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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2001-06318-02

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2001-06318-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 20 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución dentro del proceso promovido por el señor Jorge Orlando Parra Arenas contra Bogotá D.C. – Secretaría de Hacienda. Segundo: Sin condena en costas por lo brevemente expuesto. Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2001-06318-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 25000-23-25-000-2001-06318-02 (2757-2022)
Demandante: Jorge Orlando Parra Arenas
Demandado: Bogotá D.C. Secretaría Distrital de Hacienda

Temas: Ejecutivo laboral – Intereses moratorios.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el 20 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual declaró no
probada la excepción de pago propuesta por la entidad y dispuso seguir adelante la
ejecución.

ANTECEDENTES

El señor Jorge Orlando Parra Arenas interpuso demanda ejecutiva con el fin de que
se cumpla la sentencia de segunda instancia proferida el 21 de noviembre de 2011
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se
ordenó el reintegro al cargo que venía desempeñando y el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir.

PRETENSIONES

Como consecuencia de lo anterior solicitó que se librara mandamiento ejecutivo por
la suma de $48.240.730.88 por concepto de intereses moratorios.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente
manera:

El señor Parra Arenas interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital con el fin de que se ordenara su
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000 23 25 000 2001 06318 02 (2757-2022)

reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales desde la fecha en que fue
desvinculado.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 18 de marzo de
2010, negó las pretensiones. La anterior providencia fue recurrida en apelación y la
Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo del 21 de noviembre de 2011
condenó a la entidad a reintegrar al actor al cargo que venía desempeñando o a otro
del mismo nivel con grado superior y al pago de los salarios y prestaciones sociales
dejadas de devengar desde la fecha de desvinculación.

La Secretaría Distrital de Hacienda profirió la Resolución SDH-000245 del 22 de junio
de 2012 a través de la cual reintegró al demandante al cargo de profesional
especializado código 222 grado 24, Subdirección de Análisis, Ingreso y Sostenibilidad
de la Dirección Distrital de Presupuesto.

Por Resolución DGC-000448 del 27 de junio de 2012 se ordenó el pago de
$737.498.231 por concepto de liquidación de salarios y prestaciones dejados de
percibir entre el 4 de octubre de 2001 y el 25 de junio de 2012.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante providencia del 25 de agosto de 2016, libró mandamiento ejecutivo contra
la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Hacienda por $48.240.730.88.

La demandada se opuso, con fundamento en las siguientes excepciones:

i) Pago total de la obligación. Dice que, el título base de recaudo no establece una
suma líquida de dinero, por el contrario, la condena es en abstracto, por lo que para
que generara intereses moratorios el ejecutante debió tramitar el incidente
contemplado en el artículo 172 del CCA.

De otra parte, la sentencia no podía contener intereses moratorios toda vez que lo
ordenado no era una suma líquida, sino que los valores ordenados estaban
supeditados a una obligación de hacer que no produce interés moratorio alguno.

ii) Buena fe. Siempre existió la voluntad en el cumplimiento de la providencia.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 20 de febrero de 2020, declaró no probada la excepción de
pago propuesta y dispuso seguir adelante la ejecución, expresando que los intereses
moratorios operan de pleno derecho por lo que no requieren una orden expresa para

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que proceda su pago y se causan por el solo ministerio de la ley, sin embargo, su
causación cesará pasados 6 meses desde la ejecutoria de la providencia que impuso
la condena, sin que se haya acudido a la entidad respectiva para hacerla efectiva.

Que la falta de petición no genera la pérdida de los intereses moratorios, pues en todo
caso la obligación de pagarlos siempre estuvo vigente, cosa diferente es que su
causación concluya pasados 6 meses sin haberse exigido su cumplimiento.

Que examinado el caso concreto, como título ejecutivo se presenta la primera copia
de la providencia de segunda instancia proferida el 21 de noviembre de 2011, la cual
quedó debidamente ejecutoriada el 16 de marzo de 2012, razón por la cual la parte
ejecutante tenía hasta el 16 de septiembre de 2012 para solicitar el cumplimiento sin
que cesara la causación de los intereses moratorios y como la Resolución SDH-
000245 del 22 de junio de 2012 que dio cumplimiento, fue expedida con anterioridad
al 16 de septiembre de 2012, no hubo cesación de intereses moratorios.

Que el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses desde el
17 de marzo (día siguiente a la ejecutoria de la sentencia) hasta el 29 de julio de 2012
(pago de la obligación).

Se ordenó seguir adelante la ejecución conforme se ordenó en el mandamiento de
pago.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la demandada interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia, argumentando que la entidad no podría hacer una interpretación del fallo
liquidando intereses de mora, so pretexto que dicha actuación aplica de pleno derecho
cuando la obligación de hacer era el reintegro.

Que no se pueden cobrar intereses legales ni moratorios, pero sí se pueden indexar
las deudas con el IPC, conforme lo ordenó el Consejo de Estado en la sentencia base
de la acción ejecutiva.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Se admitió el recurso el 27 de septiembre de 2022 y por auto del 5 de diciembre de
2022 se ordenó correr traslado de alegatos.

La entidad demandada allegó escrito en el que reiteró los argumentos propuestos en
el recurso de apelación.

La parte demandante no emitió pronunciamiento alguno en esta etapa procesal.

El agente del ministerio público no emitió concepto.

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Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema jurídico

Conforme al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el problema
jurídico se circunscribe a establecer si en el presente asunto procede el pago de
intereses moratorios.

Generalidades del proceso ejecutivo

El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado a
hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se
denomina título ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o
de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).

Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo,
entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias.

Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.

Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio
legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.

Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar sin
fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las ha

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definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida en el
título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».1

Régimen de intereses de mora aplicable por condenas impuestas en virtud del
CCA.

Los intereses por mora son la sanción para el deudor que incumple la obligación de
pagar oportunamente una suma de dinero y se concede a título de indemnización,
bajo la modalidad de lucro cesante, a favor del acreedor de esta. Los intereses
moratorios tienen un carácter eminentemente punitivo y resarcitorio, por lo que
representan la indemnización de perjuicios por la mora en el cumplimiento de la
obligación principal, además, se causan en virtud de la ley, sin que sea menester
pacto alguno y no requieren prueba del perjuicio más que el mero retardo. También
los caracteriza el hecho de que son exigibles junto con la obligación principal y de que
se deben mientras no se cumpla lo debido. En consecuencia, cumplen una función
compensatoria del daño causado al acreedor mediante la fijación de una tasa tarifada
por el legislador.

La Subsección advierte que, en vigencia del Código Contencioso Administrativo, los
artículos 173, 176 y 177 regulaban las condiciones y el procedimiento para hacer
efectivas las condenas impuestas a las entidades públicas. Particularmente, el
artículo 177 CCA preveía que una vez en firme la sentencia condenatoria, la entidad
pública contaba con un plazo de 18 meses para dar efectivo cumplimiento a la
decisión, y en materia de intereses, esta norma señalaba inicialmente lo siguiente:

Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. <Código derogado por
el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El
texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Cuando se condene a la Nación, a una
entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero,
se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las
funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.
[…]
Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los
presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más
lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia
ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.

<Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las cantidades líquidas reconocidas en tales
sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su
ejecutoria y moratorios después de este término.

<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:>
Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una
condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de

noviembre 2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo
siguiente: «el profesor, Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil.
Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el
proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino que
constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”».

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ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida
para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando
se presentare la solicitud en legal forma.

<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998> En asuntos de carácter
laboral, cuando se condene a un reintegro y dentro del término de seis meses siguientes
a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, éste no pudiere llevarse a cabo por
causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo
tipo.

De acuerdo con la norma citada, previa declaración de inexequibilidad de los apartes
tachados, pese a que las entidades públicas contaban con un término de 18 meses
para dar cumplimiento a la orden judicial impuesta en la sentencia condenatoria en
su contra, se generaban intereses desde el mismo instante en que la providencia
judicial quedaba debidamente ejecutoriada. Así, durante los primeros seis meses se
causaban intereses comerciales y al vencimiento de dicho plazo iniciaban los
moratorios.

No obstante, la Corte Constitucional, en sentencia C-188 de 1999, sostuvo que
resultaba injustificado e inequitativo, y por tanto vulneratorio del derecho a la igualdad,
prever un plazo en el cual las obligaciones en mora a cargo del Estado no devengaran
intereses moratorios. Veamos:

Para la Corte es claro que el principio de igualdad y la equidad imponen que en estos
casos las dos partes reciban igual trato, sin que se justifique en modo alguno que mientras
el Estado cobra a los contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no pagan a tiempo
los impuestos, y ello a partir del primer día de retardo en el pago, las obligaciones en
mora a cargo del Estado deban forzosamente permanecer libres de la obligación de
cancelar dichos réditos durante seis meses, con notorio perjuicio para los particulares que
han debido recibir oportunamente los recursos pactados. Durante ese tiempo, el dinero
no recibido por el acreedor pierde poder adquisitivo y no existe razón válida para que esa
pérdida la deba soportar el particular y no el Estado, que incumple.

Es evidente la vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que, con
independencia de si el deudor es el gobernado o el ente oficial, el hecho es el mismo; la
circunstancia es equivalente; el daño económico que sufre el acreedor por causa de la
mora es idéntico; y las obligaciones asumidas por las entidades públicas no tienen
alcance jurídico diverso de las que están a cargo de las personas privadas.
[…]
En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a menos que la
sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago -evento en el cual, dentro
del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se causan a partir
de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de
dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena
sea ejecutable ante la justicia ordinaria. (Subrayas fuera de texto).

Del anterior pronunciamiento se desprende que la Corte Constitucional, bajo el
principio de igualdad, equiparó la situación entre la forma en que se cobraban los
intereses moratorios a los contribuyentes y los generados producto del cumplimiento
de providencias judiciales, para señalar que los intereses moratorios se causaban a
partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia y no después de seis meses.

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Radicación: 25000 23 25 000 2001 06318 02 (2757-2022)

Caso concreto

Se encuentran establecidos los siguientes hechos:

• El 21 de noviembre de 2011, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 18 de marzo de 2010 que negó las pretensiones de la demanda, en
su lugar, resolvió:2

DECLÁRESE la nulidad de la Resolución 273 del 5 de abril de 2001 expedida por el
Secretario de Hacienda de Bogotá, en cuanto afectó al demandante.

Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho,
condénase a dicha Entidad a reintegrar a JORGE ORLANDO PARRA ARENAS, al cargo
en el cual se venía desempeñando o a otro del mismo nivel con grado superior, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia y al
pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de devengar en el cargo del cual
fue retirada (sic), desde la fecha de la desvinculación y hasta que se produzca el
reintegro efectivo.

[…]
DECLÁRESE para todos los efectos legales que no ha existido solución de continuidad
en la prestación de los servicios por parte de la actora (sic) entre la fecha del retiro, y la
fecha en que se produzca el reintegro al cargo.

De las sumas que resulten a favor del demandante se descontará el valor de lo que fue
pagado por concepto de indemnización, como consecuencia de la supresión de su
cargo.

A la sentencia se dará cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo

• Mediante Resolución SDH-00245 del 22 de junio de 2012 el secretario de hacienda
distrital reintegró a Jorge Orlando Parra Arenas en el cargo de profesional
especializado código 222 grado 24.3

• Mediante Resolución DGC-00448 del 27 de junio de 2012 la Secretaría Distrital de
Hacienda de Bogotá D.C. «Por la cual se ordena un pago en cumplimiento de un fallo
judicial a JORGE ORLANDO PARRA ARENAS»4, dispuso:

Artículo 1°. Ordenar pagar la suma de setecientos treinta y siete millones
cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos treinta y un pesos ($737.498.231) moneda
corriente, por concepto de liquidación de salarios y prestaciones dejados de percibir
por el señor Jorge Orlando Parra Arenas, con los respectivos aportes de ley y
aplicando la indexación ordenada, por el período comprendido entre el 4 de octubre
de 2001 y el 25 de junio de 2012, así:

2 Folios 5 a 25.
3 Folios 27 y 28.
4 Folios 29 y 30.

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Radicación: 25000 23 25 000 2001 06318 02 (2757-2022)

BENEFICIARIOS VALOR
JORGE ORLANDO PARRA ARENAS $ 534.641.814
DIAN (RETEFUENTE) $ 3.998.874
Aportes Seguridad Social y Parafiscales $ 151.619.377
FONDO DE CESANTÍAS ING $ 47.238.166
TOTAL $ 737.498.231

Como se expuso en los antecedentes del presente asunto, el motivo de inconformidad
que propuso la parte recurrente tiene que ver con que no tenía la obligación de liquidar
y pagar intereses moratorios porque no podía llevar a cabo una labor interpretativa de
la sentencia.

Este argumento de reproche habrá de despacharse de manera desfavorable y en
general el recurso presentado, teniendo en cuenta que tal como se expuso líneas
atrás, los intereses moratorios tienen un carácter eminentemente punitivo y
resarcitorio, por lo que representan la indemnización de perjuicios por la mora en el
cumplimiento de la obligación principal, además, que se causan en virtud de la ley.5

Adicional a lo anterior, como se vio en la sentencia que se invoca como título, se
consagró expresamente que para el cumplimiento del fallo debía tenerse en cuenta lo
regulado por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Así las cosas, no le asiste razón a la entidad recurrente cuando alega que no podía
liquidar y pagar los intereses moratorios porque no podía llevar a cabo una labor
interpretativa de la sentencia, pues como ya explicó es un asunto que se causa en
virtud de la ley y, además, fue consignado de manera puntual en el título ejecutivo que
ahora se invoca.

De la condena en costas de segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art.188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el
juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en
el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite
que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada por

5 Criterio reiterado por esta Subsección, ver entre otras las sentencias del 25 de agosto de 2022 radicado 25000-

23-42-000-2017-03090-01 (5440-2019) y del 12 de septiembre de 2022 radicado 25000-23-42-000-2016-06114-
01 (6191-2018).

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Radicación: 25000 23 25 000 2001 06318 02 (2757-2022)

las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación
jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art.188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte recurrente propuso
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 20 de febrero de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que declaró no
probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución dentro del
proceso promovido por el señor Jorge Orlando Parra Arenas contra Bogotá D.C. –
Secretaría de Hacienda.

Segundo: Sin condena en costas por lo brevemente expuesto.

Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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