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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00628-01

Fecha
19 de julio de 2018
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00628-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el numeral segundo de la sentencia del 6 de marzo de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “C” En Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO contra la Superintendencia Financiera de Colombia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia, por no aparecer causadas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00628-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

19 de julio de 2018

SANCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA – Al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO por incumplimiento de normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996 / CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA – Término / CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA – Cómputo tratándose de conductas omisivas / CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA – No configuración

En relación con la modalidad de la conducta y, por ende, la operancia del fenómeno de la caducidad en el caso concreto, se advierte que todas las conductas imputadas y por las que se dedujo responsabilidad administrativa, son omisivas, toda vez que la Superintendencia encontró que FINAGRO se abstuvo de realizar actuaciones que constituyen un deber legal. En efecto, de conformidad con lo señalado en el acápite de hechos probados –relacionados en el numeral segundo de los antecedentes del presente fallo–, y como lo concluyó el a quo, sin que ello aparezca desvirtuado con los argumentos de la parte demandante, se encuentra acreditado que la totalidad de las conductas sancionadas corresponden al incumplimiento de normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996. (…) [L]a alegación de la parte actora, según la cual los instrumentos defectuosos de control de riesgo de lavado de activos que la Superintendencia examinó habían sido adoptados con anterioridad al 1º de junio de 2005, fecha de iniciación de los hechos inspeccionados por la Comisión Visitadora que sirvieron de fundamento a la multa impuesta, no es de recibo para esta Sala por cuanto la entidad crediticia se abstuvo de actualizarlos, adecuarlos al ordenamiento y aplicarlos de tal manera que se cumpliera la finalidad de evitar constituirse en un instrumentos para el lavado de activos. Cabe destacar que la fecha señalada por el recurrente no coincide con la que indicó en el libelo introductorio y el hecho de que previamente haya adoptado manuales imperfectos no torna en activa la conducta pues no se le imputó haber aprobado tales manuales sino –se reitera– omitir adecuarlos a las normas y aplicarlos en sus operaciones financieras. Por lo tanto, la Sala concluye que no hubo caducidad, por cuanto a la luz del artículo 45 de la Ley 795 de 2003, antes citado, los tres (3) años se cuentan desde que haya cesado la conducta omisiva consistente en el incumplimiento de los deberes legales a que se refiere cada uno de los cargos.

SANCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA – Al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO por incumplimiento de normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996 / PRINCIPIO DE LA LEX ARTIS – Inaplicabilidad cuando los tipos sancionatorios no contienen conceptos jurídicos indeterminados / PRINCIPIO DE LEGALIDAD – No se vulnera cuando se impone la sanción con base en hechos probados, derivados del incumplimiento de normas que claramente definían las infracciones sancionables / NORMAS RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN AGROPECUARIA PRAN – Deber de observancia por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO

La expresión lex artis –literalmente, “ley del arte”, se emplea para referirse a un cierto sentido de apreciación sobre si la tarea ejecutada por un profesional es o no correcta o se ajusta o no a lo que debe hacerse. El principio de la lex artis suele aplicarse a las profesiones que requieren de una técnica operativa y que plasman en la práctica unos resultados empíricos, como la medicina, establecida en ella como “el conjunto de prácticas médicas aceptadas como adecuadas para tratar al enfermo en el momento de que se trata”. En consecuencia, le asistió la razón al Tribunal al considerar que la sentencia no es aplicable al caso por cuanto los verbos rectores de los tipos sancionatorios imputados por la Superintendencia a FINAGRO no contienen conceptos jurídicos indeterminados sino claros mandatos u obligaciones de hacer que cuyo contenido es claro, preciso y determinado, sin que se tenga que acudir a conocimientos técnicos o especializados. En efecto, no se vulnera el principio de legalidad, toda vez que, en el caso en estudio, para determinar las infracciones por las cuales fue sancionada la entidad crediticia no es necesario acudir a la lex artix, ya que las normas vigentes para la época, esto es, los artículos del E.O.S.F en concordancia con la Circular Básica Jurídica 007 de 1996, expedida por la Superintendencia Financiera, constituyen una regulación detallada de los mecanismos y herramientas necesarias para la prevención del lavado de activos por parte de las instituciones vigiladas por dicha entidad, entre las cuales, sin lugar a dudas, se encuentra FINAGRO, por su naturaleza jurídica. Así mismo, en los actos acusados se precisó cuáles fueron las conductas que la Superintendencia encontró demostradas y cuáles fueron las normas infringidas con cada una de ellas. En consecuencia, se encuentra acreditado que la sanción se impuso con base en hechos probados, derivados del incumplimiento de normas que claramente definían las infracciones sancionables y no en el criterio subjetivo de los funcionarios de la demandada.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 83 / ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO – ARTÍCULO 208 / ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO – ARTÍCULO 325 / DECRETO 4327 DE 2005 – ARTÍCULO 72

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA – DESCONGESTIÓN

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-24-000-2011-00628-01

Actor: FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO

Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia – Confirma la decisión que negó las pretensiones de la demanda – Se analiza la potestad sancionatoria de la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de prevención del lavado de activos.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la entidad demandante contra la sentencia dictada el 6 de marzo de 2014, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “C”, En Descongestión, que i) declaró no probadas las excepciones de inepta demanda y la genérica, propuestas por la demandada; y ii) negó las pretensiones de la demanda, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO contra la Superintendencia Financiera de Colombia.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

Previo agotamiento de la conciliación prejudicial, mediante escrito radicado el 25 de octubre de 2011, en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia Financiera de Colombia, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1.1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

La Resolución No. 0355 del 25 de marzo de 2009, dictada por el Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos, por medio de la cual le impuso multa por valor de $300.000.000, por las irregularidades en que incurrió, según el Informe de Inspección No. 220000042006000, por violación de normas relativas a la prevención del lavado de activos en la ejecución del Programa de Reactivación Agropecuaria - PRAN.

La Resolución No. 290 del 24 de febrero de 2011, expedida por el Superintendente Financiero, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por FINAGRO contra la decisión sancionatoria, en el sentido de i) modificar el artículo 1º de la Resolución No. 0355 del 25 de marzo de 2009, para disminuir el valor de la sanción a $266.000.000; y ii) confirmarla en todo lo demás.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó:

“Que como consecuencia de la prosperidad de la pretensión 2.1., a título de restablecimiento del derecho, se condene a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA a restituir al FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS CON 00/100 ($266.000.000), actualizada entre el 7 de abril de 2011 y la fecha de ejecutoría de la sentencia, con la variación del índice de precios al consumidor estimado por el DANE, la cual corresponde a la multa pagada en cumplimiento de las resoluciones de que trata la pretensión antecedente.

Subsidiarias de las pretensiones 2.1. y 2.2.

2.1. Subsidiaria. Que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones 355 de 25 de marzo de 2009 del Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y 290 del 24 de febrero de 2011 del Superintendente Financiero, ambas expedidas por la SUPERINTENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, nulidad parcial que se declarará respecto de la sanción impuesta por la Superintendencia a las siguientes conductas del FONDO PARA EL DESARROLLO DEL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO: (ii) Las conductas de FINAGRO cuya legalidad se establezca en el proceso, descartando la calificación de contravención que les dio la Superintendencia en las resoluciones demandadas; y (iii) Las conductas de FINAGRO respecto de las cuales la sanción se produjo habiendo caducado la facultad sancionatoria de la Superintendencia.

2.2. Subsidiaria. Que como consecuencia de la prosperidad de la pretensión 2.1. subsidiaria, a título de restablecimiento del derecho, se disponga la reducción del valor de la multa impuesta por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA al FONDO PARA AL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO y se condene a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA a restituir al FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO la diferencia entre el valor de la multa ya cancelado por DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS CON 00/100 ($266.000.000.00) menos el valor de la multa que establezca el Sr. Juez de lo Contencioso Administrativo, actualizando tal diferencia entre el 7 de abril de 2011 y la fecha de ejecutoria de la sentencia con la variación del índice de precios al consumidor estimado por el DANE.”

2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró acreditados los siguientes hechos, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

2.1. La Superintendencia Financiera de Colombia practicó una visita de inspección a FINAGRO, entre el 24 de abril y el 23 de mayo de 2006, cuyos resultados plasmó en el Informe de Visita 2200000422006, con el cual se dio inicio al procedimiento administrativo sancionatorio.

2.2. Con fundamento en el informe de visita, mediante Oficio 2006021034-003-000 del 2 de marzo de 2007, se formuló pliego de cargos a la entidad demandante, por el presunto incumplimiento del Capítulo XI, Título I de la Circular Básica Jurídica 7 de 1996, relativa al Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos – SIPLA, en concordancia con los artículos 102 y ss., del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, relacionados con las obligaciones mínimas que rigen el funcionamiento del Establecimiento de Crédito.

2.3. FINAGRO contestó el pliego de cargos, según Oficio 2006021034-006-000 del 18 de abril de 2007, explicando las razones por las cuales consideraba que no existía infracción y presentó pruebas.

2.4. Mediante Resolución 0355 del 25 de marzo de 2009, el Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos, le impuso a FINAGRO una multa por valor de $300.000.000.00, al encontrar acreditadas las infracciones que fueron objeto de imputación.

Las conductas por las que se impuso sanción corresponden, en su orden a la violación de los siguientes preceptos, en el orden en que fueron resueltos por la entidad demandada:

Primer cargo: Los literales a), b), c), g), h) y j) del inciso segundo del numeral 2.2. y literal b) del subnumeral 2.3. del Capítulo XI;

Segundo cargo: Los literales a) y c) del núm. 2º del art. 102 EOSF y letras B.1, b.2 y b.3 subnum. 2.3.1.1.2., literales a), b) y e) subnumeral 1.3.1.1.3. y núm. 1.1. del Anexo 1 del Capítulo XI del título I de la CBJ;

Tercer cargo: Inciso segundo del subnum. 2.3.2.1. e inciso cuarto del subnum. 2.3.1.4.2. del Cap.XI del Título I de la CBJ;

Cuarto cargo: Inciso segundo del subnum. 2.3.2.1 del Cap. XI del Título I de la CBJ;

Sexto cargo: Incisos tercero y cuarto del Subnum. 2.3.2.3. del Cap. XI del Título I de la CBJ;

Octavo cargo: Incisos tercero y cuarto del Subnum. 2.3.2.7. del Capítulo XI Título I de la CBJ;

Noveno cargo: Núm. 4.1 del capítulo XI del Título I de la CBJ;

Décimo primer cargo: Núm. 1º del artículo 102 del EOSF, inciso quinto de las consideraciones generales del Cap. XI del Título I de la CBJ; núm. 1.2. del Cap. XI del Título I de la CBJ.

En esta oportunidad se consideró que no se había acreditado la responsabilidad de la entidad en relación con los siguientes cargos: i) el primero en lo relacionado con el incumplimiento de lo previsto en los incisos 1º, 4º y 5º del subnumeral 2.2. del Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996; ii) el quinto, atinente a los mecanismos e instrumentos para prevención y control del lavado de activos – SIPLA; iii) el séptimo, relacionado con la omisión referida a la consolidación de operaciones, control y reporte de operaciones en efectivo y múltiples a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF; y iv) el décimo, referido a la competencia del Comité de Auditoría de FINAGRO para revisar los informes que el Oficial de Cumplimiento de la entidad debía presentar a la Junta Directiva.

2.5. En el término legal, el apoderado especial de FINAGRO interpuso recurso de apelación, con el objeto de que fuera revocada la decisión sancionatoria o, en su defecto, se redujera el valor de la multa impuesta, y, en el mismo escrito, presentó pruebas documentales y solicitó la práctica de los siguientes medios de convicción:

Oficiar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a fin de que certificara, según sus archivos, desde qué fecha la entidad ha enviado reportes negativos de operaciones sospechosas;

Practicar una inspección judicial con exhibición de documentos relacionados con la compra de cartera, en desarrollo del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria – PRAN y el Plan Anual de Capacitación, de los años 2005 y 2006.
2.6. Según Auto No. 1 del 31 de diciembre de 2009, el Superintendente Financiero decretó la prueba documental, consistente en oficiar al representante legal de FINAGRO para que allegara copia de los planes anuales de capacitación de la entidad, correspondientes a los años 2005 y 2006 y negó, por inconducencia, las demás pruebas solicitadas.

2.7. En escrito radicado el 20 de enero de 2010, el apoderado de la entidad demandada presentó recurso de reposición contra el proveído anterior, el cual fue resuelto mediante Auto No. 02 del 12 de julio de 2010, en el que se modificó la decisión, en el sentido de ordenar la prueba documental solicitada y confirmó la negativa de la inspección judicial.

2.8. Con fundamento en las pruebas allegadas y los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, el Superintendente Financiero expidió la Resolución 290 del 24 de febrero de 2011, por medio de la cual disminuyó el valor de la multa impuesta a la suma de $266.000.000. y confirmó las demás decisiones.

Para arribar a la citada resolutiva, la Superintendencia Financiera reiteró los argumentos expuestos en la decisión recurrida, con excepción del cargo referido a la violación del núm. 4.1. Capítulo XI Título I CBJ en la conservación de documentos.

2.9. El 7 de abril de 2011, FINAGRO pagó la multa impuesta, mediante transferencia electrónica por el sistema ZEBRA.

3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

La parte demandante presentó los siguientes cargos de nulidad:

3.1. Caducidad de la Potestad Sancionatoria de la Superintendencia

3.1.1. La actora fundamentó este cargo en la violación del numeral 6º del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 45 de la Ley 795 de 2003.

3.1.2. Precisó que la potestad sancionatoria de la Superintendencia caduca al cumplirse tres (3) años de la ocurrencia de la presunta infracción y que el término se suspende, por una sola vez, por un período hasta de treinta (30) días hábiles, que corresponden a la etapa probatoria de la investigación.

3.1.3. Aseveró que “En el presente caso, la Resolución sancionatoria 355 de 25 de marzo de 2009 fue notificada a FINAGRO el 27 de marzo de 2009, de una parte, y por la otra el término de caducidad estuvo suspendido a partir del auto No. 2 del 12 de julio de 2010 por un período de 30 días hábiles, contados a partir del 5º día hábil siguiente a la notificación del auto.”

3.1.4. Agregó que, la Superintendencia únicamente podía sancionar hechos ocurridos antes del 11 de febrero de 2006 en adelante, pero no los acaecidos antes de dicha fecha.

3.1.5. Destacó que el acta de visita examinó el período comprendido entre el 1º de junio de 2005 y el 30 de marzo de 2006, en relación con las conductas de FINAGRO relativas a la prevención del riesgo de empleo de sus servicios para el lavado de activos.

3.2. Violación de los artículos 6, 29, 83 y 121 de la Constitución Política; 2 y 35 del EOSF y de las normas presuntamente vulneradas por FINAGRO

3.2.1. La parte actora, para sustentar este cargo consideró que se le sancionó porque, en criterio de la Superintendencia, no cumple con los estándares en materia de prevención del lavado de activos “sin referencia a ningún patrón externo objetivado de comparación”.

3.2.2. Al respecto, precisó que el ente de control no incluyó en la argumentación de la decisión sancionatoria estándar profesional alguno en materia de gestión del riesgo de lavado de activos, distinto al criterio de la entidad y sus funcionarios, lo cual –a su juicio– vulnera el principio de legalidad y la tipicidad de las infracciones, que implican que el administrado pueda obrar con “la predicción razonable de las consecuencias jurídicas de su conducta”.
3.2.3. Consideró que se desconoció no solo la calidad de banco de segundo piso de la entidad, sino el principio de legalidad a que se refirió la sentencia C-406 de 2004, dictada por la Corte Constitucional en virtud de la cual para deducir la responsabilidad profesional se debe acudir a la lex artis y la entidad sancionadora omitió tal análisis.

3.3. Violación del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política por desconocimiento del debido proceso en el decreto y práctica de pruebas en el procedimiento previo y en la vía gubernativa

La demandante afirmó que, al descorrer el traslado del informe de visita, solicitó la práctica de pruebas tendientes a controvertir el criterio técnico de la entidad sancionadora, así como que se tuvieran en cuenta treinta y cinco (35) 35 comunicaciones con las que pretendía acreditar la confianza legítima de FINAGRO, “respecto del criterio técnico expuesto sobre la prevención del lavado en el programa PRAN.”

Tales pruebas fueron desechadas por la entidad investigada con el criterio de que eran “superfluas”, proceder que, en su sentir, violenta el debido proceso por haberse abstenido de valorar los medios de convicción aportados.

3.4. Violación del artículo 83 de la Constitución Política, por desconocimiento del principio de confianza legítima

Sobre este aspecto, la Superintendencia conocía del criterio de FINAGRO, conforme al cual, por ser una entidad de segundo piso, los estándares técnicos de aplicación de las normas de prevención de su uso para el lavado de activos, difieren de los exigidos a una entidad financiera de primer piso.

4. Actuaciones procesales relevantes

4.1. Auto admisorio de la demanda

Mediante auto del 9 de diciembre de 2011, el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B, admitió la demanda y dispuso la notificación del Superintendente Financiero de Colombia y del Agente del Ministerio Público.

4.2. Contestación de la demanda – Superintendencia Financiera de Colombia

La entidad, por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

4.2.1. Afirmó que las resoluciones censuradas están amparadas por la presunción de legalidad y que a la parte actora le corresponde la carga de demostrar los cargos que nulidad que invoca, de conformidad con lo previsto en los artículos 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil.

4.2.2. Presentó la excepción de inepta demanda “Por la no aducción de hechos en la vía gubernativa”

Manifestó que resulta suficiente examinar el escrito contentivo del recurso de apelación interpuesto el 3 de abril de 2009 contra la decisión sancionatoria, para establecer que la parte demandante no planteó en vía gubernativa los hechos en que se funda el primer cargo de la demanda, relativo a la caducidad de la potestad sancionatoria de la Superintendencia.

Advirtió que, en el trámite administrativo que culminó con la expedición de los actos cuya legalidad se controvierte, la entidad demandante se limitó a presentar los siguientes argumentos:

1) Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos;
2) Mecanismos e instrumentos SIPLA. Conocimiento del cliente;
3) Detección de operaciones inusuales;
4) Instrumentos para la adecuada aplicación de los mecanismos de control. Señales de alerta;
5) Instrumentos para la adecuada aplicación de los mecanismos de control. Segmentación del mercado.
6) Instrumentos para la adecuada aplicación de los mecanismos de control. Capacitación y entrenamiento del personal;
7) Reglas sobre la conservación de documentos;
8) Consideraciones generales y criterios aplicables a la prevención del lavado de activos.
9) Procedencia de la sanción.
10) Graduación de la multa.
11) Principio de confianza legítima y buena fe.

4.2.3. Solicitó que se declararan probadas todas aquellas excepciones derivadas de los hechos que resulten probados en el proceso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo.

4.2.4. Explicó que el procedimiento sancionatorio se encuentra regulado en el artículo 45 de la Ley 795 de 2003 y, en virtud de esta norma, FINAGRO, por su naturaleza jurídica, podía ser sujeto pasivo de investigación y sanción administrativa por parte de la Superintendencia Financiera.

Según el artículo 277 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la entidad demandante es una sociedad de economía mixta, organizada como establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Agricultura, cuyo objeto es financiar las actividades de producción en sus distintas fases y comercialización del sector agropecuario, a través del redescuento de operaciones que hagan las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario u otras instituciones bancarias, financieras, fiduciarias y cooperativas, debidamente autorizadas por la “Superintendencia Bancaria”.

Agregó que, igualmente el artículo 77 del Decreto 4327 de 2005, incluyó a FINAGRO entre los intermediarios financieros, de tal manera que todos los establecimientos de crédito, incluidos los bancos de segundo piso, se encuentran sometidos a las cargas impuestas por el Estado, mediante la ley y sometidos a inspección, control y vigilancia.

4.2.5. En relación con la caducidad de la acción, aclaró que el término se cuenta a partir del momento en que la conducta infractora culmina, se extingue o desaparece, por tratarse de infracciones de tracto sucesivo.

Hizo amplia referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada con la forma de contabilizar el término de caducidad hasta el momento en que se notifica la decisión inicial, con independencia de la resolución de los recursos presentados en la vía gubernativa.

4.2.6. En relación con el argumento de no haberse incluido un patrón externo objetivado de comparación de la conducta infractora y sobre la legalidad de la infracción, afirmó que “En el caso de autos, se encontraban vigentes el artículo 102 del EOSF y la Circular Básica Jurídica 007 de 1996 Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos SIPLA, compilación que reunía las diferentes instrucciones expedidas en materia jurídica por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, dirigidas a todas las instituciones sobre las cuales se ejercía inspección, control y vigilancia.” Agregó que esas normas le eran aplicables a FINAGRO en su condición de establecimiento de crédito.

Transcribió el numeral 1º del artículo 102 del EOSF, que establece:

“1. Obligación y control a actividades delictivas. <Numeral modificado por el artículo 1 de la Ley 1121 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.”

Con fundamento en el precepto transcrito, la demandante ha debido incorporar procedimientos y controles tendientes a prevenir y evitar ser utilizada para la ejecución de actividades delictivas, ajustando su Sistema Integral para la Prevención y el Control de Lavado de Activos – SIPLA, a la realidad, alcance y cobertura de su operación social, como todas las entidades vigiladas por la Superfinanciera.

Indicó que, si bien FINAGRO opera como entidad de redescuento o banco de segundo piso, también tiene productos o programas, en los que no funciona como tal, como por ejemplo el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria – PRAN, el que consiste en la compra de cartera a otros establecimientos de crédito, pasando los beneficiarios del programa a ser clientes directos de la entidad.

Aclaró que, en el pliego de cargos formulado únicamente se hizo referencia al caso del PRAN, lo que implicó que la sanción no se impuso en relación con todas las actividades que ejecuta en desarrollo de su objeto social “sino que se centró en un producto sobre el cual era obligación de FINAGRO atender las disposiciones legales y normativas mínimas vigentes que le eran aplicables, con mayor razón, por tratarse de recursos derivados del Presupuesto General de la Nación.”

Señaló que, en el procedimiento administrativo se demostró que la investigada, no obstante su relación directa con el cliente, no contaba con formularios de vinculación con las características previstas en la CBJ, ni con procedimientos para detectar operaciones inusuales, lo que implica que desconoció sus deberes mínimos en esta materia, conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 2011 del EOSF.

4.2.7. Con respecto al cargo de violación al debido proceso con ocasión de las pruebas negadas en el procedimiento sancionatorio, precisó que, en el caso concreto, la actora basa su inconformidad en que “solicitó que un conjunto de 35 comunicaciones se tuvieran como prueba”, sin embargo, al revisar el memorial de apelación, en el acápite de pruebas ni en el recurso interpuesto contra el auto 01 del 31 de diciembre de 2009 se incluyó esta solicitud, por lo tanto, no puede pretender que se decreten pruebas que no solicitó en la oportunidad procesal.

4.2.8. Sobre la violación al principio de confianza legítima, previa estructuración de los lineamientos jurídicos de esta figura, afirmó que no lo vulneró, por cuanto no se está ante un cambio de normatividad o de regulación de la actividad del establecimiento de crédito ni se impusieron de manera intempestiva medidas que le pudieran causar un perjuicio.

Cosa distinta es que la demandante haya realizado una interpretación errónea de la norma, sin que ello implique una aceptación tácita por parte del ente de inspección, control y vigilancia.

4.3. Alegatos de conclusión

Precluida la etapa probatoria, por medio de proveído del 22 de enero de 2014, se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, lo cual realizaron en los siguientes términos:

4.3.1. Superintendencia Financiera de Colombia

Mediante escrito radicado el 7 de febrero de 2014, la entidad reiteró el sustento normativo y jurisprudencial, así como los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Se refirió a las instituciones que están obligadas a adoptar el manual SIPLA, advirtió que FINAGRO es una institución vigilada por la Superfinanciera, por ser un establecimiento de crédito, sin que la norma que la tiene como sujeto pasivo consagre alguna excepción.

Explicó ampliamente el funcionamiento del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria – PRAN y los supuestos fácticos y normas jurídicas en que se sustentó la sanción que consideró legalmente impuesta.

4.3.2. Alegatos de la parte actora

4.3.2.1. El apoderado de la parte demandante, mediante escrito radicado el 7 de febrero de 2014, insistió en los argumentos expuestos en el libelo introductorio, precisando que las infracciones que fueron objeto de sanción se concretaron en dos momentos i) la vinculación de nuevos clientes a FINAGRO “lo cual ocurre en el instante en que este adquiere los pagarés por parte de los bancos de primer piso cuyos deudores fueron elegidos para beneficiarse de la compra de cartera dispuesta por el PRAN; y ii) La presunta omisión de determinados contenidos en los manuales de prevención del riesgo de lavado de activos existentes al momento de la adquisición de los respectivos pagarés.”

Advirtió que las compras de cartera se realizaron antes de la fecha de la visita y, por ende, del 11 de febrero de 2006, de la misma manera que los manuales, supuestamente deficientes, fueron adoptados con antelación a dicha fecha.

4.4. Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría 134 Judicial Administrativa de Bogotá, mediante escrito radicado el 19 de febrero de 2014, rindió concepto en el que solicitó que no se accediera a las pretensiones formuladas por FINAGRO, toda vez que esta entidad no cumplió, de manera eficaz, las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Circular Básica 007 de 1996, relativos al Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos.

En efecto, previo señalamiento de los supuestos fácticos y jurídicos del caso y de los antecedentes del proceso, se refirió a las competencias de la Superfinanciera, en especial a la potestad sancionatoria.

Advirtió que el término de caducidad se cuenta desde la fecha en la cual se produzca la conducta reprochable, de tal manera que la sanción se impuso oportunamente por el incumplimiento de claras obligaciones relacionadas con el lavado de activos.

Hizo referencia al principio de confianza legítima, para concluir que la entidad demandada “… en ningún momento hizo incurrir en error al demandante creándole falsas expectativas, fue el establecimiento de crédito FINAGRO, quien no siguió las normas básicas del derecho, no hay duda alguna sobre los procedimientos y controles para la prevención del lavado de activos que tenía que implementar el Fondo Financiero Agropecuario.”

4.5. Sentencia de primera instancia

4.5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección C – Sala de Descongestión, mediante sentencia del 6 de marzo de 2013, declaró no probadas las excepciones de inepta demanda por la no aducción de hechos en la vía gubernativa y la genérica, propuestas por la entidad demandada y negó las pretensiones de la demanda.

4.5.2. El a quo se refirió in extenso a las funciones de inspección, control y vigilancia, que cumple la Superintendencia Financiera, a la naturaleza jurídica de FINAGRO, relacionando los supuestos fácticos que dieron lugar al procedimiento sancionatorio, con ocasión de la visita llevada a cabo en la entidad los días 24 de abril y 23 de mayo de 2006, con fundamento en lo cual estudió los cargos de nulidad propuestos por la entidad demandante.

4.5.3. Examinó la caducidad de la potestad sancionatoria de la Superintendencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 6º del artículo 47 de la Ley 795 de 2003, así como en las causales de suspensión del término, consagradas en el literal m) del numeral 4º del artículo 208 del Decreto 663 de 1993, referidas al trámite y decisión de impedimentos y recusaciones, así como por el término de duración del período probatorio.

Al respecto, precisó que las conductas imputadas a la entidad investigada son omisivas, toda vez que se referían en su totalidad a la carencia de herramientas, mecanismos y procedimientos que debía tener para que, en desarrollo de sus operaciones, pudiera evitar la acción delictiva del lavado de activos.

Analizó cada uno de los cargos por los que se encontró administrativamente responsable a la entidad, de acuerdo con la Circular Básica Jurídica 007 de 2006, el informe de imputación de cargos y las consideraciones expuestas por la Superfinanciera en las decisiones por medio de las cuales se impusieron las sanciones, señalando con respecto a cada cargo lo siguiente:

Cargo

Conducta imputada
Primero: “Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos”
La falta de manuales específicos que contengan los mecanismos e instrumentos para evitar la comisión de la conducta delictiva anotada, esto es, omisión en el cumplimiento de sus deberes legales.
Segundo: “Mecanismos e instrumentos SIPLA. Conocimiento del Cliente“
Omitir el deber de elaborar un procedimiento para identificación de sus clientes, a través de la revisión de listas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la implementación de una política de beneficios y el seguimiento continuo de cuentas de alto riesgo, como elementos esenciales para la gestión y control de peligros financieros.
Tercero: “Detección de operaciones inusuales”
El establecimiento de crédito no tiene estructurado el mecanismo de detección de operaciones inusuales y la determinación y reporte de operaciones sospechosas, así como tampoco está determinado dicho procedimiento en el Manuel del Fondo.
Cuarto: “Instrumentos para la adecuada aplicación de los mecanismos de control. Señales de Alerta,”
La entidad no cuenta con señales de alerta para los productos administrados, referidos al PRAN.
Sexto: “Segmentación del mercado”
FINAGRO omitió adoptar parámetros de segmentación, o cualquier otro instrumento de similar eficacia, por niveles de riesgo, por clase de producto o por cualquier otro criterio, que le permita identificar las operaciones inusuales.
Octavo: “Capacitación y entrenamiento del personal”
La entidad no tiene implementado un programa de capacitación que permita ilustrar en detalle a sus funcionarios de la Entidad la política y procedimiento propio de la administración de riesgo adoptado por el Fondo.
Cargo décimo primero “Consideraciones generales y criterios aplicables a la prevención del lavado de activos”
La entidad omitió tomar las medidas a su alcance para que los sistemas de prevención y control del lavado de activos funcionen, de modo tal que en el desarrollo de sus operaciones pueda prevenir ser utilizada como vehículo para la realización de actividades ilícitas.

Del estudio de cada uno de los cargos, por los que finalmente fue sancionada la demandante, el Tribunal concluyó que todas las imputaciones hacen referencia a conductas omisivas de la entidad crediticia, por cuanto corresponden a “la falta de diligencia de la accionante para adoptar las medidas de control apropiadas, suficientes e idóneas, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones como establecimiento de crédito fuera utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de dineros u otros bienes provenientes de la actividad delictiva del lavado de activos.”

Como consecuencia de lo expuesto, el momento en que empezaría la contabilización del término de caducidad corresponde a aquel en que cesó el deber de actuar de FINAGRO, con el cumplimiento de las ordenes legales, sin que en el presente caso exista prueba alguna en el plenario que acredite el cumplimiento de las normas y, por ende, la cesación de las conductas omisivas.

Precisó que la notificación del acto administrativo sancionatorio se produjo el 27 de marzo de 2009, de tal manera que no operó la caducidad de la potestad sancionatoria.

4.5.4. A continuación, examinó el cargo de violación de los artículos 6, 29, 83 y 121 de la Constitución Política; 2 y 35 del EOSF y de las normas presuntamente vulneradas por FINAGRO.

Al respecto, señaló que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, todas las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superfinanciera están obligadas a desarrollar adecuadamente el Régimen General de Prevención de Actividades Delictivas y el Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos – SIPLA.

Estudió la naturaleza jurídica de la institución demandante, a partir de las normas de creación y las funciones de la entidad demandada, para concluir que tenía el deber de cumplir con toda la normatividad, en su condición de establecimiento financiero.

Agregó que, los hallazgos de la Comisión de Visita y todas las pruebas allegadas al proceso permiten concluir que las imputaciones partieron de criterios legales y no así de imputaciones subjetivas, carentes de criterios de comparación, como lo aseveró la parte actora.

Advirtió que los deberes profesionales que dejó de cumplir el Fondo están expresamente consagrados en las disposiciones que se señalaron como vulneradas, sin que se advierta extralimitación en las facultades de la demandada, ni se discuta el régimen de responsabilidad profesional, sino los deberes que le asistían como entidad de crédito para que dentro de sus manuales internos implementara los mecanismos adecuados y suficientes para consagrados expresamente en la ley.

4.5.5. En relación con el cargo de violación del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política, por desconocimiento del debido proceso en el decreto y práctica de pruebas en el procedimiento previo y en la vía gubernativa, el a quo consideró que tampoco estaba llamado a prosperar.

Señaló que, efectivamente la entidad investigada, al promover el recurso de apelación contra la decisión sancionatoria, solicitó que se tuvieran en cuenta treinta y cinco (35) comunicaciones, pretendiendo amparar su omisión en la existencia de una confianza legítima; en el mismo escrito solicitó oficiar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la práctica de una inspección judicial con exhibición de documentos, en desarrollo del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria – PRAN y el Plan Anual de Capacitación, de los años 2005 y 2006.

Según Auto No. 1 del 31 de diciembre de 2009, el Superintendente Financiero decretó la prueba consistente en oficiar al representante legal de FINAGRO para que allegara copia de los planes anuales de capacitación de la entidad, correspondientes a los años 2005 y 2006 y negó, por inconducencia, las demás pruebas solicitadas.

En escrito radicado el 20 de enero de 2010, el apoderado de la entidad demandada presentó recurso de reposición contra el proveído anterior, pero únicamente con respecto a la inspección judicial, el cual fue resuelto mediante Auto No. 02 del 12 de julio de 2010, en el que se modificó la decisión, en el sentido de ordenar la prueba documental solicitada y confirmó la negativa de la inspección judicial.

Destacó que, la entidad demandada, al resolver el recurso de apelación, mediante la Resolución 0290 del 24 de febrero de 2011, tuvo en cuenta las comunicaciones, pero consideró que la alzada estaba inadecuadamente formulada en relación con el argumento de confianza legítima y que tales medios de convicción eran “superfluos”, en la medida en “solo pretende demostrar la fluida comunicación entre su representado y esa entidad, asunto que no es objeto de debate en el presente proceso y que no hace parte de ninguno de los cargos por lo que fue impuesta la sanción.”

Agregó que la jurisprudencia del Consejo de Estado tiene establecido que cuando el cargo verse sobre la omisión en la práctica de pruebas, el afectado tiene la obligación, al momento de demandar los actos, de solicitarlas para que sean decretadas y practicadas al interior del proceso para que el juzgador aprecie el mérito de los argumentos respecto de la omisión por parte de la administración en su decreto y tal carga no fue cumplida por la parte demandante, sin que las comunicaciones obren en los antecedentes administrativos, para poder ser valorados.

Concluyó que “el tercer cargo de anulación propuesto no está llamado a prosperidad, toda vez que esta Colegiatura carece de elementos de juicio necesarios, de cara al debate sancionatorio adelantado, para analizar, esto es, confirmar o contradecir, la calificación hecha por la Superintendencia de ser superfluos los documentos descartados en sede administrativa y porque la constancia de reporte de operaciones sospechosas no es suficiente para acreditar el cumplimiento de las normas de la Circular Jurídica Externa No. 007 de 1996, que exige que en el Manual SIPLA se incluya todo el procedimiento de entidad para atender el tema de prevención del lavado de activos en operaciones sospechosas.”

4.5.6. Finalmente, resolvió el cargo de violación del artículo 83 de la Constitución Política, por desconocimiento del principio de confianza legítima, aseverando que se trata de reiteración de los anteriores y que carece de prueba tangibles en las que se acredite la permisividad por parte de la Superifinanciera para cumplir las leyes.

Recalcó que el hecho de tratarse de un banco de segundo piso no es una consideración que constituya un eximente de responsabilidad en este caso, en la medida en que no es por esa condición que se exige la atención de los postulados mencionados en este asunto, sino por ser un establecimiento de crédito, como se consigna en la Parte X del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, de acuerdo con el artículo 77 del Decreto 4327 de 2005, estando sometida a la Ley 16 de 1990, esto es, a la vigilancia de las obligaciones de las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito.

4.6. Recurso de apelación

Mediante escrito radicado el 2 de abril de 2014, el apoderado de la parte actora presentó recurso de apelación para que se revocara el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

4.6.1. El Tribunal se equivocó al no declarar la caducidad, por cuanto las conductas endilgadas no son omisivas sino activas

Fundamentó lo anterior en que “la ejecución defectuosa de un deber legal no es una falta omisión (sic) sino una falta que se comete por acción”, y los presuntos instrumentos defectuosos de control de riesgo de lavado de activos que la Superintendencia sancionó habían sido adoptados con anterioridad al 1º de junio de 2005, fecha de iniciación de los hechos inspeccionados por la Comisión Visitadora que sirvieron de fundamento a la multa impuesta.

4.6.2. El Tribunal erró “al descartar la segunda tacha de nulidad porque no demuestra la invalidez del reproche de indeterminación de los cargos por ausencia de referencia a la lex artis.”

Al respecto afirmó que las resoluciones demandadas sancionan a FINAGRO por no cumplir los estándares en materia de prevención del lavado de activos establecidos por la misma entidad, sin referencia a ningún patrón externo objetivado de comparación.

Agregó que, la sentencia acoge sin reservas el criterio de la Superintendencia sin que se haya evidenciado que “sí acogió la lex artis” y no explica por qué un banco de segundo piso debe observar idénticos procedimientos a los de uno de primer piso.

Citó la sentencia C-406 de 2004, proferida por la Corte Constitucional, según la cual en materia sancionatoria es posible acudir a conceptos jurídicos indeterminados, siempre que para su concreción se acuda a las reglas que cada profesión tiene para su buen hacer o “lex artis” e insistió en que la Superintendencia no precisó cuáles fueron los saberes profesionales que el Banco dejó de aplicar en cuanto a la gestión del riesgo de lavado de activos.

4.6.3. La Superintendencia violó el debido proceso al negar la prueba tendiente a demostrar los reportes efectuados a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero.

4.6.4. El Tribunal se equivocó por no declarar la nulidad de los actos por violación al principio de confianza legítima, argumento en torno al cual afirmó que la entidad demandada conocía el criterio de FINAGRO sobre la forma como se le debían aplicar los criterios sobre lavado de activos por ser una entidad crediticia de segundo piso.

4.7. Trámite en segunda instancia

Por auto del 21 de julio de 2014, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante y, mediante proveído del 17 de septiembre de 2014, se corrió traslado a las partes para presentar alegaciones en segunda instancia y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

4.7.1. Alegatos presentados por la parte demandada

La entidad demandada presentó escrito del 7 de octubre de 2014, en el que reiteró los argumentos presentados en sus anteriores intervenciones procesales. Afirmó:
4.7.1.1. No hay caducidad de la facultad sancionatoria por cuanto se trata de conductas omisiva, pues implicaron un “no hacer”; “no implementar” y “no cumplir”.

Advirtió que, si en gracia de discusión se aceptara la tesis del recurrente referida a que se trata de conductas activas, el término de caducidad debe empezar a contarse a partir del momento en que se extingue, culmina o desaparece y no de aquel en que empieza, esto es, desde el acaecimiento del último acto ejecutado.

4.7.1.2. Afirmó que no hay nulidad de los actos demandados porque la sanción se impuso con fundamento en una norma vigente a la fecha de los hechos.

Recalcó que, si bien FINAGRO opera como una entidad de redescuento o banco de segundo piso, también es cierto que tiene productos o programas, en los que no funciona como una típica entidad de redescuento, que es lo que ocurre con el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria – PRAN, que consiste en la compra de cartera que realiza a otros establecimientos de crédito, previo cumplimiento de ciertas condiciones.

A través de la compra de cartera, pasa a relacionarse directamente con los beneficiarios, quienes se convierten en sus clientes y suscriben un nuevo pagaré en el cual el FINAGRO es el acreedor, reiterando que imputó cargos únicamente en relación con el PRAN, por lo que los demás productos no fueron materia de valoración

4.7.1.3. No se presentó violación al debido proceso, toda vez que la parte actora no cumplió con la legal incorporación de las mismas al trámite administrativo ni al presente proceso y las mismas no tenían la posibilidad de acreditar que cumplió con los deberes legales.

4.7.1.4. Señaló los principales lineamientos del principio de confianza legítima, para concluir en ningún momento hizo incurrir en error al demandante creándole falsas expectativas, fue el mismo establecimiento de crédito investigado, quien incurrió en error en cuanto a la aplicación de normas de carácter obligatorio.

4.7.2. Alegatos de la parte demandante

La parte demandante presentó escrito de alegatos, visible a folios 16 a 53 del cuaderno número 2, en el que reiteró los argumentos expuestos en el escrito de apelación en el sentido de encontrarse plenamente acreditados los errores en que incurrió en tribunal al analizar los cargos de la demanda.

4.7.3. Concepto del Ministerio Público en el trámite del recurso de apelación

El Ministerio Público no rindió concepto en el trámite de la segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

1.1. De conformidad con el artículo 129 del C.C.A y con el numeral 1º del Acuerdo número 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo en los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los Despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del citado acuerdo, el Despacho del Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia.

1.2. En el caso concreto, la Sala precisa que limitará el análisis a lo decidido en la sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso, de conformidad con el cual “El juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que pueda aportar de oficio, en los casos previstos por la ley.”
2. Actos administrativos acusados

Los actos administrativos demandados son:

2.1. La Resolución No. 0355 del 25 de marzo de 2009, dictada por el Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos, por medio de la cual le impuso multa por valor de $300.000.000, por las irregularidades en que incurrió, según el Informe de Inspección No. 220000042006000, por violación de normas relativas a la prevención del lavado de activos en la ejecución del Programa de Reactivación Agropecuaria - PRAN.

1.2. La Resolución No. 290 del 24 de febrero de 2011, expedida por el Superintendente Financiero, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por FINAGRO contra la decisión sancionatoria, en el sentido de i) modificar el artículo 1º de la Resolución No. 0355 del 25 de marzo de 2009, para disminuir el valor de la sanción a $266.000.000; y ii) confirmarla en todo lo demás.

Problema jurídico

3.1. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia apelada, para lo cual la Sala resolverá si los actos administrativos censurados se encuentran incursos en causal de nulidad por violación de normas de superior jerarquía en que debían fundarse, con fundamento en los argumentos expuestos por la entidad demandante en su apelación.

3.2. Para resolver el problema jurídico que subyace al caso concreto, la Sala abordará los siguientes ejes temáticos: i) Potestad sancionatoria de la Superintendencia Financiera; ii) Principio de legalidad de las infracciones financieras; iii); Caducidad de la potestad sancionatoria; iii) Principio de confianza legítima; iv) Naturaleza jurídica de la entidad demandante en virtud de la cual es sujeto pasivo de control por parte de la Superintendencia Financiera; y finalmente, iv) analizará el caso concreto.

4. Razones jurídicas de la decisión

4.1. Potestad sancionatoria de la Superintendencia Financiera de Colombia

4.1.1. Sobre este tema se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-860 de 2006, en la cual precisó que en relación con la actividad financiera, el artículo 335 de la Constitución Política establece un régimen de intervención estatal reforzada, por tratarse de una actividad económica que compromete el interés público y que el numeral 24 del artículo 189 atribuye al poder ejecutivo específicas funciones de inspección, vigilancia y control sobre las personas que realizan tal actividad. Justificó una mayor restricción de las libertades económicas aparejado de “un incremento de los poderes de las entidades estatales en ejercicio de la función de policía administrativa”.

4.1.2. En la misma sentencia se afirmó que la actividad financiera se encuentra sometida a un régimen estricto de intervención del Estado que implica su vigilancia y control “por organismos gubernamentales de carácter técnico, llamados a ejercer funciones de policía administrativa, como lo es la Superintendencia Financiera de Colombia, con el propósito de asegurar la confianza en el sistema financiero, así como garantizar la transparencia de las actividades realizadas por las entidades vigiladas, evitar la comisión de delitos, en especial, relacionados con el lavado de activos, y proteger los intereses de terceros de buena fe que pueden resultar lesionados por operaciones de mercado irregulares, inseguras o inadecuadas”.

4.1.3. La potestad sancionatoria, los principios que la regulan y el procedimiento están contemplados en la Parte VII, Capítulo I del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, partir del artículo 208 que fue sustituido por el artículo 45 de la Ley 795 de 2003.

4.1.4. Cabe destacar que el poder sancionatorio de la Superintendencia Financiera, por su especial trascendencia, implica que puede adoptar medidas eficaces para prevenir y sancionar las actuaciones de los agentes económicos o de las instituciones que los amenacen o lesionen, entre las cuales se cuenta la imposición de sanciones personales o institucionales.
4.2. Principio de legalidad de las infracciones financieras

4.2.1. La Corte Constitucional, en desarrollo del artículo 29 del Estatuto Superior, de manera reiterada ha afirmado que el principio de legalidad que rige en el derecho administrativo sancionador se aplica con menor rigurosidad que en materia penal, sin perjuicio de que los comportamientos sancionables se encuentren descritos adecuadamente, con el fin de otorgar previsibilidad y claridad. Al respecto, en sentencia C-475 de 2004 se afirmó:

“… el principio de legalidad consagrado en la Constitución adquiere matices dependiendo del tipo de derecho sancionador de que se trate. Es por ello, que la Corte ha considerado que el principio de legalidad es más riguroso en algunos campos, como en el derecho penal, pues en este no solo se afecta un derecho fundamental como el de la libertad sino que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, mientras que en otros derechos sancionadores, no solo no se afecta la libertad física sino que sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas a una sujeción especial, y por lo tanto en estos casos, se hace necesaria una mayor flexibilidad, como sucede en el derecho disciplinario o en el administrativo sancionador”.

4.2.2. La flexibilidad en materia de legalidad y tipicidad en el régimen sancionatorio administrativo se ha justificado por la variabilidad y el carácter técnico de las conductas sancionables, que dificulta la redacción de un listado minucioso por parte del legislador, así como el señalamiento en cada caso de dichos supuestos técnicos o específicos que permitan al propio tiempo determinar los criterios para la imposición de la sanción.

4.2.3. Concretamente en materia de infracciones a la normatividad del Sistema Financiero, la Sentencia C-860 de 2006, previamente citada, se encargó de aclarar que “[d]ebe existir una configuración normativa previa y suficiente de los supuestos que dan lugar a la sanción, y los destinatarios de la misma. Empero, no es preciso que los elementos del tipo sancionatorio estén definidos en un norma con fuerza material de ley pues en el campo del derecho administrativo sancionador es válida la técnica de la remisión normativa”.

4.3. Caducidad de la potestad sancionatoria de la Superintendencia Financiera

4.3.1. En cuanto a la caducidad del poder sancionatorio en materia financiera, se encuentra consagrado en el artículo 208 del EOSF, modificado por el artículo 45 de la Ley 795 de 2003, que lo estableció en el término de tres (3) años, contados a partir del (i) día de consumación de las conductas de ejecución instantánea, (ii) de la realización de las conductas de ejecución permanente o sucesiva y, (iii) desde que haya cesado el deber para las conductas omisivas, y si se investigan varias conductas el término se cuenta en forma independiente para cada una.

4.3.2. La norma también dispone que la caducidad se interrumpe con la notificación del acto administrativo sancionatorio.

Adicionalmente, de conformidad con el literal m) del artículo del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el término previsto para expedir y notificar la resolución que ponga fin a la actuación se suspenderá en los siguientes casos la caducidad se interrumpe, en los siguientes eventos:

“1. Cuando se presente alguna de las causales de recusación o impedimento establecidas en el Código Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Civil respecto de alguno de los funcionarios que deban realizar diligencias investigativas, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas dentro del procedimiento administrativo.

El término de suspensión en este evento será igual al que se requiera para agotar el trámite de la recusación o impedimento, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo.

2. Por el período probatorio de que trata el literal i) de este numeral, caso en el cual la suspensión se contará a partir de la ejecutoria del acto que resuelva sobre las pruebas en la actuación, y por el término que se señale para la práctica de las mismas;”

4.3.3. La aplicación de las normas que regulan la figura jurídica de la caducidad, en el caso concreto y especial de la Superintendencia Financiera, implica la determinación por parte del operador jurídico de la modalidad de conducta que fue materia de imputación en el caso concreto, a efectos de establecer si es de ejecución instantánea, de ejecución permanente o sucesiva y si es una conducta activa u omisiva, para establecer el extremo inicial de contabilización del término, toda vez que el extremo final está determinado por la fecha de notificación de la decisión definitiva.

4.3.4. Cabe destacar que las faltas por omisión consisten en la infracción de una ley preceptiva, esto es, aquella que manda hacer algo, en consecuencia, se trata de una abstención de una actuación que constituye un deber legal.

En las infracciones por omisión, el obligado no cumple con el específico deber de actuar de acuerdo con el mandato impuesto por la norma.

4.4. Principio de confianza legítima

4.4.1. El artículo 83 de la Constitución Política establece que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estos”.

4.4.2. Desde sus primeros pronunciamientos la Corte ha sostenido que la confianza legítima se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y privado, “cuando la administración pública ha creado expectativas favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones”.

4.4.3. Para que se configure este principio la Corte ha decantado los siguientes presupuestos generales i) la necesidad de preservar de manera concreta un interés público; ii) la demostración de que el particular ha desplegado su conducta acorde con el principio de la buena fe; iii) la desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y los administrados; y iv) la obligación de adoptar medidas por un periodo transitorio que adecúen la actual situación a la nueva realidad.
4.4.4. En virtud de este principio, las actuaciones de la Administración que generen un cambio súbito en las condiciones que regulan las relaciones con los administrados, en donde exista una expectativa justificada, deben estar precedidas de un periodo de transición donde se brinde a los particulares el tiempo y los medios necesarios para que se ajusten a la nueva situación jurídica.

4.4.5. Cabe destacar que la confianza debe ser justificada y solo se protegen aquellas circunstancias “objetivas, plausibles, razonables y verdaderas que la motivan y explican, revistiéndola de un halo de credibilidad y autenticidad indiscutibles”.

4.4.6. Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de esta figura y los presupuestos que la rigen la Sala destaca que es la actuación de la Administración la que tiene la posibilidad de generar confianza y no las manifestaciones unilaterales de los administrados ni el convencimiento a que estos hayan llegado sobre el alcance de las normas jurídicas.

Lo anterior, adicionalmente, porque un principio general del derecho, como el de confianza legítima, no puede aplicarse "contra legem", por lo que no tiene la posibilidad de obrar como causal de justificación de conductas contrarias al ordenamiento jurídico ni a los fines del Estado Social de Derecho.

4.5. Naturaleza Jurídica de FINAGRO

De conformidad con lo establecido por el artículo 227 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, creado por la Ley 16 de 1990, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Agricultura, con patrimonio propio y autonomía administrativa.

Al respecto se tiene que las facultades de inspección, control y vigilancia que ejerce la Superintendencia Financiera se extienden a todas las entidades financieras, al tenor lo dispuesto por el artículo 72 del Decreto 4327 de 2005, en la redacción que tenía para la época de los hechos, entre las cuales se encuentra FINAGRO, en concordancia, entre otros con el 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que relaciona como sujetos de control las personas que realicen la actividad financiera y aseguradora.

4.6. Análisis del caso concreto

Con fundamento en el marco normativo y conceptual expuesto en precedencia y en la apreciación en su conjunto de las pruebas allegadas a la actuación, en especial el informe de visita practicado en la entidad demandante, que constituye el eje central de la imputación de cargos, y los actos administrativos censurados, la Sala llega a las siguientes conclusiones:

4.6.1. En relación con la modalidad de la conducta y, por ende, la operancia del fenómeno de la caducidad en el caso concreto, se advierte que todas las conductas imputadas y por las que se dedujo responsabilidad administrativa, son omisivas, toda vez que la Superintendencia encontró que FINAGRO se abstuvo de realizar actuaciones que constituyen un deber legal.

4.6.1.1. En efecto, de conformidad con lo señalado en el acápite de hechos probados –relacionados en el numeral segundo de los antecedentes del presente fallo–, y como lo concluyó el a quo, sin que ello aparezca desvirtuado con los argumentos de la parte demandante, se encuentra acreditado que la totalidad de las conductas sancionadas corresponden al incumplimiento de normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996.

4.6.1.2. Nótese que el concepto de violación del primer cargo, hace referencia a la no inclusión en el Manual de Procedimientos SIPLA y en los de funciones de los cargos correspondientes a los niveles administrativos superiores, en relación con los requisitos mínimos exigidos por la legislación.

4.6.1.3. El concepto de violación del segundo cargo hace referencia a que “FINAGRO no cuenta con un formulario de vinculación de clientes que recoja los aspectos mínimos requeridos por la normatividad vigente”, al tiempo que la entidad no consulta las listas publicadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.

4.6.1.4. La conducta sancionable según el tercer cargo, corresponde a que “no tiene implementado el mecanismo de detección y análisis de operaciones inusuales y la determinación y reporte de operaciones sospechosas”.

4.6.1.5. En virtud del cuarto cargo se sancionó el hecho de no tener previsto el proceso para producir señales de alerta necesarias para la detección de operaciones inusuales, mientras que el sexto se sustentó en la omisión de la investigada en establecer parámetros para llevar a cabo la segmentación del mercado, como lo exige la normatividad vigente para la época de los hechos.

4.6.1.6. Los demás cargos igualmente fueron imputados porque FINAGRO dejó de realizar actuaciones encaminadas a cumplir las normas que la vinculaban como establecimiento de crédito en el tema objeto de investigación.

4.6.1.7. Es por ello que la alegación de la parte actora, según la cual los instrumentos defectuosos de control de riesgo de lavado de activos que la Superintendencia examinó habían sido adoptados con anterioridad al 1º de junio de 2005, fecha de iniciación de los hechos inspeccionados por la Comisión Visitadora que sirvieron de fundamento a la multa impuesta, no es de recibo para esta Sala por cuanto la entidad crediticia se abstuvo de actualizarlos, adecuarlos al ordenamiento y aplicarlos de tal manera que se cumpliera la finalidad de evitar constituirse en un instrumentos para el lavado de activos.

4.6.1.8. Cabe destacar que la fecha señalada por el recurrente no coincide con la que indicó en el libelo introductorio y el hecho de que previamente haya adoptado manuales imperfectos no torna en activa la conducta pues no se le imputó haber aprobado tales manuales sino –se reitera– omitir adecuarlos a las normas y aplicarlos en sus operaciones financieras.

4.6.1.9. Por lo tanto, la Sala concluye que no hubo caducidad, por cuanto a la luz del artículo 45 de la Ley 795 de 2003, antes citado, los tres (3) años se cuentan desde que haya cesado la conducta omisiva consistente en el incumplimiento de los deberes legales a que se refiere cada uno de los cargos.

4.6.2. Violación del principio de legalidad por ignorar el principio de la lex artis

4.6.2.1. La apelante argumenta que la Superintendencia le violó el debido proceso porque impuso la sanción con base en el criterio exclusivo de sus funcionarios. Ello, por cuanto, a pesar de que sostuvo que FINAGRO no cumplió los estándares que, según esa entidad, serían aceptables en materia de prevención del lavado de activos, no precisó cuáles estándares o patrones objetivos dejó de aplicar la entidad en esa materia.

4.6.2.2. Para sustentar este razonamiento, citó la sentencia C-406 de 2004, según la cual en materia sancionatoria es posible acudir a conceptos jurídicos indeterminados, siempre que para su concreción se acuda a las reglas que cada profesión tiene o “lex artis” e insistió en que la Superintendencia no precisó cuáles fueron los saberes profesionales que dejó de aplicar en cuanto a la gestión del riesgo de lavado de activos.

4.6.2.3. La Sala destaca que en la sentencia C-406 de 2004, la Corte Constitucional estudió la exequibilidad de las expresiones contenidas en la Ley 32 de 1979, Decreto Ley 1172 de 1980 y Ley 27 de 1990, por las cuales fue creada la Comisión Nacional de Valores, aplicables hoy a la Superintendencia de Valores, dictadas con el objeto de regular la actividad de los comisionistas de bolsa, las bolsas de valores, el mercado público de valores y los depósitos centralizados de valores, y se refieren de manera particular, a algunas funciones relacionadas con el poder sancionador de la administración.

4.6.2.4. El artículo 12 n. 3 literal b) acusado, hace relación a la facultad que tiene la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia de valores, para suspender la inscripción de un intermediario en el Registro Nacional de Intermediarios, cuando “realice operaciones que no sean suficientemente representativas de la situación del mercado”.

4.6.2.5. Por su parte, el numeral 4 del artículo 8 del Decreto Ley 1172 de 1980, dispone que se prohíbe a las sociedades Comisionistas de Bolsa “realizar operaciones que no sean representativas de las condiciones del mercado, a juicio de la Comisión Nacional de Valores (hoy Superintendencia de valores)”; y finalmente, el literal b) del artículo 6 de la ley 27 de 1990, dispone que la Comisión Nacional de Valores, sin perjuicio de las facultades que le asignen las leyes vigentes, podrá “imponer multas hasta de cinco millones de pesos cada una, según la gravedad de la infracción a quienes directamente o a través de interpuestas personas realicen operaciones que no sean suficientemente representativas de la situación del mercado.”

4.6.2.6. En consideración a que la conducta sancionable prevista por el legislador en los tipos sancionatorios objeto de análisis la constituían las operaciones que no fueran suficientemente representativas del mercado, en esa providencia la Corte aceptó la posibilidad de que en derecho sancionador administrativo se acuda a conceptos jurídicos indeterminados en la descripción de las conductas objeto de reproche, siempre y cuando exista alguna forma de concretar dichos conceptos.

4.6.2.7. La Corte destacó que una forma de concreción es la remisión normativa, a la que también se refirió en sentencia C-860 de 2006. Otra, es la que se conoce como lex artis, esto es, acudiendo a “criterios técnicos, lógicos, empíricos, o de otra índole, que permitan prever, con suficiente precisión, el alcance de los comportamientos prohibidos y sancionados”.

4.6.2.8. Al respecto, en la sentencia C-406 de 2004, la Corte precisó lo siguiente:

“En conclusión, en el caso de las infracciones de carácter administrativo, según ya lo ha precisado la Corte, el uso de conceptos indeterminados es admisible, siempre y cuando ellos sean determinables en forma razonable, esto es, que sea posible concretar su alcance, en virtud de remisiones normativas o de criterios técnicos, lógicos, empíricos, o de otra índole, que permitan prever, con suficiente precisión, el alcance de los comportamientos prohibidos y sancionados.

Puede admitirse entonces, que para efectos de la concreción de los conceptos indeterminados, se acuda a las reglas que cada profesión tiene para su buen hacer o "Lex Artis", en su esencia cambiante por la propia naturaleza renovadora de ciertas profesiones, que surge de experiencias y costumbres, y que marcan un especial modo de actuar y entender las reglas respectivas y propias de cada ejercicio profesional. Igualmente juega un papel importante al momento de hacer la correspondiente determinación de conductas sancionables la costumbre mercantil, que tiene fuerza reguladora dada su condición intrínseca o de común aceptación como regla adecuada de conducta comercial cuando es pública, uniforme y reiterada.

Por el contrario, si el concepto es a tal punto abierto, que no puede ser concretado en forma razonable, entonces dichos conceptos desconocen el principio de legalidad, pues la definición del comportamiento prohibido queda abandonada a la discrecionalidad de las autoridades administrativas, que valoran y sancionan libremente la conducta sin referentes normativos precisos”.

4.6.2.9. La expresión lex artis –literalmente, “ley del arte”, se emplea para referirse a un cierto sentido de apreciación sobre si la tarea ejecutada por un profesional es o no correcta o se ajusta o no a lo que debe hacerse. El principio de la lex artis suele aplicarse a las profesiones que requieren de una técnica operativa y que plasman en la práctica unos resultados empíricos, como la medicina, establecida en ella como “el conjunto de prácticas médicas aceptadas como adecuadas para tratar al enfermo en el momento de que se trata”.

4.6.2.10. En consecuencia, le asistió la razón al Tribunal al considerar que la sentencia no es aplicable al caso por cuanto los verbos rectores de los tipos sancionatorios imputados por la Superintendencia a FINAGRO no contienen conceptos jurídicos indeterminados sino claros mandatos u obligaciones de hacer que cuyo contenido es claro, preciso y determinado, sin que se tenga que acudir a conocimientos técnicos o especializados.

4.6.2.11. En efecto, no se vulnera el principio de legalidad, toda vez que, en el caso en estudio, para determinar las infracciones por las cuales fue sancionada la entidad crediticia no es necesario acudir a la lex artix, ya que las normas vigentes para la época, esto es, los artículos del E.O.S.F en concordancia con la Circular Básica Jurídica 007 de 1996, expedida por la Superintendencia Financiera, constituyen una regulación detallada de los mecanismos y herramientas necesarias para la prevención del lavado de activos por parte de las instituciones vigiladas por dicha entidad, entre las cuales, sin lugar a dudas, se encuentra FINAGRO, por su naturaleza jurídica.

4.6.2.12. Así mismo, en los actos acusados se precisó cuáles fueron las conductas que la Superintendencia encontró demostradas y cuáles fueron las normas infringidas con cada una de ellas. En consecuencia, se encuentra acreditado que la sanción se impuso con base en hechos probados, derivados del incumplimiento de normas que claramente definían las infracciones sancionables y no en el criterio subjetivo de los funcionarios de la demandada.

4.6.2.13. Por lo demás, al resolver el recurso de apelación, las infracciones que no se encontraron probadas, no fueron objeto de sanción.

4.6.3. Con respecto a la alegación referida a la violación del principio de confianza legítima, resulta suficiente precisar que no se configura en el caso concreto por cuanto no existió una actuación de la Superintendencia Financiera en virtud de la cual se hubiera expresado que FINAGRO no estaba obligado a cumplir las normas jurídicas vigentes en materia de lavado de activos.

Pero lo que es más contundente aún es que si ella hubiera existido tampoco podría generar confianza legítima porque ello sería contrario al ordenamiento jurídico y a los fines constitucionales y convencionales, por lo que no concurren en el caso concreto los presupuestos para que ella se genere.

Adicional a lo anterior, es claro que las actuaciones en las que se pretende sustentar su confianza corresponden a comunicaciones de su propia autoría y no a decisiones legalmente expedidas por la autoridad demandada, asistiéndole, en consecuencia razón al Tribunal al momento de negar este cargo de nulidad.

4.6.4. Finalmente, con respecto a la alegación de la parte actora referida a ser un banco de segundo piso, lo que implicaba que no quedaba sometido a la reglamentación sobre lavado de activos referida por la Superintendencia Financiera, la Sala advierte que al tener la naturaleza jurídica de un establecimiento de crédito estaba sometida al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que para todas las entidades crediticias expidiera la Superintendencia Financiera, sin que exista un precepto que la exonere de ellas.

Adicionalmente, al valorar la prueba recaudada en el caso concreto, en especial los informes de trabajo y los antecedentes del acto administrativo se encuentra que el único producto que fue objeto de imputación de cargos y sanción fue el relacionado con la ejecución del PRAN.

La Sala destaca que el PRAN fue creado mediante el  Decreto 967 de 2000 y consiste en un Programa de Reactivación del agro, por el cual se compraba cartera morosa crediticia agropecuaria a cargo de pequeños y medianos productores, y a favor de intermediarios Financieros vigilados por la entonces denominada Superintendencia Financiera.

El programa referido implicaba, como se destacó en los papeles de trabajo, el otorgamiento de títulos valores –pagarés– por parte de las personas naturales o jurídicas en favor de FINAGRO en forma directa y en esa medida se evidenciaba el riesgo de lavado de activos que se pretendía evitar a través de la reglamentación cuyo incumplimiento fue imputado.

Con fundamento en la estructuración del programa que fue objeto de examen por el organismo de control, la circunstancia de que FINAGRO, por regla general, realice operaciones de descuento y redescuento como banco de segundo piso, no constituye un argumento para predicar la exoneración de responsabilidad en sede sancionatoria administrativa, como tampoco para que se decrete la nulidad de los actos administrativos censurados en esta sede.

En consecuencia, esta alegación no está llamada a prosperar.

4.6.5. La Sala destaca que los argumentos expuestos por la recurrente en torno a las causales de nulidad no tienen la entidad suficiente para desvirtuar las conclusiones a las que llegó el Tribunal y que la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados no se desvirtuó en sede judicial, por lo que se confirmará el numeral segundo de la sentencia recurrida que fue el señalado por el apelante único.

5. Costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia, por cuanto aun cuando no prosperaron los argumentos expuestos en el escrito de apelación, no se advierte que la parte vencida haya desplegado una conducta temeraria en las actuaciones procesales.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – Descongestión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

IV. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el numeral segundo de la sentencia del 6 de marzo de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “C” En Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO contra la Superintendencia Financiera de Colombia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia, por no aparecer causadas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y Cúmplase.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Folios 2 a 20 del cuaderno número 1
Folio 2 del cuaderno número 1
Sigla que corresponde a “Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”. Sigla que corresponde a la Circular Básica Jurídica 7 de 1996, relativa al Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos SIPLA. Se destaca que la parte actora no explicó a que supuesto correspondía esta fecha. Folio 8 del cuaderno principal
Folio 14 del cuaderno principal
Folios 37 al 54 del cuaderno principal
Magistrado Fredy Ibarra Martínez
Folios 446 a 504 del cuaderno número 2
“Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.”
Funciones que hoy cumple la Superintendencia Financiera.
“Por el cual se fusiona la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores y se modifica su estructura”
Folio 47 del cuaderno principal
Folio 49 vuelto del cuaderno principal
La norma citada establece: “ARTICULO 211. SANCIONES ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONALES. <Artículo sustituido por el artículo 45 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Régimen general. Están sujetas a las sanciones previstas en el presente Estatuto, las instituciones sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria cuando:
a) Incumplan los deberes o las obligaciones que la ley les impone;
b) Ejecuten o autoricen actos que resulten violatorios de la ley, de los reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional de acuerdo con la Constitución y la ley en desarrollo de sus facultades de intervención, de los estatutos sociales, o de normas o instrucciones que expida la Superintendencia Bancaria en el ejercicio de sus atribuciones;
c) Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida la Superintendencia Bancaria en ejercicio de sus atribuciones, cuando dicho incumplimiento constituya infracción a la ley; Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones o sanciones a que haya lugar.”
Folios 188 a 190 del cuaderno principal
Folio 195 del cuaderno principal
Folios 219 a 308 del cuaderno principal
Folio 268 del cuaderno principal
Folio 300 del cuaderno número 1
Folio 314 del cuaderno principal
Folio 4 del cuaderno número 2
Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el literal c del numeral 1º del artículo 625 del Código General del Proceso “c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación. Por lo anterior, teniendo en cuenta que la sentencia en el presente asunto se dictó el 6 de marzo de 2014 ya había entrado a regir el Código General del Proceso (1 de enero de 2014), como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de 2014, expediente nro. 49.299, Consejero Ponente Enrique Gil Botero. Corte Constitucional, Sentencia C-860 del 18 de octubre de 2006, M.P. Huberto Antonio Sierra Porto
Corte Constitucional, Sentencia T-437 del 12 de junio de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango, Cfr. VALBUENA HERNÁNDEZ, Gabriel. La defraudación de la confianza legítima. Aproximación crítica desde la teoría de la responsabilidad del Estado. Universidad Externado de Colombia. 2008, pág. 165. Corte Constitucional, Sentencias SU-360 de 1999, T-364 de 1999, SU-601 de 1999, T-706 de 1999, T-754 de 1999, T-961 de 2001, T-046 de 2002, T-660 de 2002, T-807 de 2003, T-034 de 2004, C-131 de 2004, T-483 de 2004, T-642 de 2004, T-1204 de 2004, T-892 de 2006, T-021 de 2008, T-210 de 2010, T-437 de 2012, T-717 de 2012, C-258 de 2013, T-204 de 2014 y T-231 de 2014 y T-311 de 2016, esta última, con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Ob cit, cita 23
Ob. Cit.

Corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia, ejercer la inspección y vigilancia de las entidades previstas en el numeral 2 del artículo 325 del Decreto 663 de 1993, y las normas que lo modifiquen o adicionen, las entidades y actividades previstas en el numeral primero del parágrafo tercero del artículo 75 de la Ley 964 de 2005 y las normas que modifiquen o adicionen dichas disposiciones. En todo caso, la Superintendencia Financiera de Colombia, ejercerá inspección y vigilancia respecto de todos aquellos que a la entrada en vigencia del presente decreto, se encontraban sujetos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores o de la Superintendencia Bancaria de Colombia, así como respecto de quienes determine la ley o el Gobierno Nacional.

www.geosalud.com. “Lex artis y malpraxis- Daniel Giraldo Laíno.
Ob. Cit.

Radicación Número: 25000-23-24-000-2011-00628-01
Actor: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO
Accionado: Superintendencia Financiera de Colombia
Asunto: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia

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