de exposición
derivado del hecho de poner a disposición de los clientes canales de distribución que
no eran propios, sino administrados por otras entidades financieras, con lo cual se
desconocían normas de obligatoria observancia y en esa medida tales infracciones
debían dar lugar a una sanción en los términos previstos por mi prohijada. […]”
68. Consideró que era evidente que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. había infringido lo
dispuesto en el inciso primero del subnumeral 4.1.1. del Capítulo XI Título I de la
Circular Básica Jurídica al no identificar plenamente los riesgos de lavado de activos
y financiación del terrorismo, manejando productos financieros contratados con
otras entidades financieras como un factor de riesgo en esa materia.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
v) La falsa motivación de hecho y de derecho frente al cargo séptimo –
actualización de información de los clientes
69. Recordó frente a ese cargo que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. fue sancionada por
infringir el inciso primero y los literales a), b) y c) del subnumeral 4.2.2.1.1. y el literal
a) del subnumeral 4.2.2.1.1.4. de Capítulo XI Título I de la Circular Básica Jurídica,
al no cumplir con la obligación de exigir a sus clientes la actualización anual de los
datos suministrados en el formulario de vinculación de clientes.
70. Expuso que la sociedad fiduciaria consideró que la obligación mencionada no le
era exigible puesto que tal actualización era un acto que provenía de un tercero.
71. Indicó que el argumento de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. no podía ser acogido
puesto que la realización de gestiones por parte de las vigiladas para que los
clientes actualicen su información si corresponde al cumplimiento de la exigencia
prevista en el literal a) del subnumeral 4.2.2.1.1.4. del Capítulo XI Título I de la
Circular Básica Jurídica.
72. Aseguró que el incumplimiento de tal disposición constituía un desconocimiento
de las normas relativas al SARLAFT y añadió que si bien sin la colaboración de los
clientes la actualización requerida no era posible, también lo era que esto no podía
exonerar de responsabilidad a la sociedad fiduciaria en consideración a que no
habría demostrado cuáles fueron las actividades desplegadas durante el tiempo en
que se presentó la infracción para que sus clientes actualizaran su información y de
que, a pesar de sus esfuerzos, la conducta omisiva de estos le hizo incurrir en el
incumplimiento reprochado.
73. Explicó que la comisión de visita no evidenció por parte de ALIANZA FIDUCIARIA
S.A. acciones efectivas para que los clientes actualizaran su información ni en la
respuesta a la formulación de cargos presentó gestiones que permitieran evidenciar
la actuación de la vigilada, pues se limitó a afirmar que esa labor era compleja y a
aceptar que efectivamente existían clientes que no habían cumplido esa obligación.
vi) Falsa motivación de hecho y de derecho y violación del debido proceso
frente al cargo octavo – seguimiento de operaciones e identificación y
análisis de operaciones inusuales
74. Mencionó que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. había manifestado respecto de este
cargo que se le había vulnerado su derecho de defensa en la medida en que en la
Resolución núm. 221 de 11 de febrero de 2014, acto administrativo por el cual se
resolvió su recurso de apelación contra Resolución núm. 2196 de 27 de diciembre
de 2012, se adujo un hecho nuevo sobre el cual no habría tenido la oportunidad de
defenderse.
75. Manifestóque a ALIANZA FIDUCIARIA se le atribuyeron los siguientes
incumplimientos:
15
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
75.1. Del inciso primero del sub numeral 4.2.2.1.3. del Capítulo XI Título I de la
Circular Básica Jurídica, por cuanto:
“[…] “los parámetros establecidos por la entidad, enunciados en el subnumeral
3.1.2 del presente informe denominado señales de alerta, no permitieron a Alianza
Fiduciaria S.A. establecer cuando las operaciones realizadas por los clientes
referidos se podían catalogar o considerar como inusuales con el fin de
determinar la normalidad o anormalidad de las mismas, toda vez que cuanto (sic)
fueron identificadas por la Comisión de Visita operaciones que se salieron de los
parámetros de normalidad definidos para los clientes en comento sin que la Fiduciaria
desplegara gestión alguna para determinar su razonabilidad”. […]” (negrilla del texto)
75.2. Del literal b) del subnumeral 4.2.2.2.3 del Capítulo XI Título I de la Circular
Básica Jurídica, por cuanto:
“[…] “las evidencias detectadas por la comisión respecto de la realización de
operaciones de los clientes Gabriel Jaime Pardo Jeller [sic], Jonhar S.A. y Promotora
Sierra Morena S.A. que se salen de la normalidad y de su capacidad financiera,
permiten concluir que la entidad no hace un seguimiento a las operaciones
realizadas a través de los cuatro factores de riesgo”. […]” (negrilla del texto)
75.3. Del literal c) del numeral 2 del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, por cuanto:
“[…] “según se pudo evidenciar la comisión de visita, los clientes Gabriel Jaime Pardo
Jaller, Jonhar S.A. y Promotora Sierra Morena S.A. realizaron operaciones que no
guardaban relación con su actividad económica, lo que implica que la entidad no
adoptó mecanismos que permitieran establecer que el volumen y movimientos
de fondos de sus clientes no guardaban relación con la actividad económica de
los mismos” […]” (negrilla del texto)
76. Aseveró que respecto de las normas citadas y los hechos expuestos fue
sancionada ALIANZA FIDUCIARIA S.A., frente a los cuales pudo ejercer su derecho
de defensa y contradicción si se tiene en cuenta que fueron los señalados en el
pliego de cargos y en la resolución sancionatoria.
I.4. Trámite del proceso
77. La audiencia inicial7 prevista en el artículo 1808 de la Ley 1437 se realizó el día
25 de mayo de 2015, en la cual se fijó el litigio y se decretó la práctica de pruebas
en el proceso. La fijación del litigio se realizó de la siguiente forma:
“[…] De la lectura de la demanda y su contestación se tiene que las partes no se
encuentran de acuerdo respecto de los hechos de la demanda relacionados con las
condiciones en que se adelantó la investigación administrativa que culminó con la
expedición de los actos demandados dentro de este asunto. Establecido lo anterior,
7
Cfr. Fol. 319-321, cuaderno principal.
8
Modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
16
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
se tiene que el problema jurídico en este caso se contrae a determinar si con la
expedición de las resoluciones números 2196 del veintisiete (27) de diciembre de dos
mil doce (2012) y 0221 de febrero once (11) de dos mil catorce (2014), a través de las
cuales la Superintendencia Financiera de Colombia impuso sanción de multa a la
sociedad actora y resolvió los recursos interpuestos en contra de dicha decisión en el
sentido de modificar el monto de la sanción impuesta, se incurrió en falsa motivación
y se actuó con falta de competencia derivada de la caducidad de la facultad
sancionatoria. […]”
78. En la citada audiencia se consideró innecesaria la realización de la audiencia de
pruebas así como la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo que se corrió
traslado a las partes por el término común de diez (10) días para que presentaran
alegaciones de conclusión, término dentro del cual, igualmente, el agente del
Ministerio Público podría presentar su concepto.
79. La demandante9 y la demandada10 presentaron sus respectivos alegatos de
conclusión y reiteraron los argumentos expuestos en el proceso. El agente del
Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.
I.5. La sentencia de primera instancia11
80. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”,
en sentencia de 16 de julio de 2015, resolvió:
“[…] FALLA
Primero: Deniéganse [sic] las pretensiones de la demanda.
Segundo: Condénase en costas a la parte demandante. Por secretaría liquídense.
[…]”
81. Resolvió el cargo de falta de competencia por caducidad de la facultad
sancionatoria y afirmó que de acuerdo con el acta de la visita adelantada por la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, el pliego de cargos y los
actos administrativos demandados, se advertía que las situaciones irregulares que
se le imputaron a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. obedecieron al incumplimiento de
obligaciones establecidas en la Circular Básica Jurídica y en el Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero.
82. Coligió de lo anteriormente expuesto que el incumplimiento de las mencionadas
disposiciones correspondía a omisiones en que habría incurrido la sociedad
fiduciaria frente a la implementación y desarrollo del SARLAFT.
83. Estimó que la caducidad aplicable al presente asunto era la contenida en el literal
c) del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, esto es, tres (3)
años contados desde cuando haya cesado el deber de actuar que tenía la sociedad
9
Cfr. Fol. 337-365, cuaderno principal.
10
Cfr. Fol. 330-336, cuaderno principal.
11
Cfr. Fol. 367-386, cuaderno principal.
17
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
fiduciaria respecto del mencionado sistema para la administración del riesgo de
lavado de activos y financiación del terrorismo.
84. Puso de presente que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. rindió sus descargos frente a
los cargos imputados, no obstante, no fueron suficientes para acreditar el
cumplimiento de las normas que regulaban la implementación y desarrollo del
SARLAFT, lo cual ocurrió igualmente con el recurso de apelación presentado en
contra de la resolución sancionatoria.
85. Aseveró que a la fecha en que fue proferida la Resolución núm. 221 de 11 de
febrero de 2014, la sociedad fiduciaria no había acreditado el cumplimiento de la
Circular Básica Jurídica y por tal razón persistían sus omisiones frente al SARLAFT,
con lo cual no podía concluirse que hubiere caducado la facultad sancionatoria de
la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA:
“[…] puesto que las omisiones en el cumplimiento de la norma que sustentó la sanción
no fueron subsanadas oportunamente por la sociedad actora, ni desvirtuadas en el
curso de la actuación que culminó con la sanción.
Adicionalmente, advierte la Sala que el ejercicio de la potestad sancionatoria no
puede contarse a partir de la ocurrencia de los hechos entre el treinta (30) de junio de
2009 y el treinta (30) de junio de 2010, como lo señaló la sociedad en la demanda y
en el alegato de conclusión.
Al igual que en casos similares, el criterio reiterado que mantiene la Sala es que el
término de caducidad debe contabilizarse desde el momento en que la administración
conoció las situaciones irregulares que dieron lugar a la actuación y posterior sanción.
La acogida brindada a esta posición encuentra respaldo en la jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre la materia, cuyas directrices estimaron procedente la
aplicación de dicha tesis cuando se trata de hechos que no trascendieron de la esfera
del autor de la conducta investigada o que, incluso, no salieron a la luz pública dentro
del correspondiente ámbito de interés12 de la sociedad […]”
86. Advirtió que los hechos fundamento de la investigación llegaron al conocimiento
de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA el 1° de octubre de 2010
cuando culminó la visita de inspección adelantada a ALIANZA FIDUCIARIA S.A.,
constatándose el incumplimiento de las normas reguladoras del SARLAFT.
87. Señaló que la Resolución núm. 2196 de 27 de diciembre de 2012, a través de la
cual se impuso la sanción a la sociedad fiduciaria fue notificada personalmente el
cuatro (4) de enero de 2013, lo cual interrumpió el término de caducidad de la
facultad sancionatoria, según lo previsto en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de octubre veintiocho (28) de 2010,
expediente No. 11001-03-24-000-2007-00145-00, M.P. Rafael E. Ostaú de Lafont Pianeta.
También puede consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de septiembre veinte (20) de 2000, expediente No. 25000-23-24-000-1999-0250-01, M.P. Camilo Arciniegas
Andrade.
18
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
88. Estimó que el acto administrativo sancionatorio se expidió y notificó por parte de
la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA dentro del término
establecido en la norma citada, de tal forma que el cargo no tenía vocación de
prosperidad.
89. Se refirió al segundo cargo relativo a la falsa motivación de hecho y de derecho
y mencionó que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. consideró que la autoridad
administrativa había motivado falsamente los actos administrativos demandados:
“[…] por ausencia de violación de las normas endilgadas en su contra y respecto de
los cargos relacionados con la implementación de los procedimientos, la metodología
de segmentación de los factores de riesgo, la identificación de los canales de
distribución y la actualización de la información de los clientes. […]”
90. Señaló que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., respecto del primer aspecto, había
indicado que:
“[…] no fue en el pliego de cargos sino en los actos demandados donde la entidad
precisó que la sanción procedía porque la sociedad no cumplió las disposiciones en
los términos esperados por la Superintendencia Financiera. […]”
91. Estimó que de las pruebas allegadas en el expediente no era posible establecer
la falta de correspondencia entre el pliego de cargos y los actos acusados.
92. Aseveró que el informe de visita fue claro en encuadrar específicamente cada
situación a las normas de la Circular Básica Jurídica y en algunos casos a otras
disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
93. Mencionó que al formular el pliego de cargos, la SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA fue precisa al señalar como posiblemente
incumplidas las mismas normas de la Circular Básica Jurídica y del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero:
“[…] tanto al transcribir el acta de visita como al describir cada una de las conductas
calificadas como irregulares en el ejercicio de la actividad financiera desarrollada por
Alianza Fiduciaria.
Aquella serie de imputaciones corresponde al mismo conjunto de posteriores
omisiones por incumplimiento normativo que después sustentaron la imposición de la
sanción a la sociedad actora, mediante los actos acusados […]”
94. No evidenció que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA haya
desconocido las normas en que debía fundarse para exigir el cumplimiento efectivo
de las disposiciones que regulaban el SARLAFT.
95. Se refirió a lo relativo a la adopción de los procedimientos que debía adelantar la
sociedad fiduciaria y a la metodología de segmentación de los factores de riesgo de
la actividad financiera respecto de los cuales:
19
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
“[…] Alianza Fiduciaria manifestó que cuenta con dichos mecanismos requeridos por
el sistema de prevención.
Agregó que la circular básica jurídica no estableció que los procedimientos deban
adoptarse mediante el aplicativo SIFI y añadió que el segundo acto acusado estuvo
basado en normas que no fueron relacionadas en los cargos, ni en la resolución No.
2196 de 2012. […]”
96. Advirtió que no desconocía que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. contaba con unos
procedimientos para el seguimiento de las diferentes etapas del esquema de
administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, lo cual
incluso habría sido admitido por la autoridad administrativa, no obstante, la sanción
no fue impuesta a la sociedad fiduciaria:
“[…] por la ausencia de los procedimientos sino por la falta de operatividad y eficacia
de las herramientas tecnológicas frente al objetivo establecido por el esquema de
prevención.
Lo que cuestionó el organismo fue que el sistema de información fiduciaria no era útil
para la administración de la información de los clientes, al punto que destacó que en
la práctica no había sido aplicado para el establecimiento de los parámetros, la
segmentación de los factores de riesgo de los clientes y productos y de los canales
de distribución y los canales jurisdiccionales.
En esta medida, la exigencia prevista en la circular básica jurídica no puede
entenderse cumplida con la simple adopción del sistema de información, ya que la
aplicación tecnológica tiene que estar adecuada y servir eficientemente a los
propósitos del esquema de prevención diseñado para quienes desarrollan actividades
financieras. […]”
97. Añadió que no desconocía que en la Resolución núm. 221 de 11 de febrero de
2014, acto administrativo por el cual se resolvió su recurso de apelación contra la
resolución sancionatoria, se invocó una norma que no fue señalada en el pliego de
cargos ni en la Resolución núm. 2196 de 27 de diciembre de 2012, concretamente
el numeral 4.2.6 del Capítulo XI de la Circular Básica Jurídica expedida por la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
98. Aseguró que, sin embargo, la inclusión de esa disposición no desconoció el
derecho de defensa de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. puesto que no fue realizada a
manera de un nuevo cargo sino para ilustrar la obligación general que tienen las
entidades financieras de tener los sistemas necesarios para garantizar la
administración de la información.
99. Indicó que la mencionada disposición estaba referida a las características que
debía tener cualquier soporte tecnológico dirigido al manejo de la información sobre
operaciones y riesgos propios del SARLAFT y por tratarse:
“[…] de la descripción de una obligación general en materia de tecnología que
sustentaba el sistema, como parte del análisis de contexto del mismo programa de
prevención, no encuentra la Sala que implique la imputación de un nuevo cargo a la
sociedad, ni la suma de un hecho diferente a los expuestos en el pliego […]”
20
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
100. Advirtióla primera instancia que dentro del presente cargo, ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. había manifestado que las resoluciones demandadas estaban
falsamente motivadas porque el fundamento relacionado con el factor de riesgo por
los canales de distribución no estaba previsto en las normas infringidas pues la
Circular Básica Jurídica no contenía definición alguna.
101. Constató que en la Circular Básica Jurídica no había definición alguna respecto
de los canales de distribución puesto que el artículo 4.1 hacía referencia genérica a
estos como uno de los factores de riesgo en el SARLAFT, no obstante estimó que
no era indispensable que la norma estableciera una descripción expresa de esos
mecanismos para que su control fuera exigido por la autoridad administrativa como
parte del SARLAFT.
102. Expuso que:
“[…] puede concluirse desde la óptica de la imputación hecho por la Superintendencia
Financiera, al referirse a los medios que debe utilizar la sociedad para la vinculación
de los clientes, la realización de las transacciones y la administración de sus
productos.
Según el sentido natural de dicho significado, los canales de distribución
corresponden a los diferentes mecanismos de la actividad financiera destinados a la
prestación del servicio y a la ejecución de las operaciones que involucran el manejo
de los recursos por parte de los clientes y a cargo del operador del servicio.
En el caso de Alianza Fiduciaria, la Superintendencia Financiera advirtió la omisión
en la identificación de los factores de riesgo en los canales puestos a disposición de
los clientes para ciertas transacciones, operaciones y a la administración de productos
generadores de riesgo.
(…)
La sociedad actora no fue ajena al entendimiento natural que debe tenerse sobre el
canal de distribución dentro de su actividad, pues al rebatir dicha imputación, en el
memorial de descargos, precisó que “(…) lo primero es señalar que los canales de
distribución, son los medios a través de los cuales Alianza Fiduciaria pone a
disposición de su clientela los servicios que presta”13. (…)
Igualmente, en el pliego de cargos el organismo citó una comunicación remitida el
trece (13) de septiembre de 2010 por el representante de la sociedad demandante,
donde afirmó que “(…) La Fiduciaria para la distribución de sus productos utiliza
principalmente canales propios, ubicados en la oficina principal y sus agencias. Los
canales utilizados para obtener cliente efectúan labor comercial pero el conocimiento
del cliente se realiza directamente en Alianza (…)”. (…)
Concluye la Sala que la ausencia de definición no impidió que Alianza Fiduciaria
tuviera claro el sentido lógico que identificaba a los canales de distribución, como
mecanismos para la advertencia de los posibles riesgos en el sistema de
13
La definición descrita por la Sociedad actora coincide en sus alcances con la descripción hecha sobre el particular por la
Superintendencia Financiera en el Pliego de cargos, al señalar que “Los canales de distribución son considerados aquellos
medios a través de los cuales se canalizan las operaciones de los clientes y usuarios (…)” de la fiduciaria (fls. 38 a 100).
21
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
administración contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. […]”
(negrilla del texto)
103. La primera instancia indicó que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. había señalado que
las resoluciones demandadas se encontraban falsamente motivadas por cuanto le
imputó la obligación de actualizar la información de sus clientes al menos una vez
al año sin advertir que en los contratos de fiducia y en los reglamentos de los fondos
bajo su administración se encuentra esa obligación y que la omisión en su
cumplimiento es atribuible a un tercero.
104. Estimó que la sanción impuesta no tuvo como fundamento la omisión de
terceras personas que en su condición de clientes tenían el deber de actualizar la
información suministrada al momento de su vinculación, sino en el incumplimiento
de las gestiones que tenía que realizar ALIANZA FIDUCIARIA S.A. para garantizar
que la información de estos fuera actualizada en aquellos casos en que fuese
susceptible de modificación.
105. Refirióque la implementación de los procedimientos tendientes a lograr la
actualización anual de los datos de los clientes era una obligación a cargo de la
sociedad fiduciaria conforme al numeral 4.2.2.1.1.4. de la Circular Básica Jurídica
y, asimismo, que la autoridad administrativa había constatado que la vigilada no
demostró cuáles fueron las actividades desplegadas para que los clientes de sus
productos y servicios actualizaran su información, de tal forma que el cargo no
prosperaba.
106. Abordó el tercer cargo consistente en la falsa motivación y la violación del debido
proceso frente al seguimiento de operaciones e identificación y análisis de
operaciones inusuales.
107. Anotó que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. había manifestado que la autoridad
administrativa motivó falsamente los actos administrativos demandados puesto que
sí contaba con el sistema para el monitoreo y detección de las operaciones
inusuales en efectivo y, adicionalmente, que si la intención era sancionarla porque
su sistema no era infalible así debió establecerse desde la imputación de cargos y
al no ocurrir así se habría desconocido el derecho de defensa y contradicción.
108. Expuso que el cargo imputado a la sociedad no estaba sustentado en la
inexistencia del sistema orientado al seguimiento de las operaciones y a la
identificación de aquellas consideradas inusuales, puesto que si bien la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA admitió que ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. contaba con una infraestructura de alertas, lo que se cuestionaba
era la eficacia de sus procedimientos y la omisión en el seguimiento que le
correspondía hacer sobre las operaciones llevadas a cabo por los clientes.
109. Puso de presente que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA,
al amparo de la Circular Básica Jurídica, señaló que los parámetros fijados por la
sociedad fiduciaria no permitían determinar el momento en que las operaciones
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
ejecutadas por algunos de los clientes podían llegar a catalogarse como inusuales
y que la vigilada no había adelantado el seguimientos de las operaciones con base
en los cuatro (4) factores de riesgo del SARLAFT si se tenía en cuenta que tres (3)
clientes estaban por fuera de la normalidad y de su capacidad financiera.
110. Mencionó igualmente que la autoridad administrativa encontró que la sociedad
fiduciaria no había implementado los mecanismos necesarios para establecer que
el volumen y los movimientos de dichos clientes no guardaban relación con las
actividades económicas que adelantaban.
111. Manifestó que la sanción impuesta estaba en concordancia con las normas de
la Circular Básica Jurídica cuyo incumplimiento fue imputado a ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. y que, a diferencia de lo expuesto por esta, estuvo fundamentada
en la ineficacia de su sistema para monitorear las operaciones de sus clientes, por
lo que el cargo no prosperaba.
I.6. El recurso de apelación14
112. ALIANZA FIDUCIARIA S.A. presentó recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia y solicitó que fuera revocada y se accediera a todas
y cada una de las pretensiones de la demanda.
i) La falta de competencia por la caducidad de la facultad sancionatoria de
la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
113. Indicó que la primera instancia había olvidado lo previsto en el literal a) del
numeral 6 del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual
indica que la facultad para imponer sanciones caducaría en tres (3) años contados,
en las conductas de ejecución instantánea, desde el día de su consumación.
114. Reiteró que los hechos que dieron origen a la sanción impuesta en los actos
administrativos demandados ocurrieron entre el 30 de junio de 2009 y el 30 de junio
de 2010 y que la Resolución núm. 2196 de 27 de diciembre de 2012 fue notificada
el día cuatro (4) de enero de 2013, con lo cual había operado la caducidad de la
facultad sancionatoria de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
para todos los hechos ocurridos en las citadas fechas.
115. Mencionó que “[…] Como sobre la mayoría de los hechos había operado la
caducidad […]” resultaba evidente que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA había proferido una sanción sin tener competencia, por lo menos
parcialmente.
116. Señaló que probó en el proceso que había dado cumplimiento a lo dispuesto en
las normas que supuestamente fueron vulneradas, sin embargo, la autoridad
14
Cfr. Fol. 391-415, Cuaderno principal.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
administrativa consideró que los mecanismos y procedimientos que diseñó para dar
cumplimiento a lo exigido por la Circular Básica Jurídica respecto del SARLAFT no
fueron útiles y demostraron que el sistema no era infalible y, por ello, no se había
dado cumplimiento a lo establecido en la normatividad.
117. Mencionó que desde la anterior perspectiva no podía decirse que había incurrido
en conductas omisivas pues si ello fuera así habría carecido por completo de:
“[…] metodologías para segmentar el factor de riesgo cliente, o si no hubiera
contemplado los canales de distribución, o si no tuviera manera de hacer seguimiento
a operaciones inusuales, o si no tuviera la base de datos con la información de los
clientes, pero nada de esto faltó y así quedó demostrado dentro del proceso de la
referencia y se reiterará en los numerales siguientes.
De lo expuesto se tiene que no hay lugar a señalar que Alianza incurrió en “conductas
omisivas”. Todo lo contrario. De lo expuesto se tiene que los hechos objeto de la
investigación administrativa que culminó con la expedición de las resoluciones cuya
nulidad se pretende sea declarada, corresponden a conductas de ejecución
instantánea y por ende en el presente caso ha operado la caducidad de la facultad
sancionatoria de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA respecto de
los hechos ocurridos entre el 30 de junio de 2009 y el 3 de enero de 2010. […]”
ii) Consideraciones generales respecto de la falsa motivación de hecho y de
derecho como causal de nulidad de las resoluciones demandadas
118. Afirmó que en la providencia apelada se indicó que la sanción no fue impuesta
a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. por la ausencia de los procedimientos para el
seguimiento de las diferentes etapas del esquema de administración del riesgo de
lavado de activos y de la financiación del terrorismo sino por la falta de operatividad
y eficacia de las herramientas tecnológicas.
119. Manifestó que la primera instancia habría señalado que si bien los canales de
distribución no aparecían definidos en la Circular Básica Jurídica esto no impidió
tener claro el sentido lógico que identificaba a los canales de distribución como
mecanismos para la advertencia de los posibles riesgos en el SARLAFT.
120. Señaló que los argumentos expuestos eran equivocados y que la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA había incurrido en falsa
motivación ya que:
“[…] (i) los hechos que la entidad demandada tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa, (ii) en otros eventos, omitió tener en consideración hechos
que fueron demostrados y que de haberlos considerado habrían conducido a una
decisión diferente en tanto la realidad de los hechos no concuerda con el escenario
fáctico que la administración supuso que existía al tomar la decisión.
A continuación nos permitimos reiterar algunas de las situaciones en las cuales
se evidencia que el proceder de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA al expedir los actos administrativos demandados estuvo viciado de
esta causal de nulidad. […]” (negrilla y subrayado fuera del texto)
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Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
iii) La Falsa Motivación de hecho y de derecho – ausencia de violación de
las normas endilgadas
121. Manifestó que fue en las resoluciones sancionatorias y no en la formulación de
cargo, el momento en el cual la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA habría revelado que la sanción impuesta procedía no por la violación
de la normatividad en sí, sino porque la sociedad fiduciaria no cumplió las normas
en los términos esperados por la autoridad administrativa, lo cual no se ajustaría a
lo expresamente previsto en las normas.
122. Puso como ejemplo de lo expuesto lo ocurrido con el “[…] cargo segundo
endilgado a mi representada […]” según el cual no se había puesto en práctica los
procedimientos específicos para la implementación y puesta en funcionamiento de
la segmentación de los factores de riesgo de lavado de activos y la financiación del
terrorismo incumpliendo lo dispuesto en el artículo 102 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y el numeral 4.2.2. del Capítulo XI Título I de la Circular Básica
Jurídica.
123. Afirmó que en la Resolución núm. 221 de 11 de febrero de 2014, la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA habría señalado que
ALIANZA FIDUCIARIA si había dado cumplimiento a las exigencias del literal a) del
sub numeral 4.2.2. del Capítulo XI Título I de la Circular Básica Jurídica, sin embargo
consideró que la herramienta implementada no era útil, como si tal criterio subjetivo
creado por la autoridad administrativa pudiera ser suficiente motivo para
sancionarla.
124. Se refirió como ejemplo al “[…] cargo tercero […]” en el cual la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA no habría identificado
debidamente el riesgo “canal de distribución”, puesto que no tuvo en cuenta a los
establecimientos bancarios como canales de distribución.
125. Estimó que la autoridad administrativa no había tenido en cuenta que la Circular
Básica Jurídica ni ninguna otra aplicable habría definido lo que debía entenderse
por canal de distribución y fue la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA la que definió tal término en los actos administrativos demandados,
sancionándola con base en una definición creada para este caso, lo cual acreditaría
la falsa motivación.
126. Insistió en que demostró a la autoridad administrativa que identificó “[…] el factor
de riesgo “canal de distribución”, esa entidad consideró que no lo hizo en tanto no
tuvo en cuenta la definición de “canal de distribución” creada ad hoc por esa entidad
para justificar la sanción impuesta a mi representada […]”.
iv) La Falsa Motivación de hecho y de derecho frente al cargo segundo –
ausencia de violación de las normas endilgadas
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Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
127. Aseveró que, como había quedado probado en la visita, en los descargos y en
el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución sancionatoria, sí
contaba con los procedimientos para la segmentación de los factores de riesgo, por
lo que no incurrió en ninguna infracción en materia del SARLAFT, no obstante, la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA la sancionó.
128. Añadió que:
“[…] la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA consideró que la
implementación de los procedimientos se debía realizar, además, a través del
aplicativo SIFI, y por ende, insistió en confirmar el cargo, pese a que así no lo prevé
la Circular Básica Jurídica. Esto demuestra que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. no
incurrió en ninguna infracción. Todo lo contrario: Mi representada dio cabal
cumplimiento a lo dispuesto por las normas aplicables. […]”
129. Mencionó que la propia SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
habría aceptado que contaba con los mecanismos de seguimiento e
instrumentalización de las diferentes etapas del SARLAFT.
130. Adujo que “[…] no puede Alianza ser sancionada sino conforme a las normas
aplicables, siendo contrario a derecho imponerle una sanción cuando, cumpliendo
con lo previsto en la regulación, de manera subjetiva la entidad de control consideró
que ha debido cumplir de otra manera la norma, sin que la norma señalara algo al
respecto […]”.
131. Añadió que la Resolución núm. 221 de 11 de febrero de 2014 confirmó el cargo
pero con base en normas que no fueron relacionadas en el pliego de cargos ni en
la Resolución sancionatoria por lo que el cargo habría estado indebidamente
fundamentado y, por consiguiente, se habría vulnerado su derecho de defensa al
no poder ejercer el derecho de contradicción respecto de un nuevo fundamento
jurídico.
132. Precisó que la Resolución núm. 221 de 11 de febrero de 2014 mencionó lo
dispuesto en el subnumeral 4.2.6. del Capítulo XI Título I de la Circular Básica
Jurídica para argumentar la supuesta infracción de esta y de otras normas relativas
a la implementación de procedimientos y la metodología de segmentación de los
factores de riesgo, desconociendo su derecho de defensa y contradicción.
v) La Falsa Motivación de hecho y de derecho frente al cargo tercero –
identificación del factor de riesgo canal de distribución
133. Reiteró que fue sancionada por parte de la SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA por cuanto esta consideró que los canales de
distribución no son solo los utilizados para la venta y comercialización de los
productos sino que abarcan todos los medios a través de los cuales transan dichos
clientes y productos.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
134. Insistió en que la Circular Básica Jurídica no definía qué eran los canales de
distribución razón por la cual aplicó un criterio general manifestando en la visita, en
los descargos y en el recurso de apelación que sus servicios los distribuía a través
de canales propios, sin considerar a las entidades de crédito como canales de
distribución, por no ser a través de estas que se ofrecen los servicios de la
demandante.
135. Manifestó que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
consideró que los canales de distribución abarcaban todos los medios a través de
los cuales transaban los clientes o productos, lo cual no estaba previsto en la
regulación y correspondería a una interpretación de la autoridad administrativa para
sancionarla.
vi) La Falsa Motivación de hecho y de derecho frente al cargo séptimo –
actualización de información de clientes
136. Expuso que una de las razones por las cuales fue sancionada fue por haber
incumplido con la obligación de actualizar como mínimo anualmente la información
de sus clientes.
137. Estimó que tal obligación de actualización está en cabeza de los clientes y no
de las entidades vigiladas como lo señaló la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA.
138. Puso de presente que en los contratos de fiducia mercantil como en los
reglamentos de los diferentes fondos que administra se encuentra contenida la
obligación para los clientes de actualizar su información al menos anualmente, no
obstante, ignorando lo expuesto, la autoridad administrativa la sancionó
sosteniendo que era responsable por el incumplimiento de los clientes, lo cual
consideró “[…] absurdo y alejado de la realidad, a tratarse de una obligación a cargo
de terceros. […]”.
139. Explicó que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA no tuvo en
consideración que era imposible garantizar el cumplimiento de una obligación que
está en cabeza de un tercero, fundamentando su postura en que:
“[…] si bien “sin la colaboración de los clientes es imposible tener actualizada la
información”, ALIANZA FIDUCIARIA no acreditó en el proceso haber adelantado
gestiones tendientes a que los clientes actualizaran la información con lo cual -en su
particular parecer- vulneró las disposiciones de la Circular Básica Jurídica referente a
la actualización de información.
La anterior argumentación es absurda. Y es absurda porque la normatividad aplicable
no dispone que es eximente de responsabilidad de las entidades vigiladas el hecho
de adelantar gestiones encaminadas a que los clientes cumplan con sus obligaciones,
que es de donde parte la sanción. Lo cierto es que nada de esto está contemplado en
la Circular Básica Jurídica: Ni las entidades vigiladas están obligadas a cumplir con
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Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
las obligaciones propias de terceros, ni mucho menos están obligadas a hacer que
los terceros cumplan con sus obligaciones. Y mucho menos contempla que el
incumplimiento de las obligaciones de terceros da lugar a sanciones para las
entidades vigiladas. […]”
vii) La Falsa Motivación de hecho y de derecho y violación al debido proceso
frente al cargo octavo - seguimiento de operaciones e identificación y
análisis de operaciones inusuales
140. Puso de presente que en el pliego de cargos se le había atribuido la conducta
consistente en que no contaba con un sistema de monitoreo y detección de
operaciones inusuales en efectivo al evidenciarse que se realizaron movimiento de
recursos que se salían de la normalidad y capacidad financiera de los clientes
Gabriel Jaime Pardo Jaller, Jonhar S.A. y Promotora Sierra Morena S.A.
141. Insistió en que sí contaba con un sistema de monitoreo y detección de las
operaciones inusuales en efectivo, indicando que la comisión de visita había
demostrado que “[…] el sistema no es infalible, al detectar, en el gran universo de
los negocios administrados por mi cliente, que apenas algunos pocos casos habían
permeado el sistema […]”.
142. Advirtió que si la intención era sancionarla por que el sistema era infalible, lo
cual resultaba imposible, ha debido establecerse así desde la imputación del cargo
mismo, para que pudiera ejercer su derecho de defensa y contradicción frente al
concepto de la violación, el cual consideró “[…] absurdo por cierto. […]”.
143. Consideró que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, en los
actos administrativos demandados, vulneró su derecho de defensa puesto que se
invocó un nuevo hecho sobre este cargo respecto del cual no pudo defenderse y
que consistió en que el sistema de monitoreo no cumplía con los estándares que la
autoridad administrativa estimó que debía tener.
viii) Los actos administrativos demandados fueron expedidos con infracción
de las normas en que debieron fundarse – violación al artículo 29 de la
Carta Política
144. Recordó que el procedimiento sancionatorio que dio origen a los actos
administrativos demandados está previsto en el artículo 208 y siguientes del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y que esas disposiciones no establecieron
que la administración estuviera eximida de acreditar la culpabilidad y menos que la
responsabilidad fuera objetiva.
145. Manifestó que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA debió
aplicar plenamente “[…] lo ya dicho por el Consejo de Estado en relación con la
carga de la prueba de la culpabilidad y la obligación de señalar al interesado en el
pliego de cargos y en la sanción si se ha incurrido en un dolo en una culpa […]”.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
146. Señaló que:
“[…] ni en el pliego de cargos, ni en las Resoluciones 2196 de 2012 y 221 de 2014 se
dice que las infracciones se imputaron a mi representada a título de dolo o de culpa,
pese a lo cual, la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA no solo elevó
un pliego de cargos sino que sancionó a mi representada. Y como esta imputación no
se hizo, ello pone de presente una de dos cosas: (i) Que a la SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA no le importó la culpabilidad o no de mi representada,
con lo cual la sancionó bajo un régimen de responsabilidad objetiva o (ii) que dicha
entidad violó el debido proceso y el derecho de defensa de mi representada pues no
le permitió controvertir el dolo o la culpa con el que la SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA entendió -pero no reveló a mi representada- que actuó
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. al cometer las supuestas infracciones. […]”
ix) Los actos administrativos demandados fueron expedidos con infracción
de las normas en que debieron fundarse – violación al artículo 208 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
147. Indicó que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA le vulneró el
debido proceso al graduar la sanción impuesta al no observar el principio de
proporcionalidad, el cual implica que la sanción no debe resultar en extremo
excesiva frente a la gravedad de la conducta.
148. Estimó desconocido el literal b) del numeral 1. del artículo 208 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero puesto que las resoluciones demandadas
indicaron que la graduación de la sanción se realizaba de acuerdo con los criterios
establecidos en el numeral 2. de la citada norma, lo cual se realizó de manera parcial
puesto que:
“[…] de manera arbitraria y caprichosa se eligieron como parámetros para determinar
el monto de la sanción únicamente el contenido en el numeral 3 del artículo 211 del
EOSF, sin detenerse si quiera un instante a examinar la manera como los criterios
para graduar sanciones dispuestos en el numeral 2 del artículo 208 del EOSF
afectaban esa graduación.
No se consideró, entonces, que cuando en el artículo en cuestión se establecieron los
criterios que habría de observar la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA para imponer las sanciones administrativas a que hubiere lugar, el
legislador consagró nueve aspectos objetivos que deben ser ponderados por la
autoridad al momento de imponer la sanción, en aras de garantizar la observancia
estricta del principio de proporcionalidad; nueve aspectos que deben analizarse de
manera íntegra y conjunta, y no, como se hizo en este asunto, eligiendo al arbitrio tan
solo algunos de ellos y desechando los demás, para terminar sancionando de la forma
más drástica de la que se tiene conocimiento a una entidad supervisada. […]”
149. Adujo que la autoridad administrativa ignoró que: i) que no obtuvo ninguna clase
de beneficio económico por cuenta de la infracción, ii) no se resistió, negó u obstruyó
la acción de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, iii) no utilizó
medios fraudulentos para cometer la infracción ni utilizó a terceros para ocultarla o
encubrir sus efectos, iv) no fue renuente ni ha desacatado los órdenes impartidas
por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA y v) los hechos
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
investigados no denotaban el ejercicio de actividades o el desempeño de cargos sin
autorización de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, razón por
la cual se desconocieron los literales b), d), e), g) y h) del numeral 2. del artículo 208
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
I.7. Trámite del recurso de apelación
150. La primera instancia, mediante auto de 6 de noviembre de 201515, concedió en
el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto contra de la sentencia de
16 de julio de 2015.
151. En segunda instancia, mediante auto de 16 de marzo de 201616, se admitió el
recurso de apelación interpuesto y se dispuso que una vez se notificara la decisión
a los sujetos procesales, se correría traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio Público para que, si lo consideraba
pertinente, rindiera concepto.
152. La SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA presentó alegatos de
conclusión17 en los cuales i) manifestó que el recurso de apelación no se encontraba
debidamente sustentado puesto que no expuso los motivos de inconformidad contra
la sentencia de primera instancia, ii) indicó que la impugnación desconoció el
principio de congruencia al proponer cargos nuevos que no fueron discutidos en la
primera instancia y iii) reiteró los argumentos expuestos en el proceso.
153. La parte demandante y el agente del Ministerio Público no intervinieron en esta
oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
154. Esta sala de decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentado por la parte demandante, abordará: i) su competencia; ii) los actos
administrativos demandados; iii) los cargos formulados en el recurso de apelación
contra las resoluciones demandadas; iv) la falta de sustentación del recurso de
apelación formulado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A.; v) el problema jurídico; y, iv)
el caso concreto.
II.1. La competencia
155. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
15
Cfr. Fol. 433-434, cuaderno principal.
16
Cfr. Fol. 5, cuaderno del Consejo de Estado.
17
Cfr. Fol. 9-20, cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15018 de la Ley 1437 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 8019 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.
II.2. Los actos administrativos demandados
156. Los actos administrativos demandados son i) la Resolución núm. 2196 de 27 de
diciembre de 201220, expedida por el superintendente delegado para Riesgo de
Lavado de Activos de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA y ii)
la Resolución núm. 221 de 11 de febrero de 201421, expedida por el superintendente
financiero.
157. La Resolución núm. 2196 de 27 de diciembre de 2012 resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR CON MULTA a la sociedad ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. (…) domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., por la suma de
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($240.000.000 m/cte) a
favor del Tesoro Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
Resolución y atendiendo los criterios de graduación del numeral 2 del artículo 208 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. […]” (negrilla del texto)
158. La Resolución núm. 221 de 11 de febrero de 2014 decidió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el inciso primero del Artículo Primero de la
Resolución No. 2196 del 27 de diciembre de 2012, mediante la cual se impuso una
multa de doscientos cuarenta millones de pesos ($240.000.000) a ALIANZA
FIDUCIARIA S.A., conforme a las consideraciones expuestas a lo largo de este acto,
el cual queda así.
SANCIONAR CON MULTA a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. (…) domiciliada en la
ciudad de Bogotá D.C., con la suma de doscientos trece millones trescientos mil
pesos ($213.300.000) a favor del Tesoro Nacional, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás aspectos la Resolución No. 2196
de 27 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas a lo
largo de esta decisión. […]” (negrilla del texto)
II.3. Los cargos formulados en el recurso de apelación contra los actos
administrativos demandados
159. La Sala advierte que en el recurso de apelación presentado por ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. se formularon cuestionamientos de legalidad en contra de los
actos administrativos demandados que no fueron propuestos en la demanda.
18
Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, “[…] Por medio de la cual se expide el Código General
del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080.
19
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
20
Cfr. Fol. 165-226, cuaderno principal.
21
Cfr. Fol. 242-255, cuaderno principal.
31
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
160. Los cargos de relativos a i) la omisión por parte de la SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA de señalar si ALIANZA FIDUCIARIA S.A. habría
incurrido en dolo o culpa en la realización de las conductas sancionadas y ii) la
graduación del monto de la sanción impuesta a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. al
considerarla contraria al principio de proporcionalidad toda vez que no siguió los
criterios expuestos en el numeral 2. del artículo 208 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, no hicieron parte de la demanda presentada en contra de las
resoluciones acusadas.
161. Se precisa que conforme a los artículos 162 y 174 de la Ley 1437, la oportunidad
con la que cuenta el demandante para exponer los hechos, los fundamentos de
derecho, así como las normas violadas y el concepto de su violación cuando se trata
de actos administrativos como en el presente asunto, es la demanda y su reforma.
162. Las alegaciones mencionadas supra no fueron formuladas en la oportunidad
procesal correspondiente por lo cual no pueden ser abordadas por la Sala, pues
desconocería el debido proceso y el derecho de contradicción y defensa de la parte
demandada que no pudo pronunciarse respecto de ellas en primera instancia.
163. Al respecto, la Sala22 ha estimado que:
“[…] 73. En síntesis, la parte demandante, en el recurso de apelación, modificó los
cargos de la demanda y adicionó otros motivos de nulidad, según lo expuesto supra.
74. Los cargos de la demanda constituyen los elementos concretos respecto de los
cuales se determina si el acto administrativo acusado incurrió en una causal de
nulidad, teniendo en cuenta que “[…] ha sido característica de esta jurisdicción que
las pretensiones formuladas dentro de los asuntos sometidos a su conocimiento
deben regirse por la "rogatio" o rogación23 y que existe una estrecha e ineludible
relación entre ésta y el principio dispositivo24, de manera que el actor dentro del
proceso contencioso administrativo debe cumplir con la carga de orientar el ámbito
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 28 de enero de 2021. Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00640-01.
Reiterado en: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Pablo Andrés
Córdoba. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicación núm.: 25000 23 24 000 2011 00598 01.
23
Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente: María Elizabeth García
González, Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil catorce (2014), Radicación número: 25000-23-24-000-2005-00434-01
y Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Bogotá, D.C., 21 de junio de 2018. Radicación número: 05001-23-31-000-2006-93419-01. Actor: José Gabriel
Velásquez Sánchez, Bernardo Ramírez Zuluaga y Manuel Antonio Muñoz Uribe. Demandado: Departamento de Antioquia.
Referencia: Naturaleza jurídica de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
24
« [...j en el terreno de la justicia administrativa, orientada por el principio dispositivo el juzgador -tal y como lo ha señalado
reiteradamente la jurisprudencia- requiere para hacer su pronunciamiento de la individualización de las peticiones anulatorias
debidamente apoyadas en las razones de derecho contentivo& del concepto de la violación que a juicio del actor conduzcan
a la invalidación del acto administrativo atacado. En tal virtud, en tratándose de las acciones que tienen por objeto ejercer un
control de legalidad de los actos administrativos, el accionante al formular la causa petendi tiene la carga procesal ineludible
de enunciar en forma puntual y específica las normas que estima infringidas lo mismo que el concepto de la violación, habida
consideración que el control asignado al contencioso administrativo no reviste, en estos casos, un carácter general, sino que,
por el contrario, se encuentra estrictamente delimitado por los aspectos que el actor le solicite sean revisados [...]» Ver
Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera. Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio.
Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil nueve (2009). Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06198-01(18509).
Actor: Manuel Antonio Ruan Perdomo y Otro. Demandado: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Referencia:
acción de nulidad.
32
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
de acción dentro del cual considera que el juez deba pronunciarse, aludiendo a los
fundamentos de hecho y de derecho que sustentan sus pretensiones25 […]”26.
75. En consecuencia, el juez realiza el estudio de legalidad con fundamento en los
cargos expuestos en la demanda.
76. En este orden de ideas, la parte demandante no está facultada para modificar
o adicionar los cargos de la demanda en el recurso de apelación.
77. El Consejo de Estado ha considerado que el recurso de apelación tiene límites,
toda vez que debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los
fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los argumentos de oposición a la
misma y las consideraciones que sirven de sustento al a quo para fundamentar la
sentencia. Sobre el particular, esta Sección precisó:
“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente de los puntos o cuestiones
a los cuales se contrae dicho recurso, pues los mismos, en el caso de apelante único,
definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia. […] Sobre el
particular, esta Sección en diversas oportunidades ha puesto de presente que “[…] el
juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos
expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre
aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede abordar materias o
cuestiones que se plantean en la apelación, pero que no hacen parte del
concepto de violación del libelo, ni que la sentencia de primera instancia
estudió” […] La Sala reitera que en virtud de los principios de lealtad procesal,
contradicción y de defensa y la congruencia que debe existir entre el recurso,
la sentencia censurada, el concepto de violación de la demanda y los
argumentos expuestos en la contestación de la misma, imponen que al apelante
le esté vedado exponer en el recurso de apelación hechos, cargos y presentar
pretensiones nuevas que no alegó ni en la demanda ni en la contestación. Si lo
hiciere, el ad quem no puede abordar el estudio de estos nuevos reproches,
pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso
y de defensa de la contraparte en el proceso […]”27. (Resaltado fuera de texto).
78. Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como finalidad controvertir
las decisiones proferidas, en primera instancia, es decir, su contenido y análisis
jurídico y probatorio, para que el superior funcional las revoque, modifique o adicione;
en esa medida, no es un instrumento para incluir cargos nuevos en contra del acto
administrativo acusado porque ello desconocería los principios de lealtad procesal,
contradicción, defensa y congruencia que debe existir entre el recurso y la sentencia
apelada. […]” (negrilla del texto)
II.4. La falta de sustentación del recurso de apelación formulado por ALIANZA
FIDUCIARIA S.A.
164. ALIANZA FIDUCIARIA S.A. presentó recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia de 16 de julio de 2015 y esgrimió como argumentos la falta de
competencia por caducidad de la facultad sancionatoria de la
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, Subsección A. Consejero ponente: Carlos
Alberto Zambrano Barrera. Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número. 11001-03-26-
000-2014-00101-00 (51754)A Actor: Luis Alfonso Arias García. Demandado: Agenda Nacional De Minería. Referencia:
Suspensión Provisional.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera; auto de 28 de febrero de 2020; C.P. Dr.
Roberto Augusto Serrato Valdés; núm. único de radicación: 11001032400020180022700.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 08001 23 31 000 2009 01122 01
33
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA y la falsa motivación de los
actos administrativos demandados, exponiendo las siguientes situaciones en las
que se habría presentado ese vicio:
i) Falsa motivación de hecho y de derecho – ausencia de violación de las
normas endilgadas.
ii) Falsa motivación de hecho y de derecho frente al cargo segundo –
implementación de procedimientos y metodología de segmentación de los
factores de riesgo.
iii) Falsa motivación de hecho y derecho frente al cargo tercero –
identificación del factor de riesgo “canal de distribución”.
iv) Falsa motivación de hecho y de derecho frente al cargo séptimo –
actualización de información de clientes.
v) Falsa motivación de hecho y de derecho y violación al debido proceso
frente al cargo octavo – seguimiento de operaciones e identificación y
análisis de operaciones inusuales.
165. La Sala advierte que en la argumentación relacionada con el vicio de falsa
motivación, ALIANZA FIDUCIARIA S.A. replicó lo expuesto en su demanda y no
formuló reparos respecto de lo argumentado y decidido en la sentencia impugnada.
166. La Sección, en sentencia de 21 de mayo de 202028, respecto de la carga de
sustentación que le corresponde al apelante, ha indicado que:
“[…] En efecto, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 247 del CPACA, es menester
que el memorialista precise los motivos de inconformidad sobre el fallo, circunstancia
sin la cual el Juez de Segunda Instancia no puede entrar a hacer un estudio sobre el
fondo del asunto, pues se trata de una carga que le asiste al recurrente y que
constituye el lindero o el límite por medio del cual el superior puede dirimir la
controversia.
En el mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación desde tiempos remotos:
“Al no haber expuesto el recurrente las razones que motivaron su disconformidad con
las motivaciones y conclusiones de la sentencia que puso fin a la primera instancia,
no le es permitido al ad quem hacer un nuevo estudio de fondo acerca de las
pretensiones incoadas, sin incurrir en palmario quebranto de la norma procedimental
que exige la debida sustentación del recurso de apelación.”29. […]”
167. En sentencia de 23 de enero de 202030, señaló igualmente que:
“[…] Sobre este último aspecto, la Sala recuerda que el artículo 350 del CPC31 al que
se acude por remisión expresa del artículo 267 del CCA, dispone que el recurso de
28
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo
López. Sentencia de 21 de mayo de 2020. Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00439-01. Reiterado en Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente (E): Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
Sentencia de 2 de octubre de 2025. Radicación núm.: 63001 23 33 000 2019 00212 01.
29
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 6 de noviembre de 1987. Proceso Número: 338. C.P. Samuel Buitrago
Hurtado.
30
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 23 de enero de 2020. Radicación núm.: 25000-23-25-000-2012-90514-01.
31
Aplicable al momento de la interposición del recurso de apelación.
34
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
apelación tiene por objeto “que el superior estudie la cuestión decidida en la
providencia de primer grado y la revoque o reforme”.
En este mismo sentido, el artículo 212 del CCA modificado por el artículo 67 de la Ley
1395 de 12 de julio de 2010, impone a quien haga uso del recurso que sustente el
mismo, esto es, que exponga las razones de su inconformidad con la decisión de
primera instancia.
En este contexto se ha considerado que el recurso de apelación se encuentra
establecido para que el afectado con una decisión judicial le formule reparos,
inconformidades o cuestionamientos, lo que conlleva a que la parte que lo interponga
dirija su sustentación a esos aspectos.
(…)
La anterior posición fue reiterada por la Sala de decisión de la Sección Primera en
sentencia de fecha 3 de diciembre de 201832-33, tal y como se observa a continuación:
“Para el caso sub judice, luego de confrontar los argumentos expresados por el
apoderado de la sociedad demandante, la Sala observa que los argumentos
contenidos en el recurso de apelación, son exactamente los mismos
argumentos esgrimidos en el texto de la demanda sin diferencia alguna salvo
en el orden en que fueron relacionados por el apoderado de la demandante,
pero en todo caso lo cierto es que no formuló ningún reproche,
cuestionamiento, reparo o inconformidad respecto de los argumentos
esgrimidos en la sentencia de primera instancia, con fundamento en los cuales
se adoptaron las decisiones cuestionadas.
Cotejado el escrito de la apelación, la Sala encuentra que se está ante el mismo
supuesto fáctico del fallo que se está reiterando del pasado 16 de junio, en el que se
dijo lo siguiente:
“El recurrente no hace, en lo absoluto, motivación alguna que refute las
consideraciones expuestas por el a quo en el fallo recurrido, con lo cual deja a
esta Sala, desprovista de todo elemento que le permita revisar la sentencia, en
esa medida, la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor respecto del fallo
objeto de apelación por lo que habrá de confirmarse la sentencia del Tribunal”.
En efecto, comparados minuciosamente cada uno de los párrafos del escrito de
apelación, se verificó que corresponden de forma idéntica a los del escrito de
la demanda, por tanto quedó acreditado que el apoderado de la demandante no
expresó manifestación de inconformidad alguna respecto de las razones por las
cuales, el a quo declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva respecto de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR, menos aún controvirtió o manifestó su oposición por la
decisión de la primera instancia de inhibirse de pronunciar sobre la violación
de varias disposiciones legales invocadas como vulneradas, al advertir que
carecían de fundamentación respecto del concepto de la violación” (Negrillas y
subrayado fuera texto).
En aplicación a lo anterior, en el sub lite la Sala encuentra que el recurso de apelación
objeto de este pronunciamiento se encuentra desprovisto de una real sustentación,
pues la parte actora no aduce argumento alguno dirigido a atacar la decisión de
32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de junio de 2016. Rad.: 2011
– 00171. Magistrada Ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso.
33
Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 16 de junio de 2016, Radicación 25000-23-24-000-2003-00840-01,
C.P. María Claudia Rojas Lasso; de 3 de julio de 2014, Radicación 25000-23-24-000-2004-00228-01, C.P. Guillermo Vargas
Ayala; de 23 de julio de 2015, Radicación 73001-23-31-000-2010-00082-01, C.P. María Elizabeth García González.
35
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
instancia que dispuso negar las pretensiones de la demanda, en el entendido
consistente en que “la demanda adolece de serios reparos de carácter técnico, como
quiera que su sustentación resulta impertinente, habida cuenta la absoluta
desconexión del principio citado como violado y el hecho que sustenta la infracción”.
En efecto, si el objeto del recurso de apelación es que el superior analice la decisión
adoptada en la sentencia objeto de alzada, resulta imperioso que el recurrente
exponga las razones por las cuales no comparte las consideraciones que se tuvieron
en cuenta en dicho momento. […]” (negrilla y subrayado del texto)
168. En el mismo sentido, esta corporación34, ha mencionado que:
“[…] 4.3.1. El artículo 320 del Código General del Proceso (CGP)35, norma aplicable
de manera supletoria al procedimiento contencioso administrativo conforme al artículo
306 del CPACA, dispone que “el recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”
(subrayado añadido). En razón a ello, la competencia funcional del juez de segunda
instancia, tal como lo demanda la norma en cita, se debe circunscribir a los
argumentos expuestos por el recurrente en contra de la decisión que se hubiera
adoptado en primera instancia, y que resultó desfavorable o perjudicial a sus derechos
o interés36. Así lo han considerado las distintas Secciones que conforman la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las cuales han remarcado la
necesidad de que el recurso de apelación sea adecuadamente sustentado, so pena
de que el fallo objeto de impugnación sea confirmado por ausencia de censura37.
(…)
En consonancia con lo anterior, se observa que la Sección Tercera en una decisión
reciente determinó con respecto a la “carga procesal de sustentación material del
recurso de apelación” 38, lo siguiente:
«(…) la Sala debe reiterar que la apelación se encuentra limitada a los aspectos
indicados por la parte actora en su recurso, en tanto a través de ella se ejerce el
derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual
corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera
instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para
efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos
o asuntos que se plantean ante la segunda instancia (…)».
169. La apelante inicialmente realizó unas consideraciones generales respecto a la
falsa motivación de hecho y de derecho como causal de nulidad de las resoluciones
demandadas, en la siguiente forma:
34
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Consejero ponente: Jaime
Enrique Rodríguez Navas. Sentencia de 22 de noviembre de 2021. Radicación núm.: 25000-23-36-000-2012-00724-
01(52430).
35
Normatividad aplicable al caso concreto debido a que la interposición del recurso de apelación sub examine se realizó el
21 de julio de 2014, y de acuerdo con lo señalado en el auto proferido por la Sala Plena de esta Corporación, el 25 de junio
de 2014, expediente 2012-00395-01 (IJ), la Ley 1564 de 2012 (CGP) empezó a regir, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, a partir del 1º de enero de 2014.
36
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia del 23 de mayo de 2012, expediente 2010-00719-01(AP)
37
CONSEJO DE ESTADO, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2020, expediente 90514-01; Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 1º de agosto de 2018, expediente 3026-15; Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de
julio de 2019, expediente 0649-15; Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2009, expediente 17160; Sección Cuarta,
sentencia del 30 de octubre de 2019, expediente 24744.
38
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 23 de abril de 2021, expediente 48450.
36
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
“[…] Se afirma en la providencia impugnada que la sanción no fue impuesta a Alianza
Fiduciaria por la ausencia de los procedimientos para el seguimiento de las diferentes
etapas del esquema de administración del riesgo de lavado de activos y de la
financiación del terrorismo sino por la falta de operatividad y eficacia de las
herramientas tecnológicas frente al objetivo establecido por el esquema de
prevención.
Así mismo sostuvo el Despacho en la providencia impugnada que si bien los canales
de distribución no aparecían definidos en la Circular Básica Jurídica esto no impedía
que Alianza Fiduciaria tuviera claro el sentido lógico que identificaba a los canales de
distribución, como mecanismo para la advertencia de los posibles riesgos en el
sistema de administración contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Estos argumentos son equivocados por cuanto el mismo Consejo de Estado39 ha
señalado, respecto de la falsa motivación como causal de nulidad de los actos
administrativos, lo siguiente:
(…)
En el caso que nos ocupa no cabe duda que la entidad demandada incurrió en una
falsa motivación de los actos administrativos demandados ya que en algunos eventos
(i) los hechos que la entidad demandada tuvo en cuenta como motivos determinantes
de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación
administrativa, (ii) en otros eventos, omitió tener en consideración hechos que fueron
demostrados y que de haberlos considerado habrían conducido a una decisión
diferente en tanto la realidad de los hechos no concuerda con el escenario fáctico que
la administración supuso que existía al tomar la decisión.
A continuación nos permitimos reiterar algunas de las situaciones en las cuales
se evidencia que el proceder de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA al expedir los actos administrativos demandados estuvo viciado de
esta causal de nulidad. […]” (negrilla y subrayado fuera del texto)
170. Se refirió a la falsa motivación de hecho y de derecho – ausencia de violación
de las normas endilgadas – en forma similar a la expuesta en la demanda y sin
formular reparos frente a la sentencia de primera instancia:
Demanda Recurso de apelación
“[…] 4.2. FALSA MOTIVACIÓN DE “[…] 2.1. FALSA MOTIVACIÓN DE
HECHO Y DE DERECHO: AUSENCIA DE HECHO Y DE DERECHO: AUSENCIA DE
VIOLACIÓN DE LAS NORMAS VIOLACIÓN DE LAS NORMAS
ENDILGADAS ENDILGADAS
Es en las Resoluciones sancionatorias y no Para comenzar, hay que tener en
en los cargos, donde la consideración que fue en las Resoluciones
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE sancionatorias –y no en los cargos–, el
COLOMBIA reveló que la sanción impuesta momento en el cual la
a mi representada procedía no por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
violación de la norma en los términos COLOMBIA reveló que la sanción impuesta
esperados por dicha entidad, términos que, a mi representada procedía no por la
por demás, no siempre se ajustan a los violación de la normatividad en sí, sino
previsto expresamente en las normas. porque la sociedad fiduciaria que
represento no cumplió –supuestamente–
39
Se cita la sentencia de 22 de marzo de 2012 proferida dentro del expediente núm. 05001-23-31-000-1999-03314-01(18444).
37
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Nos referimos, por ejemplo, a lo que ocurrió las normas en los términos esperados por
con el segundo cargo endilgado a mi dicha entidad, términos que, por demás no
representada. Mediante la Resolución 221 se ajustan a lo previsto expresamente en
de 2014 la cual la SUPERINTENDENCIA las normas.
FINANCIERA DE COLOMBIA señaló lo
siguiente: Nos referimos, por ejemplo, a lo que ocurrió
con el segundo cargo endilgado a mi
“si bien la Sociedad Fiduciaria contaba con representada según el cual ésta –
la herramienta tecnológica, la misma no le supuestamente– no puso en práctica los
era útil para “instrumentar las diferentes procedimientos específicos para la
etapas y procedimientos del SARLAFT”, tal implementación y puesta en
y como o exige el literal ) del subnumeral funcionamiento de la segmentación de los
4.2.2 del Capítulo XI del Título I de la factores de riesgo del lavado de activos y la
Circular Básica Jurídica”. (Subrayas fuera financiación del terrorismo, incumpliendo
de texto) [sic] así lo previsto en el artículo 102 del EOSF
y el numeral 4.2.2 del Capítulo XI del Título
Lo anterior pone en evidencia que aun I de la Circular Básica Jurídica.
cuando la misma entidad reconoció que mi
representada si dio cumplimiento a las Al respecto, mediante la Resolución 221 de
normas en materia de SARLAFT que le 2014 la SUPERINTENDENCIA
eran aplicables, al parecer de esa FINANCIERA DE COLOMBIA señaló lo
Superintendencia la herramienta siguiente:
implementada no resultaba útil, como si
este criterio subjetivo creado por la propia “si bien la Sociedad Fiduciaria contaba con
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE la herramienta tecnológica, la misma no le
COLOMBIA –sin facultades para ello– era útil para “instrumentar las diferentes
pudiera ser suficiente motivo para etapas y procedimientos del SARLAFT”, tal
sancionar a mi representada. y como o exige el literal ) del subnumeral
4.2.2 del Capítulo XI del Título I de la
Ocurre que las interpretaciones personales Circular Básica Jurídica”. (Subrayas fuera
de las normas aplicables hechos por los de texto) [sic]
funcionarios de turno de una entidad no
pueden ser el rasero para sancionar a una Lo anterior pone en evidencia que aun
entidad vigilada y menos cuando se ha cuando misma entidad reconoció que mi
demostrado que la entidad ha dado estricto representada sí dio cumplimiento a las
cumplimiento a los requerimientos exigidos exigencias del literal a) del subnumeral
en las normas existentes. […]” (negrilla del 4.2.2 del Capítulo XI del Título I de la
texto) Circular Básica Jurídica, esto es, una de las
normas aplicables al SARLAFT, al parecer
de esa Superintendencia la herramienta
implementada no resulta útil, como si este
criterio subjetivo creado por la propia
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA –sin facultades para ello–
pudiera ser suficiente motivo para
sancionar a mi representada.
Ocurre que las interpretaciones personales
de las normas aplicables hechos por los
funcionarios de turno de una entidad no
pueden ser el rasero para sancionar a una
entidad vigilada y menos cuando se ha
demostrado que la entidad ha dado estricto
cumplimiento a los requerimientos exigidos
en las normas existentes.
Esta interpretación de la entidad
demandada pone en evidencia que la
38
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
realidad de los hechos no concuerda con el
escenario fáctico que la administración
supuso que existía al tomar la decisión. La
realidad de los hechos, reconocida por la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA, evidencia que mi
representada no incumplió la norma
supuestamente violada pese a lo cual esa
entidad no tuvo ningún reparo en sancionar
a mi representada.
Como otro ejemplo de lo anterior, traemos
a colación el cargo tercero. En parecer de
la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA, ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
no identificó debidamente el factor de
riesgo “canal de distribución”. Esto, pues al
parecer de la entidad demandada, mi
representada no tuvo en cuenta a los
establecimientos bancarios como “canales
de distribución” de los servicios que ofrece.
No obstante lo anterior, esa entidad no tuvo
en cuenta que en ningún momento la
Circular Básica Jurídica –ni ninguna otra
norma aplicable– define qué debe
entenderse por canal de distribución. Es
más, tan es cierto que la definición de canal
de distribución no está contemplada en las
normas aplicables que fue la propia
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA la que en la resolución objeto
de la presente demanda definió dicho
término y sancionó a mi representada con
base en el contenido de la definición creada
para este caso puntual por esa entidad de
control.
Así las cosas, el actuar de la entidad fue
completamente contrario a derecho, lo que
evidencia que las Resoluciones 2196 de
2012 y 221 de 2014 fueron proferidas con
falsa motivación en tanto la argumentación
de esa entidad se soportó en la creación de
una definición de canal de distribución no
contemplado en la norma.
En ese sentido, pese a que a lo largo del
proceso administrativo mi representada
demostró a la SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA haber
identificado el factor de riesgo “canal de
distribución”, esa entidad consideró que no
lo hizo en tanto no tuvo en cuenta la
definición de “canal de distribución” creada
ad hoc por esa entidad para justificar la
sanción a mi representada. […]” (negrilla
del texto)
39
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
171. Puso de presente la falsa motivación de hecho y de derecho frente al cargo
segundo – implementación de procedimientos y metodología de segmentación de
los factores de riesgo – replicando la demanda y sin formular cuestionamientos a lo
argumentado y decidido en la sentencia de primera instancia:
Demanda Recurso de apelación
“[…] 4.3. FALSA MOTIVACIÓN DE “[…] 2.2. FALSA MOTIVACIÓN DE
HECHO Y DE DERECHO FRENTE AL HECHO Y DE DERECHO FRENTE AL
CARGO SEGUNDO -IMPLEMENTACIÓN CARGO SEGUNDO – IMPLEMENTACIÓN
DE PROCEDIMIENTOS, METODOLOGÍA DE PROCEDIMIENTOS, METODOLOGÍA
DE SEGMENTACIÓN DE LOS DE SEGMENTACIÓN DE LOS
FACTORES DE RIESGO- FACTORES DE RIESGO-
Como quedó probado en desarrollo de la Como quedó probado en desarrollo de la
visita, lo expuesto en los descargos y en el visita, lo expuesto en los descargos y en lo
recurso de apelación, ALIANZA expuesto en el recurso de apelación
FIDUCIARIA S.A. sí cuenta con los interpuesto por mi representada en contra
procedimientos para la segmentación de de la Resolución 2196 de 2012, ALIANZA
los factores de riesgo. FIDUCIARIA S.A. sí cuenta con los
procedimientos para la segmentación de
Al respecto señala la Resolución 2196 de los factores de riesgo.
2012 al hacer referencia a los descargos lo
siguiente: Al respecto señala la Resolución 2196 de
2012 al hacer referencia a los descargos lo
“Las afirmaciones efectuadas por la siguiente:
entidad, indican la existencia de
mecanismos de seguimiento, la “Las afirmaciones efectuadas por la
instrumentalización de las diferentes entidad, indican la existencia de
etapas del SARLAFT y la forma como se mecanismos de seguimiento, la
analizan las señales de alerta, pero no instrumentalización de las diferentes
prueban que el Sistema de Información etapas del SARLAFT y la forma como se
Fiduciaria SIFI, utilizado por la Fiduciaria analizan las señales de alerta, pero no
para administrar la información del cliente prueban que el Sistema de Información
desde el momento de su vinculación se Fiduciaria SIFI, utilizado por la Fiduciaria
haya parametrizado y puesto en para administrar la información del cliente
funcionamiento las (sic) segmentación de desde el momento de su vinculación se
los factores de riesgo (…)” (El subrayado es haya parametrizado y puesto en
nuestro) funcionamiento las (sic) segmentación de
los factores de riesgo (…)” (El subrayado es
De la parte transcrita queda claro que nuestro)
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. si cumplió con
la implementación de los procedimientos De la parte transcrita queda claro que
requeridos, en atención a lo señalado en la ALIANZA FIDUCIARIA S.A. sí cumplió con
Circular Básica Jurídica, y por tanto, no la implementación de los procedimientos
incurrió en ninguna infracción en materia de requeridos, en atención a lo señalado en la
SARLAFT. Pese a esto, esa entidad de Circular Básica Jurídica, y por tanto, no
control sancionó a mi representada por la incurrió en ninguna infracción en materia de
supuesta infracción a las normas SARLAFT. Pese a esto, esa entidad de
mencionadas. control sancionó a mi representada por la
supuesta infracción a las normas
En adición a lo anterior, la mencionadas.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA consideró que la En adición a lo anterior, la
implementación de los procedimientos se SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
40
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
debía realizar, además, a través del COLOMBIA consideró que la
aplicativo SIFI, y por ende, insistió en implementación de los procedimientos se
confirmar el cargo, pese a que así no lo debía realizar, además, a través del
prevé la Circular Básica Jurídica, lo que aplicativo SIFI, y por ende, insistió en
conlleva a que ALIANZA FIDUCIARIA no confirmar el cargo, pese a que así no lo
haya incurrido en ninguna infracción. prevé la Circular Básica Jurídica. Esto
demuestra que ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Como quedó probado y lo aceptó la propia no incurrió en ninguna infracción. Todo lo
Superintendencia, ALIANZA FIDUCIARIA contrario: Mi representada dio cabal
S.A. cuenta con los mecanismos de cumplimiento a lo dispuesto por las normas
seguimiento e instrumentalización de las aplicables.
diferentes etapas del SARLAFT.
Como quedó probado y lo aceptó la propia
Dado lo anterior, no puede ALIANZA Superintendencia, ALIANZA FIDUCIARIA
FIDUCIARIA S.A. ser sancionada sino S.A. cuenta con los mecanismos de
conforme a las normas aplicables, siendo seguimiento e instrumentalización de las
contrario a derecho imponerle una sanción diferentes etapas del SARLAFT.
cuando, cumpliendo con lo previsto en la
regulación, de manera subjetiva la entidad Dado lo anterior, no puede ALIANZA
de control consideró que ha debido cumplir FIDUCIARIA S.A. ser sancionada sino
de otra manera la norma, sin que la norma conforme a las normas aplicables, siendo
fuera clara al respecto. contrario a derecho imponerle una sanción
cuando, cumpliendo con lo previsto en la
Finalmente, valga resaltar que la regulación, de manera subjetiva la entidad
Resolución 0221 de 2014 la de control consideró que ha debido cumplir
Superintendencia confirma el cargo, pero de otra manera la norma, sin que la norma
con base en normas que no fueron señalara algo a este respecto.
relacionadas ni el pliego [sic] de cargos ni
en la Resolución 2196 de 2012, por lo que Finalmente, valga resaltar que la
claramente denota que el cargo inicial se Resolución 0221 de 2014 la
encontraba indebidamente fundamentado Superintendencia confirmó el cargo, pero
y, por consiguiente, se vulneró con base en normas que no fueron
flagrantemente el derecho de defensa de relacionadas ni el pliego [sic] de cargos ni
mi representada al no poder ejercer el en la Resolución 2196 de 2012, por lo que
derecho de contradicción sobre el nuevo claramente denota que el cargo inicial se
fundamento planteado por la parte encontraba indebidamente fundamentado
demandante al confirmar la sanción. […]” y, por consiguiente, se vulneró
(negrilla y subrayado del texto) flagrantemente el derecho de defensa de
mi representada al no poder ejercer el
derecho de contradicción sobre el nuevo
fundamento jurídico planteado por la parte
demandante al confirmar la sanción.
En efecto, fue solo mediante la Resolución
221 de 2014 que la SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA trajo a
colación lo dispuesto por el subnumeral
4.2.6 del Capítulo XI del Título I de la
Circular Básica Jurídica para argumentar la
supuesta infracción de Alianza a esta y
otras normas relativas a la implementación
de procedimientos y la metodología de
segmentación de los factores de riesgo,
con lo cual de manera evidente la entidad
violó el derecho a la defensa y a la
contradicción de mi representada,
viciándose así de nulidad las Resoluciones
41
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
aquí demandadas. […]” (negrilla y
subrayado del texto)
172. Expuso lo concerniente a la falsa motivación de hecho y de derecho frente al
cargo tercero – identificación del factor de riesgo “canal de distribución” – reiterando,
en términos generales, el contenido de la demanda y sin formular cuestionamientos
a lo argumentado y decidido en la sentencia impugnada:
Demanda Recurso de apelación
“[…] 4.4. FALSA MOTIVACIÓN DE “[…] 2.3. FALSA MOTIVACIÓN DE
HECHO Y DE DERECHO FRENTE AL HECHO Y DE DERECHO FRENTE AL
CARGO TERCERO – IDENTIFICACIÓN CARGO TERCERO – IDENTIFICACIÓN
DEL FACTOR DE RIESGO “CANAL DE DEL FACTOR DE RIESGO “CANAL DE
DISTRIBUCIÓN” DISTRIBUCIÓN”
Mi representada fue sancionada por parte Mi representada fue sancionada por parte
de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA debido a que esa entidad DE COLOMBIA debido a que esa entidad
consideró que los canales de distribución consideró que los canales de distribución
no son solo los utilizados para la venta y no son solo los utilizados para la venta y
comercialización de los productos sino que comercialización de los productos sino que
abarca todos los medios a través de los abarcan todos los medios a través de los
cuales transan dichos clientes y productos. cuales transan dichos clientes y productos.
En efecto, en la Resolución 221 de 2014 En efecto, en la Resolución 221 de 2014
que se demandaría dicha entidad de que se demandaría dicha entidad de
supervisión señaló lo siguiente: supervisión señaló lo siguiente:
“En este sentido, dicho factor de riesgo no “En este sentido, dicho factor de riesgo no
solo comprende aquellos canales solo comprende aquellos canales
implementados para efectos de la venta y implementados para efectos de la venta y
comercialización de los productos y por comercialización de los productos y por
ende aspectos de vinculación de clientes, ende aspectos de vinculación de clientes,
sino que abarca todas (sic) aquellos sino que abarca todas (sic) aquellos
medios a través de los cuales transan medios a través de los cuales transan
dichos clientes y productos, como es el dichos clientes y productos, como es el
caso de los canales mediante los cuales se caso de los canales mediante los cuales se
mueven los recursos de las carteras mueven los recursos de las carteras
colectivas, negociación de acciones y colectivas, negociación de acciones y
recursos de moneda extranjera. recursos de moneda extranjera.
Esto resulta obvio para este Despacho Esto resulta obvio para este Despacho
teniendo en cuenta que el Capítulo XI, del teniendo en cuenta que el Capítulo XI, del
Titulo I de la Circular Básica Jurídica (C.E. Titulo I de la Circular Básica Jurídica (C.E.
007 de 1996) contienen las instrucciones 007 de 1996) contienen las instrucciones
mínimas (…)” (Subrayas fuera del texto). mínimas (…)” (Subrayas fuera del texto).
La Circular Básica Jurídica no define qué Como se dijo antes, la Circular Básica
son los “Canales de Distribución” razón por Jurídica de la SUPERINTENDENCIA
la cual ALIANZA FIDUCIARIA S.A., FINANCIERA DE COLOMBIA no define
aplicando un criterio general de lo que qué son los “Canales de Distribución” razón
comprende un Canal de Distribución, por la cual mi poderdante, aplicando un
manifestó en la visita, en los Descargos criterio general de lo que comprende un
[sic] y en el recurso de apelación que sus Canal de Distribución, manifestó en la
servicios los distribuía a través de canales visita, en los Descargos [sic] y en el recurso
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
propios, sin considerar a las entidades de de apelación que sus servicios los
crédito como canales, por no ser a través distribuía a través de canales propios, sin
de estas que se ofrecen los servicios de la considerar a las entidades de crédito como
fiduciaria. canales de distribución, por no ser a través
de estas que se ofrecen los servicios de la
Lo planteado por la Superintendencia, demandante.
según lo cual los “Canales de Distribución”
abarcan todos los medios a través de los El planteamiento de la
cuales transan dichos clientes o productos, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
es un asunto que no está previsto en la COLOMBIA según el cual los “Canales de
norma, y que corresponde a la personal Distribución” abarcan todos los medios a
interpretación de la misma hecha por la través de los cuales transan dichos clientes
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE o productos, es un asunto que no está
COLOMBIA. previsto en la norma y que corresponde a
la personal interpretación de la entidad de
Este significado que es el fundamento de la control hecha para sancionar en el
sanción no está contemplado en ningún presente caso.
aparte de las normas supuestamente
infringidas con lo cual no es posible – Este significado –que es el fundamento de
jurídicamente hablando – que esa entidad la sanción– no está contemplado en ningún
sancione a mi representada con base en un aparte de las normas supuestamente
criterio subjetivo no dispuesto en la infringidas con lo cual no es posible –
normatividad aplicable. […]” (negrilla y jurídicamente hablando – que esa entidad
subrayado del texto) sancione a mi representada con base en un
criterio subjetivo no dispuesto en la
normatividad aplicable.
Con lo anterior es evidente que la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA motivó falsamente las
resoluciones cuya nulidad se pretende en
el presente proceso. […]” (negrilla y
subrayado del texto)
173. Abordó lo atinente a la falsa motivación de hecho y de derecho frente al cargo
séptimo – actualización de información de clientes – de similar forma como lo hizo
en su demanda y sin formular acusación alguna contra la sentencia de primera
instancia:
Demanda Recurso de apelación
“[…] 4.5. FALSA MOTIVACIÓN DE “[…] 2.4. FALSA MOTIVACIÓN DE
HECHO Y DE DERECHO FRENTE AL HECHO Y DE DERECHO FRENTE AL
CARGO SÉPTIMO – ACTUALIZACIÓN CARGO SÉPTIMO – ACTUALIZACIÓN
DE INFORMACIÓN DE CLIENTES – DE INFORMACIÓN DE CLIENTES –
Tanto en los contratos de fiducia mercantil Una de las razones por las cuales la
como en los reglamentos de los diferentes SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
fondos que administra mi representada se COLOMBIA sancionó a mi representada
encuentra la obligación por parte de los fue por haber supuestamente incumplido
clientes de actualizar su información al con la obligación de actualizar como
menos una vez al año. Pese a esto, al mínimo anualmente la información de los
parecer la SUPERINTENDENCIA clientes.
FINANCIERA DE COLOMBIA mi
representada es responsable por las
43
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
obligaciones que los clientes no han Pues bien, resulta que dicha obligación de
cumplido, lo cual es completamente actualización está en cabeza de los clientes
absurdo al tratarse de una obligación y no de las entidades vigiladas, como
propia de un tercero. falsamente lo señaló la entidad
demandada.
Para fundamentar lo anterior, mediante la
Resolución 221 de 2014 la En efecto. Tanto en los contratos de fiducia
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE mercantil como en los reglamentos de los
COLOMBIA hizo alusión al supuesto diferentes fondos que administra mi
incumplimiento de una norma que no fue representada se encuentra contenida la
puesta de presente a mi representada en el obligación a cargo de los clientes de
pliego de cargos ni en la Resolución 2196 actualizar su información al menos una vez
de 2012, con lo cual nuevamente se al año. Pese a esto, la
evidencia que esa entidad violó el derecho SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
de defensa de mi representada. […]” COLOMBIA ignoró lo anterior para
(negrilla del texto) sostener que mi representada era la
responsable de las obligaciones que los
clientes no habían cumplido, lo cual es
completamente absurdo y alejado de la
realidad, al tratarse de una obligación a
cargo de terceros.
De otra parte, con su planteamiento la
entidad demandada no tuvo en
consideración que para la parte
demandante es completamente imposible
garantizar el cumplimiento de una
obligación que está en cabeza de un
tercero y que, por ende, no puede estar
obligada a dar cumplimiento a la misma o a
soportar los efectos adversos de su
incumplimiento.
Para fundamentar lo anterior, mediante la
Resolución 221 de 2014 la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA manifestó que si bien “sin la
colaboración de los clientes es imposible
tener actualizada la información”, ALIANZA
FIDUCIARIA no acreditó en el proceso
haber adelantado gestiones tendientes a
que los clientes actualizaran la información
con lo cual -en su particular parecer-
vulneró las disposiciones de la Circular
Básica Jurídica referente a la actualización
de información.
La anterior argumentación es absurda
porque la normatividad aplicable no
dispone que es eximente de
responsabilidad de las entidades vigiladas
el hecho de adelantar gestiones
encaminadas a que los clientes cumplan
sus obligaciones, que es de donde parte la
sanción. Lo cierto es que nada de esto está
contemplado en la Circular Básica Jurídica:
Ni las entidades vigiladas están obligadas
a cumplir con las obligaciones propias de
44
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
terceros, ni mucho menos están obligadas
a hacer que los terceros cumplan con sus
obligaciones. Y mucho menos contempla
que el incumplimiento de las obligaciones
de terceros da lugar a sanciones para las
entidades vigiladas.
Esto pone de presente que la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA motivó falsamente las
Resoluciones 2196 de 2012 y 221 de 2014
al haber acusado a mi representada de
infringir una norma dirigida a un sujeto de
derecho diferente a las sociedades
fiduciarias […]” (negrilla del texto)
174. Se refirió a la falsa motivación de hecho y de derecho y violación al debido
proceso frente al cargo octavo – seguimiento de operaciones e identificación y
análisis de operaciones inusuales – replicando lo expuesto en la demanda y sin
formular reparos frente a la sentencia de primera instancia:
Demanda Recurso de apelación
“[…] 4.6. FALSA MOTIVACIÓN DE “[…] 2.5. FALSA MOTIVACIÓN DE
HECHO Y DE DERECHO Y VIOLACIÓN HECHO Y DE DERECHO Y VIOLACIÓN
AL DEBIDO PROCESO FRENTE AL AL DEBIDO PROCESO FRENTE AL
CARGO OCTAVO – SEGUIMIENTO DE CARGO OCTAVO – SEGUIMIENTO DE
OPERACIONES E IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONES E IDENTIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DE OPERACIONES ANÁLISIS DE OPERACIONES
INUSUALES – INUSUALES –
El concepto de violación establecido en el El concepto de violación establecido en el
pliego de cargos en relación con este cargo pliego de cargos en relación con este cargo
es del siguiente tenor: fue el siguiente:
“Alianza Fiduciaria S.A. no cuenta con un “Alianza Fiduciaria S.A. no cuenta con un
sistema de monitoreo y de detección de sistema de monitoreo y de detección de
operaciones inusuales (sic) en efectivo, por operaciones inusuales (sic) en efectivo, por
cuanto pudo evidenciar que se presentaron cuanto pudo evidenciar que se presentaron
movimientos de recursos que se salían de movimientos de recursos que se salían de
la normalidad y capacidad financiera de los la normalidad y capacidad financiera de los
clientes Gabriel Jaime Pardo Jaller, Jonhar clientes Gabriel Jaime Pardo Jaller, Jonhar
S.A. y Promotora Sierra Morena S.A” S.A. y Promotora Sierra Morena S.A”
Como se indicó en los descargos y en el Como se indicó en los descargos y en el
recurso de apelación, así como consta en recurso de apelación, así como consta en
el expediente, ALIANZA FIDUCIARIA S.A. el expediente, la parte demandante sí
sí cuenta con sistema de monitoreo y de cuenta con sistema de monitoreo y de
detección de las operaciones inusuales en detección de las operaciones inusuales en
efectivo. efectivo.
La comisión de visita demostró que el La comisión de visita demostró que el
sistema no es infalible, al detectar, en el sistema no es infalible, al detectar, en el
gran universo de los negocios gran universo de los negocios
administrados por ALIANZA FIDUCIARIA administrados por mi cliente, que apenas
45
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
S.A., que algunos pocos casos habían algunos pocos casos habían permeado el
permeado el sistema. Pero el cargo sistema. Pero resulta que el cargo
impuesto se refiere a normas que no efectuado a mi mandante y las normas en
obligan a que el sistema sea infalible, sino que se basa el mismo se refieren a que las
que se refieren a no contar con un sistema entidades vigiladas “cuenten” con un
de monitoreo y detección de operaciones sistema que pueda hacer seguimiento e
inusuales, sistema con el cual, como está identificar operaciones inusuales, no a
probado, sí se cuenta. contar con sistemas que resulten
absolutamente infalibles.
Si la intención fue sancionar a la entidad
vigilada porque el aplicativo o sistema no es Puesto en otros términos, la obligación
infalible, esto ha debido establecerse impuesta a las entidades vigiladas en esta
desde la imputación del cargo mismo, para materia es de medios, no de resultados.
permitir de esta manera ejercer el derecho
de defensa y contradicción frente a ese Pretender que se logre la infalibilidad de un
concepto de la violación. sistema puede ser deseable pero es
completamente imposible en tanto los
En la Resolución 0221 de 2014 el sistemas de administración de riesgos,
Superintendente confirmó la sanción por como es el caso del SARLAFT, son solo
este cargo señalando que el sistema de eso, sistemas de administración de riesgos,
monitoreo que se tiene no cumple con los no sistemas de eliminación permanente o
estándares que considera se deben tener. total de riesgos. Esto quiere decir que los
Sin embargo, es claro que si el cargo sistemas de administración deben estar
hubiese sido los estándares de los encaminados a minimizar la presencia de
sistemas y no la carencia de los mismos, la riesgos, como lo son en este caso, de
defensa de mi representada se hubiese lavado de activos y de financiación de
planteado en tal sentido. Por tal razón, se terrorismo, no a eliminarlos del todo en
vulneró el derecho de defensa de mi tanto esto es imposible.
representada ya que al invocarse un nuevo
hecho sobre este cargo, mi representada Si fuera posible que un sistema de
no tuvo oportunidad de defenderse frente al administración de riesgo fuera infalible
nuevo argumento presentado por el hace mucho tiempo hubiera sido posible
Superintendente. […]” (negrilla y subrayado acabar con el lavado de activos y la
del texto) financiación del terrorismo, pero la muestra
de que estos no son infalibles es que aún
hay presencia de estos delitos en los
sistemas financieros del mundo entero.
Si la intención fue sancionar a la entidad
vigilada porque el aplicativo o sistema no es
infalible –tarea imposible–, esto ha debido
establecerse desde la imputación del cargo
mismo, para permitir de esta manera
ejercer el derecho de defensa y
contradicción frente a ese concepto de la
violación, absurdo por cierto.
En la Resolución 0221 de 2014 el
Superintendente confirmó la sanción por
este cargo señalando que el sistema de
monitoreo que se tiene no cumple con los
estándares que considera se deben tener.
Sin embargo, es claro que si el cargo
hubiese sido los estándares de los
sistemas y no la carencia de los mismos, la
defensa de mi representada se hubiese
planteado en tal sentido. Por tal razón,
además de que la resoluciones
46
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
demandadas [sic] estuvieron viciadas de
falsa motivación, con su actuar la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA vulneró el derecho de defensa
de ALIANZA ya que invocó como
fundamento de su sanción un nuevo hecho
sobre este cargo, sobre el cual mi
representada no tuvo oportunidad de
defenderse. […]” (negrilla y subrayado del
texto)
175. La Sala, conforme a la comparación realizada de la demanda y el recurso de
apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia de 16 de julio de
2015, evidencia que el apelante reiteró los planteamientos expuestos en la demanda
sin formular reparos específicos en contra de los argumentos que sirvieron de
fundamento al fallo de primera instancia con lo cual el recurso de apelación objeto
de este pronunciamiento se encuentra desprovisto de una real sustentación, de tal
forma que la Sala se abstendrá de estudiar los cargos relativos a la falsa motivación
de los actos administrativos demandados.
II.5. El problema jurídico
176. La Sala, de acuerdo con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564, aplicables por
remisión del artículo 306 de la Ley 1437, así como el recurso de apelación
presentado por la parte demandante considera que el problema jurídico que se debe
resolver en el presente asunto es el consistente en determinar si resulta procedente
la revocatoria de la sentencia de 16 de julio de 2015 para, en su lugar, acceder a
las pretensiones de la demanda, en la medida en que los actos administrativos
demandados fueron expedidos sin competencia por la SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA al haber operado la caducidad de la facultad
sancionatoria.
II.6. El caso concreto
177. La parte demandante indicó en su recurso de apelación que la primera instancia
habría señalado que el incumplimiento en que incurrió ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
frente a la implementación y desarrollo del SARLAFT constituyó una conducta
omisiva y por tal razón no podía contarse el término de caducidad de la facultad
sancionatoria de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA a partir de
la ocurrencia de los hechos entre el 30 de junio de 2009 y el 30 de junio de 2010
sino desde el momento en que la autoridad administrativa conoció las situaciones
irregulares que dieron lugar a la actuación y posterior sanción.
178. Manifestó la parte apelante que la primera instancia no aplicó lo previsto en el
literal a) del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el cual señala
que la facultad para imponer sanciones caducaría en tres (3) años contados, para
las conductas de ejecución instantánea, desde el día de su consumación.
47
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
179. Reiteró que los hechos que originaron la imposición de la sanción habrían
ocurrido, conforme los actos administrativos demandados, entre el 30 de junio de
2009 y el 30 de junio de 2010 y que la Resolución núm. 2196 de 27 de diciembre de
2012 le fue notificada el 4 de enero de 2013, de lo cual concluyó que:
“[…] en el presente caso operó la caducidad de la facultad sancionatoria de la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA para todos los hechos
ocurridos desde el 30 de junio de 2009 hasta el 3 de enero de 2010.
En efecto, todos los cargos basados en hechos ocurridos en el lapso de tiempo
anteriormente mencionado se encontraban cubiertos por la caducidad de la facultad
sancionatoria para el momento de la notificación a mi representada de la Resolución
2196 del 27 de diciembre de 2012. […]”
180. Indicó que:
“[…] Como sobre la mayoría de los hechos había operado la caducidad es evidente
que el Superintendente Delegado para Riesgos de Lavado de Activos dictó una
sanción sin tener competencia, por lo menos parcialmente, para el efecto. […]”
181. Aseveró que había dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en las normas
vulneradas y por ello no era posible atribuirle una conducta omisiva, agregando que:
“[…] los hechos objeto de la investigación administrativa que culminó con la
expedición de las resoluciones cuya nulidad se pretende sea declarada,
corresponden a conductas de ejecución instantánea y por ende en el presente caso
ha operado la caducidad de la facultad sancionatoria de la SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA respecto de los hechos ocurridos entre el 30 de junio
de 2009 y el 30 de enero de 2010. […]”
182. La caducidad de la facultad sancionatoria de la SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA se encuentra prevista en el numeral 6 del artículo 208
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero40:
“[…] ARTICULO 208. REGLAS GENERALES. Se establece en esta parte del
Estatuto el régimen sancionatorio administrativo aplicable a las entidades vigiladas
por la Superintendencia Bancaria, así como a los directores, administradores,
representantes legales, revisores fiscales u otros funcionarios o empleados de estas.
La facultad sancionatoria administrativa de la Superintendencia Bancaria se orienta y
ejerce de acuerdo con los siguientes principios, criterios y procedimientos:
(…)
6. Caducidad.
La facultad que tiene la Superintendencia Bancaria para imponer sanciones caducará
en tres (3) años contados de la siguiente forma:
40
Norma sustituida por el artículo 45 de la Ley 795 de 14 de enero de 2003, “[…] Por la cual se ajustan algunas normas del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. […]”.
48
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
a) En las conductas de ejecución instantánea, desde el día de su consumación;
b) En las conductas de ejecución permanente o sucesiva, desde la realización del
último acto, y
c) En las conductas omisivas, desde cuando haya cesado el deber de actuar.
Cuando en una misma actuación administrativa se investiguen varias conductas, la
caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia Bancaria se contará
independiente para cada una de ellas.
La notificación del acto administrativo sancionatorio correspondiente interrumpirá el
término de caducidad de la facultad sancionatoria. […]”
183. Respecto de la caducidad de la potestad sancionatoria de la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, esta corporación41 ha
precisado que:
“[…] 4.3.1. En cuanto a la caducidad del poder sancionatorio en materia financiera,
se encuentra consagrado en el artículo 208 del EOSF, modificado por el artículo 45
de la Ley 795 de 2003, que lo estableció en el término de tres (3) años, contados a
partir del (i) día de consumación de las conductas de ejecución instantánea, (ii) de la
realización de las conductas de ejecución permanente o sucesiva y, (iii) desde que
haya cesado el deber para las conductas omisivas, y si se investigan varias conductas
el término se cuenta en forma independiente para cada una.
4.3.2. La norma también dispone que la caducidad se interrumpe con la notificación
del acto administrativo sancionatorio.
Adicionalmente, de conformidad con el literal m) del artículo del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, el término previsto para expedir y notificar la resolución que
ponga fin a la actuación se suspenderá en los siguientes casos la caducidad se
interrumpe, en los siguientes eventos:
“1. Cuando se presente alguna de las causales de recusación o impedimento
establecidas en el Código Contencioso Administrativo y en el Código de
Procedimiento Civil respecto de alguno de los funcionarios que deban realizar
diligencias investigativas, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas dentro
del procedimiento administrativo.
El término de suspensión en este evento será igual al que se requiera para agotar el
trámite de la recusación o impedimento, de acuerdo con el procedimiento establecido
en el Código Contencioso Administrativo.
2. Por el período probatorio de que trata el literal i) de este numeral, caso en el cual
la suspensión se contará a partir de la ejecutoria del acto que resuelva sobre las
pruebas en la actuación, y por el término que se señale para la práctica de las
mismas;”
4.3.3. La aplicación de las normas que regulan la figura jurídica de la caducidad, en
el caso concreto y especial de la Superintendencia Financiera, implica la
determinación por parte del operador jurídico de la modalidad de conducta que fue
materia de imputación en el caso concreto, a efectos de establecer si es de ejecución
instantánea, de ejecución permanente o sucesiva y si es una conducta activa u
41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta – Descongestión. Consejera ponente: Rocío
Araujo Oñate. Sentencia de 19 de julio de 2018. Radicación núm.: 25000-23-24-000-2011-00628-01.
49
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
omisiva, para establecer el extremo inicial de contabilización del término, toda vez
que el extremo final está determinado por la fecha de notificación de la decisión
definitiva.
4.3.4. Cabe destacar que las faltas por omisión consisten en la infracción de una ley
preceptiva, esto es, aquella que manda hacer algo, en consecuencia, se trata de una
abstención de una actuación que constituye un deber legal.
En las infracciones por omisión, el obligado no cumple con el específico deber de
actuar de acuerdo con el mandato impuesto por la norma. […]” (negrilla del texto)
184. Conforme al pliego de cargos formulado en contra de ALIANZA FIDUCIARIA
S.A.42, el superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ordenó la práctica de una
visita de inspección a la mencionada sociedad fiduciaria, la cual se realizó entre el
13 de septiembre y el 1° de octubre de 2010, en la que se evaluaría el período entre
el 30 de junio de 2009 y el 30 de junio de 2010.
185. La Resolución núm. 221 de 11 de febrero de 2014, acto administrativo que
resolvió el recurso de apelación contra la Resolución núm. 2196 de 27 de diciembre
de 2012, sintetizó los cargos formulados en contra de la parte demandante en el
pliego de cargos de 3 de mayo de 2012 y en la mencionada resolución
sancionatoria, en la siguiente forma:
“[…] 5.2.2.1. Primer cargo. Segmentación de los factores de riesgo. Factor de
riesgo Clientes.
(…)
Realizadas las anteriores precisiones, observa este Despacho que, tal y como lo pone
de presente el apelante, el A quo [sic] requirió en explicaciones a ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. por la presunta infracción del literal b) y el último inciso del numeral
4.1.1 del Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996, en
cuanto “no contaba con unas metodologías que le permitieran segmentar el factor de
riesgo clientes” 43 (se resalta).
(…)
5.2.2.2. Segundo cargo. Implementación de procedimientos. Metodología de
segmentación de los factores de riesgo.
En este cargo se le atribuyó a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. el incumplimiento de los
previsto en el literal a) del inciso 2° del subnumeral 4.2.2. e inciso 2° del subnumeral
4.2.2.2.2, ambos del Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica No. 007 de
1996, y del numeral 3° del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
por cuanto “el Sistema de Información Fiduciario SIFI, el cual administra la
información del cliente desde el momento de su vinculación, no ha parametrizado ni
puesto en funcionamiento la segmentación de los factores de riesgo clientes,
productos, canales de distribución y jurisdiccionales, ni las señales de alerta, lo que
implica que la entidad no puede determinar las características usuales de las
42
Cfr. Fol. 38-100, cuaderno principal.
43
Página 97 del pliego de cargos 2010062212-010 del 3 de mayo de 2012.
50
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
transacciones o parámetros de normalidad provenientes de los segmentos
resultantes de los factores de riesgo”44.
(…)
5.2.2.3. Tercer cargo. Identificación del factor de riesgo Canales de distribución.
Sobre este asunto, se requirió a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. por el incumplimiento de
lo previsto en el inciso 1° del subnumeral 4.1.1 del Capítulo XI del Título I de la Circular
Básica Jurídica No. 007 de 1996, según el cual “El SARLAFT debe permitir a las
entidades vigiladas identificar los riesgos de LA/FT inherentes al desarrollo de su
actividad, teniendo en cuenta los factores de riesgo definidos en el presente capítulo”.
Lo anterior, en la medida en que “(…) no identificó completamente los riesgos
inherentes a la actividad que desarrolla, toda vez que no tuvo en cuenta para dicha
identificación aquellos canales distintos al propio, especialmente aquellos que se
contratan para gestionar financieramente un negocio fiduciario”. Es así como, la
Comisión de Visita encontró 193 fideicomisos que transaban a través de productos
financieros contratados con otras entidades financieras, sin que la Sociedad
Fiduciaria hubiera identificado los riesgos asociados a estos canales de distribución45.
(…)
5.2.2.4. Cuarto cargo. Condiciones de homogeneidad y heterogeneidad de los
factos [sic] de riesgo cliente y productos.
En este caso se sancionó a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., en cuanto la Comisión de
Visita “pudo determinar que los clientes referidos en el numeral 3.1.1.3.1 del informe
de visita en estudio al interior de los segmentos no tienen la característica de
homogeneidad y heterogeneidad para efectos de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo, al igual que los segmentos de los productos P1, P2 y P3 contemplados
en el numeral 3.1.1.3.2 ibídem”46.
(…)
5.2.2.5. Quinto cargo. Señales de alerta.
Advierte este Despacho que el A quo [sic], en la Resolución sancionatoria, concluyó
que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. incumplió lo dispuesto en el inciso 2° del subnumeral
4.2.2.2.1 del Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996,
porque ninguna de sus señales de alerta provenía de los parámetros establecidos en
la segmentación de los factores de riesgo47.
(…)
5.2.2.6. Sexto cargo. Debido diligenciamiento del formulario de vinculación.
En relación con este cargo, se concluyó que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. infringió lo
dispuesto en el inciso 1°, literales a), b) y c), del subnumeral 4.2.2.1.1 del Capítulo XI
del Título I de la Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996, por no haber cumplido la
obligación de exigir a sus clientes el diligenciamiento de todos los campos del
formulario de vinculación de clientes48.
44
Hoja 105 de la Resolución No. 2196 de 2012.
45
Cfr. Páginas 103 y 104 del pliego de cargos 2010062212-010 del 3 de mayo de 2012.
46
Página 108 del pliego de cargos 2010062212-010 del 3 de mayo de 2012.
47
Cfr. Hoja 109 ibidem.
48
Cfr. Hoja 121 de la Resolución No. 2196 de 2012.
51
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
(…)
5.2.2.7. Séptimo cargo. Actualización de la información de los clientes.
Respecto de este cargo, el A quo [sic] consideró infringidos el inciso 1° y los literales
a), b) y c) del subnumeral 4.2.2.1.1 y el literal a) del subnumeral 4.2.2.1.1.4, todos del
Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996, en cuanto
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. no cumplió con la obligación de exigir a sus clientes la
actualización anual de los datos suministrados en el formulario de vinculación de
clientes49.
(…)
5.2.2.8. Octavo cargo. Seguimiento de operaciones e identificación y análisis de
operaciones inusuales.
De acuerdo con lo señalado en la solicitud de explicaciones, en este cargo se
endilgaron a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. los siguientes incumplimientos:
i) Inciso 1° del subnumeral 4.2.2.1.3 del Capítulo XI del Título I de la Circular Básica
Jurídica No. 007 de 1996, por cuanto “los parámetros establecidos por la entidad,
enunciados en el subnumeral 3.1.2 del presente informe denominado señales de
alerta, no permitieron a Alianza Fiduciaria S.A. establecer cuando las
operaciones realizadas por los clientes referidos se podían catalogar o
considerar como inusuales con el fin de determinar la normalidad o
anormalidad de las mismas, toda vez que cuanto (sic) fueron identificadas por la
Comisión de Visita operaciones realizadas que se salieron de los parámetros de
normalidad definidos para los clientes en comento sin que la Fiduciaria desplegara
gestión alguna para determinar su razonabilidad”.
ii) Literal b) del subnumeral 4.2.2.2.3 del Capítulo XI del Título I de la (…) Circular
Básica Jurídica No. 007 de 1996, toda vez que “las evidencias detectadas por la
comisión respecto de la realización de operaciones de los clientes Gabriel Jaime
Pardo Jeller, Jonhar S.A. y Promotora Sierra Morena S.A. que se salen de la
normalidad y de su capacidad financiera, permiten concluir que la entidad no hace
seguimiento a las operaciones realizadas a través de los cuatro factores de
riesgo”.
iii) Literal c) del numeral 2° del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, pues “según pudo evidenciar la comisión de visita, los clientes Gabriel
Jaime Pardo Jaller, Jonhar S.A. y Promotora Sierra Morena S.A. realizaron
operaciones que no guardaban relación con su actividad económica, lo que implica
que la entidad no adoptó mecanismos que permitieran establecer que el
volumen y movimientos de fondos de sus clientes no guardaban relación con
la actividad económica de los mismos”50 (resaltados fuera de texto)
(…)
5.2.2.9. Noveno cargo. Calidad de la información capturada en las bases de
datos.
En este cargo, se requirió a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. por la infracción del inciso 1°
del subnumeral 4.2.3 del Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica No. 007
49
Cfr. Hoja 121 de la Resolución No. 2196 de 2012.
50
Cfr. Páginas 120 y 121 del pliego de cargos 2010062212-010 del 3 de mayo de 2012.
52
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
de 1996, en cuanto la información capturada en su base de datos no era confiable,
íntegra y disponible51. […]” (negrilla del texto)
186. Se advierte que las conductas que se le atribuyen a ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
son esencialmente incumplimientos de disposiciones de la Circular Básica Jurídica
y del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en cuanto se abstuvo de realizar
actuaciones que constituían un deber legal, las cuales se califican como omisiones
y no conductas de ejecución instantánea como lo plantea la sociedad fiduciaria
apelante.
187. De acuerdo con lo previsto en el literal c) del numeral 6 del artículo 208 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la facultad que tiene la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA caducaría en tres (3) años
contados, para las conductas omisivas, desde cuando haya cesado el deber de
actuar.
188. Como consecuencia de lo señalado en la norma, el parámetro para el inicio del
término de caducidad de la facultad sancionatoria no puede ser el mencionado por
ALIANZA FIDUCIARIA S.A., consistente en que los hechos que dieron lugar a la
sanción ocurrieron entre el 30 de junio de 2009 y el 30 de junio de 2010.
189. Se advierte que el deber de actuar y acatar las disposiciones incumplidas de la
Circular Básica Jurídica y del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero no cesó
transcurrido el período del 30 de junio de 2009 y el 30 de junio de 2010 ni con la
realización de la visita de inspección entre el 13 de septiembre y el 1 de octubre de
2010 para la evaluación del período mencionado, sumado a que no se tuvo
conocimiento dentro del procedimiento administrativo ni en este expediente, el
momento en que la parte demandante acató lo ordenado en las citadas normas.
190. De esta manera, la expedición y notificación del acto administrativo
sancionatorio, esto es, la Resolución núm. 2196 de 27 de diciembre de 2012 –
notificada a la demandante el 4 de enero de 201352– se dio dentro del término
previsto en la citada norma, por lo cual el cargo formulado no prospera.
II.7. Conclusión
191. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos, considera que no resulta
procedente el estudio de los cargos relativos a i) la omisión por parte de la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA de señalar si ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. habría incurrido en dolo o culpa en la realización de las conductas
sancionadas y ii) la graduación del monto de la sanción impuesta a ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. al considerarla contraria al principio de proporcionalidad toda vez
que no siguió los criterios expuestos en el numeral 2. del artículo 208 del Estatuto
51
Cfr. Hoja 121 ibidem.
52
Cfr. Fol. 227-228, cuaderno principal.
53
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Orgánico del Sistema Financiero, en razón a que no hicieron parte de la demanda
presentada en contra de las resoluciones acusadas.
192. Tampoco estima que deba abordar los cargos relativos a la falsa motivación de
los actos administrativos expuestos en el recurso de apelación en la medida en
encontró que constituían una reiteración de los planteamientos expuestos en la
demanda sin formular reparos concretos contra el fallo de primera instancia.
193. Concluyó asimismo que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA ejerció la facultad sancionatoria dentro del término previsto en el
artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, al expedir la Resolución
núm. 2196 de 27 de diciembre de 2012 y notificarla a la parte demandante el 4 de
enero de 2013.
194. En consecuencia, confirmará la sentencia de 16 de julio de 2015, proferida en
primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “B”, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda y se
condenó a la parte demandante en costas.
II.8. Condena en costas
195. No se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas
ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 18853 de la Ley
1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 de la Ley 1564, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la Ley 1437.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de julio de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”,
conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
53
Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080.
54
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01436-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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