Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00575-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00575-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2012-00575-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
29 de agosto de 2024
Radicación: 25000 2324 000 2012 00575 01
Demandante: Hernando Coy Cruz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 24 000 2012 00575 01
Demandante: HERNANDO COY CRUZ
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Tesis: No es nulo, por violación al debido proceso y falsa
motivación, el acto administrativo que sancionó a un
miembro de la junta directiva con remoción del cargo e
inhabilidad de diez años para ejercer el comercio.
No es cierto, como lo alega el recurrente, que el acto
administrativo que lo sancionó con remoción del cargo de
la junta directiva e inhabilidad de diez años para ejercer
el comercio se fundamentó en una sola conducta
consistente en la inobservancia de los deberes de los
administradores.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en
contra de la sentencia proferida el 17 de marzo de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en
descongestión.
I. ANTECEDENTES
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Radicación: 25000 2324 000 2012 00575 01
Demandante: Hernando Coy Cruz
1.1. La demanda
El señor Hernando Coy Cruz, actuando por conducto de apoderado,
promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo en contra de la
Superintendencia de Sociedades, para lo cual formuló las siguientes
pretensiones1:
“[…] PRIMERA: Se declare la nulidad de la Resolución nro. 306-011756
del 15 de julio de 2011, expedida por la Superintendencia de Sociedades,
por medio de la cual se removió como administrador de la Junta Directiva
del Fondo Ganadero del Meta al actor y se le impuso una inhabilidad para
ejercer actos de comercio por 10 años.
SEGUNDA: Se declare la nulidad absoluta de la Resolución numero 312-
017004 del 29 de noviembre de 2011, expedida por la Superintendencia
de Sociedades, mediante la cual se confirmó en todas sus partes la
Resolución nro. 306-011756.
TERCERA: Como consecuencia de las dos pretensiones anteriores, se
condene a la Superintendencia de Sociedades, a pagar al señor
HERNANDO COY CRUZ, la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES DE PESOS CON SETECIENTOS MIL PESOS
($1,286,700,000.00) MCTE, por concepto de la reparación de los
perjuicios materiales e inmateriales causados conforme a la siguiente
liquidación:
a) Por concepto de daños materiales en la modalidad de daño emergente,
la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30'000.000.00) MCTE,
correspondiente a los gastos en que el señor HERNANDO COY CRUZ ha
debido incurrir, en el pago de los honorarios profesionales para atender
los recursos en la vía gubernativa, y las actividades jurídicas propias del
trámite contencioso administrativo.
b) Por concepto de daños materiales en la modalidad de lucro cesante, la
suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1,200'000.000.00)
MCTE, correspondiente a los ingresos dejados de percibir como
consecuencia de la inhabilidad por diez años para ejercer el comercio, que
le fue impuesta al señor HERNANDO COY CRUZ.
Esta suma se explica en detalle en el texto de la demanda, pero la misma
está debidamente soportada en las actividades económicas del
demandante, ejercidas gracias a su calidad de comerciante, en la
modalidad de vendedor de ganado vacuno al por mayor, actividad
debidamente declarada ante las autoridades de impuestos del nivel
nacional y del nivel territorial.
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Demandante: Hernando Coy Cruz
c) La suma de cien salarios mínimos legales vigentes (100 SMLV) por los
perjuicios inmateriales causados por las actuaciones contrarias a la ley de
la Superintendencia de Sociedades consagradas a través de las
resoluciones atacadas ante el honorable Tribunal Contencioso
Administrativo. Esta suma se fija con base en la más reciente
jurisprudencia de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado e incluye, la congoja, estrés y el sufrimiento causado con la sanción
consistente en el retiro forzado del demandante de la Junta Directiva del
Fondo Ganadero del Meta S.A. y la pena capital para ejercer el comercio,
actividad que ha realizado durante más de cuarenta (40) años, dejando a
este adulto mayor sin actividad económica y sin capacidad de desempeñar
su oficio y arte de toda su vida ante la sociedad.
Este perjuicio inmaterial incluye entonces tanto el perjuicio moral como
aquel denominado por la doctrina y reconocido por la jurisprudencia el
daño de la vida de relación o alteración de las condiciones de existencia,
todos éstos derivados del derecho constitucional a una vida digna.
Teniendo en cuenta que el Salario Mínimo Legal Vigente esta tasado para
el año 2012 en la suma de $ 566.700 mil pesos, los cien (100) salarios
mínimos legales vigentes, equivaldrían a cincuenta y seis millones sesenta
y siete mil pesos ($56,700,000).
Todos estos valores deberán pagarse indexados al momento de la
verificación del pago respectivo por parte de la Superintendencia de
Sociedades, una vez en firme el fallo que resuelva el presente asunto
litigioso.
CUARTA: Se oficie a la Cámara de Comercio de Villavicencio, para que
proceda a cancelar el registro de la Resolución nro. 306-011756 de
Superintendencia de Sociedades del 15 de julio de 2011, inscrita el 30 de
marzo de 2012 bajo el número 41.125 del Libro IX, sobre la remoción del
cargo de miembro principal de junta directiva, y la consecuente
inhabilidad de diez (10) años para ejercer el comercio.
QUINTA: La Superintendencia de Sociedades, deberá dar cumplimiento
a la sentencia que resuelva el presente asunto litigioso en los términos del
artículo 176 del C.C.A.
SEXTA: Se condene a la sociedad demandada, al pago de las costas,
agencias en derecho y demás emolumentos que se causen en este proceso
[…]”.
1.2. Normas invocadas como infringidas y concepto de violación
La parte actora afirmó que, con la expedición de los actos acusados, se
transgredieron los artículos 29 y 6 de la Constitución Política; el artículo
14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 1, 2, 3, 14, 28,
34, 35 y 47 del Código Contencioso Administrativo; los artículos 164, 189,
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422, 440 y 442 del Código de Comercio; los artículos 85-4 y 86-3 de la
Ley 222 de 1995, y los artículos 8-16 y 21 del Decreto 1080 de 1996.
Como conceptos de violación invocó los siguientes:
“Violación al debido proceso”
Expuso que los hechos y actuaciones desplegadas por la Superintendencia
de Sociedades que vulneraron el derecho al debido proceso fueron las
siguientes:
(i) No aplicó el procedimiento que debía adelantarse en todas las
actuaciones administrativas, a lo que acotó que “le negó el derecho al
señor Hernando Coy Cruz, de ser informado de las actuaciones que
condujeron a la imposición de una sanción. Le negó el derecho de
contradicción. Le negó el derecho de presentar pruebas y controvertir las
que allegaron en su contra, que aparentemente fueron el resultado del
recaudo y la visión subjetiva que a bien tuvieron por realizar algunos
funcionarios subordinados de la misma entidad”2.
Expuso que el actor solo tuvo conocimiento de que se adelantó una
actuación administrativa en su contra cuando fue notificado del acto
administrativo sancionatorio.
(ii) A través del Decreto 1080 de 1996 se reestructuró la Superintendencia
de Sociedades y en el artículo 8 estableció como una función del
Superintendente Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control la de
“dirigir las investigaciones y acciones necesarias para el desarrollo de la
función de control sobre las sociedades comerciales referidos a ordenar la
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remoción de los administradores, cuando se presenten irregularidades
que así lo ameriten”3.
Alegó que, no obstante, la Resolución nro. 306-011756 del 15 de julio de
2011, por medio de la cual se removió al actor como miembro principal
de la junta directiva del Fondo Ganadero del Meta con inhabilidad de diez
años para ejercer el comercio, fue expedida por el Superintendente de
Sociedades, cuando la competencia legal, radicaba en el Superintendente
Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia
de Sociedades.
(iii) Explicó que del certificado de existencia y representación legal de la
sociedad Fondo Ganadero del Meta S.A. se desprende que fue sometida a
control mediante la Resolución nro. 306-002311 del 13 de abril de 2011,
“que fue inscrita en la Cámara de Comercio el 29 de junio de 2011, fecha
a partir de la cual quedó en firme”, y solo a partir de esa fecha la
Superintendencia estaba facultada para ejercer las atribuciones del
artículo 85 de la Ley 222 de 1995, tales como la remoción de los
empleados.
Alegó que los hechos en los que se fundamentó la sanción de remoción
del cargo con inhabilidad ocurrieron entre el 3 de abril de 2010 y el 31 de
marzo de 2011, “es decir, tres meses antes que la sociedad fuera
sometida a control, y de que la administración pudiera ejercer a plenitud
su facultad sancionatoria”, y agregó que “la Superintendencia de
Sociedades tenía la facultad de imponer la sanción de remoción del cargo,
pero a través del funcionario competente y por hechos ocurridos durante
la vigencia de la medida de control; no como lo hizo, por funcionario
incompetente y por hechos anteriores al control”4.
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“Vulneración al principio non bis in ídem”
Manifestó que, mediante la Resolución nro. 300-002339 del 14 de abril
de 2011, la Superintendencia de Sociedades sancionó al actor con multa
de $50.000.000 por el supuesto incumplimiento de las presuntas órdenes
emitidas por la Superintendencia a través de los oficios nros. 306-035154
del 28 de febrero de 2011 y 306-040304 del 11 de marzo de 2011.
Aseguró que, posteriormente, la Superintendencia de Sociedades
sancionó al actor con la remoción del cargo de miembro principal de la
junta directiva con inhabilidad de diez años para ejercer el comercio con
fundamento en los mismos hechos, es decir, “el incumplimiento a las
órdenes dadas a través de los oficios 306-035154 y 306-040304, más la
expedición del oficio 306-044992 del 30 de marzo de 2011, en donde no
se dio orden alguna”5.
Adujo que “los dos actos administrativos sancionatorios, resoluciones
números 300-002339 del 14 de abril de 2011 y 306-011756 del 15 de
julio de 2011, se fundamentan en el presunto incumplimiento de las
órdenes impartidas por la Superintendencia de Sociedades a través de los
mismos oficios”6.
“Violación de norma superior por inexistencia de procedimiento
administrativo, previo al acto sancionatorio”
Citó el artículo 3 del CCA que establecía que los interesados tendrían
oportunidad de conocer y de controvertir las decisiones administrativas
por los medios legales y aludió al artículo 28 ibidem que señalaba que,
“cuando la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que
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hay particulares que pueden resultar afectados de forma directa, a éstos
se les comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma”.
En ese escenario, adujo que la Superintendencia de Sociedades no siguió
dicho procedimiento, dado que nunca notificó o comunicó al actor del
inicio de las actuaciones administrativas y que culminó con los actos
administrativos sancionatorios.
Agregó que “tampoco le corrió traslado de cargos para que diera las
explicaciones pertinentes y pudiera presentar las pruebas de descargo,
como lo exige perentoriamente el artículo 34 y 35 ibidem”7.
Precisó que la Ley 222 de 1995 y otras normas concordantes facultaron a
la Superintendencia de Sociedades para imponer sanciones, pero no
estableció el procedimiento aplicable, “por lo que resulta fácil concluir
que, ante la ausencia de dicho procedimiento, las normas que reglan el
mismo son las establecidas por el Código Contencioso Administrativo”8.
Alegó que la actuación administrativa adelantada por la Superintendencia
de Sociedades no estuvo precedida del cumplimiento de los requisitos
legales previstos por el artículo 8 del Decreto 1080 de 1996.
“Falsa motivación por inexistencia de causa para sancionar”
Alegó que en el oficio nro. 306-044992 del 30 de marzo de 2011 no se
impartió ninguna orden al actor, solamente se citó un oficio en el que se
impartieron unas instrucciones. Acotó que en el oficio nro. 306-040304
del 11 de marzo de 2011 tampoco existe orden dirigida al actor. Por
último, expuso que en el oficio nro. 306-035154 del 28 de febrero de 2011
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sí se profirió una orden, la designación del representante legal principal y
suplente de la sociedad Fondo Ganadero del Meta, la cual fue acatada por
los miembros de la Junta Directiva en la reunión del 3 de marzo de 2011,
en la que se eligió al señor Aristóbulo Archila Ríos como gerente principal
y al señor Hermes Martin Martínez Roa como gerente suplente, tal y como
consta en el Acta nro. 685 del 3 de marzo de 2011.
Argumentó que de los citados oficios se desprende que no existió ninguna
orden expresa y directa que la Superintendencia de Sociedades haya
dirigido al actor que justificara la sanción de removerlo del cargo. Alegó,
que tales oficios no eran órdenes en sentido material puesto que no
contenían una instrucción clara y precisa, sino que se limitaron a dar unas
recomendaciones. Agregó que tampoco constituían una orden en sentido
formal, por cuanto “no se emitieron en formato de resolución, no tienen
el consecutivo propio de estas, no se emitieron por el funcionario con la
habilitación legal necesaria, no se sustentó la competencia de ley para su
expedición, no se notificaron de manera personal y no contenían el
recurso de reposición previsto por el Código Contencioso Administrativo
para este tipo de actuaciones”9.
Concluyó que la sanción impuesta fue expedida con falsa motivación
“pues la misma se soporta en la supuesta existencia de unas órdenes que
nunca se expidieron”10.
“Falsa motivación por desconocimiento del derecho de los
accionistas de reunirse por derecho propio”
Aseguró que en el oficio 306-040304 del 11 de marzo de 2011, la
Coordinadora del Grupo de Supervisión Especial de la Superintendencia
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de Sociedades indicó que el artículo 422 del Código de Comercio exige
como requisito de procedibilidad para la reunión por derecho propio que
la asamblea no haya sido convocada, pero que en este caso había sido
convocada en dos oportunidades con desconocimiento de alguno de los
requisitos previstos en la ley o los estatutos.
Alegó que, extrañamente en años anteriores, la misma Coordinadora del
Grupo de Supervisión Especial, en el oficio 306-012598 del 8 de marzo
de 2010 dirigido al representante legal del Fondo Ganadero de Meta,
adoptó una determinación diferente.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que “la reunión por derecho
propio planteada por el Presidente de la Junta Directiva de la sociedad, sí
era procedente, tan jurídica como comercialmente valida, que la misma
doctrina de la misma Superintendencia de Sociedades, respaldaba tal
postura. Resulta entonces ilegal que se sancione al señor Hernando Coy
Cruz, por haber asistido a dicha reunión, argumentando que se le había
dado la instrucción de que la reunión era improcedente, lo que no
comporta, en sí mismo, una orden expresa de imperioso cumplimiento, y
por los criterios expuestos por la administración resultaban difusos y
contradictorios”11.
“Falta de competencia temporal para expedir el acto acusado y
ausencia de facultad legal de la Superintendencia de Sociedades
para imponer la sanción de remoción del cargo”
Señaló que la sanción impuesta al actor por la Superintendencia de
Sociedades, consistente en la remoción del cargo de miembro principal
de la junta directiva del Fondo Ganadero del Meta S.A. con inhabilidad de
diez años para ejercer el comercio, se fundamentó en el inciso 1, numeral
4, del artículo 85 de la Ley 222 de 1995. Aclaró que dicha norma, que
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“faculta para remover los administradores, se refiere a una situación
exclusiva y en particular, es decir, “cuando la sociedad comercial se
encuentra sometida al control de la Superintendencia de Sociedades”
(…)”12. En ese contexto, sostuvo que el Fondo Ganadero del Meta S.A. fue
objeto de control por parte de la Superintendencia de Sociedades
mediante la Resolución nro. 306-002311 del 13 de abril de 2011, la cual
quedó ejecutoriada el 14 de junio de 2011.
Indicó que la Superintendencia de Sociedades “adquirió las facultades que
le otorga el artículo 85 de la Ley 222 de 1995 el día 29 de junio de 2011
hasta el 29 de junio de 2012, ya que el sometimiento a control, lo fue por
un año”13.
Argumentó que “desde el 29 de junio de 2011, y de ahí en adelante, la
Superintendencia de Sociedades puede aplicar la sanción de remoción del
cargo, pero únicamente por los hechos que generen incumplimiento de
órdenes u omisión de deberes de los administradores que sucedan
después del 29 de junio de 2011. De ninguna manera, de forma
retroactiva, es decir, por hechos ocurridos con antelación al momento del
sometimiento a control de la sociedad”.
Expuso que los hechos en los que fundamentó la sanción y que constan
en el acto administrativo acusado ocurrieron entre el 3 de abril de 2010
y el 31 de marzo de 2011, es decir, tres meses antes de que la sociedad
fuera sometida a control y de que la Superintendencia de Sociedades
tuviese la facultad para remover el cargo a los administradores.
II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL EN PRIMERA INSTANCIA
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2.1. La demanda fue radicada el 30 de abril de 2012 y por auto del 24 de
mayo de 2012 el despacho de conocimiento del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca la admitió y dispuso notificar personalmente al
Superintendente de Sociedades, así como al agente del Ministerio
Público14.
2.2. Contestación de la demanda
Por escrito radicado en oportunidad, la Superintendencia de
Sociedades, actuando por conducto de apoderado judicial, contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones. Al referirse frente a cada uno de
los cargos expuso15:
“Sobre la violación al debido proceso”
Explicó que la actuación se originó por la petición radicada el 14 de febrero
de 2011 con el número 2011-01-041024, suscrita por el señor Gustavo
Alonso Giraldo Vélez, quien, en calidad de representante legal del Fondo
Ganadero del Meta S.A., solicitó la presencia de un delegado de la
Superintendencia de Sociedades a la reunión de la asamblea de accionista
que se llevaría a cabo el 17 de marzo de 2011, “convocatoria que acorde
con el escrito radicado con el número 2011-01-060007 del 24 de febrero
de 2011, aclara que había sido programada inicialmente para el día 3 de
marzo de mismo año”.
Acotó que, previo a efectuar la designación del delegado para que
asistiera a la reunión, “mediante oficios 306-035154 del 28 de febrero y
306-040304 del 11 de marzo de 2011, en su orden, dirigidos al
representante legal, revisora fiscal y miembros de la junta directiva del
citado Fondo, en la cual el demandante tenía la calidad de presidente, mi
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“contestación de la demanda SuperSociedades”.
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representada impartió instrucciones relacionadas con los hechos que dan
cuenta los escritos radicados con los números 2011-01-041024 y 2011-
060007 del 14 y 24 de febrero de 2011, y relacionados con la convocatoria
y desconvocatoria del órgano social efectuada por el representante legal,
la suspensión de la inscripción en el registro mercantil del representante
legal, y la transferencia irregular de acciones”16.
Señaló que, a través de los escritos radicados con los números 2011-01-
090754, 2011-01-090836 y 2011-01-091906 del 16 de marzo de 2011,
el actor expresó su inconformidad frente a las instrucciones impartidas
por la Superintendencia de Sociedades en el oficio 306-040304 del 11 de
marzo de 2011.
Relató que, a través del escrito 306-044992 del 30 de marzo de 2011, la
Superintendencia atendió las inconformidades expuestas por el actor en
los precitados escritos y le reiteró que era improcedente la celebración de
la reunión por derecho propio, “lo cual, contrario a lo ordenado, se celebró
con la anuencia del demandante señor Coy Cruz”17.
Concluyó que al actor, como presidente de la junta directiva, le fueron
impartidas órdenes que no cumplió y respecto de las cuales presentó
sendos escritos controvirtiéndolas, “escritos que, una vez estudiados y
analizados con fundamento en la normatividad correspondiente, la
Superintendencia reiteró las órdenes o instrucciones impartidas”18.
Controvirtió que el demandante “erradamente pretende no haber tenido
conocimiento de la actuación administrativa que adelantó la
Superintendencia y que culminó con su remoción del cargo, pero la
referida actuación administrativa fue iniciada en respuesta a la solicitud
de envío de un delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de 2011,
formulada por el gerente y en nombre de la junta directiva del Fondo
16
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Ibidem.
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12
Radicación: 25000 2324 000 2012 00575 01
Demandante: Hernando Coy Cruz
Ganadero del Meta, a través de escrito radicado el 14 de febrero de
2011”19.
Precisó que la anterior solicitud correspondió a la medida administrativa
prevista en el numeral 1 del artículo 87 de la Ley 222 de 1995, “que
facultaba a los asociados representantes de no menos del 10% del capital
social de cualquier sociedad no sometida a la vigilancia de la
Superintendencia Bancaria o de Valores (hoy Financiera) o alguno de sus
administradores, para solicitar a la Superintendencia de Sociedades (…)
el envío de delegados a las reuniones de la asamblea general o junta de
socios, quienes pueden impartir las orientaciones pertinentes para el
adecuado desarrollo de la reunión”20.
“Sobre la competencia del superintendente de sociedades”
Recordó que el actor reprochó que el Superintendente de Sociedades no
podía proferir el acto acusado porque la competencia era del
Superintendente Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control.
Puntualizó que le compete al Superintendente de Sociedades “la
redistribución de funciones entre sus diferentes dependencias y la
delegación de las mismas entre los diferentes grupos y funcionarios según
la actividad a desempeñar, en orden a cumplir a cabalidad las funciones
que corresponden a la entidad, dicha delegación no excluye la posibilidad
de que el Superintendente asuma directamente el conocimiento de un
asunto, pues, en términos de competencia funcional, el ejercicio de la
facultad debe entenderse a cargo del organismo en abstracto, y no por
ello se presenta el vicio de incompetencia denunciado por el hoy
demandante”21.
19
Ibidem.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
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13
Radicación: 25000 2324 000 2012 00575 01
Demandante: Hernando Coy Cruz
“Sobre el derecho a no ser sancionado dos veces por un mismo
hecho”
Argumentó que “de la simple lectura de la Resolución 300-002339 del 14
de abril de 2011 se desprende que la imposición de la multa obedeció a
la irregular designación del señor Gustavo Giraldo Vélez como
representante legal del Fondo Ganadero del Meta S.A. (acta nro. 687 del
28 de marzo de 2011) llevada a cabo por los miembros de la junta
directiva de la sociedad citada, entre ellos, el demandante en su calidad
de presidente de la junta directiva, señor Hernando Coy Cruz, así como la
actuación de los mismos en lo que atañe a su actuar con el cual se impidió
el ejercicio del cargo al señor Aristóbulo Archila durante el lapso
comprendido entre el 28 de marzo de 2011 y el 8 de abril del mismo
año”22.
Por su parte, “e independientemente de que en la Resolución 306-011756
del 15 de julio de 2011 se hiciera referencia al incumplimiento de la
instrucción que se acaba de mencionar”, la decisión de remover al actor
del cargo de miembro principal de la junta directiva del Fondo Ganadero
del Meta se adoptó, a diferencia de la relacionada con la multa, por el
hecho de haber omitido el cumplimiento de los deberes de los
administradores previstos por el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, que
señala como una obligación la de “actuar con buena fe, con lealtad y con
la diligencia de un buen hombre de negocios, cumpliendo sus actuaciones
en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de los
asociados”.
“Sobre la causa para sancionar”
22
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2324 000 2012 00575 01. Expediente digitalizado. Archivo
“contestación de la demanda SuperSociedades”.
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14
Radicación: 25000 2324 000 2012 00575 01
Demandante: Hernando Coy Cruz
Alegó que, de conformidad con todo lo expuesto en los acápites
anteriores, está demostrado que el actor incumplió, de forma reiterada,
tanto las instrucciones impartidas por la Superintendencia, como los
deberes señalados por el artículo 23 de la Ley 222 de 1995.
2.3. Por auto del 30 de septiembre de 2013, el despacho de conocimiento
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de
suspensión provisional de los actos acusados23.
2.4. En proveído del 16 de octubre de 2013, el despacho de conocimiento
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó las pruebas
allegadas por las partes; no obstante, contra dicha decisión la parte actora
presentó recurso de reposición y por auto del 22 de enero de 2014 se
dejó sin efectos dicha decisión y se admitió “la aclaración o corrección de
la demanda” presentada por la parte actora; asimismo, se dispuso
notificar a la Superintendencia de Sociedades24.
2.5. Por auto del 19 de marzo de 2014, el despacho de conocimiento del
tribunal abrió a pruebas el proceso; sin embargo, contra la mencionada
decisión la parte actora también interpuso recurso de reposición y en
proveído del 23 de abril de 2014 se dispuso reponer la decisión por cuanto
no se tuvo en cuenta la solicitud probatoria formulada en la corrección de
la demanda25.
2.6. Por auto del 21 de mayo de 2014, el tribunal de conocimiento decretó
las pruebas allegadas al proceso y por auto del 28 de enero de 2015 se
corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión26.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
23
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2324 000 2012 00575 01. Expediente digitalizado.
24
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2324 000 2012 00575 01. Expediente digitalizado.
25
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2324 000 2012 00575 01. Expediente digitalizado.
26
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radicado nro. 25000 2324 000 2012 00575 01. Expediente digitalizado.
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15
Radicación: 25000 2324 000 2012 00575 01
Demandante: Hernando Coy Cruz
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C, en descongestión, en sentencia del 17 de marzo de 2015, dispuso27:
“[…] PRIMERO: Se declara la nulidad parcial de las Resoluciones nro.
306-011756 del 15 de julio de 2011 y nro. 312-017004 del 29 de
noviembre de 2011 expedida por la Superintendencia de Sociedades, en
el sentido de reducir la sanción de inhabilidad para ejercer el comercio de
diez (10) años a ocho (08) años.
SEGUNDO: NIEGUENSE las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: Fijar como honorarios de la señora Ana María Sánchez
Albarracín en la suma de 20 SMDLV correspondientes a cuatrocientos
veintinueve mil quinientos sesenta pesos/ mcte ($429.560) los cuales
deberán ser cancelados por la parte demandante.
CUARTO: ABSTIENESE de condenar en costas en esta sentencia (…).
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
En cuanto a los cargos alegados en la demanda, expuso lo siguiente:
“1.- Desconocimiento del principio non bis in ídem”
Precisó que el actor alegó que fue sancionado dos veces por los mismos
hechos, ya que, con la Resolución nro. 300-0002339 del 14 de abril de
2011, se le impuso una multa de $50.000.000 por la inobservancia de las
órdenes contenidas en los oficios 306-035154 de 2011 y 306-040304 de
2011, y posteriormente, con el mismo fundamento, se dispuso su
remoción del cargo de miembro principal de la junta directiva, junto con
una inhabilidad de 10 años para ejercer el comercio.
Para resolver, sostuvo que la sanción de multa impuesta en la Resolución
nro. 300-002339 del 14 de abril de 2011 se fundamentó en la irregular
designación del señor Gustavo Giraldo Vélez como representante del
Fondo Ganadero del Meta S.A., es decir, la inobservancia de los oficios
nro. 306-035154 del 28 de febrero de 2011 y 306-040304 del 11 de
marzo de 2011. Mientras que el acto aquí acusado, la Resolución nro.
27
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2324 000 2012 00575 01. Expediente digitalizado. Archivo “fallo
primera instancia”.
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16
Radicación: 25000 2324 000 2012 00575 01
Demandante: Hernando Coy Cruz
306-0011756 del 15 de julio de 2011, impuso la sanción al actor de
remoción del cargo e inhabilidad de diez años para ejercer el comercio
por el “desacato de las instrucciones impartidas por esta Superintendencia
en los oficios 28 de febrero y 11 y 30 de marzo de 2011, en lo pertinente
a los siguientes aspectos: i) la celebración de la asamblea por derecho
propio el 1 de abril de 2011, aun cuando se había declarado improcedente
y, ii) “incumplimiento de las ordenes impartidas por esta entidad al señor
Hernando Coy Cruz, a los demás miembros de la Junta Directiva y al señor
Gustavo Alonso Giraldo Vélez, a quien mediante oficio 306-035154 de 28
de febrero de 2011 se le comunicó que no podría ejercer la representación
legal del Fondo Ganadero del Meta”28.
Acotó que, “además de las instrucciones contenidas en los precitados
oficios, en este acto administrativo se agregaron tres nuevos hechos: iii)
la infracción a las órdenes impartidas por la Asamblea General de
Accionistas el 21 de mayo de 2010, iv) el cumplimiento tardío de la orden
dada [por la] Superintendencia el 3 de septiembre del mismo año en oficio
nro. 306-08111 y v) inobservancia de los deberes de los administradores
consagrados en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995”29.
Estimo que, “una vez analizados los supuestos fácticos y jurídicos de los
dos actos administrativos, deviene destacar, que el hecho del
incumplimiento de la orden de abstenerse en actuar como representante
legal y su relección en la junta directiva de 28 de marzo de 2011, fue
valorado tanto en el acto administrativo que impuso la multa de cincuenta
millones ($50.000.000) de pesos, como en el que resolvió la remoción
con inhabilidad para ejercer el comercio, razón por la que se vulneró el
principio de non bis in ídem respecto a este hecho”30.
Frente a las demás conductas por las que el actor fue sancionado en la
Resolución nro. 306-0011756 del 15 de julio de 2011, concerniente a que
28
Ibidem.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
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17
Radicación: 25000 2324 000 2012 00575 01
Demandante: Hernando Coy Cruz
se llevó a cabo la reunión por derecho propio el 1 de abril de 2011, advirtió
que no se transgredió el principio de non bis in ídem, toda vez que ese
hecho solo fue considerado en el acto administrativo que acá se
demandaba.
Expuso que lo mismo ocurre frente a la falta de cumplimiento de la orden
de efectuar auditoría para verificar el traspaso de las acciones; el
cumplimiento tardío de las órdenes emitidas por la Superintendencia en
el oficio nro. 306-081118 del 3 de septiembre de 2010, y la inobservancia
de los deberes de los administradores previstos en el artículo 23 de la Ley
222 de 1995.
Concluyó que, “al advertirse la trasgresión al non bis in ídem en cuanto a
un hecho que fue valorado dos veces para imponer la sanción, resulta
acertado decretar la nulidad parcial de actos demandados // En este orden
de ideas, el cargo prospera parcialmente, porque no todas las conductas
endilgadas en el acto acusado generan afrenta al non bis in ídem” 31.
“2.- Los actos demandados fueron expedidos con falsa motivación
por inexistencia de causa para sancionar”
Recordó que el actor adujo que los oficios nro. 306-044992 del 30 de
marzo de 2011, 306-040304 del 11 de marzo de 2011 y nro. 306-035154
del 28 de febrero de 2011, no constituyen órdenes en sentido material,
puesto que no contenían una instrucción clara y precisa, sino que se
limitaron a hacer recomendaciones; además, que no se expidieron en
forma de resolución, sin consecutivo, ni notificación personal y posibilidad
de ser recurridas.
Para resolver, el tribunal transcribió el contenido del oficio nro. 306-
035154 del 28 de febrero de 2011 e indicó que se desprendía que “existe
una advertencia inequívoca que radica en la no representación legal del
31
Ibidem.
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18
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Demandante: Hernando Coy Cruz
señor Gustavo Alonso Vélez, y por otro lado, la inexorable orden que en
el término de diez días hábiles siguientes a la fecha deberá allegar copia
autorizada del acta de junta directiva en la que conste el nombramiento
del representante legal principal y suplente; sin embargo, respecto a este
precepto como quedó estudiado en el cargo que antecede, no será objeto
de estudio comoquiera que por estos hechos ya fue objeto de sanción con
la multa impuesta”.
Explicó que del oficio nro. 306-040304 del 11 de marzo de 2011 se
desprendía que “se reiteró la orden al señor Gustavo Giraldo Vélez de
abstenerse de ejercer como representante legal y se señaló con absoluta
claridad que la reunión por derecho propio no era procedente en este
caso”32. Añadió que en el ofició nro. 306-044992 del 30 de marzo de
2011 fueron reiteradas las órdenes anteriores.
En ese escenario, consideró que no le asistía razón al actor “en el sentido
de que no constituyen una orden formal ni material, toda vez atendiendo
su deber de garante como de administrador, debió razonar tales
requerimientos como mandatos perentorios para lograr subsanar la
situación crítica por la que atravesaba el Fondo Ganadero del Meta y no
limitarse al cuestionamiento de aspectos formales como el consecutivo,
el título de resolución, para no acatar las instrucciones”33.
Adujo que del examen de la Resolución nro. 306-011756 del 15 de julio
de 2011 se advertía que la conducta endilgada era el incumplimiento de
las órdenes emitidas por la Superintendencia, así como la inobservancia
de los deberes del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, lo que se evidenciaba
en las siguientes conductas que estaban probadas en el expediente:
(i) La reiterada omisión de los administradores de convocar en debida
forma a la reunión extraordinaria de asamblea de accionistas de 2010 y
2011 generando consecuencias para el funcionamiento de la compañía y
32
Ibidem.
33
Ibidem.
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19
Radicación: 25000 2324 000 2012 00575 01
Demandante: Hernando Coy Cruz
la utilización de vías de hecho por parte de los administradores para tomar
posesión de las oficinas; (ii) incumplimiento de la orden impartida en la
asamblea extraordinaria, en el sentido de efectuar auditoria para verificar
la realidad del traspaso de las acciones, y el (iii) incumplimiento tardío de
las órdenes impartidas por la Superintendencia de Sociedades en el oficio
nro. 306-081118 del 3 de septiembre de 2010.
Estimó que el cargo no tenía vocación de prosperidad en la medida en
que del acervo probatorio se desprendía que la conducta del actor implicó
que no cumplió con las órdenes emitidas por la Superintendencia y los
deberes impuestos, por lo que era procedente sancionarlo con
fundamento en lo previsto en el numeral 4 del artículo 85 de la Ley 222
de 1995.
“3.-Violación por norma superior, orden ilegal dada por la
Superintendencia y configuración falsa motivación al desconocer
del derecho de los accionistas de reunirse por derecho propio”
En lo relacionado con el acatamiento de la orden impartida por la
Superintendencia en el oficio nro. 306-040304 del 11 de marzo de 2011,
explicó que constaba en el Acta nro. 685 del 3 de marzo de 2011 que se
desarrolló una reunión extraordinaria en la que se designó a Aristóbulo
Archila Ríos en calidad de gerente principal y como suplente al señor
Hermes Martín Martínez, por lo que se entendería cumplida la orden
emitida por la Superintendencia; sin embargo, “los nombramientos no
fueron inscritos en la Cámara de Comercio debido a que se celebró sin
convocatoria previa, inscripción que fue devuelta porque no se cumplió
con la presencia del 100% de los miembros de la junta directiva de la
sociedad al tratarse de una reunión universal”.
Añadió que “lo expuesto, condujo a la certeza del cumplimiento
extemporáneo, es decir, por fuera de los términos señalados por el ente
de vigilancia, ya que como se halla en el Acta 686 de 16 de marzo se llevó
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a cabo la reunión para la designación de los citados representantes, que
fue inscrita el 28 de marzo de 2011”.
Sobre el desconocimiento del derecho de los accionistas de reunirse por
derecho propio, explicó que la Superintendencia, en el oficio nro. 306-
040304 del 11 de marzo de 2011, manifestó que el inciso segundo del
artículo 422 del Código de Comercio exige como requisito para la reunión
por derecho propio que la asamblea no haya sido convocada, presupuesto
que en este caso no estaba reunido.
Pese a lo anotado por el ente de control, el 1 de abril de 2011 los señores
miembros de la junta directiva y accionistas Hernando Coy Cruz, Fernando
Herrera Soto, así como el señor Fabio Robayo y Juan Sebastián Coy, en
representación de la señora Mariela Usme, celebraron la referida reunión.
“4.- Vulneración al debido proceso y vulneración de los artículos
3, 28, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo”
Sostuvo que no se evidenciaba ninguna afectación al debido proceso,
dado que en contra de la Resolución nro. 306-011756, que dispuso la
remoción del cargo, se interpuso recurso de reposición en el que la parte
actora tuvo la oportunidad de allegar las pruebas que pretendía hacer
valer. Añadió que de lo acreditado en el proceso “no se encuentran
evidencias de la diligencia con la que debió actuar el señor Hernando Coy
como Administrador del Fondo Ganadero del Meta”.
Añadió que el actor conocía la medida de control a la que fue sometido el
Fondo Ganadero del Meta S.A. mediante la Resolución 306-002311 del 13
de abril de 2011, así como de los ya mencionados oficios en los que la
Superintendencia de Sociedades impartió algunas órdenes que estaban
dirigidas a los miembros de la junta directiva de la que era parte el señor
Coy Cruz.
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Demandante: Hernando Coy Cruz
“5.- Existió falta de competencia temporal para expedir el acto
acusado y ausencia de facultad legal para sancionar con remoción
del cargo”.
Explicó que el actor alegó que los hechos por los cuales se dispuso su
remoción del cargo ocurrieron antes de que la Superintendencia de
Sociedades sometiera a control al Fondo Ganadero del Meta S.A. y que el
acto atacado fue expedido por el Superintendente de Sociedades cuando
la competencia era del Superintendente Delegado para la Inspección,
Vigilancia y Control de la citada superintendencia.
Frente a la primera inconformidad, indicó que “el artículo 85 de la Ley 222
de 1995 no se limita a las conductas ejecutadas durante la medida de
control, sino que prevé la sanción por la infracción de las órdenes de la
Superintendencia de Sociedades, o de los deberes previstos en la ley o en
los estatutos en general”34, y añadió que el artículo 23 de la Ley 222 de
1995 establecía como uno de los deberes de todos los administradores el
de velar por el cumplimiento de la ley y los estatutos de manera
permanente.
De otro lado, en relación con que el acto acusado fue expedido por el
Superintendente de Sociedades cuando le correspondía al
Superintendente Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control, indicó
que no le asistía razón al actor, dado que “los superintendentes delegados
no están actuando bajo el esquema de sus propias funciones, sino las que
le son propias al Superintendente de Sociedades, por ello resulta factible
que asuma directamente el conocimiento de un asunto sin que con ello se
vulnere el artículo 8-16 del Decreto 1080 de 1996”35.
Una vez examinados los cargos, indicó que había lugar a declarar la
nulidad parcial de los actos demandados por cuanto prosperó
parcialmente el cargo de vulneración del principio non bis in ídem y aclaró
34
Ibidem.
35
Ibidem.
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que “la sanción consistente en la remoción del cargo con inhabilidad
mantiene su vigencia, razón por la que esta será modificada solo de
manera proporcional”36.
Para ello, expuso que para tasar los diez años de inhabilidad se tuvo en
cuenta cinco conductas endilgadas al actor, luego como la conducta sobre
“el cumplimiento tardío de la orden dada [por la] Superintendencia el 3
de septiembre del mismo año en oficio nro. 306-08111” no debió ser
valorada en la Resolución 306-011756 del 15 julio 2015, indicó que era
procedente disminuir la sanción impuesta aplicando el principio de
proporcionalidad y equidad, por lo que “si para cinco conductas se
asignaron a 10 años de inhabilidad, a las cuatro subsiguientes equivalen
a 8 años de inhabilidad”.
Superado lo anterior, sostuvo que “en consecuencia de la declaratoria
parcial de nulidad” se pronunciaría sobre el restablecimiento del derecho
“que se concreta en los perjuicios materiales e inmateriales solicitados
por el actor”, para lo cual advirtió “que serán estudiados atendiendo
únicamente al período de 2 años en que fue modificada la sanción”.
Indicó que el actor solicitó por concepto de daño emergente la suma de
$30.000.000 “correspondiente al pago de los honorarios profesionales
para atender los recursos en la vía gubernativa, y las actividades jurídicas
propias del trámite contencioso administrativo”; sin embargo, sostuvo
que no se allegó prueba del contrato de servicios profesionales o recibos
de pago que acreditaran los honorarios pactados.
Frente a los perjuicios inmateriales refirió que el actor los tasó en la suma
de 100 SMLMV; no obstante, el tribunal consideró que no era procedente
el reconocimiento por cuanto no se declaró la nulidad total de los actos
acusados, de modo que la inhabilidad no fue suprimida, sino que se
disminuyó, por lo que la actuación de la Superintendencia de Sociedades
36
Ibidem.
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estuvo conforme con el artículo 6 de la Constitución Política, la Ley 222
de 1995 y el Decreto 1080 de 1996.
En relación con el lucro cesante, indicó que el actor lo solicitó en la cuantía
de $1.200.000.000 correspondientes a los ingresos dejados de percibir
como consecuencia de la inhabilidad impuesta por el término de diez años
para ejercer el comercio; sin embargo, precisó que “desde la sanción
impartida, han trascurrido 4 años contados desde la expedición de la
resolución que lo inhabilitó para ejercer el comercio, los que van inmersos
incluso en los 8 años que redujo esta Corporación la sanción de
inhabilidad, amparados de la presunción de legalidad, corroborada por
esta decisión judicial, por lo que se colige sin lugar a hesitación alguna,
que aún no puede hablarse de un perjuicio cierto y real, generado por los
dos años mermados a la sanción”. A lo anterior, acotó que el actor no
aportó “soporte que resista la valoración crítica de la prueba, de la que se
pueda inferir el monto de los perjuicios”.
Lo anterior por cuanto, frente al dictamen aportado, señaló que “el valor
tasado utilizado para extraer el promedio de utilidades en el dictamen,
fue producto de la consideración que se hizo en él de los conceptos de
activos corrientes y no corrientes; nociones que no pueden razonarse
como ingresos efectivos del accionante para el reconocimiento del lucro
cesante, ya que este hace relación a la “ganancia frustrada que habría
ingresado o lo haría en el futuro al patrimonio de la víctima”; en
consecuencia, el dictamen al tomar otros conceptos, no fija los valores
exactos de las ganancias dejadas de percibir por el actor, que permita
apreciarlo con la firmeza y precisión exigida en el artículo 241 del Código
de Procedimiento Civil”37.
Acotó frente al dictamen que “la auxiliar judicial al momento de extraer
el promedio de la actividad desarrollada por el demandante, toma
información de cinco años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, sin que se
37
Ibidem.
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Demandante: Hernando Coy Cruz
explique el porqué de su metodología, situación que afecta la certeza de
los valores consignados, toda vez que si se amplía el margen del promedio
el valor determinado será menor o viceversa; aspecto que también va en
contravía de la exigencia de detalle, precisión y fundamentación del
dictamen, plasmada en el numeral 6 del artículo 237 del Código de
Procedimiento Civil”38.
En cuanto a las demás pruebas obrantes en el plenario frente a la
demostración del lucro cesante, indicó que la certificación aportada por la
contadora pública estaba debidamente suscrita.
Respecto de los balances generales presentados por el actor de los años
2009 y 2010, manifestó que “si bien se encuentran firmados por la
contadora pública, los mismos no se halla debidamente certificados como
lo exige el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, razón por la que ante la
ausencia de tal certificación se restará mérito probatorio”39.
En relación con las declaraciones de renta de los años 2009 y 2010, así
como la declaración sobre las ventas – IVA 2011, sostuvo que “tanto en
la certificación expedida por la contadora, como de las declaraciones de
renta y el impuesto sobre las ventas, se declaró el valor de los ingresos
brutos, sin embargo, estos se refieren a sumas totalizadas, sin restar
descuentos o retenciones legales, lo que no permite determinar las
ganancias que finalmente se percibían”40.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora interpuso recurso de apelación y, para ello, alegó que sí
estaban configurados los siguientes cargos41:
38
Ibidem.
39
Ibidem.
40
Ibidem.
41
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2324 000 2012 00575 01. Expediente digitalizado. Archivo “Recurso
de apelación parte demandante”.
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Demandante: Hernando Coy Cruz
(i) “De la nulidad por violación al debido proceso”
Alegó que “la Superintendencia emitió unos oficios, supuestamente dando
unas órdenes, entre otras, a la junta directiva del Fondo Ganadero del
Meta, y de la noche a la mañana viene a notificar una sanción de
inhabilidad al accionante” sin garantizarle -) la notificación de que en su
contra se inició una investigación por el incumplimiento de unas órdenes;
-) la defensa de manera directa o a través de apoderado; -) la oportunidad
de controvertir las pruebas que se hubiesen allegado en su contra, y -)
sancionarlo sin que existiera un proceso formalmente iniciado que sirviera
de soporte a la decisión de inhabilitarlo.
(ii) “Los oficios de la superintendencia de sociedades, base de la
sanción, son instrucciones, ordenes o simples recomendaciones”
Adujo que cualquier duda o imprecisión en los pronunciamientos de
alguna autoridad genera incertidumbre, lo que derivaba en la
imposibilidad de determinar si el ciudadano se sustrajo de cumplir una
orden de manera intencional o culposa, por lo que “las dudas resultantes
de la equívoca actuación de la administración” deben resolverse a favor
del demandante. Insistió en que “la sanción edificada sobre el
desconocimiento de una orden imprecisamente formulada debe ser
revocada en su totalidad”.
Reprochó que en este aspecto el tribunal señaló que la parte actora se
limitó a controvertir aspectos formales, cuando se planteó una
observación de fondo “como era cuestionar el que constituyera una orden,
como consecuencia de la ambigüedad con la que se consignó”.
(iii) “Del desconocimiento del principio non bis in ídem”
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Demandante: Hernando Coy Cruz
Recordó que el tribunal estimo que “el hecho del incumplimiento de la
orden de abstenerse en actuar como representante legal y su relección
en la junta directiva de 28 de marzo de 2011, fue valorado tanto en el
acto administrativo que impuso la multa de cincuenta millones de pesos
($50.000.000), como en el que resolvió la remoción con inhabilidad para
ejercer el comercio, razón por la que se vulneró el principio de non bis in
ídem respecto a este hecho”.
Sin embargo, frente a las cuatro conductas restantes por la que se le
sancionó al actor, el tribunal consideró que no se configuraba la
transgresión del principio non bis in ídem porque solo fueron consideradas
en la Resolución nro. 306-0011756 del 15 de julio de 2011.
Frente a este punto, alegó que, “con relación a las supuestas cuatro
causales restantes, que las mismas son aparentes y artificiosamente
divididas comoquiera que todas ellas, constituirían un solo
comportamiento pues conforman lo doctrinaria y jurisprudencialmente
conocido como un concurso aparente, en la medida que las tres primeras,
sobre la base del principio de subsunción, quedarían inmersas en el
incumplimiento de las funciones, pues de lo contrario, tomar
independientemente los otros comportamientos, necesaria y faltamente
violan el principio de non bis in ídem al resultar sancionadas dos veces
comportamientos que teleológicamente no son sino uno solo, pues son,
insistimos incumplimiento relacionados con la inobservancia de deberes
como miembro de la junta directiva del Fondo Ganadero del Meta”.
(iv) “De la falsa motivación de los actos demandados, por
inexistencia de causa para sancionar. Desconocer las órdenes
impartidas por la asamblea general de accionistas de 21 de mayo
de 2010”.
Explicó que la “Superintendencia mediante oficio nro. 306-03913 del 19
de mayo de 2010 informó directamente al aquí demandante lo siguiente:
declarar ineficaces las decisiones tomadas en la reunión del 5 de abril de
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2010, incluyendo la ineficacia para la convocatoria hecha para el día 21
de mayo de 2010 (acta nro.082) por el Fondo Ganadero del Meta S.A”.
Alegó que “si la convocatoria para esa fecha, 21 de mayo de 2010, era
ineficaz según la propia Superintendencia, las decisiones y órdenes
emitidas en tal reunión no podían surtir efecto jurídico alguno, por lo que
mal haría la jurisdicción en darle validez a unos actos de los cuales se
predica su ineficacia y se pretenda argumentar que con estos se pretenda
sustentar la sanción impuesta en contra del aquí demandante. No cumplir
algo que había sido declarado “ineficaz”, no es otra cosa distinta que
ajustarse a las decisiones de la propia Superintendencia y resulta
incongruente o insostenible edificar sobre tales consideraciones una
sanción”.
Acotó que, “(…) mediante sentencia de 22 de febrero de 2012, con el
radicado nro. 2012-01-031216, la Superintendencia de Sociedades
resolvió: Primero: “Declarar la nulidad absoluta de las decisiones
adoptadas en la reunión llevada a cabo el día 21 de mayo de 2010 (acta
nro.082) por el Fondo Ganadero del Meta S.A., por las razones expuestas
en la parte motiva”, no teniendo sentido predicar la existencia de una
causal para sancionar al accionante, pues la declaratoria de nulidad
suponía que su actuar se adecuaba a derecho, comoquiera que fue la
propia demandada la que declaró la nulidad del acto (…)”.
(v) “De la reunión por derecho propio del 1 de abril de 2011”
Explicó que, “bajo una interpretación sistemática, entendió el
demandante que en cumplimiento de la Constitución, la ley y los estatutos
del Fondo Ganadero del Meta, resultaba legítima la reunión por derecho
propio para el día 1 de abril de 2011 comoquiera que el señor Hernando
Coy Cruz en compañía de otros accionistas en aplicación del único
parágrafo del artículo dieciséis (16) de los estatutos del Fondo Ganadero
del Meta, y de los artículos 422 y 429 del Código de Comercio, a pesar de
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Demandante: Hernando Coy Cruz
existir una prohibición de la Superintendencia, que en el entender del
demandante era legal y resultaba posible por derecho propio”.
Indicó que la asamblea celebrada el 1 de abril de 2011 no generó ningún
trastorno administrativo, a lo que añadió que se trató de una reunión
informal, puesto que no fue inscrita en la Cámara de Comercio, así como
tampoco afectó funciones de la entidad y “tal como obra prueba en el
expediente no hace parte del libro de actas de asambleas de accionistas
del Fondo Ganadero del Meta, según certificación expedida por el
entonces representante legal de la empresa”.
(vi) “Omisión de convocar asamblea ordinaria”
Sostuvo que el tribunal consideró que “el mandato emitido por la
Superintendencia en el sentido de ordenar que hasta tanto se resuelva el
recurso de apelación y este último se encuentre en firme, el señor
Gustavo Alonso Vélez no podría ejercer la representación legal del
mencionado fondo, no resulta ilegal ni transgrede en modo alguno el
artículo 164 del Código de Comercio”; no obstante, alegó que el artículo
164 ibidem establece que las personas inscritas en la cámara de comercio
como representantes legales de una sociedad, conservarán tal carácter
para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción
mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección.
(vii) “De las argumentaciones de la primera instancia con relación
al dictamen pericial rendido en esta actuación con relación a los
daños y perjuicios recibidos por el accionante”
Sostuvo que no compartía las argumentaciones del tribunal frente al
dictamen pericial aportado “con relación a los daños y perjuicios recibidos
por el hoy accionante, por cuanto, demostrado como está, el vicio de
nulidad que pesa sobre los actos acusados, se hace necesario entrar a
analizar lo procedente frente a la demostración del daño causado”.
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Explicó que el actor ejercía sus actividades comerciales de manera
continua, formal y sólida desde 1985, por lo que una inhabilidad por el
término de diez años para ejercer el comercio “necesariamente tuvo que
tener un impacto económico elevado en la unidad económica que él
lidera”.
Frente a los perjuicios inmateriales, reiteró la solicitud “de que se
indemnice al señor Hernando Coy Cruz con la suma de cien (100) salarios
mínimos legales vigentes, pues este valor corresponde al criterio
jurisprudencial para afectaciones graves de las personas fijado por la
Sección Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de
Estado, en el caso concreto del señor Coy Cruz, tal y como se demostró
a lo largo del proceso de anulación en el tribunal de instancia, su actividad
económica y el libre desarrollo de la personalidad se efectuaba a través
de su actividad como comerciante, la cual no puede realizar desde que se
le impuso la sanción demandada (…) situación que generó un terrible
dolor y congoja”
En cuanto a los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente,
alegó que “esta apoderada también rechaza las consideraciones del
Tribunal Contencioso Administrativo, quien exige que se entregue copia
del contrato de prestación de servicios pues si bien el mismo existe, éste
fue acordado de manera verbal, situación aceptada por la normatividad
colombiana, contrato de cuya existencia yo doy fe, así como del pago
realizado por el señor Hernando Coy Cruz, siendo mi afirmación una
probanza válida en la medida que en Colombia los contratos de prestación
de servicios no están sometidos a solemnidad alguna”.
Sobre el lucro cesante alegó que el tribunal lo rechazó “con base en la
presunción de legalidad de los actos sancionatorios proferidos por la
Superintendencia de Sociedades y porque su fallo de segunda instancia,
confirmó casi en su totalidad las decisiones de dicha entidad de
inspección, vigilancia y control // Este argumento no es de recibo, porque
precisamente en la presente apelación se está demostrando la ilegalidad
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Demandante: Hernando Coy Cruz
e inconstitucionalidad de las decisiones sancionatorias deprecadas de la
Superintendencia de Sociedades y lo equivocado del fallo de primera
instancia al no reconocer estas ilegalidades e inconstitucionalidades”.
Argumentó “respecto de la tasación de los perjuicios, [que] causa
asombro el equivocado comentario del Tribunal Contencioso
Administrativo de Cundinamarca para restarle validez a la contabilidad del
señor Hernando Coy Cruz, pues para ello señala que los mismos no están
certificados de conformidad con lo obligado por el artículo 37 de la Ley
222 de 1995”; sin embargo, manifestó que “no están certificados porque
el señor Coy Cruz lleva su contabilidad como un comerciante de acuerdo
con el artículo 19 del Código de Comercio y él no es una sociedad”, a lo
que agregó que los destinatarios del citado artículo 37 son las sociedades
mercantiles.
Añadió que “la contabilidad aportada y suscrita por (…) contadora pública
titulada sí es plena prueba de los ingresos del señor Hernando Coy Cruz,
con base en los cuales se debe proceder a determinar el lucro cesante a
pagar por parte de la Superintendencia de Sociedades”.
El recurso fue concedido por auto del 29 de abril de 2015.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 6 de julio de 2015 a la Sección Primera de la Corporación; por
auto del 23 de julio de 2015 se admitió el recurso de apelación y en
providencia del 28 de septiembre de 2015 se negó la solicitud de pruebas
en segunda instancia.
5.2. Por auto del 24 de mayo de 2016 se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión.
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5.3. En el informe secretarial del 1 de agosto de 2016 se indicó que
“dentro del término de traslado concedido para alegar de conclusión no
hubo manifestación”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la Constitución
Política, 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia-
Ley 270 del 7 de marzo de 1996, 85 y 129 del Código Contencioso
Administrativo- Decreto 01 del 2 de enero de 1984 y 13 del Acuerdo 80
del 12 de marzo de 2019 expedido por la Sala Plena de la Corporación,
esta Sección es competente para conocer del presente proceso.
6.2. Hechos probados
En el proceso está acreditado lo siguiente42:
6.2.1. En el oficio nro. 306-035154 del 28 de febrero de 2011, suscrito
por la Coordinadora Grupo Supervisión Especial (E) de la
Superintendencia de Sociedades y dirigido a Gustavo Alonso Giraldo
Vélez, Claudia Mireya Rodríguez Contento y los miembros de la junta
directiva del Fondo Ganadero del Meta S.A. se indicó lo siguiente43:
“[…] ASUNTO: RADICACIONES 2011-01-041024 Y 2011-01-060007 DEL
14 Y 24 DE FEBRERO DE 2011, RESPECTIVAMENTE.
Me refiero a los escritos radicados con los números y fecha indicada en el
asunto, mediante los cuales, en su orden:
42
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2324 000 2012 00575 01. Expediente digitalizado. Archivo
“antecedentes administrativos”.
43
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2324 000 2012 00575 01. Expediente digitalizado. Archivo
“antecedentes administrativos”.
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32
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1. El señor GUSTAVO ALONSO GIRALDO VELEZ, en calidad de
representante legal del FONDO GANADERO DEL META S.A., informa
acerca de la asamblea ordinaria convocada para el 17 de marzo de 2011
a las 10:00 a.m., y solicita la designación de un funcionario de esta
Entidad para asistir a la misma. Igualmente, comunica que por Acta 681
de Junta Directiva, en reunión celebrada el 20 de enero de 2011, fue
nombrado representante legal de la mencionada sociedad y que la
correspondiente inscripción en el registro mercantil se efectuó el 27 del
mismo mes y año. Anexó el original del certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Villavicencio
el 31 de enero de 2011.
2. El señor GUSTAVO ALONSO GIRALDO VELEZ, en calidad de
representante legal del FONDO GANADERO DEL META S.A., allega copia
de la convocatoria a la asamblea general de accionistas convocada para
el 17 de marzo de 2011 y de su correspondiente aclaración, publicadas en
el Diario la República el 8 y 15 de febrero de 2011. En la primera de las
publicaciones citadas informa a los accionistas que la reunión programada
para el día 3 de marzo fue suspendida, a su vez en la segunda adiciona el
orden del día incluido en la primera.
Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 de
la Ley 222 de 1995, me permito impartir las siguientes instrucciones:
1. CONVOCADA LA REUNIÓN DE ASAMBLEA NO PUEDE DESCONVOCARSE
Tal como lo ha sostenido la doctrina de esta Superintendencia:
(…)
Así las cosas, en el evento de haberse efectuado la convocatoria
observando el procedimiento previsto para el efecto en la ley y en los
estatutos sociales, la reunión convocada para el 3 de marzo de 2011 a las
9:00 a.m., deberá llevarse a cabo. Igualmente, en el evento de no
obtenerse el quórum necesario para deliberar y decidir, deberá
convocarse a una reunión de segunda convocatoria en los términos
previstos en el artículo 429 del Código de Comercio.
Es preciso aclarar que pese a que esta coordinación mediante oficio 306-
012267 del 7 de febrero de 2011, solicitó a la revisora fiscal remitir copia
de la convocatoria que se hubiere publicado en un periódico de amplia
circulación nacional y/o regional, la publicación no fue allegada,
imposibilitando la realización del estudio de legalidad de la referida
convocatoria.
2. SUSPENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
Si bien el señor GUSTAVO ALONSO GIRALDO VELEZ, mediante escrito
radicado el 14 de febrero de 2011, allegó original del certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de
Villavicencio el 31 de enero de 2011, en el que consta su inscripción como
representante legal del FONDO GANADERO DEL META S.A., el 27 del
mismo mes y año, la mencionada inscripción fue suspendida mediante
Resolución 009 del 11 de febrero de 2011.
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Demandante: Hernando Coy Cruz
Por lo anterior, hasta tanto se resuelva el recurso de apelación y éste
último se encuentre en firme, el señor GUSTAVO ALONSO GIRALDO VELEZ
no podrá ejercer la representación legal del mencionado fondo. Desde
luego, resulta necesario que en el recurso de apelación se decida
confirmar su inscripción.
De otra parte, y teniendo en cuenta que en el certificado de existencia y
representación legal del referido Fondo consultado en la fecha, no aparece
inscrito el suplente del gerente, la Junta Directiva deberá proceder de
inmediato, tanto a la designación del representante legal principal como
del suplente.
3. TRANSFERENCIA IRREGULAR DE ACCIONES
Finalmente, y teniendo en cuenta las presuntas situaciones irregulares
que se han presentado en la enajenación de acciones de la compañía, es
conveniente reiterar lo manifestado a la revisora fiscal a través de oficio
306-033277 del 21 de febrero del corriente año, en el sentido que:
“De conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 23 de la
Ley 222 de 1995 es responsabilidad de los administradores “velar por el
estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias”. Así las
cosas, si a juicio de la administración de la sociedad Fondo Ganadero del
Meta S. A., la transferencia de acciones de la compañía no se realizó de
conformidad con lo dispuesto en los estatutos y la ley, deberá abstenerse
de efectuar la inscripción correspondiente en el libro de Registro de
Accionistas.
Así mismo el artículo 416 del Código de Comercio faculta a la sociedad
para negarse a efectuar la inscripción en el Libro de Registro de Acciones
cuando no se hayan cumplido los requisitos o formalidades para su
negociación.
En consideración a lo expuesto, los accionistas que no estén debidamente
inscritos en el libro de Registro de Accionistas no podrán hacer uso de los
derechos establecidos para las acciones en el artículo 379 del Código de
Comercio, entre ellos “el de participar en las deliberaciones de la asamblea
y votar en ella”.
Para dar cumplimiento a lo solicitado en el presente oficio, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha deberán allegar copia
autorizada del acta de junta directiva en la que conste el nombramiento
del representante legal principal y suplente […]”.
6.2.2. A través del oficio nro. 306-040304 del 11 de marzo de 2011,
suscrito por la Coordinadora Grupo Supervisión Especial de la
Superintendencia de Sociedades y dirigido al señor Gustavo Alonso
Giraldo Vélez, representante legal con suspensión de funciones; Claudia
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Demandante: Hernando Coy Cruz
Mireya Rodríguez Contento, revisora fiscal, y a los miembros de la junta
directiva del Fondo Ganadero del Meta S.A., se señaló44:
“[…] ASUNTO: RADICACIONES 2011-01-075416, 2011-01-077421 Y
2011-01-077509 DEL 8 Y 9 DE MARZO DE 2011, RESPECTIVAMENTE.
Me refiero a los escritos radicados con los números y fechas que se indica
en el asunto, mediante los cuales, en su orden:
1. La revisora fiscal allegó vía e-mail copia de la comunicación fechada el
8 de marzo de 2011, dirigida al señor GUSTAVO GIRALDO VÉLEZ y a los
miembros de Junta Directiva recordando las instrucciones impartidas por
esta Entidad en el oficio 306- 035154 del 28 de febrero de 2011
(Radicación 2011-01-063596).
2. El señor Gustavo Alonso Giraldo Vélez, aduciendo la calidad de
representante legal de la sociedad FONDO GANADERO DEL META S. A., y
anunciando documentos que no anexó a su escrito, manifiesta que la
convocatoria efectuada para la asamblea ordinaria del 17 de marzo de
2011, cumple con los requisitos de ley, y que en consecuencia la reunión
debe realizarse en la fecha señalada. Adicionalmente, solicita la presencia
de un delegado en la misma.
3. La revisora fiscal solicita: “se me instruya, si es procedente la
convocatoria ordenada por Ustedes en el radicado 2011-01-075561, o en
su defecto, se me confirme si esta deberá realizarse por Derecho Propio,
como lo establecen los estatutos”.
Sobre el particular esta Entidad, como ente de supervisión y con
fundamento en las funciones de vigilancia otorgadas por la ley sobre los
Fondos Ganaderos, efectúa las siguientes precisiones e imparte las
siguientes instrucciones:
1. RESPECTO DEL OFICIO 306-035154 DEL 28 DE FEBRERO DE 2011
En el aludido oficio esta Entidad precisó que aun cuando la figura de la
“DESCONVOCATORIA” carece de regulación legal, la Doctrina de la
Superintendencia de Sociedades ha sido clara al señalar que:
“CONVOCADA LA REUNIÓN DE ASAMBLEA NO PUEDE DESCONVOCARSE”
(…)
De otra parte, mediante oficio 306-036271 del 2 de marzo se comunicó a
los miembros de la Junta Directiva y a la revisora fiscal que “MIENTRAS
SE REGULARIZA LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA, EN EL EVENTO DE
REQUERIRSE UNA NUEVA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA, ÉSTA DEBERÁ
SER EFECTUADA POR LA REVISORA FISCAL”.
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Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2324 000 2012 00575 01. Expediente digitalizado. Archivo
“antecedentes administrativos”.
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Radicación: 25000 2324 000 2012 00575 01
Demandante: Hernando Coy Cruz
La anterior instrucción permanecerá vigente hasta tanto este Organismo
compruebe que efectivamente la situación de la sociedad se ajusta a la
ley y los estatutos sociales. No sobra señalar que la Superintendencia de
Sociedades de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo
86 de la Ley 222 de 1995 está facultada para “imponer sanciones o
multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales
mensuales, cualquiera que sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes
la ley o los estatutos”.
2. ACTUACIÓN DEL SEÑOR GUSTAVO GIRALDO VÉLEZ COMO
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO GANADERO DEL META S.A.
En el precitado oficio 306-035154 del 28 de febrero de 2011, dirigido a
los señores Gustavo Alonso Giraldo Vélez, Claudia Mireya Rodríguez
Contento, revisora fiscal y a los miembros de la Junta Directiva del Fondo
Ganadero del Meta S. A., se condicionó la actuación del señor Giraldo
Vélez, como representante legal de la mencionada sociedad a la ejecutoria
del recurso de apelación contra la Resolución 009 del 11 de febrero de
2011, mediante la cual se suspendió su inscripción, aclarando, en todo
caso, que resulta necesario que en el mencionado recurso se decida
confirmar su inscripción como representante legal del Fondo Ganadero S.
A.
Así mismo, en el oficio 306-035154 de febrero 28 de 2011 se ordenó a la
Junta Directiva proceder de forma inmediata, a la designación del
representante legal principal y suplente y allegar copia del acta
correspondiente a la reunión dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a esa fecha. Por consiguiente, el cumplimiento de la referida
instrucción debe acreditarse a más tardar el 14 de marzo de 2011.
Sin perjuicio de la claridad de lo ordenado al señor GUSTAVO GIRALDO
VELEZ, en el sentido de “NO EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL
FONDO GANADERO DEL META S. A” hasta tanto se decida el recurso de
apelación, el mencionado señor continúa ejerciéndola en contravención a
lo dispuesto por esta Entidad. Así las cosas, se reitera al señor Giraldo
Vélez la instrucción de ABSTENERSE de actuar en representación del
Fondo Ganadero del Meta S. A., so pena de la imposición de las sanciones
o multas a que hace referencia el numeral 3° del artículo 86 de la Ley 222
de 1995.
Ahora bien, en cuanto hace referencia al presunto cumplimiento de
requisitos de ley de la convocatoria a reunión ordinaria de asamblea el 17
de marzo de 2011, se reitera lo anotado sobre el particular en el oficio
306-037520 del 8 de marzo de 2011 en el sentido que: “la convocatoria
para la reunión ordinaria del 17 de marzo de 2011 a las 10:00, fue
aclarada el 15 de febrero de 2011 por un representante legal cuya
inscripción en el registro mercantil estaba suspendida desde el 11 del
mismo mes y año, y que tal circunstancia implica que la convocatoria se
efectuó por quien carecía de facultades para realizarla, hecho éste que
generaría como consecuencia la ineficacia de las decisiones adoptadas en
la reunión en el evento que está se llevé a cabo (Artículo 190 del C de Co
en concordancia con el 186 del mismo ordenamiento)”.
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3. PROCEDENCIA DE LA CONVOCATORIA ORDENADA POR ESTA
SUPERINTENDENCIA EN EL OFICIO 306-037520 DEL 8 DE MARZO DE
2011
Previamente a efectuar pronunciamiento alguno sobre lo manifestado en
el oficio 306- 037520 del 8 de marzo de 2011, consistente en 1) ordenar
a la revisora fiscal convocar a una reunión de asamblea general de
accionistas y 2) recordar a los miembros de Junta Directiva el
cumplimiento de las funciones que como administradores les señala el
artículo 23 de la Ley 222 de 1995, procede reiterar a la señora revisora y
a los señores miembros de Junta Directiva lo siguiente:
3.1 Que el mencionado oficio contiene una orden, cuyo incumplimiento
puede acarrear, entre otras medidas, la imposición de las sanciones allí
anunciadas.
3.2 Que, tanto a los miembros de Junta Directiva como a la revisora fiscal
del Fondo Ganadero S. A., esta Entidad de vigilancia, frente a la existencia
de hechos irregulares, que han obligado incluso la intervención del
Escuadrón Antimotines de la Policía Nacional del Meta, les ha impartido
precisas instrucciones respecto del cumplimiento de sus funciones, tal
como se evidencia a título de ejemplo en los oficios 306-044760 del 21 de
julio de 2010 y 306-033277 del 21 de febrero de 2011, cuyas copias anexo
al presente oficio.
Reiterado lo anterior, es del caso señalar lo siguiente:
3.3 De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 423
del Código de Comercio, en concordancia con el numeral 8° del artículo
84 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades podrá
ordenar la convocatoria a reuniones extraordinarias o hacerla,
directamente, en los siguientes casos:
(…)
2) Cuando se hubieren cometido irregularidades graves en la
administración que deban ser conocidas o subsanadas por la asamblea.
(…)
La orden de convocar la asamblea será cumplida por el representante legal
o por el revisor fiscal.
Con fundamento en lo preceptuado en el numeral 2) del mencionado
artículo, y para atender el interrogante formulado por la revisora fiscal en
escrito radicado, vía e-mail el 8 de marzo de 2011, en el sentido de si la
orden impartida por la Superintendencia de Sociedades mediante oficio
306-037520 de la misma fecha, está en contradicción con lo dispuesto en
el artículo 16 de los Estatutos Sociales, es evidente que esta Entidad está
facultada para ordenar la convocatoria de la reunión de que trata el
mencionado oficio, siendo claro igualmente que no se trata de una reunión
ordinaria, sino de una extraordinaria de carácter especial convocada a
solicitud del organismo encargado de ejercer la vigilancia del FONDO
GANADERO DEL META S. A., de conformidad con lo previsto en el artículo
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15 de la Ley 363 de 1997, en concordancia con los artículos 84 de la Ley
222 de 1995 y numeral 23 del artículo 8° del Decreto 1080 de 1996.
3.4 De otra parte, frente al interrogante planteado por la revisora fiscal,
en el sentido de si procede la reunión por Derecho Propio, es conveniente
anotar que el inciso segundo del artículo 422 del Código de Comercio exige
como requisito de procedibilidad para la reunión por derecho propio QUE
LA ASAMBLEA NO HAYA SIDO CONVOCADA, presupuesto que no se da en
el presente caso, toda vez que ha sido convocada en dos (2)
oportunidades, pero en ambas con desconocimiento de alguno de los
requisitos previstos en la ley o los estatutos. Así las cosas, la reunión por
derecho propio no es procedente […]”.
6.2.3. En escrito enviado el 16 de marzo de 2011 por el señor Hernando
Coy Cruz, en calidad de presidente de la junta directiva del Fondo
Ganadero del Meta S.A., y dirigido a la Superintendente Delegado para la
Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades,
señaló45:
“[…] La convocatoria que realizó la señora revisora fiscal, para la reunión
ordinaria de la asamblea general de accionistas en cumplimiento de las
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades vulnera
los artículos 16 y 17 de los estatutos de la sociedad, así como los artículos
424 y 186 del Código de Comercio, en cuanto tiene que ver con la
convocación.
Tales circunstancias, implican que la convocatoria a la asamblea general
de accionistas la efectuó la señora revisora fiscal, sin la anticipación
mínima exigida por los estatutos de la sociedad (30 días hábiles), hecho
este que generaría como consecuencia la ineficacia de las decisiones
adoptadas en la reunión, en el evento que este se lleva a cabo, conforme
a lo estipulado en el artículo 190 en concordancia con el artículo 186 del
Código de Comercio.
(…)
En consecuencia, la única alternativa legal y estatutaria que queda, para
que la asamblea general de accionistas se reúna, teniendo en cuenta que
ya no hay tiempo para cumplir con la anticipación de 30 días de la
convocatoria, es la consagrada en el inciso 2 del artículo 422 del Código
de Comercio, en cuanto a la reunión por derecho propio.
(…)
Se colige de lo anterior, que la convocatoria que efectuó la revisora fiscal
para que la asamblea se reúna el 31 de marzo de 2011, adolece de vicios
45
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por cuanto no se cumple el requisito estatutario de los treinta (30) días
hábiles de anticipación para la convocación […]”.
6.2.4. Por oficio nro. 306-044992 del 30 de marzo de 2011, suscrito por
la Coordinadora Grupo de Supervisión Especial de la Superintendencia de
Sociedades y dirigido al señor Hernando Coy Cruz, presidente de la junta
directiva, a la señora Mireya Rodríguez Contento, revisora fiscal, y a los
demás miembros de la junta directiva del Fondo Ganadero del Meta S.A.,
se sostuvo46:
“[…] ASUNTO: RADICACIONES 2011-01-090754, 2011-01-090836 y
2011-01-091906 DEL 16 DE MARZO DE 2011.
Me refiero a los escritos radicados el 16 de marzo de 2011 bajo los
números 2011-01-090754 y 2011-01-090836, mediante los cuales el
señor Hernando Coy Cruz, actuando en calidad de Presidente de la Junta
Directiva del Fondo Ganadero del Meta S.A., manifiesta que las
instrucciones impartidas por esta Entidad de vigilancia en el oficio 306-
040304 del 11 de marzo de 2011, vulneran los artículos 16 y 17 de los
Estatutos Sociales y que la única alternativa legal es la realización de una
“reunión por derecho propio”
(…)
1. APLICACIÓN DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO
DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL NUMERAL 8° DEL ARTÍCULO
84 DE LA LEY 222 DE 1995
Dadas las graves irregularidades que se vienen presentando en el Fondo
Ganadero del Meta S. A., por la no convocatoria a la asamblea ordinaria
de 2010 y la realización de dos (2) asambleas por derecho propio el 3 y 5
de abril del citado año, las cuales generaron la coexistencia de dos Juntas
Directivas, cuyas decisiones son impugnadas por uno u otro bando
colocando a la sociedad en una situación de ingobernabilidad, la
Superintendencia de Sociedades en ejercicio de las funciones de vigilancia
establecidas en la Ley 222 de 1995 y con fundamento en lo dispuesto por
el inciso segundo del artículo 423 del Código de Comercio mediante oficio
306-037520 del 8 de marzo de 2011, reiterado con oficio 306-040304 del
11 de marzo de 2011 ordenó a la revisora fiscal de la mencionada sociedad
"convocar inmediatamente a una reunión del máximo órgano social” con
el propósito que el funcionamiento de la sociedad se ajuste a la ley y los
estatutos.
La referida asamblea que tiene el objetivo inicialmente citado, también
tiene el carácter de reunión extraordinaria con temario de ordinaria, por
46
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cuanto estuvo originada en la indebida convocatoria en dos (2)
oportunidades a la asamblea ordinaria de 2011.
El presidente de la Junta Directiva del Fondo Ganadero del Meta S. A., a
través de escritos radicados el 16 de marzo de 2011, con el marcado
interés por obtener un concepto favorable para la realización de una
“reunión por derecho propio” alegó la presunta vulneración de lo dispuesto
en los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales, en razón a que la
convocatoria no se efectuó con la anticipación de treinta (30) días hábiles.
Aquí es importante tener clara la finalidad del término mencionado, cual
es el de garantizar a los accionistas el ejercicio del derecho de inspección,
de conformidad con lo dispuesto en los incisos finales de los artículos 422
y 424 del Código de Comercio, quienes en el presente caso contaron con
cuarenta y dos (42) días hábiles para el ejercicio del mencionado derecho,
razón por la cual, además de mediar la orden de la Superintendencia que
busca regularizar el funcionamiento de la sociedad, también se está
cumpliendo holgadamente con la finalidad de dicho término.
2.PROCEDENCIA DE LA REUNIÓN POR DERECHO PROPIO
Además de lo manifestado en el oficio 306-040304 del 11 de marzo de
2011, respecto a la aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 422 del Código de Comercio que a la letra dice: “si no fuere
convocada, la asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil
del mes de abril, a las 10:00 en las oficinas del domicilio principal donde
funcione la administración de la sociedad” (…), debe darse cumplimiento
a lo dispuesto parágrafo del artículo 16 de los Estatutos Sociales que
dispone:
(…)
El parágrafo del referido artículo 16 de los Estatutos Sociales establece
como presupuesto de hecho para la realización de la “REUNIÓN POR
DERECHO PROPIO” la no realización de la convocatoria antes de concluido
el mes de marzo, supuesto de hecho que no se cumple en el presente
caso, toda vez que además de las fallidas convocatorias suscritas por la
Junta Directiva y los ex representantes legales Aristóbulo Corredor y
Gustavo Alonso Giraldo Vélez, esta Superintendencia, como ente
supervisor de los Fondos Ganaderos, en ejercicio de la las facultades que
le otorga el artículo 84 de la Ley 222 de 1995 y de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 2) del artículo 423 del Código de Comercio,
ordenó a la revisora fiscal efectuar la convocatoria correspondiente con el
propósito que la Asamblea General de Accionistas como máximo órgano
rector de la sociedad, además de realizar una asamblea extraordinaria con
carácter de ordinaria, conozca y adopte las medidas pertinentes para
regularizar el funcionamiento de la sociedad dadas las graves
irregularidades ocurridas en la administración de la misma.
3. INCUMPLIMIENTO DE LA DOCTRINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES
Señala el presidente de la Junta Directiva del Fondo Ganadero del Meta S.
A. en los escritos radicados el 16 de marzo de 2011 que el oficio 306-
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040304 del 11 de marzo de 2011, contraviene la doctrina de esta Entidad
contenida en el concepto jurídico 220-20118 del 25 de abril de 2002.
Sobre el particular, es importante tener en cuenta que la Oficina Jurídica
de esta Entidad emite conceptos de manera general y abstracta, teniendo
en cuenta los hechos particulares expuestos en cada consulta; y es que,
en el presente caso, no sólo debe tenerse en cuenta el supuesto que el
máximo órgano social no se hubiere convocado en debida forma para la
reunión ordinaria, sino que dadas las irregularidades que se vienen
presentando en el Fondo, como ya se mencionó, la Superintendencia haya
impartido una orden a la revisora fiscal, orden que no tiene otra finalidad
que el máximo órgano rector se pueda reunir y tomar las decisiones en
debida forma, evitando los traumatismos presentados en el Fondo en
ocasiones anteriores (supuestos de hecho que no estaban contemplados
en el concepto presuntamente incumplido).
Finalmente, es oportuno señalar en relación con el oficio 306-035154 del
28 de febrero de 2011, que, pese a que el término otorgado para efectuar
la designación del representante legal principal y suplente venció el
pasado 14 de marzo, y a que la revisora fiscal a través de comunicación,
cuya copia radicó el 16 de marzo de 2011 bajo el número 2011-01-
091906, recordó a los miembros de Junta Directiva el cumplimiento de la
orden impartida en tal sentido por esta Superintendencia, la misma no fue
atendida […]”.
6.2.5. Mediante la Resolución nro. 306-002311 del 13 de abril de 2011, el
Superintendente de Sociedades dispuso someter a control al Fondo
Ganadero del Meta S.A., así47:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: SOMETER al control de la Superintendencia
de Sociedades, por el término de un (1) año, a la sociedad FONDO
GANADERO DEL META S.A., identificada con el NIT 892.000. 224 y
domiciliada en la ciudad de Villavicencio, por las razones expuestas en la
parte considerativa del presente acto administrativo. La medida de control
podrá prorrogarse hasta tanto la compañía supere la situación que originó
dicho sometimiento.
PARÁGRAFO: En ejercicio del control, la Superintendencia de Sociedades
ejercerá respecto de la sociedad antes mencionada, las facultades
previstas en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995, modificado parcialmente
por el artículo 43 de la Ley 1429 de 2010 y demás normas concordantes,
en especial las de:
(…)
4. Ordenar la remoción de los administradores, revisor fiscal y empleados,
según sea el caso, por incumplimiento de las órdenes de la
Superintendencia de Sociedades, o de los deberes previstos en la ley o en
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los estatutos, de oficio o a petición de parte, mediante providencia
motivada en la cual designará su reemplazo de las listas que elabore la
Superintendencia de Sociedades. La remoción ordenada por la
Superintendencia de Sociedades implicará una inhabilidad para ejercer el
comercio, hasta por diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del
acto administrativo correspondiente […]”.
Lo anterior, con fundamento en lo siguiente48:
“[…] TERCERO: Que ante la reiterada omisión de los administradores de
la sociedad FONDO GANADERO DEL META S.A, de convocar en debida
forma la reunión ordinaria de asamblea de accionistas de 2010 y 2011, la
Superintendencia de Sociedades mediante oficio 306-037520 del 8 de
marzo de 2011 ordenó a la revisora fiscal:
1. Convocar inmediatamente a una reunión del máximo órgano social que
deberá realizarse a más tardar el 31 de marzo de 2011.
2. Efectuar la publicación de la convocatoria en un diario de amplia
circulación en el domicilio principal de la sociedad.
3. Permitir a los accionistas el ejercicio del derecho de inspección dentro
de los quince días hábiles anteriores a la asamblea.
Así mismo, recordó a los miembros de Junta Directiva el cumplimiento de
las funciones establecidas para los administradores en el artículo 23 de la
Ley 222 de 1995, so pena de la imposición de las sanciones establecidas
en caso de incumplimiento (numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de
1995)
CUARTO: Que en cumplimiento de la orden impartida en el citado oficio
de marzo 8 de 2011, la revisora fiscal del Fondo Ganadero del Meta S.A.,
convocó a una reunión extraordinaria con temario de ordinaria para el día
31 de marzo de 2011 a las 9:00 a.m.
QUINTO: Que mediante escritos radicados el 16 de marzo de 2011 bajo
los números 2011-01-090754 y 2011-01-090836 el señor Hernando Coy
Cruz actuando en calidad de Presidente de la Junta Directiva del Fondo
Ganadero del Meta S.A., cuestionó la convocatoria ordenada por esta
entidad de vigilancia por presunta vulneración de los artículos 16 y 17 de
los Estatutos Sociales y manifestó que la única alternativa legal para
subsanar la situación era la realización de una “reunión por derecho
propio".
SEXTO: Que mediante oficio 306-044992 del 30 de marzo de 2011 se dio
respuesta a las objeciones presentadas por el señor Coy Cruz, resaltando
la facultad de este organismo para convocar las reuniones del máximo
órgano social de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del
artículo 423 del Código de Comercio y descartando la procedencia de
llevar a cabo una reunión por derecho propio.
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SÉPTIMO: Que mediante credencial 306-000149 del 30 de marzo de
2011 la Superintendencia de Sociedades designó dos funcionarios para
asistir como delegados de la entidad a la mencionada asamblea.
(…)
UNDÉCIMO: Que mediante escrito radicado el 1 de abril de 2011 bajo el
número 2011-117836, los funcionarios delegados para asistir a la
asamblea presentaron el informe correspondiente, en el cual se evidencia
que los administradores del FONDO GANADERO DEL META S.A., además
de incluir las órdenes impartidas por esta entidad en el precitado oficio
306-081118 del 3 de septiembre de 2010, en relación con la adopción de
correctivos para subsanar el traspaso irregular de acciones, hicieron caso
omiso de las instrucciones contenidas en el oficio 306-104005 del 27 de
octubre de 2010 mediante el cual, con fundamento en el análisis de la
información allegada mediante escrito radicado el 1 de octubre de 2010
se ordenó al entonces representante legal señor Aristóbulo Archila Ríos:
“Proceder a registrar en el libro oficial, las acciones de los señores Luis
Arturo Cruz Gutiérrez (q.e.p.d.), Francisco Arango Jaramillo (q.e.p.d.),
Andrés Mahecha Cardozo y Camilo José Sáenz Camacho”.
Lo anterior, por cuanto resultaba, materialmente imposible, que
accionistas fallecidos hace 16 años y dos años, respectivamente, hubieran
efectuado el traspaso de sus acciones a favor de los señores Wilson
Alfonso Piñeros y María Lilia Camacho Guarín.
E igualmente, porque el accionista Mahecha Cardozo mediante escrito del
20 de abril de 2010 informó que no había efectuado traspaso del título
representativo de sus acciones, cuyo original exhibió en desarrollo de la
asamblea extraordinaria llevada a cabo el 21 de mayo de 2010. A su vez,
el señor Sáenz Camacho mediante escrito remitido al Fondo Ganadero del
Meta S.A. el 25 de agosto de 2010, manifestó que no había autorizado el
traspaso de sus acciones.
DUODÉCIMO: Que mediante documentos radicados el 30 de marzo, y 5
y 8 de abril de 2011 bajo los números 2011-01-111135, 2011-01-113445,
2011-01-113716, 2011-01-119608 y 2011-01-120654, la
Superintendencia tuvo conocimiento del deterioro de la situación, de por
si critica, que atraviesa actualmente el FONDO GANADERO DEL META S.A.
por la división existente al interior de la Junta Directiva que en el
transcurso de dos semanas inscribió dos representantes legales de la
sociedad, uno el 28 de marzo y otro el 8 de abril de 2011.
Así las cosas, y siendo evidente que los señores Gustavo Alonso Giraldo
Vélez, en su calidad de representante legal con suspensión de funciones,
Hernando Coy Cruz, María Lilia Camacho y Fernando Herrera Soto, en sus
calidades de miembros principales de Junta Directiva, incumplieron la
instrucción impartida en el oficio 306-035154 del 28 de febrero de 2011,
mediante el cual, se ordenó al señor Giraldo Vélez, abstenerse de ejercer
la representación legal del Fondo Ganadero del Meta S.A hasta tanto
quedara en firme la Resolución 009 del 11 de febrero de 2011.
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Es conveniente aclara que el precitado oficio del 28 de febrero de 2011
está dirigido además del señor Giraldo Vélez, a la revisora fiscal y contiene
una orden perentoria para los miembros de Junta Directiva, a quienes se
les solicitó: “proceder de inmediato a la designación del representante
legal principal y suplente”.
La orden impartida a los miembros de Junta Directiva tuvo como
fundamento la suspensión de la inscripción del señor Giraldo Vélez como
representante legal del Fondo Ganadero S.A. situación que dejó a la
sociedad acéfala, toda vez que como quedó consignado en el mencionado
oficio, a esa fecha no tenía inscrito al representante legal suplente.
DÉCIMO TERCERO: Que el capital del FONDO GANADERO DEL META
S.A., está integrado en un 35,42% con capital estatal representado por
las acciones del Ministerio de Agricultura, Departamento del Meta e
Incoder antes Incora.
(…)
DÉCIMO QUINTO: Pese al permanente seguimiento de esta Entidad la
situación financiera del Fondo Ganadero del Meta S.A. se ha deteriorado
en los últimos diez (10) años, arrojando pérdida en sus ejercicios
contables (con excepción del año 2002), lo que lo ha llevado a tener
registrado dentro de su balance general unos resultados acumulados
negativos a 31 de diciembre del 2010 superiores a los $4.000 millones.
(…)
DÉCIMO SEXTO: Que los hechos precedentes demuestran que el FONDO
GANADERO DEL META S.A., se encuentra en una situación crítica de orden
jurídico, económico y administrativo, agravada por las actuaciones
irregulares de sus administradores, las cuales serán objeto de sanción en
acto administrativo independiente […]”.
6.3. Los actos acusados
6.3.1. La Resolución nro. 306-011756 del 15 de julio de 2011 expedida
por el Superintendente de Sociedades en la que dispuso49:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: REMOVER con inhabilidad de diez (10) años
para ejercer el comercio al señor HERNANDO COY CRUZ (…) del cargo de
miembro principal de Junta Directiva de la sociedad FONDO GANADERO
DEL META S.A EN CONTROL (…).
ARTÍUCLO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente
resolución, al señor HERNANDO COY CRUZ (…) […]”.
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Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones50:
“[…] PRIMERO: Que mediante Resolución 306-002311 del 13 de abril de
2011, igualmente ejecutoriada el 14 de junio de 2011, inscrita en la
Cámara de Comercio de Villavicencio el 29 del mismo mes y año, la
Superintendencia de Sociedades sometió a control, por el término de un
año, a la sociedad FONDO GANADERO DEL META S.A.
SEGUNDO: Que las principales razones para someter a control al Fondo
Ganadero del Meta S.A., fueron 1) la reiterada omisión de los
administradores de convocar, en debida forma, a la reunión ordinaria de
asamblea de accionistas de 2010 y 2011; 2) las consecuencias que dichas
omisiones generaron para el funcionamiento de la compañía debido a la
celebración de dos reuniones por derecho propio realizadas, en su orden,
el 3 y 5 de abril de 2010; 3) la utilización de vías de hecho por parte de
los administradores de la sociedad, quienes con el propósito de tener la
posesión de las oficinas de la misma cambiaron varias veces las guardas
de la puerta de acceso a la secretaría que comunica con la sala de juntas
y la oficina de la gerencia, hechos que sucedieron el 8 y 9 de junio de
2010 y que culminaron con la restitución de éstas al representante legal
inscrito en la Cámara de Comercio para esa fecha, señor Miguel
Domínguez Ricaurte, lograda con la intervención del Grupo Smat de la
Policía Nacional; 4) el incumplimiento de las órdenes impartidas por esta
Superintendencia para subsanar el traspaso irregular de acciones
denunciado por el revisor fiscal en el año 2009, reiterado por el accionista
Andrés Mahecha en comunicación dirigida a la sociedad el 10 de abril de
2015; 5) la inscripción de dos representantes legales de la sociedad en el
transcurso de dos semanas y 6) el deterioro de la situación económica de
la compañía que registró resultados acumulados negativos a 31 de
diciembre de 2010, superiores a $4.000 millones.
(…)
CUARTO: Que en el oficio 306-044992 del 30 de marzo de 2011,
mediante el cual se dio respuesta a las solicitudes radicadas el 16 de
marzo de 2011 por el precitado señor Coy Cruz, referidas a la procedencia
de realizar una reunión por derecho propio, se le puso de presente, no
solo a él en su calidad de presidente de la Junta Directiva, sino a los demás
integrantes de ese órgano de administración al igual que a la revisora
fiscal, la improcedencia de realizar la referida reunión, que según lo
pretendido por el señor Coy Cruz debía realizarse el 1 de abril de 2011 a
las 10:00 am, aspecto sobre el cual ya se había pronunciado esta Entidad
a través de oficio 306-040304 del 11 de marzo de 2011.
QUINTO: Que no obstante el pronunciamiento de esta Entidad de
vigilancia respecto de la improcedencia de llevar a cabo una reunión por
derecho propio, los miembros de junta directiva y accionistas Hernando
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Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2324 000 2012 00575 01. Expediente digitalizado. Archivo
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Demandante: Hernando Coy Cruz
Coy Cruz y Fernando Herrera Soto, así como los accionistas Juan
Sebastián Coy, en nombre propio y en representación de la señora Mariela
Usme Andrade y Fabio Robayo celebraron el 1 de abril de 2011 la referida
reunión.
SEXTO: Que en el Acta nro. 83 elaborada con ocasión de la reunión en
comento se dejaron entre otras las siguientes constancias:
(…)
UNDÉCIMO: Que los hechos expuestos en el considerando cuarto y
siguientes del presente acto administrativo, comprueban el
incumplimiento de las órdenes impartidas por esta Entidad al señor
HERNANDO COY CRUZ, a los demás miembros de Junta Directiva y al
señor Gustavo Giraldo Vélez, a quien mediante oficio 306-035154 del 28
de febrero de 2011, se le comunicó que no podría ejercer la
representación legal del Fondo Ganadero del Meta S.A hasta tanto se
resolviera el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución
009 del 11 de febrero de 2011, mediante la cual la Cámara de Comercio
de Villavicencio ordenó suspender su inscripción como representante legal
del mencionado Fondo. No obstante, los miembros principales de Junta
Directiva Hernando Coy Cruz, Fernando Herrera Soto y María Lilia
Camacho, procedieron a reelegirlo en reunión llevada a cabo el 28 de
marzo de 2011.
DUODÉCIMO: Que con oficio 306-040304 del 11 de marzo de 2011, para
dar respuesta a un interrogante planteado por la revisora fiscal en el
sentido de si procedía la reunión por derecho propio se les puso de
presente a los miembros de la junta directiva, al señor Giraldo Vélez y a
la mencionada revisora fiscal:
“Que el inciso segundo del artículo 422 del Código de Comercio exige como
requisito de procedibilidad para la reunión por derecho propio QUE LA
ASAMBLEA NO HAYA SIDO CONVOCADA, presupuesto que no se da en el
presente caso, toda vez que ha sido convocada en dos (2) oportunidades,
pero en ambas con desconocimiento de alguno de los requisitos previstos
en la ley o los estatutos. Así las cosas, la reunión por derecho propio no
es procedente”.
No obstante, los señores Coy y Herrera, quienes ostenta la doble condición
de accionistas y administradores del Fondo Ganadero del Meta S.A.,
procedieron a reunirse por derecho propio el 1 de abril de 2011,
privilegiando, irregularmente, sus derechos de accionistas, con
fundamento en la omisión de sus deberes como administradores, en una
flagrante violación de los deberes de lealtad y diligencia establecidos en
el artículo 23 de la Ley 222 de 1995.
(…)
DÉCIMO CUARTO: Que además del incumplimiento de las instrucciones
impartidas por esta Superintendencia en los oficios del 28 de febrero y 11
y 30 de marzo de 2011, los señores HERNANDO COY CRUZ, FERNANDO
HERRERA SOTO Y GUSTAVO ADOLFO GIRALDO VÉLEZ han omitido el
cumplimiento de los deberes de los administradores consagrados en el
artículo 23 de la Ley 222 de 1995 que les señala la obligación de “actuar
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Demandante: Hernando Coy Cruz
de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de
negocios, cumpliendo sus actuaciones en interés de la sociedad, y
teniendo en cuenta los intereses de los asociados” tal como se evidencia
a continuación:
1. No es cierto como lo manifiestan los señores Coy, Herrera y Giraldo que
la reunión de asamblea que ordenó celebrar esta Superintendencia el 31
de marzo de 2011 no se haya llevado a cabo, distinto es que se haya dado
por terminada por decisión unánime de los asambleístas, atendiendo la
propuesta presentada por quien actúo como presidente de la reunión (…).
Si el señor Coy, quien no manifestó en el curso de la asamblea, ninguna
inconformidad sobre la legalidad de la convocatoria y los señores Herrera
y Giraldo no estaban de acuerdo con la celebración, han debido acudir a
la impugnación de decisiones de que trata el artículo 191 del Código de
Comercio y no abusar del ejercicio del derecho de la “reunión por derecho
propio” para adoptar decisiones con un 2.26% de participación en el
capital de la compañía, en detrimento del 97.74% restante, del cual más
de la tercera parte corresponde a capital estatal de propiedad de la
Gobernación del Meta, Ministerio de Agricultura e Incora hoy Incoder.
2. Incumplimiento de la orden impartida por la Asamblea de Accionistas
en la reunión extraordinaria llevada a cabo el 21 de mayo de 2010, en el
sentido de efectuar una auditoria para verificar la realidad del traspaso de
acciones durante los último veinte años.
3. Cumplimiento tardío de las órdenes impartidas por esta Entidad en el
oficio 306-081118 del 3 de septiembre de 2010, mediante el cual se
ordenó al representante legal adoptar las medidas pertinentes para
subsanar las presuntas irregularidades en el traspaso de acciones
realizadas entre el 28 y 30 de marzo de 2009. La información contenida
en el acta remitida por el representante legal el 30 de junio de 2011 y
radicada bajo el número 2011-01-214956 se verificará en diligencia de
toma de información.
Resulta evidente que los señores Coy, Herrera y Giraldo Vélez,
incumplieron las órdenes impartidas por la Asamblea General de
Accionistas el 21 de mayo de 2010 y por esta Superintendencia el 3 de
septiembre del mismo año, faltando además a los deberes que les estable
(sic) el artículo 23 de la Ley 222 de 1995.
No obstante lo anterior, las propuestas presentadas por el señor Coy en
la asamblea por derecho propio realizada el 1 de abril de 2011, pretenden
demostrar la diligencia que no han tenido los miembros de la junta
directiva Coy y Herrera para subsanar el tema de las acciones transferidas
de forma irregular, publicado en el Diario Llano 7 Días el 1 de abril de
2011 y que a la postre terminaron con la medida de detención domiciliaria
para el mencionado administrador por la presunta participación como
autor intelectual de dichas irregularidades.
DÉCIMO QUINTO: Que el inciso primero del numeral 4 del artículo 85 de
la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 43 de la Ley 1429 de 2010,
faculta a la Superintendencia de Sociedades para “ordenar la remoción de
los administradores, revisor fiscal y empleados, según sea el caso, por
incumplimiento de las órdenes de la Superintendencia de Sociedades, o
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de los deberes previstos en la ley o en los estatutos, de oficio o a petición
de parte, mediante providencia motivada en la cual designará su
reemplazo de las listas que elabore la Superintendencia de Sociedades.
La remoción ordenada por la Superintendencia de Sociedades implicará
una inhabilidad para ejercer el comercio, hasta por diez (10) años
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo correspondiente
[…]”.
6.3.2. La Resolución nro. 312-017004 del 29 de noviembre de 2011 proferida
por el Superintendente de Sociedades, mediante la cual confirmó la Resolución
nro. 306-011756 del 15 de julio de 2011 y, además, rechazó la solicitud de
pruebas, así como de nulidad51.
6.4. Análisis de la Sala
El tribunal declaró la nulidad parcial de los actos acusados porque
consideró que prosperó parcialmente el cargo de violación del principio de
non bis in ídem, en la medida en que el actor fue sancionado por una
misma conducta tanto en la resolución que le impuso la sanción de multa,
como en la aquí atacada, que lo removió del cargo de miembro de la junta
directiva junto con una inhabilidad para ejercer el comercio, por lo que
redujo la inhabilidad de diez a ocho años. De otro lado, negó la pretensión
relativa a la indemnización de perjuicios, así como los demás cargos
formulados con los que se perseguía la nulidad de los actos demandados.
El actor fue la única parte que interpuso recurso de apelación en contra
de la precitada decisión pretendiendo que se declare la nulidad total de
los actos atacados y se reconozca la indemnización de perjuicios y, para
ello, insistió en que:
(i) Se vulneró el debido proceso porque de manera previa a la imposición
de la sanción no se inició formalmente un proceso; (ii) los oficios
expedidos por la Superintendencia de Sociedades en los que se
fundamentó la sanción no contenían una orden; (iii) el principio de non
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bis in ídem sí se transgredió porque el tribunal dividió las conductas por
las que fue sancionado el actor, cuando la realidad es que es una sola,
que se concreta en el “incumplimiento relacionados con la inobservancia
de deberes como miembro de la junta directiva del Fondo Ganadero del
Meta”; (iv) la convocatoria para la reunión del 21 de mayo de 2010 fue
declarada ineficaz por lo que no habría un sustento para sancionar al
actor; (v) sí era procedente la reunión por derecho propio del 1 de abril
de 2011; (vi) infringió el artículo 164 del Código de Comercio la orden de
la Superintendencia de Sociedades relativa a que el señor Gustavo Alonso
Giraldo Vélez no podía ejercer como representante legal hasta que se
resolviera el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que
suspendió su inscripción; por último, (vii) controvirtió la valoración
probatoria que hizo el tribunal para negar la indemnización de perjuicios.
La Sala se pronunciará frente a cada uno de los reproches expuestos.
6.4.1. En relación con el cargo de violación al debido proceso
En el recurso de apelación, la parte actora alegó que “la Superintendencia
emitió unos oficios, supuestamente dando unas órdenes, entre otras, a la
junta directiva del Fondo Ganadero del Meta, y de la noche a la mañana
viene a notificar una sanción de inhabilidad al accionante” 52,sin
garantizarle la notificación de que en su contra se inició una investigación
por el incumplimiento de las órdenes; la defensa de manera directa o a
través de apoderado; la oportunidad de controvertir las pruebas que se
hubiesen allegado en su contra, y sancionarlo sin que existiera un proceso
formalmente iniciado que sirviera de soporte a la decisión de inhabilitarlo.
La Sala considera que este cargo no tiene vocación de prosperidad, dado
que las órdenes impartidas en los oficios 306-035154 del 28 de febrero
de 2011; 306-040304 del 11 de marzo de 2011 y 306-044992 del 30 de
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radicado nro. 25000 2324 000 2012 00575 01. Expediente digitalizado. Archivo “Recurso
de apelación parte demandante”.
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marzo de 2011 fueron dirigidas a la junta directiva del Fondo Ganadero
del Meta S.A., de la cual el señor Coy Cruz era parte, y está acreditado
que el actor, por escrito del 16 de marzo de 2011, controvirtió que la
revisora fiscal haya convocado la reunión ordinaria de la asamblea general
de accionistas en cumplimiento de las instrucciones expedidas por la
Superintendencia de Sociedades por considerar que lo procedente era la
reunión por derecho propio, solicitud que fue resuelta en el citado oficio
del 30 de marzo de 2011 por la Superintendencia.
En esas mismas órdenes, la Superintendencia advierte expresamente
sobre la potestad sancionatoria que posee cuando se incumplen, de donde
se concluye que el demandante en este proceso conocía de antemano que
su proceder contrario tendría como consecuencia el uso de tales
potestades; y, por consiguiente carece de todo fundamento que el
recurrente afirme que de la noche a la mañana viene a notificar una
sanción de inhabilidad al accionante, cuando la evidencia señala que
conocía de antemano la intervención del ente de control y las
consecuencias que podría acarrear su conducta.
Por las mismas consideraciones anotadas, la Sala advierte que tampoco
le asiste razón al apelante cuando manifiesta que la sanción fue impuesta
sin que existiera un proceso formalmente iniciado, pues como se explicó,
la Superintendencia, previo a proferir el acto sancionatorio, impartió unas
órdenes en la que le indicó al actor que de incumplirlas sería sancionado,
además, está acreditado que dichas órdenes fueron comunicadas al actor
y presentó escrito en el que manifestaba las razones por las que no eran
procedentes.
A lo anterior se agrega que, contra la resolución que impuso la sanción
de remoción del cargo con inhabilidad de diez años para ejercer el
comercio, el actor presentó recurso de reposición y solicitud de pruebas,
lo cual fue resuelto en la Resolución nro. 312-017004 del 29 de noviembre
de 2011.
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Por consiguiente, será confirmada la decisión de primera instancia en el
sentido de negar el cargo.
6.4.2. En cuanto a que “los oficios de la superintendencia de
sociedades, base de la sanción, son instrucciones, ordenes o
simples recomendaciones”
Adujo que los oficios expedidos por la Superintendencia no contenían una
orden, sino que se trataban de recomendaciones, por lo que insistió en
que “la sanción edificada sobre el desconocimiento de una orden
imprecisamente formulada debe ser revocada en su totalidad” 53.
Reprochó que en este aspecto el tribunal señaló que la parte actora se
limitó a controvertir aspectos formales, cuando se planteó una
observación de fondo “como era cuestionar el que constituyera una orden,
como consecuencia de la ambigüedad con la que se consignó”54.
La Sala considera que el cargo no tiene vocación de prosperidad por
cuanto no es cierto lo que señala el actor en el sentido que los oficios 306-
035154 del 28 de febrero de 2011, 306-040304 del 11 de marzo de 2011
y 306-044992 del 30 de marzo de 2011 no impartieron unas instrucciones
u órdenes para la junta directiva del Fondo Ganadero del Meta S.A.
Al respecto, el oficio 306-035154 del 28 de febrero de 2011 estaba
dirigido al representante legal de la sociedad, a la revisora fiscal y a los
miembros de la junta directiva, y en él se indicó que la reunión convocada
para el 3 de marzo de 2011 debía llevarse a acabo porque la
Superintendencia de Sociedades consideró que “convocada la reunión de
asamblea no puede desconvocarse”; adicionalmente, allí se ordenó que el
señor Gustavo Alonso Giraldo Vélez no podía ejercer la representación
legal del Fondo Ganadero del Meta S.A hasta que se resolviere el recurso
de apelación interpuesto en contra de la Resolución 009 del 11 de febrero
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radicado nro. 25000 2324 000 2012 00575 01. Expediente digitalizado. Archivo “Recurso
de apelación parte demandante”.
54
Ibidem.
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de 2011 que suspendió su inscripción como representante legal, de
manera que, contrario a lo alegado por el actor, se advierte que el oficio
sí contenía una orden.
Igual situación ocurre con el oficio 306-040304 del 11 de marzo de
2011, dado que del contenido se desprende lo siguiente:
(i) En el precitado oficio se expuso que, mediante el oficio 306-036271
del 2 de marzo de 2011, la Superintendencia de Sociedades comunicó a
los miembros de la junta directiva y a la revisora fiscal que “mientras se
regulariza la situación de la compañía, en el evento de requerirse una
nueva convocatoria de asamblea, ésta deberá ser efectuada por la
revisora fiscal”, y acotó que “la anterior instrucción permanecerá vigente
hasta tanto este organismo compruebe que efectivamente la situación de
la sociedad se ajusta a la ley y los estatutos sociales”, por lo que no cabe
duda que en el oficio del 11 de marzo de 2011 se reiteró la vigencia de la
mencionada instrucción.
(ii) Asimismo, se explicó que, pese a la claridad de lo señalado en el oficio
306-035154 del 28 de febrero de 2011, el señor Gustavo Giraldo Vélez
continuaba ejerciendo como representante legal del Fondo Ganadero del
Meta S.A., por lo que reiteró que se debía abstener de seguir actuando en
tal condición.
(iii) También se señaló que la Superintendencia de Sociedades sí estaba
facultada para ordenar la convocatoria dispuesta en el oficio 306 – 037520
del 8 de marzo de 2011, en el sentido de ordenarle a la revisora fiscal que
convocara a una reunión de asamblea general de accionistas, y reiteró,
nuevamente, que la reunión por derecho propio no era procedente.
Por último, en el oficio 306-044992 del 30 de marzo de 2011, la
Superintendencia de Sociedades respondió el escrito formulado por el
actor en el que alegó que la convocatoria hecha por la revisora fiscal para
la reunión de la asamblea general de accionistas, en cumplimiento de lo
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ordenado por la Superintendencia, vulneraba los artículos 16 y 17 de los
estatutos del Fondo Ganadero del Meta S.A. , así como los artículos 424
y 186 del Código de Comercio, por lo que afirmó que debía hacerse la
reunión por derecho propio, frente a lo que la Superintendencia de
Sociedades reiteró que no era procedente. De manera que, en este oficio,
nuevamente se le indicó al actor que no debía llevarse a cabo la reunión
por derecho propio; pese a lo anterior, el actor, en calidad de presidente
de la junta directiva, llevó a cabo la reunión por derecho propio el 1 de
abril de 2011.
Por lo expuesto, no le asiste razón al actor cuando alegó que los
precitados oficios no contenían una orden, por lo que la Sala confirmará
lo decidido en la sentencia de primera instancia en el sentido de negar la
prosperidad del cargo.
6.4.3. Sobre el desconocimiento del principio non bis in ídem
La Sala recuerda que en la decisión de primera instancia se consideró que
el cargo prosperaba parcialmente, en la medida que no todas las
conductas por las que fue sancionado en el acto acusado vulneraban el
principio de non bis in ídem, sino que dicha transgresión se circunscribía
a que, tanto en la Resolución nro. 300-002339 del 14 de abril de 2011
[que impuso la sanción de multa], como la Resolución nro. 306-0011756
del 15 de julio de 2011 [que impuso la sanción de remoción del cargo],
se fundamentaron en un hecho común, que es el “incumplimiento de la
orden de abstenerse en actuar como representante legal y su relección
en la junta directiva de 28 de marzo de 2011”.
Tal razonamiento implicó que el tribunal declarara la nulidad parcial de
los actos acusados y que redujera la sanción de inhabilidad para ejercer
el comercio de diez a ocho años, dado que, conforme con el tribunal55:
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primera instancia”.
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“[…] [P]ara tasar los diez (10) años de inhabilidad, se consideraron las
cinco conductas endilgadas en el acto demandado, las cuales se concretan
así: i)la celebración de la asamblea por derecho propio el 1 de abril de
2011, aun cuando se había declarado improcedente y ii) “incumplimiento
de las órdenes impartidas por esta entidad al señor Hernando Coy Cruz,
a los demás miembros de la junta directiva y al señor Gustavo Alonso
Giraldo Vélez a quien mediante oficio 306-035154 de 28 de febrero de
2011 se le comunicó que no podría ejercer la representación legal del
Fondo Ganadero del Meta”, iii) la infracción a las órdenes impartidas por
la Asamblea General de Accionistas el 21 de mayo de 2010, iv) el
cumplimiento tardío de la orden dado a la Superintendencia el 3 de
septiembre del mismo año en oficio nro. 306-08111 y v) incumplimiento
de los deberes de los administradores consagrados en el artículo 23 de la
Ley 222 de 1995.
Entonces, en atención a que la conducta número cuatro (sic) no debió ser
valorada en la Resolución 306-011756 de 15 de julio de 2015, se
procederá a disminuir la sanción impuesta, razonando las cuatro
conductas restantes, para tal efecto considera la Sala, que basta aplicar
el principio de proporcionalidad y equidad para determinar un monto de
la sanción, pues si para cinco conductas se asignaron a 10 años de
inhabilidad, a las cuatro subsiguientes equivalen a 8 años de inhabilidad
[…]”.
La parte actora en el recurso de apelación alegó que, “con relación a las
supuestas cuatro causales restantes, que las mismas son aparentes y
artificiosamente divididas comoquiera que todas ellas, constituirían un
solo comportamiento pues conforman lo doctrinaria y
jurisprudencialmente conocido como un concurso aparente, en la medida
que las tres primeras, sobre la base del principio de subsunción, quedarían
inmersas en el incumplimiento de las funciones, pues de lo contrario,
tomar independientemente los otros comportamientos, necesaria y
faltamente (sic) violan el principio de non bis in ídem al resultar
sancionadas dos veces comportamientos que teleológicamente no son
sino uno solo, pues son, insistimos incumplimiento relacionados con la
inobservancia de deberes como miembro de la junta directiva del Fondo
Ganadero del Meta”56.
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Demandante: Hernando Coy Cruz
Para resolver la inconformidad de la parte actora, se observa que,
mediante la Resolución nro. 300-00239 del 14 de abril de 2011, la
Superintendencia de Sociedades sancionó al señor Hernando Coy Cruz
con multa de $50.000.000 en calidad de miembro principal de la junta
directiva del Fondo Ganadero del Meta S.A. Los hechos que dieron lugar
a la sanción de multa fueron los siguientes57:
“[…] OCTAVO: Que mediante oficio 306-035154 del 28 de febrero de
2011, dirigido a los señores Gustavo Alonso Giraldo Vélez; Claudia Mireya
Rodríguez Contento, revisora fiscal, y a los miembros de la junta directiva
del Fondo Ganadero del Meta S.A., la Superintendencia condicionó la
actuación del señor Giraldo Vélez, como representante legal de la
mencionada sociedad a la ejecutoria del recurso de apelación contra la
Resolución 009 del 11 de febrero de 2011, mediante la cual se suspendió
su inscripción, aclarando, en todo caso, que resultaba necesario que en el
mencionado recurso se decidiera confirmar su inscripción como
representante legal del Fondo Ganadero S.A.
Así mismo, en el oficio 306-035154 de febrero 28 de 2011 se ordenó a la
Junta Directiva: “proceder, de forma inmediata, a la designación del
representante legal principal y suplente y allegar copia del acta
correspondiente a la reunión dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a esa fecha” instrucción que tenía como fin evitar que la
sociedad quedará acéfala y regularizar, también de forma inmediata su
funcionamiento.
NOVENO: Que mediante oficio 306-040304 del 11 de marzo de 2011
reiteró a los miembros de la junta directiva la instrucción de proceder a
designar al representante legal principal y suplente, recordándoles que el
término otorgado para acatar la orden se cumplía el 14 de marzo
siguiente. No obstante, los administradores de la sociedad incumplieron
la orden impartida por esta Superintendencia, pese a la advertencia
efectuada por la revisora fiscal el 16 de marzo de 2011.
DÉCIMO: Que mediante oficio 306-040304 del 11 de marzo de 2011
dirigido a los señores Gustavo Alonso Giraldo Vélez, en calidad de
representante legal con suspensión de funciones; Claudia Mireya
Rodríguez Contento, revisora fiscal, y a los miembros de la junta directiva
del Fondo Ganadero del Meta S.A., se reiteró al señor Giraldo Vélez la
instrucción de ABSTENERSE de actuar como representante legal del
FONDO y se advirtió que de continuar ejerciendo como tal, en
contravención a lo dispuesto por esta entidad, se impondrían las sanciones
o multas a que hace referencia el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222
de 1995.
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Demandante: Hernando Coy Cruz
UNDÉCIMO: Que en reunión de junta directiva convocada para el 28 de
marzo de 2011 por los señores HERNANDO COY CRUZ y FERNANDO
HERRERA SOTO, a la cual asistieron los dos convocantes, miembros
principales del citado órgano y la señora MARÍA LILIA CAMACHO, quien
también ostenta la calidad de miembro principal de la junta, en
contravención a la orden impartida por esta entidad en el oficio del 28 de
febrero de 2011, reiterada con oficio del 11 de marzo de 2011, designaron
nuevamente al señor GUSTAVO GIRALDO VÉLEZ como representante legal
del FONDO GANADERO DEL META S.A.
(…)
DÉCIMO SÉPTIMO: Que los documentos relacionados en el numeral
precedente permiten evidenciar sin lugar a dudas que en contravención a
lo ordenado por esta entidad, el señor GUSTAVO ALONSO GIRALDO VELEZ
continuó ejerciendo la representación legal del FONDO GANADERO DEL
META S.A. incluso pese a la advertencia de la imposición de las multas de
que trata el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995 y que dicha
actuación fue avalada por los miembros de la junta directiva, señores
HERNANDO COY CRUZ, FERNANDO HERRERA SOTO y MARÍA LILIA
CAMACHO, razón por la cual se harán acreedores a las mismas.
DÉCIMO OCTAVO: Que además de lo hasta aquí expuesto, que
fundamenta totalmente el incumplimiento de las órdenes impartidas por
la Superintendencia de Sociedades como entidad de vigilancia de los
Fondos Ganaderos, y, por consiguiente la sanción de multa por valor de
cincuenta millones de pesos m/cte que se impondrá a cada uno de los
prenombrados miembros de junta directiva (…) […]”.
Conforme con lo expuesto, la Sala observa que la sanción de multa
obedeció al incumplimiento de las instrucciones contenidas en los oficios
306-035154 del 28 de febrero de 2011 y 306-040304 del 11 de marzo de
2011, en la medida que allí se ordenó que el señor Gustavo Alonso Giraldo
Vélez no debía continuar ejerciendo como representante legal del Fondo
Ganadero del Meta S.A. y, pese a la instrucción impartida por la
Superintendencia, el mencionado señor siguió actuando en dicha calidad,
circunstancia que derivó en la imposición de la multa.
Por último, la sanción de multa se fundamentó en el numeral 3 del artículo
86 de la Ley 222 de 1995, numeral 29 del artículo 2 del Decreto 1080 de
1996, en concordancia con el numeral 16 del artículo 10 de la Resolución
100-4359 del 19 de octubre de 2007, que facultaban a la
Superintendencia de Sociedades para imponer sanciones o multas,
sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales,
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Demandante: Hernando Coy Cruz
a quienes incumplieran las órdenes dadas por la Superintendencia, las
leyes o los estatutos.
Por su parte, se recuerda que, mediante la Resolución nro. 306-011756
del 15 de julio de 2011, aquí acusada, la Superintendencia de Sociedades
sancionó al actor con remoción del cargo junto con inhabilidad de diez
años para ejercer el comercio.
El sustento legal para imponer dicha sanción fue el inciso primero del
numeral 4 del artículo 85 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo
43 de la Ley 1492 de 2010, que facultaba a la Superintendencia de
Sociedades para “ordenar la remoción de los administradores, revisor
fiscal y empleados, según sea el caso, por incumplimiento de las órdenes
de la Superintendencia de Sociedades, o de los deberes previstos en la
ley o en los estatutos, de oficio o a petición de parte, mediante providencia
motivada en la cual designará su reemplazo de las listas que elabore la
Superintendencia de Sociedades. La remoción ordenada por la
Superintendencia de Sociedades implicará una inhabilidad para ejercer el
comercio, hasta por diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del
acto administrativo correspondiente”58.
Adicionalmente, una vez revisadas las consideraciones del acto acusado,
se advierte que la sanción no solo tuvo como fundamento el
incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Superintendencia
de Sociedades en los oficios 306-035154 del 28 de febrero de 2011, 306-
040304 del 11 de marzo de 2011 y 306-044992 del 30 de marzo de 2011,
sino también se sustentó en que el señor Hernando Coy Cruz omitió el
cumplimiento de los deberes de los administradores previstos en el
artículo 23 de la Ley 222 de 1995, en tanto que (i) “se incumplió la orden
impartida por la asamblea de accionistas en la reunión extraordinaria
llevada a cabo el 21 de mayo de 2010, en el sentido de efectuar una
auditoría para verificar el traspaso de acciones durante los últimos veinte
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años” y (ii) “el cumplimiento tardío de las órdenes impartidas por [la
Superintendencia de Sociedades] en el oficio 306-081118 del 3 de
septiembre de 2010, mediante el cual se ordenó al representante legal
adoptar las medidas pertinentes para subsanar las presuntas
irregularidades en el traspaso de acciones realizadas entre el 28 y 30 de
marzo de 2009”59.
En este punto, se precisa que, si bien en el acto administrativo que impuso
la sanción de multa se hizo referencia a los oficios 306-035154 del 28 de
febrero de 2011 y 306-040304 del 11 de marzo de 2011, la sanción se
fundamentó exclusivamente en el incumplimiento de la orden consistente
en que el señor Gustavo Alonso Giraldo Vélez no debía continuar
ejerciendo como representante legal del Fondo Ganadero del Meta S.A.,
la cual se consignó en los precitados oficios, junto con otras órdenes que
no sustentaron la sanción de multa.
Por el contrario, no puede perderse de vista que, en el acto acusado,
aunque se hizo referencia a la instrucción relativa a que el señor Giraldo
Vélez no ejerciera como representante legal, también se reprochó que el
actor llevara a cabo la reunión por derecho propio el 1 de abril de 2011,
pese a que en los precitados oficios y en el oficio 306 -044992 del 30 de
marzo de 2011 se indicó que no era procedente.
En conclusión, tampoco le asiste razón al actor cuando en el recurso de
apelación alegó que todos los hechos por los que fue sancionado
constituyen un solo comportamiento consistente en el incumplimiento de
los deberes como miembros de la junta directiva del Fondo Ganadero del
Meta S.A., puesto que, en el acto administrativo que impuso la sanción
por multa, la conducta que se reprochó fue el incumplimiento de la orden
dada por la Superintendencia relativa a que el señor Giraldo Vélez debía
abstenerse de actuar como representante legal.
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A su vez, en el acto acusado, además de reprocharse el anterior
comportamiento, también se le sancionó por llevar a cabo la reunión por
derecho propio, pese a que la Superintendencia indicó que no era
procedente, y por la inobservancia de los deberes de los administradores
previstos en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, porque no se efectuó la
auditoría al traspaso de acciones ordenada en la asamblea de accionistas,
así como por no adoptar las medidas pertinentes para “para subsanar las
presuntas irregularidades en el traspaso de acciones realizadas entre el
28 y 30 de marzo de 2009”.
Y, si bien el recurrente pretende asignarles a las variadas conductas
reprochables una sola connotación jurídica, para deducir de allí que se
trata de una sola conducta, lo cierto es que cada una de ellas tiene
independencia y es investigada autónomamente, lo que conlleva
imputaciones distintas con las consecuentes sanciones que les
corresponden. Ello, al margen de reiterar que, como se ha dicho, los
fundamentos fácticos y jurídicos de las sanciones no son coincidentes.
Por lo tanto, en este punto se confirmará la decisión del tribunal en el
sentido que dio prosperidad parcial al cargo de violación al principio de
non bis in ídem y redujo la sanción de inhabilidad de diez a ocho años,
para lo cual se advierte que el actor fue la única parte que presentó
recurso de apelación y que, en este aspecto, su argumentación no tiene
vocación de prosperidad.
6.4.4. En relación con el cargo de “falsa motivación de los actos
demandados, por inexistencia de causa para sancionar.
Desconocer las órdenes impartidas por la asamblea general de
accionistas de 21 de mayo de 2010”.
La parte actora, en el recurso de apelación, explicó que la
“Superintendencia mediante oficio nro. 306-03913 del 19 de mayo de
2010 informó directamente al aquí demandante lo siguiente: declarar
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ineficaces las decisiones tomadas en la reunión del 5 de abril de 2010,
incluyendo la ineficacia para la convocatoria hecha para el día 21 de mayo
de 2010 (acta nro.082) por el Fondo Ganadero del Meta S.A”, de modo
que “si la convocatoria para esa fecha, 21 de mayo de 2010, era ineficaz
según la propia Superintendencia, las decisiones y órdenes emitidas en
tal reunión no podían surtir efecto jurídico alguno, por lo que mal haría la
jurisdicción en darle validez a unos actos de los cuales se predica su
ineficacia y se pretenda argumentar que con estos se pretenda sustentar
la sanción impuesta en contra del aquí demandante”60.
A lo anterior, agregó que, “mediante sentencia de 22 de febrero de 2012,
con el radicado nro. 2012-01-031216, la Superintendencia de Sociedades
resolvió: Primero: “Declarar la nulidad absoluta de las decisiones
adoptadas en la reunión llevada a cabo el día 21 de mayo de 2010 (acta
nro.082) por el Fondo Ganadero del Meta S.A. (…)”, no teniendo sentido
predicar la existencia de una causal para sancionar al accionante”61.
Sin embargo, la Sala advierte que dicho argumento no fue expuesto en la
demanda, ni en el escrito que la complementó, razón por la cual no es
procedente que en el recurso de apelación el actor alegue que las
decisiones adoptadas en la reunión del 21 de mayo de 2010 fueron
declaradas nulas, dado que la apelación no constituye una oportunidad
para adicionar hechos nuevos por los que se considera el acto acusado
está viciado de nulidad; lo contrario equivaldría afectar el derecho de
defensa y contradicción de la Superintendencia de Sociedades y
desconocer que el recurso de apelación se circunscribe a las
inconformidades que el apelante tiene contra la sentencia de instancia.
Adicionalmente, el actor afirmó que en la “sentencia de 22 de febrero de
2012, con el radicado nro. 2012-01-031216”, la Superintendencia de
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Sociedades declaró “la nulidad absoluta de las decisiones adoptadas en la
reunión llevada a cabo el día 21 de mayo de 2010”; no obstante, dicha
documental no fue allegada al expediente.
Por el contrario, en los antecedentes administrativos remitidos al proceso,
reposa el oficio 306-029609 del 10 de mayo de 2010, en el que la
Coordinadora Grupo de Supervisión Especial le comunicó al entonces
representante legal del Fondo Ganadero del Meta S.A. que, “respecto de
la reunión convocada para el 21 de mayo de 2010 a las 2:00 PM,
efectuado el estudio de legalidad correspondiente, se encuentra ajustada
a la ley y a los estatutos, toda vez que cumple lo requerido en cuanto a
medio, antelación y órgano competente para convocar”62.
6.4.5. En lo relativo a “la reunión por derecho propio del 1 de abril
de 2011”
En este aspecto, la parte actora alegó en el recurso de apelación que,
conforme con el único parágrafo del artículo 16 de los estatutos del Fondo
Ganadero del Meta S.A., así como los artículos 422 y 429 del Código de
Comercio, “entendió” que era “legítima la reunión por derecho propio para
el día 1 de abril de 2011”.
En relación con este primer argumento, la Sala precisa que el fundamento
para que al actor se le sancionara con la remoción del cargo con
inhabilidad de diez años para ejercer el comercio radicó en que incumplió
las órdenes impartidas por las Superintendencia de Sociedades, entre las
que figuraba que no era procedente adelantar la reunión por derecho
propio; a lo que se agrega que el actor, a través de escrito del 16 de
marzo de 2011, alegó que sí era procedente la reunión por derecho propio
con fundamento en las mismas disposiciones que citó en el recurso de
apelación, frente a lo cual la Superintendencia, en el oficio 306-044992
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del 30 de marzo de 2011, le reiteró que no lo era y, pese a ello, el actor
actuó de manera contraria a lo señalado por la entidad. En ese sentido el
actor, en el recurso de apelación, no controvierte los motivos por los que
fue sancionado, esto es, el incumplimiento de las órdenes, sino que su
inconformidad la sustentó en la procedencia de la orden emitida por la
Superintendencia.
De otro lado, alegó que la asamblea celebrada el 1 de abril de 2011 no
generó ningún trastorno administrativo, a lo que añadió que se trató de
una reunión informal, puesto que no fue inscrita en la Cámara de
Comercio, así como tampoco afectó funciones de la entidad, y “tal como
obra prueba en el expediente no hace parte del libro de actas de
asambleas de accionistas del Fondo Ganadero del Meta, según
certificación expedida por el entonces representante legal de la empresa”.
En cuanto a este segundo argumento, la Sala observa nuevamente que
la parte actora no controvierte los fundamentos por los que fue
sancionado, entre los que se encuentra que se llevó a cabo el 1 de abril
de 2011 la reunión por derecho propio, pese a que la Superintendencia le
indicó expresamente que no era procedente.
Con todo, es pertinente precisar que las constancias de la reunión
celebrada el 1 de abril de 2011 obran en el acta nro. 83, y en el numeral
décimo de la parte considerativa del acto acusado se indicó que “el acta
83 correspondiente a la reunión por derecho propio celebrada el 1 de abril
de 2011, fue presentada para inscripción en la Cámara de Comercio de
Villavicencio y devuelta por ésta con oficio del 3 de junio de 2011
(radicado 111145507), el cual fue recurrido por el señor Fernando Herrera
Soto, miembro principal de junta directiva, el 16 de junio de 2011 // La
presentación del mencionado recurso constituye el inicio de otra batalla
jurídica que mantendrá a los administradores de la sociedad concentrados
en defender sus posiciones personales pero alejados del cumplimiento de
sus deberes legales y estatutarios en detrimento de los intereses del
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Fondo Ganadero del Meta S.A., situación esta que determinó el
sometimiento a control de la sociedad”63.
En ese contexto, se insiste en que el hecho que la precitada acta no haya
sido inscrita, no guarda relación con el fundamento para sancionar al
actor, por lo que se concluye frente a este reproche que el interesado
omitió controvertir la razón por la que la Superintendencia dispuso la
remoción del cargo junto con la inhabilidad para ejercer el comercio, que
no es otra que haber incumplido las órdenes impartidas, así como los
deberes de los administradores.
6.4.6. En cuanto a la “omisión de convocar asamblea ordinaria”
La parte actora sostuvo que el tribunal consideró que “el mandato emitido
por la Superintendencia en el sentido de ordenar que hasta tanto se
resuelva el recurso de apelación y este último se encuentre en firme, el
señor Gustavo Alonso Giraldo Vélez no podría ejercer la representación
legal del mencionado fondo, no resulta ilegal ni transgrede en modo
alguno el artículo 164 del Código de Comercio”; no obstante, alegó que el
artículo 164 ibidem establece que las personas inscritas en la cámara de
comercio como representantes legales de una sociedad conservarán tal
carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha
inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección.
Al respecto, la Sala considera que este reproche tampoco tiene vocación
de prosperidad, por cuanto el actor nuevamente controvierte la
procedencia de la orden impartida por la Superintendencia, cuando el
fundamento para sancionarlo radicó en que inobservó las órdenes
proferidas por el ente de control.
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En todo caso, la Sala observa que, mediante la Resolución nro. 009 del
11 de febrero de 2011, la Cámara de Comercio de Villavicencio suspendió
la inscripción como representante legal del señor Gustavo Alonso Giraldo
Vélez. Por su parte, el artículo 164 del Código de Comercio se refiere a
que “las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social
como representantes de una sociedad (…) conservarán tal carácter para
todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción
mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección”. Por lo tanto,
comoquiera que se suspendió la inscripción como representante legal, no
se advierte la vulneración de la precitada disposición, puesto que el señor
Giraldo Vélez no estaba inscrito en la Cámara de Comercio con dicha
calidad, ante la orden de suspensión de la inscripción.
En ese escenario, debe tenerse en cuenta que la Superintendencia de
Sociedades, en el oficio 306-035154 del 28 de febrero de 2011, además
de señalar que el señor Gustavo Alonso Giraldo Vélez no debía actuar
como representante legal hasta tanto se resuelva el recurso de apelación
interpuesto contra la Resolución nro. 009 del 11 de febrero de 2011,
precisó que “resulta necesario que en el recurso de apelación se decida
confirmar su inscripción”, en la medida en que, con ocasión de la
mencionada suspensión, no estaba inscrito como representante legal.
6.4.7. En relación con “las argumentaciones de la primera
instancia con relación al dictamen pericial rendido en esta
actuación con relación a los daños y perjuicios recibidos por el
accionante”
En este aspecto, la Sala precisa que en la demanda la parte actora, como
consecuencia de la nulidad de los actos demandados, solicitó la reparación
de los perjuicios causados en la modalidad de daño emergente, lucro
cesante y perjuicios inmateriales, y en el recurso de apelación insistió en
dicha pretensión, entre otros motivos, porque consideró que debía
declararse la nulidad total de los actos acusados. Entonces, se confirmará
la decisión de primera instancia que negó su reconocimiento, porque en
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este caso no se desvirtuó la presunción de legalidad de la sanción que la
Superintendencia de Sociedades le impuso al actor.
6.4.8. Sobre la condena en costas
De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, en
consonancia con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a
condenar en costas a la parte vencida, sólo en la medida en que su
conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u oponerse “un
fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de
colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición
de recursos con un interés meramente dilatorio”.
En el caso concreto, la parte demandante, en cumplimiento de su deber
legal, acudió al proceso, presentó la demanda, participó en la práctica de
las pruebas y presentó recurso, sin abusar de su derecho a acceder a la
administración de justicia. Por lo tanto, no hay lugar a acceder a su
reconocimiento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de marzo de 2015
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, en descongestión, según las razones explicadas en la parte
motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, conforme con lo
expuesto en la parte motiva.
TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
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ejecutoriada la presente providencia.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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