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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00681-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00681-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia del 9 de octubre de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”. En su lugar, DECLARAR la nulidad de la designación del miembro de Junta Directiva contenida en el artículo quinto de la Resolución 3057 del 8 de mayo de 2012 confirmada por la Resolución 3307 del 23 de mayo de 2012, así como de los artículos sexto, séptimo y octavo en lo relacionado con las advertencias, órdenes y exigencias relativas al miembro de la Junta Directiva designado por la Superintendencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 9 de octubre de 2014, en tanto negó las pretensiones adicionales de la demanda. 46 En adelante, CGP. 40 Radicado: 25000-23-41-000-2012-00681-01 Demandante: Alvaro Cote Hernández Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: ACEPTAR la renuncia presentada por el abogado Adolfo Suárez Eljach al poder que le confirió la Superintendencia de Transporte. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2012-00681-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-41-000-2012-00681-01
Demandante: Alvaro Cote Hernández
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Debido proceso en la remoción de administradores por incumplimiento de
órdenes administrativas. Designación de reemplazo.
Decisión: Revocar parcialmente la sentencia del 9 de octubre de 2014, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
“B”, que denegó las pretensiones de la demanda; en su lugar, declarar la
nulidad del artículo quinto de la Resolución 3057 del 8 de mayo de 2012,
debido a que, si bien la inhabilidad de dos (2) años para ejercer el comercio
impuesta al señor Álvaro Cote Hernández le impedía continuar en el
ejercicio del cargo como miembro de la Junta Directiva de la empresa, la
Superintendencia de Puertos y Transporte no estaba facultada para
designar su reemplazo; asimismo, declarar la nulidad de los artículos sexto,
séptimo y octavo en lo relacionado con las advertencias, órdenes y
exigencias relativas al miembro de la Junta Directiva designado por la
Superintendencia. Confirmar la negativa de las demás pretensiones de la
demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por el señor Alvaro Cote
Hernández contra la sentencia del 9 de octubre de 2014, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” que denegó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Alvaro Cote Hernández, por intermedio de apoderado judicial, presentó
demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, en contra de la Superintendencia de Puertos y Transporte,
en la cual formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 3057 del 8 de Mayo de 2012.
Dicha Resolución en su parte resolutiva decidió:

“ARTICULO PRIMERO: REMOVER inmediatamente al señor ALVARO COTE
HERNANDEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.922.363 del cargo de
Gerente y Representante Legal de la compañía LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S.A
identificada con el Nit. 892.000.224 y domiciliada en la ciudad de Bogotá de que trata el

1 La demanda fue radicada el 13 de diciembre de 2012. Folios 192 a 255 del cuaderno 1 del expediente digitalizado

que obra en el índice 32 Samai.
2 En adelante, CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 25000-23-41-000-2012-00681-01
Demandante: Alvaro Cote Hernández
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

presente acto administrativo por las razones expuestas en la parte considerativa del
presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: REMOVER inmediatamente al señor ALVARO COTE
HERNANDEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.922.363 del cargo de
Miembro Principal de Junta Directiva de la compañía LINEAS AEREAS
SURAMERICANAS S.A. identificada con el Nit. 892.000.224 y domiciliada en la ciudad de
Bogotá de que trata el presente acto administrativo, por las razones expuestas en la parte
considerativa del presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO: INHABILITAR para ejercer el comercio por el término de dos (2)
años contados a partir de la ejecutoria del presente acto al señor ALVARO COTE
HERNANDEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.922.363.

ARTICULO CUARTO: DESIGNAR al doctor FELIPE NEGRET MOSQUERA identificado
con la cédula de ciudadanía No. 10.647.494 como gerente y representante legal
principal de la sociedad LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S.A., identificada con el
Nit. 892.000.224 y domiciliada en la ciudad de Bogotá de que trata este acto
administrativo, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto
administrativo.

ARTICULO QUINTO: DESIGNAR al doctor DARIO LAGUADO MONSALVE identificado
con la cedula de ciudadanía 19.139.571 como miembro principal de la Junta directiva
de la sociedad LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S.A., identificada con el Nit.
892.000.224 y domiciliada en la ciudad de Bogotá de que trata este acto administrativo,
por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

(…).

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 3307 del 23 de mayo de 2012.
Dicha Resolución en su parte resolutiva decidió:

“PRIMERA: Confirmar en todas sus partes la resolución número 3057 del 8 de mayo de
2012, por la cual se remueve del cargo de Gerente, Representante Legal y miembro de
Junta Directiva y se inhabilita para ejercer el comercio por el término de dos (2) años, al
señor Alvaro Cote Hernández, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.922.363 de la
sociedad Líneas Aéreas Suramericanas S.A. identificada con Nit. No. 860526868-4, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

TERCERO. Que se ordene el restablecimiento al cargo de Gerente y Representante
Legal, así como de miembro de Junta Directiva de Líneas Aéreas Suramericanas LAS
S.A., al señor ALVARO COTE HERNANDEZ, con la correspondiente remuneración al
momento de la efectiva restitución al cargo.

CUARTA: Que se condene a la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
a pagar a favor de Alvaro Cote Hernández, identificado con cedula de ciudadanía No.
3.922.363 el valor de los perjuicios de orden material daño emergente y lucro cesante y
los perjuicios morales que le fueron ocasionados con los actos administrativos acusados,
los cuales ascienden aproximadamente a la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($1.286.544.000),
o de conformidad con lo que resulte probado en el proceso, suma que deberá ser
actualizada en su valor con la correspondiente indexación más los intereses causados a
la tasa máxima permitida por la Ley de conformidad con los artículos 187 y 192 del Código
de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

QUINTA. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia con reconocimiento de la
actualización monetaria y de los intereses moratorios de conformidad con los artículos
187, 189, 192, 194, 195 y demás normas concordantes del Código de Procedimiento y de

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00681-01
Demandante: Alvaro Cote Hernández
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) (mayúsculas sostenidas, negritas y
subrayas del texto original).

1.2. Hechos probados

De acuerdo con los planteamientos de las partes y las pruebas obrantes en el expediente,
la controversia tiene origen en los siguientes hechos:

1.2.1. La Superintendencia de Puertos y Transporte, en ejercicio de sus facultades de
inspección, vigilancia y control, sometió a control a la sociedad Líneas Aéreas
Suramericanas S.A. - LAS mediante la Resolución 25225 del 10 de diciembre de 2010 3,
en consideración a las irregularidades detectadas en su operación y con el fin de
garantizar una adecuada gestión administrativa, financiera y contable.

En los artículos segundo y tercero de dicha resolución, la entidad le ordenó a la sociedad
que, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la notificación del acto
administrativo, presentara un plan de recuperación y mejoramiento que abarcara la
totalidad de los aspectos señalados en el acto administrativo. El plan debía subsanar la
situación crítica de la empresa e incluir los déficits administrativos, financieros, contables
y operativos detectados por la Superintendencia durante la inspección, con el propósito
de restablecer la normalidad en la gestión de la sociedad.

1.2.2. Mediante la Resolución 00577 del 8 de abril de 20114, la entidad pública resolvió
el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 25225 del 10 de diciembre de
2010, introdujo modificaciones a lo inicialmente resuelto y amplió el plazo para la
presentación del plan de recuperación y mejoramiento a treinta (30) días calendario
contados a partir de la notificación del acto administrativo, con el fin de otorgar a la
sociedad un término adicional que le permitiera elaborar un plan integral acorde con los
requerimientos establecidos por la Superintendencia.

1.2.3. A través del memorial del 3 de junio de 2011 dirigido a la Superintendencia de
Puertos y Transporte, el gerente de la empresa Líneas Aéreas Suramericanas S.A.,
Alvaro Cote Hernández, indicó:

(…) comedidamente me permito presentar a continuación el correspondiente Plan de
Recuperación y Mejoramiento de la Sociedad.

Para estos efectos, procederemos a pronunciarnos respecto de cada uno de los puntos que
ese Despacho indicó en la Resolución de la referencia, así: (…)5.

1.2.4. En respuesta al plan de recuperación y mejoramiento allegado por el gerente y
representante legal de LAS, mediante Oficio 20117100101181 del 22 de junio de 2011,
el Superintendente Delegado de Concesiones e Infraestructura de la Superintendencia
de Puertos y Transporte, informó al señor Alvaro Cote Hernández, que:

En consideración a lo dispuesto en el numeral 6 del Artículo 187 del Código de Comercio
que establece entre otros, como función de la Asamblea de Accionistas la de adoptar, en
general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés
común de los socios, y dado que el plan de mejoramiento remitido a esta Superintendencia,
atendiendo lo ordenado en el Artículo Tercero de la Resolución 025225 del 10 de diciembre
de 2010, no refleja evidencia de su aprobación por parte del máximo órgano de decisión,

3 Folios 103 a 114 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
4 Folios 91 a 99 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
5 Folios 116 a 122 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00681-01
Demandante: Alvaro Cote Hernández
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

requerimos que el mismo sea sometido a aprobación por parte de este órgano social previo
a su entrega formal en esta Superintendencia.

Adicionalmente hacemos claridad que los planes de mejoramiento deben contener acciones
de mejora que sean cuantificables y/o medibles, realizables y deben adjuntar los
respectivos cronogramas cuando las acciones propuestas así lo requieran.

En consecuencia, se concede un plazo de 10 días calendario a partir de la fecha de recibido
de esta comunicación, para radicar nuevamente el plan de mejoramiento acompañado del
acta de asamblea, en la oficina de correspondencia de esta entidad6.

1.2.5. En comunicación del 18 de julio de 2011 dirigido a la Superintendencia de Puertos
y Transporte, el actor expresó:

Comedidamente me dirijo a usted para solicitarle la ampliación al plazo concedido para la
entrega del Plan de Mejoramiento aprobado por la Asamblea General de Accionistas, ya
que, según los estatutos de la Sociedad, debemos citar para la correspondiente reunión
con cinco (5) días comunes por lo menos, lo que nos impide cumplir con lo impuesto.

Por lo anterior solicito muy respetuosamente, se prorrogue el plazo para la entrega del Plan
de Mejoramiento, por diez (10) días más7.

1.2.6. Por Oficio 20117200126841 del 26 de julio de 2011, el Superintendente Delegado
de Concesiones e Infraestructura de la Superintendencia de Puertos y Transporte le
informó al señor Álvaro Cote Hernández:

En aras de procurar continuar con las acciones que permitan subsanar las situaciones que
dieron origen al sometimiento a control, le ampliará el plazo para cumplir con lo requerido
por única vez hasta el día 12 de agosto de 2011.

Vale la pena señalar que dicho plazo es impostergable y en caso de incumplimiento de la
entrega de la información solicitada, esta Superintendencia podrá hacer uso de las
atribuciones contempladas en el artículo 85 numeral 4 de la Ley 222 de 19958.

1.2.7. A través del Oficio 20117100140501 del 4 de agosto de 2011 cuyo asunto se refirió
al “proyecto plan de mejoramiento Vs ejecución plan de mejoramiento. Resolución No.
25225 de diciembre 10 de 2010”, el Superintendente Delegado de Concesiones e
Infraestructura de la Superintendencia de Puertos y Transporte, requirió al señor Alvaro
Cote Hernández, representante legal de LAS, en los siguientes términos:

(…) con el fin de evaluar los planes de mejoramiento presentados por la sociedad que usted
representa y en atención a la Resolución 25225 de 10 de diciembre de 2010 de
sometimiento a control, requerimos nos remita el plan de mejoramiento versus lo ejecutado
de ese plan de mejoramiento, indicando las acciones y fechas en que se efectuaron los
mismos, firmada por el representante legal, revisor fiscal y presidente de la Junta.

Dicha información debe ser radicada en la oficina de correspondencia de esta
Superintendencia en el término de cinco (5) días, contados a partir de su fecha de recibo
(…)9.

1.2.8. Mediante comunicación del 17 de agosto de 2011 dirigido a la Superintendencia
de Puertos y Transporte, el señor Cote sostuvo:

6 Folio 14 cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
7 Folio 80 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
8 Folio 78 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
9 Folio 15 cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00681-01
Demandante: Alvaro Cote Hernández
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

(…) PRIMERO: El pasado 03 de junio de 2011, mediante escrito radicado en sus
instalaciones, di contestación a los requerimientos solicitados en la Resolución No. 25225
de Diciembre de 10 de 2010, radicado No. 2011 - 560 - 026114 - 2, escrito mediante el cual
nos pronunciamos de fondo resolviendo y aclarando todo lo relacionado con el plan de
mejoramiento.

SEGUNDO: LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S.A., ha convocado a una Reunión
Extraordinaria de Junta Directiva, para el próximo lunes 22 de agosto de 2011 a las 8:30
a.m., por cuanto a la fecha no está nombrado Presidente de la Junta Permanente, razón
por la cual comedidamente solicitamos se sirvan ampliar el plazo para allegar el Plan de
Mejoramiento versus lo ejecutado dentro del plan de mejoramiento, lo anterior por cuanto
dentro de su requerimiento hace necesario que este vaya firmado por el Representante
Legal, Revisor Fiscal y Presidente de la Junta Directiva, requisito exigido para dar
cumplimiento a lo solicitado.

Por lo anterior, comedidamente solicito se sirva ampliar el plazo para allegar la información
requerida y en la forma solicitada10 (mayúsculas sostenidas y negritas del original).

1.2.9. En el Oficio 20127100025301 del 9 de febrero de 2012 con asunto “solicitud plan
de mejoramiento”, el Superintendente Delegado de Concesiones e Infraestructura de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, solicitó al señor Álvaro Cote Hernández:

(…) teniendo en cuenta la situación de sometimiento a control en la que se encuentran
inmersos, se requiere remitan a esta superintendencia la siguiente información:

• Plan de mejoramiento debidamente aprobado por la Junta Directiva.

Comedidamente le solicitamos dar cumplimiento a este requerimiento, en el término de 10
días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación…

El no cumplimiento de lo aquí dispuesto conllevará a que esta Superintendencia aplique lo
contemplado en la Ley 222 de 1995, Artículo 85, Numeral 411.

1.2.10. A través del escrito del 23 de febrero de 2012 dirigido a la Superintendencia de
Puertos y Transporte, el señor Álvaro Cote Hernández, señaló:

Con relación al asunto citado en referencia y ante las diferentes situaciones presentadas a
los miembros de la Junta Directiva para sesionar sobre la aprobación del Plan de
Mejoramiento, me permito informarle que la Gerencia convocó a reunión Extraordinaria de
Junta Directiva, para el próximo martes 28 de febrero de 2012. Razón por la cual
comedidamente solicito se sirva ampliar el plazo para la entrega del Plan de Mejoramiento
solicitado por su Despacho y dar así cumplimiento a su requerimiento12.

1.2.11. En el Oficio 20127100075161 del 16 de abril de 2012 con asunto “solicitud de
información”, el Superintendente Delegado de Concesiones e Infraestructura de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, informó al señor Alvaro Cote Hernández,
representante legal de LAS:

(…) teniendo en cuenta la situación de sometimiento a control en la que se encuentran
inmersos, se requiere remitan a esta superintendencia la siguiente información:

• Plan de mejoramiento debidamente aprobado por la Junta Directiva (…)13.

10 Folios 81 y 82 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
11 Folio 76 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
12 Folio 41 cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
13 Folio 74 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00681-01
Demandante: Alvaro Cote Hernández
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

1.2.12. Mediante el documento 2012100086921 del 7 de mayo de 2012 con asunto
“Requerimiento Plan de Recuperación y Mejoramiento”, el Superintendente Delegado de
Concesiones e Infraestructura de la Superintendencia de Puertos y Transporte, requirió
al señor Alvaro Cote Hernández, representante legal de LAS, así:

Revisado el sistema documental de la entidad “ORFEO” observa este Despacho que se
encuentran ampliamente vencidos los requerimientos efectuados a usted en condición de
representante legal de la sociedad Líneas Aéreas Suramericanas S.A. contenidos en los
oficios No. 20127100025301 y 20127100075161 del 9 de febrero y 16 de abril de 2012,
respectivamente los cuales hacen referencia a la presentación del Plan de recuperación y
manejo debidamente aprobado por la Junta Directiva.

Por tal motivo me permito solicitarle, se sirva dentro del término de un (1) día contado a
partir de la fecha de recepción del presente requerimiento presentar las explicaciones
correspondientes al incumplimiento de los requerimientos antes mencionados. Vale la pena
señalar que dicho plazo es impostergable y en caso de incumplimiento del mismo, esta
Superintendencia podrá hacer uso de las atribuciones contempladas en el artículo 85
numeral 4 de la Ley 222 de 1995, modificado por la Ley 1429 de 2010, art. 43.

Finalmente, me permito recordarle que esta información ya había sido solicitada mediante
los oficios 20117100101181 y 20117200126841 del 22 de junio y 26 de julio de 2011 a los
cuales usted solicitó prorroga las cuales se encuentran igualmente vencidas14.

1.2.13. A través del escrito de 7 de mayo de 2012 dirigido a la Superintendencia de
Puertos y Transporte, el señor Álvaro Cote Hernández, informó únicamente lo siguiente:

(…) me permito dar respuesta a su comunicación haciendo referencia que el pasado 3 de
junio de 2011, mediante el Radicado No. 2011 - 560 - 026114 - 2, allegue (sic) el plan de
mejoramiento solicitado por su Despacho, el cual mediante invitación enviada el 23 de
febrero de 2012 a los miembros de junta, convoque (sic) a Reunión Extraordinaria de Junta
Directiva celebrada el 28 de febrero de 2012, reunión celebrada donde el 50% de los
miembros Sr. Alvaro Cote Hernández y Sra. Carolina María Cote Muñoz; es decir dos (2)
votos aprobó el Plan de Mejoramiento presentado, y el otro 50% de los miembros Sra. María
Aleida Giraldo de Prieto y el Sr. Luis Enrique Prieto Giraldo; es decir dos (2) votos no lo
aprobó e hizo varias observaciones.

• Anexo copia de las convocatorias.
• Extracto del acta No. 103 de Febrero 28 de 201215.

1.2.14. La Superintendencia de Puertos y Transporte, mediante la Resolución 3057 del 8
de mayo de 2012, dispuso la remoción inmediata del señor Álvaro Cote Hernández de
los cargos de gerente, representante legal y miembro principal de la Junta Directiva de la
sociedad Líneas Aéreas Suramericanas S.A.; asimismo, designó a sus reemplazos y le
impuso una inhabilidad de dos (2) años para ejercer actos de comercio.

1.2.15. La Resolución 3057 del 8 de mayo de 2012 fue confirmada por la Resolución 3307
del 23 de mayo de 2012.

1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación

1.3.1. El señor Alvaro Cote Hernández invocó como violados los artículos 1, 2, 6, 26, 29,
38, 333 y 334 de la Constitución Política; los artículos 1, 2, 3, 14, 15, 34, 35, 36, 38, 44,

14 Folio 71 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
15 Folio 39 cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00681-01
Demandante: Alvaro Cote Hernández
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

45, 84 y 85 del CCA; los artículos 137, 138, 161, 162, 163 y 164 del CPACA; los artículos
25, 434 y 436 del Código de Comercio y el artículo 85 de la Ley 222 de 1995.

1.3.2. En el concepto de la violación se expusieron los siguientes cargos:

1.3.2.1. Primer Cargo: violación del orden jurídico superior en que debió fundarse el acto
administrativo. violación del artículo 1 y 6 de la Constitución Política y demás normas
concordantes, de los artículos 2, 3, 36, 84, 85 del Código Contencioso Administrativo
(decreto 01 de 1984), de los artículos 137 y 138 de la ley 1437 de 2011 (medios de
control) y demás normas concordantes, articulo 85 de la Ley 222 de 1995.

El actor sustentó este cargo en que la cláusula vigésima de la Resolución 3057 de 2012
estableció que se encontraba probado el incumplimiento de una orden impartida por la
entidad demandada, así como la omisión del señor Álvaro Cote Hernández respecto de
los deberes previstos en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, razón por la cual la entidad
ordenó su remoción como gerente, representante legal y miembro de la Junta Directiva
de la sociedad, junto con la imposición de una inhabilidad de dos (2) años para ejercer el
comercio.

Con base en lo anterior, sostuvo que, si la decisión se fundamentó en el incumplimiento
de una orden administrativa, resultaba indispensable verificar la legalidad de dicha orden;
en ese sentido, indicó que la entidad demandada debía sujetarse estrictamente a la ley y
que no podía imponer obligaciones no previstas de manera expresa en el ordenamiento
jurídico.

Precisó que, en este caso, la Superintendencia exigió en un primer momento la
aprobación del plan de mejoramiento y recuperación por parte de la Asamblea General
y, posteriormente, por la Junta Directiva, sin que existiera norma que atribuyera a estos
órganos la competencia para aprobar tales planes. Reprochó que la entidad hubiera
sancionado al actor por la falta de aprobación del plan, pese a que este fue elaborado y
presentado de manera oportuna, y a que la decisión de aprobarlo no dependía
exclusivamente de su voluntad.

Añadió que la entidad sustentó su exigencia en lo dispuesto en el numeral 6 del artículo
187 del Código de Comercio; sin embargo, aclaró que dicha disposición se limita a
señalar las funciones generales de la asamblea o junta de socios, sin incluir la aprobación
de este tipo de planes; en consecuencia, sostuvo que la autoridad construyó una
obligación inexistente y, con fundamento en esta, adoptó una decisión sancionatoria
ilegal.

De otra parte, el actor cuestionó los fundamentos fácticos del sometimiento a control de
la compañía; señaló que la Superintendencia calificó como irregulares diversas
actuaciones —préstamos a socios, contratos, operaciones comerciales, ajustes
contables e indicadores financieros— sin sustento jurídico ni técnico suficiente y afirmó
que tales elementos fueron valorados de manera incorrecta para justificar la medida
adoptada.

Concluyó que la sociedad no se encontraba en causal de disolución ya que mantenía una
operación rentable y su gestión se desarrollaba con la diligencia exigida en el mercado;
por tanto, afirmó que la decisión administrativa se apoyó en una premisa equivocada que
vulneró el orden jurídico superior.

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00681-01
Demandante: Alvaro Cote Hernández
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

1.3.2.2. Segundo Cargo. Falsa Motivación. Violación de los artículos 34, 35, 36, 84, 85 y
demás normas concordantes del Código Contencioso Administrativos y de los artículos
137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 (medios de control) y demás normas concordantes.

Para el actor, los actos administrativos demandados se encuentran incursos en la causal
de nulidad por falsa motivación, toda vez que se fundan en una apreciación errónea de
los hechos; en efecto, la decisión de remoción e inhabilidad por dos (2) años del
representante legal de LAS se sustentó en una interpretación equivocada de la realidad,
lo que configura un error de hecho atribuible a la Superintendencia de Puertos y
Transporte.

Sostuvo que los actos administrativos desconocen que el demandante cumplió de
manera diligente y prudente todas las gestiones necesarias para lograr la aprobación del
plan de recuperación y mejoramiento; en particular, atendió oportunamente los
requerimientos de la Superintendencia, elaboró el plan y lo presentó dentro del plazo
establecido; asimismo, convocó a la Junta Directiva en varias oportunidades y sometió el
plan a su consideración, incluso en cumplimiento de exigencias adicionales, como la
certificación de avances.

Señaló que, a partir de la información suministrada a la entidad, se concluye de manera
inequívoca que el representante legal entregó en forma oportuna y completa todos los
documentos solicitados; en consecuencia, la sanción de remoción resultó arbitraria, pues
recayó sobre un sujeto que actuó dentro del ámbito de sus funciones y ejecutó las
actuaciones necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas.

Argumentó que, dado que la aprobación del plan de recuperación y mejoramiento
correspondía a la Junta Directiva, la Superintendencia debía evaluar la conducta de los
miembros de dicho órgano, quienes eran los competentes para adoptar la decisión; en
tal sentido, la falta de aprobación no puede atribuirse al representante legal, quien carecía
de facultades para imponerla.

En este contexto, afirmó que se evidencia una confusión en la determinación del sujeto
responsable del incumplimiento de la orden administrativa; si la obligación recaía en el
representante legal, esta se satisfizo con la elaboración y presentación del plan; por el
contrario, si la competencia correspondía a la Asamblea de Socios o a la Junta Directiva,
no resultaba procedente sancionar al actor por una decisión que dependía de un órgano
colegiado.

De otra parte, sostuvo que el acto administrativo incurrió en error de derecho, toda vez
que se fundamentó en una obligación inexistente en el ordenamiento jurídico, consistente
en exigir la aprobación del plan por parte de la Asamblea General de Accionistas o de la
Junta Directiva, sin norma expresa que así lo disponga.

Precisó que la falsa motivación se agrava por la ausencia de sustento probatorio en
aspectos relevantes de la decisión; la entidad afirmó, sin explicación suficiente, que la
empresa se encontraba en una situación crítica, sin exponer las razones ni el análisis que
condujera a dicha conclusión.

Indicó que, en relación con los antecedentes, la Resolución 25275 de diciembre de 2010
señaló como fundamento del control un préstamo por valor de setecientos millones de
pesos ($700.000.000) otorgado al señor Álvaro Cote Hernández, presuntamente sin
autorización de la Junta Directiva y sin justificación económica; no obstante, tales hechos

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datan del año 2004, por lo que había operado la caducidad de la facultad sancionatoria;
en consecuencia, dichos hechos no podían servir de sustento para la sanción impuesta.

Adicionalmente, destacó que, para la época de dichas operaciones, en la sociedad se
entendía que no era necesaria la autorización de la Junta Directiva para ese tipo de actos,
pues el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá en 2010 evidencia que el representante legal no tenía limitaciones
para celebrar operaciones y contratos, lo que descarta cualquier infracción estatutaria.

Finalmente, señaló que el acto administrativo aludió a la existencia de pérdidas y a ciertos
indicadores financieros, pero no desarrolló análisis alguno que permita vincular estos
elementos con la sanción impuesta; aclaró que la mera existencia de pérdidas no
constituye una irregularidad jurídica y, en ausencia de una valoración técnica, tales
afirmaciones carecen de relevancia para sustentar la decisión.

1.3.2.3. Tercer cargo. Forma Irregular, violación de los artículos 14, 28, 34, 35, 36, 38,
84, 85 y demás normas concordantes del Código Contencioso Administrativo vigente
para el momento de la expedición de los actos administrativos acusados, artículos 137 y
138 de la Ley 1437 de 2011 (medios de control) y demás normas concordantes.

Indicó el actor que toda actuación administrativa iniciada en ejercicio del derecho de
petición debe orientarse a la expedición de un acto administrativo válido y debidamente
motivado, conforme a lo previsto en el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo;
asimismo, señaló que dicha normativa exige la valoración de las pruebas pertinentes, de
acuerdo con el artículo 34, así como la participación de los sujetos que puedan resultar
afectados por la decisión, en los términos del artículo 14 ibidem.

Señaló que esta última disposición regula la citación de terceros con el propósito de evitar
decisiones que afecten sus derechos sin que exista la oportunidad de intervenir en la
actuación.

Explicó que, en materia sancionatoria, la vinculación del investigado debe efectuarse
mediante la notificación del acto administrativo que contiene el pliego de cargos, el cual
debe indicar de manera expresa los hechos investigados, las normas presuntamente
vulneradas, los sujetos investigados y las posibles sanciones; además, dicho acto debe
notificarse de manera personal.

Indicó que estas garantías mínimas han sido reconocidas de manera reiterada por la
jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con el ejercicio de la potestad
sancionatoria y que, con posterioridad, se incorporaron en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a partir del artículo 47 y siguientes.

Sostuvo que, en el presente caso, la sanción se impuso sin fundamento legal, dado que
no existe norma que autorice exigir la aprobación del plan de recuperación y
mejoramiento por parte de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta Directiva;
agregó que se desconoció el procedimiento previsto en el Código Contencioso
Administrativo, puesto que la entidad no formuló pliego de cargos, no decretó ni practicó
pruebas y no otorgó la oportunidad de presentar descargos.

En consecuencia, afirmó que la actuación administrativa se apartó de las formalidades
legales que rigen el ejercicio de la potestad sancionatoria, lo que configura la causal de
nulidad por expedición irregular de los actos administrativos; esta situación evidencia,

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además, una vulneración grave de las garantías propias del debido proceso, en particular
del derecho de audiencia y contradicción.

1.3.2.4. Cuarto cargo; violación del derecho de audiencia y contradicción. Violación de
los artículos 29 de la Constitución Nacional (debido proceso y derecho de defensa), de
los artículos 1, 2, 3, 14, 34, 35, 44, 84 del Código Contencioso Administrativo (decreto 01
de 1984) y demás normas concordantes, artículos 137 y 138 de la ley 1437 de 2011
(medios de control) y demás normas concordantes.

Para el actor, con la sanción impuesta en su contra, la Superintendencia de Puertos y
Transporte ejerció por primera vez la facultad de remoción y sanción de administradores
de sociedades sometidas a su control, facultad que fundamentó en el numeral 4 del
artículo 85 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 43 de la Ley 1429 de 2010;
señaló que la Resolución 3057 del 8 de mayo de 2012 se expidió sin observancia de
procedimiento alguno y con vulneración evidente del debido proceso y del derecho de
defensa del demandante.

Destacó que la potestad sancionatoria no puede ejercerse de forma discrecional ni al
margen de un procedimiento administrativo que garantice el derecho de audiencia y
contradicción; en el presente caso, la Superintendencia impidió la controversia de las
pruebas y de los fundamentos de la decisión, lo que configura una vulneración múltiple
del debido proceso.

Expuso que las irregularidades de los actos administrativos demandados se concretan
en los siguientes aspectos:

(i) Ausencia de procedimiento sancionatorio previo: en relación con los fundamentos de
la sanción —el supuesto incumplimiento de la orden de remitir un plan de mejoramiento
aprobado por la Junta Directiva y la presunta omisión de deberes legales—, la entidad no
formuló pliego de cargos ni realizó una imputación clara y específica; tampoco informó
las pruebas en las que sustentaría la decisión ni otorgó la oportunidad de solicitarlas o
controvertirlas.

La Superintendencia se limitó a remitir, el 7 de mayo de 2012, una comunicación en la
que solicitó explicaciones al representante legal, señor Álvaro Cote Hernández, sobre el
supuesto incumplimiento en el envío del plan aprobado por la Junta Directiva, con la
advertencia de una posible aplicación de las medidas previstas en el artículo 85, numeral
4, de la Ley 222 de 1995; sin embargo, dicha comunicación no incluyó referencia alguna
a las supuestas omisiones de deberes legales y estatutarios que posteriormente sirvieron
de fundamento para la sanción.

En consecuencia, el actor no conoció de manera completa los cargos en su contra ni
contó con una posibilidad real de ejercer su defensa; además, la entidad le concedió un
plazo de un (1) día para responder, término irrazonable que hizo nugatorio el ejercicio
efectivo del derecho de defensa.

Resaltó que la Resolución 3057 del 8 de mayo de 2012, de extensa motivación, se expidió
el mismo día en que la Superintendencia recibió la respuesta del actor, circunstancia que
evidencia que la decisión ya se encontraba elaborada, por lo que la solicitud de
explicaciones constituyó una actuación meramente formal, sin garantía real de
participación.

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(ii) Inclusión sorpresiva de hechos no imputados: La resolución sancionatoria incluyó
como fundamento el supuesto incumplimiento de los deberes previstos en el artículo 23
de la Ley 222 de 1995; tales imputaciones se refirieron, entre otros aspectos, a la
concesión de créditos a socios, ajustes contables, relaciones contractuales con
proveedores, eventuales conflictos de interés, así como a la situación de liquidez y
pérdidas de la compañía.

No obstante, la Superintendencia no adelantó actuación previa respecto de estos hechos
ni los puso en conocimiento del actor como posibles cargos; su incorporación directa en
el acto sancionatorio evidencia un intento de justificar la decisión mediante argumentos
introducidos de manera extemporánea, sin respeto por las garantías procesales. Al no
formularse cargos sobre estas conductas ni otorgarse la oportunidad de controvertirlas,
se vulneraron los derechos de defensa y contradicción, al imponerse una sanción basada
en hechos que no fueron previamente debatidos.

(iii) Ilegalidad de la orden y falta de imputación correcta: En cuanto al supuesto desacato
de la orden de remitir un plan de mejoramiento aprobado por la Junta Directiva, la sanción
se sustentó en una exigencia ilegal y en una atribución incorrecta de responsabilidad; la
aprobación del plan no dependía del representante legal, sino de un órgano colegiado,
por lo que no resultaba procedente sancionarlo por una decisión que escapaba a su
competencia.

1.3.2.5. Quinto cargo, violación del principio de legalidad, del debido proceso, del derecho
de audiencia y contradicción. Violación de los artículos 29 de la Constitución Nacional,
85 numeral 4 de la ley 222 de 1995, 434 y 436 del Código de Comercio, artículos 1, 2, 3,
14, 34, 35, 44, 84 del Código Contencioso Administrativo (decreto 01 de 1984), y demás
normas concordantes, artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 (medios de control) y
demás normas concordantes. Remoción de la calidad de miembro de junta directiva al
señor Álvaro Cote Hernández con violación de garantías, procedimientos y derechos
sustanciales consagrados en esas normas.

El actor cuestionó su remoción como miembro principal de la Junta Directiva de la
empresa y la designación de un reemplazo. Sostuvo que dicha determinación careció de
fundamento normativo, desconoció las reglas del régimen societario y se adoptó con
vulneración del debido proceso, del derecho de defensa y de los principios que rigen la
actuación administrativa.

Precisó que la resolución impugnada pretende sustentar esa medida en “las razones
expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo”, según lo dispuesto
en su artículo segundo; no obstante, en la parte considerativa solo se analizan supuestas
conductas atribuidas al señor Álvaro Cote Hernández en su calidad de representante
legal, sin referencia alguna a actuaciones suyas como miembro de la Junta Directiva, por
lo que no existen fundamentos fácticos ni jurídicos que respalden su remoción en esta
última condición.

Sostuvo que debe tenerse en cuenta que el señor Álvaro Cote Hernández ostentaba tres
calidades dentro de la sociedad: representante legal (gerente), miembro de la Junta
Directiva y socio; a lo largo del acto administrativo, la Superintendencia le atribuyó el
incumplimiento de órdenes y la infracción de deberes en su condición de representante
legal, pero no formuló reproche alguno relacionado con su desempeño como miembro de
la Junta Directiva.

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En estas condiciones, la entidad no podía disponer su remoción como integrante de dicho
órgano; menos aún podía designar un reemplazo, decisión que excedió sus
competencias y configuró una actuación arbitraria.

La pretensión de justificar esta medida con base en la gravedad de los hechos atribuidos
como administrador resulta improcedente; tal razonamiento desconoce el principio de
imputación personal de la responsabilidad, según el cual toda sanción debe fundarse en
conductas específicas atribuibles al sujeto en la calidad en que se le sanciona.

En el presente caso, la sanción como miembro de la Junta Directiva carece de soporte,
ya que no existe imputación, análisis ni valoración de conductas relacionadas con ese
rol; en consecuencia, se impuso una medida sin causa que la justifique, en abierta
vulneración del debido proceso.

1.3.2.6. Sexto cargo violación del derecho de audiencia y contradicción - debido proceso.
violación de los artículos 29 de la Constitución Nacional, y artículos 1, 3, 14, 15, 28 y 34
del Código Contencioso Administrativo vigente para la época de los hechos (decreto 01
de 1984), en armonía con el artículo 187 del Código de Comercio, al no haber vinculado
a los miembros de junta y accionistas en las actuaciones administrativas. artículos 137 y
138 de la Ley 1437 de 2011 (medios de control) y demás normas concordantes.

Para la parte actora, el hecho de que la Superintendencia ejerciera funciones de control
con fundamento en la Ley 222 de 1995, y que dicha norma o las disposiciones especiales
aplicables no contemplaran un procedimiento específico para el ejercicio de la potestad
sancionatoria —en particular, para la remoción de administradores—, no autorizaba
prescindir de todo procedimiento ni a diseñar uno discrecional para el caso concreto.

Sostuvo que las competencias de las autoridades administrativas son regladas; en
consecuencia, toda entidad pública debe adelantar sus actuaciones conforme a las
normas que las rigen. En el presente caso, si el Superintendente consideraba procedente
ejercer sus facultades de inspección, vigilancia y control, debía aplicar las disposiciones
del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), vigente para la época, en
materia de actuaciones administrativas.

Recordó que los principios y reglas previstos en la primera parte del Código Contencioso
Administrativo son de obligatoria aplicación para todas las autoridades, salvo que existan
normas especiales que regulen de manera expresa el procedimiento correspondiente; en
este asunto no existían disposiciones especiales que regularan la remoción de
administradores ni la remoción y designación de miembros de la Junta Directiva, por lo
que resultaba imperativo aplicar el régimen general.

Resaltó que la inobservancia de estas reglas no constituye una irregularidad menor; por
el contrario, implica la vulneración de principios fundamentales como el debido proceso,
el derecho de defensa, la libertad de empresa y los derechos de los accionistas.

Llamó la atención que, en lo que respecta a los terceros potencialmente afectados, la
Superintendencia debía garantizar su participación conforme a las reglas del Código
Contencioso Administrativo; en particular, correspondía:

(i) Notificar el inicio de la actuación administrativa dirigida a remover al señor Álvaro Cote
Hernández como representante legal y miembro de la Junta Directiva, así como a
designar sus reemplazos.

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(ii) Permitir a los terceros interesados solicitar pruebas y presentar sus argumentos.

(iii) Notificar la decisión adoptada.

Los terceros directamente afectados por estas decisiones eran los accionistas y los
miembros de la Junta Directiva; en efecto, corresponde a la Junta Directiva la designación
del representante legal de la sociedad, por lo que una decisión que disponga su remoción
incide directamente en sus competencias legales y estatutarias.

De igual forma, los accionistas tienen un interés directo en este tipo de actuaciones, ya
que son los principales interesados en las decisiones relacionadas con la adopción de
planes de mejoramiento, en la medida en que estas inciden en la situación financiera y
en los resultados de la sociedad; además, les corresponde la designación de los
miembros de la Junta Directiva, tanto principales como suplentes.

Por esta razón, la decisión de remover a un miembro principal de la Junta Directiva y
designar su reemplazo afectó de manera directa las atribuciones de la Asamblea de
Accionistas; esta intervención resulta aún más cuestionable si se tiene en cuenta que,
ante la ausencia de un miembro principal, podía actuar su suplente, sin necesidad de una
designación adicional por parte de la autoridad administrativa.

En consecuencia, la Superintendencia desconoció la participación de terceros
directamente interesados y adoptó decisiones que incidían en sus derechos y
competencias, sin garantizarles intervención alguna, en abierta vulneración del debido
proceso.

1.3.2.7. Séptimo cargo. Desviación de poder. Violación de los artículos 1, 2, 3, 36 y 84
del Código Contencioso Administrativo y demás normas concordantes, artículos 137 y
138 de la Ley 1437 de 2011 (medios de control) y demás normas concordantes, artículos
434, 436 del Código de Comercio y demás normas concordantes.

Para el actor, la decisión del Superintendente de Puertos y Transporte de designar un
miembro de la Junta Directiva desbordó los fines de la función atribuida y constituyó una
actuación arbitraria; dicha determinación desconoció las normas del Código de Comercio
que regulan el funcionamiento de los órganos sociales, en particular la Asamblea General
de Accionistas como órgano de decisión y la Junta Directiva como órgano de dirección.

Precisó que la facultad de remoción de administradores no habilita a la autoridad
administrativa para desconocer las reglas legales y estatutarias que regulan la
designación y reemplazo de los miembros de la Junta Directiva; en especial, no permite
afectar la figura de los suplentes ni sustituir la competencia de la Asamblea General de
Accionistas, órgano encargado de la designación de dichos miembros.

Destacó que, el nombramiento de un reemplazo por parte de la Superintendencia solo
podría justificarse si la remoción del administrador se hubiera fundado en conductas
atribuibles a su desempeño en ese mismo cargo; en el presente caso, la entidad sustentó
la sanción en supuestas actuaciones del señor Álvaro Cote Hernández como
representante legal, no como miembro de la Junta Directiva.

En consecuencia, no resultaba procedente su remoción en esta última calidad ni, por
tanto, la designación de un reemplazo; la Superintendencia extendió de manera indebida
los efectos de una imputación formulada en una condición distinta, vulnerando el principio
de responsabilidad personal.

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Explicó que, ante la eventual imposibilidad del señor Cote Hernández de ejercer el cargo
de miembro principal de la Junta Directiva, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos
específicos: en primer lugar, el suplente debe asumir sus funciones en las sesiones
correspondientes, conforme a lo dispuesto en los artículos 434 y 436 del Código de
Comercio; en segundo lugar, la Asamblea General de Accionistas puede designar un
nuevo miembro, en ejercicio de su competencia legal.

Por tanto, la intervención de la Superintendencia resultaba innecesaria y contraria a
derecho, toda vez que existían mecanismos legales y estatutarios suficientes para
garantizar el funcionamiento de la Junta Directiva.

La decisión de designar un reemplazo del señor Cote Hernández como miembro de la
Junta Directiva de LAS constituyó una medida desproporcionada frente a los fines de las
facultades de inspección, vigilancia y control de la autoridad pública, en tanto:

(i) El señor Cote Hernández no incurrió en conducta alguna como miembro de la Junta
Directiva que justificara su remoción; y

(ii) Aún en el evento de una inhabilidad para ejercer el comercio, el ordenamiento prevé
soluciones que no implican la intervención de la autoridad administrativa en la estructura
interna de la sociedad.

En consecuencia, la actuación administrativa vulneró las competencias de los órganos
sociales y configuró una extralimitación en el ejercicio de la potestad de control.

1.3.2.8. Octavo cargo, violación de la norma superior por falta de competencia temporal
para imponer sanciones, artículos 38 del Código Contencioso Administrativo (decreto 01
de 1984), artículos 137 y 138 de La ley 1437 de 2011 (medios de control) y demás normas
concordantes.

El artículo 38 del Código Contencioso Administrativo establece un término de tres (3)
años como plazo de caducidad para el ejercicio de la potestad sancionatoria; en
consecuencia, si transcurre dicho término desde la ocurrencia de los hechos sin que la
administración adelante la actuación correspondiente e imponga la sanción, pierde
competencia temporal para ejercer dicha potestad.

En la Resolución 3057 de 2012, la Superintendencia aludió de manera imprecisa a un
supuesto incumplimiento de deberes por parte del señor Álvaro Cote Hernández, con
fundamento en diversos hechos. Entre ellos, se mencionaron préstamos a accionistas
realizados en el año 2004, relaciones comerciales con empresas como Lee Logistics,
iniciadas en ese mismo año, y Latin American Aviation, cuya vinculación data del año
2002. Asimismo, se hizo referencia a otras conductas y omisiones ocurridas con
anterioridad al 19 de junio de 2009.

Dado que todos estos hechos se sitúan por fuera del término de tres (3) años previsto en
el artículo 38 del CCA, para el demandante se configuró la caducidad de la facultad
sancionatoria y, en consecuencia, la Superintendencia carecía de competencia temporal
para imponer sanción con fundamento en tales circunstancias.

Así, al ejercer la potestad sancionatoria fuera de los límites temporales establecidos en
la ley, la entidad incurrió en la causal de nulidad por falta de competencia, lo que vicia de
manera sustancial el acto administrativo demandado.

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II. TRÁMITE DE LA DEMANDA

2.1. Mediante auto del 21 de enero de 201316, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, inadmitió la demanda porque no se
aportaron las direcciones de notificación electrónica de las partes y los terceros que
debían ser vinculados al proceso.

2.2. El 4 de febrero de 201317, la parte actora allegó los datos solicitados por el Tribunal.

2.3. Mediante auto del 18 de febrero de 201318, el Tribunal admitió la demanda y ordenó
correr traslado al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y
Transporte, en calidad de demandados, así como a los señores Felipe Negret Mosquera,
gerente y representante legal principal designado de LAS, y Darío Laguado Monsalve,
miembro principal de la junta directiva de la misma sociedad, como terceros interesados
en las resultas del proceso.

2.4. La sociedad Líneas Aéreas Latinoamericanas S.A.19 contestó la demanda20, se
opuso a sus pretensiones y señaló que esta es jurídicamente incompleta, dado que los
actos administrativos objeto de impugnación se produjeron en el marco del ejercicio de
la atribución de control que el artículo 85 de la Ley 222 de 1995 confiere a la
Superintendencia de Puertos y Transporte. Dentro de ese procedimiento, los actos
demandados representan solo algunas de las consecuencias de la actuación de control
a la que se sometió la sociedad y, por tanto, no reflejan la totalidad de la actuación
administrativa ni de la voluntad de la administración.

Destacó que la demanda omitió actos fundamentales que forman parte integral del
proceso administrativo, tales como: el acto mediante el cual la Superintendencia sometió
a la empresa a control; el acto que confirmó dicha decisión; el acto mediante el cual se
declaró administrativamente responsable al señor Álvaro Cote Hernández por hechos
constitutivos de violaciones a la ley sustancial; el acto que confirmó las sanciones
impuestas en esa oportunidad; y, finalmente, el acto conclusivo de la actuación
administrativa, que para la fecha de la contestación no se había producido. La omisión
de estos actos en la demanda genera una proposición incompleta, puesto que no permite
comprender en su totalidad la secuencia, la finalidad y el contexto de las decisiones
adoptadas por la administración.

Adicionalmente, sostuvo la inexistencia de causal que afecte la validez de los actos
administrativos impugnados, dado que estos fueron expedidos por la Superintendencia
de Puertos y Transporte en estricto cumplimiento de la ley y dentro de las atribuciones
legales que le confiere el ejercicio de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades
sujetas a su supervisión, conforme a lo establecido en la Ley 222 de 1995.

En este sentido, afirmó que los actos impugnados se encuentran dentro del marco
normativo aplicable y no presentan vicios de legalidad que puedan comprometer su
validez, dado que todas las actuaciones se llevaron a cabo con respeto de las

16 Folio 260 del cuaderno 1 expediente digitalizado que obra en el índice 32 Samai.
17 Folio 262 del cuaderno 1 expediente digitalizado que obra en el índice 32 Samai.
18 Folio 264 del cuaderno 1 expediente digitalizado que obra en el índice 32 Samai.
19
El auto que admitió la demanda ordenó notificar personalmente al señor Felipe Negret Mosquera en su calidad de
gerente y representante legal principal designado de la sociedad Líneas Aéreas Suramericanas S.A. El señor Negret
informó al Despacho que dio traslado de dicha notificación a la empresa LAS, dado que desde el 20 de noviembre de
2012 no se desempeñaba como representante legal de dicha compañía (folio 273 del cuaderno 1 expediente
digitalizado que obra en el índice 32 Samai) y ese contexto intervino esta última en la actuación.
20 Folios 291 a 306 del cuaderno 1 expediente digitalizado que obra en el índice 32 Samai.

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competencias legales de la autoridad, en el marco de los procedimientos administrativos
correspondientes.

2.5. La Superintendencia de Puertos y Transporte21 se opuso a las pretensiones de la
demanda y sostuvo que las actuaciones administrativas cuestionadas se desarrollaron
dentro del marco legal conferido por la Ley 222 de 1995, particularmente en el ejercicio
de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades sujetas a su
supervisión.

En relación con la exigencia de aprobación del Plan de Recuperación y Mejoramiento por
parte de los órganos societarios, la entidad afirmó que no existió ilegalidad ni confusión
en las órdenes impartidas. Precisó que la imprecisión inicial, consistente en que primero
se ordenó la aprobación del plan por la Asamblea General de Accionistas y
posteriormente por la Junta Directiva, se corrigió oportunamente mediante actuaciones
posteriores.

La Superintendencia sostuvo que la documentación del expediente no contiene reproche
alguno del señor Álvaro Cote Hernández respecto de dicha supuesta confusión, pues en
su respuesta del 7 de mayo de 2012 no mencionó este aspecto; además, aclaró que la
solicitud del plan de mejoramiento nunca implicó que este se elaborara al margen de los
órganos societarios.

Destacó que cada actuación de la Superintendencia se ajustó estrictamente a las
facultades legales derivadas de sus funciones de inspección, vigilancia y control. En lo
relativo al debido proceso, la entidad recordó lo dispuesto en la Resolución 3307 del 23
de mayo de 2012, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, evidenciando
que el señor Cote Hernández contó en múltiples oportunidades con la posibilidad de
ejercer su derecho de defensa y presentar descargos frente a los requerimientos, incluida
la solicitud oficial de explicaciones por los incumplimientos reiterados.

La Superintendencia precisó que las órdenes administrativas cuestionadas fueron
debidamente impartidas, notificadas y sucesivamente desconocidas por el destinatario;
en todo momento, la entidad aplicó los principios garantistas del derecho administrativo
constitucional, evaluando la razonabilidad y proporcionalidad de cada actuación, así
como las causales de revocatoria directa de los actos administrativos, garantizando los
derechos del administrado.

La actuación administrativa se desarrolló entre el 10 de diciembre de 2010 y el 7 de mayo
de 2012, período durante el cual la Superintendencia buscó que el señor Cote Hernández
presentara el plan de recuperación y mejoramiento aprobado por la Junta Directiva, en
beneficio de la sociedad. La evidencia demuestra que el señor Cote Hernández, en su
calidad de gerente y representante legal, no cumplió con las múltiples solicitudes,
limitándose a solicitar prórrogas que expiraron sin presentar el plan requerido,
indispensable para el correcto desarrollo del objeto social.

De lo anterior se desprenden dos escenarios: por un lado, la actuación cooperativa y
garantista de la Superintendencia, que concedió plazos razonables y permitió el ejercicio
del derecho de defensa; por el otro, la conducta del señor Cote Hernández, que no acató
las órdenes, pospuso la presentación de las obligaciones exigidas y entregó documentos
de manera defectuosa, lo cual constituyó un incumplimiento reiterado de las instrucciones
administrativas.

21 Folios 512 a 537 del cuaderno 1 expediente digitalizado que obra en el índice 32 Samai.

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La Superintendencia destacó que las fallas en la administración de la sociedad
justificaron la remoción del representante legal y la imposición de inhabilidad para ejercer
el comercio, medida necesaria, proporcional y estructural frente a las acciones que
afectaron a la sociedad y al Estado de Derecho.

Sostuvo que la remoción del señor Cote Hernández como miembro principal de la Junta
Directiva se fundamentó en el numeral 4 del artículo 85 de la Ley 222 de 1995, que
establece la imposición de inhabilidad para ejercer el comercio por un período máximo
de diez (10) años; en este caso, la inhabilidad se limitó a dos (2) años, con respeto a la
proporcionalidad y a la expectativa de normalización de la actividad de la sociedad.

Aseveró que la actuación de la Superintendencia se desarrolló conforme a la ley, y que
la designación del reemplazo del miembro de la Junta Directiva removido no contraviene
normativa alguna, pues la entidad tiene facultad expresa para designar reemplazos de
administradores removidos. Adujo que el reemplazo designado era un tercero calificado
y neutral, sujeto a las leyes que rigen el desempeño de su función, quien debió actuar en
beneficio de la sociedad y sin conflictos de interés respecto de los accionistas.

Señaló que la apreciación del demandante sobre la caducidad de los hechos es errónea,
pues confunde los fundamentos de dos actos administrativos distintos: la Resolución
25225 del 10 de diciembre de 2010, que sometió a control a la sociedad, y la Resolución
3057 de 2012, que impuso la sanción por incumplimiento en la presentación del plan de
recuperación y mejoramiento. Así, se trata de dos momentos diferentes de intervención
administrativa: supervisión inicial de la sociedad y aplicación de medidas correctivas
frente a obligaciones específicas, cuya imposición fue proporcional, legal y necesaria.

Finalmente, la Superintendencia propuso como excepciones: (i) legalidad de los actos
administrativos expedidos y (ii) ausencia de causa petendi.

2.6. El Ministerio de Transporte22 contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, y
afirmó que, dado que estas no se encuentran dirigidas contra dicha entidad, se configuró
la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Afirmó que los actos cuestionados no fueron expedidos por el Ministerio de Transporte y
que tampoco intervino en su emisión, por lo que no existe responsabilidad ni vinculación
directa con los hechos reclamados. Asimismo, aclaró que, conforme al artículo 159 de la
Ley 1437 de 2011, la Superintendencia de Puertos y Transporte posee capacidad para
ser parte en los procesos judiciales y administrativos derivados del ejercicio de sus
funciones públicas, debiendo estar representada por la persona de mayor jerarquía en la
entidad que expidió el acto o produjo el hecho, lo cual exime al Ministerio de Transporte
de cualquier responsabilidad en este caso.

En línea con lo anterior, formuló las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la
causa por pasiva; (ii) inexistencia de nexo causal entre lo demandado y las funciones o
actuaciones del Ministerio de Transporte; (iii) autonomía administrativa y financiera de la
Superintendencia de Puertos y Transporte; (iv) ejercicio de funciones delegadas por la
Presidencia de la República a la Superintendencia de Puertos y Transporte; (v)
inexistencia de injerencia del Ministerio de Transporte en las funciones y actividades de
la Superintendencia; y (vi) incumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en el
numeral 1 del artículo 161 del CPACA, por no haberse llamado a conciliación previa al
Ministerio de Transporte.

22 Folios 573 a 578 del cuaderno 1 expediente digitalizado que obra en el índice 32 Samai.

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2.7. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del CPACA, el despacho
sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B, celebró audiencia inicial el 24 de junio de 201423, a la cual asistieron las partes
demandante y demandada.

El despacho sustanciador fijó el litigio de la siguiente manera:

el problema jurídico en este caso se contrae a determinar si con la expedición de las
resoluciones números 3057 del ocho (8) de mayo de dos mil doce (2012) y 3307 del
veintitrés (23) mayo siguiente a través de los cuales la Superintendencia de Puertos y
Transporte removió al demandante en su calidad de gerente, representante legal y miembro
de la junta directiva de la sociedad Líneas Aéreas Suramericanas S.A. y se resolvió el
recurso de reposición interpuesto en contra de dicha decisión en el sentido de confirmarla
en su integridad, se desconocieron las normas de rango superior en que las mismas debían
fundarse, se incurrió en falsa motivación, se vulneró el derecho de audiencia y
contradicción, se desconoció el principio de legalidad, se incurrió en desviación de poder y
si hubo o no falta de competencia por parte de la entidad que las profirió.

Seguidamente, se agotaron las etapas de conciliación y decreto de pruebas. Al respecto,
el despacho sustanciador ordenó a la Superintendencia de Puertos y Transporte aportar
los antecedentes administrativos. Además, decretó varias pruebas documentales y fijó
como fecha para la audiencia de pruebas el 14 de julio de 2014.

2.8. En la audiencia de pruebas24, de conformidad con el artículo 181 del CPACA, el
despacho sustanciador corrió traslado para alegar de conclusión por considerar
innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento.

La demandante25, la Superintendencia de Puertos y Transporte26, el Ministerio de
Transporte27 y la sociedad Líneas Aéreas Suramericanas S.A.28 presentaron escritos de
alegatos de conclusión. El Ministerio Público no rindió concepto.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 9 de octubre de 201429, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, resolvió:

Primero: No prosperan las excepciones propuestas.

Segundo: Deniéganse las pretensiones de la demanda.

Tercero: Condenase en costas a la parte demandante. Por secretaria liquídense.

Cuarto: En firme esta providencia, archívese el expediente.

El Tribunal consideró que las pretensiones de la demanda no podían prosperar, toda vez
que no se desvirtuó la presunción de legalidad que ampara a las Resoluciones 3057 y
3307 de 2012, según lo siguiente:

23 Folios 3 a 8 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
24
Folios 189 a 191 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
25 Folios 219 a 244 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
26 Folios 208 a 211 del cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
27 Folios 212 a 218 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
28 Folios 194 a 207 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
29 Folios 246 a 278 del cuaderno 2 expediente digitalizado que obra en el índice 32 Samai.

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3.1. Frente a la excepción planteada por la sociedad Líneas Aéreas Suramericanas sobre
la proposición jurídica incompleta, el Tribunal precisó que, aunque durante la
investigación la Superintendencia de Puertos y Transporte adoptó diversas decisiones y
algunas determinaciones aún permanecían pendientes dentro del ejercicio de vigilancia
y control sobre la sociedad, ello no constituía una proposición jurídica incompleta, pues
los actos cuestionados resolvieron situaciones concretas del actor y generaron efectos
particulares sobre su posición dentro de la sociedad, lo que hacía procedente su control
judicial de manera independiente de otras decisiones.

3.2. Respecto a las excepciones de inexistencia de causal que afecte la validez de los
actos, legalidad de estos y ausencia de causa petendi propuestas por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, el Tribunal señaló que se trataba de aspectos
que formaban parte del fondo del asunto y, por tanto, no podían resolverse como
excepciones.

3.3. En cuanto al primer cargo, recordó que la Superintendencia tenía competencia para
ejercer la inspección, vigilancia y control sobre la sociedad, cuyo objeto principal era la
prestación del servicio de transporte aéreo de carga, en virtud de la competencia residual
prevista en la Ley 222 de 1995.

Sobre la exigencia de aprobación y presentación del plan de recuperación y
mejoramiento, precisó que se trató de una medida razonable para superar la situación
crítica de la sociedad, destinada a corregir deficiencias administrativas, financieras y
contables generadas por la gestión del actor como gerente.

Consideró que la exigencia de que el plan fuera aprobado por la junta directiva antes de
su presentación a la Superintendencia no constituía una condición excesiva,
especialmente dado que muchas decisiones irregulares adoptadas por el actor carecían
de la aprobación de ese órgano directivo.

Además, destacó que se probó que el actor no presentó el plan conforme a los requisitos
establecidos y que sus gestiones ante la junta directiva resultaron infructuosas debido a
observaciones sobre facultades del gerente, convocatorias a asambleas, préstamos
otorgados al actor, desacuerdos de algunos accionistas y conflictos sobre la
administración de bienes y contratos.

3.4. En relación con el segundo cargo, el Tribunal destacó que la obligación del actor no
podía considerarse cumplida, ya que el plan presentado no fue aprobado por la junta
directiva, lo que impedía su implementación efectiva como solución a los problemas de
la sociedad. Lo presentado ante la Superintendencia correspondió a un proyecto
pendiente de aprobación, y su incumplimiento generó las consecuencias legales
previstas dentro de la toma de control.

3.5. Respecto al tercer cargo, precisó que la actuación de la Superintendencia no
constituyó un proceso disciplinario formal, sino la toma de control de la sociedad para
solventar la crisis provocada por irregularidades en su administración. Como parte de
esta medida, se exigió al actor la presentación del plan de recuperación y mejoramiento,
y su incumplimiento motivó la remoción de sus cargos de gerente, representante legal y
miembro de la junta directiva, medida amparada en las atribuciones legales de la
Superintendencia, que podía remover representantes legales por justa causa.

El Tribunal reiteró que, aunque el actor alegara violaciones al derecho de defensa y al
debido proceso, la actuación correspondió a una medida especial de control destinada a

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restablecer el buen manejo de la sociedad. El actor tuvo múltiples oportunidades para
presentar justificaciones, rendir explicaciones y aportar pruebas sobre los motivos que
impedían la aprobación del plan ante la junta directiva y su presentación ante la
Superintendencia.

3.6. En relación con el cuarto cargo, el Tribunal afirmó que el derecho de defensa se
garantizó dentro del procedimiento de toma de control, y que el actor pudo controvertir
las decisiones y fundamentos de la Superintendencia relacionados con su gestión
inadecuada.

3.7. Respecto al quinto cargo, destacó que la remoción del actor como miembro de la
junta directiva fue consecuencia directa de la pérdida de su calidad de gerente y de la
inhabilidad para ejercer el comercio, siendo legal y procedente su exclusión del órgano
de decisión.

3.8. El sexto cargo fue desestimado, al considerar que la vinculación de los integrantes
de la junta directiva y de los accionistas no era necesaria, dado que todos tenían pleno
conocimiento del procedimiento y podían intervenir voluntariamente. Además, el Tribunal
destacó que la medida adoptada por la Superintendencia beneficiaba a los intereses de
la sociedad y de los accionistas.

3.9. En cuanto al séptimo cargo, sostuvo que la designación de un reemplazo del actor
por la Superintendencia se realizó conforme a la competencia conferida por la Ley 222
de 1995, lo que desplazó la autonomía de la sociedad en situaciones excepcionales de
toma de control.

3.10. Finalmente, sobre el octavo cargo, indicó que la facultad sancionatoria de la
Superintendencia no había caducado, ya que los hechos que motivaron la toma de control
y la sanción ocurrieron entre el 21 y 22 de junio de 2010, y la resolución que agotó la vía
gubernativa se notificó el 19 de junio de 2012; esto es, dentro del término legal para su
imposición.

3.11. Así las cosas, el Tribunal concluyó que las actuaciones de la Superintendencia de
Puertos y Transporte fueron legales, razonables y proporcionales, y que no se vulneró el
derecho de defensa ni el debido proceso del actor. En consecuencia, denegó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora interpuso recurso de apelación30 y solicitó la revocatoria de la sentencia
del 9 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “B”, con base en los siguientes reparos:

4.1. Manifestó que en la demanda no cuestionó las facultades generales de vigilancia y
control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, claramente establecidas en la
normatividad vigente; sino que el debate se planteó a partir de la exigencia específica de
que el plan de mejoramiento debiera ser aprobado primero por la Asamblea General de
Accionistas y, posteriormente, por la Junta Directiva de la sociedad, conforme a la
decisión de la Superintendencia.

En ese sentido, la parte actora argumentó que el Código de Comercio no contempla
norma alguna que otorgue competencia a la Asamblea ni a la Junta Directiva para aprobar
30 Folios 284 a 306 del cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.

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un plan de mejoramiento impuesto por una autoridad administrativa. Asimismo, sostuvo
que no existe disposición que faculte a la Superintendencia para exigir a los órganos de
administración la aprobación de un plan dentro de sus funciones de control y vigilancia,
ya que dichas actuaciones están reguladas por la ley y los estatutos de la sociedad. En
consecuencia, la Superintendencia careció de respaldo legal para condicionar la
presentación del plan a la aprobación de estos órganos internos.

Precisó que el conflicto central radica en que la orden de la Superintendencia imponía un
requisito sin sustento normativo y que, dadas las circunstancias particulares de la
sociedad, resultaba prácticamente imposible de cumplir. Señaló que la composición de
la Asamblea y de la Junta Directiva estaba dividida entre dos grupos familiares que
reiteradamente no alcanzaban acuerdos sobre asuntos relevantes, evidenciando pugnas
internas que impedían consensos sobre la gestión de la sociedad. Estas disputas
dificultaban la aprobación formal de cualquier plan, haciendo que la exigencia de
aprobación resultara impracticable.

4.2. Afirmó que el señor Cote Hernández elaboró y presentó el plan de mejoramiento ante
la Asamblea y la Junta Directiva, cumpliendo con los correctivos señalados por la
Superintendencia. Sin embargo, la entidad condicionó la validez de la presentación del
plan a la aprobación formal de dichos órganos, lo que convirtió la orden en ilegal, excesiva
e imposible de cumplir. La exigencia de un requisito sin respaldo legal ni estatutario
generó una obligación imposible de cumplir, circunstancia que la autoridad administrativa
debió considerar antes de adoptar decisiones sancionatorias.

4.3. Sostuvo que los actos administrativos impugnados se encuentran incursos en la
causal de nulidad por falsa motivación, debido a que la Superintendencia cometió errores
al valorar la gestión real del representante legal de la sociedad, fundamentó la medida en
un requisito ilegal consistente en la aprobación del plan de recuperación y mejoramiento
por la Junta Directiva o la Asamblea General de Accionistas, y omitió considerar en sus
conclusiones los obstáculos existentes para cumplir la orden impuesta.

4.4. Señaló que, aunque no se trató de un proceso disciplinario formal, la actuación
administrativa constituyó un procedimiento sancionatorio, por lo que la autoridad debió
respetar el debido proceso y el derecho de defensa, cumpliendo etapas como la
notificación adecuada, la formulación clara de los cargos y la práctica de pruebas.

Indicó que la Superintendencia no cumplió tales requisitos: no formuló pliego de cargos
previo, no notificó personalmente el acto ni permitió la controversia de las pruebas; en
consecuencia, ejerció su facultad de manera discrecional y vulneró las garantías
procesales.

4.5. Alegó que, aunque la remoción del actor como gerente y representante legal conllevó
la inhabilidad para ejercer el comercio por dos (2) años, esta medida no justificaba que la
Superintendencia nombrara directamente su reemplazo en la Junta Directiva, función que
corresponde a la Asamblea de Accionistas o al suplente legalmente designado.

Los artículos 434 y 436 del Código de Comercio establecen que, ante cualquier vacante
en la Junta Directiva, el suplente debe asumir el cargo hasta que la Asamblea designe al
reemplazo. Al sustituir directamente al actor, la Superintendencia vulneró los derechos
de los socios y desconoció la estructura de gobierno corporativo. Resaltó que esta
actuación afectó el equilibrio entre los grupos de accionistas, alteró la dinámica de toma
de decisiones y excedió las competencias de la autoridad administrativa.

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4.6. Añadió que los actos cuestionados se basaron en hechos ocurridos en los años 2002,
2004 y 2009, por lo que resulta aplicable el artículo 38 del CCA que establece un término
de caducidad de tres años para imponer sanciones. Sostuvo que la entidad demandada,
al adoptar su decisión, se refirió, por ejemplo, a préstamos a los accionistas realizados
en el 2004, así como a operaciones comerciales con empresas como Lee Logistics, cuya
relación inició en ese mismo año, y con Latin American Aviation, cuya relación comercial
comenzó en 2002.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5.1. El recurso de apelación fue admitido mediante proveído del 24 de junio 201531.

5.2. Mediante auto de 8 de octubre de 201832, el magistrado sustanciador corrió traslado
a las partes por el término de diez (10) días para que presentaran sus alegatos de
conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

5.2.1. El señor Álvaro Cote Hernández presentó escrito de alegatos de conclusión33 en el
que reiteró los argumentos de la demanda y el recurso de apelación.

5.2.2. La Superintendencia de Puertos y Transporte presentó escrito de alegatos de
conclusión34 en el que reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

5.2.3. El Ministerio de Transporte presentó escrito de alegatos de conclusión35 en el que
reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

5.2.4. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.

6.2. Actos demandados

6.2.1. La Resolución 3057 del 8 de mayo de 201236 suscrita por el Superintendente de
Puertos y Transporte, cuya parte resolutiva es del siguiente tenor:

ARTICULO PRIMERO: REMOVER inmediatamente al señor ALVARO COTE
HERNANDEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.922.363 del cargo de
Gerente y Representante Legal de la compañía LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S.A
identificada con el Nit. 892.000.224 y domiciliada en la ciudad de Bogotá de que trata el
presente acto administrativo por las razones expuestas en la parte considerativa del
presente acto administrativo.

31
Folio 7 cuaderno 3 del expediente de segunda instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
32 Folio 31 cuaderno 3 del expediente de segunda instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
33 Folios 49 a 73 cuaderno 3 del expediente de segunda instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
34 Folios 46 a 48 cuaderno 3 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
35 Folios 38 a 45 cuaderno 3 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.
36 Folios 44 a 61 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.

22

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ARTICULO SEGUNDO: REMOVER inmediatamente al señor ALVARO COTE
HERNANDEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.922.363 del cargo de
Miembro Principal de Junta Directiva de la compañía LINEAS AEREAS
SURAMERICANAS S.A. identificada con el Nit. 892.000.224 y domiciliada en la ciudad de
Bogotá de que trata el presente acto administrativo, por las razones expuestas en la parte
considerativa del presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO: INHABILITAR para ejercer el comercio por el término de dos (2)
anos contados a partir de la ejecutoria del presente acto al señor ALVARO COTE
HERNANDEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.922.363.

ARTICULO CUARTO: DESIGNAR al doctor FELIPE NEGRET MOSQUERA identificado
con la cedula de ciudadanía No. 10.647.494 como gerente y representante legal
principal de la sociedad LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S.A., identificada con el
Nit. 892.000.224 y domiciliada en la ciudad de Bogotá de que trata este acto
administrativo, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto
administrativo.

ARTICULO QUINTO: DESIGNAR al doctor DARIO LAGUADO MONSALVE identificado
con la cedula de ciudadanía 19.139.571 como miembro principal de la Junta directiva
de la sociedad LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S.A., identificada con el Nit.
892.000.224 y domiciliada en la ciudad de Bogotá de que trata este acto administrativo,
por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR al Gerente y Representante Legal designado el doctor
FELIPE NEGRET MOSQUERA y al miembro de junta directiva designado el doctor
DARIO LAGUADO MONSALVE, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23
de la Ley 222 de 1995 deben proceder de inmediato a cumplir con las obligaciones que le
señala el mencionado artículo para la adecuada administración de la sociedad LINEAS
AEREAS SURAMERICANAS S.A., e igualmente que de conformidad con el inciso
segundo del numeral 4 del artículo 85 de la Ley 222 de 1995 “se prohíbe a los
administradores y empleados la constitución de garantías que recaigan sobre bienes
propios de la sociedad, enajenaciones de bienes u operaciones que no corresponda al
giro ordinario de los negocios sin autorización previa de la Superintendencia de
sociedades”.

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR al Gerente y Representante Legal principal designado
el doctor FELIPE NEGRET MOSQUERA y al miembro principal de junta directiva
designado el doctor DARIO LAGUADO MONSALVE, que cuentan con un término de tres
(3) meses calendario contados a partir de la posesión de los respectivos cargos para
cumplir con las órdenes impartidas por esta entidad; término prorrogable hasta por un
periodo igual, para elaborar, hacer aprobar e iniciar la correcta ejecución del plan de
Recuperación y Mejoramiento de la entidad y para hacer que la sociedad vigilada cumpla
con todos y cada uno de los requisitos de ley.

ARTICULO OCTAVO: EXIGIR, al señor ALVARO COTE HERNANDEZ, que dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes a la remoción de sus cargos ponga a disposición del
Gerente y Representante principal designado el doctor FELIPE NEGRET MOSQUERA y
al miembro principal de junta directiva designado doctor DARIO LAGUADO MONSALVE,
los libros y documentos sociales de la sociedad LINEAS AEREAS SURAMERICANAS
S.A. a decir

Libros de actas de Junta Directiva y Asamblea de Accionistas
Libro de Registro de Socios
Libro de Inventario y Balance
Libro Mayor y Balance
Libro Diario

23

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Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

ARTICULO NOVENO: ORDENAR, al señor ALVARO COTE HERNANDEZ, entregar y
rendir un informe de gestión de las cuentas comprobadas de su gestión al representante
legal designado FELIPE NEGRET MOSQUERA dentro de los 5 (sic) siguientes a la
ejecutoria de esta resolución, en los términos del artículo 45 de la Ley 222 de 1995 y; a
prestar toda su colaboración para la pacífica y sana posesión del cargo por parte del
representante legal y miembro principal de la junta directiva designados mediante este
acto administrativo, so pena de multa por incumplimiento.

ARTICULO DECIMO: ORDENAR, al revisor fiscal señor JUAN MANUEL VILLAMIL
MONSALVE identificado con cedula de ciudadanía No. 10.267.795 para que presente
dentro de los (10) diez días comunes siguientes a la ejecutoria de la presente resolución,
un informe sobre la situación general de la sociedad LINEAS AEREAS
SURAMERICANAS S.A.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: ORDENAR al gerente y representante legal designado
el doctor FELIPE NEGRET MOSQUERA, citar a sesión extraordinaria de la Asamblea
General de Accionistas dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la
presente resolución a fin de poner a consideración entre otros el informe de gestión
presentado por el señor ALVARO COTE HERNANDEZ.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ORDENAR, al gerente y representante legal designado
el doctor FELIPE NEGRET MOSQUERA citar a reunión a la JUNTA DIRECTIVA dentro
de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución a fin de poner
a consideración el Plan de Recuperación y Mejoramiento de la sociedad LINEAS
AEREAS SURAMERICANAS S.A.

ARTICULO DECIMO TERCERO: ORDENAR, al gerente y representante legal designado
el doctor FELIPE NEGRET MOSQUERA, citar a reunión de JUNTA DIRECTIVA dentro
de los cinco (5) días a la ejecutoria de la presente resolución a fin de fijar sus honorarios,
los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a los de los demás administradores y
serán retroactivos a la fecha ejecutoria de esta resolución.

PARAGRAFO. En todo caso y mientras la junta directiva fija los honorarios del gerente y
representante legal designado, los honorarios serán los mismos que a la fecha devenguen
los demás administradores.

ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al
señor ALVARO COTE HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No.
2.922.363 representante legal de la sociedad LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S.A.,
en la avenida carrera 26 No. 103 - 22 Ent. 2 Int. 7 de Bogotá D.C. Republica de Colombia
o donde sea menester.

ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al
señor FELIPE NEGRET MOSQUERA identificado con cedula de ciudadanía No.
10.547.944 en su calidad de DESIGNADO gerente y representante legal de la sociedad
LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S.A. en la calle 67 No. 7 - 35 oficina 1104 de la
ciudad de Bogotá D.C. República de Colombia o donde sea menester.

ARTICULO DECIMO SEXTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al señor
DARIO LAGUADO MONSALVE identificado con cedula de ciudadanía No. 19.139.57 en
su calidad de DESIGNADO como miembro principal de la junta directiva de la sociedad
LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S.A. en la calle de la ciudad de Bogotá D.C.
República de Colombia o donde sea menester.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: INFORMAR que contra el presente acto administrativo
procede el RECURSO DE REPOSICION ante el superintendente de puertos y transporte
dentro de los 5 días hábiles siguientes a su notificación salvo que de manera expresa y
por escrito los destinatarios renuncien a interponer el recurso correspondiente.

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Demandante: Alvaro Cote Hernández
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: Una vez ejecutoriada la presente resolución REMITASE
a la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá para su correspondiente inscripción en
el registro mercantil y demás fines pertinentes (mayúsculas sostenidas, subrayado y
negritas del texto original).

6.2.2. La Resolución 3307 del 23 de mayo de 201237, suscrita por el Superintendente de
Puertos y Transporte, cuya parte resolutiva prevé:

PRIMERA: Confirmar en todas sus partes la resolución número 3057 del 8 de mayo de
2012, por la cual se remueve del cargo de Gerente, Representante Legal y miembro de
Junta Directiva. y se inhabilita para ejercer el comercio por el término de dos (2) años, al
señor Alvaro Cote Hernández, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.922.363 de la
sociedad Líneas Aéreas Suramericanas S.A. identificada con Nit. No. 860526868-4, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia (…) (mayúsculas sostenidas
y negritas del texto original).

6.3. Análisis del caso

6.3.1. La parte actora solicitó la nulidad de las Resoluciones 3057 y 3307 de 2012 con
base en lo siguiente: (i) no existía fundamento legal ni estatutario que permitiera a la
Superintendencia exigir la aprobación del plan de mejoramiento y recuperación por parte
de la Asamblea o de la Junta Directiva de LAS; (ii) los actos administrativos presentan
vicios de nulidad por falsa motivación y por vulneración de derechos fundamentales, toda
vez que antes de su expedición no se cumplieron las etapas mínimas que garantizaran
el debido proceso y el derecho de defensa; (iii) la designación de un miembro de la Junta
Directiva en reemplazo del demandante excedió las competencias legales de la
autoridad; y (iv) la facultad para sancionar al demandante por algunos hechos había
caducado.

En criterio del Tribunal, el actor no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados, los cuales fueron expedidos con respeto a todas las
garantías dispuestas en el ordenamiento jurídico.

Según se explicará a continuación, la Sala advierte que la remoción del señor Cote
Hernández como representante legal y gerente de LAS, así como la designación de su
reemplazo y la imposición de la inhabilidad por dos (2) años para ejercer actos de
comercio, resultaron legales y proporcionadas, en razón de la renuencia del demandante
a cumplir la orden administrativa impartida por la Superintendencia de Puertos y
Transporte, relativa a la presentación de un plan de mejoramiento y recuperación de la
empresa aprobado por la Junta Directiva. La autoridad ejerció sus competencias de
inspección, vigilancia y control dentro del marco legal, respetó los principios de
proporcionalidad y razonabilidad y garantizó el derecho de defensa.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala observa que la orden administrativa asignada al señor
Álvaro Cote Hernández se le impartió y dirigió en su calidad de representante legal y
gerente de LAS, y no en su condición de miembro de la Junta Directiva de la empresa.
En consecuencia, aunque la inhabilidad para ejercer el comercio implicaba su remoción
de dicha sociedad, la facultad de la Superintendencia para designar su reemplazo solo
procedía cuando el retiro derivara del ejercicio del cargo respecto del cual se incumplieron
las órdenes impartidas por la autoridad. Por ello, la designación de un nuevo integrante
de la Junta Directiva excedió las facultades de la Superintendencia de Puertos y
Transporte.

37 Folios 16 a 35 cuaderno 2 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00681-01
Demandante: Alvaro Cote Hernández
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

Por lo anterior, la Sala revocará parcialmente la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarará la nulidad del artículo quinto de la Resolución 3057 del 8 de mayo de
2012 confirmada por la Resolución 3307 del 23 de mayo de 2012, debido a que, si bien
la inhabilidad de dos (2) años para ejercer el comercio impuesta al señor Álvaro Cote
Hernández mediante el artículo tercero le impedía ejercer tal calidad, dentro de las
atribuciones de la Superintendencia de Puertos y Transporte no se encontraba la facultad
de designar su reemplazo. Como consecuencia, se declarará la nulidad de los artículos
sexto, séptimo y octavo, en lo relacionado con las advertencias, órdenes y exigencias
relativas al miembro de la Junta Directiva designado por la Superintendencia. Finalmente,
se confirmará la negativa de las demás pretensiones de la demanda.

6.3.2. La Sala pasará a pronunciarse frente a los reparos formulados por el apelante,
agrupando en tanto resulte procedente el análisis de los cargos con el fin de evitar
repeticiones:

6.3.2.1. En el primer cargo, la parte actora reprochó que la exigencia de aprobación del
plan de mejoramiento y recuperación, impuesta mediante la Resolución 25225 del 10 de
diciembre de 2010, modificada por la Resolución 577 del 8 de abril de 2011, carece de
fundamento legal y estatutario, por cuanto: (i) el Código de Comercio no contempla norma
alguna que otorgue a la Asamblea o a la Junta Directiva de una sociedad la competencia
para aprobar planes de mejoramiento; y (ii) no existe disposición que faculte a la
Superintendencia demandada a ordenar a los órganos de administración de una sociedad
la aprobación de un plan de mejoramiento.

Adicionalmente, sostuvo que la orden, en los términos en que fue impartida, resultaba
prácticamente imposible de cumplir debido a los conflictos al interior de la sociedad.

Al respecto conviene señalar que el artículo 85 de la Ley 222 de 199538 - fundamento de
la decisión adoptada en los actos acusados - precisó el alcance de la función de control
que ejerce la Superintendencia de Sociedades, en los siguientes términos:

Artículo 85. Control. El control consiste en la atribución de la Superintendencia de
Sociedades para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de
orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad comercial no
vigilada por otra superintendencia, cuando así lo determine el Superintendente de
Sociedades mediante acto administrativo de carácter particular.

En ejercicio del control, la Superintendencia de Sociedades tendrá, además de las
facultades indicadas en los artículos anteriores, las siguientes:

(…)

4. Ordenar la remoción de los administradores, Revisor Fiscal y empleados, según sea el
caso, por incumplimiento de las órdenes de la Superintendencia de Sociedades, o de los
deberes previstos en la ley o en los estatutos, de oficio o a petición de parte, mediante
providencia motivada en la cual designará su reemplazo de las listas que elabore la
Superintendencia de Sociedades. La remoción ordenada por la Superintendencia de
Sociedades implicará una inhabilidad para ejercer el comercio, hasta por diez (10) años,
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo correspondiente39 (…).

De lo anterior se concluye que la Superintendencia de Sociedades está facultada, entre
otras cosas, para: (i) ordenar los correctivos necesarios a fin de subsanar una situación
38 Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y

se dictan otras disposiciones.
39 Numeral modificado por el artículo 43 de la Ley 1429 de 2010.

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00681-01
Demandante: Alvaro Cote Hernández
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crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de una sociedad; y (ii)
remover a los administradores, al Revisor Fiscal y a los empleados, según corresponda,
por incumplimiento de las órdenes administrativas previamente impartidas.

Ahora bien, el artículo 228 ibidem hace referencia a la competencia prevalente de otras
Superintendencias, como la de Transporte en el presente caso, para ejercer las funciones
antes mencionadas, en los siguientes términos:

Las facultades asignadas en esta ley en materia de vigilancia y control a la
Superintendencia de Sociedades serán ejercidas por la Superintendencia que ejerza
vigilancia sobre la respectiva sociedad, si dichas facultades le están expresamente
asignadas. En caso contrario, le corresponderá a la, Superintendencia de Sociedades,
salvo que se trate de sociedades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o de Valores.

En consonancia con dicha disposición, el artículo 41 del Decreto 101 de 2000 asignó a la
Superintendencia de Puertos y Transporte el ejercicio de las funciones de inspección,
vigilancia y control que le corresponde al presidente de la República como suprema
autoridad administrativa, en materia de tránsito, transporte y su infraestructura. Sobre el
objeto de la delegación se dispuso lo siguiente:

El objeto de la delegación en la Superintendencia de Puertos y Transporte es:

1. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen
el sistema de tránsito y transporte.

2. Inspeccionar, vigilar y controlar la permanente, eficiente y segura prestación del servicio
de transporte.

3. Inspeccionar, vigilar y controlar los contratos de concesión destinados a la construcción,
rehabilitación, operación y/o mantenimiento de la infraestructura de transporte.

4. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación de las normas para el desarrollo de la
gestión de infraestructura propia del Sector Transporte.

Por su parte, el artículo 42 ibidem estableció que la Superintendencia de Transporte
ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control, sobre los siguientes sujetos:

Artículo 42. Sujetos de la inspección, vigilancia y control delegados. Estarán sometidas a
inspección, vigilancia y control de la Supertransporte, las siguientes personas naturales o
jurídicas:

1. Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las
personas naturales que presten el servicio público de transporte.

2. Las entidades del Sistema Nacional de Transporte, establecidas en la ley 105 de 1993,
excepto el Ministerio de Transporte, en lo relativo al ejercicio de las funciones que en
materia de transporte legalmente les corresponden.

3. Los concesionarios, en los contratos de concesión destinados a la construcción,
rehabilitación, operación y/o mantenimiento de la infraestructura de transporte en lo relativo
al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato, sobre los cuales se ejercerá inspección
y vigilancia.

4. Los operadores portuarios.

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00681-01
Demandante: Alvaro Cote Hernández
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5. Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las
personas naturales que presten servicios de instrucción y capacitación del servicio público
de transporte.

6. Las demás que determinen las normas legales40.

Con base en lo expuesto, es claro que la Superintendencia de Puertos y Transporte se
encuentra facultada para ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades
que presten el servicio público de transporte, con las potestades que expresamente se le
delegaron para asegurar la prestación eficiente del servicio. Dichas atribuciones se
extienden “tanto en al (sic) ámbito objetivo que se relaciona con la prestación del servicio
público, como en el subjetivo, relacionado con aspectos societarios o exclusivamente
relacionados con la persona encargada de prestar el servicio”41.

Así las cosas, la Superintendencia de Transporte contaba con la facultad legal de imponer
órdenes administrativas a la parte actora para subsanar la situación crítica en la que se
encontraba la empresa LAS, según consta en la Resolución 25225 de 2010, confirmada
por la Resolución 00577 de 2011, así como con la facultad de remover al administrador
de la sociedad por el incumplimiento de las órdenes administrativas previamente
impartidas.

Para la Sala, las órdenes administrativas que la Superintendencia de Puertos y
Transporte podía impartir para corregir la crisis en que se encontraba la sociedad bajo su
control no se limitaban a un listado específico, más aún si se tiene en cuenta que este no
está previsto en la ley. Esta solo dispone que tales órdenes deben orientarse a superar
las deficiencias que motivaron la medida de sometimiento a control. En consecuencia, la
exigencia de un plan con acciones cuantificables, medibles y realizables, que incluyera
los cronogramas correspondientes y contara con la aprobación de la Junta Directiva, no
constituye una medida desproporcionada, arbitraria ni ilegal. Se trata de una disposición
razonable y necesaria para proteger a la sociedad y garantizar la adecuada
administración de sus recursos.

La Sala destaca que la Superintendencia, al requerir la aprobación del plan por parte de
la Junta Directiva, buscó asegurar que este contara con el respaldo del cuerpo colegiado,
de modo que adquiriera eficacia práctica. En ese sentido, la medida se ajustó a las
facultades de inspección, vigilancia y control previstas en la Ley 222 de 1995 y se
mantuvo dentro de la competencia legal de la autoridad.

En todo caso, cabe resaltar que, inicialmente, el demandante no cuestionó los términos
ni los alcances de la orden administrativa. Por el contrario, en cada solicitud de prórroga
para su entrega afirmó que esta resultaba necesaria para obtener la aprobación de la
Junta Directiva, de acuerdo con lo requerido por la Superintendencia.

6.3.2.2. En relación con el segundo cargo, el demandante sostuvo que cumplió la orden
administrativa impuesta por la Superintendencia, dado que presentó el plan ante la
Asamblea y la Junta Directiva. No obstante, afirmó que la autoridad condicionó su validez

40 Modificado por el artículo 4 del Decreto 2741 de 2001.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, concepto C-746 de 25 de septiembre de 2011.

Sobre la controversia entonces analizada, en esa oportunidad se precisó lo siguiente: “[…] la función de la
Supertransporte es integral y que cualquier irregularidad jurídica, contable, económica o administrativa que se presente
en el caso del Metro de Medellín, entidad prestadora del servicio público de transporte, ha de ser objeto de inspección,
control y vigilancia por parte de dicha Superintendencia, con las atribuciones que expresamente se le delegaron
precisamente para asegurar la prestación eficiente del servicio, que puede verse afectado no solo en el plano
eminentemente objetivo de la prestación misma sino en el subjetivo, que tiene que ver con la persona que los presta,
su formación, su naturaleza y sus características, su capacidad económica y financiera etc.”

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a una aprobación formal, lo que, en su criterio, convirtió la orden en ilegal, excesiva e
imposible de cumplir.

En este punto, la Sala advierte que, contrario a lo expuesto por el demandante, no se
acreditó la presentación del plan en los términos exigidos por la autoridad, pese a que
esta otorgó plazos razonables y formuló requerimientos en varias ocasiones. En efecto,
entre diciembre de 2010 y mayo de 2012, la Superintendencia de Puertos y Transporte
requirió formalmente al señor Cote Hernández para que presentara un plan de
mejoramiento y recuperación destinado a superar la crisis de la sociedad LAS.

Inicialmente, en respuesta al documento allegado por el demandante el 3 de junio de
2011, la entidad le precisó mediante comunicación del 22 de junio de 2011 que el plan
debía contener acciones cuantificables, medibles y realizables, incluir cronogramas
cuando correspondiera y contar con la aprobación de la Asamblea de Accionistas antes
de su entrega formal. Para tal efecto, otorgó un plazo de diez días para radicar el plan
junto con el acta de asamblea que acreditara su aprobación.

El 18 de julio de 2011, el demandante solicitó una prórroga de diez días, debido a que la
citación a la asamblea exigía una antelación mínima de cinco días. La Superintendencia
respondió el 26 de julio de 2011 y concedió una ampliación que precisó como única, hasta
el 12 de agosto de 2011. Además, advirtió que el plazo era improrrogable y que, en caso
de incumplimiento, aplicaría las atribuciones previstas en el artículo 85, numeral 4, de la
Ley 222 de 1995. Posteriormente, el 4 de agosto de 2011, la entidad requirió al
demandante para que aportara el plan con comparación frente a lo ejecutado, con
indicación de acciones y fechas, y con las firmas del representante legal, el revisor fiscal
y el presidente de la Junta Directiva. Para ello, concedió un término de cinco días.

El 17 de agosto de 2011, el señor Cote informó que había presentado el plan el 3 de junio
y que convocó a una reunión extraordinaria de la Junta Directiva para el 22 de agosto de
2011. Asimismo, solicitó una nueva ampliación del plazo para entregar la información en
la forma requerida. A pesar de estas oportunidades, el 9 de febrero de 2012 la
Superintendencia reiteró el requerimiento y solicitó el plan debidamente aprobado por la
Junta Directiva en un plazo de diez días. También advirtió que, en caso de
incumplimiento, aplicaría las atribuciones legales correspondientes. El 23 de febrero de
2012, el demandante solicitó otra prórroga, debido a la convocatoria a reunión de la Junta
Directiva prevista para el 28 de febrero.

El 16 de abril de 2012, la Superintendencia reiteró el requerimiento de presentación del
plan aprobado. Finalmente, el 7 de mayo de 2012, ante el vencimiento de los plazos y la
ausencia de entrega del plan debidamente aprobado, la entidad concedió un día para que
el demandante explicara su incumplimiento. También advirtió nuevamente que, de
persistir la omisión, aplicaría las medidas previstas en el artículo 85, numeral 4, de la Ley
222 de 1995.

Dentro del término concedido, el actor dio respuesta a lo solicitado, así: (i) insistió que el
3 de junio de 2011 allegó a la Superintendencia el plan de mejoramiento solicitado; y (ii)
informó que el 28 de febrero de 2012 se llevó a cabo una reunión extraordinaria de la
Junta Directiva de LAS, en la cual el cincuenta por ciento (50 %) de sus miembros, es
decir, dos (2) votos, aprobó el plan de mejoramiento presentado, mientras que el otro
cincuenta por ciento (50 %) no lo aprobó y formuló varias observaciones. El actor aportó
copia de las convocatorias y un extracto del Acta 103 del 28 de febrero de 201242.

42 Folio 39 cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 32 de Samai.

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El 8 de mayo de 2012, la Superintendencia expidió la Resolución 3057, mediante la cual
removió al señor Cote Hernández de los cargos de gerente, representante legal y
miembro de la Junta Directiva de LAS, le impuso una inhabilidad para ejercer el comercio
durante dos años y designó sus reemplazos en dichos cargos. Esta decisión se confirmó
mediante la Resolución 3307 del 23 de mayo de 2012.

De lo anterior se concluye que, contrario a lo sostenido por la parte demandante, pese a
los plazos razonables, los requerimientos reiterados, la debida notificación y la
oportunidad concedida para presentar explicaciones, no se cumplió la orden
administrativa impartida.

El demandante afirma que cumplió lo ordenado, pues elaboró el plan y lo remitió a la
autoridad. Sin embargo, esta actuación no satisface lo exigido por la entidad, dado que,
según se ha explicado, una vez recibido el documento, la Superintendencia lo devolvió
con solicitudes de ajuste y corrección, y en el proceso no obra prueba de que tales
requerimientos hayan sido atendidos, así como tampoco que fuera aprobado por la Junta
Directiva de la sociedad.

Ahora bien, frente a la supuesta imposibilidad de que el plan fuera aprobado por la Junta
Directiva, dicha circunstancia no se encuentra probada. Por el contrario, en la
comunicación remitida por el demandante en respuesta a la solicitud de explicaciones
formulada por la Superintendencia el 7 de mayo de 2012, se aportó el acta del 28 de
febrero de 2012, en la cual consta:

4.- Presentación, consideración y aprobación del Plan de Mejoramiento exigido por la
Superintendencia de Puertos y Transporte. El Representante Legal de la sociedad pone en
conocimiento el Plan de Mejoramiento, a lo cual los miembros de la Junta Directiva: Señor
LUIS ENRIQUE PRIETO GIRALDO y la Sra. MARÍA ALEIDA GIRALDO DE PRIETO, es
decir dos (2) votos, manifiestan no estar de acuerdo con ningún punto de los planteados
dentro del plan de mejoramiento presentado, además reiteran que son los mismos puntos
tratados en junio del año anterior (2011) y que no han cambiado en nada, sin embargo la
Sra. CAROLINA COTE MUÑOZ hace referencia que al Plan de Mejoramiento se le han
realizado modificaciones importantes, a lo cual por unanimidad de los miembros de Junta
Directiva deciden leer punto por punto, junto con las resoluciones Nos. 025225 de
Diciembre 10 de 2010 y 00057 de Abril 08 de 2011.

(…)
CONCLUSIONES:

Los miembros de la Junta Directiva, es decir cuatro (4) votos, manifiestan que los puntos
mencionados a continuación correspondiente a requerimientos hechos por la
Superintendencia de Puertos y Transportes (sic) en su resolución de Diciembre 10 de 2010,
se encuentran superados y solucionados:

CUATRO (4), CINCO (5), NUEVE (9), DIEZ (10), ONCE (11), DOCE (12) TRECE (13),
QUINCE (15), DIECISIETE (17) DIECIOCHO (18), DIECINUEVE (19). (mayúsculas
sostenidas y negritas del texto original).

De lo expuesto se desprende que, contrario a lo sostenido por la demandante, según el
acta de la Junta Directiva, 11 de los 19 puntos puestos a consideración de los miembros
de esa instancia fueron aprobados; respecto de los 8 restantes, se registraron
salvedades, sugerencias y aclaraciones. Ello demuestra que no es cierto que la exigencia
de que plan fuera aprobado por la Junta Directiva resultara una prestación de imposible
cumplimiento, sino que existían aspectos que el demandante debía atender con el fin de
lograr lo exigido. No obstante, no se acreditó que dichas observaciones hayan sido

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atendidas ni puestas en conocimiento del colegiado correspondiente para su discusión y
posterior aprobación.

En consecuencia, no se demostró que el señor Cote Hernández haya dado cumplimiento
a la orden emitida en los términos fijados por la autoridad demandada.

6.3.2.3. En cuanto al tercer cargo, el actor sostuvo que, aunque no se trató de un proceso
disciplinario formal, la actuación constituyó un procedimiento administrativo sancionatorio
en el que no se respetaron sus etapas mínimas, tales como la notificación, el pliego de
cargos, la indicación de los hechos y de las normas aplicables, así como la oportunidad
para solicitar y practicar pruebas.

El análisis de este cargo se realizará de manera conjunta con el cuarto y el sexto, en los
que se alega que: (i) no se garantizó adecuadamente el derecho de defensa, ya que el
actor no contó con una oportunidad suficiente para presentar descargos, justificaciones
ni controvertir las decisiones de la Superintendencia; (ii) la demandada no sancionó al
verdadero responsable del incumplimiento de la orden administrativa, esto es, los
miembros de la Junta Directiva de LAS, y (iii) no se permitió la participación de los
accionistas y de los demás miembros de la Junta Directiva, lo cual afectó sus derechos y
competencias dentro de la sociedad, a pesar de que el debido proceso contempla la
intervención de terceros.

Sobre el alcance del debido proceso y las garantías mínimas objeto de protección, la
Corte Constitucional señaló:

El artículo 29 constitucional prevé el derecho al debido proceso, como una serie de
garantías que tienen por fin sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales y
administrativas a reglas específicas de orden sustantivo y procedimental, con el fin de
proteger los derechos e intereses de las personas en ellas involucrados.

El establecimiento de esas reglas mínimas procesales tiene un origen legal. (…). La Corte,
empero, ha precisado que la discrecionalidad que tiene el legislador en esta materia no es
absoluta, sino que debe ejercitarse dentro del respeto a valores fundantes de nuestra
organización política y jurídica, tales como, la justicia, la igualdad y un orden justo
(Preámbulo) y de derechos fundamentales de las personas como el debido proceso,
defensa y acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229). Igualmente, debe
hacer vigente el principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P., art.
228) y proyectarse en armonía con la finalidad propuesta, como es la de realizar objetiva,
razonable y oportunamente el derecho sustancial en controversia o definición pues de lo
contrario, la configuración legal se tornaría arbitraria (…).

Entre las garantías mínimas objeto de protección, el artículo 29 de la Constitución Política
consagra, entre otras, (i) el derecho de acceso a la administración de justicia ante el juez
natural de la causa; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la
creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación o
sanción; (iii) el derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de
contradecir o debatir las pretensiones o excepciones propuestas; (v) el derecho a que los
procesos se desarrollen en un término razonable y sin dilaciones injustificadas y, por
supuesto, (vi) el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra.

La Corte ha hecho énfasis igualmente en que el debido proceso como derecho fundamental
de aplicación inmediata (art. 85 C.P.), se expresa igualmente a través de principios que
regulan el acceso a dicha función pública, dentro de los que se destacan los de celeridad,
publicidad, autonomía, independencia, gratuidad y eficiencia. (artículos 228 y 229 C.P.)43.

43 Sentencia C-154 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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Se destaca, entonces, que el debido proceso constituye el conjunto de garantías mínimas
que deben reconocerse a las personas en las actuaciones judiciales y administrativas,
con el propósito de obtener una decisión justa sobre sus derechos —vida, integridad,
libertad o patrimonio— comprometidos en ellas. Por expresa disposición de la Carta
Magna, su alcance y contenido no se limitan al ámbito penal. Este derecho se encuentra
consagrado en la Constitución Política de 1991 como una garantía fundamental de
aplicación inmediata.

Al respecto, esta Corporación ha precisado que:

(…) el debido proceso comporta varias garantías no limitadas pero si mínimas establecidas
a favor del interesado que ha acudido o se la ha hecho comparecer a la administración
pública o ante los jueces, a saber: (i) ser juzgado de acuerdo con la ley preexistente a la
conducta que se le imputa (lex previa - iudicium per legem terre); (ii) no ser condenado sino
por hechos que estén consagrados como delito o infracción al momento de su comisión
(nulo crimen nulla sine lege); no ser sancionado, sino conforme a las sanciones
consagradas previamente en la ley (nulum poena sine lege); (iii) no ser juzgado sino con
arreglo al procedimiento y las formas propias para cada juicio señaladas en la ley y ante la
autoridad judicial o administrativa competente (legale iudicium sourum), independiente e
imparcial; (iv) a que se presuma su inocencia respecto de la conducta ilícita que se le
atribuye hasta que no se le demuestre su culpa; (v) a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho (non bis in idem); (vi) a la aplicación de la norma más favorable en materia penal;
(vii) a aportar pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra; (viii) obtener la
resolución de las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; entre otras
garantías procesales para la realización del derecho sustancial de las personas, por cuya
observancia y respeto deben velar los jueces y las autoridades en las actuaciones judiciales
y administrativas. Igualmente, corolario del debido proceso son: (x) las garantías de
contradicción y de audiencia (audiatur et altera pars)44.

En efecto, la observancia del debido proceso en las actuaciones administrativas reviste
especial trascendencia para la adopción de decisiones justas y acordes con el derecho
material. En tal sentido, su alcance comprende las siguientes garantías: (i) ser oído antes
de la adopción de la decisión; (ii) participar de manera efectiva en la actuación desde su
inicio hasta su terminación; (iii) solicitar, ofrecer y aportar pruebas; (iv) obtener decisiones
debidamente motivadas; (v) recibir notificaciones oportunas y conformes a la ley; (vi)
acceder a la información y a la documentación de la actuación; (vii) controvertir los
elementos probatorios antes de la decisión; (viii) contar con asesoría legal; y (ix) ejercer
los mecanismos de impugnación contra las decisiones administrativas.

En el caso concreto están probadas las siguientes actuaciones derivadas de la orden
administrativa que ocasionó la expedición de los actos administrativos demandados:

(i) En el artículo tercero de la Resolución 25255 del 10 de diciembre de 2010, a través de
la cual la Superintendencia de Puertos y Transporte sometió a la empresa Líneas Aéreas
Suramericanas S.A. a control, se otorgó:

un plazo de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación del
presente acto administrativo, para remitir el correspondiente plan de recuperación y
mejoramiento, el cual, una vez presentado ante la Superintendencia, se someterá a la
correspondiente aprobación.

44Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio,
sentencia del 17 de marzo de 2010, radicación 05001232600019920011701 (18.394).

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En el evento en que se requieran ajustes al plan de recuperación y mejoramiento
presentado por la sociedad LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S.A., así lo ordenara la
Superintendencia.

(ii) El artículo segundo de la Resolución 577 del 8 de abril de 2011, modificó el plazo para
el cumplimiento de la orden administrativa, así:

MODIFIQUESE el artículo tercero de la Resolución No. 025255 del 10 de diciembre de
2010, quedando así:

Se le otorga a la sociedad Líneas Aéreas Suramericanas S.A., un plazo de 30 días
calendario, contados a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo,
para remitir el correspondiente plan de recuperación y mejoramiento, el cual, una vez
presentado ante la Superintendencia, se someterá a la correspondiente aprobación
(mayúscula del original).

(iii) Mediante comunicación del 3 de junio de 2011, el gerente de la empresa Líneas
Aéreas Suramericanas S.A., remitió el documento que denominó Plan de Recuperación
y Mejoramiento de la Sociedad, a través del cual hizo un pronunciamiento respecto de
cada uno de los puntos que la autoridad pública indicó en el acto de sometimiento a
control.

(iv) En respuesta al plan allegado, mediante Oficio 20117100101181 del 22 de junio de
2011, el Superintendente Delegado de Concesiones e Infraestructura de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, realizó las siguientes observaciones:

a. Los planes de mejoramiento debían contener acciones cuantificables o medibles, así
como ser realizables y contar con los respectivos cronogramas cuando las acciones
propuestas lo requirieran.

b. Asimismo, indicó que el plan debía someterse a aprobación del órgano social
correspondiente antes de su entrega formal a la Superintendencia.

Para que se radicara nuevamente el plan de mejoramiento junto con el acta de asamblea,
concedió un plazo de diez (10) días calendario contados a partir de la recepción de la
comunicación.

(v) En escrito del 18 de julio de 2011 dirigido a la Superintendencia de Puertos y
Transporte, el actor solicitó un plazo adicional de diez (10) días para allegar el plan
exigido, en consideración a que la citación a la asamblea debía realizarse con una
antelación mínima de cinco (5) días comunes.

(vi) Mediante Oficio 20117200126841 del 26 de julio de 2011, el Superintendente
Delegado de Concesiones e Infraestructura de la Superintendencia de Puertos y
Transporte amplió, por una sola vez, el plazo para cumplir con lo requerido, hasta el 12
de agosto de 2011.

En dicho oficio se advirtió que el plazo concedido tenía carácter impostergable y que, en
caso de incumplimiento en la entrega de la información solicitada, la Superintendencia
podría hacer uso de las atribuciones previstas en el numeral 4 del artículo 85 de la Ley
222 de 1995.

(vii) A través del Oficio 20117100140501 del 4 de agosto de 2011, el Superintendente
Delegado de Concesiones e Infraestructura de la Superintendencia de Puertos y

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Transporte requirió al señor Álvaro Cote Hernández, en su calidad de representante legal
de LAS, para que aportara el plan de mejoramiento frente a lo ejecutado, con indicación
de las acciones realizadas y las fechas correspondientes, debidamente suscrito por el
representante legal, el revisor fiscal y el presidente de la Junta Directiva. Para tal efecto,
otorgó un plazo de cinco (5) días contados a partir del recibo del oficio.

(viii) Mediante comunicación del 17 de agosto de 2011 dirigido a la Superintendencia de
Puertos y Transporte, el señor Cote manifestó lo siguiente: (i) el 3 de junio de 2011 aportó
el Plan de Mejoramiento y Recuperación; (ii) convocó a reunión extraordinaria de la Junta
Directiva para el 22 de agosto de 2011 a las 8:30 a.m.; y (iii) solicitó la ampliación del
plazo para allegar la información requerida en la forma exigida.

(ix) Mediante Oficio 20127100025301 del 9 de febrero de 2012, el Superintendente
Delegado de Concesiones e Infraestructura de la Superintendencia de Puertos y
Transporte solicitó al señor Álvaro Cote Hernández que, dentro del término de diez (10)
días contados a partir del recibo del oficio, remitiera el Plan de Mejoramiento debidamente
aprobado por la Junta Directiva, so pena de que la Superintendencia aplicara lo previsto
en el numeral 4 del artículo 85 de la Ley 222 de 1995.

(x) En el escrito del 23 de febrero de 2012 dirigido a la Superintendencia de Puertos y
Transporte, el señor Álvaro Cote Hernández informó que con el fin de dar cumplimiento
a lo ordenado convocó a reunión extraordinaria de la Junta Directiva para el 28 de febrero
de 2012, por lo cual solicitó la ampliación del plazo para la entrega del Plan de
Mejoramiento.

(xi) Por el Oficio 20127100075161 del 16 de abril de 2012, el Superintendente Delegado
de Concesiones e Infraestructura de la Superintendencia de Puertos y Transporte solicitó
nuevamente al señor Álvaro Cote Hernández, en su calidad de representante legal de
LAS, la remisión del Plan de Mejoramiento debidamente aprobado por la Junta Directiva.

(xii) Mediante Oficio 2012100086921 del 7 de mayo de 2012, el Superintendente
Delegado de Concesiones e Infraestructura de la Superintendencia de Puertos y
Transporte indicó que, dado el vencimiento de los términos sin que se hubiera aportado
el Plan de Recuperación y Mejoramiento debidamente aprobado por la Junta Directiva,
debía presentar las explicaciones correspondientes al incumplimiento de los
requerimientos previos, dentro del término de un (1) día contado a partir de la recepción
del requerimiento.

En dicha comunicación se advirtió que el plazo otorgado tenía carácter impostergable y
que, en caso de incumplimiento, la Superintendencia haría uso de las atribuciones
previstas en el numeral 4 del artículo 85 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo
43 de la Ley 1429 de 2010.

(xiii) El 7 de mayo de 2012 dio respuesta a la Superintendencia de Puertos y Transporte,
el señor Álvaro Cote Hernández y precisó que:

(…) el pasado 3 de junio de 2011, mediante el Radicado No. 2011 - 560 - 026114 - 2, allegue
el plan de mejoramiento solicitado por su Despacho, el cual mediante invitación enviada el
23 de febrero de 2012 a los miembros de junta, convoque a Reunión Extraordinaria de Junta
Directiva celebrada el 28 de febrero de 2012, reunión celebrada donde el 50% de los
miembros Sr. Alvaro Cote Hernández y Sra. Carolina María Cote Muñoz; es decir dos (2)
votos aprobó el Plan de Mejoramiento presentado, y el otro 50% de los miembros Sra. María
Aleida Giraldo de Prieto y el Sr. Luis Enrique Prieto Giraldo; es decir dos (2) votos no lo
aprobó e hizo varias observaciones.

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00681-01
Demandante: Alvaro Cote Hernández
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

• Anexo copia de las convocatorias.
• Extracto del acta No. 103 de Febrero 28 de 2012.

(xiv) Mediante Resolución 3057 del 8 de mayo de 2012, la Superintendencia de Puertos
y Transporte removió de manera inmediata al señor Álvaro Cote Hernández de los cargos
de gerente y representante legal, lo inhabilitó para ejercer el comercio por un término de
dos (2) años y designó sus reemplazos como gerente, representante legal y miembro de
la Junta Directiva de LAS.

(xv) La Resolución 3057 del 8 de mayo de 2012 fue confirmada mediante la Resolución
3307 del 23 de mayo de 2012.

De lo anterior se concluye que, con posterioridad a la imposición de la orden
administrativa y a las observaciones iniciales formuladas al plan de mejoramiento y
recuperación presentado por el demandante, la Superintendencia de Puertos y
Transporte le solicitó en cinco (5) oportunidades el cumplimiento de lo ordenado, sin que
este atendiera tales requerimientos.

En ese orden, debe recordarse que la ley prevé la remoción de los administradores de
una sociedad como una medida de carácter correctivo destinada a poner fin a situaciones
de riesgo, la cual, como sostiene el apelante, no tiene carácter disciplinario.

En tal escenario, de conformidad con lo dispuesto en el CCA, norma aplicable a la
actuación, el procedimiento no exige la expedición de un documento denominado “pliego
de cargos”, como ocurre en el régimen disciplinario. En este contexto, una comunicación
formal que precise los hechos, conceda un término para presentar explicaciones y
advierta las posibles sanciones que la autoridad podría imponer cumple la finalidad de
protección del debido proceso administrativo.

En el sub judice es claro que la Superintendencia identificó cuáles fueron los
requerimientos efectuados y desatendidos por el demandante, le otorgó la oportunidad
para rendir explicaciones y advirtió expresamente al actor sobre su potestad
sancionatoria en caso de incumplimiento de la orden administrativa, lo que permite
concluir que el actor conocía de antemano las consecuencias de su actuación.

Así las cosas, para la Sala, la actuación surtida por la demandada constituyó una medida
especial de control frente a la crisis de la sociedad representada por el demandante, en
la que no existió vulneración del debido proceso. Ello es así, si se tiene en cuenta que el
demandante recibió requerimientos formales por parte de la Superintendencia en
múltiples ocasiones y que la entidad le puso en conocimiento las consecuencias que
aplicaría ante el reiterado incumplimiento de lo ordenado.

En efecto, en un primer momento, se le solicitó radicar nuevamente el plan dentro de un
plazo de diez días, con el acta de la asamblea que acreditara su aprobación.
Posteriormente, el actor solicitó ampliaciones de plazo con fundamento en la
convocatoria de la Junta Directiva. La Superintendencia concedió dichas ampliaciones
con términos claros e improrrogables; sin embargo, el actor no presentó el plan de forma
completa ni conforme a los requisitos establecidos. En consecuencia, incumplió las
instrucciones impartidas, las cuales tenían como finalidad garantizar que las acciones de
mejora fueran verificables, medibles y susceptibles de supervisión.

Asimismo, la Superintendencia otorgó al demandante la posibilidad de presentar
explicaciones y aportar pruebas. En consecuencia, se entiende agotada la etapa de

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00681-01
Demandante: Alvaro Cote Hernández
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

audiencia y contradicción. Posteriormente, la entidad expidió la resolución de remoción,
en la cual analizó las razones expuestas por el actor y explicó por qué no resultaban de
recibo. Por ello, el acto administrativo se encuentra debidamente motivado y ajustado a
derecho.

Debe resaltarse que en el sub judice, el debido proceso se garantizó desde el primer
requerimiento. El administrado contó con 5 oportunidades previas para exponer las
razones de su incumplimiento. En este sentido, el término final de 1 día no constituyó el
inicio de su defensa, sino el cierre de una oportunidad que se extendió en el tiempo.

La Sala destaca que el debido proceso no puede utilizarse como mecanismo para dilatar
indefinidamente el ejercicio de la función de control atribuida a la autoridad administrativa.
Además, la expresión “inmediatamente”, contenida en el numeral 4 del artículo 85 de la
Ley 222 de 1995, faculta a la autoridad para reaccionar de manera oportuna. No obstante,
como ya se dijo, en el presente asunto, la autoridad otorgó al demandante un término
superior a un año y medio para cumplir la orden impartida. Exigir plazos extensos en
estos casos desnaturaliza la función de inspección, vigilancia y control.

Recientemente esta Corporación se pronunció sobre la observancia del debido proceso
en un caso en el que la Superintendencia de Sociedades impartió una serie de órdenes
administrativas en las que advirtió expresamente que ejercería su potestad sancionatoria
en caso de incumplimiento, así:

En el recurso de apelación, la parte actora alegó que “la Superintendencia emitió unos
oficios, supuestamente dando unas órdenes, entre otras, a la junta directiva del Fondo
Ganadero del Meta, y de la noche a la mañana viene a notificar una sanción de inhabilidad
al accionante”, sin garantizarle la notificación de que en su contra se inició una investigación
por el incumplimiento de las órdenes; la defensa de manera directa o a través de apoderado;
la oportunidad de controvertir las pruebas que se hubiesen allegado en su contra, y
sancionarlo sin que existiera un proceso formalmente iniciado que sirviera de soporte a la
decisión de inhabilitarlo.

La Sala considera que este cargo no tiene vocación de prosperidad, dado que las órdenes
impartidas en los oficios 306-035154 del 28 de febrero de 2011; 306-040304 del 11 de
marzo de 2011 y 306-044992 del 30 de marzo de 2011 fueron dirigidas a la junta directiva
del Fondo Ganadero del Meta S.A., de la cual el señor Coy Cruz era parte, y está acreditado
que el actor, por escrito del 16 de marzo de 2011, controvirtió que la revisora fiscal haya
convocado la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas en cumplimiento de
las instrucciones expedidas por la Superintendencia de Sociedades por considerar que lo
procedente era la reunión por derecho propio, solicitud que fue resuelta en el citado oficio
del 30 de marzo de 2011 por la Superintendencia.

En esas mismas órdenes, la Superintendencia advierte expresamente sobre la potestad
sancionatoria que posee cuando se incumplen, de donde se concluye que el demandante
en este proceso conocía de antemano que su proceder contrario tendría como
consecuencia el uso de tales potestades; y, por consiguiente carece de todo fundamento
que el recurrente afirme que de la noche a la mañana viene a notificar una sanción de
inhabilidad al accionante, cuando la evidencia señala que conocía de antemano la
intervención del ente de control y las consecuencias que podría acarrear su conducta.

Por las mismas consideraciones anotadas, la Sala advierte que tampoco le asiste razón al
apelante cuando manifiesta que la sanción fue impuesta sin que existiera un proceso
formalmente iniciado, pues como se explicó, la Superintendencia, previo a proferir el acto
sancionatorio, impartió unas órdenes en la que le indicó al actor que de incumplirlas sería
sancionado, además, está acreditado que dichas órdenes fueron comunicadas al actor y
presentó escrito en el que manifestaba las razones por las que no eran procedentes.

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Demandante: Alvaro Cote Hernández
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

A lo anterior se agrega que, contra la resolución que impuso la sanción de remoción del
cargo con inhabilidad de diez años para ejercer el comercio, el actor presentó recurso de
reposición y solicitud de pruebas, lo cual fue resuelto en la Resolución nro. 312-017004 del
29 de noviembre de 201145.

Aunado a lo anterior, la Sala resalta que nadie puede alegar su propia culpa o negligencia
a su favor. Quien desatiende reiteradamente requerimientos legales incurre en un
incumplimiento imputable a su conducta. Por su parte, la autoridad cumplió con el deber
de oír al demandante al concederle varias oportunidades para pronunciarse. La ausencia
de una defensa material efectiva resulta atribuible a la inactividad del demandante y al
incumplimiento de la orden administrativa que mantuvo durante casi un año y medio.

Contrario a lo sostenido en el recurso, el demandante contó con oportunidades
suficientes para presentar descargos, justificar sus actuaciones y aportar pruebas. En
consecuencia, se respetaron las garantías propias del debido proceso, adaptadas a la
naturaleza de la actuación administrativa adelantada por la Superintendencia.

El demandante recibió múltiples requerimientos formales. En un primer momento, se le
solicitó ajustar el plan y allegar el acta de asamblea que acreditara su aprobación.
Posteriormente, solicitó ampliaciones de plazo con fundamento en la convocatoria de la
Junta Directiva. La Superintendencia concedió dichas ampliaciones de manera
excepcional y por una sola vez, con términos claros e improrrogables. A pesar de ello, no
presentó el plan completo ni conforme a los requisitos exigidos.

Ante la falta de presentación del plan debidamente aprobado por la Junta Directiva, la
Superintendencia aplicó las atribuciones previstas en el artículo 85, numeral 4, de la Ley
222 de 1995. En consecuencia, dispuso la remoción inmediata del demandante como
gerente, representante legal y miembro de la Junta Directiva, así como su inhabilidad
para ejercer el comercio durante dos años. Estas decisiones se adoptaron tras un
procedimiento caracterizado por requerimientos formales, advertencias expresas, plazos
razonables y notificaciones oportunas, lo que garantizó el derecho de defensa del
demandante.

Por lo tanto, la actuación de la Superintendencia se ajustó a sus facultades legales de
inspección, vigilancia y control. Las decisiones adoptadas resultan proporcionales,
necesarias y orientadas a restablecer la adecuada administración de la sociedad, así
como a proteger los intereses de los socios. La exigencia de aprobación del plan, la
remoción del demandante como gerente y representante legal de LAS, la designación de
su reemplazo y la inhabilidad para ejercer el comercio, constituyen medidas legítimas
dentro del marco legal, adoptadas en respuesta al incumplimiento reiterado de las
obligaciones a cargo del representante legal y a la necesidad de asegurar la continuidad
y estabilidad de la sociedad.

6.3.2.4. El quinto cargo, se refiere a que la remoción del actor como miembro de la Junta
Directiva excedió las competencias de la autoridad y no se fundó en su conducta en el
ejercicio de dicho cargo, con lo cual se habría vulnerado el principio de responsabilidad
personal.

Según la apelación:

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, sentencia

del 29 de agosto 2024, radicación 25000 23 24 000 2012 00575 01.

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00681-01
Demandante: Alvaro Cote Hernández
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

En efecto, si se le removía del cargo de representante legal al señor Alvaro Cote,
automáticamente y por efecto de la ley, no podía ejercer el cargo de miembro de junta
directiva para el cual había sido designado por la asamblea de socios. Por tanto, no se
requería declaración alguna. A su turno, la consecuencia de la inhabilidad legal para ejercer
el comercio es que en la Junta Directiva entraba a reemplazarlo el suplente designado por
la asamblea, tal y como lo dispone la ley (artículo 85 del Código de Comercio) o incluso,
que la asamblea procediera a nombrar su reemplazo.

Este reparo se analizará de manera conjunta con el séptimo cargo en el que el actor
afirmó que la Superintendencia, al designar un reemplazo en la Junta Directiva de LAS,
desconoció las funciones de la Asamblea y de los suplentes legales, con lo cual afectó la
estructura de gobierno societario.

Para la Sala, las decisiones adoptadas de remover al demandante como gerente y
representante legal de LAS, designarle su reemplazo e inhabilitarlo por dos años, incluida
la exigencia de aprobación del plan por la Junta Directiva, resultaron necesarias para
restablecer la adecuada administración de la sociedad, proteger los intereses de los
socios y de terceros afectados y garantizar la continuidad y estabilidad de la empresa.

Tal como se explicó al analizar el primer cargo, por expresa disposición del artículo 228
de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Transporte contaba con la facultad legal
de imponer órdenes administrativas al demandante para subsanar la situación crítica en
que se encontraba la empresa, según consta en la Resolución 25225 de 2010,
confirmada por la Resolución 00577 de 2011, así como con la facultad de remover al
administrador de la sociedad por el incumplimiento de las órdenes administrativas
previamente impartidas.

Adicionalmente, tal como lo sostuvieron el demandante y el Tribunal, la inhabilidad para
ejercer actos de comercio, como sanción, comporta la prohibición legal —temporal o
definitiva— para desarrollar actividades mercantiles. En el caso concreto, dicha
inhabilidad produjo la remoción automática del demandante de su condición de miembro
de la Junta Directiva de LAS.

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la designación del reemplazo del demandante
como miembro de la Junta Directiva, el numeral 4 del artículo 85 de la Ley 222 de 1995
establece que dicha designación debe darse como consecuencia de la remoción del
administrador, Revisor Fiscal y/o empleado por incumplimiento de las órdenes
previamente impartidas por la autoridad, o por el incumplimiento de los deberes previstos
en la ley o en los estatutos.

En el sub judice, dado que la orden administrativa impartida por la Superintendencia se
dirigió al demandante como gerente y representante legal de LAS, la sanción derivada
de su incumplimiento y la designación de su reemplazo resultaron válidas respecto de
dicha condición. En cuanto a la calidad de miembro de la Junta Directiva de LAS, que
también ostentaba el actor, si bien la inhabilidad de dos (2) años le impedía continuar en
el ejercicio del cargo, la designación de su reemplazo no correspondía a la
Superintendencia de Puertos y Transporte; tal como lo sostuvo el apelante, el suplente
del miembro principal inhabilitado debió asumir sus funciones ante la ausencia de este,
mientras la instancia societaria competente adoptaba las medidas necesarias para la
elección o designación del reemplazo.

Por tal razón, la Sala declarará la nulidad del artículo quinto de la Resolución 3057 del 8
de mayo de 2012, dado que, pese a que la inhabilidad de dos (2) años impedía al señor
Álvaro Cote Hernández desempeñar la condición de miembro de la Junta Directiva, la

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Demandante: Alvaro Cote Hernández
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Superintendencia de Puertos y Transporte carecía de competencia para designar su
reemplazo. En igual sentido, declarará la nulidad de los artículos sexto, séptimo y octavo
en lo relacionado con las advertencias, órdenes y exigencias dirigidas al miembro de la
Junta Directiva designado por la Superintendencia.

6.3.9.5. En cuanto al octavo cargo, el demandante sostuvo que algunos de los hechos
imputados datan de los años 2002, 2004 y 2009, por lo cual la imposición de la sanción
habría excedido el término de caducidad de tres (3) años previsto en el artículo 38 del
CCA; dichos hechos incluyen préstamos a los accionistas realizados en 2004, así como
operaciones comerciales con empresas como Lee Logistics, cuya relación inició ese
mismo año, y con Latin American Aviation, cuya relación comercial comenzó en 2002.

La Sala advierte que, aunque los actos administrativos demandados mencionaron tales
situaciones, la sanción impuesta al actor obedeció a su incumplimiento en la remisión del
plan de mejoramiento y recuperación aprobado por la Junta Directiva de LAS, el cual fue
requerido en múltiples oportunidades por la Superintendencia de Puertos y Transporte,
incumplimiento que se extendió entre enero de 2011 —fecha límite para su entrega según
la Resolución 25225 del 10 de diciembre de 2010— y mayo de 2012 —fecha en que el
actor respondió la solicitud de explicaciones remitida por la autoridad demandada—.

En consecuencia, los hechos ocurrieron dentro del término legal de tres (3) años, por lo
que no se configuró la caducidad de la facultad sancionatoria.

6.4. Conclusión

Para la Sala, la remoción del señor Cote Hernández como gerente y representante legal
de LAS se enmarca dentro de las competencias legales de inspección, vigilancia y control
de la Superintendencia. La entidad otorgó plazos razonables y brindó oportunidades de
defensa al actor, con lo cual garantizó sus derechos procesales conforme a la naturaleza
de la medida administrativa. En este contexto, la remoción y la designación de un
reemplazo idóneo constituyeron medidas proporcionales y necesarias para restablecer la
adecuada administración de la sociedad, proteger los intereses de los accionistas y
asegurar la continuidad en su funcionamiento, sin vulnerar el derecho de defensa ni el
principio de legalidad. Asimismo, la facultad sancionatoria se ejerció dentro del término
legal previsto, por lo que no se configuró caducidad ni se presentó afectación de la
competencia temporal.

Dado que el plan ordenado no fue ajustado a lo requerido por la Superintendencia ni
aprobado por la Junta Directiva de LAS, la demandada aplicó las atribuciones previstas
en el artículo 85, numeral 4, de la Ley 222 de 1995. En consecuencia, dispuso la remoción
inmediata del actor como gerente y representante legal, así como la designación de su
reemplazo y la imposición de una inhabilidad para ejercer el comercio durante dos (2)
años. Estas medidas se adoptaron con posterioridad a un procedimiento caracterizado
por reiterados requerimientos formales, advertencias expresas, plazos razonables y
notificaciones oportunas, lo que garantizó el derecho de defensa del demandante y le
permitió presentar explicaciones en cada oportunidad.

No obstante, si bien la inhabilidad para ejercer el comercio impedía al señor Álvaro Cote
Hernández ejercer su condición como miembro de la Junta Directiva de la empresa, la
Superintendencia de Puertos y Transporte carecía de competencia para designar su
reemplazo. En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de la designación del doctor
Darío Laguado Monsalve, contenida en el artículo quinto de la Resolución 3057 de 2012
confirmada por la Resolución 3307 del 23 de mayo de 2012. De igual forma, declarará la

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Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

nulidad de los artículos sexto, séptimo y octavo del mismo acto, en lo relativo a las
advertencias, órdenes y exigencias dirigidas al miembro de la Junta Directiva designado
por la Superintendencia.

Finalmente, confirmará el fallo apelado en tanto denegó las demás pretensiones de la
demanda.

6.5. Costas

En observancia de los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso46,
en especial de su numeral 8, sobre condena en costas, y a lo expuesto sobre el punto
por esta corporación, la Sala advierte que esa clase de condenas atiende a un criterio
objetivo valorativo. Dicho criterio: (i) es objetivo porque no resulta de un obrar temerario
o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su
derrota en el proceso o recurso que ha interpuesto, y (ii) es valorativo, porque se requiere
en el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
que efectivamente realiza dentro de este.

Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la totalidad
de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo habrá
lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

En este asunto, se advierte que no está acreditada la causación de expensas, gastos
procesales o agencias en derecho. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de imponer condena
en costas en esta instancia.

6.6. Renuncia al poder

Mediante memorial visible en el índice 30 del proceso en Samai, el abogado Adolfo
Suárez Eljach renunció al poder que le confirió la Superintendencia de Transporte. Por
tanto, como la renuncia cumple con los presupuestos del artículo 76 del CGP, la Sala la
aceptará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia del 9 de octubre de 2014, dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”. En su
lugar, DECLARAR la nulidad de la designación del miembro de Junta Directiva contenida
en el artículo quinto de la Resolución 3057 del 8 de mayo de 2012 confirmada por la
Resolución 3307 del 23 de mayo de 2012, así como de los artículos sexto, séptimo y
octavo en lo relacionado con las advertencias, órdenes y exigencias relativas al miembro
de la Junta Directiva designado por la Superintendencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 9 de octubre de 2014, en tanto
negó las pretensiones adicionales de la demanda.

46 En adelante, CGP.

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Demandante: Alvaro Cote Hernández
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: ACEPTAR la renuncia presentada por el abogado Adolfo Suárez Eljach al
poder que le confirió la Superintendencia de Transporte.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 16 de abril de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.

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